Núm. 102-107 - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

J A I M E L*L U I S ' Y N A V A S
tencia, la probacio,'e execucio de aquells al justicia reseruada. E aquesta provisio
dur, e sia observada, tor a les primeres corts en lo dit regne celebradores: E que
la donsch hi sia prouehit de justicia. E 4 per la present provisio no sia fet perjuidici
al senyor Rey, ne a ses regalies, ne al general del dit regne, ne als singulars de quell,
ne axi matex als dits moneders ne a lurs priuilegis)). Esta ley no resolvió un pro-
blema que volveria a ser tratado en otros momentos históricos (1).
Los monederos eran, en último término, unos servidores directos del rey en
materia que interesaba directamente a la economía regia, y cuyos secretos técni-
cos la Corona tendria interés no pudieran ser examinados por ojos indiscretos.
Estos dos motivos, y el sistema general de organización de la justicia medieval,
llevarían a dotarlos de jurisdicción exenta y posiblemente parcial desde el momento
en que era electiva. Inútil decir que los reinos tendrian interés en limitar el alcance
de una jurisdicción en que los elegidos de enjuiciados podían entender de las causas
entre sus electores y terceros. El problema quedaría agravado por la existencia
de personas incorporadas a las cecas simplemente para rehuir la acción de la
jurisdicción ordinaria.
De ahí dos problemas: regular las normas de ingreso en las monederias (cues-
tión cuyo alcance estudiamos en otros lugares de este trabajo) y fijar el alcance
de la jurisdicción especial de los alcaldes de ceca. En este momento la cuestión
parece complicada por la introducción de otro problema por la sutileza de los
juristas valencianos: distinción entre los privilegios de quienes acuñan moneda
valenciana o moneda de otra índole (florines, falsificación de numerario castella-
no), pretendiendo que era contrafuero extender a los segundos los privilegios de
los primeros. En realidad, como hemos señalado en otras ocasiones, es una cues-
tión en que era dificil la respuesta por no estar realmente previsto en los primi-
tivos fueros: si se entendía que los privilegios habían de alcanzar a la acuñación
de moneda en Valencia, tendrían razón los monederos; si alcanzaban a la acuñación
de moneda de Valencia, tendrian razón los impugnadores de sus privilegios.
La cuestión se debió resolver probablemente en una lucha de fuerzas de pre-
sión social. En este caso el Rey parece acceder a los deseos de las Cortes. Cierta-
mente salvaguarda una esfera para la competencia de los alcaldes, sin duda im-
portante (las desavenencias de régimen interior, que comprenderían, entre otras,
las que hoy denominaríamos laborales, y que por su carácter interno no afecta-
ban tanto a los intereses de la ciudad levantina); pero esta decisión, llevada a
sus últimas consecuencias, hubiera implicado una reducción importantísima de
los privilegios jurisdiccionales de los acuñadores.
Pero el mismo juego de presiones que hay tras esta cuestión hizo que hubiera
oscilaciones en la actitud del Rey. Prueba de ello es que esta misma disposición
forma parte de las extravagantes, y que en varios reinados, incluso el de Fernando
(1) VBase L~urs:
Las cuestiones legales sobre la arnonedación espailola bajo los Reyes Catdlicos, tomo 11,
Madrid, 1960, phg. 51. Obsbwese que las mismas salvedades Anales del Fuero que nos ocupa muestran
muchas prevenciones en que todas las partes quieren salvaguardar sus derechos. S610 por ello ya resultaba
previsible que la soluci6n no era definitiva.