Revista Digital del Ministerio Público No. 3 - Procuraduría

Ministerio Público
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Dr. Radhamés Jiménez Peña
Procurador General de la República
Consejo Editorial
Ángel Castillo Tejada
Rodolfo Espiñeira Ceballos
Octavio Líster Henríquez
Roxanna Reyes Acosta
Pedro Féliz Montes De Oca
Marisol Tobal Williams
Gladys Checo de Almonte
Henry Garrido
Julieta Tejada
Fernando Quiroz
Germán Santiago
Editor
Germán Santiago
Redacción
Elvis Paredes
Silvio Cabrera
Luisa Matos
Corrección
Fior D’aliza Mejía
Cuidado
María Mercedes Disla
Distribución:
Angela Contreras
Fotografía
Juan Carlos Reyes Moreno
Víctor Acosta De León
Firmas:
Francisco Dall’ Anese Ruiz
Angel Castillo Tejada
Moisés Ferrer Landrón
Jesús Fernández Vélez
Luis Manuel Paulino
Roxanna Reyes Acosta
Glorianna Montás
Julieta Tejada
Aracelis Peralta
Diseño y Diagramación
Lisandro K Ferreira
Silis, S. A.
Tel.: 809 685-0578
Cel. 809-994-6214
Impresión
Editora Corripio C. Por A.
MInIstERIo PúblICo
Es una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.
Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen
las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Autor)
y 20-00 de Propiedad Industrial ( en lo que se refiere a
registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de Re-
Ministerio Público
pública Dominicana.
5 Las Hermanas
Mirabal:
Fiesta Perenne de la
Patria, la No
Violencia y la
Dignidad de la Mujer
11
14 Espléndidas
graduaciones CCRs
Puerto Plata y
Najayo-Mujeres
24
34 Conversatorio
César Pina y
Alejandro Moscoso
con Juez Zaffaroni
55
62
Con motivo de la
Navidad
Procuraduría ofrece
muestra tradicional
de Belenes
RD y PR se unen para
erradicar violencia
contra la Mujer:
Lanzan campaña
“Pégale a la Pared”
Medidas preventivas
y acciones rápidas
de la Procuraduría
evitan tragedia en
cárceles
Fiscalía La Romana:
rompiendo
paradigmas por una
justicia ágil y
cumplida
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Trabajando para la sociedad
y la familia…por una justicia de paz
Desde el Estado y dentro del sistema jurídico, el Ministerio
Público es la representación por excelencia de la sociedad. Es
una misión facultada por ley, amparada en un marco legal sustantivo
y adjetivo que debe llevarse a cabo de manera positiva,
con vocación y con desprendimiento. Ningún servidor del Estado,
máxime si es ministerio público, funcionario o empleado de
la Procuraduría General de la República, puede rendir una labor
eficaz cuando lo hace con gesto, con desgano o con prejuicio.
En sentido contrario no hay alegatos que valgan. Desde esta
posición se sirve con sentido justiciero. No existen los términos
medios, se sirve o no se sirve. Despierta y vigilante, la Procuraduría,
que es la institución rectora del Ministerio Público, trabaja
hoy haciendo acopio de ese principio, de servir a la ciudadanía
sin menoscabo de los derechos de nadie y midiendo con la
misma vara los derechos de todos. Ese es su rol como uno de
los dos pilares del sistema de administración de justicia, siendo
el otro, la judicatura, supervisada desde su tribunal de más
alta alzada. Es indiscutible que nuestro posicionamiento a nivel
de la opinión pública tiene mucho que ver con los múltiples esfuerzos
que hacemos para llenar ese cometido; se debe en gran
medida esa valoración positiva, a nuestra presencia oportuna y
diligente allí donde la ciudadanía reclama servicio y auxilio para
hacer valer sus derechos. Es un valor que apreciamos y agradecemos,
por el que estamos obligados y dispuestos a seguir
hacia adelante, con nuevos y redoblados esfuerzos, a los fines
de consolidarlo. Trabajamos y lo seguiremos haciendo con el
mismo compromiso, con reactivado impulso desde diversas y
variadas dependencias; de manera directa con nuestras fiscalías
barriales y unidades de atención a la víctima que dependen
de instancias superiores en cada una de las regiones y provincias
donde están enclavadas nuestras procuradurías de cortes
y fiscalías. Dentro de un programa macro hoy conectado con el
proyecto Justicia XXI, sistema digital a tiempo real que se utiliza
como una técnica de apoyo para los fiscales, nos armamos para
atender y buscarle solución rápida y eficiente a todos los casos
y situaciones sobre conflictos sociales y familiares, violencia de
género y abuso sexual. Sólo en el Distrito Nacional contamos
con 14 fiscalías barriales que además de consolidar los servicios
a la ciudadanía, se han constituido en un desahogo para los tribunales.
En el aspecto de la violencia de género, abuso sexual,
protección a la víctima y todo lo relacionado con la conflictividad
familiar, contamos con la Dirección Nacional de Atención
a Víctima, la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia,
el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia y la Línea
Vida de emergencia, situadas respectivamente en los sectores
La Castellana, Bella Vista, Ciudad Colonial y Gazcue, del Distrito
Nacional.
En la provincia Santo Domingo contamos con sendas unidades
para cumplir tales funciones, al igual que en Peravia, San
Cristóbal, La Vega, Duarte, Salcedo y Santiago. A los fines de
dar mayor representación social a ese servicio, la PGR creó la
Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de
la Víctima. Todas esas dependencias, cuyo trabajo destacamos
rjimenez@procuraduría.gov.do
y directorio ofrecemos en esta entrega, obedecen a una coordinación
nacional que orienta la procuradora general adjunta
para Asuntos de la Mujer, magistrada Roxanna Reyes Acosta.
De manera, que contamos con los mecanismos de prevención
y persecución para actuar sin pérdida de tiempo en beneficio
de los afectados y afectadas en materia de violencia de género,
abuso de todo tipo y conflictos en sentido general, muy particularmente
los que afectan a la familia. Y debemos decir, que
el trabajo que se hace desde el Ministerio Público hoy día no
está distante del que se hace desde una cultura y una educación
para la paz. Desde la escuela se trabaja hoy con programas
educativos para el conflicto y con una educación en valores, en
estrecha relación con la familia. El Ministerio Público se esfuerza
en hacer lo propio, acopiando de esa manera la iniciativa
aprobada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas que luego sería asumida, de manera global y holística
por la UNESCO, como programa cultural y educativo por la paz.
En resumen, trabajamos para la sociedad y la familia dominicana
por la aplicación equitativa de la ley y por una justicia de paz.
Y lo hacemos desde diferentes lugares al mismo tiempo, de
manera simultánea, ejecutando nuestros propios programas
como institución responsable de la política criminal del Estado,
y participando de otros que nos son afines y propios como el
Plan Nacional de Seguridad Democrática, que con su programa
Barrio Seguro contribuye, de igual manera, con esta cultura de
tranquilidad y sosiego que tanto necesita hoy la sociedad dominicana,
la sociedad de todos y todas.
Doctor Radhamés Jiménez Peña
PRoCuRaDoR GEnERal DE la REPúblICa
Ministerio Público
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Estamos en Internet con más noticias y novedoso contenido
No somos una revista virtual sino impresa, pero ya estamos
en la red y nuestras páginas pueden ser abiertas
y leerse como cualquier documento virtual de esos que
se ofrecen en línea a través de cualquier formato o programa,
desde y hacia todas partes del mundo. La noticia
y el conocimiento virtuales son necesidades y derechos
propios del mundo globalizado, y se ofrecen sin restricción
ni censura desde los más variados y diversos medios,
sitios y centros de la información y el saber, tales como
periódicos, blogs, portales, instituciones educativas, aulas,
centros de documentación y órganos institucionales y
especializados, sobre temas puntuales y actuales, tal cual
lo es esta revista que hoy se abre al mundo como otra de
las muchas ventanas abiertas que ofrece la Procuraduría
General de la República para darse a conocer y apreciar.
En nuestro caso, somos en lo esencial una revista impresa
que desde la imprenta nos hemos mudado a la red, conscientes
de que aislarse de la “mundialización” y la multimedia,
significa muerte y disfuncionalidad, amén de que
entre lo bibliográfico y lo virtual debe haber algún pacto
coexistencial. ¿Quién ha dicho que el Internet significará
a plazos la muerte del libro? El libro es el padre de la industria
editorial, la cual está hoy más activa que nunca y
florece por la red; y constituye el libro la correa de transmisión
del acervo bibliográfico que es a su vez patrimonio
de la humanidad. Además de noticiosa, esta revista intenta
ser una opción bibliográfica válida y al ofrecerse ahora
en línea por la red, hace honor a esa suerte de armisticio
y/o política de concertación entre el material impreso de
lectura variada y de peso, y las múltiples opciones del Internet.
Propicia resulta la iniciativa a propósito de que se
celebra en el país, declarado por el superior gobierno, “El
Año del Libro y la Lectura”. En esta oportunidad, venimos
con más noticias y novedoso contenido sobre lo que se
hace hoy desde la Procuraduría General de la República
(PGR) y todo el Ministerio Público (MP) para la sociedad
dominicana. La PGR y el MP son cabeza y cuerpo de una
misma estructura, algo similar a la parte consciente y la
sensitiva, y ambas, una en correspondencia con la otra, se
destacan unívocamente cuales instituciones virtuales. Los
son por su presencia actualizada en la red y porque parecen
estar físicamente en todas partes al mismo tiempo,
procurando sanciones aleccionadoras para los violadores
de la ley y los derechos ajenos, ofreciendo protección a
las víctimas de delitos, conciliando las partes en conflictos,
previniendo hechos punibles y ofreciendo servicios
variados. A través de su blog y portales de reforzamiento,
como Procompranet y Observatorio Digital, la Procuraduría
ofrece hoy un servicio ágil, dinámico, sistemático
y con material útil, poniendo a la orden de los usuarios la
información disponible en el momento preciso. La información
es un recurso básico y necesario, un derecho que
Ministerio Público
contribuye con el desarrollo económico y social de todo
país, a la vez que facilita la vinculación con redes internacionales
en campos de interés específico de la tecnología,
la ciencia, la educación y el conocimiento, que son en la
actualidad la fuente de la verdadera riqueza. Y al hablar
de derecho de la información, no es ocioso recordar que
fue la Procuraduría la primera institución del Estado dominicano
en crear una Oficina de Acceso a la Información
Pública y, en ese orden, de servir de modelo para las otras
instituciones que continuaron sus pasos. Detalles de ese
proceso los pueden nuestros lectores obtener visitando
nuestra página www.procuraduria.gov.do y de paso,
abriendo las páginas de esta revista en sus versiones 1
y 2, que se destacan desde sus portadas en el home de
nuestro Portal o Website. Finalmente, los invitamos a
compartir nuestro menú, que en esta oportunidad, entre
otras novedades y contenido, figuran el Mensaje del Procurador,
un artículo sobre las transformaciones del área
de recursos humanos, nuestro escritorio jurídico sobre la
importante conferencia del Fiscal General de Costa Rica,
un conversatorio del juez argentino Raúl Zaffarroni con
César Pina Toribio y Alejandro Moscoso, así como sendas
historias de la labor que se desarrolla desde las fiscalías
barriales y la coordinación para Asuntos de la Mujer sobre
violencia de género, abuso sexual, conflictos intrafamiliares
y protección y representación legal de la víctima.
Cual lo evidencia nuestro bloque de artículos y notas, nos
estamos armando para brindar seguridad, sobre todo seguridad
social y jurídica, y una cultura de conciliación y
de paz. Y oportuno es destacarlo en una época del año
que como noviembre y diciembre se dedican a la familia,
a la No Violencia contra la Mujer y al nacimiento del niño
Jesús.
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ROSSANNA DALMASí DE GONzÁLEz
Directora de Gestión Humana
Procuraduría General de la República
rdalmasi@procuraduria.gov.do
Procuraduría General de la República
Hacia un nuevo modelo de gestión
del capital humano de la institución
El alcance en la prestación de estos servicios está
orientado a las demandas específicas del Ministerio
Público y de todo el personal de apoyo técnico
y administrativo de la Procuraduría General de la
República y sus dependencias.
Con el objetivo de contar con una
estructura que facilite la incorporación
de un nuevo paradigma de gestión
del capital humano y adecuándonos
a la demanda de los nuevos
tiempos, la Procuraduría General de
la República decide reestructurar y
fortalecer el área de Recursos Humanos.
A partir del mes de febrero de
2007, se inician los pasos concretos
para el logro de los objetivos trazados.
Se modifica el nombre de Departamento
de Recursos Humanos y
Seguridad Social por el de Dirección
de Gestión Humana, reconociendo
al personal no como un ¨Recurso¨,
sino como el activo más valioso con
que cuenta una institución, el cual
debe ser motivado y desarrollado
para cumplir de manera exitosa con
los objetivos institucionales.
Con la nueva estructura, se
aprueba la creación de los departamentos
de: Registro y Control, Selección
y Reclutamiento, Evaluación
del Desempeño, Compensaciones y
Beneficios Laborales, Capacitación y
Desarrollo, y Programas Especiales,
facilitando así la implementación de
todos los sub-sistemas del área.
El alcance en la prestación de
estos servicios está orientada a las
demandas específicas del Ministerio
Público y de todo el personal de
apoyo técnico y administrativo de la
Procuraduría General de la República
y sus dependencias.
Convencidos de la responsabilidad,
con el logro de los objetivos
institucionales del área de Gestión
Humana, definimos nuestra misión
y visión, los cuales se describen a
continuación:
Misión
Somos agentes multiplicadores
del crecimiento humano de la organización,
dotándola del talento
humano más idóneo del mercado laboral,
desarrollando y actualizando
sus potencialidades a fin de que la
Procuraduría General de la República
cumpla a cabalidad sus objetivos
institucionales.
Visión
Ser el agente multiplicador de la
cultura institucional y del crecimiento
integral del talento humano, y
ofrecer los mejores servicios de gestión
humana a los usuarios internos
y externos.
Servicios
Reclutamiento y Selección
El subsistema de Reclutamiento
y Selección de personal tiene como
objetivo fundamental dotar a la institución
del personal más idóneo posible
para los puestos vacantes y la
creación de nuevas funciones.
Registro y Control
El subsistema de Registro y
Control tiene como objetivo fundamental,
contar con información
sistemática de la trayectoria de los
empleados en la institución, inte-
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Empleados de la Procuraduría que fueron incorporados al Servicio Civil y Carrera Administrativa por la Oficina Nacional de Administración y Personal
(ONAP).
grando a su expediente laboral todas
las novedades, y llevar control de las
incidencias administrativas laborales.
Evaluación del Desempeño
El subsistema de Evaluación de
Desempeño tiene como objetivo fundamental,
conocer la calidad de la
fuerza de trabajo con que cuenta la
institución tanto en el plano individual
como grupal, así como también servir
de insumo para la detección de necesidades
de capacitación.
Capacitación y Desarrollo
La Escuela Nacional del Ministerio
Público es responsable de preparar al
personal del Ministerio Público en materia
fiscal y jurídica para desarrollar
sus potencialidades y mantenerse actualizado.
Asimismo es responsable de
identificar las necesidades de capacitación
para todo el personal de la Procuraduría
General de la República.
La Dirección de Gestión Humana es
responsable de la capacitación y adiestramiento
de todo el personal del Ministerio
Público en materia administrativa,
técnica y otras habilidades.
Compensaciones y
Relaciones Laborales
El subsistema de Compensaciones
y Relaciones Laborales administra los
sueldos, salarios y beneficios que la
institución otorga a sus empleados, y
propiciar un clima de relaciones labo-
Ministerio Público
rales favorable para la productividad.
Asimismo, es responsable del proceso
de desvinculación de los empleados,
así como del manejo de casos especiales
de relaciones laborales que se
presenten.
Programas Especiales
El área de Programas Especiales
diseña y ejecuta los proyectos encaminados
a promover la integración del
personal con el entorno social y laboral
dentro y fuera de la institución.
Comité de Gestión Humana
Organo responsable de aprobar las
políticas, normas y procedimientos en
materia de capital humano, así como
los planes de beneficios y desarrollo
para los empleados de la Procuraduría
General de la República y sus dependencias.
Gracias al decidido respaldo del
magistrado procurador general de la
República, doctor Radhamés Jiménez
Peña, y su equipo de magistrados adjuntos,
a poco menos de un año, la Dirección
de Gestión Humana ha podido
lograr grandes avances, entre los que
podemos mencionar:
• Conformación de la nueva estructura
de la dirección y la contratación
del personal técnico
calificado para ocupar los puestos
vacantes.
• Celebración de concursos de oposición
para cubrir plazas vacantes
•
•
•
de puestos administrativos dando
prioridad al personal interno.
Elaboramos el primer Manual de
Inducción de la PGR con el objetivo
de dar a conocer nuestra institución,
su historia, visión, misión
y valores, así como los deberes y
derechos que asisten a nuestros
empleados. Este documento también
servirá para que los empleados
de nuevo ingreso logren una
rápida integración a la cultura de
nuestra institución, y guiarlos en
el desempeño eficiente de sus labores.
Con el respaldo de la Dirección de
Tecnología de la Información, hemos
logrado depurar y actualizar
la base de datos del aplicativo de
Recursos Humanos, así como obtener
nuevos reportes que inciden
de manera directa en la toma
de decisiones acertadas y en el
tiempo requerido en materia de
capital humano. No obstante de
reconocer las bondades del sistema
actual de gestión humana,
tenemos proyectado someter la
adquisición de un nuevo software
que permita manejar de manera
integrada cada uno de los sub-sistemas
del capital humano.
Se elaboró la primera Tabla de
Cargos de la Procuraduría, redefiniendo
y reduciendo el número
de cargos existentes. Este instrumento
servirá de herramienta fun-
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•
•
•
•
•
damental para el establecimiento
de la propuesta salarial para el
año 2008.
Como parte del establecimiento
del Sistema de Integridad Institucional
(SII), promovido por la
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID), este departamento elaboró
un documento denominado
“Cultura Organizacional”, a través
del cual debemos promover y facilitar
la apropiación de los principios
éticos institucionales con programas
de formación al personal,
para que no sólo los respete, sino
que también se apodere de ellos.
La Cultura Organizacional de la
Procuraduría General de la República
se fundamenta en el cumplimiento
de los principios éticos
establecidos, los cuales norman el
desempeño funcional y la conducta
de sus integrantes.
Producto de un extraordinario
esfuerzo de organización, depuración
de expedientes y seguimiento,
logramos con el apoyo del
Departamento de Pensiones de
la Secretaría de Hacienda, hacer
efectiva la pensión a más de 25
empleados meritorios que dedicaron
casi una vida a su trabajo en la
Procuraduría.
Se adquirieron nuevos uniformes
para el personal secretarial, de
conserjería, mantenimiento y choferes.
Conscientes de los beneficios que
representa para nuestros empleados
la incorporación a la Carrera
Administrativa, realizamos un
amplio programa de difusión y entrenamiento
a nivel nacional, para
la realización de la evaluación del
desempeño, requisito indispensable
para la incorporación a la carrera.
Producto de este esfuerzo,
logramos incorporar 227 empleados
de la Procuraduría General de
la Republica en el XV acto de incorporación
realizado por la Oficina
Nacional de Administración de
Personal en septiembre de 2007.
A la fecha, unos 738 empleados
administrativos de nuestra institución
se encuentran incorporados
a la Carrera Administrativa.
Con el apoyo de la Dirección de
Tecnología de la Información y de
la USAID, nos encontramos en la
etapa final de diseño y puesta en
Rossanna Dalmasí junto al personal de la Dirección de Gestión Humana, entre ellos, Aldrid Vásquez,
Clari Valerio, Ivonne Villeta, Johanny Santos, Mayra Méndez, Natividad Jiménez, Mayra Tejada, Nercy
Lafontaine, Orlando Ferreras, Richard Rivera, Santiago Rodríguez y Yulissa Pérez.
ejecución del portal de Gestión
Humana que estará integrado a la
página Web de la Procuraduría, y
que servirá no solo como instrumento
de difusión de las actividades
de recursos humanos, concursos,
beneficios, reconocimientos
y otros, sino que será una herramienta
que facilitará y eficientizará
la prestación de los servicios
que ofrecemos a las diferentes
dependencias a nivel nacional, ya
que tenemos contemplado la incorporación
de los formularios relativos
a Gestión Humana, de manera
tal, que puedan ser llenados
y remitidos desde las diferentes
áreas a través de la web, ahorrando
tiempo y recursos.
Proyecciones
Para el próximo año 2008, nos hemos
propuesto grandes metas, orientadas
a coadyuvar de manera decisiva en el
logro de los objetivos institucionales
y del proceso de institucionalización
que vive la Procuraduría en esta nueva
gestión, donde el capital humano
juega un papel fundamental. Pretendemos
continuar el fortalecimiento
del área tanto en su estructura como
en su personal, a fin de ofrecer cada
día un servicio más eficiente, desarrollando
e impulsando nuevas políticas
de motivación y crecimiento, así como
fortalecernos internamente con la elaboración
de nuestros manuales de políticas
y procedimientos.
Ministerio Público
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Fiscales generales de Iberoamérica que participaron en la XV Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos. Con traje color crema y corbata amarilla
figura el procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez Peña.
RD será sede de fiscales de Iberoamérica
Presidente gobierno español resalta
avances del Ministerio Público dominicano
José Luis Rodríguez Zapatero considera que
Nuevo Modelo Penitenciario es un ejemplo para el mundo
La República Dominicana fue escogida a unanimidad,
por todos los miembros de la Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos (AIAMP), como
sede de la XVI Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos,
la cual congregará a todos los fiscales
generales de América Latina, España y Portugal, en
los primeros días del año 2008.
Ministerio Público
La República Dominicana fue escogida a
unanimidad, por todos los miembros de la
Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos (AIAMP), como sede para la XVI
reunión de fiscales generales de América
Latina, España y Portugal, evento que se desarrollará
en los primeros días del próximo
año.
La decisión se adoptó en el marco de la
reunión de fiscales generales iberoamericanos
que se desarrolló en Madrid, España. El
acto de inauguración de esta asamblea fue
realizado el pasado 22 de octubre en el salón
principal de la Fiscalía General del Estado
español.
La apertura del importante foro internacional
fue encabezada por el presidente del
Gobierno español, doctor José Luís Rodríguez
Zapatero, quien pronunció el discurso
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central en el evento.
El presidente Rodríguez Zapatero
felicitó de manera muy especial, en el
desarrollo del encuentro, al procurador
general de la República Dominicana,
doctor Radhamés Jiménez Peña,
“por los grandes logros obtenidos en
su país, en lo referente al proceso de
institucionalización, modernización e
independencia que está impulsando el
Ministerio Público de República Dominicana”.
Jiménez Peña encabezó la delegación
que viajó a España el pasado mes
de octubre para participar en la referida
reunión de fiscales iberoamericanos.
Le acompañaron el director nacional
del Ministerio Público, Rodolfo
Espiñeira; el director de la Escuela Nacional
del Ministerio Público, Ramón
Emilio Núñez; la fiscal adjunta, Danissa
Amparo Cruz Taveras; y el director
de proyectos de la Procuraduría, José
Abud Soler; así como los diputados
Víctor Suárez y Demóstenes Martínez.
En la actividad también participaron
el secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias; el fiscal general
del Estado de España, Cándido Conde
Pumpido, anfitrión y vicepresidente
de la (AIAMP), y Guillermo Piedrabuena,
fiscal general de Chile.
Igualmente, los fiscales generales o
procuradores generales, Mario Uribe
Melendres, de Bolivia; Antonio Fernando
Barros, de Brasil; Mario Iguarán,
de Colombia; Francisco Dal´Anese
Ruiz, de Costa Rica; Félix Garrid Safie,
de El Salvador; Juan Luis Florido, de
Guatemala; Leonidas Rosa Bautista, de
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez zapatero, y el procurador general dominicano,
Radhamés Jiménez Peña, durante un encuentro en Madrid, España.
Honduras; Rubén Candia Amarilla, de
Paraguay; Flora Adelaida Bolívar Arteaga,
de Perú; Fernando Pinto Monteiro,
de Portugal; Rafael Ubiria Alzugaray,
de Uruguay e Isaías Rodríguez, de
Venezuela.
En la actividad también participó
el secretario general Iberoamericano,
Enrique Iglesias. En el encuentro, el
presidente del Gobierno español resaltó
el trabajo que están realizando en
República Dominicana con la instauración
del nuevo modelo penitenciario,
lo cual dijo constituye un ejemplo positivo
para el mundo.
Rodríguez Zapatero ha recibido
informaciones sobre los trabajos de
modernización y rehabilitación en los
centros penitenciarios dominicanos.
De su lado, el procurador Jiménez
Peña agradeció en nombre del país y
del presidente de la República, Leonel
Fernández Reyna, las palabras de elogios.
Afirmó que los avances alcanzados
en la República Dominicana han sido
posibles gracias a la voluntad política
del presidente Fernández, quien ha
apoyado el proceso de transformación
y reforma que vive el Ministerio Público
y el Sistema Penitenciario de República
Dominicana.
Durante el viaje a España, la delegación
dominicana viajó a Barcelona
para observar de cerca el sistema penitenciario
que funciona en esa ciudad.
Ministerio Público
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Las Hermanas Mirabal:
Fiesta Perenne de la Patria,
la No Violencia y la Dignidad de la Mujer
Desde noviembre pasado, mes dedicado
a la familia y la No Violencia
contra la Mujer, Salcedo ha estado de
fiesta. Es una fiesta perenne que en estos
días ha alcanzado su mayor esplendidez
con la proclamación de Salcedo,
por parte del Congreso Nacional y promulgación
del Poder Ejecutivo, como
provincia Hermanas Mirabal, en honor
a las tres heroínas de Ojo de Agua, Patria,
Minerva y María Teresa, quienes
durante la oprobiosa tiraría trujillista,
ofrendaron sus vidas por la patria y la
dignidad de la mujer. ¡Cuánto decoro
y amor acumulado, ya que lo hicieron
también por sus esposos! El asesinato
de Las Mirabal ocurrió en noviembre
de 1960 cuando regresaban de visitar
a sus esposos presos en una cárcel de
Puerto Plata, por su participación destacada
en el movimiento clandestino
14 de Junio, al que pertenecían las
heroínas y por lo que también dos de
ellas habían estado recluidas en la Penitenciaría
Nacional de La Victoria. Por
esas razones que llenan de orgullo a la
nación dominicana y enriquecen nuestra
memoria histórica, Las Mirabal son
hoy un ejemplo para el mundo, y su
sacrificio fue el hecho que motivó que
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), declarara el 25 de Noviembre
de cada año “Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer”. En Salcedo,
hoy capital de la provincia Hermanas
Mirabal, la fiesta del sentimiento y el
0
Ministerio Público
recuerdo contamina a toda la población,
y entre las actividades celebradas,
se destacó un festival folklórico,
del 20 al 25 de noviembre, inaugurado
por el Presidente Leonel Fernández,
en el que participaron grupos artísticos
y culturales de la región y de la
Capital dominicana. La Procuraduría
General de la República celebró varias
actividades en noviembre pasado,
como mes dedicado a la Constitución,
la familia y la lucha de la No violencia
contra la Mujer. La conmemoración se
extendió hasta diciembre, con el acto
de lanzamiento de la campaña “Pégale
a la Pared”, que consiste en dos spots
televisivos con los artistas Juan Luis
Guerra y el puertorriqueño Gilberto
Santa Rosa, que pretende sensibilizar
a los varones agresores, lo cual estuvo
precedido de un acto de presentación
en el auditorio de la Procuraduría y del
que ofrecemos detalles en la página 24
de esta misma edición.
La actividad tuvo lugar en los salones
del auditorio de la Procuraduría y
lo encabezaron la primera dama, doctora
Margarita Cedeño de Fernández;
la Procuradora de las Mujeres del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, doctora
María Dolores Fernós, y el procurador
general de la República, doctor
Radhamés Jiménez Peña. Las tres instituciones:
el Despacho de la Primera
Dama, la Procuraduría de las Mujeres
de Puerto Rico y la institución rectora
del Ministerio Público dominicano, son
responsables de la campaña. Todos los
días del año son un motivo para recordar
a Las Hermanas Mirabal y a la mujer
madre, patriota y luchadora, y por
ello, la presente edición de Ministerio
Público, dice presente. ¡Loor eterno a
las Hermanas Mirabal!
La imágen de la izquierda muestra la residencia histórica de Las Hermanas Mirabal. A la derecha, parte de las exhibiciones de
la feria realizada en Salcedo en honor a las heroínas.
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con motivo de la navidad
ProcuraDuría oFrece muestra
tradicional de BeLeNes
Como ha sido una tradición, con
motivo de Navidad y Año Nuevo, la
Procuraduría General de la República
presenta una muestra de Belenes de
todos los países del hemisferio, a los
fines de que la ciudadanía, en especial
los visitantes y usuarios de los servicios
que ofrece el organismo rector del
Ministerio Público, los aprecien y disfruten,
ya que son un alivio y un medio
de purificación para el espíritu.
La muestra inspirada en el Nacimiento
de Belenes, rinde tributo sobre
todo al natalicio del niño Jesús (El Dios
hecho hombre), el “Salvador del mundo”,
como lo define con palabras llenas
de fe y alegría doña Gladys Checo de
Almonte, asistente financiera y administrativa
del Procurador General de la
República, de quien surgió la idea de
la exhibición.
La muestra de Belenes puede disfrutarse
en la primera planta del Palacio
de Justicia (nuevo) del Centro de
los Héroes, justo frente a las instalaciones
de la Oficina de Acceso a la Información,
en un área libre del lobby.
“Si asociamos este hecho a la misión
del Ministerio Público, nos apartaríamos
un poco de la cotidianidad, en el
entendido de que para estos tiempos,
el grueso de las personas lo que hace
es embellecer sus casas, comprar trajes
nuevos, intercambiar regalos, exhi-
Gladys Checo de Almonte.
bir arbolitos de navidad, y todo esto
es muy bueno, pero nos olvidamos de
limpiar nuestra casa interior”, expresa
doña Gladys, para motivar la exhibición
de los Belenes.
Expresa que la Procuraduría “hace
propicia la ocasión para invitar con
entusiasmo a que seamos justos y que
este tiempo lo vivamos llenos de esperanza
para un futuro mejor, ya que
siendo así, la justicia legal no sería necesaria.
Bastaría que los ciudadanos se
amaran los unos a los otros”.
Para doña Gladys la equidad, que es
la justicia natural, la de Dios, es la que
se inspira en valores morales y cristianos,
los cuales cuando, se cultivan y
defienden, evitan la influencia malsana
para recibir beneficios en perjuicio de
la gran mayoría, así como la avaricia,
el engaño, la maldad y demás acciones
que dañan las buenas costumbres del
ser humano”.
De manera, que todos, servidores
de la Procuraduría y la ciudadanía en
sentido general, están invitados a disfrutar
de esta muestra de Belenes que
junto a la Cena de Nochebuena, la Misa
del Gallo, los Villancicos, los Aguinaldos,
la llegada de Año Nuevo, los Reyes
Magos y la Vieja Belén, representan
los símbolos de la Navidad, época que
puede glorificarse con la música y letra
del himno pascual “Campana sobre
Campana” que dice:
Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás a un niño en la cuna
Belén, campanas de Belén
que los ángeles tocan
que nueva nos traen,
Belén, campanas de Belén
que los ángeles cantan
que nueva nos traen.
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
verás al niño Jesús.
Ministerio Público
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Ingleses y suizos resaltan
Modelo Penitenciario Dominicano
El nuevo sistema penitenciario que
se ejecuta en nueve cárceles y que en
cinco años estará funcionando en todos
los recintos del país, se perfila como
uno de los más modernos del mundo,
hasta el punto que ha sido elogiado
por naciones desarrolladas como Suiza
e Inglaterra.
Bajo este sistema las cárceles han
comenzado a dejar de ser “mazmorras”
y “tierra de nadie”, como se les
llama en la actualidad, “donde perro
come perro y por un peso te matan”,
como dice la canción del salsero newyorquino,
Henry Fiol.
Consiste en un sistema abierto en
el que a base de estudios, trabajo, asistencia
médica y psicológica se le cambia
la forma agresiva de pensar que
casi siempre tienen los presos.
Con este sistema, cuando ya esté
operando en un 100 por ciento, desaparecerá
la palabra peyorativa “preso”,
la cual será sustituida por internos.
En los nueve centros que están operando
desde ya se les llama así.
Y es que en realidad, este sistema
considerado un híbrido, debido a que
se escogió para él lo bueno de cada uno
de los modelos carcelarios modernos,
cuenta con un personal profesional
altamente capacitado que no permite
que el preso, ahora llamado interno,
salga de la cárcel enfermo, vejado, maltratado
y sin un ¡futuro asegurado!.
¿Futuro asegurado?, así de simple.
Y es que bajo este sistema se educa y
se capacita profesionalmente al recluso
o interno, y se le ofrece ayuda hasta
lograr reinsertarlo en la sociedad luego
de que salga de la cárcel.
La misión de los educadores y profesionales
de la conducta concluye
cuando el preso, tras haber obtenido
su libertad, logra conseguir un empleo
o instala una microempresa.
Y es que, a decir de las autoridades,
se trata de una “mesa de cuatro patas”,
en donde en esta parte, la “pata” del
Patronato Nacional Penitenciario juega
un importante rol.
El patronato, presidido por el cardenal
Nicolás de Jesús López Rodríguez
e integrado por empresarios, religiosos
y periodistas, se encarga de la
parte que prácticamente garantiza que
Ministerio Público
Desde la izquierda, el embajador en el país, la jefa de embajadores, la ministra de Relaciones Exteriores
y el miembro del Parlamento del Reino Unido de Inglaterra, señores Ben Moxwathi, Ian Wortington,
LIz Kane y Meg Munn, durante la visita que giraron al procurador general de la República,
Radhamés Jiménez Peña, quien aparece al centro.
el recluso tenga una empresa o un trabajo
seguro cuando sale de la cárcel. Su
creación fue una idea del procurador
general de la República, doctor Radhamés
Jiménez Peña.
Este nuevo sistema, que opera bajo
la Dirección de la Escuela Nacional Penitenciaria
que preside el licenciado
Roberto Santana y que ejecuta la Procuraduría
General de la República, está
supuesto a operar en su totalidad en
cinco años, en vista de que se necesita
de un personal profesional altamente
preparado.
Suiza e Inglaterra
lo elogian
El sistema ha recibido elogios de
naciones desarrolladas como Suiza e
Inglaterra, en donde existen modelos
penitenciarios de alta calidad.
El caso del Centro de Corrección y
Rehabilitación (CCR) de Najayo-Mujeres
en San Cristóbal, por citar un ejemplo,
fue elogiado por la Policía Judicial
Federal de Suiza, mediante carta enviada
a su directora, doctora Rosa Julia
Flores Lorenzo.
Murielle Perroud Madera Castillo,
quien formó parte de una comisión de
esa entidad que estuvo de visita en el
país, le remitió una carta a la directora
del CCR de Najayo-Mujeres, expresán-
dole que “hemos visto que el régimen
penitenciario ejercido en su recinto,
no tiene nada que envidiarle al sistema
suizo”.
En términos similares se expresó el
consultor internacional Andreu Estela
Barnet, quien afirmó que el nuevo modelo
penitenciario que se implementa
en República Dominicana garantiza el
respeto de los derechos fundamentales
de los privados de libertad, y responde
a la aplicación concisa y textual de la
Ley 224-84, que regula el régimen penitenciario.
La Escuela Nacional Penitenciaria
La Escuela Nacional Penintenciaria
(ENAP) que dirige el licenciado Roberto
Santana, es la ideóloga de este sistema
y la responsable de su aplicación.
Los directores de estos centros son
escogidos mediante concurso público,
y se les exige ser profesional y hacer
un diplomado en esta escuela.
En la ENAP, además de dominicanos,
estudian extranjeros de diversas
naciones del Caribe, que han visto en
el nuevo modelo dominicano un ejemplo
a imitar.
Reproducido del periódico El Nacional, de fecha 07 de
diciembre de 2007, bajo la firma del peridista judicial
Silvio Cabrera.
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Procuraduría crea estructura dirigencial
de Nuevo Modelo Penitenciario
La Procuraduría General de la República
conformó la nueva estructura
de la Oficina Nacional de Coordinación
de los Centros de Corrección y Rehabilitación
(CCRs), y de la Unidad Coordinadora
del Modelo de Gestión Penitenciaria,
organismos que se encargarán
de mantener la calidad y sostenibilidad
del proceso de implantación del
sistema penitenciario que se lleva a
cabo en el país.
La estructura de los nuevos organismos
la integran, la licenciada Ibelca
Villanueva, quien tendrá la función de
coordinadora general del Modelo de
Gestión Penitenciaria; la doctora Rosa
Flores, que será subcoordinadora de
los Centros de Corrección y Rehabilitación
(CCRs), y Agustín Reyes, subcoordinador
de seguridad de la Oficina
Nacional de Coordinación.
Las nuevas designaciones se efectuaron
en un acto encabezado por el
procurador general de la República,
doctor Radhamés Jiménez Peña, quien
destacó que los nuevos organismos
ofrecerán grandes aportes a la sostenibilidad
de la reforma penitenciaria, la
cual dijo, se implementa con el apoyo
del presidente de la República, Leonel
Fernández, y de la sociedad .
Expresó que uno de los grandes
aportes de la reforma penitenciaria,
está sustentado en los programas educativos
que se desarrollan en los centros.
En ese orden, dijo que el 80% de
los hombres y mujeres que ingresan a
esos recintos son analfabetos, los cuales
son alfabetizados con los citados
programas.
Resaltó que sólo el 2.7 por ciento
de los reclusos que salen de los CCRs,
reinciden, mientras que el 50% que
sale de los recintos tradicionales vuelve
a delinquir.
Anunció para el primer cuatrimestre
del próximo año, la inauguración
de los centros penitenciarios de Higuey,
San Francisco de Macorís, Salcedo
y San Pedro de Macorís. Asimismo,
dijo que a principio de enero próximo
se iniciarán los trabajos en los centros
penitenciarios de Najayo-Hombres y
de Moca.
En tanto, fray Arístides Jiménez
Richardson, al hablar en nombre del
presidente del Patronato Nacional Pe-
Los miembros de la nueva estructura del NMP. Rosa Flores, Agustin Reyes e Ibelca Villanueva, al
momento de ser juramentados.
nitenciario, monseñor Nicolás de Jesús
Cardenal López Rodríguez, abogó para
que se mantenga el trato digno a los
seres humanos que se encuentran en
los diferentes centros de corrección y
rehabilitación.
“Este debe ser parte de un programa
de nación, donde nos involucremos
todos sin escatimar esfuerzos, banderías,
ni credos”, manifestó.
Las entidades, creadas mediante
la resolución número 078, tendrán a
su cargo la implementación del nuevo
sistema a corto plazo, en todos los recintos
penitenciarios.
La licenciada Ibelca Villanueva y la
doctora Rosa Flores son las directoras
de los CCRs de San Felipe de Puerto
Plata y Najayo-Mujeres, respectivamente.
Mientras que Agustín Reyes es
el encargado de seguridad de la Dirección
de Prisiones.
La actividad estuvo encabezada
además, por el vicepresidente del Patronato
Nacional Penitenciario, José
Luís Corripio; el Capellán de cárceles
y coordinador de la Pastoral Penitenciaria
de Tegucigalpa, Honduras, reverendo
Marcos René Alvarado Sánchez;
el director ejecutivo de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS),
doctor Servio Tulio Castaños; el comisionado
de Apoyo a la Reforma y Modernización
de la Justicia, doctor Alejandro
Moscoso Segarra; el director de
Prisiones, general José Ignacio Sandoval
Cabrera; y el director de la Escuela
Nacional Penitenciaria (ENAP), licenciado
Roberto Santana.
La Oficina Nacional de Coordinación
de los CCRs adoptará las medidas
e iniciativas pertinentes para que
todas las áreas del nuevo modelo, que
incluye tratamiento, administración y
seguridad, cumplan con los más altos
estándares.
Los organismos fueron creados de
acuerdo al decreto 528-05, de fecha 20
de diciembre de 2005, emitido por el
Presidente de la República, quien declara
de interés nacional la instalación
de un Nuevo Modelo Penitenciario
preparado por la Procuraduría General
de la República, y en consecuencia,
un nuevo sistema de gestión y administración.
Asimismo, se tomó en cuenta la Ley
78-03 sobre el Estatuto del Ministerio
Público, en su artículo 47, en lo atinente
a las atribuciones del Procurador
General de la República, que establece:
“Crear las unidades administrativas
de apoyo que sean necesarias para el
buen funcionamiento administrativo
de la institución”.
Tanto la Unidad Coordinadora del
Modelo de Gestión Penitenciaria como
la Oficina Nacional de Coordinación
de los CCRs mantendrán su vigencia
hasta tanto se complete el proceso de
reforma en todos los recintos penitenciarios.
Ministerio Público
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CCR de PueRto Plata
gradúa a 106 inteRnos
Una investidura similar tuvo lugar en Najayo-Muejres, de San Cristóbal
El Centro de Corrección y Rehabilitación,
(CCR), San Felipe de Puerto Plata
graduó a 106 internos en diferentes
áreas.
Una actividad similar se llevó a
cabo en el CCR Najayo-Mujeres de San
Cristóbal, la cual contó con una muestra
de artesanía y manualidades preparada
por las propias internas.
Ambas actividades se desarrollaron
en este mes de diciembre y fueron
encabezadas por el procurador general
de la República, Radhamés Jiménez
Peña, quien dijo que en Puerto Plata,
los programas educativos que se desarrollan
en los CCRs dentro del Nuevo
Modelo Penitenciario, constituyen uno
de los grandes aportes a la reforma
carcelaria.
Sostuvo que como resultado de la
implementación de esos programas,
los internos se han destacado en la
confección de vestimentas, ebanistería,
informática, belleza, artes plásticas,
lencería del hogar, pintura, velones
aromáticos, canto coral, artesanía,
danza folklórica, panadería, repostería
y elaboración de tarjetas.
Consideró que en República Dominicana
se está produciendo una verdadera
revolución con el Nuevo Modelo
Penitenciario, al cual se han incorpora-
Ministerio Público
Vista parcial de los internos del CCR de Puerto Plata en el acto de graduación.
do nueve centros de corrección y rehabilitación
del país.
En ambos casos los internos e internas
recibieron diplomas en áreas
diversas como Informática, Repostería,
Ebanistería, Bisutería, Tapicería,
Decoración, Costura, entre otras. También,
se les entregaron certificados, a
quienes fueron alfabetizados.
Los centros incorporados al nuevo
modelo son hasta ahora: San Felipe de
Puerto Plata, Najayo-Mujeres en San
Cristóbal, Elías Piña, Dajabón, Haras
Nacionales en Santo Domingo, Rafey-
Mujeres y Rafey-Hombres en Santiago,
Monte Plata y Mao. Igualmente, están
en avanzado proceso los trabajos para
El diseñador Jorge Diep junto a un grupo de internas del CCR Najayo-Mujeres, durante la graduación
que se llevó a cabo en ese centro, que contó además, con una exposición de artesanía y manualidades,
entre ellas, trajes como los que se muestran en la imagen.
la incorporación de los recintos de Higüey,
San Francisco de Macorís, San
Pedro de Macorís y Salcedo. El plan es
incorporar a mediano plazo a todos
los centros carcelarios del país a un
sistema que ha sido elogiado por los
gobiernos europeos como un modelo
a seguir.
En el caso de Puerto Plata la actividad
fue bendecida por el padre Nelson
Núñez. La misma estuvo encabezada
además, por la coordinadora general
del Modelo de Gestión Penitenciaria,
Ibelca Villanueva.
También, por el director de la Escuela
Nacional Penitenciaria (ENAP),
licenciado Roberto Santana; el procurador
de la Corte de Apelación de
Puerto Plata, licenciado Félix Álvarez,
y el juez de ejecución de la pena, licenciado
Pedro Ulloa.
El centro San Felipe de Puerto Plata
fue el primero en ser incorporado
al Nuevo Modelo Penitenciario, donde
están recluidos 438 internos.
Najayo-Mujeres, por su parte, está
considerado como uno de los CCRs que
mayores avances ha registrado, según
lo destacan publicaciones recientes de
diferentes medios.
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Fiscales e investigadores
entrenados en un programa de capacitación
El Comisionado de Apoyo
a la Reforma y Modernización
de la Justicia (CAR-
MJ), la Procuraduría General
de la República, la Escuela
Nacional del Ministerio y la
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
(UNOD), desarrollaron
un programa de capacitación
dirigido a más de 1,200
fiscales e investigadores.
La actividad, denominada
“Plan de Investigaciones”,
fue coordinada además,
por la Policía Nacional, la
Dirección Nacional de Control
de Drogas (DNCD), la
Embajada de Gran Bretaña
en el país, y el Departamento
Nacional de Investigaciones.
Estuvo encabezada por
el primer sustituto del procurador
general de la República,
doctor Ángel Castillo;
el comisionado de justicia,
licenciado Alejandro Mos-
coso Segarra; el cónsul de la
Embajada Británica, Scout
Melling; el asesor regional
legal de UNODC, Kristian
Holge, y el mayor general
Radhamés Ramírez Ferreira,
presidente de la DNCD.
También, por el subjefe
de la Policía Nacional, general
José Sigfrido Fernández
Fadul; el encargado del
Departamento de Investigaciones
de la P.N., general
Bencosme Candelier; y la
coordinadora académica de
la Escuela Nacional del Ministerio
Público, licenciada
Evelyn Colón.
El Plan de Investigaciones
se desarrollaró del 24 al
30 del pasado mes de octubre,
para formar a los fiscales
e investigadores del área
penal de los Distritos Judiciales
de Santo Domingo,
Santiago, La Romana y San
Juan de la Maguana.
Fiscales que tomaron el curso del Programa Extraordinario de Formación (PEF) de la ENMP.
Ramón Emilio Núñez, director de la Escuela Nacional del Ministerio Público.
El proyecto es una herramienta
de trabajo para
fiscales e investigadores
encargados de adelantar
las pesquisas de un hecho
determinado, que permite
establecer directrices concretas
a corto plazo, para
hacer más efectiva las indagatorias
de orden penal, en
su ejecución y evaluación,
de acuerdo a una programación
pre-establecida con
objetivos concretos.
Como temática se adoptó
las buenas prácticas de
las Naciones Unidas y fue
diseñado de acuerdo a las
necesidades, por un equipo
técnico de 18 formadores
de la UNDOC, y otros técnicos
de las entidades que
auspiciaron el proyecto.
La capacitación de
miembros del Ministerio
Público e investigadores
permitirá a las autoridades
del país, contar con un personal
preparado y capacitado
para asumir los retos del
sistema acusatorio y la vez
disponer de una herramienta
útil para las investigaciones
penales con miras a su
oficialización.
El acto de apertura de
la actividad tuvo lugar en el
auditorio de la Procuraduría
General de la República.
Ministerio Público
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como parte de Justicia XXI,
para 2008 todas las fiscalías deberán
estar incorporadas al Nuevo Modelo de Gestión
La Procuraduría General de la
República acelera el proceso de incorporación
de las 35 procuradurías
fiscales del país al Nuevo Modelo de
Gestión de Fiscalías.
Este nuevo sistema que ya opera en
cinco jurisdicciones fiscales, consiste
en un moderno proceso de organización
para garantizar la investigación y
persecución penal de una manera ágil
y eficiente.
Se espera que el proceso esté completado
para mediados del año 2008,
según lo sostuvo el jefe del Ministerio
Público, Radhamés Jiménez Peña.
Ministerio Público
El magistrado dijo que dentro de
este nuevo proceso de organización de
la investigación y persecución penal,
las fiscalías operan a través de diferentes
unidades de atención al usuario,
con la debida rapidez que reclama la
ciudadanía al momento de solicitar
un servicio, el correcto procesamiento
de los casos, atención a las víctimas
por parte de los fiscales 24 horas del
día, y un personal que se encarga de
los procesos de conciliación que así lo
requieran.
Resaltó que el Nuevo Modelo de
Gestión de Fiscalía funciona en más de
un 90% en el Distrito Nacional, en las
provincias Espaillat, La Vega, La Romana,
Elías Piña y Puerto Plata. También,
están en avanzado proceso de incorporación,
las fiscalías de Moca, Salcedo,
Nagua, San Pedro de Macorís y San
Juan de la Maguana. En una tercera
etapa el proyecto será extendido además,
a las fiscalías de San Francisco de
Macorís, Samaná, El Seibo, Hato Mayor
y Azua.
Jiménez Peña se refirió al tema
tras encabezar un encuentro con los
primeros magistrados egresados del
Programa Inicial de Formación (PIF),
el cual forma parte de los planes de capacitación
de la Escuela Nacional del
Ministerio Público (ENMP).
Dijo además, que todos los miembros
del Ministerio Público serán dotados
de las herramientas necesarias
para realizar su trabajo, a los fines de
que puedan cumplir su compromiso
con la sociedad, haciendo de esta entidad
un organismo fuerte.
Exhortó a los fiscales a ser justos
y aplicar la ley sin distinción de raza,
sexo o posición económica.
Destacó que a los fiscales les ha
tocado ser los promotores y pilares de
la nueva era del Código Procesal Penal,
por lo que tienen un papel preponderante
en la sociedad, como es ser el
verdadero motor de la referida ley.
La actividad, celebrada en el auditorio
de la Procuraduría General de la
República, estuvo encabezada además,
por el director de la ENMP, licenciado
Ramón Núñez; la ex directora y profesora
honorífica de esa entidad académica,
doctora Aura Celeste Fernández;
y el director ejecutivo de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS),
doctor Servio Tulio Castaños.
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Procuraduría
se arma
para enfrentar abuso sexual,
violencia de género e intrafamiliar
Crea por todo el territorio, mecanismos de representación
y preservación de los derechos de las víctimas
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de
sus dependencias jerárquicas en funciones de Ministerio Público,
ha logrado establecer en gran parte del territorio, una
coordenada de mecanismos departamentales para enfrentar
la violencia de género, los abusos sexuales y los conflictos
intrafamiliares, y al mismo tiempo, ofrecer garantía y representación
legal a las personas víctimas de delitos.
Es un trabajo de alcance nacional que se sustenta
desde la propia institución rectora del
Ministerio Público, sobre todo a través de las
procuradurías de cortes y fiscalías destacadas
por regiones y provincias. En la sede de la PGR,
del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes,
se destaca una procuradora general adjunta
para Asuntos de la Mujer que se encarga de la
estructuración y supervisión, y opera además,
una Oficina Nacional de Representación Legal
de los Derechos de la Víctima. En el Distrito
Nacional, la PGR cuenta además, con la Dirección
Nacional de Atención a Víctima, con sus
oficinas en la calle 26 Este No. 26, del sector La
Castellana.
En tanto, que bajo la jurisdicción de la Procuraduría
Fiscal del Distrito Nacional, funciona
una Unidad de Atención, un Centro de Atención
a Sobreviviente de Violencia y la Línea Vida
como medida de emergencia que funciona las
24 horas de lunes a lunes, donde se puede llamar
sin costo desde cualquier lugar o móvil,
al teléfono (809) 200-1202. Allí se atienden los
casos de emergencia sobre violencia intrafamiliar,
maltrato a mujeres y niños abandonados.
Unidades de ese tipo, con nombres que varían,
operan también, bajo la jurisdicción de las
procuradurías fiscales, en las provincias Santo
Domingo (2), San Francisco de Macorís, La
Vega, Salcedo, Santiago de los Caballeros, San
Cristóbal y Peravia. Todas esas dependencias
están dirigidas por especialistas de la conducta
humana y reconocidas magistradas de carrera,
egresadas de la Escuela Nacional del Ministerio
Público, con especialidades en Derecho Procesal
Penal y asuntos relacionados con las leyes y
tratados sobre la familia, violencia de género,
abuso sexual y protección a las víctimas.
Ministerio Público
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GloRIanna Montás
Directora Nacional de
Atención a Víctimas
gloriannamontas@hotmail.com
La Dirección Nacional de Atención a Víctimas (DNAV) es
una entidad del Estado que representa y asume como suyos
los intereses de la Procuraduría General de la República en
el ámbito de la atención a las víctimas de delitos violentos.
Queda instituida oficialmente en fecha 13 de junio de 2005
por la resolución no.0008518, apoyándose de la normativa
nacional, las declaraciones internacionales, convenciones y
asambleas ratificadas por el país en torno a las condiciones
de víctima y violencia, basándose en el reconocimiento de
que la protección efectiva de los derechos humanos es un
deber del Estado.
Su creación responde a necesidades del sistema de justicia
dominicano: la subsistencia de condiciones de revictimización,
la prevalencia de disposiciones no retributivas para
las personas afectadas, los niveles elevados de incidencia de
delitos violentos y la limitada representación de los derechos
de las víctimas en la normativa jurídica actual. A partir de un
enfoque social humanista con la visión de la atención integral
y multidisciplinaria, fueron definidos el contexto y la población
meta de la DNAV: las víctimas de violencia, término que
oficialmente se ha definido como “todas aquellas personas
(sin distinción alguna), que de manera individual o colectiva
han sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o irrespeto de sus derechos a
consecuencia de acciones u omisiones que violan las leyes
vigentes en nuestro país”.
Los principios institucionales de los que deriva su accio-
nar son:
•
•
•
•
La defensa de los derechos de las víctimas de violencia.
Los derechos humanos y de las víctimas deben primar
en todo procedimiento que les involucre.
La invalidación de las costumbres y actitudes sociales
que apoyan y/o promueven el ejercicio de la violencia
de todo tipo.
Un correcto sistema de resarcimiento basado en un sistema
de justicia que da supremacía al valor humano sin
importar su condición.
De manera que, la finalidad principal de la DNAV es la con-
solidación de una cultura de respeto que se caracterice por
la revalorización de la víctima y por la protección de sus derechos,
a través de la aplicación de planes, programas, normas
y políticas de atención, asistencia y prevención. Su misión es
dirigir, coordinar y/o articular esfuerzos de las instituciones
y organismos comprometidos con la protección, atención,
intervención y seguimiento de las víctimas de violencia,
además de prevenir la violación de sus derechos. Esto, de la
mano de cinco valores fundamentales: humanidad, equidad,
representatividad, accesibilidad y homogeneidad.
En abril de 2005 se conforma el equipo de trabajo de la
DNAV, con una directora asistida por profesionales de la psi-
Ministerio Público
Dirección nacional
De atención a Víctimas
creaDa para DefenDer la integriDaD
humana en toDas sus Dimensiones
cología y del derecho, comprometidos profundamente con
esta causa. En este año, uno de sus mayores logros fue la
organización del cuerpo de profesionales de la Psicología
de Intervención en Crisis de la Procuraduría, que opera en
distintos estamentos a nivel nacional, y la incorporación del
área de Asesoría Legal que a partir del mes de junio se ha
dedicado a la orientación, referimiento y seguimiento de los
casos que necesitan acompañamiento o que han sido afectados
por irregularidades en el proceso legal.
En respuesta a la necesidad de descentralizar de los servicios
y favorecer el acceso y uso de los recursos dispuestos
por el Estado para las víctimas, se incluyó, entre las actividades
habituales, la gestión del establecimiento de relaciones
interinstitucionales que favorecieran la activación y coordinación
de redes de apoyo para la erradicación y prevención
de la victimización. Gracias a los esfuerzos de la DNAV en este
ámbito, se formalizaron acuerdos, compromisos y relaciones
de apoyo, como es el caso de las actividades realizadas con
la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes a
favor de la niñez desafortunada.
La determinación de áreas específicas para la planificación
y desarrollo de proyectos favoreció que el período
2005-2006 fuera considerado el año de mayor impulso en la
conformación de estructuras de servicios para víctimas en el
territorio nacional. Para finales de diciembre de 2005 se habían
inaugurado dos unidades de atención a víctimas localizadas
en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.
La Unidad de Atención a Víctimas Niños, Niñas, Adolescentes
y Familia, primer y único centro que se dispuso al público con
la finalidad de asistir en la recuperación integral de las víctimas
de violencia a través de la incorporación de una visión
multidisciplinaria de intervención. Y para mediados de 2006,
se adicionaron algunas más que por igual incluían servicios
multidisciplinarios, pero con la finalidad de apoyar la judicialización
de los casos: la Unidad Modelo de Atención Integral
a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Santiago;
la Unidad de Atención a Víctimas de La Vega y la Unidad de
Atención a Víctimas de Baní.
A finales de 2006 y principios de 2007, la DNAV estableció
nuevas metas, ahora orientándose hacia la transformación
de la conciencia social de la victimización. Se plantea el objetivo
de anular las tendencias pasivo-agresivas de la sociedad,
que consienten la continuidad de una cultura violenta y el
traspaso de modelos abusivos tradicionalistas; identifica mecanismos
de acercamiento a la población y pone en marcha,
con todos sus recursos, estrategias, con el fin de involucrarse
en compromisos de magnitud nacional que le revistan de
recursos para afrontar esta problemática.
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eflexiones sobre
la procuraDuría general aDjunta para
asuntos De la mujer
La Procuraduría General de la República
tiene la atribución específica de “dirigir la política
del Estado contra la criminalidad, en coordinación
con los lineamientos trazados a tales
fines por el Poder Ejecutivo”.
En este sentido, a partir de la puesta en
marcha del Plan de Seguridad Democrática, la
PGR estructuró los lineamientos de la política
criminal dentro de los parámetros de dicho
plan, definiendo las líneas centrales tanto en
el ámbito de la prevención como en el de la
persecución, conjuntamente con las demás
instituciones que inciden en el fenómeno de la
delincuencia.
Por esta razón y dada la importancia del
Ministerio Público en la creación y ejecución
de políticas efectivas a nivel nacional, y como
resultado de una alianza estratégica con la Secretaría
de Estado de la Mujer, fue creada la
Procuraduría General Adjunta para Asuntos de
la Mujer, en el mes de diciembre del año 2006,
con el propósito de estructurar y ejecutar la
política del Ministerio Público a nivel nacional,
en torno al abordaje y tratamiento de la violencia
de género, intrafamiliar y sexual a través de
la instalación de Unidades de Atención a Víctimas
en todo el país, como una muestra del
compromiso institucional de tolerancia cero
hacia la violencia contra la mujer, externado
de manera reiterada por el honorable procurador
general de la República, doctor Radhamés
Jiménez Peña, de quien hemos recibido
total apoyo para la materialización de todo
este proyecto.
Mediante la creación de las Unidades de
Atención a las Víctimas de Violencia procuramos,
de manera uniforme en todo el país,
facilitar el acceso de las mismas al sistema de
justicia con absoluto respeto a su integridad,
con equidad de género y procurando la no
revictimización en la ya de por sí ruta crítica
de la violencia. Es decir, que las víctimas (masculinos
o femeninas) reciban el mismo trato
respetuoso y profesional. Actualmente, operan
las unidades de: Distrito Nacional, Santo
Domingo Este, San Cristóbal, Peravia , La Vega,
Santiago y Salcedo, quedando pendientes de
instalar en lo inmediato, Monseñor Nouel,
Duarte, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez,
Espaillat, Monte Cristi, Dajabón, San Juan de la
Maguana, Barahona, La Romana, Hato Mayor
y La Altagracia.
Conviene resaltar que para la instalación de
estas unidades, valoramos como indicadores
la cantidad de denuncias recibidas diariamente
por las procuradurías fiscales de los diversos
distritos judiciales, estén operando o no bajo
el nuevo modelo de gestión. Por ejemplo, en
Puerto Plata observamos, para citar un caso,
que aproximadamente el 60% de los casos recibidos
corresponden a violencia de género,
intrafamiliar o sexual.
Por otra parte, laboramos en el fortalecimiento
logístico de las unidades ya en funcionamiento
de los distritos judiciales de La Vega,
Peravia, San Cristóbal y Santiago, contando
con el irrestricto respaldo de cada uno de los
procuradores fiscales de estas provincias.
Otro aspecto relevante que no podemos
pasar por alto son las alianzas estratégicas,
que para el establecimiento de políticas comunes
de atención especializada integral a
víctimas de violencia de género, hemos estructurado
con la Oficina de la Procuradora de
las Mujeres de Puerto Rico y el Ministerio de
Justicia de España. Sensibilización y capacitación
de fiscales, médicos legistas, psicólogos,
policías y auxiliares en la Escuela Nacional del
Ministerio Público y de la Judicatura, respectivamente.
También, hemos recibido entrenamientos
auspiciados por la Agencia Española
de Cooperación Internacional, la Secretaría de
Estado de la Mujer, la Secretaría de Educación
y organizaciones no gubernamentales vinculadas
al tema. Un punto de gran importancia es
la estructuración de un observatorio estadístico
del Ministerio Público a nivel nacional en
materia de violencia de género, intrafamiliar
y sexual, para control y seguimiento de casos,
así como una toma de decisiones acertadas
que nos permita cada vez ser proactivos en la
articulación de una política de lucha contra la
violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones.
Roxanna REyEs aCosta
Procuradora general adjunta para
Asuntos de la Mujer
rareyes@procuraduria.gov.do
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 19 21/12/2007 02:14:27 p.m.

