Centro de Documentación Judicial 1 - Miliarium

Id Cendoj: 28079130032006100213
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 9882/2003
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: FRANCISCO TRUJILLO MAMELY
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
RECURSO DE CASACION CONTRA INSTALACION DE PARQUE EOLICO "LOS
LABRADOS" (ZARAGOZA). Desestimación. No existe privación o expropiación de los derechos
dominicales de los recurrentes contraria al art. 33.3 de la Constitución ni al art. 349 del Código Civil.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Junio de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección
Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9882 de 2003 interpuesto
por Dª Lourdes , representada procesalmente por la Procuradora Doña ANA BARALLAT LOPEZ, contra la
sentencia dictada el día 7 de octubre de 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso número 784 de 1999 , que declaró ajustada a
derecho la Orden de 22 de Septiembre de 1.999, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de
la Diputación General de Aragón, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la anterior
Resolución de la Dirección General de Industria y Comercio, fecha 16 de Diciembre de 1.998, sobre
autorización del Parque Eólico "Los Labrados", de la provincia de Zaragoza, a favor de Taim-NEG Micon
Eólica, S.A.
En este recurso son partes recurridas, la COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, a través del
Letrado de sus servicios jurídicos, y la entidad NEG MICON, S.A.U. ( ahora, VESTAS EOLICA S.A.U. ),
representada procesalmente por el Procurador D. ANTONIO MARIN ALVAREZ- BUYLLA BALLESTEROS.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 7 de octubre de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª )
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal: " FALLAMOS: PRIMERO.- Desestimamos el recurso contencioso administrativo 784/99-C interpuesto
por D. Carlos María y Dª. Lourdes , contra las resoluciones a que se ha hecho referencia en el
encabezamiento de esta sentencia, que confirmamos por encontrarlas conformes al ordenamiento jurídico.-
SEGUNDO.- Sin expresa imposición de costas ".-
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación Dª Lourdes , a través de su
Procurador Sra. BARALLAT LOPEZ, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo, formulado al
amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por vulneración del artículo 33.3 de la Constitución y
del artículo 349 del Código Civil . Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y
casando y anulando la recurrida, se declarase la disconformidad a derecho de los actos impugnados.
TERCERO.- Las recurridas, COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, a través del Letrado de sus
servicios jurídicos, y la entidad NEG MICON, S.A.U. ( ahora, VESTAS EOLICA S.A.U. ), a través de su
Procurador Sr. ALVAREZ- BUYLLA BALLESTEROS, en el escrito correspondiente formularon su oposición
a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia
desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la
recurrente.
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CUARTO.- Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 13 de
junio de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye el objeto de este proceso la sentencia dictada con fecha 7 de Octubre de
2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección de Refuerzo ), que desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Don Carlos María y Doña Lourdes contra la Orden de 22 de
Septiembre de 1.999, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de la Diputación General de
Aragón, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de
Industria y Comercio, fecha 16 de Diciembre de 1.998, sobre autorización del Parque Eólico "Los Labrados",
de la provincia de Zaragoza, a favor de Taim-NEG Micon Eólica, S.A., derivada del expediente
administrativo AT 358/97.
SEGUNDO.- En 23 de Junio de 1.998, Taim-NEG Micon Eólica presentó ante la Dirección General de
Industria y Comercio solicitud de autorización para cambiar lo aerogeneradores inicialmente proyectados por
otros de 750 KW de potencia, reduciendo el número a instalar de 40 a 32 y manteniendo la potencia total.
La Resolución de 16 de Diciembre citada acordó "autorizar, en las condiciones y con las limitaciones que se
citan, la instalación cuyo proyecto de ejecución y anexo está suscrito por D. Luis Monge Güiz y visado por el
Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja en fecha 31/03/98 con número 1.143, y que tiene
las características siguientes:
Titular: Taim-NEG Micon Eólicom, S.A.
Domicilio del titular: Carretera de Castellón, Km. 6,300 de Zaragoza
Ubicación de la instalación: Zaragoza, Cadrete y María Huerva (Zaragoza)
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Instalación: Potencia total de la instalación: 24 MW. Producción estimada: 44.120 MWh/año
- Parque eólico: formado por 32 aerogeneradores de 750 kW de potencia unitaria. Los
aerogeneradores a instalar, marca Taim Neg Micon Eólica, S.A., modelo NM750/48, están formados por un
rotor de 48 metros de diámetro, equipado con tres palas de paso fijo y 23,5 metros de longitud y sistemas
aerodinámico y mecánico de frenado, un multiplicador de relación 1/67,5 en tres etapas, y un generador
asíncrono de 4-6 polos conmutables y unas potencias nominales de 200 y 750 kW con 690 V de tensión de
generación. Los aerogeneradores van montados sobre torres metálicas tubulares troncocónicas de 50
metros de altura.
- Centros de transformación: en el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del
aerogenerador; un transformador trifásico de 800 kVA y relación 20/0,690 kV, y una celda compacta con
aislamiento de SF6 para maniobra y protección en el lado de 20 kV del transformador, y entrada y salida de
cables procedentes de otras máquinas.
- Red de alta tensión: la interconexión entre los centros de transformación y éstos con la subestación
transformadora se realizará mediante cinco líneas subterráneas trifásicas, a 20 kV, y unos 8.400 metros de
longitud total formadas por conductores 3x1x150 mm2 AI, 12/20 kV en zanjas.
- Subestación transformadora: de 24 MVA y 220/20 kV, en instalación interior el nivel de tensión de 20
kV e intemperie el de 200 kV.
La instalación no podrá ser utilizada para otros usos distintos de los que constan en el objeto del
proyecto, salvo solicitud previa y autorización expresa. La autorización se concede de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 279/1995 y con las condiciones especiales y limitaciones siguientes:
15ª Taim-NEG Micon Eólica; S.A., queda obligada al cumplimiento del Plan Industrial propuesto en su
Plan Eólico Estratégico aprobado por Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, de 22
de Abril de 1.997, y de forma concreta a la parte del mismo nivel asociada al Parque Eólico que se aprueba,
descrita en la documentación presentada con fecha 26 de Noviembre de 1.997.
18ª ... Esta autorización no releva de la necesidad de obtener cualquier otra prevista en la legislación
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vigente".
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El recurso ordinario interpuesto contra esta Resolución giraba en torno a dos líneas fundamentales:
una, que el Parque Eólico linda con fincas en los parajes citados que son propiedad de los recurrentes y,
otra, que los recurrentes se consideraban afectados por la autorización referida en relación con los
aerogeneradores que se instalen a menos de 50 metros de sus lindes, pues limitan el uso eólico que pueda
hacerse en un futuro por otros promotores en esos terrenos, porque tendrían que respetar la franja
denominada zona de influencia, señalada en la Orden de 16 de Diciembre de 1.998 (artículo 10, apartado b)
del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, por el que se aprueba a Taim-NEG Micon Eólica,
S.A. en las condiciones que se citan).
Este recurso se resolvió mediante la Orden citada de 22 de Septiembre de 1.999, en la que se daba
respuesta al mismo afirmando, por un lado, que "la finalidad de los 50 metros es resolver posibles conflictos
entre las fronteras entre áreas, y se establece con carácter general para miniminizar los impactos desde el
punto de vista de vista ambiental, recogiendo las medidas preventivas y correctoras detalladas en el informe
del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente sobre el proyecto citado"; por otro, "conforme a lo
establecido en las Ordenes de Planes Eólicos Estratégicos a cada promotor se le daba el derecho a áreas
dominantes respecto de otros promotores, siendo durante la información pública establecida en ese
procedimiento, cuando se debería haber reclamado con respecto a distancias", añadiendo que "el artículo 9
del Decreto 275/95, de 19 de diciembre , establece que aprobado un Plan Eólico Estratégico, éste será
vinculante para el solicitante como para la Administración, en los términos descrito en la resolución
administrativo que lo apruebe".
