SALA DE CASACIÓN CIVIL ACCIDENTAL PONENCIA DEL CONJUEZ

SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIDENTAL
PONENCIA DEL CONJUEZ: HÉCTOR E. PEÑARANDA VALBUENA.
En el juicio que por cobro de bolívares sigue la ciudadana
ALESSANDRA DE FLAMMINEIS MAESTRELLI, representada por sus
apoderados judiciales abogados Laura Cabrera Rojas y Pablo Bravo
Paredes, contra la sociedad mercantil “MULTINACIONAL DE
SEGUROS”, representada por sus apoderados judiciales abogados Luis
Silva Esquivez, Víctor Hugo Barone Rodríguez y Luis Eliecer Giutsti
Carrillo; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó
sentencia el nueve (9) de marzo de 1999, declarando con lugar el recurso
procesal de apelación ejercido por la demandante y con lugar la demanda,
revocando por vía de consecuencia la sentencia dictada el 10 de febrero de
1998 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Contra la preindicada decisión anunció recurso de casación la
demandada, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación.
Del expediente se dio cuenta a la Sala, y por inhibición declarada del
Magistrado Franklin Arriechi se asignó la ponencia al Conjuez Dr. Héctor

Enrique Peñaranda Valbuena, quedando constituida dicha Sala, a los efectos
de publicar esta sentencia, bajo la Presidencia y Vicepresidencia de los
Magistrados Antonio Ramírez Jiménez y Carlos Oberto Vélez,
respectivamente.
. Concluida la sustanciación del recuso de casación, la Sala procede a
dictar sentencia en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1º del Código de
Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción de los artículos
15, 205, 206, 207, 208 y 212 eiusdem, y el artículo 68 de la Constitución
Nacional vigente para ese momento, por haber incurrido en el vicio de
violación preterida.
En efecto, señala el formalizante lo siguiente:
“...La actora demandó a mi representada y la identificó así:
MULTINACIONAL DE SEGUROS”, sociedad mercantil
constituída y domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado
Mérida
Por su parte, la recurrida dice en su primera página:
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL
“MULTINACIONAL DE SEGUROS”, Sociedad Mercantil
constituida y domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado
Mérida....“
Ahora, es el caso que cuando el Juez de la causa admitió la
demanda ordenó emplazar a la demandada “...a fin de que
comparezca por ante este tribunal dentro del lapso de veinte

(20) días de despacho siguientes a su citación, a dar
contestación a la demanda en el presente juicio.
No existe duda, entonces, de que la demandada está
constituida y domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado
Mérida y por tal razón, toda vez la demanda se intentó ante
el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, debió dársele cumplimiento
al mandato contenido en el artículo 205 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual:
El término de la distancia deberá fijarse en cada caso por el
Juez, tomando en cuenta la distancia de poblado a poblado y
las facilidades de comunicaciones que ofrezcan las vías
existentes....”
Pero eso no fue lo que sucedió ya que, como antes dijimos, el
Tribunal de la Primera Instancia ordenó emplazar a la
demandada “...a fin de que comparezca por (Sic) ante este
tribunal dentro del lapso de veinte (20) días de despacho
siguientes a su citación, a dar contestación a la demanda en
el presente juicio”.
Es fácil apreciar que el Juez de la causa no acató el mandato
del artículo 205 del Código de Procedimiento Civil sino que,
por el contrario, omitió el cumplimiento de una forma
sustancial para la validez del proceso.
Efectivamente, esa Sala de Casación Civil, en sentencia del
13 de diciembre de 1990, (A. Molero contra Arrendadora
Zulimar C.A., Exp. 90-236), casó de oficio la sentencia
recurrida y dijo:
Sin que aparezca en ningún momento especificado la
concesión del término de la distancia correspondiente entre
el Estado Nueva Esparta y el Estado Zulia, el cual debe
dejarse transcurrir una vez lograda la citación para la
comparecencia del demandado, cercenándose de este modo el
derecho de defensa por cuanto los términos o lapsos para el
cumplimiento de los actos procesales son aquellos
expresamente establecidos por la Ley, sin que puedan
abreviarse sino en los casos específicamente permitidos por
la misma Ley.
Luego, si por la omisión de concesión del término de la
distancia se casó de oficio el fallo recurrido, significa que tal

