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II.1. El caso nacional: una experiencia deficitaria II.2. Avances institucionales en el diseño de mecanismos de control de la Administración Pública: la reforma de la administración financiera y los nuevos órganos de control II.3. Los nuevos mecanismos de control social en la Constitución reformada II.4. El "desalentador" panorama del mapa provincial de los mecanismos de control social II.5. El derecho a la información pública en perspectiva comparada II.6. El derecho a la información pública en la Ciudad de Buenos Aires II.7. La utilización de Internet como herramienta de control de gestión: proyecto de Gobierno Electrónico Capítulo III. Análisis de los casos: AFIP-DGI y CONICET 43 III.1. Los canales de difusión de la información y los mecanismos de control ciudadano III.2. Mecanismo de accountability: la Defensoría del Contribuyente III.3. Comentarios sobre las páginas web de AFIP y CONICET III.4. Balance de situación de los dos organismos objetos de estudio Conclusiones 56 Anexo metodológico y de cuadros 59 Bibliografía 61 2
INTRODUCCIÓN 1 Unas instituciones políticas que, por su diseño, no facilitan sino que obstaculizan la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones colectivas; una burocracia imposibilitada de satisfacer el interés público como consecuencia de los sucesivos planes de racionalización y ajuste que disminuyen su capacidad institucional; un Estado incapaz de garantizar el imperio de la Ley sobre su territorio y que ejerce el poder de manera patrimonialista; una sociedad signada por relaciones asimétricas de poder, con grupos y sectores de excluidos sin voz, que sufren reiteradas lesiones de sus derechos por la actuación del Estado, de sus agencias o de los privados. Estos son algunos de los principales problemas que aquejan a la mayoría (¿o deberíamos decir a todos?) de los países latinoamericanos. La temática del control ciudadano en la Administración Pública puede ser situada entonces en el contexto del problema de la representación política y de la relación entre la gestión estatal y el ciudadano. En otras palabras, al problema de la rearticulación de las relaciones del Estado con la sociedad. El proceso de reconstrucción institucional del Estado presenta, al menos, dos dimensiones: primero, dotar al aparato estatal de los instrumentos necesarios para el logro de una intervención efectiva en la formulación e implementación de políticas públicas y, segundo, crear las estructuras institucionales necesarias que aseguren que las agencias estatales -y sus funcionarios- actúen como representantes del interés público. Además de la creación de incentivos institucionales que fomenten el compromiso y aseguren la probidad de los funcionarios públicos, la realización de este doble objetivo requiere la institucionalización de mecanismos de supervisión y control ciudadano sobre la Administración Pública. Este aspecto alude a la exigencia de la rendición de cuentas -accountability- por parte de los funcionarios públicos a la ciudadanía. El control social en la Administración Pública puede ser visto como la contracara de este proceso de accountability en la medida que su objetivo es poner en práctica la capacidad de los funcionarios públicos de rendir cuentas por las acciones realizadas. De esta manera, el control social puede definirse como aquellas acciones formales e informales de control que son ejercidas por la ciudadanía no sólo en el plano electoral sobre los representantes políticos sino también -y esto es lo más importante a los efectos de nuestro trabajo- sobre los comportamientos individuales de los administradores públicos y las organizaciones que brindan servicios públicos, cualquiera sea su carácter. Definido en estos términos, el control social sobre la Administración Pública se ejerce de abajo hacia arriba, cuando la sociedad se organiza autónomamente para ejercer el control sobre aquellas instituciones en las cuales no tiene poder formal; o de arriba hacia abajo, cuando el espacio para el ejercicio del control social es generado desde el mismo Estado y se lleva a la práctica, por ejemplo, a través de la participación ciudadana en los consejos directivos de las instituciones públicas. El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades de incorporar en el ámbito de 1 Agradecemos la colaboración de todo el personal del INAP en la elaboración de este proyecto, especialmente a Diego Grillo, Ernesto Calvo, Juan Pablo Micozzi, Belén Alonso y Julieta Suárez Cao. Siendo tan valiosas las ideas y sugerencias recibidas a lo largo de este trabajo, sólo podemos culpar a nuestra torpeza los errores u omisiones que aparezcan en el mismo. 3
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