0
Directorio Nacional de Atención a la Víctima, Violencia de Género,
Intrafamiliar y Abuso Sexual
Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer
Sede PGR, tercer nivel, Palacio de Justicia del Centro de los Héroes
Tels.: (809) 533-3522 Ext. 267/ (1-809)443- 4351
Roxanna Reyes Acosta, Procuradora general adjunta de la Mujer.
Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima
Sede PGR, tercer nivel, Palacio de Justicia del Centro de los Héroes
Tel: (809) 533-3522. Ext. 218
Directora: María Hernández.
Dirección Nacional de Atención a Víctima
C /26 Este No. 26, La Castellana, Distrito Nacional
Tels.: (809) 533-3522 Ext. 820
Directora: Glorianna Montás.
Unidad de Atención y Prevención de la Violencia del Distrito Nacional
Av. Rómulo Betancourt 301, Bella Vista
Tels.: (809)533-6668/ 315-3741
Coordinadora: Yanit Pujols.
Centro de Atención a Sobreviviente de Violencia
C/Hostos No. 350, esq. Luperón, Ciudad Colonial
Tels.: (809) 221-7782/ 221-7785
Directora: Solange Alvarado.
Unidad de emergencia 24 horas de lunes a lunes “Línea Vida”
Avenida México 38, Gazcue
Tels. (809) 200-1202/ 688-7575
Coordinadora: Rosanna Campusano.
Unidad de Atención y Prevención a las Víctimas de
Violencia de Género e Intrafamiliar
Calle Puerto Rico 103, Alma Rosa I, Santo Domingo Este
Tels: (809) 593-4004/ 596-8143
Coordinadora: Ivelisse Casado.
Unidad de Prevención de Violencia de Género y Abuso Sexual,
Provincia Santo Domingo
Calle Ramón Marrero Aristy No. 3, Ensanche Ozama
Tels.: (809) 593-7058
Coordinadora: Miriam Cordones.
Unidad de Atención a la Víctima, San Francisco de Macorís
Avenida Los Mártires, edificio del Cuartel Policial, tercer piso
Tels.: (809) 244-3262/ 588-2236
Coordinadora: Rosa María De León.
Unidad de Atención a la Víctima de La Vega
(Violencia de Género y Abuso Sexual)
Padre Xavier Billini No. 37
Tels.: (809) 242-2926/573-2386
Coordinadora: María Esperanza Graciano.
Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia
de Género e Intrafamiliar, Santiago de los Caballeros
Av. 27 de Febrero esq. Manuel E., Ensanche Román
Tels.: (809) 576-0151/ 443-4259/653-4666
Coordinadora: Luisa Liranzo.
Unidad de Atención Integral
a la Víctima de Género y Agresión Sexual de Baní
Calle 04 No. 25, Barrio 30 de Mayo
Tels.: (809) 522-8674/ 522-0400/ 315-8544
Coordinadora: Santa Odesty Luna Percel.
Centro de Violencia Integral Justicia
a la Violencia de Género y Abuso Sexual de San Cristóbal
Calle Mella No. 34 Altos (encima de Agua Monte Real)
Tels.: (809) 528-1772/ (1-809) 889-7736
Coordinadora: Anallancy Sierra Montero.
Unidad de Atención a la Víctima
de Violencia Intrafamiliar de Género y Abuso Sexual de Salcedo
Calle Francisca R. Mollin No. 98 (frente a la Cooperativa Real)
Tels.: (809) 577-3813/ 577-4913/ (1-809) 315-9912
Coordinadora: zoila Rodríguez Infante.
Ministerio Público
La magistrada Yanit Pujols, coordinadora de la unidad de Bella Vista, y el
personal que le asiste.
Glorianna Montás junto al personal que le asiste en las labores de la Dirección
Nacional de Atención a Víctimas.
La magistrada Luna Percel, de Baní, y su equipo de apoyo.
Revista-MP-Edic3.indd 20 21/12/2007 02:14:36 p.m.

aRaCElIs y. PERalta FRanCo
Coordinadora general
aperaltafranco@hotmail.com
Contribuir a la erradicación de violencia es un principio y
una cuestión de justicia. Es por ello que la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, reconoce, en su preámbulo, que la violencia
contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres. La República Dominicana,
como parte de los países signatarios de este acuerdo
internacional, en el año 1997 promulgó la Ley Contra la Violencia
Intrafamiliar (24-97), dando un paso significativo en la
aplicación de justicia.
un modelo reproducido
Con el objetivo de proveer un sistema que facilite el acceso
de la víctima a la justicia, les asegure una atención integral
y un trato digno, así como también facilitar la normal integración
de la víctima a la sociedad, el resarcimiento de los
daños ocasionados por el delito en la víctima, y contribuir al
orden público, se inaugura el 29 de marzo de 2005 la Unidad
de Atención y Prevención de la Violencia de la Fiscalía del Distrito
Nacional, modelo que ha sido reproducido en distintas
provincias del país y ha ganado el reconocimiento internacional.
Esta entidad cuenta con un servicio integral y especializado
de profesionales debidamente sensibilizados, entre
los que se encuentran ginecólogos forenses, psicólogas de
intervención en crisis, psiologías forenses, sociólogos y fiscales
adjuntas capacitadas en los casos de violencia contra
la mujer e intrafamiliar. Los departamentos que componen
esta unidad son: Violencia de Género, Delitos Sexuales; Niñez,
Adolescencia y Familia; Línea Vida y el Centro de Atención
a Sobrevivientes de Violencia
Estadísticas
En los últimos dos años se han recibido 20,231 denuncias
por violencia de género e intrafamiliar; 960 por delitos
sexuales; 5,032 por conflictos de familia; 2,119 a través de la
Línea Vida; y el Departamento Violencia de Género ha incautado
196 armas de fuego a agresores.
Voluntariado
La Unidad de Atención y Prevención de la Violencia cuenta
con un voluntariado técnico de apoyo, conformado por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
abordan el tema de la violencia contra la mujer e intrafamiliar.
Y su función esencial es participar, junto a la fiscalía, de
las políticas que deberán ser implementadas.
Descentralización
El Departamento de Violencia de Género, por ser el que
más casos recibe, ha descentralizado sus funciones en 13 uni-
Bella Vista, Distrito Nacional
uniDaD De atención
y preVención De la Violencia
dades operativas que funcionan en igual número de fiscalías
barriales, diseminadas en toda la jurisdicción del Distrito Nacional,
que funcionan con el mismo protocolo de atención
que la unidad central.
Charlas preventivas
En junio de 2005 se inició el Programa de Charlas Preventivas
de Violencia para Hombres, bajo la responsabilidad
del licenciado Puro Blanco, en el cual participan, por disposición
judicial, los agresores que son denunciados. Actualmente
para cumplir con el tratamiento a los agresores, la
Fiscalía del Distrito Nacional está inmersa en un proceso de
intercambio de experiencia con otros países, para crear un
Centro de Atención y Recuperación para Hombres que Ejercen
Violencia, motivo por el cual recientemente nos visitó la
señora Shirley Jones, consultora de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que cuenta
con más de 30 años de experiencia en programas con agresores
en los Estados Unidos.
Evaluación a víctimas
A principios de 2006 se implementó el cuestionario de
evaluación a víctimas de violencia intrafamiliar, con la colaboración
de la Dirección de Atención a Víctimas y la Secretaría
de Estado de la Mujer, que permite medir el riesgo en
que se encuentra una víctima, y de este modo tomar las
medidas acordes con el caso.
línea Vida
A través de la línea 809-200-1202 (Línea Vida) pueden
reportarse los casos relacionados con violencia de género,
sexual e intrafamiliar, así como los maltratos a los menores
de edad. Esta ofrece servicio todos los días de la semana
en horario de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., con registro y
atención inmediata, acceso gratuito y orientación a las víctimas
sobre los procedimientos a seguir según el delito de
violencia.
Asimismo, se ejecuta un programa de charlas en escuelas
y colegios sobre prevención del maltrato infantil, dirigido
tanto a los padres como a los adolescentes.
Causas de conflictos
Cabe destacar que en los conflictos familiares el 75% de
los casos son a causa del consumo de sustancias controladas,
y por ello en la unidad contamos con un grupo de apoyo
de narcóticos anónimos y adictos en recuperación, bajo la
supervisión del doctor Elías Tejada.
Ministerio Público
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Ministerio Público
San Fco. Macorís
Rosa María de León Salazar
Coordinadora
rmlsalazar@gmail.com
Esta unidad conoce los casos de violencia contra la mujer e
intrafamiliar, delitos sexuales, así como abuso y maltrato a
menores de edad. La frecuencia con que llegan los mismos es
de 20 a 30 casos por día. En mayor escala se encuentran las
denuncias de violencia contra la mujer e intrafamiliar, seguido
de los delitos sexuales (violaciones sexuales, agresiones
sexuales, seducción y sustracción de menores) y finalmente,
No es un asunto de recibir a los usuarios solamente,
sobre todo mujeres que vienen afectadas por los actos
de violencia, maltratos y violación sexual. Aquí
las recibimos, les prestamos la atención y les damos
la orientación legal y profesional que demanda cada
situación. Como operadores del sistema de justicia que somos, valoramos el caso y
procedemos a actuar en consecuencia. Si evidenciamos signos de violencia, enviamos
a la denunciante al médico legista en procura de una evaluación médico legal,
para obtener luego lo que llamamos la pieza clave. Si se trata de violación sexual,
buscamos profesionalmente el cuerpo de la denuncia y procedemos a la investigación.
Una vez ubicado el presunto autor, solicitamos al juez de atención permanente
una orden de arresto en base a lo que dispone la Ley 24-97”.
el abuso y maltrato contra menores de edad. En general, el servicio brindado en esta
unidad ha sido aceptado de manera positiva por las personas que a diario acuden
en busca de algún tipo de orientación o ayuda, ya que cada día es más la cantidad
de usuarios que nos visitan, tanto de sexo femenino como masculino, pero con mayor
frecuencia las mujeres, por ser éstas las más violentadas.
La Vega
María Esperanza Graciano
Coordinadora
megraciano@gmail.com
Siendo la familia la célula social por excelencia, de su
estado depende la sociedad que nos tocará vivir, y es ahí
donde la unidad tiene un papel preponderante, ya que al
propiciar la unidad familiar, se trata de llegar a acuerdo
satisfactorio para los participantes en el conflicto, y cuando
el acuerdo no es posible, busca que se haga justicia,
dando así el apoyo necesario para el respeto y la equidad
entre los miembros. Esta unidad, desde su inicio, ha dado
San Cristóbal
Anallancy Sierra Montero
Coordinadora
allancys@hmail.com
Desde el punto de vista emocional y psicológico, se ofrece
el espacio ideal para atender la crisis psicológica, que
es el resultado de las condiciones de violencia que han
enfrentado. En este departamento se evalúa la situación
emocional o de riesgo que está sufriendo la víctima para
apoyar su querella, se les orienta sobre las opciones que
pueden tomar, y los lugares que deben visitar para recibir servicios que ayuden a su recuperación.
Desde el punto de vista médico-legal contamos con el apoyo de un médico-legista,
quien labora en coordinación con la unidad, evaluando físicamente a las víctimas
y emitiendo el correspondiente certificado médico.
Baní
Santa Odesty Luna Percel
Coordinadora
santaodesty@gmail.com
a la población un servicio fundamental, ya que las víctimas tienen un lugar donde su
problema es tratado de manera profesional por un equipo multidisciplinario que brinda
su servicio con compromiso, y que está sensibilizado con los problemas de violencia.
No se trata de hacer simplemente un trabajo, sino más bien de prevenir, atender, dar
apoyo y seguimiento a los casos, siendo objetivo e independiente al momento de tomar
decisiones.
Revista-MP-Edic3.indd 22 21/12/2007 02:14:42 p.m.