concesión toca el orden público y ello permite plantearlo por
primera vez en la Casación, desde luego que la violación de
normas de orden público, de acuerdo a la letra del artículo
212 del Código de Procedimiento Civil (Sic) no se puede
convalidar ni siquiera con el consentimiento expreso de las
partes.
En consecuencia, como el vicio se produjo en la Primera
Instancia y toda vez que según el artículo 206 del Código de
Procedimiento Civil los jueces deben procurar la estabilidad
de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan
anular cualquier acto procesal, el Tribunal de la Alzada,
siguiendo ordenes expresas del artículo 208 eiusdem, debió
ordenar la reposición de la causa al estado de dictar nueva
sentencia en la primera instancia, disponiendo que este
tribunal antes de fallar, hiciera subsanar la omisión conforme
a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de
Procedimiento Civil.
Eso debió ocurrir pero la realidad fue otra.
La Alzada, lejos de hacer corregir la omisión se solidarizó
con ella al punto de que silenció toda consideración al
respecto.
De esa manera dejó de cumplir la prescripción de corregir los
vicios que puedan anular los actos como señala el artículo
206 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la
reposición prevista en el artículo 208 eiusdem (Sic) y
renovando como lo establece el artículo 207 del citado
Código.
De esta manera, al omitirse formas de eminente orden
público, se quebrantó el derecho de defensa de la demandada
de la manera en que explicó esa Sala en la sentencia citada,
lo que acarrea la violación del artículo 15 del Código de
Procedimiento Civil y del artículo 68 de la Constitución
Nacional en cuanto a garantizar a la demandada el derecho de
defensa”.
Para decidir, la Sala observa:
El Derecho Procesal está en el campo del Derecho Público; pero no
todas las normas que lo regulan son de orden público. Hay normas de orden

público, absolutas e inderogables que no pueden subsanarse ni aún con el
consentimiento expreso de las partes. Pero hay normas derogables,
relativas, que se dan en interés de las partes y cuya violación se puede
subsanar con su consentimiento.
Entre las normas subsanables están la competencia por el territorio y
la citación; y responden al principio de trascendencia, por el cual no hay
nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías
esenciales de defensa en juicio. Por lo cual, de acuerdo con el principio de
convalidación, toda nulidad es convalidable con el consentimiento. Porque
frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se
halla la de obtener necesariamente actos procesales firmes sobre los cuales
descansa el sistema de la legalidad.
En efecto, tal como advierte el recurrente, la parte demandada está
domiciliada en el Estado Mérida, y no se le dio término de distancia.
Sin embargo, la recurrida no incurrió en vicio de violación preterida,
quebrantando los artículos 15, 205, 206, 208 y 212 del Código de
Procedimiento Civil, como denuncia el formalizante. Porque el término de
distancia se da en este caso en beneficio del demandado, y por tratarse de
una norma convalidable con el consentimiento de la parte, no rompió el
principio de trascendencia procesal, porque en nada se afectó el derecho de
defensa, ya que la demandada vino al proceso y contestó la demanda.
En ese sentido, esta Sala en sentencia de nueve de junio de 1999, en
el juicio de L. Hermitage Hills, S.A. contra Inversiones Mampatare, C.A.,
expediente No. 98-808, sentencia No. 342, estableció:

“Al respecto, observa la Sala que el término de la distancia
se concede, además, por la lejanía o necesidad del traslado
de la parte (normalmente su apoderado) del lugar donde se
produce el acto lesivo (la sentencia), al lugar donde debe
interponer el medio de gravamen o de impugnación (el
recurso), en el caso, la presentación del escrito contentivo
del recurso de hecho.
Por lo tanto, si el tribunal de alzada donde se debe interponer
el recurso de hecho contra la negativa de oír la apelación por
el tribunal de la primera instancia, está ubicado en la misma
ciudad, y la parte interesada en el ejercicio del recurso ya
tiene apoderado constituido en autos, ocurre que dar el
término de la distancia resultaría manifiestamente
improcedente.”
Cabe destacar que la sentencia mencionada por el recurrente de fecha
13 de diciembre de 1990, caso Alberto Molero Semprún contra Arrendadora
de Vehículos Zulmar C.A. exp. 90/236, es una situación procesal
completamente diferente. Porque la parte pidió que se libraran nuevos
recaudos con inclusión del término de distancia y el Juzgado de la causa
libró nueva compulsa, omitiendo nuevamente el término de la distancia;
mientras que en este proceso, la demandada pretende alegarlo por primera
vez en casación, luego de haber consentido y convalidado la omisión del
término de la distancia.
Por consiguiente, se declara improcedente la denuncia por defecto de
actividad. Así se decide.

