Los penitenciarios complicaron la situación de Sosa y Pacheco

26 POLICIALES
¿Testimonios
armados?
El fiscal de Cámara, Roberto
Amallo, que acusa en el juicio
oral contra la superbanda del
“Gordo” Valor no descartó que
los agentes del Servicio
Penitenciario Federal -al actuar
como testigos- se encubran, afirmando:
“La posibilidad de complot
siempre existe pero los fiscales,
los jueces y los defensores
somos los que debemos
esforzarnos para evitarlo”.
Además, explicó que hasta el
momento, los testigos penitenciarios
“estan hablando claramente
de que por lo menos dos
de los imputados, utilizaron
armas en la evasión”. Y el primer
paso en este juicio oral y público
“es comprobar si existieron los
delitos mencionados en la solicitud
de elevación a juicio y luego
probar que los cometieron los
imputados”. Si no existe violencia
se trata de una fuga que no es
delito, por lo tanto no está penada.
El delito es la evasión, lo
que se castiga con una pena que
va del mes al año de prisión.
De esta manera, Amallo se
refirió a la posibilidad de que se
haya preparado una declaración
conjunta para demostrar que los
miembros de la superbanda de
Valor robaron uniformes y armas
y utilizaron violencia para
evadirse del penal el pasado 16
de setiembre de 1994. No
obstante, el fiscal consideró que
los evadidos “están declarando
de una forma en la que intentan
eludir la responsabilidad en los
hechos más graves, por eso niegan
haber cometido algún hecho
violento”.
Las defensas de Valor y sus
hombres apuntan durante este
juicio oral y público, demostrar
que el escape se produjo durante
un confuso episodio en el que los
presos se encontraron con una
puerta abierta que los conducía
hacia el sector más vulnerable de
la cárcel.
Empleados del Servicio
Penitenciario Federal complicaron
ayer la situación de dos de los
miembros de la superbanda que
comandó Luis “El Gordo” Valor,
al asegurar que estaban armados
y disfrazados cuando se fugaron
hace cuatro años del penal de
Villa Devoto.
En la segunda jornada del juicio
oral por la cinematográfica fuga protagonizada
por Valor y cuatro cómplices
el 16 de setiembre de 1994 de
la Unidad 2, los testimonios del personal
del hospital del penal cargaron
contra los acusados. Estos testigos
contradijeron las declaraciones de
Valor, de 44 años, Oscar Hugo Sosa
Aguirre, alias “Cacho La Garza”, de
46, Carlos Dante Paulillo, de 50,
Julio Enrique Pacheco, de 37 y
Emilio Antonio Nielsen, de 41.
El enfermero
El testimonio más contundente
fue el del enfermero Iván Ubillas
Pérez, quien aseguró que estaba
“junto al doctor Tella atendiendo a
un paciente y al escuchar griteríos
me asomé y vi a un interno en la
puerta de la secretaría del hospital”,
quien les gritó: “soy ‘Cacho La
Garza’ y vengo para irme”.
“Cuando me vio -añadió-, vino
hacia la enfermería y, mostrándome
una pistola, ingresó vestido
con un guardapolvo que le quedaba
chico por lo que se lo cambió al
doctor Tella”.
Y además dijo que, antes de reti-
Caso subcomisario Gutiérrez
La causa iría a la Corte Suprema
La Cámara de Apelaciones de La Plata concedió un recurso por el
cual la sentencia que absolvió a un cabo Federal del crimen del subcomisario
de la Policía Bonaerense Jorge Gutiérrez podrá ser revisada
por la Corte Suprema de la Nación. La Sala I de la Cámara concedió un
recurso extraordinario federal presentado por el abogado de los familiares
de la víctima, Jorge López.
La Suprema Corte deberá analizar si el recurso está bien o mal concedido
y en caso de aceptarlo, revisará la sentencia impartida por la Sala I
en noviembre de 1996 por la cual se absolvió al cabo de la Federal
Alejandro Santillán (quien estuvo acusado de matar a Gutiérrez) por el
beneficio de la duda. La Sala I no había hallado “pruebas suficientes”
sobre la culpabilidad del ex suboficial, señalando “las falencias investigativas
que se produjeron en el caso”.
El 29 de agosto de 1994, a las 0.3, el subcomisario Gutiérrez subió a
un vagón del ferrocarril Roca y fue asesinado de un disparo en la cabeza
efectuado desde atrás, entre las estaciones de Avellaneda y Quilmes.
Gutiérrez se desempeñaba en la comisaría Segunda de Avellaneda. El
año pasado, el crimen fue relacionado al caso de la “Aduana paralela”.
rarse, “La Garza” se dirigió hacia el
interno que se encontraba en atención
médica y lo trató muy mal,
humillándolo. Según trascendió, en
ese momento lo acompañaba
Nielsen, el evadido que estaba más
alterado; pero el enfermero dijo que
sólo lo vio de reojo (no pudo
realizar una afirmación concreta).