Ciudad Colonial
Solange Alvarado Espaillat
Directora
solangealvarado@yahoo.com
Dada la naturaleza de la infracción y la condición de
subordinación económica de la víctima con respecto al
imputado, se ha instituido un sistema de arrestos desde
la Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia de
Género, Sexual e Intrafamiliar de Santiago, por lo que
en la actualidad disponemos de un vehículo para la ejecución
inmediata de las órdenes de arresto. Las unidades
de atención integral desde la justicia, forman parte
Santiago
Luisa Liranzo Santee
Coordinadora
luliranzo@procuraduria.com
del modelo nacional para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar,
de género y sexual, por lo que cada día aumenta más nuestro compromiso como
operadoras del sistema de justicia, con la promoción de una cultura de paz y
convivencia respetuosa, por lo que concluimos diciendo que “nada justifica la
violencia”.
Salcedo (Provincia Hermanas Mirabal)
zoila Rodríguez Infante
Coordinadora
rmlsalazar@gmail.com
El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia
es un servicio que ofrece la Fiscalía del Distrito
Nacional como complemento de la atención a las
usuarias que denuncian violencia intrafamiliar, de
género y abuso sexual en las fiscalías barriales, en la
Unidad de Atención y Prevención de la Violencia y el
Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia. Es el paso que completa el proceso de
atención, pues la experiencia hasta ahora ha sido que las usuarias denuncian el maltrato,
y producto del ciclo en que se desarrolla y sostiene esta dinámica de acudir a retirar
la denuncia para unos días más tarde volver a denunciar nuevas golpizas, afectada
emocionalmente y corre el riesgo inminente de morir en manos de su agresor. En sus dos
meses de funcionamiento se ha evitado la muerte de 209 mujeres, quienes han recibido
terapia individual, evaluación psiquiátrica, evaluación psicológica profunda, grupo de
mutua ayuda y terapia corporal. El centro es un espacio que ofrece la posibilidad para la
recuperación emocional luego de todo el daño provocado por la violencia; es justamente
la alternativa para recuperar la autoestima, enfrentar el proyecto de vida, empoderarse
y no permitir más daño. Tenemos un abordaje holístico de la problemática, que nos
permite impactar todas las áreas de desarrollo de las personas que nos visitan a través
de los distintos programas puestos a su disposición.
En la actualidad, desde su inauguración, en esta unidad, con apenas cuatro meses de
haber sido creada, se han atendido más de 200 casos, entre ellos, con procesos judiciales
abiertos y otros con medidas tomadas que favorecen a las víctimas de violencia.
Estamos trabajando y cabe destacar que dentro del trabajo realizado, se creó la Red
de Seguimiento de las Víctimas de Violencia. La red está formada por instituciones
gubernamentales y las iglesias que prestan su servicio en la comunidad, entre las que se
pueden citar: el Centro Jurídico para la Mujer, Unidad de Salud Mental, Oficina para
el Desarrollo de la Mujer, la Secretaría de Estado de la Mujer, Consejo Nacional para la
Niñez (CONANI) y la Procuraduría Fiscal de Niños Niñas y Adolescentes. También,
las cuatro parroquias de la provincia, entre otras instituciones de la sociedad civil. Su
finalidad es velar por el trabajo de la unidad, así como ayudar en los procedimientos
llevados a cabo en las mismas.
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 23 21/12/2007 02:14:48 p.m.

D y Pr se unen para erradicar
violencia contra la Mujer
Lanzan campaña “Pégale a la Pared”
La República Dominicana y Puerto Rico
lanzaron de manera conjunta la campaña
institucional “Pégale a la Pared”,
orientada a concienciar a los varones
agresores a que respeten la dignidad y
la integridad física de las mujeres.
La presentación de la campaña, realizada
en la sede de la Procuraduría General
de la República Dominicana el pasado
19 de diciembre de este año, estuvo
encabezada por la primera dama y el
máximo representante del Ministerio
Público dominicanos, Margarita Cedeño
de Fernández y Radhamés Jiménez
Peña, así como los secretarios de Estado
y de Justicia del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, Fernando Bonilla
y Roberto Sánchez, respectivamente,
entre otros funcionarios de ambos países.
La campaña, organizada por el Despacho
de la Primera Dama, la Procuraduría
General de la República y la Oficina
de la Procuraduría General de las Mujeres
del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en su primera fase consta de
los spots de los artistas Juan Luis Guerra
por la parte dominicana y Gilberto
Santa Rosa por la parte puertorriqueña,
que serán difundidos de manera
simultánea en los dos países.
El nombre “Pégale a la Pared” surge de
la canción del mismo nombre escrita
por el cantautor mexicano Reyli Barba,
quien junto a su disquera Sony Music
cedió los correspondientes derechos
de uso.
Desde la izquierda, Roberto Sánchez, secretario de Justicia de Puerto Rico; María
Dolores Fernós, procuradora de las mujeres de Puerto Rico; Margarita Cedeño de
Fernández, primera dama de la República; Radhamés Jiménez Peña, procurador
general de la República; Roxanna Reyes Acosta, procuradora de la Mujer de República
Dominicana y Fernando Bonilla, secretario de Estado de Puerto Rico.
Ministerio Público
Desde la izquierda, el magistrado Jiménez Peña, Margarita Cedeño de Fernández, Fernando Bonilla, Kirsys Fernández,
Roxanna Reyes y el artista Gilberto Santa Rosa, entre otras personalidades de la mesa.
La actividad, transmitida en vivo, vía
satélite, por los canales 4 en República
Dominicana y 6 en Puerto Rico, estuvo
encabezada además, por Gilberto
Santa Rosa, el cantante Roger zayas,
en representación de Juan Luis Guerra;
Reyli Barba, así como las procuradoras
para Asuntos de la Mujer de la República
Dominicana y Puerto Rico, Roxanna
Reyes y María Dolores Fernós, respectivamente.
También estuvo presente, la
presidenta del Consejo Nacional para la
Niñez (CONANI), Kirsys Fernández.
La iniciativa forma parte de un convenio
de cooperación técnica suscrito entre el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
la Procuraduría General de la República
Dominicana, quedando la ejecución del
mismo a cargo de las Procuradurías de
la Mujer de ambos países.
La organización de la campaña estuvo a
cargo de la magistrada Roxanna Reyes,
estructurada con la asesoría de profesionales
de la conducta que de manera
directa trabajan en intervención en
crisis de las mujeres víctimas y varones
agresores.
Posteriormente, en una segunda fase
de la campaña se expondrán en radio
y televisión los spots de los artistas
Joseph Fonseca, de Puerto Rico, Reyli
Barba, y los dominicanos Wason Brazoban,
Andy Andy y Raymond Pozo,
entre otros.
En la actividad, que incluyó una presentación
artística de Reyli Barba, también
hablaron el doctor Radhamés Jiménez
Peña, Fernando Bonilla, Roberto Sánchez,
Roxanna Reyes y María Dolores
Fernós.
El artista mexicano Reyli Barba, autor de la canción Pégale a la pared, mientras interpertaba
la misma en el lanzamiento de la campaña institucional conjunta del Despacho de la
Primera Dama, Procuraduría General de la República y la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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NuEVo CaSo DE gaNaNCIa PaRa MINIStERIo PúBLICo
a solicitud de recurso de Procurador adjunto
suprema casa resolución
de corte de apelación del D. N.
que ordenaba la libertad de un
condenado a 15 años
El caso se relaciona con la aplicación de los artículos
y del Código Procesal Penal, sobre
el cese de la prisión preventiva.
Acogiendo como bueno y válido el
recurso de un procurador adjunto, la
Cámara Penal de la Suprema Corte de
Justicia casó una resolución que disponía
la libertad, mediante el pago de
una garantía económica, de un condenado
a 15 años de reclusión mayor.
La resolución había sido emitida por
la Segunda Sala de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La decisión del máximo tribunal de
justicia del país que establece jurisprudencia
sobre la materia, se convierte
durante este año en el segundo caso
de ganancia de causa de un procurador
adjunto, en esta oportunidad, el
licenciado Bienvenido Ventura Cuevas,
actuando en representación del
titular, el procurador general de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional,
doctor Juan Amado Cedano Santana.
En el uso del buen derecho, el magistrado
Ventura Cuevas sostenía la tesis
de que, para decidir acerca del cese
de la prisión preventiva, era necesario
diferenciar entre un imputado que
estaba preso bajo esas circunstancias
como consecuencia de una medida
de coerción, y uno que lo estaba por
haber intervenido en su contra una
sentencia condenatoria dictada por un
juez de fondo.
En ese orden, sustentaba el criterio
de que tratándose del caso de un preso
condenado, al imputado no le eran
aplicables los artículos 241 y 242 del
Código Procesal Penal, debido a que
los mismos, sólo debían ser utilizados
como medida de coerción en los casos
de prisión preventiva que la nueva normativa
fija en un año y una prórroga
de seis meses.
Sin embargo, la indicada sala penal
de la corte de apelación capitalina,
mediante la resolución No. 196-ss-
2007 de fecha 3 de mayo del corriente
año, desestimó la solicitud de cese de
prisión preventiva interpuesta por el
recurrente, y en su lugar lo favoreció
poniéndolo en libertad mediante el
pago de una garantía económica de
dos millones de pesos, presentarse de
manera periódica los días 14 de cada
mes por ante el procurador adjunto de
la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
y el impedimento de salida del
país sin la autorización de rigor.
El recluso involucrado es Edison Batista
de Oleo, condenado al amparo
del viejo Código de Instrucción Criminal,
a 15 años de reclusión mayor por
violación de los artículos 2, 265, 266,
295, 296, 298, 309, 379, 382, 383 y 385
del Código Penal Dominicano y los artículos
39 (párrafo III), 50 y 56 de la Ley
36, sobre comercio, porte y tenencia
de armas de fuego.
La sentencia es la No. 12-02 de fecha
18 de enero del año 2002 dictada
por la Novena Sala de la Cámara Penal
del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, la cual había
sido recurrida en apelación por el im-
BIENVENIDO VENTURA CUEVAS
Procurador adjunto de la Corte de
Apelación del D. N.
bventurac@yahoo.es
putado en fecha 22 de enero de ese
mismo año.
El recurso y la casación
Fue ante esa situación violatoria de
principios del Código Procesal Penal,
que se produjo el recurso de casación
del magistrado Ventura Cuevas por
ante la Suprema Corte de Justicia, mediante
instancia de fecha 7 de mayo
de 2007, depositada dos días después
en la Secretaría de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En la misma, el procurador adjunto
invocaba como único medio de casación:
“La contradicción de fallo de sentencia
de la Corte A-qua en relación
con decisiones anteriores emitidas por
la misma corte (Art. 426, inciso 2 del
Código Procesal Penal)”.
El recurso se fundamentaba también
en el hecho de que existían varias
decisiones dadas por la Corte A-qua,
de solicitudes similares, en donde había
rechazado el cese de la prisión preventiva
sin variarle la misma por ninguna
de las demás medidas de coerción
prevista en el Art. 226 de la Ley 76-02.
Y el 19 de septiembre de 2007, la
Cámara Penal de la Suprema Corte de
Justicia se expresó mediante sentencia,
acogiendo en todas sus partes el
recurso del procurador adjunto de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional,
casando la referida resolución y
enviando el asunto por ante la Cámara
Ministerio Público
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Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago,
jurisdicción en donde en enero de
este mismo año, otro procurador
adjunto, el licenciado Juan Carlos Bircann,
actuando a nombre de la procuradora
general, magistrada Vielka
Calderón, había obtenido ganancia
de causa sobre otro caso objeto de
un recurso de casación.
La sentencia de la Corte Penal de
la SCJ, referente a Santiago, es la No.
96 del 11 de enero 2007, mediante la
cual se casó la decisión de la Corte
de Apelación de ese Distrito Judicial,
que impedía al Ministerio Público
motivar y presentar conclusiones sobre
los casos y procesos que tenían
lugar en esa jurisdicción, alegando
que las actuaciones de los fiscales en
ese sentido constituían una sorpresa
para el recurrente.
En ambos casos, tanto con la sentencia
de casación del Distrito Nacional
como con la de Santiago, referidas
a las cortes de apelación de
sus respectivas jurisdicciones, y con
las que el Ministerio Público obtiene
ganancias de causa, se sientan precedentes
y de paso jurisprudencia a
favor de una correcta administración
de justicia.
Destacable fue el rol desempeñado
en ambos casos, por el Departamento
de Dictámenes y Litigio de
la Procuraduria General de la República,
cuyos procuradores adjuntos
dirigidos por el magistrado Angel
Castillo Tejada sostuvieron y ampliaron
ya en estrado, con puntuales opiniones,
la validez de los recursos de
casación refrendados.
Ventura Cuevas nos habla del caso
El magistrado Ventura Cuevas
dice que motivó su recurso de casación
en base a dispositivos puntuales
de la Ley 76-02 sobre el Código Procesal
Penal, a partir del proceso de
liquidación de todas las causas que
se conocieron al amparo del viejo Código
de Instrucción Criminal, que se
inició conjuntamente con la entrada
en vigencia del nuevo código en septiembre
del año 2004.
Recuerda que la nueva situación
motivó que en todas las jurisdicciones
de segundo grado, se desencadenara
un festival de solicitudes
de cese de prisión preventiva por
imputados que ya habían sido condenados
en un juicio de fondo, bajo
el alegato, en la mayoría de los ca-
Ministerio Público
sos, del cese de la misma, por haber
transcurrido el tiempo máximo de su
duración prevista en los artículos 241
y 242 del Código Procesal Penal, que
es de un año, prorrogable por seis
meses en caso de que el fallo haya
sido recurrido por el imputado o por
el Ministerio Público en su favor.
Expone que esas solicitudes las
realizaban en gran parte, aquellos
imputados con procesos abiertos
e instruidos conforme lo dispuesto
por el viejo Código de Procedimiento
Criminal, pero que pasaron al dominio
de la nueva normativa procesal
penal, debido a la aplicación del artículo
5 de la Ley No. 278-04 sobre
Implementación del Código Procesal
Penal, así como el artículo 14 de la
resolución No. 2529-2006 de fecha
31 de agosto de 2006, dictada por la
Suprema Corte de Justicia
Ventura Cuevas resalta el impacto
positivo de la sentencia de casación,
sobre todo para las personas
víctimas de crímenes y delitos, cuyos
derechos e integridad deben ser representados
y protegidos por el Ministerio
Público.
En particular se refirió a varios
considerandos de la sentencia, entre
ellos el primero que reza:
“Considerando, que del estudio y
análisis del valor semántico de las palabras
y de los términos empleados
en el Código Procesal Penal, se deriva
que por la expresión “preso preventivo
o provisional” debe entenderse
aquella persona contra quien
se ha dictado una medida excepcional
de encarcelamiento transitorio
durante la fase de investigación, que
dada la gravedad del hecho que se le
imputa y la existencia de elementos
que hacen presumir su participación
en el mismo, es adoptada para que
no pueda evadir el procedimiento judicial
y la posible sanción si es declarado
culpable; en cambio, debe entenderse
por “recluso condenado”
aquel a quien un tribunal competente
le ha impuesto una pena privativa
de libertad, la cual es definitiva desde
el punto de vista de la instancia
que la ha pronunciado, aunque no
irrevocable, puesto que está sujeta
a ser considerada nueva vez por un
tribunal superior, cuando es objeto
de un recurso”.
El segundo considerando, destacado
también por Ventura Cuevas,
dice por su parte lo siguiente:
“Considerando, que los artículos
241 y 242 del Código Procesal Penal,
que establece el cese de la prisión
preventiva, el primero, y la prorroga
de esta medida por seis meses
en caso de apelación, el segundo,
obviamente se refiere al cese y prorroga
temporal, respectivamente, de
esa medida de coerción, y no al cese
de la sentencia que ha impuesto una
pena privativa de libertad, dictada
por un tribunal apoderado del conocimiento
del fondo del asunto; que el
contenido de las disposiciones de un
código no puede interpretarse aisladamente,
sino dentro del contexto
en que fueron concebidas, y estos
dos artículos se refieren exclusivamente
al régimen de las medidas de
coerción, puesto que el legislador lo
que persigue con su creación es que
los imputados sean enviados a juicio
de fondo dentro de un plazo razonable,
y no que la fase preparatoria
o de instrucción se prolongue en
demasía, como solía suceder antes
de la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal”.
Mientras que el tercer considerando
igualmente acopiado, señala:
“Considerando, que por tanto, es
necesario entender que en la especie,
el imputado fue sentenciado a
quince (15) años de reclusión mayor,
lo que cambió su status de preso
preventivo a recluso condenado, a
cuya situación no puede aplicársele
los artículos 241 y 242 del citado código,
que se refieren a las medidas de
coerción”.
El magistrado Ventura Cuevas señala
finalmente que “a hora buena
ha llegado esta importante decisión
a la comunidad jurídica nacional, ya
que con la misma “honorable Suprema
Corte de Justicia realiza un valioso
aporte a todos los operadores del
sistema de justicia penal en la República
Dominicana, al establecer una
orientación jurisprudencial acerca
del uso, aplicación y alcance de los
Arts. 241 y 242 del Código Procesal
Penal, relativo al cese de la Prisión
Preventiva y a la prórroga de la misma,
cuya disposición legal se utilizaba
de manera abusiva e indiscriminada
en las diferentes jurisdicciones del
país, logrando obtener su libertad
mediante esta vía, un gran número
de imputados acusados de diferentes
hechos punibles”.
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etos del Ministerio Público
en un Sistema Democrático
Texto de la conferencia magistral ofrecida por Franciso Dall’ Anese Ruiz, fiscal general de
Costa Rica, el de enero de 00 , invitado por su colega dominicano, Radhamés Jiménez
Peña, procurador general de la República. La actividad tuvo lugar en el auditorio del Ministerio
Público, ubicado en el segundo nivel del Palacio de Justicia, en el Centro de los
Héroes.
Señor Procurador General de la
República; señoras y señores de la
mesa principal:
Agradezco la oportunidad que se
me ha brindado de venir a la República
Dominicana a compartir un poco
los conocimientos que tenemos. Un
país admirado por los costarricenses,
un país al que yo quería venir a
compartir un poco los conocimientos
que tenemos y la experiencia que
tengo del Ministerio Público costarricense,
y que me ha dado la oportunidad
de encontrarme con amigos
y amigas que hace mucho tiempo no
veía, que me permitirá volver a estrechar
las relaciones que hace mucho
tiempo se vieron truncadas por
distintos caminos que cada uno van
tomando en la vida.
Para entrar en materia, quiero
señalar que el Ministerio Público
costarricense tiene escasos 31 años
de figurar en el organigrama jurídico-político
de Costa Rica. Nació en
1975 por los cuestionamientos que
los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia costarricense hacían al
sistema de justicia penal. Costa Rica
tenía un enorme compromiso por
aquellos años, iniciando los años 70
si se ratificaba y entraba en vigencia,
por el número de países requeridos,
la Convención Interamericana de
Derechos Humanos conocida como
Pacto de San José. Costa Rica iba a
Francisco Dall’ Anese Ruíz.
ser la sede de la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos como
en efecto ya lo es, y el problema que
enfrentaba el país era una justicia
penal definida que no estaba acorde
con un país que tenía que ser sede de
la Corte de los Derechos Humanos.
Se empezaron a cuestionar las instituciones
que pertenecían al sistema
penal, y a partir de ahí vino una primera
reforma que se promulga en
1973 y entra en vigencia en 1975.
Antes de 1975 Costa Rica lo que
tenía era un proceso inquisitivo dividido
en dos fases, las dos escritas:
una ante un juez de menor rango
que se conocía con el nombre de
alcalde, que no es el alcalde político
que se conoce hoy, y ante el alcalde
era que se hacía la investigación;
y una segunda fase que se conocía
como fase de plenario, en que el
asunto se trasladaba al juez penal y
con todo el expediente escrito dictaba
sentencia. Nunca este juez que
dictaba sentencia le veía la cara a los
testigos y a los acusados, ni siquiera
a los abogados. Era una justicia
de papel. Se suponía que el órgano
acusador era la Procuraduría General
de la República, porque en Costa
Rica hay Procuraduría General y Ministerio
Público.
La Procuraduría General ahora
mismo está adscrita al Poder Ejecutivo
y el Ministerio Público, como lo
Ministerio Público
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señalaba el Procurador General, a la
Corte Suprema de Justicia. Pero nació
en 1975 este Ministerio Público.
El cuestionamiento que se le hacía
a la Procuraduría es que era el actor
penal, pero los procuradores se limitaban
a señalar el lugar para oir notificaciones
y de vez en cuando apelar
alguna sentencia, pero toda la carga
de investigación la llevaba el alcalde.
¿Y ustedes se imaginan lo que es ser
juez y ser parte?, ser el juez y ser el
investigador dentro del proceso penal.
Y la Policía Investigativa estaba
a cargo de la Dirección de Investigaciones
Criminales conocida como la
DIC, donde se comenzaban a detectar
todas las clases de prácticas, digamos
poco ortodoxas para secuencia. Era
una crisis, en realidad, la que había en
el sistema penal, y Costa Rica no podía
ser sede de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos presentando
este rostro.
Entonces, vino la primera gran
reforma propuesta desde la Corte Suprema
de Justicia en Costa Rica. Las
grandes reformas no han salido de
las universidades curiosamente como
corresponde o como ha de esperar
cualquier país, sino que las grandes
reformas han salido de la Corte Suprema.
Y en los años 70 se hizo la propuesta
y se promulgaron las leyes en
1973. Y el proceso penal, que puede
ser un proceso escrito, comenzó a ser
un proceso penal mixto: una primera
fase escrita ante un juez de instrucción,
y una segunda fase de juicio oral
ante un tribunal unipersonal donde
Ministerio Público
los delitos se sancionaban con penas
no superiores a tres años y ante tribunales
colegiados cuando las penas
eran superiores a los tres años.
Se creó el Ministerio Público dentro
de la Corte Suprema de Justicia
para mantener lejos de los políticos,
que son los que integran en Costa Rica
o en otras partes del mundo, el poder
último y la Asamblea Legislativa. La
garantía para el Ministerio Público
alejado de la política está supuesta,
porque los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia costarricense se
nombran por períodos individuales
de ocho años y al final de estos ocho
años, si dos tercios de la Asamblea
Legislativa no votan por la salida del
magistrado, quedan reelectos automáticamente.
De modo, que un magistrado
de la Corte Suprema, una vez
nombrado automáticamente es vitalicio
en el cargo y por consiguiente, una
vez juramentado se puede olvidar de
cualquier vínculo político o compro-
“La carrera fiscal tiene que estar también beneficiada
por el principio de irreductibilidad
salarial. No lo hemos logrado en Costa Rica.
Yo creo que ningún fiscal, ningún funcionario
público, en realidad, puede pretender que va
a lucrarse en el cargo de fiscal. El que crea
que como fiscal se va a hacer rico mejor se va
de la fiscalía porque se equivocó de negocio”.
miso político que haya tenido. Por eso
se pensó en la conveniencia de que la
Corte Suprema de Justicia fuera la que
nombrara al Fiscal General y que el
Ministerio Público estuviese adscrito,
como lo está, a la Corte Suprema. Por
supuesto esto da una independencia
en el orden político y a lo interno del
Poder Judicial, una independencia
funcional muy importante. Yo nunca
he recibido una llamada de la Corte
Suprema para decirme que haga o que
no haga algo en una causa determinada.
Se creó también el organismo de
Investigación Judicial, como la Policía
Técnica Judicial con laboratorios
de todo tipo para hacer dictámenes
periciales, un cuerpo de investigaciones
criminales muy distinto a lo que
era la Dirección de Investigaciones
Criminales (DIC), que se determina
en este proceso a partir de 1975. Sin
embargo, las cosas se fueron desnaturalizando,
las pruebas que recababa
el juez de instrucción se podían leer
durante la etapa del juicio y poco a
poco los juicios orales comenzaron a
ser las lecturas del expediente escrito
que levantaba el juez de instrucción.
Los fiscales, y yo comencé como agente
fiscal y no me exculpo de esto, nos
convertimos en funcionarios de escritorios
y funcionarios de estrados y
dejamos toda la carga de investigación
al juez de instrucción, y también fui
juez de instrucción. Entonces, puedo
decirles que el juez de instrucción se
reunía con la policía para planear los
operativos, para decidir cómo recabar
la prueba cumpliendo un trabajo
que correspondía al fiscal y no a un
juez, y de nuevo entonces en esa primera
parte del proceso tenía a un juez
que era juez y parte, y al litigante le
correspondía entonces estar ante un
juez que era el órgano acusador. Los
fiscales se limitaban a formular la acusación
y luego acudir al debate. Y la
Policía -la Policía Judicial-, también
desnaturalizó su trabajo porque comenzaron
a decidir una vez que vino
el volumen de casos, y con el tiempo
se comenzaron a decidir cuáles casos
se investigaban y cuáles casos no se
investigaban, con lo cual la política de
persecución la decidía el policía que
recibía la denuncia y no un funcionario
que tenía esta potestad, como eran
los fiscales.
Entonces, vinieron nuevos cuestionamientos
y se reformó el proceso
penal, se reformó la ley de Ministerio
Público y se reformó también la Ley
de Investigación Judicial, mínimamente,
pero para ajustarla a la nueva situación.
A partir del primero de enero
de 1998 entran en vigencia estas reformas,
desaparece el juez de instrucción
y toda la carga de la investigación
está en manos del Ministerio Público
que debe dirigir funcionalmente la política,
y una vez que termina la inves-
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La mesa principal integrada por Marino Vinicio Castillo, Mabel Féliz, el disertante Raúl Dall’Anese Ruiz,
el magistrado Radhamés Jiménez Peña, Radhamés Ramírez Ferreira, entre otras personalidades.
tigación la somete al conocimiento del
Juez Penal que atiende una etapa intermedia,
y este juez decide si el expediente
llega a juicio o si se detiene en
ese momento con un sobreseimiento
del proceso. Se establece claramente
la ley y el deber del Fiscal General de
la República de formular la política de
persecución penal.
Quiero señalar, que dentro de los
retos de un Ministerio Público en un
sistema democrático, el más importante
es el diseño y ejecución de la política
de persecución penal. Y quiero
precisar tres conceptos en esta parte:
la Asamblea Legislativa. El poder
legislativo es el que define la política
criminal del país, es el que dice qué
conducta es delito y cómo se sanciona
ese delito; a partir de aquí dos conceptos,
la política de prevención a cargo
del Ministro de Seguridad Pública que
es el que tiene que evitar que los delitos
se cometan, y luego la política
de persecución a cargo del Fiscal General
de la República asesorado por
el Consejo Fiscal del país, un órgano
que concentra a los fiscales adjuntos,
territoriales y especializados de toda
la República, que tiene que diagnosticar
las necesidades de respuestas a la
criminalidad y aconsejar al fiscal criminal
acerca de cuál tiene que ser la
respuesta y cómo organizar los recursos
materiales y humanos para darles
respuestas a esas necesidades que
impone la criminalidad. De manera
que, entonces, separados bien estos
conceptos de política criminal a cargo
del Poder Legislativo, política de pre-
vención criminal a cargo del Ministerio
de Seguridad Pública, y política de
persecución penal a cargo del Fiscal
General, lo que quiero señalar es que
el mayor reto de un Ministerio Público
en una democracia es una política de
persecución penal que responda realmente
a las necesidades que impone la
criminalidad, en primer lugar, y en segundo
lugar, que sea uniforme en todo
el territorio nacional, como sucedía en
la reforma de 1998 donde los policías
decidían qué se perseguía y qué no se
perseguía. Podía ser un criterio en el
norte del país y podía ser otro criterio
en el sur del país. De manera que, al
diseñarse una política de persecución
penal, única para todo el Ministerio
Público que además dirige a la Policía
y la vincula de acuerdo a la ley, todos
los ciudadanos van a recibir el mismo
trato en todo el territorio nacional.
Por supuesto no se pueden negar
las particularidades que pueden tenerse
en los distintos lugares del país. Por
ejemplo, en la costa pacífica de Costa
Rica, en un puerto que se llama Punta
Arenas, la bicicleta es el principal medio
de locomoción de los ciudadanos.
No es lo mismo sustraer una bicicleta
de escaso valor económico de Punta
Arena, que sustraer una bicicleta que
se utiliza para turismo recreativo en la
capital, de manera que habrá que adecuar
esas cosas a las particularidades
locales, pero tratando de mantener
un estándar de criterios en todo el territorio
nacional; y aquí entra a jugar
una nueva figura que se insertó en el
proceso penal costarricense, que es el
criterio de oportunidad y que todavía
es una figura incomprendida en Costa
Rica.
Todavía se quejan cuando un fiscal
dice: “No vamos a activar la maquinaria
de investigación ni a perseguir
una sustracción de 250 dólares, de
100 dólares, de 125 dólares porque
el costo social, el costo institucional
es mucho más alto que la pérdida individual
que ha tenido el ciudadano”.
Además, la distracción de recursos en
pequeños delitos beneficia a la delincuencia
organizada, porque si vamos
fraccionándolos por los escasos recursos
que tenemos en bultos pequeños,
no se puede tener un presupuesto importante
para la persecución de la delincuencia.
De manera que, la política
de persecución es el reto principal del
Ministerio Público en una democracia,
desde mi punto de vista, y así lo ha entendido
también el Consejo Fiscal de
Costa Rica cuando se ha reactivado.
La ley dice que debe sesionar cada seis
meses, y sin embargo, en Costa Rica,
sesiona una vez al mes para evaluar
resultados, para determinar nuevas
necesidades y para vincular al fiscal
en sus decisiones.
Quiero aclarar algo, el Fiscal General
es asesorado por el Consejo Fiscal
en esta formulación de la política de
persecución, pero si se separa de lo
que diga el Consejo Fiscal, tiene que
emitir un acto administrativo con motivo,
contenido y fin, como corresponde.
De manera que, si se separa sin razón
el por qué no atiende los consejos
de los fiscales adjuntos, pues asume
una responsabilidad de carácter personal
y esto no deja de ser, digamos,
el control democrático sobre el Fiscal
General dentro de la institución que
por su naturaleza, tiene que ser absolutamente
vertical. Sin embargo, ¿por
qué es el Fiscal General que decide
sólo la política de persecución?, porque
si se presenta una emergencia,
un acto terrorista, la necesidad de
movilizar cien fiscales, 500 policías de
una zona a otra del país, no puede ser
que se tenga que convocar al Consejo
Fiscal y que 23 personas se sienten a
deliberar cómo se le va a dar respuesta
a una emergencia nacional, porque
así somos los latinoamericanos, posiblemente
el Consejo Fiscal deliberaría
Ministerio Público
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en seis meses o un año, y cuando ya
pasó la emergencia decide cómo se va
a atender cuando ya es demasiado tarde
y esto es muy latinoamericano.
Para poder diseñar la política de
persecución tiene que haber, como les
decía, un diagnóstico de las necesidades
que impone la criminalidad. En
Costa Rica se está trabajando en este
método de diagnóstico que tiene que
ser permanente, porque la criminalidad
ahora es muy agresiva en todo
sentido. Y lo que hoy puede ser una
necesidad importante en materia criminal,
el mes próximo puede estar en
segundo plano o en tercer plano. Si el
narcotráfico hoy nos está asestando
golpes importantes, puede ser que el
mes entrante sea el tráfico de menores.
De manera que, tiene que haber
una decisión y tiene que haber un responsable.
Tiene que haber un diagnóstico
permanente con indicadores
que nos digan por dónde viene la
criminalidad, qué es la actividad que
se está realizando, cuál es la agresividad
social que se está produciendo
en un determinado momento para
lograr una respuesta importante. Nosotros
todavía no tenemos un método
de diagnóstico en ese diseño, pero lo
que se ha detectado, y digámoslo así
intuitivamente, viendo los números
de homicidios, de sicarios y que hay
un enorme problema de sicariedad
en Costa Rica que antes no existía. Y
esto es un indicador además, de la
existencia de delincuencia organizada
que antes solo teníamos en el narcotráfico,
pero que ahora tenemos en el
tráfico de niños, tenemos en corrupción,
tenemos en el tráfico de armas y
en otras materias que se ha detectado.
Incluso, en sustracciones con tarjetas
de crédito, estafas en cajeros automáticos,
etc.
El Consejo Fiscal lo que ha determinado
es que se le debe dar respuesta
primordialmente al sicariato, porque
los sicarios pueden acabar con el
estado de derecho sino se atienden.
Si no se le da repuesta a los sicarios
no vamos a tener testigos, eventualmente
no vamos a ver policías ni fiscales
ni jueces porque todos van a
estar envueltos, y esto acaba con el
sistema de justicia. Entonces es una
0
Ministerio Público
necesidad primaria, subrayada y con
rojo, a la cual se le debe dar atención
inmediata. Los otros son los casos de
delincuencia organizada sobre todo
de corrupción, que son los que han
lastimado más a nuestras instituciones
y han contribuido a deteriorar a
la clase media del país. En esto se ha
definido claramente la existencia de
un triángulo importante entre el poder,
actos ilícitos e impunidad. Como
dice Eva Yulí, la ex-jueza de París: “La
corrupción está ligada al concepto de
impunidad porque los corruptos se
valen del poder para realizar actos
de corrupción, convencidos de que
no van a tener sanción porque creen
estar por encima de la ley”. Y agrega
Eva Yulí: “Y la verdad es que sí están
por encima de la ley”. Entonces, aquí
viene otro gran reto de los Ministerios
Públicos sobre todo en esta América
Latina donde la corrupción ha sido el
pan de cada día en todos los países,
creo, que sin excepción.
Y es que no puede haber intocables
para un Ministerio Público democrático,
nadie puede estar por encima
de la ley, ni políticos ni personas que
pertenezcan a los grupos poderosos
económicamente ni nadie, todos tienen
que ser iguales ante la ley. Y la respuesta
cuando se decidió combatir la
corrupción, no es la pequeña corrupción
sólo la que se da en las pequeñas
instituciones cuando algún obrero se
lleva un saco de cemento para su casa
y era del Ministerio de Obras Públicas,
o cuando alguien se llevó algunas
resmas de papel para la casa, sino
que la gran corrupción es la que está
lastimando nuestros países. No podemos
descuidarnos con la pequeña
corrupción institucional, pero la gran
corrupción es la que más lastima y es
la que se paga con grandes cantidades
de impuestos y es la que deteriora el
sistema financiero, la que deteriora
las condiciones de vida y es la que deteriora
el sistema público, y en suma,
es la que viene deprimiendo a la
población latinoamericana.
A la hora de atender los casos
de corrupción de alta envergadura, el
Ministerio Público tiene que tener
en claro que va a encontrarse dos
frentes: un frente jurídico como en
todos los casos que lleva los de co-
rrupción y delitos contra las propiedades,
delitos contra la vida; pero
hay un frente político porque cada
vez que se toca a alguien de los grandes
en las organizaciones de corrupción
sobrevienen las campañas de
desprestigios, los ataques, todo tipo
de acoso a los funcionarios que están
encargándose de combatir la corrupción
o de investigar los delitos
de alta corrupción. Y por supuesto,
de lo que se trata es de deteriorar al
Ministerio Público, al Fiscal General,
en este caso al Procurador General, y
por supuesto a todos los funcionarios
del Ministerio Público que están
encargados de las investigaciones. No
se escapan los jueces que toman medidas
cautelares, que autorizan las
distintas diligencias relacionadas con
garantías constitucionales, y todo
el que ponga mano en el expediente
con resultados negativos para los
investigados por corrupción va a ser
víctima de una persecución, y una
persecución con medios económicos
con los cuales no cuenta la institucionalidad.
Y aquí es muy importante
tener en claro el compromiso del Ministerio
Público con la democracia.
El Ministerio Público se tiene que
convertir en una aplanadora, no puede
el Ministerio Público arrugarse
-como decimos en Costa Rica-, pedir
a menos, bajar la cabeza porque
se trata de imputados poderosos. El
Ministerio Público tiene que avanzar
en las investigaciones y allá las
investigaciones dirán al final, si los
hechos se comprueban o se desvirtúan,
allá verán los jueces, valorando
el actor, si condenan o se absuelven;
pero el Ministerio Público no puede
pedir a menos. El Ministerio Público
es una pieza fundamental en el
desarrollo democrático. Cuando yo
hablo de un frente político no me
estoy refiriendo a político partidista
ni a político de campaña, sino a un
frente político, porque el Ministerio
Público necesita periodistas, necesita
asesores, necesita una contracampaña
que le sostenga la institucionalidad
frente a estos ataques. Y les
cuento que nosotros en Costa Rica, ni
tenemos periodistas, ni tenemos asesores,
ni tenemos los recursos para
esta contracampaña; hemos tenido
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que resistirla en una lucha amateur
contra verdaderos profesionales de
la publicidad.
El otro reto del Ministerio Público
es la eficiencia del servicio público;
no es posible que las causas penales
entren a investigación y se mueran
en los escritorios o se mueran
en los casilleros del Ministerio Público
sin que los usuarios del servicio
encuentren respuestas. El usuario
merece que se le diga - su causa no
se pudo terminar porque no encontramos
pruebas, se va a desestimar,
se va a archivar o se va a aplicar la
solución que corresponda-, pero el
ciudadano tiene que estar muy claro
de que se ha invertido tiempo, que
se han invertido recursos y que se ha
tratado de resolver el caso; y por supuesto,
si hay que acusar tiene que
acusarse en un plazo razonable, no
pueden las causas dormir el sueño
de los justos porque la justicia tardía
no es justicia.
En Costa Rica implementamos el
sistema de seguimiento y control de
casos como señalaba el señor Procurador
General, en virtud del cual se
le impusieron plazos administrativos
a los fiscales. Cada fiscal cuando
recibe la denuncia tiene que generar
una boleta; una boleta que queda
en un expediente, queda en un soporte
informático y le llega al fiscal
adjunto, a su superior, y tres meses
después el expediente tiene que regresar
para controlar si lo consignado
en la boleta, las pruebas que se
tenían que diligenciar por la Policía,
por los peritos, por los auxiliares,
fueron cumplidas o si el expediente
está atrasado. Y si está atrasado habrá
que buscar responsables sino hay
justificación. A veces, sí hay justificación,
porque la mayoría de las veces
los peritos tienen mucho trabajo. La
Policía no tiene recursos..., pero habrá
que buscar la justificación y algo
tiene que constar en el expediente; y
otros tres meses, y finalmente, si
se cumple un año y el expediente
no se ha terminado, el fiscal tiene que
enfrentar a su superior pidiéndole
una prórroga administrativa o señalándole
en qué momento está en
condiciones de acusar, o de pedir el
sobreseimiento o el archivo o la solución
que corresponda.
Cuando yo asumí el Ministerio Público
el primero de diciembre del año
2003, la cantidad de expedientes a nivel
nacional era de 100 mil y seguían
entrando asuntos, cuando hablo de
100 mil no es un número estático,
hay expedientes que salen, otros
que entran, pero lo cierto es que de
“El ser fiscal, ser juez, no es una patente de
corso para hacer lo que uno quiera, tiene
que haber una tipificación de acciones por
las cuales se pueda ser sancionado con acciones
proporcionadas de acuerdo al daño
causado, que puede ir desde una llamada
de atención hasta el despido”.
1998 al 2003 el circulante era creciente:
40 mil en un año, 50 mil al
siguiente, 55 mil al siguiente año; es
decir, salían menos expedientes de
los que ingresaban. La situación era
caótica, había fiscalías donde un fiscal
tenía una forma de archivar, una
forma de seleccionar los expedientes
y un criterio determinado para decir
cuáles se iban a investigar y cuáles
se iban a postergar de un escritorio
a otro dentro de la misma oficina,
no digamos ya de una región a otra;
y por supuesto que esto no permite
ningún control y ninguna eficiencia
de la institución. Y esto hizo que se
comenzaran a prescribir las causas
en los escritorios de los fiscales, en
los escritorios de las oficinas, en detrimento
del servicio público.
Con este sistema de seguimiento
y control de casos que les he explicado
logramos reducir el circulante
de diciembre de 2003, y el último
mes de septiembre, de casi 100 mil
asuntos a 44 mil asuntos, y desde
diciembre de 2003 a septiembre de
2006 trasladamos 390 mil asuntos
del Ministerio Público a los juzgados
penales del país; y hoy, esto tampoco
es bueno, pero hoy la crisis la tienen
los juzgados penales y los tribunales
de juicio porque son los que no tienen
espacios en las agendas y es
a los que se les están prescribiendo
las causas penales. No es culpa de los
jueces, en realidad era la desorganización
que tenía el Ministerio Público
en cuanto al manejo del circulante, y
siempre tienen que haber controles
y esto tiene que ver con la cultura
de rendición de cuentas que tiene
que haber en un país democrático. Y
los fiscales, que les estamos pidiendo
cuentas a los ciudadanos por las
conductas que realizan, somos los
primeros que tenemos que rendir
cuentas.
Esta cultura de rendición de
cuentas, de seguimiento de casos,
de los controles, ya al día de hoy
está asumida por los fiscales de
Costa Rica. Costó muchísimo, nadie
quería rendir cuentas, nadie quería
cumplir con el sistema de seguimiento
y control de casos, hubo que aplicar
sanciones administrativas, pero al
final de cuentas hoy estos controles
se ven como una herramienta para
agilizar el flujo de salida de casos y
no como unos controles necios para
dificultar el trabajo de los fiscales.
Tenemos otro gran reto y es, -
ya nosotros resolvimos el problema
de la eficiencia-, ahora tenemos que
resolver el problema de la eficacia, es
decir, que los casos que realmente
lleguen a juicio vayan con una altísima
probabilidad de condena. Hoy,
o más bien al 31 de diciembre, la
proporción era de 50 por ciento condenatoria
y 50 por ciento absolutorias
en lo que llega a juicio; y es
Ministerio Público
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una mala proporción porque si hay
cosas que se van a absolver no tienen
por qué llegar a juicio, esto es una
pérdida de tiempo y dinero para el
Estado y una distracción para encargarse
de otros casos. Bueno, puede
ser que hayan llegado a juicio en el
2006 los asuntos que en el 2003 estaban
durmiendo el sueño de los
justos, y como dicen los fiscales - ya
los testigos no se localizan-, a las
víctimas no les importa y al llegar a
juicio estos casos han engrosado las
absolutorias; tenemos que ver si en
los próximos casos esto cambia o no
cambia, lo cierto es que ya el Consejo
Fiscal dispuso el diseño de un instrumento
informático para generar
un informe después de cada juicio
oral, que nos permita descubrir cuáles
son las causas, y si son responsabilidad
del Ministerio Público habrá que
establecer los correctivos procesales,
eventualmente correctivos disciplinarios,
pero si es responsabilidad de los
tribunales habrá que denunciarlos
públicamente, habrá que informarle
a la corte para que tome las medidas
correspondientes con los jueces; y si
es por los peritos, porque a veces hay
asuntos que vienen mal apreciados
por los peritos, tendremos que tomar
medidas en esta parte.
No es sólo la eficiencia, no es sólo
la celeridad de lo que hacemos, tiene
que haber eficacia; y esta excelencia
supone muchísimas cosas: supone la
formación de los fiscales en derechos
sustantivos, en derecho procesal. Y no
me refiero a la formación ya universitaria,
no me refiero a la adquisición
de conocimiento, sino al desarrollo
de habilidades y destrezas, saber
interrogar, saber fundamentar una
acusación, saber pedir una prueba
pericial, saber argumentar, saber hacer
ese resumen de conclusiones en
el debate. No hay nada peor que oir
a un fiscal que no sabe de lo que está
hablando cuando se está cerrando
el debate, o no sabe argumentar o
no tiene un manejo adecuado de la
prueba y lo que está haciendo es
inventando para justificar el cierre
del juicio. Esto al Ministerio Público, a
cualquier abogado, por supuesto, pero
al Ministerio Público le resta toda credibilidad.
Ministerio Público
De manera que tiene que haber un
desarrollo de destrezas y de habilidades
y además, en criminalística
tiene que haber una preparación
muy clara y muy firme, sobre todo
cuando se dirige a la policía. Y aquí,
un reto muy importante que logramos
vencer en Costa Rica después
de años de estar lidiando con la Policía
Judicial, ustedes se imaginan lo
que les dije que había antes del 1ro
de enero de 1998: - una policía que
decía qué se hacía, qué se iba a juicio,
qué se acusaba, qué no se acusaba-,
y de repente viene una ley que le
da al Ministerio Público el poder de
dirigir a la Policía. Hubo policías que
decían -no vuelvo a hacer nada si no
me lo dice el fiscal-, pero resulta que
los fiscales no son policías y no saben
cómo se tiene que diseñar una estrategia
de investigación criminalística, y
hubo fiscales que pretendían decirles
a los policías hasta cómo respirar
y hasta cuándo respirar. Por supuesto
que también esto está mal. Después
de mucho tiempo de discutirlo
logramos en el 2004, el Director General
del Organismo de Investigación
Judicial y yo, resumir la discusión
o superar la discusión con dos palabras,
que son: qué y cómo. El fiscal le
va a decir a la Policía qué necesita, la
Policía no le puede explicar al fiscal
qué necesita para una sentencia condenatoria,
es el fiscal el que le tiene
que decir a la Policía qué necesita,
pero la Policía es la que va a decidir
cómo lo consigue porque eso es lo
que le corresponde profesionalmente
a los policías. Ellos verán si para
un allanamiento requieren el equipo
táctico, el equipo de choque o si en
el allanamiento solamente bastará
con tocar la puerta, empujar y decir
que es un allanamiento y registrar la
casa. Los fiscales no pueden decidir
si va el cuerpo o el equipo swat a
todos los allanamientos o si solamente
van algunos funcionarios.
Entonces, este es un gran reto de
poner a la Policía en orden, de coordinar
con la Policía, de controlar a la
Policía. No se trata de que los fiscales
nos vamos a hacer compinches de los
policías, porque los policías también
cometen muchos atropellos contra
los ciudadanos; el fiscal sigue siendo
un contralor de legalidad, dice qué necesita
y la policía decide cómo, pero
en ese cómo, si se detectan ilegalidades
o abuso, el fiscal tendrá que
actuar contra los policías por los abusos
de autoridad que se cometan. Por
mucho que se quiera no somos de los
mismos, los policías tienen su marco
de actuación y los fiscales su marco
de actuación, y los fiscales tienen que
estar en capacidad de acusar.
El secreto en esto es que el que
sea fiscal tiene que estar en condiciones
de acusar a quien sea; y a quien
sea es al policía que es amigo porque
ha estado en muchos operativos y le
ayuda mucho, pero también al compañero
de oficina si nos damos cuenta
que está actuando ilegalmente cometiendo
delitos, y de ahí en adelante
a los jueces que cometan delitos,
a los diputados , a los ministros y al
Presidente si es necesario. Es la única
forma de hacer bien este trabajo,
sino se está en capacidad de acusar a
quien sea no se está en capacidad de
ser fiscal y esto es básico en este trabajo.
Así como en administración de
empresas dicen que un gerente no
es buen gerente sino está en capacidad
de despedir a cualquier personal.
El que no está en capacidad de despedir
a cualquiera no puede ser gerente,
y aquí en este negocio nuestro el
que no está en capacidad de acusar a
cualquiera, hasta al compañero fiscal
que tenemos al lado, el que no tenga
esa condición y esa disposición no
puede trabajar en esto, porque el
Ministerio Público no se puede convertir
por aspectos subjetivos en
encubridor de delitos. El Ministerio
Público es el que persigue los delitos,
no el que los encubre, sea quien
sea el que los cometa, y esto tiene
que ver con lo que señalaba antes de
eficiencia y eficacia.
Finalmente, quiero señalarles que
otro de los grandes retos que tiene el
Ministerio Público para ser una institución
sólida dentro de la democracia,
es tener una carrera fiscal. Una
carrera fiscal donde existan requisitos
de ingresos cuando los fiscales llegan
a sus puestos, que sean inamovibles
en ese puesto, lo que no significa
que el fiscal tiene un asiento en un
lugar determinado y que nadie lo
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puede mover de allí, porque si es
una institución tiene que responder
a las necesidades que imponga
la criminalidad. Puede ser que hoy
existan muchos fiscales en Santo
Domingo, pero mañana puede ser
necesario trasladar algunos de esos
fiscales a otra localidad, a San José
de Ocoa, por ejemplo. Pero esta inmovilidad
en el cargo no le puede dar
a cada fiscal el derecho de decirle al
Procurador General -no me muevo
de aquí porque a mí me nombraron
en Santo Domingo-. No, el fiscal
tiene que estar donde lo impongan
las necesidades, pero igualmente no
le puede dar al Procurador General
la facultad o el poder absoluto para
decir que una persona está hoy en
Santo Domingo, mañana en San José
de Ocoa y pasado mañana en otro
lugar, solo para hostigarlo y para
perjudicarlo, porque lo que haga la
cabeza tiene que tener motivo, contenido
y fin, como todo acto administrativo,
y esa es la forma de controlar
a quien ejerce el poder, y en eso tenemos
que ser muy honestos. Los
jerarcas muchas veces nos vemos tentados
a resolver las cosas administrativamente
mal, y el propósito que
nos tenemos que disponer todos los
días es que en todo lo que hagamos
tiene que tener un fundamento legal,
porque es la forma que nosotros nos
controlamos; de todas maneras si lo
hacemos mal, la justicia nos lo va a
cobrar tarde o temprano. Entonces,
tenemos que sujetarnos a todas las
normas administrativas.
Esta carrera fiscal tiene que estar
también beneficiada por el principio
de irreductibilidad salarial. No lo hemos
logrado en Costa Rica. Yo creo
que ningún fiscal, ningún funcionario
público, en realidad, puede pretender
que va a lucrarse en el cargo de
fiscal. El que crea que como fiscal se
va a hacer rico mejor se va de la fiscalía
porque se equivocó de negocio.
Los funcionarios públicos todos
tenemos que tener un salario razonable
para vivir decorosamente,
pero no para hacernos ricos, tampoco
para vivir como pobres, no puede
Parte del público que asistió a la conferencia. En primer plano se observan los procuradores generales
adjuntos, Gisela Cueto González y Pedro Féliz Montes de Oca.
haber una pauperización de los fiscales.
Yo creo que el salario no puede
ser tan alto como para hacer lo que
sea por conservar el puesto, ni tan
bajo como para conservar el puesto,
tiene que ser un salario que permita
vivir dentro de la condición media en
el país al que uno le sirve. Por supuesto
que se dirá - bueno, los fiscales
de los Estados Unidos ganan-, aunque
no conozco los números reales,
caprichosamente digo ahora 10 mil
dólares al mes, pero esa es otra realidad,
es otra clase de medición, otra
condición. En Costa Rica los fiscales
ganan lo suficiente como para vivir
como clase media; sin embargo,
creo que el principio de irreductibilidad
salarial implica que cada vez que
haya devaluación monetaria debería
de existir formas de defensa de ese
salario para que la capacidad adqui-
sitiva no se vaya perdiendo, porque
una forma de ir debilitando los funcionarios
públicos es debilitando su
salario, y luego tiene que haber un
adecuado sistema de sanciones.
El ser fiscal, ser juez, no es una
patente de corso para hacer lo que
uno quiera, tiene que haber una tipificación
de acciones por las cuales
se pueda ser sancionado con acciones
proporcionadas de acuerdo al
daño causado, que puede ir desde
una llamada de atención hasta el
despido. Administrativamente tiene
que haber un proceso administrativo
disciplinario pre-establecido con los
derechos de defensa y con todas las
condiciones para que no haya abuso
contra la persona que se está investigando,
y para que pueda acreditar
su inocencia si es que no ha cometido
falta o si es que se justifica lo que se
hizo. De otro modo, sino hay un sistema
de sanciones, de consecuencias,
como le llaman por acá, nosotros no
podemos convertirnos en unos señorones
dueños del bien y del mal y
cometer todo tipo de abusos, y precisamente
el Ministerio Público está
para actuar contra quienes abusen,
y entonces no podemos convertirnos
en el malo, tenemos que seguir
siendo de los buenos. En resumen, la
política de persecución como centro
de la actividad del Ministerio Público,
como un método que diagnostique las
necesidades que impone la criminalidad,
y que permita seleccionar
objetivos claros a combatir con los
escasos recursos que se tienen.
Eficiencia, excelencia y eficacia,
una adecuada dirección funcional a
la Policía controlada por los fiscales
adecuadamente, y lo dicho sobre la
carrera fiscal, creo que son los principales
retos que se tienen. Dentro de
todo esto, por supuesto, el acometimiento
contra actividades delictivas
que lesionan gravemente nuestros
pueblos como es la corrupción, todo
tipo de delincuencia organizada, y el
sicariato, en primer lugar. Con esto
termino mi intervención, les agradezco
la atención que me han prestado,
quedo a su disposición para
cualquier pregunta.
Mucha Gracias.-
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 33 21/12/2007 02:15:07 p.m.