TERCERO.- La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo contra esa
Orden estableciendo las siguientes consideraciones:
[...] " Los recurrentes, en su condición de propietarios de determinadas fincas sitas en La Plana de
Zaragoza (Acampo de Torrijos) interponen el presente recurso contencioso administrativo contra las
resoluciones a que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta sentencia por entender que
lesionan sus intereses, resultando preciso, siquiera de forma sucinta, referirse a los antecedentes que
resultan de las actuaciones.
La Dirección General de Industria y Comercio de la Diputación General de Aragón mediante anuncio
de fecha 16 de diciembre de 1998, que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 13 de 3 de febrero
de 1999, hizo pública la autorización administrativa de instalación eólica con referencia al expediente
AT-358/97 de la provincia de Zaragoza; tal autorización se refería a la solicitud de TAIM- NEG MIKON
EOLICA S. A. relativa a la autorización administrativa de la instalación Parque Eólico "Los Labrados" que
comprendía la solicitud de autorización para cambiar los aerogeneradores inicialmente proyectados a otros
de distinta potencia, que reducían el número a instalar de cuarenta a treinta y dos.
Los demandantes interpusieron recurso administrativo ordinario ante el Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento en el que fundamentalmente alegaban que la colocación de tales aerogeneradores a la
distancia proyectada de los lindes de su finca les causaba graves perjuicios en cuanto que limitaban su
capacidad para poder instalar en su terreno otros aerogeneradores que captasen la energía eólica.
Solicitaban que la colocación de tales aparatos por parte de TAIM tuviera lugar a una distancia de 500
metros con respecto a sus linderos.
Este recurso fue desestimado por el Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, entendiendo que
se habían respetado en todo momento las normas del Decreto 279/1995, de 19 de diciembre , de la
Diputación General de Aragón que regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, considerando que la finalidad de los 50 metros
de distancia con respecto a los linderos de la finca de los actores, no tenía otro alcance que la resolución de
posibles conflictos en las fronteras entre áreas y que conforme a lo establecido en las ordenes de Planes
Eólicos Estratégicos se daba a cada promotor el derecho a áreas dominantes respecto de otros promotores,
siendo durante la información pública cuando se debieron de haber reclamado las distancias, y no en vía de
recurso contra el anuncio de la autorización administrativa a que se hizo mención. Concluía la resolución
que ahora es objeto de recurso, que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 275/95 , una vez aprobado
un Plan Eólico Estratégico resulta vinculante para el solicitante y para la propia Administración, con lo que
desestimó el recurso interpuesto ".
[...] " En esta vía jurisdiccional los recurrentes insisten en que la colocación de los aerogeneradores
por parte de TAIM a las distancias fijadas les origina graves perjuicios, puesto que a su juicio les está
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produciendo limitación a sus derechos dominicales ya que las torres portadoras de los rotores tendrían que
instalarse próximas a las fincas de su propiedad, lo que provocaría disminución sobre el número de torres
que podrían colocarse sobre tales fincas.
Acompañan planos que reflejan, a su entender, la situación de los aerogeneradores, haciendo notar
que al menos seis de ellos se encontrarán dentro de la franja de 500 metros de anchura en horizontal
respecto del límite exterior del parque de TAIM y concluyen que debe modificarse la resolución dictada, "en
el sentido de que la autorización establezca la limitación de situar las torres de aerogeneradores en el parte
autorizado a TAIM a una distancia no inferior a 500 metros de la línea perimetral próxima a la finca de mis
mandantes, conforme a lo establecido en el Orden de 22 de abril de 1997, del Departamento Economía,
Hacienda y Fomento por la que se aprueba el Plan Eólico Estratégico de DERASA, y en la que se
establece, en su apartado quinto 5.2 que para aerogeneradores de 600 Kw consistirán en el proyección
sobre el terreno de una franja de 500 metros de anchura en horizontal, respecto de los límites exteriores de
las áreas dominantes y parque eólicos que se especifican en el anexo 3. Esta zona de influencia es,
precisamente, la que no se ha respetado respecto de las fincas de mis mandantes".
Tras invocar los preceptos legales que tuvieron por conveniente, especialmente el artículo 33 de la
Constitución Española , 349 de Código Civil , 1 a 58 y 124 a 126 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento , terminaron suplicando la estimación de la demanda dictando sentencia
que declare no ser ajustada el ordenamiento jurídico la resolución objeto de recurso, solicitando su
revocación y estableciéndose que no podrán situarse torres de aerogeneradores en el parque autorizado a
TAIM (recuérdese "Los Labrados") a una distancia inferior a 500 metros de la línea perimetral del parque
próxima a sus fincas ".
[...] " La Diputación General de Aragón contestando la demanda se opuso a su admisión alegando, en
sustancia, que en la tramitación de los planes eólicos de la zona se habían observado las normas legales,
afirmando que "si los recurrentes hubiesen querido explotar la ubicación de su finca para la promoción de un
área dentro de un PEE o para la ejecución de un Parque Eólico debieron en su día presentar sus solicitudes
de competencia con los demás interesados".
[...]" El presente recurso está íntimamente relacionado con el anterior 501/99-B seguido entre las
mismas partes, en el se dictó sentencia con fecha 9 de abril de dos mil tres y cuya fundamentación jurídica
era del siguiente tenor literal:
[...] "Los demandantes recurren la Orden de 28 de mayo de 1999 del Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento de la Diputación General de Aragón que desestimó el recurso ordinario contra
resolución de la Dirección General de Industria y Comercio de 16 de diciembre de 1998 que autorizo a la
Empresa TAIM-NEG MICON EOLICA S.A., la instalación del Parque Eólico denominado LA PLANA DE
ZARAGOZA.
Dicen en su demanda que son titulares de diversas parcelas sitas en La Plana de Zaragoza (Acampo
de Torrijos) en el polígono 91, acreditando su propiedad con certificación del correspondiente Registro. Sus
parcelas lindan en una parte con la línea perimetral de aquel Parque Eólico y entienden que la colocación
de aerogeneradores próximos a la línea de delimitación, afecta a sus intereses puesto que "en la medida
que dichos aerogeneradores limiten, restrinjan o modifiquen el uso del terreno de los recurrentes,
disminuyen las perspectivas económicas de tales fincas.
Propugnan que los aerogeneradores se desplacen para no privarles del uso del recurso eólico, pues
"con la autorización concedida a TAIM se está actuando sobre el derecho de propiedad de los recurrentes
sin proceder a la expropiación de las fincas que, por mor de la denominada zona de influencia, están siendo
limitadas en un uso futuro que quiera hacerse de los recursos eólicos" Afirman que la Administración ha
acudido a una vía de hecho al prescindir total y absolutamente del procedimiento porque, en todo caso,
debió haberse seguido procedimiento expropiatorio.
Este es, sucintamente expuesto, su planteamiento que lleva a los recurrentes a solicitar una
sentencia que "acuerde que no se podrán situar torres de aerogeneradores en el Parque autorizado a TAIM
a una distancia inferior a 500 metros de la línea perimetral del Parque próxima a la finca de los
demandantes".
[...] " La Diputación General de Aragón interesa la inadmisibilidad del recurso conforme al artículo
69.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción "por falta de competencia de este orden jurisdiccional al
pretender los recurrentes el establecimiento de una servidumbre sobre los predios colindantes para que no
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puedan instalar Parques Eólicos a menos de metros de su propiedad" . Razona la Diputación demandada
que como quiera que los recurrentes fundamentan en su derecho de propiedad la petición que formulan,
deberán acudir a la Jurisdicción Civil por cuanto previene el artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial .
En cuanto al fondo del asunto entiende la Administración demandada que lo que los recurrentes
pretenden es una zona de influencia fuera de su propia finca, por lo que solicitan la desestimación del
recurso ".