Testimonio impreciso
Con falta de precisiones, el kinesiólogo
carcelario Roberto Carlos
Bello intentó contar cómo el jefe del
penal y el jefe de seguridad interna
El gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, se
comprometió ayer a ofrecer una recompensa a quienes
aporten la información que permita esclarecer el séxtuple
homicidio de La Payanca, ocurrido en mayo de
1992 en un establecimiento agropecuario del partido
bonaerense de General Villegas.
El asesinato de las seis personas ocurrió entre el 8 y
9 de mayo de 1992 y tuvo como escenario el campo La
Payanca, de unas 700 hectáreas, ubicado en las cercanías
de una pequeña localidad llamada Elordi.
Allí fueron muertos a balazos la propietaria del
lugar, María Etcheritegui de Gianolio, su pareja
Alfredo Forte y el hijo de la mujer, José Luis, un linyera
de nombre Francisco y los empleados Javier
Gallo y Hugo Reid.
La causa por la seis muertes, caratulada como
‘homicidio múltiple’, está a cargo del juez en lo
Criminal y Correccional de Trenque Lauquen,
Guillermo Martín.
En los primeros meses de pesquisas, el magistrado
se encontraban bajo su tratamiento
durante la fuga, por lo que no
pudieron actuar: “comenzamos a
sentir ruidos en el techo, luego nos
encerraron con un candado del lado
de afuera, a la media hora sentí disparos
y después llegó una requisa
que nos liberó”.
Robo de uniforme
Otro de los evadidos involucrados
fue Pacheco, ya que el enfermero
Miguel Angel Pavón aseguró
que fue el hombre que “entró a la
enfermería con un arma en la cintu-
La Plata, miércoles 29 de abril de 1998
JUICIO A LA SUPERBANDA
Los penitenciarios complicaron
la situación de Sosa y Pacheco
Empleados del penal de Villa Devoto afirmaron que Pacheco y “La Garza” Sosa robaron
uniformes penitenciarios a punta de pistola durante la cinematográfica fuga de la enfermería
El “Gordo” Valor le pone una mano en el hombro a su lugarteniente, “La Garza” Sosa, tras un día complicado
ra y le obligó al principal Juan José
Miguel a que entregue su uniforme
de administrativo”.
En tal sentido declararon también
el médico Francisco Radonic,
los empleados administrativos
Lucía Rodriguez y Orlando Ojeda
y el enfermero Luis María Zunino,
entre otros.
Valor podría llegar a ser condenado
a 17 años y tres meses de prisión,
si se le comprueba la comisión del
delito de “Homicidio en grado de
tentativa” contra un agente penitenciario,
al dispararle en la fuga.
Masacre de Villegas
Otra recompensa del gobernador Duhalde
detuvo y procesó a Jorge Vera, Carlos Raúl
Fernández, José Khunt y Julio César Yalet, quienes
recuperaron luego su libertad porque no se hallaron
pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
Sólo ‘Satanosky’ Vera permanece encarcelado, pero
debido a su presunta vinculación con otros crímenes
cometidos en la provincia de Santa Fe.
Entre las hipótesis que se barajaron sobre el séxtuple
homicidio se contaron, una venganza vinculada al
tráfico de drogas, el robo de dinero o un ajuste de
cuentas por sustracción de ganado.
A los investigadores les llamó la atención el
ensañamiento con que se trató a las seis víctimas, ya
que ninguna de ellas recibió menos de ochos disparos
de bala y la cabeza de Forte fue desfigurada a golpes.
El diario local Actualidad, desde 1993 ofreció una
recompensa de 10 mil pesos a quien aporte datos que
permitan el esclarecimiento y habilitó además una
línea telefónica (0388) 22700, con contestador
automático, que recibe información.
DYN

La Plata, miércoles 29 de abril de 1998 EL MUNDO 27
DOLOR EN GUATEMALA
Jornada de luto por la
despedida a Gerardi
Tras la difusión de un informe sobre la violación a los derechos
humanos, el obispo auxiliar fue brutalmente asesinado
Guatemala vivió ayer una jornada
de luto para despedir los
restos del obispo auxiliar de esa
ciudad, Juan Gerardi, asesinado
tras difundir un informe sobre
55.000 violaciones a los derechos
humanos cometidas, la mayoría
por el ejército, durante la guerra
civil que padeció este país.
Gerardi fue velado en la
Catedral Metropolitana de la ciudad
de Guatemala, donde miles
de personas desfilaron incesantemtente
para despedir al obispo
cuya figura sobresalió en la sangrienta
historia del país.
Las puertas de la mayoría de
las casas de la ciudad mostraban
lazos negros, las banderas
ondearon a media asta y hasta los
trabajadores fueron autorizados a
faltar a sus empleos para asistir al
funeral.
Gerardi presentó el último
viernes en la misma catedral un
informe denominado “Guatemala,
nunca más” sobre 55.000 violaciones
a derechos humanos
cometidas en los 36 años de guerra
civil entre las Fuerzas
Armadas, paramilitares y la guerrilla
izquierdista.
