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Informe preventivo
Es así como la Ley 715 de 2001 (artículo 44) sobre Sistema General de Participaciones define los
recursos que transfiere la Nación a las entidades territoriales y señala las competencias que radican en
los municipios y sus responsabilidades concretas, entre otras, en materia de saneamiento ambiental,
como son vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y distribución
de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como los
de materia prima para consumo animal que representen riesgo para la salud humana.
Igualmente, ejercen vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para
la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como
establecimientos educativos, hospitales, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio
de animales, entre otros.
La Ley 9 de 1979 establece normas generales sobre alimentos y procesamiento de carne, reglamenta
construcción de mataderos y determina los procedimientos y medidas que se deben adoptar para la
regulación, legalización y control de descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar
las condiciones sanitarias del ambiente, entendiéndose por éstas, todas aquellas que se necesiten
para asegurar el bienestar y la salud humana.
Conforme a los artículos 304 y 305 de la Ley 9 de 1979, no se consideran aptos para el consumo humano
los alimentos o bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados o los que por otras
características anormales puedan afectar la salud del consumidor, se prohíbe la tenencia o expendio
de alimentos o bebidas no aptos para el consumo humano.
De acuerdo con lo normado por los artículos 307 a 322 de la Ley 9 de 1979, el sacrificio de animales de
abasto público sólo podrá realizarse en mataderos autorizados por la autoridad competente y además de
cumplir con los requisitos de esta ley y sus reglamentaciones, se ajustarán a las normas que sobre sacrificio,
faenado, y transporte dicte el Ministerio de la Protección Social. La reglamentación para mataderos
de exportación se emitirá conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Antes de instalar cualquier matadero se solicitará la aprobación del Ministerio de la Protección Social
o su autoridad delegada para su localización, diseño y construcción. En el mismo sentido, toda remodelación
o ampliación deberá ser aprobada por la citada autoridad, teniendo en cuenta las especificaciones
existentes sobre zonificación en cada localidad.
El terreno de ubicación del matadero amén de cumplir lo previsto en la Ley 9 de 1979 deberá tener suficiente
agua potable, energía eléctrica y facilidades de tratamiento, evacuación y disposición de residuos.
Se debe contar con un registro diario de la entrada de animales. Dicho registro deberá contener:
procedencia específica, número de sacrificios, rechazos o decomisos y sus causas. Información que se
suministrará periódicamente a la autoridad sanitaria competente.
El matadero dispondrá de corrales separados para cada especie animal, y deberá tener capacidad y
facilidad para el examen ante mórtem y para aislar animales sospechosos o enfermos.
Procuraduría General de la Nación