[...] "Del expediente administrativo y de lo actuado en este procedimiento resulta lo siguiente:
- El día 1 de marzo de 1996 la compañía mercantil 'Desarrollo de Energías Renovables Aragonesas
S.A.' (Derasa) solicitó la aprobación de un Plan Eólico Estratégico, tramitándose el oportuno expediente en
el que fueron presentadas solicitudes en competencia por Compañía Eólica Aragonesa, S.A., Grupo Auxiliar
Metalúrgico, S.A. (Gamsa), Parque Eólico Aragón, AIE. y Molinos del Ebro, S.A., expediente que culminó
aprobando el Plan Eólico Estratégico de Derasa fijando las áreas y las características oportunas, mediante
Orden de 22 de abril de 1997 del Departamento de Económica, Hacienda y Fomento. Es de advertir que
esta misma Orden de 22 de abril de 1997 aprobó el Plan Eólico Estratégico de Parque Eólico Aragón AIE.,
estableciéndose que tal sociedad habría de respetar la zona de influencia de las áreas correspondientes a
los Parques de Derasa, 'Los Labrados', -Plana de Zaragoza" y 'Bosque Alto'. Esta Orden no fue objeto de
recurso por ninguna de la Empresas citadas.
- Mediante escrito de 14 de julio de 1997 Derasa solicitó autorización para la instalación del Parque
Eólico 'Plana de Zaragoza' en término de Zaragoza, que fue sometido a información pública.
- El 27 de octubre de 1997 Derasa comunicó a la Diputación General de Aragón (Dirección General
de Industria, Comercio y Turismo) el cambio de denominación de la Empresa que pasó a llamarse 'Taim
Nordtank Eólica Aragonesa, S.A.' denominación que nuevamente cambió a la definitiva y actual de 'Taim
Neg Micon Eólica, S.A. cambios de nombres que fueron admitidos por la Administración.
- El 4 de mayo de 1998 tuvo entrada en la antes dicha Dirección General escrito de los ahora
recurrentes en el que manifestaban ser propietarios de las fincas a que se refiere esta demanda y decían:
'Estas fincas se hallan comprendidas dentro del Plan Eólico Estratégico aprobado en favor de Parque Eólico
Aragón, Agrupación de Interés Económico, por Orden de 22 de abril de 1997 publicada en el BOA número
65 de 9 de junio de 1997. En efecto; en virtud de contrato celebrado con fecha 25 de mayo de 1996 entre
los comparecientes y el representante legal de Parque Eólico Aragón, esta última Agrupación obtuvo un
derecho de reserva para realizar las pruebas necesarias para construir sobre los mismos el correspondiente
parque de aerogeneradores de energía eléctrica. Y asimismo los comparecientes se comprometieron a
ceder a la Agrupación el uso de los terrenos indicados para la construcción y explotación de un parque
eólico por un plazo de cuarenta años'. Alegaban también que no había información sobre la exacta situación
de los aerogeneradores de Taim y solicitaban al Director General 'condicione la autorización de instalación
del Parque de Taim a que se refiere este expediente, a que instale sus aerogeneradores a una distancia no
inferior de 500 metros de la línea perimetral del Parque lindante con la superficie del Parque cuya
aprobación obtuvo Parque Eólico Aragón, en que se hallan las fincas de los comparecientes'.
-Tras la observancia y cumplimiento por parte de la Administración de los tramites necesarios, aquella
petición de Derasa (recuérdese, hoy Taim) de julio de 1997, culminó en la resolución de 16 de diciembre de
1998 de la Dirección General de Industria, Comercio y Turismo que autorizó la instalación del Parque Eólico
en cuestión, resolución que fue recurrida en vía administrativa por los actores, recurso que fue desestimado
por el Consejero de Económica, Hacienda y Fomento mediante la resolución a que se ha hecho referencia
en el encabezamiento de esta Sentencia, que es, por tanto, la resolución objeto del presente recurso
contencioso- administrativo".
[...] " Habiéndose alegado por la Administración demandada la causa de inadmisibilidad prevista en el
artículo 69.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción por falta de competencia de este orden
jurisdiccional, preciso es resolver esta cuestión antes de entrar a conocer sobre el fondo del asunto.
Tal causa de inadmisibilidad no puede admitirse, porque lo que aquí se esta recurriendo es un acto
administrativo y no el establecimiento de una servidumbre, puesto que la pretensión de los demandantes de
que se coloquen los aerogeneradores a más de 500 metros del lindero no supone el establecimiento de
servidumbre alguna, sino simplemente la solicitud de un cambio de emplazamiento de tales aparatos en
sustitución de los lugares designados en el procedimiento administrativo. Se trata por lo tanto de una
petición de eminente carácter administrativo de la que debe conocer esta jurisdicción.
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[...] " Los demandantes en su demanda invocan el artículo 33 de la Constitución y el 349 del Código
Civil referidos a la privación de bienes y derechos, pero resulta que en el caso presente no ha habido
privación alguna de bienes ni de derechos, al menos desde la perspectiva del derecho administrativo.
El Decreto de 19 de diciembre de 1995 del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento de la
Diputación General de Aragón establece el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad y dice en su artículo 1 que tiene por objeto la regulación del procedimiento para
la autorización de las instalaciones dedicadas a la producción de electricidad a partir de la energía eólica
"así como de las condiciones técnicas, socioeconómicas y medioambientales para su implantación, y la
valoración con criterios objetivos del interés social de las instalaciones":
El artículo 4 crea la figura el Plan Eólico Estratégico entendido como "la planificación en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón, de la implantación de dos o más Parque Eólicos .. por un mismo
promotor y mediante inversiones plurianuales cuyo fin es el presentar a la Administración el contenido
innovador del sector, la incidencia en la planificación energética sectorial y el desarrollo armónico de los
aprovechamientos eólicos, así como su impacto sobre el tejido industrial y el desarrollo económico local y
regional.
El artículo 5 se refiere a la documentación que deben presentar los solicitantes de aprobación de Plan
Eólico y en su apartado 2, dice: "Recibida la solicitud se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de
Aragón pudiendo presentar durante el plazo de 30 días, solicitudes en competencia conforme a lo señalado
en el apartado anterior":
En el caso que ahora se juzga, en este plazo de 30 días fueron presentadas solicitudes en
competencia por cuatro sociedades, entre ellas Parque Eólico Aragón A.I.E., esta sobre los terrenos
propiedad de los hoy recurrentes y tras la tramitación oportuna, que contó con los informes exigidos por la
legalidad, la Orden de 22 de abril de 1997 aprobó el Plan Eólico de DERASA (hoy TAIM) y también el de
Parque Eólico Aragón A.I.E., Plan el de esta sociedad que, como ya se dijo en la exposición que se contiene
en el fundamento tercero, estableció que dicha Empresa debía respetar la zona de influencia de las áreas
correspondientes a los Parques de DERASA ya mencionados.
Esta resolución no fue objeto de recurso y continuó adelante la tramitación del Plan presentado por
TAIM. Esa continuación supuso la apertura de la segunda fase, es decir, la solicitud de la instalación del
Parque Eólico Estratégico y para ello TAIM presentó el 21 de enero de 1998 la documentación precisa para
la implantación y explotación del Parque Eólico "PLANA DE ZARAGOZA que fue sometido a la preceptiva
información pública. En esta fase los aquí recurrentes tuvieron la oportunidad de alegar lo que a su derecho
convino y tras la tramitación, se llegó, como ya se dijera, a aquella orden de 16 de diciembre de 1998 que
autorizaba administrativamente la instalación eólica en el Parque Eólico de LA PLANA DE ZARAGOZA a
favor de TAIM-NEG MICON EOLICA S.A., debiendo insistirse en el hecho de que el proceso de autorización
del Parque, impugnado por los hoy demandantes no es caprichoso, sino que proviene del Plan Eólico
Estratégico que fue aprobado y consentido por Parque Eólico Aragón AIE. que no presentó recurso,
reclamación ni objeción alguna.
