análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

venir otras de igual naturaleza.
En lo que hace a su actividad específica, la línea de acción del Defensor del Pueblo se
desprende de la Ley nº 24.284, que se detalla a continuación:
1. La intervención se inicia a partir de la presentación por escrito de una queja, firmada
por el afectado y con la declaración de su domicilio legal, sin necesidad de
cumplir con otra formalidad ni contar con la asistencia legal de, por ejemplo, un
abogado.
2. Cuando el reclamo no está contemplado dentro de la jurisdicción del Defensor,
debe derivarlo al organismo correspondiente e informar al afectado.
3. El Defensor debe atender y recibir todos los reclamos que pertenecen a su jurisdicción,
excepto cuando éstos impliquen un daño para otro ciudadano o estén indebidamente
justificados.
4. El Defensor efectuará recomendaciones o advertencias a las instituciones responsables
de los daños efectuados a los ciudadanos. Dicha institución se encuentra
obligada, según el art. 28 de la Ley nº 24.284, a responder en un plazo no mayor a
30 días. Cumplido el plazo dispuesto, el Defensor debe comunicar la resolución al
titular del área. En caso de nuevo incumplimiento, se deberá comunicar la medida
a la Auditoría General de la Nación y al Congreso.
5. Cuando la institución denunciada obstaculiza la labor del Defensor y éste sospecha
de la existencia de actos delictivos, el caso debe ser enviado a la Procuración
General de la Nación.
6. El Defensor debe informar al ciudadano acerca de la resolución tomada y la respuesta
que debe esperar por parte de la institución que causó la lesión de su derecho.
Por último, el art. nº 86 establece que “el Defensor del Pueblo cuenta con legitimación
procesal”. Esto significa que cuenta con el poder-deber de ejercer la acción judicial
en aquellos casos en que la violación cometida por la Administración Pública de un
derecho humano o de un derecho, garantía o interés protegido por la Constitución,
no puede ser reparada con la actividad extrajudicial de aquel órgano. Por lo tanto, esta
cláusula constitucional le atribuye un poder pero también el deber de promover la
acción judicial en defensa de los derechos e intereses que se le confían.
Teniendo en cuenta las actividades atribuidas por la legislación, queremos hacer algunos
comentarios sobre la capacidad de control del Ombudsman. En primer lugar, dado
que el Defensor del Pueblo es un órgano que carece de un poder especial de sanción,
la efectividad de su función como órgano de control disminuye considerablemente.
En consecuencia, su papel queda relegado a una función de veedor de la Administración
Pública que puede, agotadas las instancias de mediación informal, recurrir a
otros mecanismos e instituciones gubernamentales capaces de remediar los derechos
dañados. Esta disminución de las atribuciones de poder del Ombudsman no debería
sorprender en la medida en que el objetivo del proyecto -de la Convención Constituyente-
era contar con un mecanismo que no fuera parte de la Administración Pública
pero que tuviera la suficiente confianza del pueblo para controlarla, sin embargo, in-
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