análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

equisito sine qua non para su correcto funcionamiento.
A modo de conclusión, podemos afirmar que las líneas generales que guiaron el nuevo
diseño institucional de control fueron: 1) la actividad controlante se concentra en el
Poder Legislativo nacional, al que se pretendió fortalecer en sus funciones de contralor
de los otros dos poderes del Estado; 2) el objeto de la función de control se aloja
en el Poder Ejecutivo, en tanto titular de la función administrativa del Estado; 3) el
sistema se orienta a un método de control a posteriori (vinculado a la voluntad de
otorgar mayor libertad al administrador), externo (en manos de órganos distintos e
independientes del controlado) y con predominio del aspecto subjetivo (sobre la conducta
del agente); 4) si bien los antiguos mecanismos de control no quedaron desplazados
no se puede afirmar que el nuevo diseño constitucional organizó un cuarto poder
para el ejercicio de la función de control en la medida en que todos los resortes
continúan en manos de órganos instalados en la estructura de alguno de los tres poderes
tradicionales del Estado y 5) las nuevas instituciones fueron creadas con una tarea
“asignada” que fueron definidas legalmente en forma detallada, con una actuación
intermitente (una vez causado el daño y a pedido del dañado) y con un objetivo definido
(evitar que se repita el daño o repararlo).
II.3. Los nuevos mecanismos de control social en la Constitución reformada
Con la reforma de la Constitución se incorporaron nuevas figuras legales que posibilitan
una mayor participación de la ciudadanía en distintos niveles de decisión política
y control de gobierno, llamadas formas semi-directas de democracia. A pesar del carácter
habitualmente “conservador” que pueden tener los procedimientos legales, no
podemos dejar de reconocer la capacidad de cambio que pueden tener los recursos
legales ni la optimista certeza acerca de las potencialidades de la acción de los ciudadanos.
En este punto, sin embargo, creemos que vale la pena hacer una nueva aclaración. Es
amplio el debate que actualmente se realiza entre aquellos que centran la atención en
las posibilidades legales que los ciudadanos tienen de participar, por ejemplo, en el
control del gobierno y aquellos que sostienen que lo único que verdaderamente interesa
es la efectiva utilización que los ciudadanos hacen de esos derechos en la práctica
y no lo que la Ley prescribe.
Es nuestra opinión que la normativa legal es importante en la medida que define un
marco de acción posible para los ciudadanos. Sin embargo, también creemos que la
extensión y alcance de los derechos que efectivamente un ciudadano puede realizar no
están definidos ex ante sino que dependen de la práctica y el ejercicio que se haga de
los mismos en la esfera pública. Esto es, que los derechos que un ciudadano peticione
y las garantías que exija para su realización resultan, en principio, contingentes a su
propia práctica política. En consecuencia, la ciudadanía y los derechos no son atributos
naturales sino que están siempre en un proceso de construcción y transformación
y su definición dependerá, entre otros factores, de la participación ciudadana y de los
resultados de la lucha política.
A los efectos de nuestro trabajo, de los nuevos derechos y garantías incorporados en
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