En conversatorio con
César Pina y Alejandro Moscoso
Juez
Raúl Zaffaroni
Habla de las implicaciones de la reforma
Penal y de los códigos Penales como modelos
del sistema Penitenciario
Por considerarlo de interés y materia de reflexión para
el Ministerio Público y el sistema de justicia en sentido
general, ofrecemos una interesante entrevista-conversartorio
sostenida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo,
César Pina Toribio, y el Comisionado para la Reforma
y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso
Segarra, con Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema
de Justicia Argentina, en el marco de la visita que
el magistrado giró al país a finales de junio de este año.
En el encuentro participó también, Maximiliano Rusconi,
ex-fiscal general, titular de la Unidad Fiscal de Investigación
de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), de
Argentina. El magistrado zafarroni mientras pronunciaba una conferencia
magistral en el Aula Magna de la UASD.
* Alejandro Moscoso Segarra: A manera de introducción
debo decirle que el Comisionado de
Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia
es una institución que creó el actual Presidente en
su primera gestión de gobierno, con el propósito
de crear un espacio de discusión que permita a
los actores del sistema de justicia de la República
Dominicana, poder interactuar con algunos problemas,
además de impulsar proyectos dirigidos
al fortalecimiento de la administración de justicia
y de todos los actores, sobre todo, las institucio-
Ministerio Público
nes que de alguna forma impactan en el sector
justicia, entiéndase Policía Nacional, Ministerio
Público, Defensa Pública y demás instituciones.
Entonces en el marco de los objetivos del Comisionado
estamos realizando algunos encuentros
como éste, para ver cómo marcha la reforma en
cada uno de los países de América Latina. La idea
es poder ver el punto de vista de usted con relación
a los procesos de reforma y, específicamente,
el nuevo ordenamiento Procesal Penal en toda
América Latina; conocer las nuevas tendencias
de la dogmática penal.
Revista-MP-Edic3.indd 34 21/12/2007 02:15:08 p.m.