De esas denuncias, el 80 por
ciento de las violaciones a los
derechos humanos corresponden
a cuadros del Ejército.
Por la justicia
Al igual que lo ocurrido en El
Salvador en 1980, cuando fue
asesinado el obispo Oscar
Romero, la gente se volcó a las
calles para pedir justicia por este
homicidio, al que los manifes-
El brutal crimen del obispo auxiliar Juan Gerardi conmovió a la sociedad guatemalteca
tantes calificaron como político.
Gerardi, de 75 años, fue
asesinado a golpes con un bloque
de cemento en las primeras horas
de ayer cuando ingresaba a la
cochera de la parroquia de San
Sebastián, en la ciudad de
Guatemala.
La guerra civil -que duró desde
1954 hasta 1996- marcó profundamente
la vida de Gerardi, quien
en los ‘70 fue obispo de la provincia
de Quiché, donde fueron
asesinados varios párrocos a su
cargo.
Gerardi ya había sido víctima
de la violencia: pudo sobrevivir a
un intento de asesinato en 1980 y
las amenazas de muerte lo
obligaron a exiliarse entre 1982 y
1984.
Esclarecer el hecho para terminar con la violencia
Analistas políticos calificaron la
muerte de Gerardi como un golpe
político que amenaza la estabilidad
de los acuerdos de paz firmados en
1996 y expresaron que la única
posibilidad de llegar al fin de la
violencia es el esclarecimiento del
hecho.
El ministro de Gobernación,
Rodolfo Mendoza, anunció que
por lo menos 150 agentes de
investigación de la Fiscalía y de la
Policía Nacional Civil están abocados
a resolver el conmocionante
caso.
Mendoza dijo que se autorizó a
que el Gobierno de Estados
Unidos envíe expertos en crimi-
nalística para colaborar con la
pesquisa.
El brutal asesinato fue repudiado,
entre otros, por Estados
Unidos, el Papa Juan Pablo II, la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, y
el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan.
Zedillo no reprimirá en Chiapas
Al iniciar ayer una gira de dos días por el conflictivo estado
suroriental mexicano de Chiapas, el presidente Ernesto Zedillo afirmó
en San Cristóbal de las Casas que nunca optará por la represión.
Durante la firma de un Convenio de Desarrollo Social, la primera
de siete actividades públicas programadas para el primer día de su
gira por varios municipios de la región, dijo que tampoco quiere
vencer a nadie, porque “en México no queremos derrotados ni vencidos”,
manifestó Zedillo.
“Nunca durante mi mandato optaré por la represión como una salida
en Chiapas”, subrayó el mandatario en alusión al conflicto zapatista
que afecta a la región desde enero de 1994.
Responsabilidad
Sin embargo, aclaró que este propósito no esta reñido con la responsabilidad
de hacer valer el estado de derecho en el país.
“Si hay un asunto de la República en el cual no decaerá mi ánimo
hasta que lleguemos a resolverlo, es precisamente en este asunto de
Chiapas”, señaló.
Estado de derecho
Ante 1.300 personas congregadas en el Teatro de San Cristóbal de las
Casas, dijo que hará valer el estado de derecho “sin caer en la represión y
menos sobre los hermanos indígenas”.
Admitió que para avanzar en la justicia social se debe reconocer la
existencia de las injusticias y carencias que aún padecen los chiapanecos.
Fidel Castro rechaza cambios
El presidente cubano, Fidel Castro, rechazó ayer la posibilidad de
implementar los cambios solicitados por el primer ministro canadiense
Jean Chrétien, pero afirmó que está “abierto al diálogo y a las experiencias
buenas”.
Consultado sobre si haría los cambios pedidos por Chrétien, el
mandatario cubano afirmó que “el cambio más grande que ha habido
en Cuba es la revolución”.
Castro despidió ayer a Chrétien, quien culminó una visita oficial de
menos de 48 horas, durante la cual el primer ministro le solicitó al líder
cubano que “cambie” y la libertad para cuatro disidentes presos.
El presidente cubano admitió que va a estudiar la solicitud de
clemencia, pero señaló que Cuba tiene el derecho de defenderse de
“aquellos que están pagados por Estados Unidos para destruir el país y
la revolución”.
Nada sin presión
Añadió que “no se puede conseguir nada de Cuba bajo presión” y
negó haberse sentido presionado por Chrétien.
Por su parte, el primer ministro canadiense exhortó al régimen
cubano a hacer esfuerzos “para adaptarse” a “los vientos del cambio
(que) soplan a través de todo nuestro hemisferio”.
Castro y Chrétien se reunieron en dos oportunidades, el lunes y el
martes, y dialogaron durante siete horas sobre diferentes temas: la
situación política de la isla, el incremento del cuestionamiento al
embargo y el aumento de las inversiones canadienses en Cuba.
Chrétien admitió que ahora había que esperar para ver los eventuales
resultados concretos de su visita, mientras que Fidel Castro
prometió estudiar el caso de los cuatro disidentes presos.