RECURSO POR INFRACCION DE LEY
II
Al amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación de los artículos
196,223, 344 y 359, eiusdem, por errónea interpretación. Y del 362 del
mismo Código por falsa aplicación.
En efecto, señala el formalizante lo siguiente:
“En el caso de autos, por no haberse logrado la citación
personal de mi representada, la apoderada actora, Laura
Cabrera solicitó la citación por carteles y, como dice la
recurrida: “....lo cual fue acordado por auto de fecha 20 del
citado mes y año, acordándose un lapso de 15 días de
Despacho siguientes a la constancia en autos del respectivo
cartel de citación, para que la parte demandada compareciera
a darse por citada.
Sigue diciendo la recurrida que el 10 de marzo de 1997, el
Secretario del Tribunal de la causa, dejó constancia de haber
fijado el cartel de citación en el domicilio de la demandada,
que el 17 de marzo de 1997, la demandada, a través de su
apoderado judicial Dr. Luis Giusti, se dio por citado
mediante diligencia y que el 3 de abril de 1997, la parte
demandada procedió a dar contestación a la demanda
promoviendo pruebas el 7 de mayo de 1997”.
“Sostiene la recurrida lo siguiente:
Ahora bien, ciertamente la parte demandada una vez que se
dio por citada dentro del lapso de quince (15) días de
Despacho que tenía conforme al auto dictado por el Tribunal
de la causa, procedió a dar contestación al fondo de la
demanda, en fecha 03 de abril de 1997, cuando aún no había
precluído el lapso que se le concedió para darse por citada, y
ello es así porque tal y como consta de los autos y así lo
ratificó el tribunal de la causa en la sentencia recurrida en
apelación, quien a los fines de desechar la solicitud de la
parte actora declaró que dicho lapso es solo a los efectos de
darse por citado y, habiendo operado ello, ese era el fin de la
publicación del cartel. Este criterio no es compartido por
quien aquí decide, ya que del auto dictado por el Tribunal de

la causa a los fines de acordar la publicación del cartel de
citación , se evidencia que en el mismo fue fijado ese lapso
de quince (15) días de Despacho para que la parte demandada
se diera por citada, por lo que cumplidas todas las
formalidades de ley, y estampada como fue en los autos la
constancia del Secretario en cuanto a la fijación del cartel de
citación en el domicilio de la parte demandada, es a partir de
esta fecha y no otra cuando comenzó a computarse el lapso
supra citado a los fines de que la parte demandada se diera
por citada, lo cual efectivamente sucedió, mas sin embargo
no podía, la accionada proceder a dar contestación a la
demanda antes de que vencieran estos quince (15) días, ya
que aún no había comenzado a correr el lapso de veinte (20)
días que le concede nuestra normativa procesal para tal acto.
Para el procesalista patrio ARISTIDES RENGEL ROMBERG
el término o lapso procesal puede definirse como el período
de tiempo en el cual, dentro del cual o después del cual, deba
realizarse una determinada conducta procesal. Es así, como
los lapsos deben dejarse transcurrir íntegramente, pues de lo
contrario se puede incurrir en una cercenación del derecho a
la defensa y desigualdad procesal, tal y como lo ha sostenido
nuestro Máximo Tribunal, por lo que normalmente puede
tenerse en el caso de marras como temporánea la
contestación hecha por la parte demandada dentro de los
quince (15) días que tenía para darse por citada, pues ha
debido de esperar el vencimiento de este lapso para poder
empezar a computar su emplazamiento y consignar en tiempo
útil el respectivo escrito de contestación de la demanda.
Ciertamente el artículo 359 del Código de Procedimiento
Civil, establece que la parte demandada podrá dar
contestación a la demanda dentro de los veinte días
siguientes después de citado, pero esta norma malmente
interpretada por el Tribunal de la causa en la sentencia
recurrida, lo que quiere decir, es que cuando la citación sea
hecha en forma personal o tácita, efectivamente comienza a
correr dicho lapso para que la parte demandada proceda a
oponer sus defensas, pero cuando se trata de carteles, es
distinto, ya que en la publicación de los mismos se encuentra
fijado un lapso que no puede ser relajado por las partes, pues
ello subvertiría el proceso y ocasionaría una desigualdad
procesal, respecto a la inseguridad y confusión de los lapsos
para poder interponer cualquier defensa o recurso. En
consecuencia resulta extemporánea por anticipada la
contestación hecha por la parte demandada.