Desde la izquierda, César Pina Toribio, Raúl zafarroni y Alejandro Moscoso Segarra.
* César Pina Toribio: Usted conoce
perfectamente la legislación penal
dominicana. En el año 91 nos conocimos,
yo dirigía el post-grado de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
y usted estuvo dándonos una
conferencia sobre Teoría General del
Delito; luego usted trabajó la edición
en disco-compacto de los Códigos
Penales con una magnifica introducción,
de manera que yo sé que conoce
perfectamente esa temática, que trata
de la versión literal del Código Penal
Francés de 1810. Pero también tuvimos,
hasta el año pasado, el Código de
Instrucción Criminal con el nombre
del Código de Procedimiento Criminal;
se adoptó el nuevo Código Procesal
Penal, bien orientado por el Código
Procesal Penal modelo de Iberoamérica,
con orientaciones y asesorías muy
concretas de juristas argentinos. El
mismo va a cumplir un año de haber
entrado en vigencia. En ese sentido, a
mí me correspondió presidir la Comisión
de Ejecución de la Reforma Procesal
Penal, es decir, la coordinación
de todos los actores: Jueces, Ministerio
Público, Defensa, Policía, para la
puesta en vigencia real del código. Y
justamente ahora, en vista de conmemorar
el primer año de implementa-
ción del nuevo sistema acusatorio,
tenemos lo que a nosotros nos parece
una gran contradicción, y es que prevalece,
en la parte del derecho penal
sustantivo, ese Código Penal Francés.
Hay una reforma en el Congreso que
está bastante adelantada y que probablemente
pudiera estar ya culminada
en un par de meses, pero ocurre que
es la adaptación del nuevo Código Penal
Francés de 1994, entonces se advierte
una contradicción entre lo que
es el modelo acusatorio garantista del
nuevo Código Procesal Penal, y la rigidez
y el autoritarismo del modelo penal
francés. Y nos gustaría conocer un
poco su enfoque sobre esta discrepancia
y en qué medida pudiera, desde el
manejo del sistema acusatorio, poder
atenuar o aligerar los rigores del Código
Penal.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Lo que me
parece problemático respecto de un
código como es el Código Napoleón, es
algo que de alguna manera se planteó
también en Francia durante muchísimos
años, y creo que el primero que lo
planteó fue el buen juez Mañón, aunque
nadie lo entendió en su momento.
Es la compatibilidad del código,
no ya con el Código de Procedimiento
-tienen ustedes un código acusatorio-
Maximiliano Rusconi
sino con algo más grave, la compatibilidad
del código con la Constitución,
es decir, es el código de un imperio,
no es una constitución republicana,
presenta características de incompatibilidades
notorias a tal punto que
los códigos franceses han tenido que
estar retocando el Código de Napoleón
a cada rato, por ello, la cantidad
de reformas que ha tenido.
El modelo napoleónico es el modelo
que copió Alemania también, es decir
significa que en Alemania toman el
Código de Rusia de 1851 que después
de todo es el Código Napoleón sustancialmente,
no toma el modelo liberal
de Baviera, sino que toma el Código
Prusiano; el Código Alemán de 1871
es el Prusiano con algún retoque. Esto
llevó a los alemanes a tener que tocar
ese código bastante, hasta que lo
remplazaron finalmente en la década
de los 60, lo que no sé cómo resuelven
Ministerio Público
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ustedes, en República Dominicana, es
la compatibilidad de ese texto con la
Constitución. Esa es la primera dificultad
que veo. Tomar como modelo
el código francés de 1994 no deja de
ser un problema, es un texto farragoso,
un texto complicado; es un código
moderno pero con un texto que es difícil
de entender porque no tiene un
lenguaje técnico muy depurado.
Refiriéndome a la primera pregunta,
creo que de alguna manera habría
que debatir un poco más la Reforma
Penal, pero sustancialmente creo que
cualquier reforma que se haga tiene
que partir de un análisis previo de la
realidad, es decir, ¿qué capacidad de
prisionización tiene el país?, ¿cuántas
gentes pueden tener presas en condiciones
más o menos decentes?, ¿qué
conflictividad tiene que procesar?.
A partir de ahí hay que ser muy realista
en la reforma, creo que hay que
empezar por el presupuesto, ¿cuánto
dinero hay, qué reforma podemos hacer?.
Un riesgo que se corre es hacer
reformas que después no puedan; no
que no puedan realizarse sino que se
llevan a cabo de forma patológica, lo
cual perjudica el mismo prestigio del
modelo. Que se haga una reforma acusatoria
y no tengo presupuesto para
tener una sala de audiencia, para tener
jueces, para tener fiscales y para
tener defensores públicos, se produce
un colapso de la administración de
justicia, y entonces dicen que el modelo
acusatorio no sirve. No, no es que
el modelo acusatorio no sirva, sino
que al modelo hay que ponerlo a funcionar
con una infraestructura, y esa
infraestructura cuesta, yo creo que
hay que empezar por el piso, es decir,
¿qué infraestructura podemos tener?,
¿qué capacidad de prisionización tenemos?,
¿cuántos presos queremos
tener?, ¿cuántos procesos queremos
hacer?, ¿qué parte de la conflictividad
queremos procesar por esta vía?. Lo
otro es estar fuera de la realidad, es
creer que modificando la ley podemos
modificar la realidad y a veces la modificamos
para peor. De modo que, me
parece que prudentemente hay que
seguir un camino realista -me gusta el
sistema de Suecia, pero no lo puedo
copiar porque no tengo dinero-, ese es
el problema.
Ministerio Público
El juez Raúl Zaffarroni durante la visita de estilo que giró al magistrado Radhamés Jiménez Peña en
su despacho del Palacio de Justicia.
* Maximiliano Rusconi: Estuve
dando, en mi último viaje a Santo Domingo,
un curso de Historia del Delito
para Defensores, y me sorprendí
un poco por la falta de herramientas
conceptuales básicas en algunos participantes.
En un primer momento
intenté atribuirlo a las universidades,
dije: “Es un problema de formación”.
Sin embargo, cuando lees el código
sustantivo vigente, el Código Penal, es
un código que no tiene parte general.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Claro,
el Código Penal de Napoleón no la tiene.
* Maximiliano Rusconi: Entonces,
la parte general cumple una función
más o menos pedagógica, uno
puede discutir con el código nuestro
qué efecto le das a un error, pero por
lo menos te ordena.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Sí,
pero no te olvides de lo siguiente: los
ingleses no tienen parte general. Bueno,
tienen una ley con algunos principios,
pero no, ellos dicen que es el
commom law la parte general. No sé
si es el commom law o no, es una serie
de principios que vienen repitiendo
desde hace mucho tiempo y que los
interpretan y adecuan conforme a las
circunstancias. Es bueno que un código
tenga parte general, claro, pero si la
parte general es muy escueta, eso no
impide que se haga dogmática. Sobre
esa parte general las categorías se van
estableciendo y no creo que se cambie
la categoría de la antijuridicidad
por tal o cual definición de la legítima
defensa. Lo que pasa es que el código
francés no tiene estado de necesidad
y hay que ir a reconstruirlo con el Código
Civil.
* Maximiliano Rusconi. Tampoco
estoy de acuerdo con el código que
pretende volcar la pelea de escuelas
como intentó el Código Tipo, es una
discusión tonta. Por ejemplo, aunque
sea un artículo como el 34 del Código
Penal Argentino . Eso ni siquiera está,
algunas eximentes hay que buscarlas
en algún lugar de la parte especial, y
eso dificulta un poco el trabajo.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Sí, la
fórmula de la demencia para la inimputabilidad,
en fin, toda una serie de
cosas que, claro, lo dificulta sin lugar
a dudas. El escaso desarrollo de la
dogmática penal francesa se debe, en
gran medida, a eso. A diferencia de los
ingleses que hicieron una dogmática
rudimentaria -dicen que los ingleses
no hacen dogmática-, creo que hacen
dogmática y me siento más cómodo
mirando un tratado de derecho penal
inglés que uno francés, porque en el
francés no encuentro las cosas y en
el otro las encuentro. Quizás si no se
cambia el código la tarea sea hacer
una especie de parte general jurisprudencial.
* César Pina Toribio: Quizás el
juego que se da ahora entre la necesidad
de adecuar constitucionalmente
el Código Penal, y una corriente que
se expresa con mucha fuerza entre
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los jueces actuales hacia la constitucionalización
del proceso penal, ayudado
por el nuevo código, pudiera ir
construyendo, desde la elaboración
jurisprudencial, toda una teoría general,
toda una dogmática. Pero va hacer
falta que haya insumos de carácter
doctrinales, experiencias de otras legislaciones
y latitudes para que haya
una conciencia en la necesidad de
construir ese discurso dogmático, que
no la hay. Por ejemplo, a todo el mundo
sorprende que el Código Procesal
Penal esté precedido de 29 principios.
No hay en la tradición legislativa francesa
la formulación de los principios
de manera expresa en la ley, son simples
derivados.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Ustedes
tienen una ventaja, y es que son
un Estado Unitario, de modo que el
Código Procesal Penal en cierta forma
tiene la misma jerarquía que el Código
Penal. Una de las bases es tomar esos
principios y trasladarlos. Los principios
penales tienen su correlativo
procesal, los principios procesales
tienen que tener su correlativo penal.
Es una base de construcción, nosotros
no la tenemos, porque en nosotros los
códigos procesales son provinciales,
entonces tienen otra jerarquía, no salen
de la misma fuente. En el caso de
República Dominicana es una ley posterior
y es ley penal también, es una
base de construcción interesante.
* César Pina Toribio: Pero, le va
a quedar siempre la mayor labor al
juez.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Sí, le
queda la labor a la jurisprudencia y,
sobre todo, al máximo tribunal para
bajar línea. Ustedes necesitan una
obra doctrinaria que pueda armar
eso, que pueda servir de guía.
* Maximiliano Rusconi: No hay
tanta producción en la ciencia penal
dominicana, por lo menos no en los
últimos años.
* César Pina Toribio: Primero la
producción jurídica en nuestro país
es escasa, tendrá unos 10 años de un
cierto dinamismo; han ido saliendo
muchos trabajos, algunos muy buenos,
otros con muchísimas debilidades
y carencias, pero en la parte penal
no se ha avanzado mucho, por lo
menos en la elaboración doctrinal. Se
está usando durante años el texto del
profesor Leoncio Ramos, pero que no
es más que Garreaud, en algunas partes
Luis Jiménez de Asúa, y eso se ha
quedado sin tocar. Las publicaciones
que se han producido como es el caso
del doctor Héctor Dotel Matos, lo que
han hecho es sistematizar un poco
más la transcripción de lo que eran las
cátedras que daba Leoncio Ramos. Se
sistematizaba un poco más, pero sólo
para estudiantes, más en plan de facilitar
al estudiantado el manejo de algunos
conceptos sustanciales que de
formular auténtica elaboración doctrinal,
auténtica crítica y reflexiones
profundas sobre el tema.
* Alejandro Moscoso Segarra:
Algunos países de América Latina ya
han asumido el nuevo Proceso Penal,
¿cómo va el proceso de reforma en
Argentina con relación a los demás
Estados?
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Es disparejo.
En lo federal no hay un código
acusatorio del todo, hay un código
mixto, tenemos todavía el modelo italiano
de 1930; no anda mal diría, pero
tenemos serios problemas en materia
de delitos de menor cuantía. En materia
correccional hay una especie de
colapso, se está tratando de derivar
parte de la competencia correccional
en los juzgados de la ciudad; la justicia
penal se mantiene federalizada en la
ciudad, pero diría que eso acortó los
términos del proceso.
En la provincia de Buenos Aires se
ha ido un poco más allá con el acusatorio,
pero con el grave problema de la
falta de presupuesto y la falta de infraestructura,
lo cual lleva a que todavía
se mantiene el viejo vicio de la delegación
en policía. Todo parece que anda
bastante bien. Santa Fe se mantiene
en procedimiento escrito, y el resto de
las provincias sí se inclina al modelo
acusatorio de alguna manera; el viejo
modelo inquisitorial de procedimiento
escrito ya está en retirada, quizás el
bastión más fuerte que queda todavía
sea Santa Fe.
* Alejandro Moscoso Segarra:
Tengo entendido que utilizaron la provincia
de Córdoba como un plan piloto
para montar el proceso del nuevo Código
Procesal Penal.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Sí, Cór-
doba incluso ha inaugurado un juicio
por jurado, el otro día tuvo un primer
juicio por jurado, un jurado popular
tipo anglosajón. Yo francamente no
creo mucho en esa experiencia, no me
gusta la idea del jurado popular anglosajón,
sí la idea del escabino. El jurado
popular, primero, no funciona; segundo,
es caro; tercero, nos lo venden los
norteamericanos, y es falso, ellos lo
hacen en el 4% de los casos; cuarto,
está cundiendo algo muy peligroso
que es el procedimiento abreviado, lo
cual puede ser la tumba del proceso
penal, de la garantía en general; se extorsiona
un sujeto, y creo que eso está
empezando a pasar en el país. “Ah no
quisiste arreglar y nos haces perder
tres horas de juicio oral, ya vas a ver
lo que te va a pasar!.”. No sé, tengo
ganas de declararme inconstitucional
en cualquier momento.
* Maximiliano Rusconi: Córdoba
en particular ha tenido la influencia
de lo peor.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Sí, porque
Córdoba le ha abierto las puertas.
* Maximiliano Rusconi: Incluso
le ha abierto las puertas a la institución,
al negocio.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: En fin
es bastante desagradable. Pero, creo
que de cualquier manera el sistema en
Córdoba funciona bastante bien. En el
resto de las provincias, depende, porque
es muy distinta la situación.
* Maximiliano Rusconi: Una experiencia
que ellos (República Dominicana)
están ejecutando, y que yo
tuve algo que ver acá, es el tema de
la cercanía de los fiscales a los barrios,
la descentralización territorial de los
fiscales. ¿Qué piensa sobre eso?
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Me
parece que habría que descentralizar
los juzgados también, lo que pasa es
que hay que tener un poco de cuidado
en generar expectativas falsas, que
la gente crea que el fiscal le va a ir resolviendo
todo. Y no sólo el problema
de seguridad, sino que se peleó con la
mujer y va a ver al fiscal, o el vecino le
humedece la pared y va a ver al fiscal,
cree que el fiscal está cumpliendo la
función de lo que tendría que ser un
tribunal de vecindad que no tenemos.
Tenemos que crear los tribunales de
vecindad para resolver esos proble-
Ministerio Público
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mas. Pero, uno de los riesgos es ese.
Otro es la Policía. Yo no soy partidario
de meter a ningún funcionario, ni judicial
ni del Ministerio Público, dentro
de la Policía o juntos. Normalmente, en
los grados inferiores de las instituciones
judiciales o del Ministerio Público
a los que se nombran son jóvenes que
son débiles; la Policía tiene calle, experiencia,
sabe cómo comprarse a la
gente, sabe qué le gusta, si le gustan
los caballos le consigue las entradas
al hipódromo, etc. Y además hay una
cosa que es humana, aunque uno no
entra en eso, pero, si estoy trabajando
al lado de alguien todos los días, no lo
puedo procesar; es humano, salvo que
uno sea un monstruo.
* Maximiliano Rusconi: Y ese
apremio existe aún cuando no esté en
el mismo lugar físico.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Entonces,
ahora no se llaman comisarías
sino delegaciones del Ministerio Público,
tipo México. Al tipo no lo extorsionan
en la comisaría, lo extorsionan en
la delegación, bueno, es más o menos
lo mismo. Creo que es eso lo que hay
que cuidar, no generar un monstruo
en ese sentido. ¡Ojo con eso de que se
comen!, históricamente se han comido
Jueces de Instrucción, aunque no
sea en la comisaría, y si uno lo pone
adentro es mucho peor.
* Maximiliano Rusconi: Se dice
que el Ministerio Público es medio
adolescente todavía, y la Policía no
es nada adolescente, tienen un rol
político, hay investigaciones incluso
que lo muestran con mucha claridad;
entonces éste es un organismo muy
definido frente a uno que está todavía
viendo cuál es su rol.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Primero
el organismo, y segundo hay que
suponer que la jerarquía del organismo,
los Fiscales de Cámara, el Procurador
General, pero ¿a quién mandas
al barrio?. Mandas a un joven que tiene
3 ó 4 años de graduado, se para un
comisario delante.
* César Pina Toribio: Sobre todo
en el modelo provincial nuestro que
es un modelo paramilitar.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Ninguna
Policía latinoamericana está sindicalizada,
todas las Policías europeas
están sindicalizadas.
Ministerio Público
* César Pina Toribio: El discurso
penal frente a las nuevas realidades
del mundo globalizado, terrorismo…
¿cómo queda?.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Lo
que estoy viendo que está sucediendo
en este momento en el mundo es
una regresión pre-moderna, y con el
pretexto de estar haciendo un postmodernismo
penal se está volviendo
a la inquisición a través de un discurso
único, que se ha generado a partir
de la publicidad de un sistema penal
hipertrofiado, como es el sistema penal
de Estados Unidos. Y es imposible
copiarlo, por supuesto, Estados Uni-
Es bueno que un código
tenga parte general, cla-
ro, pero si la parte general
es muy escueta, eso no
impide que se haga dog-
mática.
dos tiene su sistema penal porque no
le importa el déficit presupuestario
-total fabrican los dólares-, por eso
puede tener esos índices de prisionización
demenciales que tienen, y condenar
a todos a través del juicio abreviado,
con lo cual no tiene presos sin
condena porque los condena a todos;
pero, realmente la propaganda de ese
aparato, que es un aparato tan grande
que tiene incidencia sobre los índices
de desempleo. Estados Unidos tiene el
índice de desempleo bajo porque tiene
ese aparato penal vehemencial, es
una demanda de servicios increíble,
pero la propaganda de ese aparato
se globaliza, toda la comunicación de
entretenimiento es casi propaganda
del aparato penal de Estados Unidos.
Uno ve una serie policial y es propaganda
de que todo se resuelve violentamente,
todo conflicto se tiene que
resolver violenta o represivamente, y
lo represivo siempre es bueno, siempre
el que está del lado de la represión
es el bueno; eso, sumado al discurso
absolutamente vindicativo, que es un
discurso ideal para la televisión, que
es la cámara tonta. El discurso que
pegue en lo emocional, que muestre
la víctima, que muestre el cadáver
despedazado, que muestre la madre
llorando, que muestra todo eso, y que
después termina pidiendo la Reforma
del Código Penal, es un discurso fácil
que da rating y, en consecuencia, se
imita globalmente. Todos estamos llenos
de comunicadores sociales, débiles
mentales, que repiten eso con singular
éxito económico, dado el rating
que eso proporciona. Entonces, se va
generando un discurso único de medios
que controla a los políticos, ya no
es el autoritarismo o el totalitarismo
de entre guerras que eran los políticos
controlando a los medios, ahora
son los medios con el discurso único
que le ponen sitio a los políticos; y
los políticos están atemorizados o
son oportunistas, los que tienen menos
escrúpulos se montan sobre el
discurso oportunísticamente, los que
tienen más escrúpulos tienen miedo,
pero a través de eso se va produciendo
una destrucción de la legislación
penal. Realmente un desbaratamiento
de la legislación penal. Vemos como
cunden las reformas absolutamente
improvisadas, reformas no discutidas,
reformas aprobadas sobre tablas sin
discusión parlamentaria, sin trabajo
de comisión, disparatadas que llevan
a penas que no tienen nada que ver.
Nosotros tenemos una pena conforme
a la cual el robo de un vehículo a mano
armada tiene más pena que el delito
de castración: “ yo castro a alguien y
tengo menos pena que si le robo el carro
a mano armada, sin hacerle nada,
lo bajo del auto y me lo llevo (el auto)”.
Cuando uno llega a eso, estamos ante
un Código Penal loco; sin contar con
otras cosas como llevar la pena del
concurso real a 50 años, es decir, 25
pequeños hurtos de tienda. Una persona
que cometa 25 de esos hurtos tiene
una pena que vale de un mes a 50
años, me parece que lesiona un poco
el principio de legalidad de la pena.
Aunque Brasil tiene dos homicidios
culposos, tiene un homicidio culposo
en el Código de Tránsito, y tiene otro
homicidio culposo en el Código Penal,
no es lo mismo la culpa en el tránsito
que la culpa en el Código Penal; hay
dos tipificaciones del homicidio cul-
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poso, por no hablar de los crímenes
hediondos que tienen los brasileños.
Lo que quiero decir es que es general
el problema, no entendamos las particularidades
folklóricas que cada uno
de nuestros países puede tener, no
confundamos eso con la generalidad
del fenómeno. El fenómeno es global
y nos venden instituciones postmodernas,
geniales, que no son nada
más ni nada menos que instituciones
inquisitoriales.
El llamado arrepentido no es ningún
arrepentido, es un tipo que está
negociando, un psicópata que negocia
las ventajas que puede tener, cuanto
más psicópata es, mejor, y cuanto más
haya estado metido en el delito, mejor,
porque puede dar más información,
tiene menos escrúpulos, ni siquiera
tiene lealtad con sus compinches,
es decir, es un sujeto que, además de
ser delincuente, es despreciable en
cualquiera de los mundos, entonces
nosotros lo premiamos, a alguien que
además de ser delincuente es una porquería.
El agente encubierto, es decir,
mandar a un sujeto a cometer delitos
-el Estado manda a alguien a cometer
delitos-, cosa loca; sin contar con
otras que se nos quieren meter en la
legislación como en el ámbito de la
participación o cosas por el estilo, que
son inadmisibles.
* Maximiliano Rusconi: Ahora
viene la modificación del lavado con
lo cual el auto-encubrimiento va a ser
punible.
* Eugenio Raúl Zaffaroni: Recuerdo
aquella broma que se hacía
en la época de Stalin: “Potrofka, que
en paz descanse (el aviso fúnebre), su
esposo fulano de tal, su hijo Igor que
la denunció, entre paréntesis”; una
cosa así, como la defensa de la familia,
es lo que están haciendo. En fin,
todas esas cosas me parece que van a
un autoritarismo de nuevo estilo que
no es el fascista, nazi, estalinista, es
un autoritarismo “cool” -mala moda-,
así estúpidamente, no tiene imaginación,
no tiene respaldo académico;
tiene respaldo de una serie de gente
que simplemente cobra, burócratas
que dicen cosas de Naciones Unidas
y de algunos otros lugares; disfrazan
de vez en cuando a alguien de criminólogo
para decir que esto es efectivo
CURRICULUM:
Eugenio Raúl Zaffaroni es de nacionalidad Argentina. En el 1964 se doctoró
en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe. Posteriormente realizó estudios sobre Criminología, Abogacía,
Psiquiatría Clínica, Medicina Legal, entre otros. Su trayectoria como académico
lo ha llevado a formar parte, en calidad de decano, de director departamental
o maestro del cuerpo docente de más de 30 universidades
iberoamericanas, en donde ha impartido, esencialmente, las asignaturas
de las ciencias penales.
Su aporte a la bibliografía jurídica penal iberoamericana es basto. Entre
sus obras podemos citar: a) La Capacidad Psíquica del Delito, 1969;
b) Sociología Procesal Penal, 1969; c) Teoría del Delito, 1973; d) Manual
de Derecho Penal, Parte General, 1977; e) Tratado de Derecho Penal, Parte
General, Tomos I al V, 1980-1983; f) Política Criminal Latinoamericana.
Perspectivas-Disyuntivas, 1982; g) En Busca de las Penas Perdidas. Deslegitimación
y Dogmática Jurídico-Penal, 1989; h) Estructuras Judiciales,
1994; i) Los Códigos Penales Iberoamericanos, 1994.
Ha compartido la autoría de las siguientes obras con destacados autores
iberoamericanos: a) Los Códigos Penales Iberoamericanos, 1994; b)
Siglo y Medio de Codificación Penal en Iberoamérica, 1980; c) El Preso sin
Condena en América Latina y el Caribe, 1983; d) Derecho Penal Militar.
Lineamientos de la Parte General, 1980; e) Derecho Penal. Parte General,
2001; f) Los Códigos Penales de Latinoamérica, 2000; entre otros.
Dentro de las propuestas normativas que ha elaborado se pueden citar:
a) Anteproyecto de Código Penal del Ecuador; Anteproyecto de Parte
General del Código Penal Argentino y el Anteproyecto de Reforma al Sistema
de Penas del Código Penal de Costa Rica. Ha recibido nueve Doctorados
“Honoris Causa” de prestigiosas universidades latinoamericanas y
europeas.
En ese orden, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le
otorgó, en el 1992, la distinción de “Profesor Honoris Causa” de la Primada
de América.
en la prevención del delito, es como
conocerse la propaganda de un dentífrico
en donde se disfraza a alguien de
odontólogo para que diga que ese es
el mejor cepillo dental del mundo, es
más o menos lo mismo. Pero creo que
en el mundo ha habido siempre momentos
hacia el autoritarismo, hacia
el estado de policía y momentos hacia
el estado de derecho, creo que hoy se
mueve el mundo hacia el lado del estado
de policía.
El mundo es dinámico, el mundo
cambia, pero hay algunas cosas que
preocupan. Creo que la prisión, por
ejemplo, no va a durar mucho tal cual
la conocemos hoy. La cárcel tiende a
desaparecer, me parece que inevita-
blemente va a ser remplazada por el
control electrónico de conducta, y eso
es preocupante, porque si la prisión
es cara, por más que sea inhumana,
superpoblada, que maten gente… tiene
un límite que son las paredes; el
control electrónico de conducta es
más barato y no tiene límites, entonces
puede que andemos la mitad de la
población con una pulserita o un chip,
y eso puede ser medio irreversible.
* Alejandro Moscoso Segarra:
Magistrado, conocemos las limitaciones
del tiempo. Le agradecemos sobremanera
que nos haya permitido
tener este interesante intercambio de
reflexiones con usted. Muchas Gracias.
Ministerio Público
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ANGEL CASTILLO TEJADA
Procurador general adjunto
Primer sustituto del Procurador General
aacastillo@gmail.com
(1 de 2)
La cooperación judicial internacional ha sido, por tradición,
dentro de la política de relaciones exteriores de los
Estados, un tema de atención especial, debido sobre todo, a
los intereses encontrados y las implicaciones territoriales.
En las últimas décadas, el tema se ha constituido en motivo
de amplios debates en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos
(OEA) y el Consejo de Europa, fruto de las dimensiones
que ha alcanzado el crimen organizado y la delincuencia
internacional sin frontera.
Fue convocar a las naciones para tratar el tema de manera
particular y legislar en procura de la adopción de leyes,
convenciones, protocolos, convenios y otras documentaciones
que contribuyan a combatir y disminuir un fenómeno
delincuencial de muchas y variadas ramificaciones.
Una serie de medidas, mecanismos y actos que desbordan
los asuntos estrictamente diplomáticos y consulares,
han sido discutidos y aprobados a fin de dar respuesta a un
fenómeno que como el narcotráfico, la trata de seres humanos
y el lavado de activos, en algunos casos, amenazan la
estabilidad de las naciones y sus relaciones bilaterales, que
se enmarcan dentro de un plano de igualdad, equidad, reciprocidad,
cooperación, respeto y autodeterminación de los
pueblos.
La cooperación internacional entre los Estados en materia
penal, se rige a partir de los acuerdos bilaterales o multilaterales,
y en su defecto en el marco de los principios de
cortesía internacionales.
Tales son: las cartas rogatorias y los exhortos adoptados
dentro de la vieja política de cooperación judicial internacional,
y más recientemente el intercambio de pruebas con el
0
Ministerio Público
Cooperación Judicial Internacional
el intercambio De pruebas
con el exterior
las cartas rogatorias y los exhortos
la cooperación jurídica internacional entre los estados
en materia penal, se rige a partir de los acuerdos bilaterales
o multilaterales, y en su defecto en el marco de los
principios internacionales de cortesía.
exterior que data del Convenio de Viena de 1988, y que plantea
y facilita que una autoridad judicial o de asistencia penal
de un país determinado, pueda trasladarse a otro territorio a
realizar una investigación sin que ello se vea como una intervención
en los asuntos internos de la nación destinataria.
En la práctica los casos se dividen en:
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•
•
•
•
•
•
a) La prestación de asistencia judicial
internacional (exhortos, citaciones,
incautaciones, embargos,
levantamiento del secreto bancario,
declaraciones, etc.).
b) El traslado de personas condenadas.
c) La transmisión de la ejecución
de sentencias penales.
d) La transmisión de procesos penales
y denuncias para la instrucción
de un proceso.
e) La vigilancia de personas condenadas
o en libertad condicional.
f) La entrega vigilada.
Hay que aclarar, sin embargo, que
una cosa son los acuerdos de esta naturaleza
propiamente dicho, que se
enmarcan dentro de la Cooperación
Jurídica Internacional, y otra, los tratados
de extradición, aunque se sabe
que existe entre ambas modalidades
una evolutiva familiaridad que, según
algunas investigaciones, son partes
del añejo pedido y traslado de una
persona concebidos inicialmente para
los delitos políticos y posteriormente
para los delitos graves que no pueden
considerarse político-sociales. En República
Dominicana el asunto data de
1909, cuando durante el gobierno de
Ramón Cáceres se firmó el Tratado de
Extradición con los Estados Unidos de
Norteamérica.
En su primer artículo, ese tratado
expresa: “El Gobierno de la República
Dominicana y el Gobierno de los Estados
Unidos convienen en entregar a la
Justicia, a petición del uno al otro, hecha
con arreglo a lo que en este Convenio
se dispone, a todos los individuos
acusados o convictos de cualquiera de
los delitos especificados en el artículo
2° de este convenio, cometidos dentro
de la jurisdicción de una de las Partes
contratantes, siempre que dichos individuos
estuvieren dentro de dicha
jurisdicción al tiempo de cometer el
Las cartas rogatorias y los
exhortos que son los actos
más conocidos y de mayor
categoría, consagran la
presencia de funcionarios
extranjeros competentes en
otros territorios, lo que a la
vez forma parte de la práctica
internacional en el marco
de la asistencia judicial
recíproca.
delito, y que busquen asilo o sean encontrados
en el territorio de la otra,
con tal que dicha entrega tenga lugar
únicamente en virtud de las pruebas de
culpabilidad que, conforme a las leyes
del país en que el refugiado o acusado
se encuentre, justificaran su detención
y enjuiciamiento, si el crimen o delito
se hubiese cometido allí”.
El proceso avanzó luego a los convenios
de Derecho Internacional Penal
que en muchas naciones dio lugar a un
derecho penal interno, y se coronó finalmente
con la creación de la Corte
Penal Internacional, cuyo estatuto se
aprobó en Roma en la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de las
Naciones Unidas, desarrollada entre
el 15 de junio y el 17 de julio de 1998.
Ese estatuto consagra la instauración
definitiva del sistema de aplicación directa
en el campo penal internacional.
En el caso que nos ocupa, hay que
señalar que las cartas rogatorias y los
la asistencia judicial penal reviste particular importancia, pues a
través de la misma se hace efectiva la obtención de pruebas que
hayan podido recaudarse en país extranjero para la persecución
de delitos y conductas ilícitas, entre otras, el narcotráfico, el lava-
do de dólares, las infracciones cambiarias, las ventas de armas y
los delitos informáticos...
exhortos, que son los actos más conocidos
y de mayor categoría, consagran
la presencia de funcionarios extranjeros
competentes en otros territorios,
lo que a la vez forma parte de la práctica
internacional en el marco de la asistencia
judicial recíproca.
La asistencia judicial penal reviste
particular importancia, pues a través
de la misma se hace efectiva la obtención
de pruebas que hayan podido
recaudarse en país extranjero, para la
persecución de delitos y conductas
ilícitas, entre otras, el narcotráfico,
el lavado de dólares, las infracciones
cambiarias, las ventas de armas y los
delitos informáticos, entre otros.
Entre los tratados y convenciones
vigentes se pueden citar:
1.- Convención Interamericana sobre
Exhortos o Cartas Rogatorias.
2.- Convención Interamericana
sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.
3.- Convención Interamericana sobre
Régimen Legal de Poderes para
ser utilizados en el extranjero.
4.- Convención Interamericana sobre
prueba e información acerca del
Derecho Extranjero.
5.- Protocolo adicional a la Convención
Interamericana sobre Exhortos o
Cartas Rogatorias.
6.- Protocolo Adicional a la Convención
Interamericana sobre Recepción
de Pruebas en el Extranjero.
7.-Convenio de La Haya relativo a la
Notificación o Traslado en el Extranjero
de Documentos Judiciales y Extrajudiciales
en Materia Civil o Comercial.
8.- Convenio de La Haya relativo a
la Obtención de Pruebas en el Extranjero
en Materia Civil o Mercantil.
América Latina es pionera en este
tipo de instrumentos convencionales,
como lo demuestran los Tratados
de Montevideo de 1889 que versan,
aunque de manera general, sobre la
cooperación judicial en sus diversos
grados, que son tres:
Los actos de mero trámite (notificaciones,
emplazamientos y producción
de pruebas).
Los referentes a las medidas de
seguridad o cautelares.
La cooperación entendida con un
alcance amplio que abarca los supuestos
de reconocimiento y ejecución de
sentencias desde y en el extranjero.
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 41 21/12/2007 02:15:21 p.m.

JEsús FERnánDEz VélEz
Procurador general de la Corte de Apelación
de San Cristóbal.
jfernandez@procuraduria.gov.do
El acelerado proceso de la globalización, entendida
como los mecanismos de internacionalización y mundialización
en el orden global, obliga a un repensar del derecho y
la justicia.
Los resortes de integración se agigantan, como el Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica
y República Dominicana (DR-CAFTA), permitiendo grandes
intercambios financieros nunca antes conocidos. No obstante,
la integración y alianzas regionales no son nuevas, pues
desde hace décadas existen diversos estamentos en América
y otras latitudes, como el Pacto Andino, el Mercosur,
el Caricom, el Grupo de Río, el Parlacen, la OEA, y muchos
más, independientes del organismo mundial (las Naciones
Unidas).
La Unión Europea es otra instancia de unidad hemisférica
nacida luego de la Segunda Guerra Mundial, que para el escocés
Neil MacCormick, es la mayor integración económica,
cultural y multiétnica, al agrupar unos veintisiete Estados.
El surgimiento de un nuevo derech0
La integración trae por consecuencia el nacimiento de
un nuevo derecho, un derecho global, el de los tratados o
convenios internacionales, diferente a las clásicas concepciones
del derecho internacional público y privado. Es un
derecho dinámico, pues mientras más tratados y acuerdos
se plasman, más variante se torna, obligando a la armonización
de la legislación interna con los diversos pactos.
La globalización es un proceso irreversible que conlleva
al fortalecimiento jurídico de las sociedades para los potenciales
beneficios de ésta, al no operar en Estados debilitados
y jurídicamente desarticulados. Se plantean así nuevas concepciones
sobre la naturaleza del derecho y el tradicional
sistema de sus fuentes.
Se precisa, en efecto, redefinir el perfil del abogado en el
marco de la globalización, para lo cual es necesario ponerle
atención a los métodos de formación de éstos, es decir, a
la enseñanza del derecho, que en el país amerita de cuestionamientos.
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
jurídicas contienen grandes retos de capacidad de adaptación
en el nuevo escenario globalizado, expectativas que
deben extenderse a las escuelas de capacitación de jueces
y Ministerio Público, a las distintas profesiones y a la formación
técnico vocacional.
Se ha constituido una especie de soberanía supraestatal
y difusa, con un soberano por igual difuso, con significativas
limitaciones de la democracia representativa y la agravante
ausencia de un derecho público internacional adecuado
Ministerio Público
justicia y globalización
social
para vigilar a los grandes poderes económicos transnacionales,
que para Luigi Ferrajoli no es ausencia de derecho internacional,
sino que “es un vacío de derecho público”. (Ver
Ferrajoli: “La Crisis de la Democracia en la Era de la Globalización”,
Granada, España, mayo 2005).
un orden cosmopolita
Para compensar estos nuevos poderes se precisa de
una organización internacional, de gobernación mundial sin
gobierno mundial, capaz de imponer la primacía del derecho
internacional sobre los ordenamientos nacionales, con
capacidad de promover la seguridad internacional y los derechos
humanos en todo el mundo.
El nuevo orden mundial debiera funcionar bajo el liderazgo
de esa organización que es Naciones Unidas. Se hace imperativo
el redimensionamiento de la ONU para un mundo
multipolar del equilibrio ecológico mundial, la participación
ciudadana y la promoción de los grupos más vulnerables del
planeta.
En “Hacia la Paz Perpetua”, Immanuel Kant sostiene que
el derecho cosmopolita es la base para articular la igualdad
de estatus moral de los individuos en la comunidad universal,
y que el cosmopolitismo constituye la filosofía política
para vivir en una sociedad global. Kant cree que la paz permanente
en el mundo sería una consecuencia directa de la
constitucionalización completa de las relaciones internacionales.
(Citado por Jürgen Habermas, en “¿Es Aún Posible el
Proyecto Kantiano de la Constitucionalización del Derecho
Internacional?”, Granada, España, mayo 2005).
El avance de los derechos humanos pasa por la escala
global, ya que si se aprueba un tratado en Irak, Bosnia o en
Somalia, es vinculante con los tribunales dominicanos. También
en las esferas del orden económico y cultural. Por ello,
para los operadores judiciales es significativo el dominio de
los procesos de mundialización.
Recurriendo a especies vemos que el DR-CAFTA ha
modificado las leyes 65-00 de Derecho de Autor y 20-00
de Propiedad Industrial, en cuanto al procedimiento e incremento
de las penalidades, y el artículo 32 del Código
Procesal Penal, convirtiendo de acción privada en acción
pública, de persecución del Ministerio Público a instancia
de la víctima, las violaciones a esas normas.
En “La Era de los Derechos”, Norberto Bobbio, preocupado
por el proceso global, sostiene: “No cierro los ojos al
hecho de que el camino será difícil, pero no hay alternativas”.
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la comunicación interna
como factor claVe en el Desarrollo
institucional
Cuando hablamos de Comunicación Interna pensamos
que se trata de un concepto reservado para las grandes empresas
que necesitan, entre otras cosas, generar un cambio
en sus empleados para lograr grandes beneficios (en la
acepción estrictamente pecuniaria). Si bien es cierto que
este concepto de Comunicación Interna responde a la realidad,
es solo una parte de esa realidad.
Rafael Alberto Pérez define, en su libro “Estrategia de
Comunicación”, la comunicación, en su significado más amplio,
como “la interacción simbólica de al menos dos participantes
que comparten un código en común y responden
en función del estímulo del otro”.
A nivel institucional, las organizaciones se comunican
hacia su interior (comunicación interna) y con su entorno
(comunicación externa). En la medida que esa interacción
es de calidad, la organización avanza hacia el éxito de sus
objetivos. No puede entonces la organización dejar al azar
los mensajes que envía hacia sus distintas audiencias o públicos,
debe planificar todas sus acciones comunicativas de
modo y manera que conserven una coherencia simbólica
que guíe hacia los objetivos de la organización.
Estamos hablando de comunicación estratégica, no importa
hacia dónde dirigimos nuestra comunicación, si hacia
nuestro entorno o hacia nuestro interior, lo importante es
definir nuestras audiencias y trazar un plan, con unos objetivos
y ejes básicos bien definidos.
Volviendo a nuestro punto de partida: la Comunicación
Interna como factor clave en el desarrollo institucional, debemos
empezar por entender la función de la comunicación
interna como un factor clave en el desarrollo no solo
de las empresas, cuyo objetivo primordial es la generación
de riquezas, sino en cualquier otro tipo de organización, ya
sea de carácter público o privado.
La Comunicación Interna es aquella que dirigimos hacia
nuestros públicos internos: los empleados, y nace como
respuesta a las nuevas necesidades de las organizaciones
de motivar al recurso humano y, sobre todo, de retener a
los mejores talentos. (Elías, J y Mascaray, 1998, Mas allá de
la Comunicación Interna: La Intercomunicación).
Es a través de un ejercicio de Comunicación Interna que
las organizaciones pueden construir una identidad en un
clima de confianza y motivación, informar debida y oportunamente
a los empleados, profundizar en el conocimiento
de la organización como entidad, participar a los empleados
de los logros obtenidos y de los cuales los empleados
son co-partícipes, y promover la comunicación a todas las
escalas y formas (ascendente, descendente y horizontal).
(Carla Cirigliano, Gestión de la Comunicación Interna en las
Organizaciones).
Entonces, vale decir, que la Comunicación Interna es
consustancial con la organización, en cuanto que en las or-
JulIEta tEJaDa
Directora de Relaciones Públicas, Eventos
y Protocolo
jtejada@procuraduria.gov.do
ganizaciones se relacionan personas y la información circula.
Esto trae como consecuencia la necesidad de gestionar
la información; para ello, las organizaciones han tomado
conciencia de la importancia que tiene la Comunicación Interna,
y la dimensión comunicativa de la organización, por
lo que en los últimos años la comunicación interna ha sido
enfocada desde un punto de vista estratégico.
Pero, para qué sirve la comunicación interna y qué significa
gestionar la información?
Cuando una organización tiene una buena comunicación
interna, primero, conoce la importancia intrínseca de
la CI para lograr un mejor funcionamiento de todas las áreas
de la organización, conoce y aplica efectivamente cada una
de las herramientas de la CI sin dejar de lado ninguna de las
formas de comunicación (descendente, ascendente y horizontal).
Su función principal es apoyar estructuralmente el proyecto
de la organización, es decir, que la comunicación interna
se convierta en un factor clave a la hora de poner los
cimientos para conseguir una sólida estructura organizacional.
Es un elemento transversal para permitir la consecución
de la estrategia general de la organización; por lo tanto, una
efectiva comunicación interna asegura que todo el mundo
recibe los mensajes adecuados en los momentos apropiados;
ayuda a conocer la cultura y los objetivos de la organización,
facilitando que todos los miembros caminen en una
misma dirección; Crea oportunidades para que se compartan
las mejores prácticas y el conocimiento; mejora la toma
de decisiones; fomenta la confianza; y aumenta la eficiencia
y la efectividad de las operaciones.
Por su parte, gestionar la comunicación implica definir
un conjunto de acciones y procedimientos mediante los
cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación
(boletines, revistas, murales, comunicados, eventos,
internet, etc) para apoyar la labor de las organizaciones.
A través de la gestión en la comunicación interna se facilita
el despliegue de todo el aparato comunicacional destinado
a los empleados, con el objeto de promover la comunicación
entre los miembros, facilitar la integración entre
las realizaciones personales y las institucionales, reducir los
focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la
cohesión de los miembros, contribuir a la creación de espacios
de formación, participación y opinión.
Cuando vamos a gestionar la comunicación interna, debemos
partir del conjunto de valores, referencias, hábitos,
ritos, etc., que conocemos como la cultura organizacional, y
éste debe ser nuestro marco para la implementación de una
gestión de comunicación.
Ministerio Público
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EDwaRD anDRés núñEz P.
Fiscal adjunto
ednunez@procuraduria.gov.do
Recientemente, recibimos la visita
del fiscal general de Colombia, Mario
Iguarán, el cual destacó el éxito obtenido
por ese país con la implementación
del Sistema Acusatorio, que sustituyó
el método inquisitorial en los procesos
penales. Dijo que para la implementación
de este sistema se necesita contar
con una Policía Judicial robustecida y
fuerte, además de un gran número de
investigadores y un programa de protección
a víctimas y testigos, lo que
permitirá impulsar una buena investigación.
Sin embargo, apenas estamos a la
víspera de cumplir tres años de la implementación
en nuestro país del Ordenamiento
Procesal Penal Dominicano,
que aunque se hace constar en él
la conformación de una Policía Judicial,
no menos cierto es que, realmente debería
denominarse Policía Investigativa.
La Policía Investigativa como auxiliar
del Ministerio Público en la persecución
e investigación de los hechos punibles
de la acción pública, garantiza el
cumplimiento de las normas del debido
proceso, protegiendo y respetando la
dignidad humana. En este sentido, se
coloca a todos, jueces, fiscales e investigadores
a jugar su rol estelar.
A tales efectos, su conformación es
de naturaleza civil, con profesionalidad
en criminalística. Pueden contribuir al
mantenimiento de la tranquilidad pública,
previniendo los actos delictivos.
Nuestra Policía Nacional, a través
del tiempo, ha dado muestra de avances,
y una de ellas es la destacada participación
activa de la Policía Científica
en la escena del crimen, donde en
conjunto con el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses (INACIF) recogen
las evidencias y después de ser sometidas
a un examen, siempre y cuando lo
Ministerio Público
policía juDicial o inVestigatiVa
su conformación
El general de brigada PN, Cresencio Jáquez Hernández, director de la Policia Judicial Especializada de
NNA, en una labor de supervisión.
amerite, sus resultados son colocados
en las manos del Ministerio Público,
siendo ellos los que ejercen la dirección
funcional y coordinación de la investigación,
para que cuenten con los
elementos necesarios para presentar
pruebas ante los tribunales penales de
la República.
No es extemporáneo su conformación.
En la Republica de Colombia tiene
apenas cuatro años del inicio del Sistema
Acusatorio, sin embargo, por la
gran densidad territorial y poblacional,
han incluido a los alcaldes pédaneos
como miembros de la Policía Judicial,
teniendo ellos la prerrogativa de actuar
cuando ocurre la comisión de acto delictivo
o punible.
La Policía Nacional (uniformada) se
encargará de prevención y seguridad,
mientras que la Investigativa (investigadores)
serán la plataforma para la
sustentación de acusaciones penales.
La colaboración entre fiscales y po-
licías se puso de manifiesto cuando el
doctor Radhames Jiménez Pena, procurador
general de la República, y el
jefe de la Policía Nacional, teniente general
Rafael Guillermo Guzmán Fermín,
firmaron un convenio de cooperación
en investigación penal y persecución
de los actos delictivos.
Con este acuerdo institucional se
busca enfatizar que dos de los principales
actores del orden penal unifiquen
criterios en el proceso penal acusatorio,
manteniendo como norte lo
establecido en el artículo 4 de la Constitución
de la República, respecto a los
derechos humanos.
Con esta fusión, ambos estamentos
del Estado trabajan en aras de que
nuestra sociedad goce de más seguridad
pública y paz ciudadana.
Este es el primer paso para la conformación
de una Policía Investigativa:
el trabajo en conjunto de fiscales
y policías.
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la prueba
en el proceso penal
consideramos de capital importancia para la preservación de las eviden-
cias, los rastros y otros efectos materiales que sean el resultado del hecho
punible, que el ministerio Público en su condición de director de la investigación
disponga de una Policía técnica Judicial que esté en condiciones
de manejar adecuadamente la escena del crimen...
Nuestro ordenamiento jurídico Procesal Penal Dominicano
dispone de manera clara, en su Art. 312, cuáles medios
probatorios pueden ser incorporados al juicio por su lectura,
como una excepción a la oralidad que caracteriza al sistema
acusatorio adversarial que nos rige desde hace ya tres años,
disponiendo de manera categórica el referido texto en su
Art. 311, como regla general, que el juicio es oral; asimismo,
la práctica de las pruebas y toda intervención de quienes participan
en el juicio debe realizarse de modo oral. Pero como
ya hemos señalado, hay excepciones a esta regla que permiten
incorporar medios de prueba:
1- ) Los informes, las pruebas documentales y las actas
que el Código Procesal Penal expresamente prevé.
2- ) Las actas de los anticipos de pruebas sin perjuicio de
que las partes soliciten al tribunal la comparecencia personal
del testigo, cuando sea posible.
3-) Los informes de peritos, sin perjuicio de que los peritos
deban concurrir para explicar las operaciones técnicas
realizadas y las conclusiones a las que han llegado.
4- ) Las declaraciones de co-imputados que se encuentren
en rebeldía, registrados conforme al Código Procesal
Penal.
De tal suerte, que cualquier otro elemento de prueba que
pretenda ser incorporado por lectura al juicio, no tiene valor
alguno, por lo tanto, la comprobación inmediata que reali-
Ley -0 , Código Procesal Penal
Artículo 173.- Los funcionarios del
Ministerio Público o de la Policía deben
custodiar el lugar del hecho y comprobar,
mediante la inspección del lugar y
de las cosas, los rastros y otros efectos
materiales que sean el resultado del
hecho punible. El funcionario a cargo
de la inspección levanta acta en la cual
describe detalladamente el estado de
los lugares y de las cosas, recoge y
conserva los elementos probatorios
útiles, dejando constancia de ello en
el acta. El acta debe ser firmada por
el funcionario o agente responsable
y, de ser posible, por uno o más testi-
gos. Bajo esas formalidades puede ser
incorporada al juicio por su lectura, sin
perjuicio de que el funcionario y el testigo
instrumental puedan ser citados
para prestar su testimonio.
Artículo 311.- El juicio es oral. La práctica
de las pruebas y, en general, toda
intervención de quienes participen en
él se realiza de modo oral. Durante su
desarrollo, las resoluciones son dictadas,
fundamentadas y explicadas verbalmente
por el tribunal, y valen como
notificación a las partes presentes o representadas
desde el pronunciamien-
MOISéS A. FERRER LANDRóN
Procurador general adjunto
Supervisor nacional de fiscalías
mferrer@procuraduria.gov.do
zan los funcionarios del Ministerio Público y de la Policía en
el lugar del hecho punible, debe realizarse observando las
formalidades que de manera expresa señala nuestro Código
Procesal Penal en su Art.173. Para que estas actuaciones
puedan tener valor de probación en el juicio, el funcionario
a cargo de la inspección debe levantar acta, en la cual describe
detalladamente el estado de los lugares y de las cosas,
recoge y conserva los elementos probatorios útiles, dejando
constancia de ello en el acta. El acta debe ser firmada por el
funcionario o agente responsable y, de ser posible, por uno
o más testigos; bajo estas formalidades puede, el acta, ser
incorporada al juicio por su lectura, sin perjuicio de que el
funcionario y el testigo instrumental puedan ser llamados
para prestar su testimonio, si fuere posible.
Por lo tanto, consideramos de capital importancia para
la preservación de las evidencias, los rastros y otros efectos
materiales que sean el resultado del hecho punible, que el
Ministerio Público en su condición de director de la investigación
disponga de una Policía Técnica Judicial que esté en
condiciones de manejar adecuadamente la escena del crimen,
mediante la custodia correcta del lugar del hecho punible,
y que al mismo tiempo esté en capacidad de recolectar
evidencias sin contaminarla, para ser sometida a un examen
científico y puedan éstas ser ofertadas válidamente al proceso.
to, lo que se hace constar en el acta de
juicio. Quienes no pueden hablar o no
pueden hacerlo de manera comprensible
en español, formulan sus preguntas,
observaciones y respuestas por
escrito o por medio de un intérprete,
las cuales son leídas y traducidas de
modo que resulten entendibles para
todos los presentes. Si la víctima o el
imputado es sordo o no comprende
el idioma español, el tribunal dispone
que sea asistido por un intérprete con
el objeto de transmitirle el contenido
de las actuaciones de la audiencia.
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 45 21/12/2007 02:15:30 p.m.

