análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

das y desarrollen confianza en su mutua voluntad y en su capacidad de raciocinio.
Unas y otros definen y mantienen sistemas de rendición de cuentas formales e informales
que hacen posible aprender de la experiencia y convocar a los ciudadanos, autoridades
y otras instituciones e individuos con poder a rendir cuentas en el marco de
los patrones democráticos” 21 .
Planteada en estos términos, la accountability no se refiere solamente a la rendición de
cuentas sino también a la definición plural de los objetos sobre los cuales han de rendirse
dichas cuentas. En otras palabras, que la definición de los objetos a rendir cuenta
tiene que ser conjunta y, por lo tanto, definidos de una manera pluralista.
En otro lugar, los autores llaman la atención acerca de que “la idea de accountability a
veces ha sido transformada en la idea de co-accountability. La concepción que enfatiza
en tales aspectos pone el acento en la importancia de tomar en cuenta las consecuencias
de las acciones de uno para el bienestar de los otros, reforzando con ello la propia
importancia de la naturaleza del proceso de decisión. En efecto, si se asume que la
accountability se refiere a la satisfacción de las legítimas expectativas acerca del uso de
la discrecionalidad administrativa, o sea, a la legitimación de la discreción, las demandas
por accountability no sólo obligan a centrar la atención sobre lo que la gente que
integra la administración “hace” sino también “cómo” piensa, de modo tal que lo que
“decida hacer” tenga en cuenta las consecuencias para el conjunto de la sociedad. La
accountability de la administración remarca expresamente en la necesidad de la deliberación
en la adopción de las decisiones” 22 .
Desde esta perspectiva, la noción de accountability se desplegaría en tres planos 1) explicación
de los objetivos e intenciones de la política pública; 2) explicitación del desempeño
y de los resultados esperados y 3) explicitación de la probidad y de la integridad
de los funcionarios públicos. Una noción que es, a nuestro entender, excesivamente
amplia.
Por su parte, para Cunill Grau (1997) la concepción de la accountability no excede “la
tradicional de dar razones; o sea, explicar y justificar las acciones realizadas. Si se conviene
que la institucionalidad relativa a la participación ciudadana debiera mantener
sólo una relación regulativa -y no constitutiva- de la política, y a la vez se acepta que
la autonomía del aparato del Estado es una condición de su funcionamiento democrático,
la accountability comprendida como ‘dar razones’ constituye una dimensión
fundamental de la institucionalidad pública” 23 . En este mismo sentido se expresa
Oszlak (1998) cuando sostiene que “debemos entender la accountability como la obligación
de rendir cuentas y asumir responsabilidades ante los ciudadanos, impuesta a
aquéllos que detentan el poder del Estado” 24 .
Teniendo en cuenta estas definiciones y a los efectos de nuestro trabajo, la accountabi-
21 March, J. y Olsen, J., Democratic governance, New York, The Free Press, 1995, páginas. 167-180.
22 March, J. y Olsen, J., Rediscovering Institution: the organizational basis of politics, New York, The
Free Press, 1989, páginas 143-160.
23 Cunill Grau, N., Repensando lo público a través de la sociedad, Caracas, Nueva Sociedad, 1997, página
293.
24 Véase Oszlak, O., “El Estado irresponsable: conceptos foráneos y conductas autóctonas”, Aportes,
año 5, Nº 11, 1998.
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