Así las cosas debe estarse a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto ya mencionado de 19 de
diciembre de 1995 que establece lo siguiente: "Aprobado un Plan Eólico Estratégico, este será vinculante
tanto para el solicitante como para la propia Administración, en los términos descritos en la resolución
administrativa que lo apruebe Siendo esto así, habiéndose observado por la Administración el procedimiento
establecido para este tipo de instalaciones, tras la aprobación de aquel Plan, quedó obligada a su
observancia, obligación que comportaba la posterior aprobación de la solicitud de instalación de Parque
Eólico Estratégico por parte de TAIM, quien, a su vez, había respetado las prevenciones contenidas en el
Plan.
Por ello, en esta vía administrativa no cabe sino confirmar la resolución que ha sido objeto de recurso
por estimarla conforme a derecho."
Dicha resolución desestimó el recurso interpuesto por los demandantes".
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[...] "La conclusión desestimatoria a que se llegó en aquel recurso, resulta obligada también en este,
puesto que el anuncio de la Dirección General de Industria y Comercio de la Diputación General de Aragón
que hizo pública la autorización administrativa de instalación eólica a solicitud de TAIM-NEG MIKON
EOLICA, relativo al Parque Eólico "Los Labrados", recurrido en vía administrativa por los aquí impugnantes
y desestimado en la resolución del Consejero aquí atacada, autorizó la instalación con las condiciones y
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limitaciones que citaba, entre las que destaca la limitación primera que obliga a cumplir las condiciones
establecidas en la Orden de 22 de abril de 1997 del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, que
aprobó el Plan Eólico Estratégico de DERASA, hoy TAIM-MIKON EOLICA, Orden citada por los
demandantes que también aprobó el Plan Eólico Estratégico de Parque Eólico Aragón A.I.E y que
establecía que dicha Sociedad había de respetar la zona de influencia de las áreas correspondientes a los
Parques de DERASA "LOS LABRADOS", "Plana de Zaragoza" y "Bosque Alto". No debe olvidarse, como se
recogía en la sentencia transcrita, que Parque Eólico Aragón era una agrupación que presentó su Plan con
fundamento en los terrenos propiedad de los aquí demandantes.
Se dijo en la sentencia anteriormente transcrita, y obligado resulta repetirlo ahora, que esta Orden no
fue objeto de recurso y por lo tanto aquellas zonas de influencia quedaron definitivamente fijadas.
En este recurso, como en aquel, lo que los actores pretenden es que no se puedan colocar torres de
aerogeneradores a una distancia inferior a 500 metros de la línea perimetral del Parque próxima a sus
fincas, pero con acierto afirma la resolución recurrida que las reclamaciones relativas a las distancias
debieron efectuarse en el periodo de información pública, habida cuenta que, de conformidad con la
normativa reguladora de la materia, a cada promotor se le daba el derecho a áreas dominantes respecto de
los demás. Sirven por tanto para este caso los razonamientos que contiene la sentencia transcrita dictada
en el anterior recurso, pues las limitaciones impuestas con respecto a la aprobación del Plan Eólico "Los
Labrados", al que se refiere el presente recurso, venían fijadas ya, como se dijo, por aquella Orden de 22 de
abril de 1997, debiéndose recordar que el artículo 9 del Real Decreto de 19 de diciembre de 1995 dispone
que una vez aprobado un Plan Eólico Estratégico, vincula tanto al solicitante como a la Administración, por
lo que la Sala considera que las resoluciones que han sido objeto de recurso, dentro del ámbito del derecho
administrativo, se ajustan a él.
Afirman los recurrentes en su demanda que alguna o algunas de las torres de aerogeneradores
invaden su terreno, lo que a juicio del Tribunal no ha quedado suficientemente acreditado, por lo tanto debe
quedar a salvo el derecho de propiedad de los actores sobre sus fincas si en ellas fueran indebidamente
colocadas torres de aerogeneradores ".
CUARTO.- Al igual que en el Recurso de Casación número 5.527/2.003, interpuesto contra la
sentencia de 9 de Abril de 2.003 , y que concluyó con la sentencia de 28 de Marzo de 2.006 , desestimatoria
de aquel Recurso de Casación, y que resolvió una cuestión del todo análoga a la que se refiere este
Recurso de Casación, que también se interpuso únicamente Doña Lourdes , este de ahora se formula,
como aquel, a través de un único motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por
"Vulneración del artículo 33.3 de la Constitución . Vulneración del artículo 349 del Código Civil ".
En su argumentación se sigue una línea discursiva en todo semejante a la seguida en el anterior
Recurso de Casación al que hemos hecho referencia, y así, primeramente, hace unas iniciales
consideraciones generales sobre los dos preceptos supuestamente infringidos y de las consideraciones
derivadas de las sentencias del Tribunal Constitucional 166/1.986, de 19 de Diciembre y 227/1.988, de 29
de Noviembre , para concluir que del artículo 33.3 C.E . derivan tres garantías de la propiedad privada frente
al poder expropiatorio de los poderes públicos: 1), un fin de utilidad pública o interés social, o causa
expropiandi; 2), el derecho del expropiado a la correspondiente indemnización, y 3), la realización de la
expropiación de conformidad con lo dispuesto en las Leyes. Expone a continuación el contenido del
Fundamento Jurídico Cuarto de la sentencia, en la parte del apartado Quinto de la que transcribe;
argumenta que la sentencia no ha tenido en cuenta datos que figuran en el expediente administrativo ni en
los autos, que son de extrema relevancia para resolver la cuestión planteada; que se está actuando sobre
su derecho de propiedad por mor de la zona de influencia, sin proceder a la expropiación de las fincas,
limitándose así en un futuro el uso que quiera hacerse de los recursos eólicos; que las limitaciones
derivadas de esa zona de influencia se imponían respecto del Parque Eólico de Aragón A.I.E., en favor del
Parque de DERASA, pero en modo alguno sobre sus fincas, ya que en el expediente administrativo no
consta, en absoluto, que sobre tales fincas pudiera ejercerse la eficacia limitativa de su uso por causa del
establecimiento de alguna zona de influencia; estima que al limitarse la sentencia a sostener que al haberse
aplicado el artículo 9 del Decreto de 19 de Diciembre de 1.995 , de la Diputación General de Aragón,
respecto a la eficacia vinculante de la aprobación de los Planes Eólicos, por el hecho de haberse actuado
siguiendo correctamente el procedimiento establecido, se había actuado dentro de la legalidad al respetar
las prevenciones del Plan, en cambio con ello no se había abordado la cuestión principal planteada en la
demanda, al desconocer la necesidad de aplicar el tenor literal del artículo 33.3 de la Constitución y del
artículo 349 del Código Civil ; sostiene que la autorización ha sido dada al titular del parque eólico sin
respetar las condiciones impuestas por la Orden de 22 de Abril de 1.997 en cuanto a la previa aquiescencia
del titular de los terrenos, por lo que la autorización no se ajusta a la legalidad; insiste en que determinadas
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subparcelas de su propiedad caen bajo la zona de influencia del parque eólico, lo cual limita sus derechos
dominicales, para concluir, por un lado, "que no estamos reclamando una autorización a obtener la
instalación de un parque, sino por la situación perjudicial que significa para mi representada el que se haya
concedido la autorización de instalación del parque eólico de Los Labrados sin haber tenido en cuenta que
su implantación limitaba derechos de mi mandante", y, por otro, "que tal como hemos dicho antes la
autorización concedida a Taim puede ser irreprochable desde el punto de vista procedimental, pero al
mismo tiempo vulnera los derechos dominicales e intereses legítimos de mi representada, privándola del
disfrute de su propiedad en los términos que establece el Código Civil y de la posibilidad de obtener en su
día la autorización para instalar un parque eólico. Haber invadido su propiedad, en la forma en que se
autoriza administrativamente, constituye una privación especial y concretamente reprobada por la
Constitución".