Desde la izquierda, el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta; el procurador general, Radhamés Jiménez Peña; la encargada del Departamento
de Violencia de Género de la Secretaría de la Mujer, Clara Luna; el gobernador provincial, Eladio Martínez, y el director de la Escuela Nacional del
Ministerio Público, Ramón Núñez, durante el corte de la cinta que deja en funcionamiento la Fiscalía Barrial de La Victoria. Parcialmente oculto se obervan
al procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Leonel Sosa y la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz.
Fiscalías
Barriales:
Alternativa de justicia rápida y
cercana para la ciudadanía
y desahogo para los tribunales
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 46 21/12/2007 02:15:32 p.m.

Las innovadoras fiscalías
barriales acortan distancia
al ciudadano y les ahorra
tiempo. Sus servicios oportunos,
mediante la solución
alternativa del conflicto, llegan
hasta salvar vidas.
Se trata de experiencias
aplicadas en el país, principalmente
por la Procuraduría
Fiscal del Distrito Nacional
y, en menor proporción,
por la Procuraduría Fiscal
de la provincia Santo Domingo.
Se procura, con estas
iniciativas, acercar los servicios
del Ministerio Público a
la población de manera más
eficiente y rápida.
En estos centros se conocen
asuntos como violencia
de género, intrafamiliar,
conflictos menores entre
vecinos y denuncias diversas.
En el Distrito Nacional
se han creado 13 fiscalías
barriales: Gualey, Los Guan-
La coordinadora de la Fiscalía Barrial del Ensanche Quisqueya, Teresa García Ceballos, atiende a un usuario.
dules – La Ciénega, Cristo
Rey – Ensanche La Fe, Villas
Agrícolas, Capotillo, María
Auxiliadora, Villa Consuelo,
Ciudad Colonial, Carretera
Sánchez, Los Ríos y Los Girasoles.
Mientras que en la provincia
Santo Domingo se
han inaugurado fiscalías
barriales en Los Alcarrizos,
Guerra y Los Guaricanos.
Recientemente, el procurador
general de la República,
doctor Radhamés Jiménez
Peña, ha ofrecido apoyo
a la instalación y puesta en
servicio de estas representaciones
del Ministerio Público,
por entender que garantizan
la convivencia en
armonía en los barrios.
El fiscal del Distrito Nacional,
magistrado José Manuel
Hernández Peguero,
resalta que las 13 fiscalías
barriales instaladas a la fecha
cubren más de un 75%
del territorio de la capital.
Más de 700,000 ciudadanos
tienen acceso rápido y eficaz
a la justicia, sostiene.
Mientras que el fiscal de
la provincia Santo Domingo,
magistrado Perfecto Acosta,
expresa que apoyan la aplicación
de fiscalías barriales
por entender que benefician
a la población.
“El objetivo es descentralizar
los servicios de su
sede principal, así como
dar un mejor servicio a los
usuarios”, precisa Acosta.
Atenciones
Las estadísticas indican
que en el año 2006 las
13 fiscalías barriales del
DN atendieron a más de
79,000 personas. Igualmente,
25,000 denuncias en el
citado período, cuyos casos
en más de un 90% fueron
solucionados a través de la
conciliación o de la suspensión
condicional del procedimiento.
Mientras que en la provincia
Santo Domingo, en
las fiscalías barriales de Los
Alcarrizos, período octubre
2006-septiembre 2007, recibieron
7,994 denuncias,
y Los Guaricanos 4,433, de
enero-julio de 2007.
Personal
El personal de las fiscalías
barriales está integrado
por fiscales adjuntos,
psicólogos, médico legista,
personal administrativo y
secretarial, conserjes y policías.
Cotidianamente los
usuarios reciben atenciones
especializadas de psicólogas,
y sus casos son seguidos
rigurosamente.
Voluntariado
En el DN se cuenta con
los Voluntariados de Apoyo a
la Fiscalía Barrial, integrado
por reconocidos miembros
de la comunidad barrial, entre
los cuales figuran curas
párrocos, representantes de
las iglesias evangélicas, diri-
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 47 21/12/2007 02:15:34 p.m.

gentes clubísticos, profesores, juntas
de vecinos y asociaciones de profesionales.
Frecuentemente, recorren, junto al
fiscal barrial, los destacamentos policiales
de la jurisdicción territorial de
la fiscalía barrial, para orientar al fiscal
sobre la conducta de los apresados por
los policías.
Proyectos
El proyecto en el DN tiene contemplado
la instalación de 16 fiscalías barriales.
En los próximos días será instalada
una fiscalía barrial en el ensanche
La Paz, que atenderá a los ciudadanos
residentes en otros sectores aledaños
como La Feria, El Manguito y otros.
En tanto, que en la provincia Santo
Domingo fue instalada una fiscalía barrial
en la comunidad de La Victoria, y
será inaugurada otra en el municipio
Santo Domingo Norte.
Contribuciones
Colaterales
Como se evidencia, las fiscalías barriales
que funcionan en el Distrito Nacional
y la provincia Santo Domingo,
han ampliado y consolidado los servicios
que ofrece el Ministerio Público a
la ciudadanía, y por vía de consecuencia,
se han constituido en un desahogo
para los tribunales de sus respectivos
distritos judiciales.
De esa manera, estas instancias
desbordan las expectativas iniciales
de ser mediadoras por excelencia de
conflictos e intereses comunes, bajo el
principio de una justicia para la paz y
respeto al derecho de todos.
Se recuerda que en otrora, al am-
Ministerio Público
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero; el director de la Biblioteca Nacional,
Diómedes Núñez Polanco y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, al momento
de inaugurar una Fiscalía Barrial.
La psicóloga clínica Berberlyn Pérez Kern de la Fiscalía Barrial del Ensanche Quisqueya ofrece tratamiento
a una usuaria.
paro del viejo Código de Instrucción
Criminal, los tribunales de justicia se
mantenían entaponados por los miles
de casos que rebotaban en sus jurisdicciones,
lo que de paso provocaba
una superpoblación carcelaria, sobre
todo, de presos preventivos.
Debido a la situación que durante
décadas imperó en el país merced al
viejo ordenamiento procesal penal, los
presos pendientes de juicio o con procesos
abiertos en los tribunales, nunca
terminaban o caían en el limbo jurídico
por los constantes reenvíos, afectando
a más del 85 por ciento de los reclusos
en las prisiones dominicanas.
Junto al nuevo Código Procesal Penal
y el Nuevo Modelo Penitenciario
que impulsa la Procuraduría General
de la República, las fiscalías barriales
contribuyen hoy con una administración
de justicia más ágil, amplia y humanizada.
En la actualidad, cuando se cotejan
las estadísticas individuales se observa
que los casos de violencia y criminalidad
típicos para ser atendidos o
conciliados por el Ministerio Público,
son proporcionalmente menores en
los barrios más traumatizados como
Gualey y Capotillo, con relación a
otros sectores capitalinos más céntricos
y periféricos.
Un factor que está contribuyendo
con esa variable positiva, es el programa
Barrio Seguro del Plan Nacional de
Seguridad Democrática que desarrollan
varias instituciones del gobierno,
entre ellas, la Secretaría de Interior y
Policía y la Procuraduría General de la
República.
Revista-MP-Edic3.indd 48 21/12/2007 02:15:42 p.m.

Directorio Fiscalías Barriales del D.N. y la provincia Santo Domingo
LugAR dE RECEPCión ToTAL dE dEnunCiAS PoRCEnTAjES PRoMEdio MEnSuAL:
Fiscalía Barrial Capotillo 2.739 11% 228
Fiscalía Barrial Carretera Sánchez 1.499 6% 125
Fiscalía Barrial Ciudad Colonial 851 3% 71
Fiscalía Barrial Cristo Rey 4.056 16% 338
Fiscalía Barrial Ensanche Quisqueya 1.069 4% 89
Fiscalía Barrial Gualey 1.553 6% 129
Fiscalía Barrial Los Guandules 1.828 7% 152
Fiscalía Barrial Los Girasoles 667 3% 133
Fiscalía Barrial Los Ríos 896 4% 179
Fiscalía Barrial María Auxiliadora 2.593 10% 216
Fiscalía Barrial Villas Agrícolas 2.664 11% 222
Fiscalía Barrial Villa Consuelo 3.021 12% 252
Fiscalía Barrial Villa Juana 1.623 6% 180
TOTAL GENERAL: 25.059 100% 2.316
LUGAR DE RECEPCIóN TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS PORCENTAJES PROMEDIO MENSUAL
Fiscalía Barrial Capotillo 5.077 6% 423
Fiscalía Barrial Carretera Sánchez 4.319 5% 360
Fiscalía Barrial Ciudad Colonial 5.497 7% 458
Fiscalía Barrial Cristo Rey 15.610 20% 1.301
Fiscalía Barrial Ensanche Quisqueya 2.869 4% 239
Fiscalía Barrial Gualey 6.587 8% 549
Fiscalía Barrial Los Guandules 3.788 5% 316
Fiscalía Barrial Los Girasoles 2.896 4% 579
Fiscalía Barrial Los Ríos 3.248 4% 650
Fiscalía Barrial Maria Auxiliadora 11.549 15% 962
Fiscalía Barrial Villas Agrícolas 5.540 7% 462
Fiscalía Barrial Villa Consuelo 9.298 12% 775
Fiscalía Barrial Villa Juana 2.889 4% 321
TOTAL GENERAL 79.167 100% 7.394
Fiscalías Barriales DN
Coordinación General Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
Calle Fabio Fiallo Esq. Calle Beller
Tel. (809) 221-6400
Coordinador General: Rafael Brawn Herrera
Fiscalía Barrial Gualey
Calle Oscar Santana (antigua 18), esquina calle Interior I
Teléfono: (809)538-6140
Inaugurada el 19 de octubre de 2004
Coordinador: Pedro Celestino Santana
Fiscalía Barrial Los Guandules – La Ciénega
Calle San Francisco esquina Francisco del Rosario Sánchez
Teléfono: (809)536-0878
Inaugurada el 16 de noviembre de 2004
Coordinador: Alcedo Margarín
Fiscalía Barrial Cristo Rey – Ensanche La Fe
Avenida Ortega y Gasset
Teléfono: (809)472-7220
Inaugurada el 16 de diciembre de 2004
Coordinador: Eduardo Joel Velásquez Muñoz
Fiscalía Barrial Villas Agrícolas
Calle Diagonal Segunda esquina calle 30
Teléfono: (809)245-0774
Inaugurada el 21 de diciembre de 2004
Coordinador: José Miguel Mejía de la Cruz
Fiscalía Barrial Capotillo
Calle Josefa Brea #298 esquina General Sucre
Teléfono: (809)684-7277
Inaugurada el 29 de diciembre de 2004
Coordinador: Gedeón Platón Bautista Liriano
Fiscalía Barrial María Auxiliadora
Calle Yolanda Guzmán esquina Avenida 27 de Febrero, Edificio 8
Teléfono: (809)689-7087
Inaugurada el 20 de abril de 2005
Coordinador: Félix Manuel Figuereo Agramonte
Fiscalía Barrial Ensanche Quisqueya
Calle José Tapia Brea (antigua 18) No. 209, altos
Teléfono: (809)549-3999
Inaugurada el 27 de abril de 2005
Coordinadora: Teresa Mercedes García Ceballos
Fiscalía Barrial Villa Consuelo
Calle Tunti Cáceres esquina
Calle Felipe Vicini Perdomo, Villa Consuelo
Teléfono: (809)686-1184
Coordinador: Primitivo Luciano Comas
Fiscalía Barrial Ciudad Colonial
Calle Vicente Celestino Duarte # 9 esquina Isabel la Católica
Teléfono: (809)686-4376
Inaugurada el 26 de julio de 2005
Coordinadora: Ana Mercedes Rosario
Fiscalía Barrial Carretera Sánchez
Prolongación Avenida Independencia esquina calle A
Teléfono: (809) 534-8067
Coordinador: Gabriel A. Suero Moquete
Fiscalía Barrial Villa Juana
Calle Paraguay esquina calle Marcos Adón
Teléfono: (809)686-2808
Coordinador: Carlos Calcagno Domínguez
Fiscalía Barrial Los Ríos
Avenida Circunvalación #302
Tel: (809)561-3609
Coordinador: Herbarth Pérez Trinidad
Fiscalía Barrial Los Girasoles
Calle Emma Balaguer esquina calle Jazmín, Los Girasoles III
Teléfono: (809)620-7759
Coordinador: Máximo Rodríguez González
Fiscalías Barriales provincia Santo Domingo
Fiscalía Barrial Los Guaricanos
Calle Primera # 20
Teléfono: (809)548-4004
Inaugurada el 2 de agosto del año 2005
Coordinador: Alejandro Morel Holguín
Fiscalía Barrial de Guerra
Calle Manuel Pumarol #56
Teléfono: (809)526-5217
Inaugurada el 7 de enero de 2005
Coordinador: Francisco H. Valdez
Fiscalía Barrial Los Alcarrizos
Calle 37 # 2, Pueblo Nuevo
Teléfono: (809)545-3699
Inaugurada el 10 de marzo de 2005
Coordinador: José Danilo Hiciano
Fiscalía Barrial La Victoria
Calle Juan Pablo Duarte No.21
Coordinador: Eric Arafat
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 49 21/12/2007 02:15:43 p.m.

RaFaEl bRawn HERRERa
Fiscal adjunto, coordinador general de
Fiscalías Barriales D.N.
Fue a partir del año 1997, durante el primer gobierno
del presidente Leonel Fernández, que se tomó la decisión
de asignar fiscales a los destacamentos de la Policía Nacional
que operaban en los barrios de la ciudad capital. Con
ello, se procuraba garantizar a los ciudadanos el respeto de
sus derechos y un trato digno, así como evitar que casos que
ameritaban el juzgamiento de los imputados fuesen desestimados.
No obstante, la ciudadanía en sentido general continuó
percibiendo los maltratos y violaciones a sus derechos
fundamentales.
El descrédito de la Policía Nacional ante la sociedad, fruto
de una viaja práctica, continuaba en ascenso y la conducta
de los ministerios públicos se veía empañada por tales
motivos, al extremo de que se les asociaba a las inconductas
y actos deshonestos de los agentes, o en otros casos, no
atendían los reclamos que por tales razones les hacían los
ciudadanos afectados. En el año 2002, la promulgación del
nuevo Código Procesal Penal revoluciona el papel de los actores
fundamentales del sistema, principalmente el del Ministerio
Público, a quien se le atribuye, además de perseguir
y procurar la sanción de los responsables de actos penales
ilícitos, procurar la solución de los conflictos antes de su
judicialización, usando para ello las herramientas que busquen
facilitar acuerdos, como la mediación y la conciliación.
Los autores del nuevo Código Procesal Penal establecieron
la necesidad de aproximar la justicia a los ciudadanos,
lo cual nos obligaba a crear los medios para que nuestros
usuarios no tuviesen que desplazarse a distancias lejanas
para contactar a un representante del Ministerio Público.
Eso obligó a poner prácticamente el despacho del fiscal en
las puertas del ciudadano que requería su presencia y actuación,
garantizando con ello un rápido, económico y fácil
acceso a uno de los pilares de la justicia, como lo es el Ministerio
Público. La actual gestión de la Procuraduría Fiscal
del Distrito Nacional que dirige el magistrado José Manuel
Hernández Peguero, acorde con los principios fundamentales
del Código Procesal Penal, inició, a pocas semanas de su
estreno, una labor para recabar informaciones precisas sobre
los lugares en donde los fiscales laboraban, con atención
especial a los destacados en los cuarteles policiales y afines.
La finalidad era comprobar las condiciones en que se des-
0
Ministerio Público
historia De las fiscalías
barriales
origen y anteceDentes
“En el año 2002, la promulgación del nuevo Código
Procesal Penal revoluciona el papel de los actores
fundamentales del sistema, principalmente
el del Ministerio Público, a quien se le atribuye,
además de perseguir y procurar la sanción de los
responsables de actos penales ilícitos, procurar
la solución de los conflictos antes de su judicialización...”
empeñaban esos magistrados, y la percepción y valoración
que tenían de su trabajo los ciudadanos.
Esa labor permitió evidenciar lo siguiente:
a) Estado deplorable de las condiciones en que los
fiscales laboraban en los destacamentos policiales, identificando
un avanzado estado de deterioro de las instalaciones,
falta de higiene ambiental, ausencia de instrumentos de trabajo
como computadora, teléfono y equipos mobiliarios.
b) Falta de personal competente para atender dignamente
al ciudadano víctima del delito.
c) Confusión del ciudadano de las obligaciones a cargo
del Ministerio Público y de los agentes de la Policía Nacional.
d) Desconfianza de la ciudadanía hacia los fiscales y
los agentes policiales, a quienes los identificaban como “socios”
en las actuaciones deshonestas.
e) Los fiscales desvirtuaron el cumplimiento del objetivo
que los llevó a los destacamentos policiales, principalmente
porque no se sentían con poderes y facultades de requerirles
a los policías el cumplimiento de sus obligaciones,
principalmente garantizarle a los ciudadanos el respeto a
sus derechos fundamentales.
La realidad de lo comprobado nos imponía la búsqueda
de una solución inmediata, eligiendo entre la opción de
invertir recursos para la adecuación de las instalaciones de
los destacamentos policiales para que los fiscales pudiesen
continuar laborando allí, o crear nuevas instalaciones distintas
a los destacamentos policiales.
Revista-MP-Edic3.indd 50 21/12/2007 02:15:44 p.m.

Las FIscaLías BarrIaLes
y su coNtrIBucIóN a La JustIcIa y a La
traNquILIDaD cIuDaDaNa
Voy a comenzar diciendo que las fiscalías barriales tienen como
objetivo velar por el respeto de los derechos ciudadanos, garantizándolos
y, en consecuencia, con la reducción de los hechos delictivos.
Con su ubicación en el corazón de los barrios capitalinos, las
fiscalías barriales realizan una labor conjunta con los ciudadanos
y moradores, aportando en la solución de los conflictos. No
en vano han sido habilitadas en puntos críticos de la capital, como
Cristo Rey, Gualey, María Auxiliadora, Capotillo, Carretera Sánchez,
Ensanche Quisqueya, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana,
Los Ríos, Los Girasoles, Los Guandules y zona Colonial.
Personal especializado
No solo cuentan con uno o dos fiscales adjuntos para conocer
los problemas cotidianos que se presentan en su ámbito, entre
ellos, con una fiscal especializada, quien conoce sobre los casos de
violencia intrafamiliar y de género, sino que disponen de un médico
legista y un psicólogo que evalúa y da seguimiento a los casos
graves, remitiéndolos, cuando hay méritos para ello, al Centro de
Atención a Sobreviviente de Violencia.
El público, su afluencia
La acogida de las fiscalías barriales por parte de la comunidad,
se puede evaluar por la gran cantidad de personas que recibimos
diariamente, las cuales asisten para denunciar los problemas y
quejas que se le presentan, ya sea con un vecino, con un familiar,
por deuda de dinero, por problemas de inquilinatos, por violencia
intrafamiliar y otros asuntos, con la facilidad de que no tienen que
pagar transporte, ya que en ocasiones le queda al lado o bien cerca
de su domicilio. Estas personas al presentarse a las fiscalías barriales
son recibidas de manera personal por el fiscal, quien luego
de escucharles tomando las medidas requeridas y de lugar, trata
siempre de que el usuario tenga la seguridad y confianza de que su
problema será resuelto en la medida de lo posible, lo que contribuye
a evitar situaciones de violencia o actos delictivos. Buen trato,
atención, confianza y seguridad de que los problemas van a ser enfrentados
y resueltos, es lo que la gente espera de sus autoridades,
y en las fiscalías barriales hacemos esfuerzos por cumplir con esas
expectativas ciudadanas.
Contribución con el CPP
Las fiscalías barriales han contribuido grandemente con la implementación
del Nuevo Proceso Penal, y una de esas contribuciones
tiene que ver con el descongestionamiento de los tribunales
y del propio sistema judicial. En estas fiscalías se conocen y se le
busca solución a todos aquellos casos considerados menores, que
en su generalidad se resuelven mediante la conciliación, vale decir,
la mediación alternativa de conflictos, siendo enviado ante un juez
solo aquellos asuntos que la complejidad lo requiere. El hecho de
que las fiscalías barriales se estén reproduciendo habla por sí solo
del valor de su demanda por parte de la ciudadanía y, sobre todo,
de los resultados de su accionar. Actualmente, son 13 las existentes
y vendrán más, de acuerdo a los reclamos y las circunstancias
que así lo demanden. Su viabilidad y función práctica estriba en el
hecho de que las personas pueden acercarse con mayor facilidad
a la justicia, y hacerlo en la mayoría de los casos sin ningún costo
tEREsa GaRCía CEballos
Fiscal adjunta, D. N.
Coordinadora de la Fiscalía Barrial
Ensanche Quisqueya
Teresa-ga@hotmail.com
económico, incluso, sin pagar transporte debido a que la fiscalía le
queda en su mismo sector y a poca distancia de donde viven.
también sobre violencia de género
El conocimiento y solución in situ de los casos menores de delito
y la solución de los conflictos a través de la mediación o conciliación,
contribuyen con la paz, el orden y la armonía entre las personas,
entre vecinos y familiares de los barrios, misión que cumple
a diario cada fiscalía barrial, en cada una de las cuales funciona un
departamento especializado que conoce solamente los casos de
violencia intrafamiliar, con un Ministerio Público capacitado y con
una preparación especial para ofrecer un trato digno a las víctimas.
Allí se atienden penalmente los casos y se da orientación y se hacen
las evaluaciones psicológicas. Para ello, se cuenta con una psicóloga
y un médico legista, que en los casos de la mujer maltratada
físicamente, no tiene que trasladarse al Palacio de Justicia para ser
evaluada.
Y en ese sentido, es justo enfatizar que el trabajo que se ofrece
en estos departamentos, junto a las unidades especializadas sobre
violencia de género y abuso sexual como la que opera en Bella
Vista, ha contribuido con una reducción sustancial del índice de
mujeres fallecidas a mano de sus parejas o ex parejas. Ya la mujer,
que resulta siempre el blanco de esa espiral, no tiene que esperar
a que el hombre la agreda físicamente para denunciarlo. La mujer
sabe a dónde acudir tan pronto se siente amenazada o golpeada, y
esta situación positiva ha sido posible también gracias al trabajo de
orientación, mediante charlas que son impartidas por las Fiscales
de Violencia, que se desarrolla tanto en las fiscalías barriales como
en la comunidad, estableciéndose que la violencia intrafamiliar no
es solamente física, sino verbal, psicológica, económica, sexual,
entre otras.
los voluntariados de apoyo
Las fiscalías barriales cuentan con un voluntariado de apoyo,
que podríamos decir, funciona también de forma reproducida, adjunto
con los cuales se trabaja en la solución de los problemas de
la comunidad. Son problemas frecuentes que ameritan la intervención
de un o una fiscal, como la bulla en los colmadones a altas
horas de la noche, las máquinas de juego o traga monedas, los
billares en donde permiten menores, los problemas con los puntos
de drogas que afectan a los moradores, y otros asuntos que lesionan
el sosiego y la salud del barrio.
aportes muchos y variados
En resumen, son muchos y variados los aportes de las fiscalías
barriales, como: a) Reducir los hechos delictivos, ya que las personas
al tenerlas en sus sectores acuden con mayor facilidad; b)
Solución de los conflictos mediante la mediación y conciliación;
c) Disminución de la Violencia Intrafamiliar, ya que permite que la
misma se denuncie, sin tener que esperar ser agredida físicamente;
d) Confianza de la ciudadanía en sus autoridades del Ministerio
Público y la Justicia; e) Respeto y preservación de los derechos humanos;
f) Acceso rápido y cercano de los ciudadanos a la justicia,
especialmente de los más humildes.
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 51 21/12/2007 02:15:46 p.m.

alCEDo MaGaRín
Coordinador de la Fiscalía Barrial
de Los Guandules
magarinh6@hotmail.com
Históricamente de manera errónea solía confundir
a los funcionarios del Ministerio Público dominicano,
como los representantes de la sociedad. Pero sin temor
a equivocarme, este axioma no se ajustaba a la
misión y labor que debían desempeñar los procuradores
fiscales, debido a que siempre estaban lejos de los
ciudadanos en conflicto con la ley.
El Ministerio Público asume su misión de dirigir la
investigación de los hechos de carácter penal, defiende
los intereses de la sociedad, protege a las víctimas
y testigos en el ámbito de sus actuaciones que realiza
y cumple con otras atribuciones que le confieren las leyes,
justo en los últimos tres años de la presente década
de esta primera centuria del siglo XXI. Estas funciones
la establece el Estatuto del Ministerio Público.
Mientras que el Código Procesal Penal (CPP) que entró
en vigencia el 27 de septiembre de 2004, se caracteriza
por establecer un conjunto de normas para garantizar
el respeto a los derechos humanos, justicia rápida
y cumplida, así como solucionar conflictos con salidas
alternativas. Igualmente, revaloriza los derechos de la
víctima y del imputado.
El CPP identifica con precisión el papel de los actores
fundamentales del sistema, atribuyéndole al Ministerio
Público, además de perseguir y procurar la sanción de
los responsables de los actos penales ilícitos, promover
la solución de los conflictos que no afecten de manera
significativa el bien común protegido, a través de la
conciliación y la mediación.
El doctor José Manuel Hernández Peguero, procurador
fiscal del Distrito Nacional, con la anuencia de sus
superiores inmediatos, ha creado 13 fiscalías barriales
diseminadas en la ciudad Capital, donde todas están
provista de despachos debidamente equipados, además
de contar con fiscales adjuntos, uno de los cuales
es para conocer de modo exclusivo la violencia de género,
psicólogos, médico legista y personal administrativo,
laborando en un horario de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
La importancia de las 13 fiscalías barriales consisten
en que 82,882 ciudadanos acudieron en los primeros 10
Ministerio Público
importancia De las fiscalías
barriales
“El Ministerio Público asume su misión de dirigir
la investigación de los hechos de carácter penal,
defiende los intereses de la sociedad, protege a
las víctimas y testigos en el ámbito de sus actua-
ciones que realiza y cumple con otras atribucio-
nes que le confieren las leyes, justo en los últimos
tres años de la presente década de esta primera
centuria del siglo XXI. Estas funciones la estable-
ce el Estatuto del Ministerio Público”.
meses del presente año a buscar soluciones a sus problemas.
Es oportuno destacar que 24,661 personas presentaron
denuncias, y sólo el 5.3% por la gravedad de los
crímenes y delitos, fueron sometidos a medidas de
coerción ante los Juzgados de la Instrucción del Distrito
Nacional.
Estas personas no tuvieron que desplazarse de sus
sectores a largas distancias para contactar un fiscal
adjunto. Este digno representante de la sociedad, la
mayoría de las veces logra la conciliación, que consiste
en el acuerdo mediante el cual las partes resuelvan su
conflicto sin la intervención de un juez.
Las fiscalías barriales benefician a sus moradores e
instituciones, quienes se presentan con sus conflictos y
reciben las debidas atenciones, gratuitas, de profesionales
capaces, eficientes, eficaces, honestos y, sobre
todo, con vocación de servicio.
La creación del proyecto de las fiscalías barriales
constituye una novedosa idea, que debería ser emulada
y puesta en práctica en todas las jurisdicciones del
país, que por su densidad poblacional se le hace difícil a
los ciudadanos y ciudadanas asistir a los centros de justicia,
en busca de soluciones a los problemas cotidianos
propios del ser humano viviente en sociedad.
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El procurador fiscal laboral, José Fernando Rivera, junto a su equipo de trabajo, integrado por los fiscales adjuntos y fiscalizadores, José Ledesma, José
Sinencio González, Modesto E. Rivera, Julisa G. Hernández, Kathering Olivo, Anibelka Guzmán García, Luisa María Ramírez Santana, Glennis Sosa Gutiérrez,
Lourdes Iluminada Gómez, Andrés Comas y Miguel Estrella Toribio.
rol de la procuraduría fiscal laboral
Trece fiscales dirigidos por un titular trabajan
por la aplicación efectiva de la ley
El Ministerio Público Laboral y por ende, la Fiscalía Penal Laboral,
se crean con la promulgación de la ley 16-92, la cual ordena en su
artículo 715 que: “La aplicación de las sanciones penales que esta-
blece este código y los reglamentos dictados o que dictare el Poder
Ejecutivo en materia de trabajo, está a cargo de los Juzgados de Paz”.
Este mismo artículo estatuye en su parte in fine lo siguiente: “En el
Distrito Nacional y en el Distrito Judicial de Santiago, el Ministerio
Público será ejercido por un abogado al servicio de la Secretaría de
Estado de Trabajo”.
En su calidad de representante de la
sociedad, garante de la aplicación de la
ley y protección de los derechos humanos,
el Ministerio Público se expande
y fortalece en todos los sectores de la
vida nacional, y para ello cuenta ya con
una Procuraduría Fiscal en el sector laboral,
en la que unos 15 magistrados
desempeñan diferentes roles.
Esta fiscalía tiene un objetivo puntual
como es poner en movimiento
la acción pública, sometiendo por ante
los tribunales a los imputados de violar
las normas penales de carácter laboral,
tipificadas en la ley 16-92 que instituye
el Código de Trabajo de la República
Dominicana. Esta opera en coordinación
con el Departamento de Trabajo,
dependencia de la Secretaría de Estado
de Trabajo, y actúa como policía
judicial.
Creación
El Ministerio Público Laboral fue
creado con la promulgación de la ley
16-92, la cual ordena en su artículo 715
que: “La aplicación de las sanciones
penales que establece este código y
los reglamentos dictados o que dictare
el Poder Ejecutivo en materia de
trabajo, está a cargo de los Juzgados
de Paz”. Este mismo artículo estatuye
en su parte in fine lo siguiente: “En el
Distrito Nacional y en el Distrito Judicial
de Santiago, el Ministerio Público será
ejercido por un abogado al servicio de
la Secretaría de Estado de Trabajo”.
Las infracciones penales laborales
son de carácter correccional en virtud
del nuevo Código Procesal Penal y la
resolución 1142-05 de la Suprema Corte
de Justicia, que instituyen el procedimiento
a seguir. Las infracciones de
tipo penal laboral y sujetas a sanciones
penales, contenidas en el Código de
Trabajo y en su reglamento de aplicación
No. 258-93, son perseguidas por
fiscalizadores asignados a las diferentes
jurisdicciones del ordenamiento
judicial, y están clasificadas en tres categorías
a saber: leves, graves y muy
graves. Las faltas leves, son aquellas
que desconocen las obligaciones meramente
formales o documentales y
que no atenten contra la seguridad de
las personas ni en las condiciones de
trabajo. Las faltas graves son las que
atentan contra los salarios mínimos, el
no pago de salarios, horas extraordinarias,
el descanso semanal, y todas las
relativas a la seguridad e higiene en el
trabajo, siempre que no amenacen o
pongan en peligro la vida, la salud o la
seguridad de los trabajadores. Además,
Ministerio Público
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en los derechos colectivos, el incumplimiento
de las obligaciones estipuladas
en el convenio colectivo. Las faltas muy
graves se refieren a la violación de las
normas sobre protección a la maternidad,
edad mínima para el trabajo,
protección de menores, empleo de extranjeros,
seguridad social y todas las
relativas a la higiene y seguridad en el
trabajo, siempre que con esta violación
se amenace o ponga en peligro la vida,
la salud o la seguridad de los trabajadores;
también las prácticas desleales
contrarias a la libertad sindical.
Logros presentes
En la actualidad, esta fiscalía ha
logrado, con la implementación del
nuevo Código Procesal Penal, agilizar
la tramitación de los expedientes, aumentando
sobremanera la cantidad de
casos solucionados mediante la conciliación,
ya establecida en el Código de
Trabajo e incorporada al proceso penal
en el nuevo Código Procesal Penal, tomando
en cuenta que previo al archivo
del expediente en los casos de conciliación,
se le notifique al actor civil en
caso de que exista.
Ha obtenido resoluciones o autos
de rebeldía en los casos donde no comparecen
los imputados a las audiencias,
incluyéndose en éstas las órdenes de
arresto y conducencia. Inclusive, en los
casos donde se demuestre la urgencia,
se han obtenido conjuntamente a éstas,
la orden de impedimento de salida
del país del representante, propietario
o administrador de la razón social encausada,
todo esto en total implementación
de la normativa procesal penal,
logrando por diferentes vías obtener
resultados factibles en su ejecución.
Se ha implementado una capacitación
de los miembros de este Ministerio
Público, tanto en la normativa procesal
penal como en los aspectos pertinentes
a las leyes y reglamentos laborales
a cargo de la Escuela del Ministerio
Público y de la Secretaría de Estado
Trabajo, respectivamente, para que se
encuentren debidamente instruidos y
actualizados.
Como forma de colaboración con el
Ministerio Público ordinario, se han impartido
talleres y seminarios en las provincias
del país donde no existe el Ministerio
Público Laboral, con el objetivo
de capacitarlos en las persecuciones de
las infracciones penales laborales.
La presente gestión ha logrado imponer
más de RD$4,000,000.00 por
concepto de sentencias condenatorias
Ministerio Público
José Fernando Rivera, procurador fiscal laboral.
consistentes en pago de multas, y en
los casos llevados bajo el proceso de la
conciliación con las empresas sometidas
por violación de las normas laborales
sancionadas penalmente.
La Fiscalía Laboral tiene una tarea
muy específica dentro del Ministerio
Público, se dedica exclusivamente al
apoderamiento de los tribunales de todas
las violaciones a las leyes y reglamentos
laborales, actuando de conformidad
a los principios y normas legales
correspondientes, contribuyendo de
esta manera al fiel cumplimiento de la
ley 16-92 ó Código de Trabajo.
Los fiscales
Actualmente, el equipo de representantes
del Ministerio Público adscritos
a esta fiscalía lo integran, su titular y
tres fiscales adjuntos, conjuntamente
a ocho fiscalizadores, quienes representan
a la sociedad en los diferentes
Juzgados de Paz del Distrito Nacional,
así como también en la provincia Santo
Domingo. Son ellos: José Fernando
Rivera, procurador fiscal penal laboral;
José Ledesma C., fiscal adjunto encargado
Juez de Ejecución de la Pena del
Distrito Nacional; José Sinencio González
C., fiscal adjunto encargado Departamento
de Conciliación; Modesto E.
Rivera, fiscal adjunto encargado Juez
de Ejecución de la Pena de la provincia
Santo Domingo; Julisa G. Hernández Rivera,
fiscalizadora del Juzgado de Paz
de la Primera Circunscripción del D.N.;
Kathering Olivo, fiscalizadora del Juzgado
de Paz de la Segunda Circunscripción
del D.N.; Anibelka Guzmán García,
fiscalizadora del Juzgado de Paz de la
Cuarta Circunscripción del D.N.; Luisa
María Ramírez Santana, fiscalizadora
del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción
de Santo Domingo Este;
Glennis Sosa Gutiérrez, fiscalizadora
del Juzgado de Paz de Boca Chica; Lourdes
Iluminada Gómez, fiscalizadora
del Juzgado de Paz de Santo Domingo
Oeste; Andrés Comas, fiscalizador del
Juzgado de Paz de Santo Domingo Norte;
Miguel Estrella Toribio, fiscalizador
del Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción
del D.N.
Este equipo de hombres y mujeres
tienen la responsabilidad de velar por
la correcta aplicación de la política penal
llevada a cabo por la Procuraduría
General de la República y su máximo
representante, el magistrado Radhamés
Jiménez Peña.
Contactos
Oficina Procuraduría Fiscal Laboral,
primera planta de la Secretaría de
Estado de Trabajo, av. Jiménez Moya,
esquina República del Líbano, Centro
de los Héroes de Maimón, Constanza
y Estero Hondo del Distrito Nacional.
Teléfonos: (809)535-4404, Exts. 2010,
2011 y 2104.
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MeDIDas PreVeNtIVas
y acciones rápidas de la
Procuraduría evitan tragedia
en los centros penitenciarios
Las medidas preventivas y las
acciones rápidas de la Procuraduría
General de la República evitaron la
ocurrencia de hechos trágicos en en
los centros penitenciarios ubicados
en zonas y localidades que resultaron
altamente afectadas por el paso
de las tormentas Noel y Olga, que
anegaron algunos de esos recintos,
lo que obligó el traslado inmediato
de varios reclusos a otros lugares
para resguardar sus vidas.
En Santiago, una de las zonas
más afectadas tras el paso de la tormenta
Olga, el procurador general
de la República, doctor Radhamés
Jiménez Peña, dispuso el traslado
de los internos de los Centros de
Corrección y Rehabilitación (CCRs)
Rafey-Mujeres al Palacio de Justicia
de esta jurisdicción, y los de Rafey-
Hombres a la Fortaleza Fernando
Valerio de esta localidad.
Los internos, 86 mujeres y 634
hombres, fueron atendidos con alimentos
y medicinas, labores realizadas
en coordinación con el secretario
de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez,
quien acompañó al procurador
durante su recorrido de supervisión
Traslado de los reclusos de La Victoria a Najayo, durante la tormenta Noel.
y evaluación de la situación de los reclusos, así como de los daños provocados
por el fenómeno a las instalaciones físicas de los centros penitenciarios.
También, estuvo acompañado por el gobernador y el senador por Santiago,
José Izquierdo y Francisco Domínguez Brito, respectivamente; el director de la
Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), Roberto Santana, y del director de Rafey-
Hombres, Erickson Bobadilla.
Luego del paso de la tormenta Noel, que laceró gravemente la economía del
país producto de las severas lluvias, la Procuraduría emprendió un rápido operativo
de limpieza, fumigación y recogida de basura en los centros penitenciarios
que fueron afectados. Además se entregaron 300 colchones nuevos a los reclusos.
Una de esas cárceles fue la Penitenciaría Nacional de La Victoria, cuya población
fue azotada de manera implacable por la tormenta, anegando prácticamente
todas las áreas habitadas por los reclusos. Similar situación se presentó
también con las internas del CCR Rafey-Mujeres, quienes fueron trasladadas al
Palacio de Justicia de Santiago.
Desde La Victoria, los 840 reclusos fueron transportados a Najayo y Monte
Plata, en una acción rápida encabezada por el propio procurador general de la
República y el director de Prisiones, general José Ignacio Sandoval Cabrera.
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 55 21/12/2007 02:15:51 p.m.