Todo lo anterior pone de relieve que el Juez de la recurrida,
al tratar de interpretarla, quebrantó la voluntad abstracta de
la ley ya que según su criterio cuando el legislador dispuso
en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil (Sic)
que la persona llamada a juicio mediante carteles tiene un
lapso de quince días para darse por citado, lo que quiso decir
fue que esos quince días deben dejarse transcurrir
íntegramente, independientemente de que el cartel logre el
fin perseguido, es decir, que la persona emplazada concurra a
darse por citado.
Ello no puede ser así desde luego que a la ley debe dársele el
sentido que aparece evidente del significado propio de las
palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención
del legislador.
El artículo 223 del Código de Procedimiento Civil dispone
que si no se encontrare al demandado “...el juez dispondrá
que el secretario fije en la morada, oficina o negocio del
demandado un cartel emplazándolo para que ocurra a darse
por citado en el término de quince días....”
Según el juez de la recurrida ese lapso de 15 días siempre
debe agotarse, independientemente de que el demandado
acuda al emplazamiento ya que los lapsos deben dejarse
transcurrir íntegramente.
Ahora, si de acuerdo al artículo 359 del Código de
Procedimiento Civil (Sic) la contestación se puede dar dentro
de los veinte días siguientes a la citación y según la
recurrida cuando se trate de citación por carteles dicho lapso
no comienza con la comparecencia a darse por citado sino
con el agotamiento de los quince días indicados en el artículo
223 eiusdem, la conclusión solo puede ser una: Para el juez
de la recurrida, en caso de citación por carteles, la citación
no se perfecciona con la comparecencia del emplazado a
darse por citado sino con el consumo de los quince días
indicados en el cartel.
Es por esa razón que llega a la conclusión de que cuando el
artículo 359 señala que el demandado puede dar su
contestación dentro de los veinte días siguientes a la
citación, “...lo que quiere decir, es que cuando la citación
sea hecha en forma personal o tácita, efectivamente comienza
a correr dicho lapso para que la parte demandada proceda a
oponer sus defensas, pero cuando se trata de carteles, es
distinto.

Hace el sentenciador una diferencia que el legislador no hizo
entre la citación personal o tácita y la citación por carteles.
Esta situación se torna mucho más grave si se toma en cuenta
que la recurrida señala que, lo que quiso decir el legislador
fue que esos veinte días rigen en caso de que “la citación sea
hecha en forma personal o tácita... pero cuando se trata de
carteles, es distinto.
De acuerdo con ello si el apoderado de mi representada
hubiese comparecido a estampar una diligencia, solicitando
unas copias, por ejemplo, o pidiendo un cómputo , el lapso
para contestar comenzaba de inmediato ya que se trata de una
citación tácita, pero como compareció a darse por citado no
de manera tácita sino en forma expresa, debía esperar que el
lapso de quince días rindiera su jornada para que naciera la
fase de contestación de la demanda, desde luego que
“...cuando se trata de carteles es distinto”.”
O sea, que la demandada podía quedar citada tácitamente y le
principiaba su período para dar contestación a la demanda si
realizaba cualquier tipo de diligencia que no fuese darse por
citada pero, si expresamente se daba por citada, como la
situación, según la recurrida es distinta, debía esperar el
nacimiento del lapso de quince días para que pudiera nacer
su fase de contestación”.
Con esa errónea forma de interpretar el artículo 223 del Código de
Procedimiento Civil, la recurrida subvierte el principio procesal por el cual
la citación personal (in faciem) es principium et fundamentum iudice,
sustituyéndola por el procedimiento de citación cartelaria, la cual, antepone
a la citación personal.
En efecto, el llamado universal que se realiza mediante el
procedimiento de la citación cartelaria, es, precisamente, con la finalidad
de que la parte demandada tenga conocimiento de que existe un juicio en su
contra, y venga a defenderse. Eso significa que la citación cartelaria in
eventum, es sustitutiva de la citación personal; de tal modo que, cuando el

