ALEJANDRINA LAGO D Z_LIRIS MUNERA C_Cartagena_08.pdf

EL CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE LICENCIADOS DE PREESCOLAR EN EL
CONTEXTO DE LA NORMATIVIDAD DE COLOMBIA
En Colombia la educación superior tiene su horizonte de derecho desde la
Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1992, el Decreto 2566 de 2003 para el
caso de profesores de Licenciatura, la Resolución de Educación 1036 de 2004
establecen la normatividad desde diferentes dimensiones. La educación
preescolar o Infantil es el escenario de aplicación de la propuesta curricular que
recomienda esta investigación desde la Ley 115 de 1994 y el Decreto específico
2247 de 1996 que reglamenta la Ley 115 de 1994 donde se establecen
orientaciones curriculares para este nivel.
La Constitución Política de Colombia (1991) determina como fines de la
educación: el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; en la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente (art. 67). En ella se define los
deberes y obligaciones de los ciudadanos: el respeto a los derechos ajenos; la
solidaridad social; la democracia, la independencia y la integridad nacional; la
convivencia pacífica; la participación; la paz; la justicia y la equidad; la protección
de la cultura y del medio ambiente (art. 95). Las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra fueron elevadas a la categoría de derechos
fundamentales en el artículo 27.
Estas orientaciones constitucionales se contextualizan y profundizan en su
definición en la Ley 30 de 1992, la cual regula las instituciones de educación
superior y el carácter formativo que deben tener sus programas así:
La Ley 30 en el articulo 1 reconoce a las instituciones de Educación Superior su
natural carácter formativo y afirma que la educación es un proceso permanente
que se debe orientar al desarrollo de las potencialidades del ser humano de una
manera integral.
La formación integral ha de hacer posible el logro de la autonomía personal (art.
4); la adquisición y creación de conocimiento; la aplicación del conocimiento a
solucionar las necesidades del país (art. 6); la formación ética profesional (art.
129); la formación social, cívica y política (art. 128).
Estos principios rigen la formación en cada campo del saber, sin perjuicio de los
fines específicos de cada uno de ellos. (art. 4).
La norma indica claramente que la formación integral y los rasgos que la definen
constituyen una formación básica, general de la persona, respecto de la cual los
conocimientos, competencias y actitudes propias de cada saber tienen su propia
particularidad.
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