El procurador general Radhamés Jiménez mientras observaba el traslado de los reclusos de La Victoria.
Colaboración y retorno
Los internos fueron transportados
en autobuses de la Procuraduría, y
estuvieron protegidos por un contingente
policial, apoyados por dos generales
de la Policía Nacional.
El director de Prisiones indicó que
las labores de limpieza, tras el paso de
la tormenta Noel, contaron con el respaldo
de los ayuntamientos del Distrito
Nacional y Santo Domingo Norte,
los cuales enviaron equipos y camiones
para la recogida de basura, así
como unidades abastecidas de agua
de los bomberos para la higienización
del recinto.
Ministerio Público
En el caso de Santo Domingo Norte,
el propio síndico Jesús Féliz acompañó
a las autoridades del Ministerio
Público y Prisiones en las jornadas de
acondicionamiento, limpieza y retiro
de desperdicios sólidos.
Se contó además con el apoyo de
la Policía Nacional en las labores de
seguridad y vigilancia, mientras que
los Comedores Económicos, dirigidos
por César López, garantizaron el abastecimiento
de comida.
Nuevos recintos
El procurador general de la República
dijo que se está evaluando la
Con el paso de la tormenta Olga que prácticamente debastó las instalaciones
de los centros de Rafey en Santiago, las autoridades del Ministerio Público se le
adelantaron y trasladaron a los internos e internas a lugares seguros. Se observa
al procurador general Radhamés Jiménez Peña supervisando esta labor en
companía del director de Prisiones, general E.N., José Sandoval Cabrera.
posibilidad de construir próximamente,
en otro lugar de Santiago, nuevas
edificaciones para trasladar los centros
penitenciarios de Rafey, cuyas
estructuras quedaron destruidas por
las inundaciones provocadas por la
tormenta Olga.
De igual forma, dijo que en atención
a la problemática que afecta a la
cárcel de La Victoria, a principios del
próximo año serán construidos dos
nuevos recintos, uno en el sector Palavé,
y otro en San Luis, a donde serán
trasladados todos los reclusos que
guardan prisión en ese penal.
Revista-MP-Edic3.indd 56 21/12/2007 02:15:56 p.m.

La DPca no da tregua
a los corruptos
Pese a adversidades mantiene expedientes en los tribunales
Octavio Líster Henríquez, director de la DPCA.
A pesar de las adversidades encontradas
en la lucha de prevención y sanción
a los corruptos, la Dirección Nacional
de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA) mantiene en
los tribunales 16 expedientes contra
personas y ex funcionarios estatales,
acusados de la comisión de irregularidades
cometidas en el manejo de fondos
del erario público.
Las estadísticas sobres los casos
que se investigan y de los que han pasado
por el DPCA demuestran que esa
institución, a pesar de las adversidades,
no da su brazo a torcer y pelea en
todas las instancias judiciales, los casos
de corrupción que ha sometido.
Entre los procesos que aún pelea
en la justicia el DPCA, figuran: el del
Plan Renove, el de las butacas de Santiago,
el de la sucursal del Banco Agrícola
de Samaná, el del Departamento
de Planeamiento Urbano de Mao, el de
las irregularidades de la Junta de Maizal
de Mao y del ex funcionario estatal
Manuel Pichardo.
También, el de los invernaderos, el
de los bonos soberanos con el ingenie-
ro César Sánchez, el de Yorman Solano
Vásquez, el de las turbinas de la Fuerza
Aérea Dominicana, el de los cheques
pagados por la Oficina Metropolitana
de Servicios de Autobuses (OMSA) y
el de Félix Alcántara, ex director ejecutivo
de la Comisión de Reforma de la
Empresa Pública (CREP).
Además, el del Departamento de
CASoS SoMEtIDoS PoR EL DPCA y EStADo EN quE SE ENCuENtRAN
NOMBRE DEL CASO ESTADO
Plan Renove (2004) Conocido por tercera ocasión en la Primera Sala de
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del D.N.
El fallo está reservado.
Caso butacas de Santiago (2004) Remitido al Procurador Fiscal del Distrito Judicial
de Santiago para sometimiento.
Irregularidades en la gerencia sucursal
Banco Agrícola de Samaná
(2005)
Irregularidades en el Departamento
Planeamiento Urbano, Mao
(2005)
Irregularidades en la Junta Municipal
de Maizal, Mao (2005)
Remitido al Procurador Fiscal del Distrito Judicial
de Samaná para sometimiento.
Remitido al Procurador Fiscal del Distrito Judicial
de Mao para sometimiento.
Remitido al Procurador Fiscal del Distrito Judicial
de Mao para sometimiento.
Manuel Pichardo (2005) Descargado por la Segunda Sala Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Víctor Manuel Céspedes, ex procurador
general de la República
(2005)
Ratificado por la Primera Sala de la Corte Penal del
D.N., el descargo que pronunció el Primer Tribunal
Colegiado de San Cristóbal en fecha 29 de septiembre
de 2006, al ser rechazado el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio Público, con el
voto disidente del magistrado Manuel Hernández
Victoria, quien estimó que el recurso de apelación
debió de ser acogido. Este caso fue recurrido en casación
ante la SCJ, por el DPCA, en fecha 19-7-07.
Invernaderos (2005) En fecha 19 de julio del 2007, el Segundo Tribunal
Colegiado del D.N., leyó el dispositivo de la sentencia
mediante la cual descargó a todos los imputados,
quedando pendiente la lectura íntegra de la
misma para el día jueves 26 de julio de 2007. El
caso todavía se debate en la justicia.
Bonos soberanos de la CDEE (César
Sánchez) (2006)
Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría
de Estado de Hacienda, el de Elsa
Josefina Cos Zaiter, ex directora del
Departamento de Relaciones Internacionales
de la Oficina Nacional de
Administración de Personal (ONAP),
y de Dominga Fabiola Henríquez, ex
tesorera de la Dirección General de Migración.
Con el voto disidente del magistrado Francisco Ortega
Polanco, la Primera Sala de la Cámara Penal
del D.N., confirmó en fecha 13 de julio de 2007 el
Auto de No Ha Lugar que en fecha 2 de febrero de
2007 emitió el juez del Primer Juzgado de la Instrucción
del D.N. Caso pendiente de fallo en la Suprema
Corte de Justicia (SCJ).
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 57 21/12/2007 02:16:00 p.m.

Yorman Solano Vásquez (2006) Actualmente se encuentra interno en la cárcel pública San Fernando de Montecristi,
cumpliendo la condena de (3) años de reclusión menor y el pago de
RD$100,000.00 de multa que le impuso la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Turbinas de la Fuerza Aérea Dominicana
(2006)
Cheques pagados por la OMSA a Breica
(2006)
Félix Alcántara, ex director ejecutivo de la
CREP (2006)
Departamento de Pensiones y Jubilaciones
de la Secretaría de Estado de Hacienda
(2007)
Elsa Josefina Cos Zaiter, ex-directora del
Departamento de Relaciones Internacionales
de la ONAP
Dominga Fabiola Henríquez Herrera, tesorera
de la Dirección General de Migración
Estadísticas desde 2004 a la fecha
Las estadísticas de expedientes recibidos desde el 2004
a la fecha demuestran que la DPCA ha cumplido su misión.
La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción
Administrativa ha recibido en la presente gestión de gobierno,
desde el 2004 a la fecha, 156 expedientes, de los cuales
ha concluido 110 y 16 ha recomendado su sometimiento a la
justicia, a los fines de que los comprometidos en esos casos
respondan por sus hechos ante los tribunales.
Estadísticas del 2004 a la fecha
Ministerio Público
Fueron impuestas medidas de coerción a los imputados y el caso fue declarado
complejo por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación de la
provincia de Santo Domingo.
Condenados mediante sentencia No.162-2007, de fecha 25 de mayo de 2007
del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, los señores Roberto
Génere de Jesús Almánzar y Juan Isidro Contreras Peguero a (3) años
de reclusión mayor, para cumplirlos en la Penitenciaría de La Victoria. Además
ordena a cada uno a devolver la suma de RD$1,000,000.00 al Estado
dominicano y al pago de una indemnización de RD$2,000,000.00, como justa
reparación de los daños materiales ocasionados al Estado dominicano. En
cuanto a Diógenes Castillo, el mismo fue absuelto por falta de pruebas. Sin
embargo, en cuanto a esta parte, el Ministerio Público está recurriendo en
apelación.
Favorecido con un Auto de No Ha Lugar dictado por el Cuarto Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional.
Fueron impuestas medidas de coerción a los imputados, y el caso fue declarado
complejo por el Quinto Juzgado de la Instrucción del D.N.
Fue solicitada en fecha 25 de junio de 2007, por ante la jueza coordinadora
de los juzgados de la instrucción, imposición de medidas de coerción consistentes
en el pago de una garantía económica de RD$2,000,000.00, impedimento
de salida del país y la presentación periódica por ante el Ministerio
Público.
Mediante resolución No.55-2007 de fecha 10 de julio de 2007, el Cuarto Juzgado
de la Instrucción del D.N. le impuso medida de coerción consistente
en una garantía económica ascendente a RD$1,000,000.00, impedimento de
salida del país sin autorización judicial, y la presentación periódica los días
lunes últimos de cada mes por ante el iiscal investigador.
El DPCA, dirigido por el doctor Octavio Líster Henríquez
y el licenciado Hotoniel Bonilla García, recibió de la pasada
gestión un total de 107 expedientes, de los cuales algunos se
les dieron curso y otros fueron desestimados.
De los 156 expedientes recibidos desde el 2004 a la
fecha, 110 fueron concluidos, 16 recomendados a sometimientos
a los tribunales, 83 desestimados, ocho declinados
a otras instancias judiciales y tres sobreseídos.
AÑOS 2004 2005 2006 2007 TOTAL
Expedientes/casos recibidos de gestión anterior 107 * * * 107
Expedientes/casos recibidos en la presente gestión 24 82 43 07 156
Expedientes conluídos 03 36 51 19 110
Expedientes con recomendación de sometimiento 02 06 05 03 16
Expedientes desestimados 01 25 40 17 83
Expedientes declinados 00 04 04 * 08
Expedientes sobreseídos 00 01 02 * 03
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Laboratorio Patria rivas en las aplicaciones de pruebas aDN
La prueba ADN de paternidad (filiación),
es el método más confiable y preciso
para confirmar o refutar la consanguinidad
por razones médicas, legales o personales,
resolver disputas, ayudar con los procedimientos
judiciales y facilitar acuerdos antes
de juicio.
Las pruebas se basan en análisis muy
precisos de las reseñas genéticas de la madre,
del niño y del presunto padre. El ácido
desoxirribunucleico (ADN), plano genético
exclusivo de cada persona que hay en todas
las células nucleadas del cuerpo, determina
el modelo genético y las características
individuales de una persona.
El niño hereda la mitad de este modelo
de ADN de la madre y la otra mitad del
padre.
Si se conocen los modelos de la madre
y el niño, se pueden deducir los modelos
del padre con certeza virtual.
Los casos en los cuales tienen mayor
aplicación las pruebas de ADN son los si-
guientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Servicio de emigración
ADN para paternidad
ADN para maternidad
ADN para reconstrucción genética
Prueba de abuelidad por ADN
Identificación humana por ADN
Prueba de paternidad prenatal por
ADN
Perfil de ADN
Prueba de maternidad
Una prueba de maternidad de ADN determina
si una mujer puede ser la madre
biológica de un niño.
Al igual que en una prueba de paternidad,
se compara el patrón de ADN de un
niño con el de su presunta madre para determinar
qué tan probable es que el niño
haya heredado el ADN de esta madre.
Los resultados de las pruebas de maternidad
pueden ser utilizados en las siguientes
circunstancias:
• Para confirmar que el niño adoptado
ha sido reunido con su madre biológica.
• Para confirmar que un embrión concebido
a través de fertilización in vitro
fue implantado en la madre correcta.
• Para resolver situaciones en las que la
madre o el personal del hospital sospechen
que ha habido una confusión
de bebés.
Reconstrucción genética
Consiste en que una serie de pruebas
de ADN son conducidas para determinar
si una persona está o no relacionada a los
parientes cercanos del presunto padre o
madre. Esta es una forma indirecta de determinar
relaciones familiares cuando un
presunto padre o madre no está disponible
para una paternidad o maternidad. Los
resultados de la reconstrucción genética
Patria Rivas y Vilma Díaz, del reconocido laboratorio que lleva el nombre de la primera.
pueden ser usados para reclamaciones de
herencias y otras, siendo este medio de
prueba de mucha aplicación en los casos
judiciales y casos de emigración.
Prueba de hermandad
Determinar si dos (2) niños comparten
uno o ambos padres (por ej. si ellos son
medio-hermanos o hermanos de padre y
madre). Es una forma indirecta de determinar
los parentescos familiares cuando
un presunto padre no está disponible para
una prueba de paternidad. Los resultados
de una prueba de hermandad pueden ser
utilizados como prueba en reclamaciones
judiciales y casos de emigración.
Perfil de ADN
Permite obtener un registro de su perfil
genético, una única combinación de 16
marcadores encontrados en el ADN que
sirve como una identificación genética permanente.
Las organizaciones y las personas
particulares escogen obtener registro
de sus perfil es de ADN en caso de que alguna
vez sea necesaria una identificación,
como en los ejemplos:
• Para asistir en la identificación de personas
extraviadas.
• Para proporcionar pista sobre el rastro
de un ser querido.
• Para uso futuro, luego de la muerte de
una persona.
• Comparar para reclamaciones de hijos
en caso de herencias.
Prueba de abuelidad
Se realiza cuando el padre ha fallecido,
podemos utilizar los abuelos conjuntamente
con la madre, el menor y abuelos
paternos, obteniendo el verdadero perfil
del padre fallecido.
Prueba de paternidad prenatal por
Adn
Los marcadores genéticos para la determinación
de paternidad por ADN se
pueden identificar en el feto después de
14 a 20 semanas durante el embarazo, con
solo extraer liquido amniótico a la madre.
Esta muestra se compara con los perfiles
de ADN presentes en el alegado padre y la
madre, por ende podemos establecer ciertamente
con todo rigor científico que la
criatura por nacer guarda o no un vínculo
genético con el presunto padre.
El perfil de ADN del feto que se utiliza
para este estudio se forma en las etapas
tempranas del embarazo, permitiendo que
la pareja pueda someterse a estos exámenes
desde antes de nacer la criatura. El
fundamento de los estudios de filiación
consiste en que el feto recibe un aporte de
un 50% de la madre y un 50% del padre
(genes obligados). Cuando en el niño(a) no
aparecen esos marcadores que necesariamente
debe aportarle el padre biológico,
podemos asegurar que la persona examinada
no es el padre biológico.
El procedimiento en el laboratorio es
el mismo que cuando se hace de sangre o
células bucales u otra secreción del organismo,
la única diferencia es que se hace en
las células del feto, que se encuentra en el
liquido amniótico (fribo blasto).
La extracción de la muestra debe hacerla
un gineco-obstetra, es un procedimiento
que ya se hace de rutina en embarazadas y
de acuerdo con la participación médica.
Servicio de emigración
En nuestro país tiene mucha aplicación
los estudios de paternidad, maternidad,
reconstitución genética, abuelidad, etc. El
fundamento de utilizar esta prueba para
migración es que podemos establecer el
vínculo biológico entre las familias cuando
una persona fuera del país hace la petición
de visa de un familiar. Si las autoridades
consulares no están conformes con la documentación,
exigen que se establezca
mediante la prueba de ADN su vínculo biológico.
Ministerio Público
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LUIS MANUEL PAULINO MARTE
Director de Informática PGR
lpaulino@procuraduria.gov.do
El sistema Justicia Siglo XXI, versión
4.0, es una herramienta tecnológica diseñada
de acuerdo al nuevo proceso penal
aplicado a partir del mes de octubre del
año 2004, en el cual se apoya el Ministerio
Público para la preparación y desarrollo
de las actuaciones que permiten
procesar los casos penales que ingresan
a las fiscalías.
El sistema maneja varios módulos
básicos que se interrelacionan entre sí,
como son el caso en su etapa preparatoria
y la audiencia preliminar, el expediente
en etapa de juicio, los sujetos y los
bienes.
Dentro del caso, en la etapa preparatoria
o de la investigación, se define la
fecha en que se inició el proceso; el origen
del caso, ya sea a través de una denuncia,
querella o conocimiento directo;
el fiscal responsable de la investigación,
incluyendo la unidad a la cual pertenece,
la fecha, hora y relato pormenorizado de
los hechos; y la ubicación geográfica o
localidad donde ocurrió el hecho punible.
Este último dato permite establecer una
estadística sobre los tipos de delitos que
ocurren en los diferentes sectores de los
distritos judiciales donde se implementa
el sistema. En este sub-módulo se puede
asignar un número único de la fiscalía para
poder llevar un orden en el seguimiento
de cada caso. Es de igual importancia registrar
los sujetos involucrados y las leyes
o normas violadas, especificando los artículos
con sus literales y numerales del
Código Penal Dominicano, y otras leyes
especiales.
En cuanto al manejo del módulo de
sujetos, el sistema tiene como principio
el ingreso de un único sujeto, y éste puede
ser involucrado en diferentes casos,
aún pertenezcan a diferentes distritos
judiciales. El módulo de sujeto contiene
una cantidad muy amplia de datos con relación
al mismo, como son los nombres,
apellidos, documentos de identificación,
fotografía del sujeto, sexo, fecha y lugar
de nacimiento, profesión, nivel académico,
lugar de residencia, descripción física
detallada, incluyendo los códigos de las
huellas dactilares y otros datos más. En
cuanto a los sujetos que son arrestados
0
Ministerio Público
explicaciones claVes
sobre justicia siglo xxi - V. 4.0
en las diferentes fiscalías, existe una
ventana para registrar los detalles de la
detención, como son el número de ficha,
el centro de reclusión, así como también
la fecha y hora del arresto, para poder
llevar el control del plazo del apresamiento.
Existe un submódulo denominado
“actuaciones”, que está contenido dentro
de cada caso, el cual refleja las diferentes
acciones que toma el Ministerio
Público, desde la toma de una denuncia,
una solicitud de arresto, allanamiento,
medida de coerción o cualquier actuación
de carácter investigativo, hasta una
presentación de cualquier tipo de acto
conclusivo en la audiencia preliminar,
así como cada recurso de apelación y casación
presentados en cualquier etapa
del proceso, incluyendo el juicio. Aquí
también se encuentran las recusaciones,
testimonios, peritajes, actas de registro y
manejo de la evidencia, permitiendo al investigador
y litigante guardar un formato
digital de los videos, documentos y fotografías
que sustentan las pruebas a ser
presentadas ante el juez.
En cuanto al registro de las medidas
de coerción, el fiscal adjunto puede tener,
de manera detallada, los diferentes
tipos de medidas cautelares solicitadas
para cada imputado y, terminada la audiencia,
indicar las medidas que fueron
negadas, aprobadas o modificadas por
el juez.
Dentro de las diferentes actuaciones
se pueden generar las plantillas o documentos
del Ministerio Público. Las plantillas
pueden ser una solicitud de allanamiento,
acta de denuncia, solicitud de
arresto, solicitud de medida de coerción,
un archivo, una acusación formal, suspensión
condicional del procedimiento,
orden de libertad, impedimento de salida,
recurso de apelación, recurso de casación,
etc. Cada documento toma parte
de los datos ingresados en el caso, y los
genera automáticamente, como son, las
generales de los sujetos y el detalle sobre
los hechos, y además, permite adicionar
cualquier cantidad de texto necesario ya
que se maneja utilizando el programa Microsoft
Word. Esta generación automá-
tica de los datos permite que el margen
de error en la información del documento
se reduzca a un mínimo. Al guardar
el documento en el sistema, el usuario
dispone de un medio de almacenamiento
con mayor seguridad y acceso. Existe
una relación directa entre el documento
y la actuación donde se genera, para dar
mayor claridad a la hora de consultarlo
o modificarlo, y brindar una información
más homogénea.
Otro tipo de plazo que se puede controlar
dentro del sistema, es la investigación
a través del módulo del Panel de
Trabajo, cuyo acceso está restringido a
los coordinadores que llevan este tipo de
seguimiento.
Al conocer el resultado de la audiencia
preliminar se registra la decisión con
la fecha y el número de la resolución asignado
por el Poder Judicial.
En el módulo de expediente se incluyen
todas las actuaciones en etapa
de juicio, el control de las audiencias, así
como la sentencia dictada al concluir esta
etapa del proceso. La sentencia incluye
las sanciones, penas accesorias y multas
impuestas por el juez.
El sub-módulo de “vistas” permite al
fiscal conciliador guardar un registro de
todas las reuniones celebradas con las
partes, así como el resultado de las mismas.
Tanto el sub-módulo de vistas como
de audiencias están vinculados a una
agenda que le permite a cada fiscal, llevar
un control diario al visualizarla en el panel
de trabajo.
El módulo de bienes dispone de informaciones
detalladas que le permite
al encargado del Departamento de Evidencias,
llevar una relación de cada bien
incautado o cuerpo del delito, incluyendo
la ubicación del mismo y vincularlo con el
caso que le corresponde.
Es así como un sistema de gran alcance
como lo es Justicia Siglo XXI, le permite
al Ministerio Público llevar un orden y
registro de cada carpeta correspondiente
a cada caso, que es presentado a través
de una denuncia, querella o un acta
de un ciudadano u organismo auxiliar, en
un formato digital.
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Con el aval de la Procuraduría
Ex internos CCRs recibirán préstamos
para crear microempresas
Veintidós ex internos de un grupo
de 40 de diferentes centros de corrección
y rehabilitación del país, recibirán
préstamos entre RD$15,000 y
RD$70,000 con aval de la Procuraduría
General de la República para crear
microempresas, lo que constituye un
hecho sin precedentes en el país.
Se trata de personas que estuvieron
privadas de libertad, y que al reinsertarse
a la sociedad han observado un
buen comportamiento, con muestras
de efectiva regeneración, superación y
aportes a su desarrollo personal, familiar
y de la comunidad.
El préstamo lo concede a estos ex
internos la Fundación Dominicana de
Desarrollo (FDD). Tanto la Procuraduría
como la Pastoral Nacional Penitenciaria
han servido de aval. Se procura
que los internos puedan crear sus propios
negocios y se constituyan en un
ejemplo para las personas privadas de
libertad que salen de los centros penitenciarios.
Estas acciones forman parte del
Nuevo Modelo Penitenciario que implanta
la Procuraduría General de la
República. Ya operan 9 centros de
corrección y rehabilitación dentro de
esta modalidad, y otros cinco están en
proceso de construcción y rehabilitación.
Al ofrecer la información, el máximo
representante del Ministerio Público,
Radhamés Jiménez Peña, sostuvo
que en la historia de la República Dominicana
nunca antes se había prestado
tanta atención en resolver problemas
tan olvidados por los gobiernos y
la misma sociedad.
El procurador general de la República
habló en el acto de inauguración
del Primer Diplomado Internacional
de Atención Postpenitenciaria, donde
también se entregó certificados de
reconocimiento a ex internos. La actividad
fue organizada el pasado mes
de noviembre por la Escuela Nacional
Penitenciaria (ENAP).
“Se entendía que el preso no era
gente, que por estar una persona privada
de su libertad perdía su condi-
El magistrado Radhamés Jiménez Peña, en compañía de Roberto Santana, director de la ENAP; Fray
Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, durante el acto de entrega de
certificados a ex internos de diferentes centros penitenciarios.
ción humana. Eso no es así, merecen
una segunda oportunidad”, dijo.
Destacó que en esta gestión del
presidente de la República, doctor
Leonel Fernández, a quien definió
como un civilista y humanista, su gobierno
retoma la responsabilidad del
Estado de devolver como entes de bien
y productivos a las personas privadas
de libertad, luego de que cumplen sus
condenas.
“Este es un compromiso que tienen
las autoridades de devolver hombres y
mujeres en condiciones de aportar al
país, luego que salen de los centros penitenciarios”,
agregó el procurador.
Garantizó que mientras esté al
frente de la Procuraduría, impulsará
todos los esfuerzos necesarios para ingresar
al Nuevo Modelo Penitenciario
las hacinadas e inhumanas tradicionales
cárceles del país.
Al culminar esta gestión del presidente
Fernández, dijo, más del 50%
de las 37 cárceles del país operarán
dentro del nuevo modelo, con programas
diversos para la regeneración y
actividades productivas que formen al
interno.
Además del procurador general de
la Republica, integraron la mesa de
presentación, el coordinador nacional
de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides
Jiménez Richardson; el director
de la ENAP, Roberto Santana; el juez
de ejecución de la pena, Rafael Báez; el
sacerdote Rafael Taveras, el representante
de la FDD, Lenín Pacheco, y Sor
Magdalena.
Jiménez Richardson resaltó el rol
de la prensa en el proceso de reforma
penitenciaria del país, “la participación
de los medios de comunicación ha
sido fundamental para contrarrestar
vejámenes y otras situaciones que históricamente
se han presentado en las
cárceles del país”, dijo.
El Primer Diplomado Internacional
de Atención Postpenitenciaria se
desarrolló con el propósito de recabar
la experiencia nacional e internacional
acumulada hasta el momento, en lo
que tiene que ver con la reinserción a
la sociedad de los ex internos.
La atención postpenitenciaria es
de primer orden en el proceso de rehabilitación
social del interno, ya que
garantiza que esa persona no se constituirá
en un peligro para la sociedad.
En este proceso de ayuda postpenitenciaria
tiene el liderazgo la Casa
del Redentor que impulsa Jiménez Richardson.
Ya funcionan seis centros,
dos en Santo Domingo, y los demás
en La Vega, Baní, Santiago y San Cristóbal.
Ministerio Público
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fiscalía de la romana
rompiendo paradigmas por una justicia ágil y cumplida
JOSé ANT. POLANCO RAMíREz
Procurador fiscal de La Romana
jpolanco@procuraduria.gov.do
Al asumir la dirección de la Fiscalía
de la provincia de La Romana,
conociendo el reto a que nos enfrentábamos,
nos propusimos alcanzar
tres objetivos primordiales, que son,
en primer lugar, el adecentamiento
de esta unidad tanto en su estructura
física como en el aspecto humano, en
segundo orden, establecer un programa
de protección a las víctimas y a los
testigos inmersos en un proceso penal;
y por último, asegurar el respeto y
cumplimiento fiel del debido proceso
de ley.
Siendo La Romana una de las tres
unidades pilotos donde primero se implementó
el Nuevo Modelo de Gestión
de Fiscalía, iniciamos realizando una
reingeniería en cuanto a la planta física,
habilitando nuevos espacios que
nos permitieron adecuar de manera
decente el área, a fin de garantizar al
usuario comodidad e intimidad para
sus requerimientos, a diferencia de
tiempos anteriores, donde los fiscales
recibían a varias personas en una sola
oficina sin ninguna privacidad, o en el
mejor de los casos, en los pasillos del
edificio. Hoy hemos logrado habilitar
esta fiscalía con equipos técnicos modernos
y mobiliarios suficientes, para
ofrecerles a las personas un servicio
adecuado y ágil como lo demandan los
nuevos tiempos.
Otro de los logros alcanzados es la
creación del Fiscal Conciliador, donde
los usuarios del sistema tienen acceso
de manera pronta y directa a la fiscalía
para dirimir sus desavenencias y resolverlas
por esta vía alternativa.
Es preciso señalar, que en estos tres
años de gestión hemos logrado devolver
la credibilidad al Ministerio Público,
debido al comportamiento de cada
Ministerio Público
José Antonio Polanco Ramírez, procurador fiscal de La Romana.
uno de sus miembros, dando muestra
de responsabilidad, honradez y capacidad,
lo que ha dado como resultado
que las personas acudan a la fiscalía
en busca de una solución a sus problemas.
Protección a las víctimas y
testigos
Siendo el Ministerio Público el organismo
institucional del Estado con
una responsabilidad de primer orden
en el proceso penal, y que en sus hombros
descansa la misión de velar por la
protección a las víctimas y a los testigos
que participan en un proceso, ha
implementado, en coordinación con
la Policía Nacional, un plan estratégico
de seguridad, garantizando así su
asistencia a los requerimientos de la
justicia y evitando que los hechos punibles
cometidos en esta provincia no
queden impunes.
El debido proceso de ley
Un estandarte de esta fiscalía es la
observación, vigilancia y respeto al debido
proceso de ley que enarbolamos
día a día, ya que es obligación nuestra
el cumplimiento de los plazos establecidos
por la normativa procesal, con lo
que evitamos su perención, así como
garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de los imputados, desde
su detención hasta el conocimiento
del juicio oral. En este sentido, los jueces
de nuestra jurisdicción nunca han
tenido que declarar la extinción de la
acción pública por haber prescrito el
plazo que tiene el Ministerio Público
para formular su acusación o cualquier
otro acto conclusivo.
Sistema Justicia XXI y
transparencia
Justicia XXI es un sistema digital a
Revista-MP-Edic3.indd 62 21/12/2007 02:16:05 p.m.

