análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

tura pero contiene dos importantes exigencias: primero, que la Ley orgánica sea
“aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara” y, segundo, que el
presidente del nuevo organismo se designe “a propuesta del partido político de oposición
con el mayor número de legisladores en el Congreso”. Dos imperativos que tienen
como objetivo asegurar que las minorías parlamentarias tengan real incidencia en
la organización e integración del cuerpo creado 35 y garantizar una estricta independencia
del órgano de control respecto del controlado.
En consonancia con el art. nº 116 de la Ley Nº 24.156 la Constitución reconoce la
autonomía funcional de la Auditoría General en el ejercicio de sus funciones de manera
que “no esté sujeta a instrucciones de ningún organismo, ni aun del propio Congreso”.
Por último, cabe señalar que el desarrollo de la labor de control de la AGN se
realiza a través de la emisión de dictámenes técnicos y que, por ende, su tarea es eminentemente
consultiva. Esto sin perjuicio de la declaración constitucional que afirma
la intervención obligatoria del órgano de control en determinadas circunstancias, en
la medida en que dicha obligatoriedad no significa que su actividad posea carácter vinculante
para el Congreso de la Nación.
Otra de las innovaciones institucionales importantes que se introduce con la sanción
de la nueva Constitución es la figura del Defensor del Pueblo 36 . Esta institución fue
adoptada originalmente por Suecia en el siglo XVIII y se fue expandiendo a lo largo y
a lo ancho del mundo durante la segunda mitad del siglo XX hasta ocupar, en la actualidad,
un lugar de relevancia entre las instituciones de la democracia moderna.
El Defensor del Pueblo es un órgano del Estado que cumple, fundamentalmente, una
función de control desde distintas posiciones, según lo establece la legislación particular
de cada país. A pesar de ello, su singularidad se localiza en el modo de actuación,
distinto del tradicional formalismo con que los órganos estatales ejercen las funciones
asignadas. Su actividad se orienta a conciliar los intereses del Estado con los de la sociedad,
por medio de recomendaciones, informes y consejos que, por el prestigio técnico
y social de quien ejerce la función y la publicidad de sus intervenciones, son capaces
de rectificar la actividad estatal.
El art. nº 86 de la Constitución nacional le reconoce las funciones de “defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en
la Constitución y las Leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.
De esta manera, el Defensor del Pueblo controla a la Administración Pública (y en
ocasiones también al Poder Judicial) con la simple verificación de un atentado a los
derechos individuales o sociales. Posteriormente recomienda su reparación y la eventual
rectificación de las prácticas que produjeron la lesión del/los derecho/s para pre-
35 Algunos constitucionalistas señalan que el propósito buscado ha sido en alguna medida disminuido al
asegurar la participación de la primera minoría parlamentaria y excluir sectores minoritarios cuya voluntad
también debió tener eficacia para decidir la estructura e integración del nuevo organismo. Véase
al respecto Quevedo Mendoza, E., “Nuevos órganos de control”, en García Wenk, A., (comp.), La
Reforma Constitucional Interpretada”, Depalma, Buenos Aires, 1995, página 494.
36 El Defensor del Pueblo, al igual que la Auditoría General de la Nación, adquiere jerarquía constitucional
con la sanción de la carta magna de 1994. Su origen se remonta a la ley Nº 24.284.
19