demandado se presenta personalmente a darse por citado, cesa
inmediatamente el procedimiento cartelario y de acuerdo al principio de
celeridad procesal, comienza a discurrir el lapso para la contestación de la
demanda, de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento
Civil.
Sobre ese respecto, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo,
el cuatro (4) de abril de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón
Urdaneta, en el juicio de S.A. Rex, expediente No. 00-0278, sentencia No.
202, dejó establecido lo siguiente:
“En este contexto, la citación expresa, también llamada por
la doctrina “citación por medio de apoderado”, se realiza por
voluntad del apoderado, que en suma es la voluntad del
demandado. En estos casos, se exige que este último le haya
conferido facultad expresa para darse por citado.
Ahora bien, los representantes de la empresa demandada,
sostuvieron que el tribunal de primera instancia incurrió en
una abierta infracción de las formas procesales, violando
flagrantemente las garantías constitucionales del debido
proceso y el derecho a la defensa, por cuanto no dejó
transcurrir íntegramente el término establecido en el artículo
223 del Código de Procedimiento Civil, para iniciar el
cómputo de los días para contestar la demanda, más el
término de la distancia conferido por el tribunal de la causa.
Al respecto, debe señalarse que el propósito de la citación
consiste en que el o los sujetos contra los cuales se ejerce la
demanda se encuentren a derecho, y que estén en
conocimiento que contra ellos existe un procedimiento
instaurado ante un tribunal, al tiempo que disponen de un
lapso señalado por la normativa procesal para ejercer su
derecho a la defensa.
Sus formalidades han venido flexibilizándose al punto que la
citación puede suplirse, bien por la comparecencia de ambas
partes al proceso, o la comparecencia del apoderado del
demandado a darse por citado, sin necesidad de que la
citación la practique el alguacil, o que las omisiones de las

formas establecidas para su realización queden subsanadas
por el acto de contestación a la demanda, al extremo que con
la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil
(Sic) la figura de la citación presunta a que se ha hecho
referencia, todo lo cual pone de relieve la intención del
legislador de resaltar por encima de tanto formalismo, los
principios de economía y celeridad procesales que deben
prevaler en el juicio, con el propósito adicional de evitar
prácticas maliciosas de actuar en el mismo, al evadir la
citación, lo que genera dilaciones injustificadas en el
proceso”.
Pero ya la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema
de Justicia, el tres (3) de junio de 1999, en el juicio de Inversiones
Prosanven S.A. y otras empresas, contra la Gobernación del Estado Aragua,
expediente No. 14.230, sentencia No. 658, señaló:
“....Así, observa la Sala que aún cuando se han precisado
menciones incorrectas en los carteles librados a los demandados
y en el procedimiento de citación por carteles efectuado, que
autorizarían en principio la reposición de la causa, surge de
los autos que tal reposición devino en inútil a los fines de la
corrección procesal requerida, por cuanto la actuación en
autos de la apoderada judicial de Invialca, constituida por la
consignación del escrito de fecha 21 de abril de 1998
configura inequívocamente lo prescrito en el artículo 216 del
Código de Procedimiento Civil, el cual señala que debe
entenderse citada la parte demandada para la contestación,
sin más formalidad, cuando de autos resulta que la parte o su
apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso o
han estado presentes en un acto del mismo, norma que
persigue evitar que por cuestiones formales los juicios se
paralicen o sean artificiosamente enervados en su desarrollo,
y puedan avanzar en lo sustancial de lo que realmente se
dirime. En consecuencia, a los fines de este proceso y con
relación al co-demandado Instituto de vialidad y Transporte
del Estado Aragua (Invialta), debe tenerse por citado a ese
Instituto desde el 21 de abril de 1998, fecha en que realizó
válidamente actuación en este juicio”.
La Sala, para resolver observa:

Por las razones expuestas y en atención a la doctrina precedentemente
señalada, es procedente la presente denuncia, y por vía de consecuencia, se
debe declarar con lugar el recurso de casación propuesto, decretar la
nulidad del fallo recurrido y ordenar al Tribunal de reenvío dictar nueva
decisión con arreglo a la doctrina establecida, tal como se ordena en forma
expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente decisión. Así se
declara.
DECISION
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo
de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la
representación judicial de la sociedad mercantil MULTINACIONAL DE
SEGUROS C.A., contra la sentencia proferida en fecha 09 de marzo de 1999
por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, en
consecuencia, casa la sentencia recurrida, se declara nulo el fallo, y se
ordena al tribunal de reenvío que corresponda dictar nueva decisión,
acatando la doctrina establecida en la presente decisión.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior
antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322
del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de
Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
quince ( 15 ) días del mes de noviembre de dos mil uno. Años: 191º de la
Independencia y 142º de la Federación.
El Vicepresidente,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Exp. Nº:99-562
AA20-C-1999-000134
Presidente de la Sala,
____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Conjuez-Ponente,
____________________________
HÉCTOR E. PEÑARANDA VALBUENA