Frente a ello, VESTAS EOLICA SAU (antes NEG MICON SAU), formula oposición al motivo,
sosteniendo que la sentencia no ha cometido vulneración alguna de las normas y jurisprudencia que se
mencionan en el recurso de casación, porque ni hubo infracción del artículo 33.3 de la C.E ., porque ni
había causa para proceder a expropiación alguna ni ésta tuvo lugar por vías de derecho o de hecho, ni cabe
suponer siquiera que se hubiere infringido el artículo 349 del Código Civil , porque ninguna de las citas de
los preceptos referidos guardan relación alguna con la cuestión planteada, por cuanto la autorización
otorgada a la ahora entidad VESTAS EOLICA SAU, no invadió en absoluto, el ámbito de las facultades que
corresponden al propietario del suelo; de ninguna de ellas fue privado porque ninguna facultad tiene
tampoco, para regular la explotación o aprovechamiento del espacio aéreo en general ni la energía del
viento en particular. De donde se desprende que la autorización emanó del ejercicio por el Gobierno de
Aragón de potestades administrativas y en absoluto de las facultades civiles comprendidas en el derecho de
propiedad inmobiliaria que ostenta la recurrente. Una cosa es que sea necesario el permiso del dueño del
suelo para instalar aerogeneradores en ese suelo (cuestión civil y secundaria) y otra completamente distinta
e inaceptable, que dicho permiso conlleve el ejercicio por el dueño de terreno alguno de una imaginada
potestad añadida que no sería civil sino administrativa, la de autorizar o no esa instalación y producción de
energía eléctrica de origen eólico; el dueño inmobiliario es dueño del suelo, no del viento ni del espacio
aéreo. Como reconoce el propio recurso "la expropiación entra en juego cuando se trata de privar a los
particulares del derecho de propiedad o de otros derechos". Nada de eso se hizo ni se intentó por la
Administración, sino pura y simplemente, esa Administración ejerció la potestad de autorización de
instalaciones de producción de energía eléctrica, que la Ley le atribuye. La sentencia acaso no fuese
afortunada empleando la expresión de que "en el caso presente no ha habido privación alguna de bienes ni
de derechos, al menos desde la perspectiva del derecho administrativo", pero, bien entendida esa
expresión, lo que quiere decir es que la autorización era administrativa y que no invadía en absoluto el
campo de los derechos civiles que, obviamente, también tienen límites sin que estos impliquen una especie
de barrera intangible. Examina a continuación algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, de 30 de Diciembre de 1.994 , así como el propio artículo 350 del Código Civil , acerca
de la extensión vertical del dominio del suelo, para llegar a la conclusión de que "carecería de sentido
jurídico y también común, ignorar la necesaria coexistencia jurídica de la extensión vertical del dominio
inmobiliario con leyes que afectan al uso del espacio aéreo", citando a modo de ejemplo la propia Ley de
Aguas, Texto Refundido aprobado por R.D.Legislativo 1/2.001, de 20 de Julio y la Ley General de
Telecomunicaciones de 24 de Abril de 1.998 y ahora nº 32/2.003, de 3 de Noviembre ; para acabar
solicitando la desestimación del recurso de casación.
Por su parte el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, formuló oposición al recurso de
casación, sosteniendo que lo que los recurrentes pretenden es articular según su conveniencia el
aprovechamiento de la energía eólica, olvidándose de que dicho aprovechamiento energético se encuentra
sujeto a autorización administrativa y sometido a normas preestablecidas mediante el Decreto del Gobierno
de Aragón nº 279/1.995, de 19 de Diciembre , por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica; sin que haya existido en
este caso ninguna privación del derecho de propiedad de la recurrente que deba ser objeto de expropiación
y en consecuencia de indemnización conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 de la C.E ., pues el parque
eólico autorizado no se encuentra situado dentro de las parcelas de los recurrentes y su zona de influencia
energética, con sometimiento a pública concurrencia, está delimitada por los actos administrativos
impugnados que configuran el aprovechamiento eólico de referencia; por lo que también solicita la
desestimación del recurso de casación.
QUINTO.- Expuesto en los términos expuestos el planteamiento del motivo de casación articulado y
de las oponentes, el recurso de casación que es objeto de nuestro examen, lo está en términos
sustancialmente idénticos al Recurso de Casación número 5.527/2.003, que fue resuelto por la sentencia de
28 de Marzo pasado , por lo que por aplicación de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de
unidad de doctrina, trasuntos del de seguridad jurídica ha de ser resuelto de igual modo. Teniendo en
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cuenta, asimismo, que en la sentencia de esta Sala de 20 de Abril de 2.006 (Recurso de Casación nº
5.814/2.003 ), si bien el problema planteado era de competencia, no obstante en el apartado B), del
Fundamento Jurídico Tercero, se ratifica la perspectiva desde la que ha de ser contemplada la figura del
parque eólico, para que no quedara desvirtuada la naturaleza y función de este tipo de instalaciones
generadores de electricidad, con expresa referencia a la sentencia de 28 de Marzo de 2.006 .
Pues bien, en esa sentencia de 28 de Marzo de 2.006 , desestimamos el recurso de casación,
también basado en el mismo único motivo que el ahora articulado (vulneración de los artículos 33.3 de la
Constitución y 349 del Código Civil ), fundamentándolo en las siguientes consideraciones que ahora
reproducimos, aunque las partes las conocen perfectamente por haber sido partes en aquel recurso,
ocupando las mismas posiciones que ahora.
[...] "La utilización tradicional de la energía del viento para fines industriales ("aquellos que allí se
parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino") se ha visto extraordinariamente potenciada en los
últimos años mediante instalaciones que la transforman en energía eléctrica. A través de grandes
aerogeneradores cuyas palas del rotor son movidas por el viento, la energía mecánica de éste, variable en
función de su velocidad, se convierte en energía eléctrica según unos mecanismos y leyes físicas que
permiten el aprovechamiento energético de los recursos eólicos. La utilización de esta fuente de energía
renovable y "limpia" que permite producir electricidad sin consumir combustibles fósiles y sin emitir gases
contaminantes va en constante y progresivo aumento y ha conseguido en España (cuya legislación del
sector eléctrico trata de favorecerla de modo singular) cotas de desarrollo técnico e importancia económica
muy relevantes.
La regulación jurídica de la energía eólica aprovechable para producir electricidad no ha alcanzado,
sin embargo, quizá por su reciente implantación, un grado de madurez suficiente. A diferencia de otros
recursos naturales con capacidad energética que cuentan con una norma legal específica como son las
aguas o los hidrocarburos (y, en general, los recursos mineros), no hay una ley paralela sobre los vientos
como objeto de dominio público ni sobre el aprovechamiento de los recursos eólicos. La referencia que
contiene el artículo 3 de la Ley de Aguas (texto refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2001, de
20 de julio ) a la "fase atmosférica del ciclo hidrológico, que sólo podrá ser modificada artificialmente por la
Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice", tiene un propósito y un contenido ajenos
a las cuestiones aquí suscitadas, al igual que sucede con las disposiciones de la Ley 48/1960 , de
Navegación Aérea, cuyo artículo primero se limita a proclamar la sujeción a la soberanía del Estado del
espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial.
No es difícil concluir, sin embargo, que los vientos -si es que pudiera calificárseles de "cosas"- entran
dentro de la categoría de las res communis omnium, las "cosas" que son comunes a todos los hombres e
inapropiables por naturaleza, de modo que, en principio, nadie puede reivindicar para sí su uso exclusivo.
Es propio de aquella categoría que las "cosas" que en ella se comprenden tengan, por sus mismas
características , la condición simultánea de res extra commercium, esto es, sustraídas al tráfico mercantil.
