análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

fluye decisivamente en su autonomía e independencia 37 .
La dependencia respecto del Poder Legislativo deja fuera de toda duda la posibilidad
de imprimir al Ombudsman el carácter de órgano extrapoder. En este punto, es interesante
mostrar la opinión de uno de los constitucionalistas que participaron de la
Convención Constituyente para mostrar las razones de esta medida. El Dr. Masnatta
sostuvo que “no se corresponde con la dogmática constitucional argentina hablar de
un cuarto poder, siendo preferible que hablemos de una función especializada que
busca radicarse en el Parlamento para vigorizarlo y hacerle recobrar credibilidad y
contenido técnico en busca del mayor prestigio de la democracia” 38 .
Según nuestra opinión, no es necesario llegar a la creación de un “cuarto poder” para
separar, estructuralmente, ciertos órganos de la organización tripartita del Estado.
Esta es una práctica que no es ajena a la tradición del derecho público argentino, pues
basta con recordar, por ejemplo, los casos de “órganos extrapoderes” como la Fiscalía
de Estado o el Ministerio Público. El olvido de estas experiencias, que la Convención
del ‘94 se negó inexplicablemente a tener en cuenta a la hora de diseñar la figura del
Defensor del Pueblo explicarían, en parte, la dependencia estructural del nuevo instituto
con el Parlamento.
El segundo aspecto que atenta contra la autonomía del Defensor del Pueblo se relaciona
con las inmunidades y los privilegios. La Constitución le atribuye las mismas
inmunidades y privilegios que los legisladores. Medida que, como sabemos, se orienta
a garantizar la independencia del órgano de control. Sin embargo, su asimilación a la
estructura legislativa lo privó de la garantía de la intangibilidad de sus remuneraciones
–reconocida, por ejemplo, a los integrantes del Poder Judicial por el art. nº 110 de la
Constitución nacional- y que constituye sin lugar a dudas, un importante reaseguro
de la autonomía que debería tener el Ombudsman. En consecuencia, la independencia
del Defensor del Pueblo, que enfáticamente proclama el art. nº 86 de la Constitución,
queda sólo parcialmente garantizada, lo cual disminuye las posibilidades de un efectivo
funcionamiento de esta figura.
Por último, la autonomía funcional puede no resultar suficiente para garantizar con
amplitud la independencia del Defensor del Pueblo, debilitándose, indirectamente,
con el manejo de los resortes propios de la dependencia estructural. En el plano administrativo
y político estos riesgos no tienen graves consecuencias pero en el plano
técnico (de la defensa judicial de los derechos), los peligros de la dependencia son mayores.
De esta manera, la función técnica que se le atribuye al Defensor del Pueblo (legitimación
procesal) y la dependencia estructural respecto del Poder Legislativo sugieren la
necesidad de dotar al nuevo órgano de control de mayor independencia. En concreto,
creemos que debería gozar de una autonomía que lo proteja adecuadamente de las
injerencias externas de los otros poderes del Estado, en la medida en que éste es un
37
Esto se desprende de los diarios de sesiones de la Convención reformadora y de las palabras del Dr.
Masnatta.
38
Véase Quevedo Mendoza, E., “Nuevos órganos de control”, en García Wenk (comp.), La Reforma
Constitucional Interpretada, Depalma, Buenos Aires, 1995, página 475.
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