tiempo real, que se utiliza como un soporte
para los operadores del mismo,
por lo que a partir de febrero de 2007,
la Fiscalía del Distrito Judicial de La
Romana adopta este sistema como un
mecanismo para garantizar el rápido
acceso a la información con relación a
las investigaciones realizadas por ésta,
de manera que los operadores pueden
tener un efectivo control de los casos.
Este sistema ha venido a dinamizar
el trabajo en el manejo y procesamiento
de los casos, y además permite
tener un mayor control de la labor
realizada por los fiscales adjuntos y los
secretarios, logrando eliminar en más
de un 80% los trabajos manuales, con
la finalidad de transparentar el trabajo
realizado, puesto que este sistema advierte
cualquier anomalía que se pueda
presentar, así como el vencimiento
de los plazos establecidos por el Código
Procesal Penal en cada una de las
etapas del proceso.
Otra de las ventajas de Justicia XXI
es que nos permite ir monitoreando
los trabajos que se van realizando en
el día, tanto del fiscal que se encuentra
en turno en la Policía como el de los
demás fiscales adjuntos en sus respectivos
despachos.
Funcionamiento
El fiscal de turno en la Policía se
apodera de los casos del día, se lo remite
al secretario para que éste lo
introduzca al sistema, quien está interconectado
con la fiscalía, lo que le
permite que pueda darle seguimiento
a sus casos.
La secretaria de recepción está encargada
de recibir a las personas que
se presentan en busca de un servicio,
toma la denuncia o querella y lo envía
al fiscal de turno a través del sistema,
y éste decide si envía el caso a la Unidad
de Conciliación o solicita una medida
de coerción.
Cuando el caso es enviado a la
Unidad de Conciliación, el Fiscal Conciliador
recibe la denuncia a través
del sistema, escucha a las partes y promueve
la conciliación. Si ésta se produce,
queda registrada en el sistema,
en caso contrario se levanta una acta
de no conciliación y se lo devuelve al
fiscal de turno, quien a su vez recibe el
caso y procede a apoderar al Juez de la
Katy Batista Polanco, Deyvi Rodriguez Gil y Engels Joel Mercedes del personal de apoyo de la Fiscalía
de La Romana.
Basilio Reyes Pache, fiscal adjunto de la Unidad de Conciliación, atiende a un usuario.
Instrucción correspondiente para solicitar
la medida de coerción, indicando
los datos personales del imputado, el
relato del hecho, la calificación jurídica
y los elementos de pruebas. Una vez
que el juez de la instrucción haya conocido
la solicitud de la medida de coerción,
el fiscal procede a registrar en el
sistema la medida que le fue aplicada
al imputado, por lo que queda registrada
la fecha de vencimiento de la
misma, el recinto carcelario donde ha
sido recluido, y si está en libertad se
hace constar el estado del sujeto.
El fiscal titular en su condición de
gerente de la fiscalía, puede monitorear
desde su despacho a través de
su computador, el trabajo que realiza
cada uno de los actores u operadores
del sistema, y tener así un control de
todos los casos y del trabajo que se lle-
va a cabo en la fiscalía.
Es importante señalar que el sistema
Justicia XXI es realmente novedoso
y útil, pues nos permite además, programar
las audiencias y registrar el
resultado de las mismas; de esta forma
genera los plazos a que está sometido
cada caso, y muestra una alerta al fiscal
a través del método de estadísticas
de las audiencias.
Consideramos que este avance tecnológico
es un gran apoyo a la fiscalía,
ya que puede generar todas las plantillas
necesarias, sólo teniendo acceso a
la opción correcta y de una forma rápida
genera el documento requerido.
En su opción actuaciones, contiene diferentes
ciclos, los cuales podemos utilizar
en la toma de nuestras decisiones
como son: acto conclusivo, medida de
coerción, audiencia preliminar y juicio,
entre otros.
Ministerio Público
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En La Romana
Descuella labor judicial del Ministerio Público
En último tres años logra decenas de
sentencias condenatorias
Los jueces hablan por sentencias
y los ministerios públicos por dictámenes.
Son las dos alas de la justicia
dentro del modelo de derecho que
prevalece en el sistema jurídico dominicano.
Es una obligación de todo representante
del Ministerio Público recibir
los casos, investigarlos y si hay méritos
para ello, instrumentar los expedientes
y apoderar a una jurisdicción
competente.
Ya en juicio, el representante del
Ministerio Público, en rol de fiscal,
debe esmerarse para mantener la acusación
y demostrar con las evidencias
y las pruebas adquiridas por los medios
legales, que además de cometido,
el delito debe ser sancionado como
forma de escarmiento social y reparación
de los derechos de las víctimas.
En la jurisdicción de La Romana,
el Ministerio Público descuella por su
dinamismo en los tribunales, donde en
los últimos tres años ha logrado importantes
sentencias, merced al trabajo de
su Procuraduría Fiscal, dirigida por el
magistrado José Antonio Polanco Ramírez,
quien es asistido por un equipo
de fiscales adjuntos compuesto por
los magistrados Héctor Julio Matos de
la Cruz, Víctor Enrique Henríquez Gil,
Ingrid Pamela Rijo Caraballo y Richard
Güílamo Cedano.
Los avances obtenidos por el Ministerio
Público en La Romana a través
de los resultados en los tribunales,
tienen mucho que ver con el proyecto
Justicia XXI que impulsa en esa y otras
jurisdicciones del país, la Procuraduría
General de la República.
Ministerio Público
Los fiscales adjuntos Victor E. Henríquez G. y Richard Güílamo Cedano.
Justicia XXI es un sistema digital
a tiempo real que se utiliza como un
método de apoyo para los ministerios
públicos, y garantiza el rápido acceso a
la información en relación a las investigaciones
realizadas, de manera que
los fiscales puedan tener un efectivo
control de los casos en que trabajan.
Casos-sentencias
1.-Proceso seguido a Bienvenido
Marte García, quien está acusado de
violar las disposiciones de los artículos
Nos.330 y 331 del Código Penal , modificado
por la Ley 24-97, y los artículos
nos. 50 y 56 de la Ley 36 sobre porte y
tenencia de armas, en perjuicio de Nancy
Margarita Jiménez Montero y de la
menor de 12 años RRR, resultando
el imputado Bienvenido Marte García
condenado a 20 años de reclusión mayor
y una multa de RD$200,000.00, así
como al pago de las costas del proceso
que fue conocido por el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del
Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, sentencia No.04-2007, de
fecha 12 de enero de 2007. El Ministerio
Público fue representado por el
doctor Héctor Julio Matos de la Cruz
2.-Proceso seguido a Wellinstong
Valdez Fortuna (e. n.), el cual está acusado
de violar las disposiciones de los
artículos Nos. 295 y 304 del Código
Penal, en perjuicio de quien en vida
respondía al nombre de Claudio Morla
Berroa (a) Danny, resultado el imputado
condenado a 20 años de reclusión
mayor, proceso que lo conoció el Primer
Tribunal Colegiado de Primera
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El magistrado Polanco Ramírez acompañado de sus fiscales adjuntos, Ingrid Pamela Rijo, Victor E Henríquez, Basilio Reyes, María Magdalena Polanco,
Hector Julio Matos, Richard Güílamo Cedano, entre otros.
Instancia del Departamento Judicial de
San Pedro de Macorís, en fecha 19 de
octubre de 2007. El Ministerio Público
estuvo representado por el doctor
Héctor Julio Matos de la Cruz.
3.-Proceso seguido a Domingo Enrique
Lake Leonardo, quien está acusado
de violar las disposiciones de los
artículos Nos. 295 y 304, en perjuicio
de su hermano Julio César Leonardo
(fallecido), resultando el imputado
condenado a 20 años de reclusión mayor,
proceso que lo conoció el Primer
Tribunal Colegiado de Primera Instancia
del Departamento Judicial de San
Pedro de Macorís, en fecha 9 de marzo
2007, sentencia No. 41-2007. El Ministerio
Público estuvo representado
por el doctor Héctor Julio Matos de la
Cruz.
4.-Proceso seguido a Rufy Alexander
Mercedes del Rosario, acusado de
violar las disposiciones de los artículos
Nos. 59, 60, 295, 296, 304, 379 y 382
del Código Penal en perjuicio de la ciudadana
belga María Teresa Dubuisson,
resultando el imputado condenado
a 20 años de reclusión mayor, proceso
que lo conoció el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del
Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, en fecha 02 de marzo de
2007, sentencia No. 31-2007. El Ministerio
Público estuvo representado
por el doctor Héctor Julio Matos de la
Cruz.
5.-Proceso seguido a la ciudadana
francesa María Isabel Fuente Cazador,
acusada de violar las disposiciones
contenidas en los artículos 5-b, 4-d y
75 párrafo 11 de la Ley 50-88, en perjuicio
del Estado dominicano, resultando
la imputada condenada a 12 años
de reclusión mayor y al pago de una
multa de RD$ 200,000.00, así como al
pago de las costa del proceso que fue
conocido por el Primer Tribunal Colegiado
de Primera Instancia del Departamento
Judicial de San Pedro de Macorís,
en fecha 02 de marzo de 2007,
sentencia No. 32-2007. El Ministerio
Público estuvo representado por el
doctor Héctor Julio Matos de la Cruz
6.- Proceso seguido a Ivonne Heredia
Mendoza, Modesto Alberto Leonardo
(a) Pachá, y Francisco Alberto
Hidalgo Durán (a) Wilkin, en el Primer
Tribunal Colegiado de Primera Instancia
del Departamento Judicial de San
Pedro de Macorís, acusado de violar
las disposiciones de los artículos 265 y
266 del Código Penal Dominicano, así
como 1, 2, y 3 de la Ley No. 583 del
27 de junio de 1970, sobre secuestro,
en perjuicio del menor de edad Federico
Antonio Hernani Guerrero Benítez,
donde el encartado fue condenado a
30 años de reclusión mayor y al pago
de las costas penales del proceso, mediante
la sentencia No. 215-2007, de
fecha 12 de enero de 2007, estando
representado el Ministerio Público por
el magistrado José Antonio Polanco
Ramírez.
7.- Proceso seguido en contra del
imputado Willy Alexander Peña Gervacio,
acusado de violar los artículos
330, 331 y 332 del Código Penal Dominicano,
que tipifican la violación
sexual e incesto, en perjuicio del menor
Ricardo Javier Peña Sarmiento, el
cual fue condenado a quince 15 años
de reclusión mayor y al pago de una
multa de RD$100,000.00 según sentencia
No. 20-2006, de fecha 31 de
marzo de 2006, emanada del Primer
Tribunal Colegiado de Primera Instancia
del Departamento de San Pedro de
Macorís.
8.- Proceso seguido en contra del
imputado José Manuel Montero, acusado
de violar los artículos 265, 266,
379 y 385 del Código Penal Dominicano,
sobre robo calificado y asociación
de malhechores en perjuicio de Rafael
Molina, Yokasta Guerrero, Mildred Peguero
y Maite Berenice Pérez. El imputado
fue condenado a 15 años de
reclusión mayor, según sentencia No.
210-2006, de fecha 31 de marzo de
2006, emanada del Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del Departamento
de San Pedro de Macorís.
9.-Proceso seguido en contra del
imputado Domingo Antonio Zorilla,
acusado de violar los artículos 265,
266, 379 382 y 385 del Código Penal
Dominicano sobre robo calificado y la
Ministerio Público
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asociación de malhechores en perjuicio
de Noberto Valerio. El imputado
fue condenado a quince (15) años de
reclusión mayor, según sentencia No.
77-2007, de fecha 27 de abril de 2007,
emanada del Primer Tribunal Colegiado
de Primera Instancia del Departamento
de San Pedro de Macorís.
10.- Proceso seguido en contra del
imputado Jairo Tuner Baltasar, acusado
de violar los artículos 295 y 304 párrafo
II del Código Penal Dominicano,
sobre homicidio voluntario en contra
de quien en vida respondía a Andrés
Vicente Silva Coats, y en consecuencia
se le condena a 15 años de reclusión
mayor, mediante sentencia No.
7160-2007, de fecha 17 de agosto de
2007, emanada por el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del
Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, estando representado el
Ministerio Público por el doctor Víctor
Enrique Henríquez Gil.
11.- Proceso seguido en contra del
imputado Miguel de Jesús Henríquez
Torres, acusado de violar los artículos
330 y 331 del Código Penal Dominicano,
que tipifica la violación sexual en
perjuicio de la menor de edad Diana
Carolina Ovalle Herrera, condenado a
20 años de reclusión mayor y al pago
de una multa de RD$100,000, mediante
sentencia No. 06-2007, de fecha
12 de enero de 2007, emanada por el
Primer Tribunal Colegiado de Primera
Instancia del Departamento Judicial
de San Pedro de Macorís, estando representado
el Ministerio Público por el
doctor Víctor Enrique Henríquez Gil.
12-Carlos Manuel de León Mercedes
y Rafael Parra Parra, violación a
los artículos 1, 2 de la Ley 583, condenado
a 30 años mediante sentencia
No. 158-2007, de fecha 3 de agosto de
2007, dictada por el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del Departamento
Judicial de San Pedro de
Macorís.
13-Alison de los Santos, violación a
los artículos 330, 331 del Código Penal,
condenado a 20 años y multa de doscientos
mil pesos, sentencia No.191
-2007, de fecha 14 de septiembre de
2007, dictada por el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del Departamento
Judicial de San Pedro de
Macorís.
Ministerio Público
14-Jesús Pérez Rincón, Félix Manuel
Donasrg, Gustavo Pion Nolasco,
violación de los artículos 4-d, 5-a, 60
y 75 párrafo ii de la Ley 50-88, condenados
a 15 años y cincuenta mil pesos
de multa, sentencia No. 195-2007, de
fecha 21 de septiembre de 2007, dictada
por el Primer Tribunal Colegiado
de Primera Instancia de San Pedro de
Macorís.
15-Juan Gabriel Medina, violación
a los artículos 379 y 382 del Código
Penal, condenado a 15 años, sentencia
No.199 -2007, de fecha 28 de septiembre
de 2007, dictada por el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia
del Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís.
16-Joselin Acosta Florián, violación
a los artículos 265, 266, 379, 382, 383
del Código Penal, condenado a 15 años,
sentencia No. 23 -2007, de fecha 31 de
marzo del año 2006, dictada por el
Primer Tribunal Colegiado de Primera
Instancia del Departamento Judicial de
San Pedro de Macorís.
17-Freddy Antonio Herrera Núñez,
violación a los artículos 295 y 304 del
Código Penal, condenado a 15 años,
sentencia No. 135-2007, de fecha 6
de julio de 2007, dictada por el Primer
Tribunal Colegiado de Primera Instancia
del Departamento Judicial de San
Pedro de Macorís. El Ministerio Público
estuvo representado por Richard
Güílamo Cedano.
18-Sandy Rivera Castro, violación
a los artículos 379 y 382 del Código
Penal, condenado a 10 años, sentencia
No. 71-2007, de fecha 13 de abril de
2007, dictada por el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del Departamento
Judicial de San Pedro de
Macorís.
19-Juan Mendoza, violación a los
artículos 4-d, 5-a y 75 párrafo ii de la
Ley 50-88, condenado a 10 años y cincuenta
mil pesos de multa.
20-Pedro Álvarez Martínez, violación
a los artículos 330, 331 del Código
Penal, condenado a 10 años y diez mil
pesos de multa.
21-Mario Feliciano Cayetano, violación
a los artículos 330, 331 del Código
Penal, condenado a 10 años y 10 mil
pesos de multa.
22-Deiby Núñez Castillo Leonardo,
violación a los artículos 295 y 304 pá-
rrafo ii del Código Penal, condenado a
10 años.
23-Freddy Antonio Herrera Núñez,
violación a los artículos 295 y 304 del
Código Penal, condenado a 15 años.
24-Juanqui Joselvi Guzmán Ramírez,
violación a los articulo 379 y
382 del Código Penal, condenado a 10
años.
25- Proceso seguido a Domingo
Segura Alcántara, en el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia
del Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, acusado de violar las
disposiciones de los artículos 4A, 5A,
y 75 II de la Ley 50-88, sobre drogas
y sustancias controladas, en perjuicio
del Estado dominicano, donde el encartado
fue condenado a 15 años de
reclusión mayor y al pago de las costas
penales del proceso, mediante la
sentencia No. 56-2007, de fecha 23 de
marzo de 2007, estando representado
el Ministerio Público por Ingrid Pamela
Rijo Caraballo.
26-Proceso seguido a Alexander
Batista Ruiz, en el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del
Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, acusado de violar las disposiciones
de los artículos 295 y 304
párrafo II del Código Penal Dominicano,
en perjuicio de Dioni Yedy Medina,
donde el encartado fue condenado a
10 años de reclusión mayor y al pago
de las costas penales del proceso, mediante
la sentencia No. 178-2007, de
fecha 24 de agosto de 2007, estando
representado el Ministerio Público por
la Magistrada Ingrid Pamela Rijo Caraballo.
27- Proceso seguido a Rudy Jiménez
Guerrero, en el Primer Tribunal
Colegiado de Primera Instancia del
Departamento Judicial de San Pedro
de Macorís, acusado de violar las disposiciones
de los artículos 4A, 5A, 6A
y 75 II de la Ley 50-88, sobre drogas
y sustancias controladas, en perjuicio
del Estado dominicano, donde el encartado
fue condenado a ocho años de
reclusión mayor, al pago de una multa
de RD$30,000.00 y al pago de las costas
penales del proceso, mediante la
sentencia No. 114B-2007, de fecha 15
de junio de 2007, estando representado
el Ministerio Público por la magistrada
Ingrid Pamela Rijo Caraballo.
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Proyecto Ámbar,
lo único y moderno
Mejorando los servicios públicos
para beneficio de la ciudadanía
La Secretaría General de la Procuraduría
General de la República ha
logrado implementar mejoras en los
servicios, centralizando en un solo departamento
la atención al público, la
cual ha sido ampliada y modernizada
a través del desarrollo del Proyecto
Ámbar. Esta iniciativa tiene como objetivo
general diseñar e implantar un
nuevo modelo de gestión de servicios
públicos, que incremente el grado de
satisfacción de los usuarios o ciudadanos
y facilite y consolide la conexión
de la ciudadanía con el organismo rector
del Ministerio Público.
El proyecto se enmarcada en la estrategia
del Estado de modernización
de los servicios públicos, por ello en el
año 2005, la Procuraduría General de
la República suscribió un acuerdo con
el Programa de Apoyo a la Reforma y
Modernización del Estado (Pro-Reforma),
para el diseño e implantación de
este modelo de gestión, con el financiamiento
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
El Proyecto Ámbar fue inicialmente
contemplado para implantarse
en cinco (5) instituciones del Estado
dominicano, siendo la Procuraduría
General de la República pionera en su
ejecución, lo que la convierte en institución
piloto y caso de estudio para
otras organizaciones públicas a nivel
nacional e internacional. En ese tenor,
la Procuraduría General de la República
fue invitada como exponente en el
XII Congreso Internacional del Centro
Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD), sobre Re-
Gladys Sánchez, secretaria general de la Procuraduría.
forma del Estado y Administración
Pública, siendo representada por la
secretaria general y coordinadora del
proyecto, licenciada Gladys Sánchez
Richiez, quien obtuvo excelentes críticas
y solicitudes de intercambio de
mejores prácticas por parte de otros
Estados de América Latina.
Situación de los servicios antes
de las mejoras
Antes de la aplicación de las mejoras,
los servicios públicos de la Procuraduría
General de la República se
ofrecían en las siguientes condiciones:
Antecediendo a la firma del convenio
e implantación del modelo de
gestión, la Secretaría General inició un
proceso de mejora de los servicios públicos.
Este proceso fue realizado con
los recursos disponibles en la institución,
sin embargo, pudo superarse una
de las deficiencias de los servicios (el
tiempo de espera), logrando alcanzar
mejoras considerables con la disminución
del tiempo de respuesta, como se
muestra en las gráficas que figuran a
continuación:
Implantación del Modelo:
Equipo de Mejoramiento
Enseñando a pescar
Uno de los elementos novedosos
del Proyecto Ámbar ha sido la utilización
de talento humano de la institución
en cada fase del proyecto, desde el
diseño hasta la ejecución. La visión de
Pro-Reforma fue crear y dejar establecido
en las instituciones seleccionadas,
equipos multidisciplinarios de alto
perfil que pudieran desarrollar las capacidades
y competencias necesarias
para implantar el proyecto, ser agentes
de cambio dentro de la institución
y poder colaborar con otros planes futuros
de la entidad estatal.
En consonancia con el antiguo y
conocido proverbio “mejor que dar el
pescado es enseñar a pescar”, el equipo
de mejoramiento fue sometido a
un intenso programa de capacitación,
contando además con la asistencia de
consultores especialistas en diferentes
materias que, en lugar de entregar
productos puntales, realizaron trans-
Ministerio Público
Revista-MP-Edic3.indd 67 21/12/2007 02:16:13 p.m.

ferencia de conocimientos “enseñando
a pescar” y elevando el nivel profesional
de los miembros del equipo.
Como parte de esta novedosa metodología,
se pidió a todos los integrantes
de las instituciones seleccionadas
para la implantación del modelo, que
definieran la imagen, misión y valores
del equipo para lograr la identificación
con el proyecto y la integración de las
instituciones.
En principio, el equipo de la Procuraduría
General estuvo integrado por
analistas de calidad, procesos, tecnología,
recursos humanos, comunicaciones,
legal, una administradora y una
coordinadora de proyecto, seleccionados
entre profesionales con alto grado
de responsabilidad en sus funciones
dentro de la institución, que iniciaron
el desarrollo del proyecto en adición a
sus funciones y sin más retribución o
motivación que el alto sentido patriótico
de hacer una institución más fuerte,
y la esperanza de extrapolar esa fortaleza
a toda la nación a través de otras
instituciones gubernamentales donde
se implantara el nuevo modelo de gestión
de servicios públicos.
Para algunos la carga de trabajo
fue insostenible y en los primeros meses
de ejecución del proyecto, solo se
contaba con cuatro (4) miembros que,
en algunos casos, se dedicaron a tiempo
completo al proyecto dejando sus
antiguas funciones. Hoy estos miembros
integran las posiciones de mayor
jerarquía dentro del Departamento
de Gestión de Servicios al Ciudadano
(DEGESEC) apoyado por un equipo de
personal capacitado en diversas especialidades,
creado para asegurar la sostenibilidad
del modelo de Gestión de
Servicios Públicos y el desarrollo del
Proyecto Ámbar. Son personas dinámicas,
entusiastas y muy identificadas
con la institución, quienes han venido
Ministerio Público
a inyectar energías al equipo original
en la postrimería de este ambicioso
proyecto, que ya cumple dos (2) años.
La Colmena, como inicialmente se
identificó al equipo del personal que
trabaja en el mejoramiento de los servicios,
ha sembrado en otros el sentido
de pertenencia e identificación con la
institución. Cambiar paradigmas ha
sido su norte, realizando talleres de
integración, capacitaciones y campañas
de comunicación interna y externa
por medio de boletines y brochures
informativos, logrando difundir su
identidad en la sede central de la Procuraduría,
divulgando la naturaleza de
sus funciones y el objetivo del Proyecto
Ámbar.
Modelo conceptual
El modelo conceptual fue diseñado
por la consultora Marisol Castillo
Sánchez, profesional con basta experiencia
en reingeniería de procesos y
medición de calidad, quien ha acompañado
al equipo de mejoramiento
en cada una de las fases del Proyecto
Ámbar. El modelo se basa en cuatro
componentes básicos:
Sistema de atención, integra-
do por medios de información, entre
ellos una guía de servicios donde los
usuarios podrán encontrar definición,
costos, locales de atención, y otros elementos
importantes para acceder a
los servicios que ofrece la Procuraduría
General y sus dependencias. Este
sistema también contempla la gestión
de las reclamaciones (quejas y sugerencias
de los usuarios); estándares,
protocolos y normativas de prestación
del servicio; medición de la calidad;
descentralización de las oficinas de
atención; múltiples canales de acceso
a los servicios (presencial, internet, telefonía
a través de la Oficina Presidencial
de Tecnología de la Información y
la Comunicación); y facilidades en las
plantas físicas, en especial para usuarios
discapacitados.
optimización de los procesos y
mejoramiento continuo, mediante la
selección y priorización de los casos
para el posterior análisis, rediseño y
automatización, contemplando puntos
de control de calidad, capacitaciones e
implementación de procesos de mejora
continua.
Carta de servicios o de derecho
de los ciudadanos. El modelo contempla
la elaboración, implantación y
comunicación de una carta de servicios,
que según se define en el modelo
conceptual “es un documento corto y
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sencillo que establece claramente los
servicios que serán provistos por la
institución, sus estándares de calidad,
la forma de contacto con la organización,
cómo presentar quejas y cuáles
son las medidas o mecanismos de
atención a los ciudadanos. Es decir,
por medio a este documento, el ciudadano
puede formarse expectativas claras
y objetivas sobre la calidad de los
servicios. “La carta de servicio constituye
un contrato entre las instituciones
y los ciudadanos”.
Aseguramiento y control de la
calidad. Para el desarrollo de este
componente se contempla la instala-
ción de una Unidad de Control de Procesos
y Calidad, que trace estrategias
orientadas a los usuarios, y comprometa
e involucre a toda la organización,
mediante acuerdos de servicios
con suplidores internos.
Ejes de apoyo
Para el desarrollo de cada componente,
el modelo se apoya en cinco ejes
fundamentales:
Reingeniería de procesos: realizada
conjuntamente con los funcionales
de cada proceso desde la fase de
levantamiento hasta el rediseño de los
procesos, consiguiendo el desarrollo
de este objetivo de forma efectiva y disminuyendo
la resistencia al cambio.
El proyecto contempla los siguientes
servicios:
• Certificaciones Generales
• Antecedentes Judiciales
• Asociaciones sin Fines de Lucro
(ONG´s)
• Legalización de Firmas
• Trámites para Exequátur de Abogados.
• Impedimentos de Salida.
Gladys Sánchez, secretaria general de la Procuraduría, acompañada del equipo de trabajo del Proyecto
Ambar, integrado por Silvana Gálvez, Gladys Reynoso, Carmen del Villar, Adriana Torres e Isaac
Domínguez.
La proyección es extender el modelo
de gestión de servicios públicos a
todos los departamentos de la institución
que brindan asistencia a la ciudadanía.
Una vez finalizado el proyecto,
esta tarea será responsabilidad del
DEGESEC.
desconcentración de las operaciones
con el fin de que los usuarios
del interior del país puedan tener acceso
a los servicios sin necesidad de desplazarse
al Distrito Nacional, se contempla
instalar Centros de Atención al
Usuario regionales. En esta primera
etapa se instalarán dos centros, uno
en el Distrito Nacional y otro en Santiago
de los Caballeros. El DEGESEC
será responsable de la instalación de
nuevos centros donde se implante el
modelo de gestión.
Recursos Humanos. Para ofrecer
servicios de calidad, es necesario
contar con personal calificado y competente,
por ello, uno de los ejes fundamentales
y objetivo estratégico del
proyecto es la gestión humana, pues el
talento humano es el soporte del modelo.
Como parte de este objetivo se
definió la estructura del DEGESEC consu
manual de organización y funciones,
así como el manual de perfiles de
competencias. Este departamento ha
sido creado mediante resolución 008,
del 16 de febrero del presente año.
También se ha establecido un sistema
de medición del desempeño,
basado en indicadores y estándares
de cumplimiento, sustentado en un
sistema de motivación e incentivos
al personal de servicio, con el cual se
persigue ofrecer a los empleados el
trato que queremos que dispensen
a los ciudadanos. Asimismo, se han
establecido mecanismos de comunicación
efectiva, para conocer las quejas
o sugerencias del personal y un plan
de capacitación continua. Para el reclutamiento
del personal, se ha dado
prioridad al personal que actualmente
presta los servicios y realizando concursos
internos.
infraestructuratecnológica
Todo el proyecto está sustentado en
sistemas de información, aumentando
en un 56% la plataforma tecnológica
de la PGR, con la inclusión de nuevos
equipos, tanto centrales como de procesamiento,
que no solo beneficiarán
al DEGESEC, sino a toda la institución.
La digitalización masiva de do-
cumentos es un ejemplo de ello, pues
por medio a un sistema de administración
documental, los miembros de la
institución podrán consultar en línea
todos los documentos que reposan
en el archivo central de la Procuraduría
General de la República. En la
actualidad, este sub-proyecto se está
Ministerio Público
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desarrollando en la sede central, con el
financiamiento conjunto de la Procuraduría
General y Pro-Reforma y con
un equipo de personal temporal que
trabaja en dos turnos, desde las 8:00
a.m. hasta las 10:00 p.m.
Administración de turno y manejo
de cola. Este sistema permite
que los usuarios escojan el turno según
la categoría de servicio, el trámite
o la transacción que desean utilizar.
Cuenta con impresoras para la generación
de tickets que pueden adaptarse a
la configuración que se desee aplicar,
uso de pantallas de display y de TV,
así como sistemas de audio que permiten
atraer la atención de los usuarios
y dirigirlos a la ventanilla de atención
correcta.
Las pasarelas de pago o aplicaciones
TPV (Terminal Punto de
Venta), permiten que los usuarios
puedan realizar el pago de sus servicios
utilizando una tarjeta de crédito
y validando la operación de forma
automática, en tiempo real y en línea.
La plataforma de pago adquirida por
Pro-Reforma es tan amplia que tiene
la capacidad para ser utilizada por la
Procuraduría General de la República
y otras instituciones del Estado.
Sistema de Administración de
Procesos (Business Process Management),
permite modelar, automatizar,
manejar y optimizar los procesos
rediseñados en la primera etapa del
proyecto. El objetivo es incrementar la
eficiencia y calidad con la que se prestan
los servicios públicos, permitiendo
conocer la cantidad de transacciones
realizadas por el personal operativo, el
tiempo que tarda cada representante
en atender las tareas asignadas, entre
otros indicadores, para el control y
cumplimiento de los estándares definidos.
inteligencia de negocios (Busi-
0
Ministerio Público
ness intelligent). Por medio de esta
herramienta, el DEGESEC y los niveles
estratégicos de la institución podrán
tomar decisiones correctas sobre los
servicios, basadas en el análisis de datos
acumulados por ellos.
departamento de gestión de
Servicios al Ciudadano
Desde sus inicios, el Proyecto Ámbar
contemplaba la creación de un organismo
dentro de la institución, que
garantizara la sostenibilidad del modelo
de gestión de servicios públicos y
que velara por la mejora continua de
dicho modelo. Por ello, el 16 de febrero
del presente año y mediante resolución
del Procurador General de la República,
se creó el DEGESEC, como una
dependencia de la Secretaría General,
cuyo objetivo principal es “ser el ente
rector y representante de los servicios
que ofrece la Procuraduría General de
la República y sus dependencias, de
cara a la ciudadanía”.
Principales logros
En nueve (9) meses de existencia
del DEGESEC, se han obtenido los siguientes
logros:
Corrección de distorsiones en el
precio de los servicios a nivel nacional,
mediante la firma de la resolución 012,
de fecha 6 de marzo de 2007, se establece
por primera vez una tasa institucional,
estandarizándola a todos los
servicios y con aplicación a nivel nacional.
Políticas de Antecedentes judiciales,
establecidas mediante resolución
0057, de fecha 28 de septiembre
de 2007, que regulan el procedimiento
de “retiro de fichas”, la confidencialidad
de las informaciones, el derecho
a la reinserción social de las personas
liberadas, entre otros.
Reglamento para el manejo de las
recaudaciones por concepto de tasa
institucional aplicada a los servicios
de la Procuraduría General de la República,
establecido mediante resolución
0031, de fecha 2 de mayo de 2007.
Con este reglamento se establece que
un porcentaje de las recaudaciones
por concepto de tasa institucional, sea
destinado a la mejora de los servicios
en beneficio de los contribuyentes.
Expedición de Certificado de Antecedentes
judiciales en 15 minutos:
con la firma del decreto Núm. 122, de
fecha 8 de marzo de 2007, que crea el
Reglamento sobre Registro de Datos de
Personas con Antecedentes Delictivos,
otorgando a la Procuraduría General la
expedición del papel de antecedentes
judiciales, el DEGESEC aplicó mejoras
rápidas al servicio de Antecedentes
Judiciales, que se brinda en la sede
central a solo horas de haber sido notificado.
Próximos pasos
El Proyecto Ámbar se encuentra
en su fase final, se tiene prevista la inauguración
de los Centros de Atención
al Usuario de Santo Domingo y Santiago
en los primeros meses del próximo
año. El DEGESEC, ha desarrollado el
plan operativo para el año 2008 y entre
las principales estrategias se encuentran:
Promover la digitalización masiva
de documentos a nivel nacional, y la
creación de una unidad de digitalización
permanente que forme parte de
la estructura del archivo general; promover
la creación de un Comité de Calidad
y Servicios dentro de la institución;
Alinear las estrategias del modelo
de gestión de servicios públicos con
otros modelos de gestión dentro de la
institución, para la optimización de recursos;
y compartir mejores prácticas;
Implantar nuevos centros de atención
al usuario e integrar todos los
servicios de la institución al modelo de
gestión de servicios públicos.
Es importante resaltar que el desarrollo
del Proyecto Ámbar en la Procuraduría
General de la República y los
logros alcanzados por el DEGESEC no
hubiesen sido posibles sin la voluntad
política férrea de los niveles estratégicos
de la institución y los organismos
de colaboración. El apoyo de un equipo
de profesionales completamente
orientados al resultado; el liderazgo
de su coordinadora y la colaboración
recibida por parte de funcionarios y
empleados de la Procuraduría. Ha
sido un verdadero trabajo de equipo
sembrar la semilla del cambio, gracias
a ese esfuerzo hoy se ve florecer un
fuerte árbol, que dentro de poco dará
sus frutos.
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Teléfonos y correos de Procuradurías de Cortes y Fiscalías
Procuradurías de cortes de aPelación
correo teléfono
Santiago pgcsantiago@procuraduria.gov.do 809-582-4010
San Pedro pgcsanpedro@procuraduria.gov.do 809-588-2354
San Juan pgcsanjuan@procuraduria.gov.do 809-557-2441
San Francisco pgcsanfrancisco@procuraduria.gov.do 809-588-2354
San Cristobal pgcsancristobal@procuraduria.gov.do 809-528-3210
Puerto Plata pgcpuertoplata@procuraduria.gov.do 809 -586 -1678
Santo Domingo pgcprovsantodgo@procuraduria.gov.do 809-483-3099
Monte Cristi pgcmontecristi@procuraduria.gov.do 809-579-3055
La Vega pgclavega@procuraduria.gov.do 809-573-2831
Distrito Nacional pgcdistritonacional@procuraduria.gov.do 809-532-8518
Barahona pgcbarahona@procuraduria.gov.do 809-524-2341
Procuradurías fiscales
Villa Altagracia pfvillaaltagracia@procuraduria.gov.do 809-559-3376
Valverde pfvalverde@procuraduria.gov.do 809-572-3203
Stgo. Rodríguez pfsantiagorodriguez@procuraduria.gov.do 809-382-0714
Santiago pfsantiago@procuraduria.gov.do 809-582-4010
San Pedro pfsanpedro@procuraduria.gov.do 809-529-3393
San Juan pfsanjuan@procuraduria.gov.do 809-557-5766
Ocoa pfsanjosedeocoa@procuraduria.gov.do 809-558-9910
San Francisco pfsanfrancisco@procuraduria.gov.do 809-588-2236
San Cristobal pfsancristobal@procuraduria.gov.do 809-528-3231
Samaná pfsamana@procuraduria.gov.do 809-538-2256
Salcedo pfsalcedo@procuraduria.gov.do 809-577-2282
Puerto Plata pfpuertoplata@procuraduria.gov.do 809-586-2330
Santo Domingo pfprovsantodomingo@procuraduria.gov.do 809-593-0256
Pedernales pfpedernales@procuraduria.gov.do 809-524-0551
Neyba pfneyba@procuraduria.gov.do 809-527-9189
Nagua pfnagua@procuraduria.gov.do 809-584-3874
Monte Plata pfmonteplata@procuraduria.gov.do 809-551-6330
Monte Cristi pfmontecristi@procuraduria.gov.do 809-579-3062
Moca pfmoca@procuraduria.gov.do 809-578-3001
La Vega pflavega@procuraduria.gov.do 809-573-2386
Las Matas de F. pflasmatasdefarfan@procuraduria.gov.do 809- 527-6110
La Romana pflaromana@procuraduria.gov.do 809-556-2996
Jimaní pfjimani@procuraduria.gov.do 809-248-3152
Higüey pfhiguey@procuraduria.gov.do 809-554-6040
Hato Mayor pfhatomayor@procuraduria.gov.do 809-553-3100
El Seybo pfelseybo@procuraduria.gov.do 809-552-3406
Elías Piña pfeliaspina@procuraduria.gov.do 809-527-0114
Dajabón pfdajabon@procuraduria.gov.do 809-579-7313
Cotuí pfcotui@procuraduria.gov.do 809-240-1579
Constanza pfconstanza@procuraduria.gov.do 809-539-1375
Distrito Nacional pfcdistritonacional@procuraduria.gov.do 809- 221-6400
Bonao pfbonao@procuraduria.gov.do 809-525-2850
Barahona pfbarahona@procuraduria.gov.do 809-524-2341
Baní pfbani@procuraduria.gov.do 809-522-3337
Azua pfazua@procuraduria.gov.do 809-521-5200
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) 809-732-1407
correos electrónicos de los Procuradores adjuntos
Rodolfo Espiñeira Pedro Féliz Montes De Oca
respiñeira@procuraduria.gov.do pefeliz@procuraduria.gov.do
Moisés Ferrer Landron Gisela Cueto
mferrer@procuraduria.gov.do gcueto@procuraduria.gov.do
Roxanna Reyes Bolivar Sánchez
rreyes@procuraduria.gov.do bsanchez@procuraduria.gov.do
Ángel Alfredo Castillo Tejada Casilda Alida Báez Acosta
acastillo@procuraduria.gov.do cbaez@procuraduria.gov.do
Ana Burgos Crisostomo Guillermo Jimenez
aburgos@procuraduria.gov.do gjimenez@procuraduria.gov.do
Maura Altagracia Martínez Paulino Octavio Líster
mmartinez@procuraduria.gov.do olister@ procuraduria.gov.do
Idelfonso Reyes Marisol Tobal
ireyes@procuraduria.gov.do mtobal@procuraduria.gov.do
Ministerio Público
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
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