Ocurre, sin embargo que los avances tecnológicos permiten ahora la posibilidad de una utilización
industrial del viento, esto es, de los "recursos eólicos" que bajo esta denominación revelan ya su
importancia económica. El viento como recurso natural -o, más propiamente, la energía que en él se
contiene- va adquiriendo, en paralelo a su valoración económica, una significación jurídica que requiere la
intervención del legislador, tanto más cuanto que las características de los aerogeneradores con los que se
trata de aprovechar aquella energía implican una cierta "utilización especial" del recurso eólico que, no
siendo consuntiva, como resulta obvio, sí puede atenuar la disfrutable por otras instalaciones cercanas. El
hecho de que la corriente de viento tras el paso por las palas del rotor sea menor e incorpore turbulencias,
comparada con la corriente que llega a aquéllas, supone que los aerogeneradores ralentizan el viento que
dejan tras de sí, lo que obliga a que en los parques eólicos integrados por varios se fije una distancia
mínima entre aerogeneradores (mayor en la dirección de los vientos dominantes y menor en la
perpendicular) para disminuir las pérdidas de energía derivadas del apantallamiento entre unos y otros.
Esta nueva realidad (a la vez tecnológica, económica y jurídica) se inserta, además, en un marco
normativo ya bien consolidado como es el de la producción y distribución, en sentido amplio, de la energía
eléctrica. El legislador, consciente de la capital importancia de la electricidad en la sociedad contemporánea,
ha utilizado una amplia gama de instrumentos jurídicos para fomentarla, algunos de los cuales inciden
directamente en la situación jurídico-patrimonial de las personas y empresas. De este modo, la ley ( artículo
52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre , del Sector Eléctrico) declara de utilidad pública las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, lo que permite la expropiación
forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, y grava con determinadas
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servidumbres legales los terrenos afectados (como ocurre con la servidumbre de paso de energía eléctrica
prevista en el artículo 56 de aquella Ley ).
Aun cuando en la generación de energía eléctrica se reconoce el derecho a la libre instalación y rige
el principio de libre competencia (a diferencia de su transporte y distribución, calificados de "monopolio
natural"), es cierto que las decisiones al respecto no pueden estar ajenas a una cierta intervención pública.
La necesidad de coordinar las decisiones de inversión en generación y las correspondientes al transporte de
energía eléctrica, por un lado, y el obvio interés público en la garantía de un suministro eléctrico de calidad
al menor coste posible, respetuoso en la medida de lo posible del medio ambiente , además de otras
características técnicas y económicas de la energía eléctrica, convierten a éste en un sector
necesariamente regulado.
La regulación normativa se extiende, sin duda, también a la actividad de generación de electricidad,
de modo que la construcción o explotación de las instalaciones de producción de energía eléctrica queda
sometida al régimen de autorización administrativa previa. La circunstancia de que estas autorizaciones
tengan carácter reglado y se rijan por los principios de objetividad, transparencia y no discriminación no es
incompatible con la exigencia de que quienes las soliciten deban acreditar, entre otros extremos, las
condiciones de "eficiencia energética" de las instalaciones propuestas ( artículo 21 de la Ley del Sector
Eléctrico )".
[...] "Todas estas consideraciones sirven para comprender mejor el marco normativo en el que se
inserta el presente litigio. Como bien destaca la Sala de instancia, la Comunidad Autónoma de Aragón
aprobó en 1995 el Decreto 279/1995, de 19 de diciembre , que no sólo regula el procedimiento para
autorizar en su territorio las instalaciones dedicadas a la producción de electricidad a partir de la energía
eólica sino también las condiciones técnicas, socio-económicas y medioambientales para su implantación.
Ninguna objeción se ha propuesto en el proceso, ni directa ni indirectamente, contra el contenido de
aquel Decreto, contra el rango normativo de la disposición ni contra la competencia autonómica para
aprobarlo, cuestiones todas que resultan, pues, ajenas a la casación. Del análisis del Decreto pueden
obtenerse las siguientes conclusiones:
A) Los planes eólicos estratégicos son propuestos por las entidades públicas o privadas y aprobados
administrativamente con el fin de racionalizar y lograr el máximo beneficio en la explotación de los recursos
eólicos. En ellos se han de implantar dos o más parques eólicos y las correspondientes solicitudes deben
indicar un área territorialmente precisada además de comprender la previsión, entre otros extremos, de las
potencias que se pretende instalar y la producción correspondiente. Es posible, una vez recibida y publicada
la solicitud, que se presenten solicitudes en competencia. En cualquier caso, la "entidad peticionaria" ha de
aportar la documentación justificativa de su capacidad técnica y financiera para llevar adelante el proyecto.
B) La aprobación administrativa del Plan eólico estratégico da al solicitante un derecho preferente no
sólo a investigar las posibilidades eólicas del área aprobada sino también a la autorización de instalaciones
de aprovechamiento de la energía eólica contenidas en él, en el caso de existir proyectos en competencia.
A tenor del artículo 8 del Decreto, "este derecho quedará condicionado a la obtención por el beneficiario del
derecho a utilizar los terrenos, a construir y a utilizar las instalaciones necesarias para el establecimiento de
los parques, todo ello con arreglo a la legalidad vigente".
C) Las autorizaciones administrativas para instalar parques eólicos (comprendidos o no en los
parques eólicos estratégicos) tienen su propio procedimiento, regulado en los artículos 10 a 18 del Decreto
279/1995 . A tenor de su artículo 14, cuando se presenten varias solicitudes sobre una misma zona se
otorgará la autorización "a favor del peticionario que asegure técnicamente una mejor relación entre la
producción energética y la afección ambiental y que mejor se adapte a la planificación energética, con un
mayor impacto socioeconómico y adecuación a los Planes Eólicos Estratégicos existentes." Añade el
precepto que "estas prioridades quedarán condicionadas al derecho a utilizar los terrenos, a construir y a
utilizar las instalaciones necesarias para el establecimiento de los parques, todo ello con arreglo a la
legalidad vigente, que constituirá uno de los criterios preferentes en la resolución".
D) En todo caso, corresponde al Departamento de Economía, Hacienda y Fomento de la Comunidad
Autónoma, "de acuerdo con los objetivos de la planificación energética estatal y regional [...], adecuar el
número de Parques Eólicos y las potencias que puedan autorizarse anualmente".
[...] "Se deduce de la exposición precedente que el Decreto aragonés 279/1995 más que reconocer a
los titulares de los terrenos un derecho preexistente, al margen de la autorización administrativa, a la
instalación de aerogeneradores, somete dichas autorizaciones a criterios de interés energético general (esto
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es, de carácter público) no necesariamente coincidentes con los intereses particulares de aquellos.
La intervención de los propietarios de los terrenos aparece, pues, en segundo plano como
prestadores del consentimiento para ocuparlos a las entidades peticionarias que cuenten con capacidad
técnica y financiera suficiente para acometer la construcción e instalación del parque eólico. Consentimiento
cuya ausencia puede incluso ser suplida, ya que el artículo 22 del Decreto 279/1995 autoriza a las
empresas interesadas, previa indicación motivada "de las razones por las que no ha sido posible llegar a
acuerdos que eviten la expropiación", a solicitar ésta a las autoridades autonómicas, presentando una
relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación. El
mismo Decreto se remite a las normas legales (en aquel momento al Título IX de la Ley 40/1994, de 30 de
diciembre , de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional) que reconocen la utilidad pública de las
instalaciones incluidas en él a efectos expropiatorios, declaración que lleva implícita en todo caso la
necesidad de ocupación de bienes y adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación
a los efectos de los artículos 52 y correlativos de la Ley de Expropiación Forzosa .
Siendo, pues, predominante en esta materia el papel de las empresas promotoras de los parques
eólicos y secundario el de los propietarios que ponen sus fincas a disposición de aquéllas, hasta el punto de
que la autorización administrativa para instalar los parques eólicos se otorga a dichas empresas y no a los
titulares dominicales de los terrenos, el eventual conflicto derivado de la cercanía entre unos
aerogeneradores y otros afectará precisamente a las empresas beneficiarias de la autorización y titulares de
las instalaciones de generación eléctrica".
