Núm. 102-107 - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

AMONEDACIÓN EN LA CORONA DE ARAGÓN EN EL SIGLO SIV
moneder qui no sia de senyoria nostra habitador e vehi, si no era de volentat e
licencia dels dits obrers o moneders, dementre enpero que eylls abasten a obrar
e monedar aquella moneda sens dapnage de los guardes de la moneda)). Ello parece
indicar que en este momento la exclusión de los extranjeros se coiicebia más
como una política social o ((de empleo* que como una medida de salvaguarda de
la ceca. Claro que, siendo los acuñadores en cierto sentido los depositarios de los
secretos de la acuñación, es posible que ambas motivaciones estuvieren implíci-
tamente relacionadas.
A los alcaldes les encomendaba que ((les coses dessus dites tots e sengles tenir
e observar facen entre los dits obrers e moneders e guardar e observar aquelles
coses que a lehaltat de la moneda e a profit nostra veuran faliedores,. Por tanto,
no sólo se les atribuye una jurisdicción en función de defensa de las normas esta-
blecidas para la salvaguarda de dos intereses (del Rey, que por tal causa la otorga,
y de los monederos, que por eso la desean), sino también una labor de previsión de
las posibles necesidades generales de la defensa de dichos intereses, e incluso de
las tradiciones y costumbres no recogidos en la norma escrita.
Asimismo, si los acuñadores incurrían en disposición que les privara de llevar
armas, este privilegio establecía la norma de que la ejecución de dicha regla y la
custodia de las armas correspondería a los alcaldes de la monedería.
En materia de aplicación de las multas, a renglón seguido el privilegio establece
que éstas se destinarán por terceras partes al maestre, a los alcaldes y al capítulo
de los monederos, según estableciera Jaime 11 en 1325. Esta regla parece estar
algo en contradicción con las más arriba indicadas respecto de los casos de desave-
nencias y agresiones. Es posible que ésta sea la norma general (cabe suponer que
la parte del capitulo la recibiera la bolsa de la monederia) y que la antes vista
constituyera una norma especial excepcional para infracciones determinadas.
También confirmó Don Pedro los privilegios otorgados por sus antecesores.
Es decir, este texto tiene carácter de confirmación y ampliación. Como quiera que,
unas veces por recordatorio directo, otras por la naturaleza del contenido, muchas
de estas normas coinciden con las de documentos de otras épocas, parecemos estar
ante un fenómeno histórico de progresiva formación del derecho y estatuto de
la acuñación a través de reglas más o menos casuisticas en su origen, surgidas de
necesidades o luchas de intereses advertidas en casos concretos, de correcciones
de los defectos señalados que irían formando un cuerpo legal a través de la rati-
ficación y perfilación del precedente, acabando por constituir el sistema por el
que se regirían las monederías. Obsérvese que de ello no deriva ningún nomina-
lismo ni ningún empirismo en cuanto a la doctrina del origen de las ideas y con-
ceptos jurídicos. Una cosa son las ideas puras generales, y otras los hechos concretos.
Sólo éstos son advertidos concreta y empíricamente, y la solución que se les
da resulta de la concurrencia de dos factores (el hecho concreto y la idea general
previamente existente en la mente del legislador). Es la orientación del centro de
atención, no la idea dirigida hacia ese objeto de atención lo que tiene carácter con-
creto. Precisamente si de varias soluciones concretas se extrae más adelante una
regla general, es porque todas ellas respondían a una idea general y cuando se