Policía mata a asaltantes Policía mata a asaltantes - Diario El Mundo

16 Opinión
EDITORIAL
Un tema que debe
ser preocupación
para toda la nación
La justicia debe castigar ejemplarmente
a los autores de los últimos dos casos emblemáticos
de violencia contra la mujer.
El presidente Mauricio Funes expresó
el miércoles, en cadena
nacional, su preocupación por
la creciente violencia contra la
mujer y anunció propuestas para
elevar penas contra este tipo
de expresiones de agresividad.
Compartimos con el mandatario su preocupación.
La violencia intrafamiliar es una epidemia
que debe ser perseguida con firmeza y
de oficio para proteger a todas las salvadoreñas
de la brutalidad de algunos hombres.
Los casos de Alison Renderos –la joven atleta de
San Vicente, asesinada brutalmente a sus 15
años– y de Mireya de Samayoa –la esposa agredida
del diputado Rodrigo Samayoa– son ejemplos
claros de lo que sucede cotidianamente.
Ambos casos se han difundido ampliamente
por la dimensión de las víctimas, pero entre cuatro
paredes, a todo nivel, muchas mujeres son
víctimas en silencio de esta práctica brutal.
Es correcto elevar las penas que establece el Código
Penal para este tipo de expresiones de violencia
y emprender una campaña educativa,
tal como lo ha pedido el mandatario. Esa campaña
educativa debe empezar desde la niñez,
para que los varones aprendan a respetar a las
niñas en todo sentido.
Pero también es necesario educar a las autoridades
mismas que muchas veces desestiman
las acusaciones y algunos jueces incluso
recomiendan conciliaciones entre la víctima
y su agresor. Un buen comienzo sería castigar
ejemplarmente a los autores de los dos
casos emblemáticos para el bien de todas las
mujeres.
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Dr. Juan José Borja Nathan
Fundador
Fundado: 6 de febrero de 1967
• Miembro de la SIP • Premio UNICEF 1994
• Miembro de la APCA
ASAMBLEA
Ha tomado vuelo el
nombre de este organismo
de justicia regional,
a raíz de la rebeldía
de la Comisión
Política de la Asamblea Legislativa
frente a los legítimos fallos de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia.
La rebeldía llega a tal punto que, en
vez de encontrar internamente las
soluciones más adecuadas para resolver
el problema planteado,
se pretende persuadir
al pleno de la
Asamblea Legislativa para
elevar el asunto, en apelación,
al organismo de
justicia regional.
Esa actitud, que bien admitiría
calificativos más
severos, es absurda. La
Corte Centroamericana
de Justicia fue creada en
Tegucigalpa el 13 de diciembre de
1991, y el convenio que aprobó el Estatuto
que rige sus actuaciones fue
suscrito en Panamá, República de Panamá,
el 10 de noviembre de 1992 por
Acuerdo de los presidentes: Rafael A.
Calderón Guardia, de Costa Rica; Alfredo
Cristiani Burkard, de El Salvador;
Jorge Serrano Elías, de Guatemala;
Rafael L. Callejas Romero, de
Honduras; Violeta Barrios de Chamorro
de Nicaragua; y Guillermo Endara
Galimany, de Panamá.
La firma de dicho acuerdo tuvo como
finalidad avanzar en el proceso
de integración centroamericana,
otorgándole a la Corte el carácter de
supranacional en asuntos de integración.
Sus 12 competencias, que se
enumeran del literal a) al k) del artículo
22 de su Estatuto, determinan
muy claramente sus atribuciones, las
cuales, en ningún caso, tienen la capacidad
de sobreponerse a los sistemas
judiciales ordinarios de los Estados
suscriptores. Dichas atribuciones,
como decimos, están particularmente
establecidas para resolver
los conflictos entre los Estados
relativos a la integración y para actuar
como órgano de consulta. En algunos
casos, pueden conocer a solicitud
de cualquier interesado “acerca
de las disposiciones legales, reglamentarias,
administrativas o de
cualquier otra clase dictadas por un
Estado, cuando afecten los convenios,
tratados y de cualquier otra normativa
del Derecho de la Integración
Centroamericana, o de los acuerdos
o resoluciones de sus órganos u organismos”.
Suponemos que los consejeros
legales de la comisión Política
de la Asamblea Legislativa, sugieren
invocar el literal f) del mencionado
artículo 22. Pero están completamente
equivocados.
En efecto, dicho literal dice expresamente:
“Conocer y resolver a solicitud
del agraviado los conflictos que
pueden surgir entre los Poderes u Órganos
fundamentales de
los Estados, y cuando de
hecho no se respeten los
fallos judiciales”.
Según esta disposición, la
Corte podrá intervenir en
conflictos o controversias
entre los Poderes u Órganos
de un Estado, ya sea de
competencia positiva o negativa,
o de cualquier otra
índole. Pero nunca para
conocer, en una especie de tribunal
internacional de apelación. Al contrario,
lo hace cuando no se respetan
los fallos judiciales para respaldar coercitivamente
dichos fallos. La Corte
Centroamericana, con esto, da un formidable
respaldo a los sistemas judiciales
de los respectivos países, y jamás
pretende erigirse en una instancia
superior a ellos.
Esto es elemental. Pues, deducir lo
contrario, significaría la
aniquilación de los
sistemas judiciales
de los Estados
parte, cosa que estuvo
lejos, muy lejos,
de la mentalidad
de sus creadores.
En resumen: la
Corte Centroamericana
de Justicia no
tiene ninguna competencia
para resolver
la cuestión suscitada
entre la
Asamblea Legislativa
y la Sala de
lo Constitucio
EL MUNDO IViernes 15/06/2012
La Corte Centroamericana
de Justicia
La Corte Centroamericana de Justicia no tiene ninguna competencia para
resolver la cuestión suscitada entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo
Constitucional. Recurrir a ella sólo denota una intención dilatoria.
Instituto
Iberoamericano
de Derecho
Constitucional
Sección El Salvador
nal. Recurrir a ella sólo denota una intención
dilatoria absolutamente injustificada
para crear un ambiente de
ingobernabilidad y caos.
Según los fallos de la Sala, faltan sólo
15 días para proceder a la nueva elección
de los magistrados de 2006 y 2012.
Después de ese término, la Corte Suprema
de Justicia quedaría incapacitada
para resolver los importantes y
urgentes asuntos de su competencia.
La rapidez de la Sala de lo Constitucional
en resolver las demandas de
inconstitucionalidad, representativas
del clamor general, se explica por
ese motivo, y no puede atribuirse a
ella el caos que pueda producirse.
La Comisión política de la Asamblea
busca, como decimos, entorpecer la
solución de un asunto que no es otra
que el cumplimiento de dichos fallos,
las cuales, como reafirmamos,
son inapelables y de obligatorio
cumplimiento.
La tramitación del asunto ante la Corte
Centroamericana de Justicia, que
de antemano se sabe improcedente,
tardaría meses y tal vez años, por lo
que no puede interpretarse sino como
el evidente propósito de crear el
caos y la ingobernabilidad en el país.
Y, ya se sabe: “en río revuelto ganancia
de pescadores”. Para algunas
mentalidades es preferible el caos a
la metódica e implacable fuerza de
la Constitución y de las leyes en un
Estado Democrático Constitucional
de Derecho.