[...] "Aun cuando el Decreto 279/1995 no contiene ninguna norma específica en materia de distancias,
sí la incluyen las Ordenes ulteriores (de 22 de abril de 1997) por las que se aprueban diversos Planes
Eólicos Estratégicos en Aragón, y entre ellos tanto el que es objeto de debate en este litigio (Plan "Derasa")
como el denominado "Parque Eólico Aragón, A.I.E.", al que después nos referiremos.
Concretamente, el artículo 5.1 de la Orden de 22 de abril de 1997, aprobatoria del Plan "Derasa",
dispone que "la construcción de parques eólicos en las áreas del Plan que se aprueba deberán tener en
cuenta las zonas de influencia de las instalaciones en áreas colindantes de otros promotores. 2. Como
norma general y para aerogeneradores de 600 kW, dichas zonas consistirán en la proyección sobre el
terreno de una franja de 500 m de anchura en horizontal, respecto de los límites exteriores de las áreas
dominantes y parques eólicos que se especifican en el anexo III. Según la potencia de las máquinas y sus
diámetros de rotor, la administración podrá establecer otras anchuras, a petición de cualquiera de las partes.
3. La autorización de instalación de aerogeneradores en las zonas de influencia estará condicionada al
acuerdo con el titular del área dominante. 4. En caso de discrepancia entre las partes resolverá la Dirección
General de Industria y Comercio."
La recurrente no llega a imputar a la sentencia de instancia, como motivo de casación, la infracción de
las normas o disposiciones administrativas que establecen el régimen propio de este género de
autorizaciones. Ya hemos expresado cómo los únicos preceptos supuestamente vulnerados, a su juicio, son
los que definen en términos generales la garantía expropiatoria del derecho de propiedad. Cierto es, sin
embargo, que en el epígrafe séptimo de su escrito critica la autorización administrativa objeto de recurso,
(otorgada al titular del parque eólico "Taim-Neg Micon Eólica. S.A.") porque, a su juicio, dicha empresa no
cumplía las condiciones impuestas por la Orden de 22 de abril de 1997 en cuanto a la previa aquiescencia
del titular de los terrenos, considerando como tales no sólo los que estrictamente caen dentro del perímetro
autorizado a un determinado parque sino también los colindantes de otros parques que se encuentren en la
denominada "zona de influencia".
El planteamiento de la recurrente no es acertado (incluso si lo fuera, no se habría instrumentado a
través de un motivo de casación fundado en la infracción de las disposiciones administrativas pertinentes)
porque el consentimiento de los titulares de terrenos exigido tanto por el Decreto autonómico 279/1995, de
19 de diciembre , como por las Ordenes de 22 de abril de 1997 es el que ha de ser prestado por quienes
son propietarios de las fincas incluidas en el perímetro del parque eólico estratégico aprobado por cada
Orden.
Una vez fijado dicho perímetro del parque eólico estratégico, es cierto que se establecen "zonas de
influencia de las instalaciones en áreas colindantes de otros promotores", normalmente reducidas (en
función de la capacidad de los aerogeneradores) a la proyección sobre el terreno de una franja de 500
metros. Pero, insistimos, ello no supone que el titular del parque "A" tenga que contar con la aquiescencia
de los dueños de los terrenos del parque "B" sitos en dichas zonas de influencia: es la propia resolución
administrativa la que establece los términos y límites de estas zonas imponiendo a los titulares de las
autorizaciones correspondientes (y, de modo indirecto y secundario, a los dueños de los predios) la
11

limitación.
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Por lo demás, como ya hemos dicho, el establecimiento de estas zonas trata de preservar la
capacidad de producción de los aerogeneradores proyectados en parques eólicos colindantes, de modo que
son realmente las empresas energéticas titulares de las autorizaciones para instalar éstos quienes podían
plantear ante la Administración los conflictos derivados de una excesiva cercanía de los aerogeneradores
previstos en uno u otro parque. No se olvide que los "titulares del área dominante" pueden permitir, según
las disposiciones analizadas, que incluso en la zona de influencia externa que protege a su parque otros
promotores instalen también aerogeneradores.
Finalmente, dado el interés público presente en toda la regulación aplicable, los eventuales conflictos
relativos a la cercanía entre los aerogoneradores de un parque y los de otro, por estar incluidos algunos de
ellos en las correspondientes zonas de influencia, han de resolverse o bien por acuerdo entre los
promotores o bien a través del mecanismo de resolución de controversias previsto en las tan repetidas
Órdenes de 22 de abril de 1997".
[...] " En el caso de autos, tal como consta en el escrito presentado el 4 mayo de 1998 al Director
General de Industria y Comercio por Don Carlos María y Doña Lourdes , que hacían alegaciones en relación
con el proyecto de parque eólico promovido por "Taim-Nirdtank Eólica Aragonesa, S.A." (después
"Taim-Neg Micon Eólica, S.A.") dentro del plazo de información pública prevenido en el artículo 13 del
Decreto 279/1995 , los recurrentes en la instancia habían convenido con otra empresa promotora la cesión
de sus terrenos para la instalación de otro parque eólico.
En efecto, manifestaron dichos señores, en cuanto propietarios de determinadas fincas sitas en la
Plana de Zaragoza (Acampo de Torrijos), que éstas se hallaban "[...] comprendidas dentro del Plan Eólico
Estratégico aprobado en favor de 'Parque Eólico Aragón, Agrupación de Interés Económico', por Orden de
22 de abril de 1997, publicada en el BOA número 65 de 9 de junio de 1997 [...] en virtud de contrato
celebrado con fecha 25 de mayo de 1996 entre los comparecientes y el representante legal de Parque
Eólico Aragón". Los mismos comparecientes reconocían que se habían comprometido a ceder a la referida
Agrupación "el uso de los terrenos indicados para la construcción y explotación de un parque eólico por un
plazo de cuarenta años".
Quiérese decir con ello que, una vez prestado el consentimiento para la instalación de los
aerogeneradores en sus terrenos a la sociedad promotora del parque eólico y titular de la autorización
administrativa, corresponde ya al promotor, conforme a los términos de su propia autorización, precisar los
lugares donde pretende instalar sus aerogenadores. La fijación de las zonas de influencia insertas en las
dos Órdenes de 22 de abril de 1997 (pues llevan la misma fecha tanto la que aprobó el parque eólico
estratégico de "Derasa" como el de "Parque Eólico Aragón, A.I.E.") no fue discutida por nadie en la vía
administrativa, como acertadamente recuerda la Sala de instancia, y vincula a unos y a otros.
Adicionalmente ha de subrayarse, como también destacan las sociedades correcurridas, que la
empresa promotora del parque eólico en el que se hallan los terrenos de los recurrentes en ningún momento
ha impugnado los actos relativos al parque autorizado a "Taim-Neg Micon Eólica, S.A." ni las condiciones
impuestas en las autorizaciones correspondientes, entre las que se encuentran las relativas a las
limitaciones que afectan a parques limítrofes en la extensión superficial correspondiente a la zona de
influencia. Siendo ello así, es lógico deducir que o bien las previsiones de instalación y aprovechamiento
eólico comprendidas en el "Parque Eólico Aragón. A.I.E.", autorizadas por la Administración, no se han visto
perjudicadas por las también autorizadas en el parque "Derasa", o bien los promotores de uno y otro han
alcanzado una solución satisfactoria para ambos que combina sus respectivos intereses".
[...] " Llegados a este punto bien puede afirmarse que la sentencia acierta al rechazar las
pretensiones de la demanda. Quizá la expresión que emplea al comienzo del fundamento jurídico quinto no
sea del todo acertada (tiene razón la recurrente al sostener que si hay privación de bienes y derechos la hay
a todos los efectos, sea cual sea la "perspectiva" desde la que se observe), pero con ella el tribunal de
instancia lo que realmente quiere significar es que los actos administrativos impugnados no privaron a los
recurrentes ni de sus terrenos ni de los derechos que sobre ellos tuvieran, conclusión que debemos
corroborar.
