análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

la nueva Constitución, nos interesan los siguientes:
Artículo nº 39: “Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa legislativa para presentar
proyectos de Ley en la Cámara de Diputados”.
Artículo nº 40: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a
consulta popular un proyecto de Ley”.
Artículo nº 43: “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
las autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías
reconocidos por esta Constitución, un Tratado o una Ley”.
Estas herramientas constitucionales se suman a la posibilidad con que cuentan los ciudadanos
de fiscalizar el funcionamiento y la gestión de las empresas públicas privatizadas
a través de los entes reguladores 39 .
Un estudio sobre estos nuevos derechos, también llamados republicanos, nos revela
que muchos de ellos aún no han sido reglamentados o que fueron reglamentados de
tal manera que es prácticamente imposible su efectivización. Un caso de este tipo representa,
por ejemplo, la iniciativa popular que establece que las propuestas legislativas
deben ser firmadas por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón
electoral utilizado en las últimas elecciones nacionales de diputados 40 . Según Smulovitz
(1998:168) “la demora en tratar la reglamentación de estos artículos indica la escasa
predisposición del Ejecutivo para efectivizar los derechos en ellos incluidos así como
la debilidad de la oposición para conseguir realizar algunos de los logros que había
obtenido en la redacción del texto de la nueva constitución (...) la demora también
podría estar indicando que la reglamentación de estos derechos no se ha constituido
en un motivo de preocupación para el accionar de los ciudadanos o de las organizaciones
no gubernamentales”.
En consecuencia, como dijimos anteriormente, la extensión de los nuevos derechos y
garantías resultantes de la nueva Constitución dependerán, entre otros factores, de la
capacidad de los ciudadanos y de la forma en que éstos organicen sus recursos para
extender sus atribuciones, de la forma en que los partidos políticos hagan valer sus
recursos y capacidades políticas en el Congreso y de la orientación que adopten las
futuras interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre el conjunto de cláusulas
que han quedado abiertas a sus pronunciamientos.
39 Véase López, A. y Felder, R., “Nuevas relaciones entre el Estado y los usuarios de servicios públicos
en la post-privatización”, DNEyD, INAP, Buenos Aires, Serie II, Doc. Nº 30, 1997.
40 El constitucionalista Pedro Frías, por ejemplo, se mostró en contra de esta reglamentación por considerar
que “aunque la iniciativa popular tienda a la participación del pueblo, no siempre es eficaz” y
criticó el elevado número de firmas que se requieren para que el proyecto sea considerado. Diario La
Nación, 29 de noviembre de 1996.
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