análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

ponde al control que cumple un órgano que no se ubica en relación jerárquica con los
organismos controlados. La Ley Nº 24.156 reserva el denominado control externo del
Sector Público nacional a la Auditoría General de la Nación, que se instala en el ámbito
del Congreso Nacional y que mantiene autonomía funcional para el ejercicio de
las actividades que le asigna la citada Ley.
La Auditoría General de la Nación tiene la responsabilidad de asistir técnicamente al
Congreso de la Nación, quien se encuentra obligado a fundar sus opiniones relacionadas
con el desempeño y situación general de la Administración Pública en los dictámenes
entregados por la Auditoría General. Además, se le confía el control de legalidad,
gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración Pública. En consecuencia,
el control que realiza es muy amplio en su ámbito (pues abarca toda la Administración
centralizada, descentralizada y las entidades públicas no estatales, cualquiera
fuera su modalidad de organización); en su contenido (pues comprende la legalidad,
o sea la observancia de la Ley que regula la realización del gasto; la gestión, o sea
la eficacia técnica y la eficiencia del gasto público y la auditoría, o sea la regularidad
contable del gasto) y en la oportunidad de su realización (previa, concomitante y posterior
a la actividad controlada).
La reforma de la Constitución y la jerarquización de los órganos de control
La Convención constitucional de 1994 decidió jerarquizar con rango constitucional
dos organismos de control creados anteriormente por Ley (la Auditoría General de la
Nación y el Defensor del Pueblo) e incorporó diferentes mecanismos de control y
fiscalización ciudadana de la acción de gobierno. Esta nueva legislación jerarquizó de
hecho los antiguos controles introducidos por la Ley 24.156 e introdujo algunos mecanismos
capaces de, por lo menos potencialmente, neutralizar la comprobada fragilidad
de las instituciones de control existentes mediante la ampliación de los espacios de
participación ciudadana. Estas nuevas posibilidades de participación en los diferentes
niveles de gobierno (nacional, provincial y local) ofrecen al ciudadano no sólo la
oportunidad de ejercer un mayor control sobre la gestión de gobierno sino también
de fiscalizar la actuación de sus representantes.
Las instituciones “asignadas”: la Auditoría General de la Nación y el Defensor
del Pueblo
El art. nº 85 de la Constitución Nacional jerarquiza a la Auditoría General de la Nación
al instalarla como parte de la estructura del Poder Legislativo Nacional, en su
calidad de órgano de control de las cuentas de inversión 34 . El propósito de esta medida
fue el fortalecimiento de la función de control propia del Congreso de la Nación, dotando
a la estructura parlamentaria de un órgano técnico que le permita desarrollar
esta función con solvencia.
El artículo de creación de la AGN no contiene reglas detalladas respecto de su estruc-
34 Esta previsión constitucional coincide con el art. Nº 116 de la ley Nº 24.156, el que prescribe la
“dependencia” del organismo con relación al Congreso nacional.
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