Antes de hacerlo, debemos referirnos a dos alegaciones de las varias que, de modo no demasiado
ortodoxo en términos procesales, por acumular en un mismo motivo casacional cuestiones de naturaleza
heterogénea, contiene el escrito de interposición del recurso:
12

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A) En el epígrafe quinto de dicho escrito sostiene su autor que el tribunal de instancia "no ha tenido
en cuenta datos que figuran en el expediente administrativo que son de extrema relevancia", afirmación que
hace para disentir de las conclusiones de la Sala sobre la corrección del "desarrollo procedimental seguido"
(aun cuando, al final del referido escrito, en el epígrafe nueve que hemos transcrito, parece admitir la
irreprochabilidad del procedimiento). Reseña como tal omisión el hecho de que en aquel expediente no
figuraba el establecimiento de la zona de influencia sobre las fincas de los señores Rivas y Pala.
La alegación (que, por lo demás, no va acompañada de la petición de que integremos los hechos de
la sentencia) no puede acogerse, pues la tan citada Orden de 22 de abril de 1997 no sólo fijaba el perímetro
poligonal del parque eólico estratégico "Derasa", concretando sus vértices a partir de coordenadas UTM,
sino que establecía a lo largo de todo él la citada zona de influencia en las áreas colindantes de otros
promotores. Si, como ya se ha dicho, los recurrentes habían prestado sus terrenos para otro parque
colindante, cuyas coordenadas estaban asimismo perfectamente fijadas, y la tramitación de éste se hacía
simultáneamente con la de aquél (hasta el punto de que ambos se aprobaron en el mismo día), una mera
observación de la realidad física y cartográfica, acompañada de la pertinente medición de las distancias,
permitía conocer sin excesivas dificultades cuáles eran los terrenos afectados.
B) Afirma igualmente la recurrente en el epígrafe sexto del escrito de interposición que "el conjunto de
consideraciones que constan en la resolución impugnada [la sentencia] no abordan el asunto principal
planteado en la demanda, al desconocer la necesidad de aplicar el tenor del artículo 33.3 de la Constitución
y el artículo 349 del Código Civil ". Si ello fuera realmente así, lo procedente hubiera sido articular el motivo
de casación por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , esto es, imputar a la Sala de instancia la
ausencia de motivación o incongruencia omisiva como quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
por infracción de las normas reguladoras de las sentencias. Motivo formal que no ha sido planteado sin
duda porque la recurrente ha de admitir que aquella Sala dio respuesta a su planteamiento impugnatorio al
rechazar que los dos preceptos citados hubieran sido vulnerados".
[...] "Los actos administrativos impugnados no privan a los recurrentes de sus derechos dominicales
en términos que vulneren el artículo 33.3 de la Constitución y el artículo 349 del Código Civil , esto es, que
supongan expropiación forzosa por privación singular de bienes o derechos. En las sucesivas exposiciones
de aquéllos la formulación de sus "derechos" ha sufrido algunas variaciones: alegaban, por ejemplo, el 4 de
mayo de 1988 ante la Administración autonómica que la autorización del parque eólico de "Taim-Nirdtank
Eólica, S.A." significaría para ellos una "disminución de las perspectivas económicas dimanantes del
contrato concertado por la Agrupación [de Interés Económico Parque Eólico Aragón] con estos
comparecientes", disminución que en la demanda hacían ya equivalente a una expropiación pública sin
indemnización.
No existe tal privación o expropiación de derechos contraria a las normas citadas, pues los actos
administrativos no hacen sino aprobar, ateniéndose a las disposiciones que los regulan, unas autorizaciones
públicas para que determinadas empresas promotoras aprovechen la energía del viento mediante la
instalación de aerogeneradores. Las referidas disposiciones establecen un procedimiento, a través de fases
progresivas de carácter planificador, mediante el cual se precisan los espacios ("parques eólicos
estratégicos") idóneos. En ellos, y en las condiciones reglamentariamente previstas, es posible la instalación
de los grandes aerogeneradores de que en este recurso se trata, teniendo los propietarios de los terrenos
una mera y limitada intervención en las promociones empresariales correspondientes que se traduce en
poner sus predios a disposición de los promotores de las instalaciones.
Los titulares dominicales de los terrenos no tienen, pues, un derecho preexistente e incondicionado a
la instalación de aquella modalidad de aerogeneradores para producción de energía eléctrica, de modo que
el resultado del proceso planificador y ejecutivo regulado por el Decreto 279/1995 puede significar para ellos
la negativa pura y simple a que tales aerogeneradores se instalen en sus fincas. No por ello se les priva de
un derecho inherente al terreno ni se vulneran los artículos 33.3 de la Constitución y 349 del Código Civil .
Si, por el contrario, el resultado de aquel proceso permite que unos determinados terrenos formen
parte de un parque eólico estratégico colindante, como aquí ocurre con los de la parte recurrente, la
configuración de éste y la elección los puntos que se consideran óptimos desde la perspectiva racional y de
eficiencia energética es llevada a cabo también en virtud de la autorización administrativa. Ésta se otorga,
cuando se trata de proyectos próximos, incorporando determinaciones que eviten interferencias entre
parques colindantes. En concreto, impone con carácter vinculante (a reserva del acuerdo entre promotores)
el establecimiento de un determinado perímetro protegido o zona de influencia entre parques eólicos
yuxtapuestos, que asegure la mejor utilización de los recursos eólicos. En cuyo caso, las limitaciones
impuestas sobre las zonas de influencia tienen la misma naturaleza -no ablativa del dominio- que tendría la
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negativa administrativa pura y simple a la instalación de aerogeneradores por aplicación de los criterios de
carácter público y general a los que se somete esta modalidad de producción de energía eléctrica.
El artículo 350 del Código Civil dispone que el propietario de un terreno es dueño de su superficie y
de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le
convengan, salvas las servidumbres y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre minas y aguas y en los
reglamentos de policía. La apelación a estos últimos, extensible hoy a disposiciones como las que han sido
analizadas, es significativa de que la utilización de los terrenos con finalidades industriales no es inherente
al núcleo del derecho de propiedad sino en la medida en que tales disposiciones lo permitan.
El artículo 590 del mismo Código , al regular dentro del título de las servidumbres el régimen de
distancias aplicable a determinadas relaciones de vecindad, impide "construir cerca de una pared ajena o
medianera [...] acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas,
artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o
nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras
de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos
prescriban." Aunque el precepto no es aplicable al caso de modo directo, su invocación resulta pertinente
para confirmar que en materia de instalaciones industriales entre fincas vecinas la propia legislación civil
considera que el derecho de propiedad de los terrenos no es objeto de privación singular sujeta a justiprecio
con cargo a fondos públicos, sino de mera regulación normativa, cuando se impone a aquéllas un
determinado régimen de distancias.
En este caso, la aplicación de los reglamentos ya analizados determina que parte de las fincas de los
recurrentes se encuentren en la zona de influencia de un parque eólico colindante, con los efectos ya
referidos, lo que no es sino consecuencia inherente a la regulación normativa propia del sector que delimita
de un determinado modo las instalaciones y los aprovechamientos energéticos obtenibles a partir de la
energía eólica.
No puede afirmarse, pues, que la recurrente haya sufrido, a causa de los actos administrativos
impugnados, la privación singular de sus propiedades y derechos protegidos por la garantía expropiatoria a
la que se refieren los artículos 33.3 de la Constitución y 349 del Código Civil ".
[...] "Por todo lo expuesto el recurso de casación ha de ser desestimado con la preceptiva condena en
costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional ".
Pues bien, dando por reproducidas las consideraciones anteriores debemos igualmente desestimar
este recurso de casación, con la condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el
artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , al no concurrir circunstancias que aconsejen su no imposición.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que
emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Centro de Documentación Judicial
No ha lugar al recurso de casación número 9.982/2003, interpuesto por Dª. Lourdes contra la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección de Refuerzo) del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón de fecha 7 de Octubre de 2003, recaída en el recurso número 784 de 1999 . Imponemos
a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado
Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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