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Informe preventivo
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes
y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores
y usuarios.
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Articulo 79 de la Constitución Política.
El Artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
La Constitución Política en el artículo 366 determina que en los planes y presupuestos de la Nación y de
las entidades territoriales debe darse prioridad al gasto público social sobre cualquier otra asignación.
El artículo 366 de la Constitución Política señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
El municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, debe prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes, tal como lo ordena el artículo 311 Constitucional.
Es imperativo el mandato constitucional del artículo 366 en cuanto radica en los municipios responsabilidades
concretas en materia de saneamiento ambiental como un servicio público, tal como lo viene
desarrollando la jurisprudencia Constitucional y Contencioso administrativa.
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. . . Normas Legales
. . .1. Normas Sanitarias
Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional), por la cual se dictan medidas sanitarias en aspectos
ambientales, se fijan criterios generales para la calidad sanitaria de los alimentos y se determina
el marco general para la legislación sanitaria de la carne y sus derivados.
Ley 395 de 1997, por la cual se declara de interés nacional y como prioridad sanitaria la erradicación
de la fiebre aftosa en todo el territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a ese fin.
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias,
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01/2001) de la Constitución
política y se dictan otras disposiciones para la prestación de los servicios de inspección, vigilancia
y control de los establecimientos incluyendo a las plantas de beneficio.
Decreto 2278 de agosto 2 de 1982, señala las normas sanitarias que deben observarse durante el
procesamiento, transporte y comercialización de las carnes de los diferentes animales de abasto,
en las diferentes plantas que existen en el país.
Procuraduría General de la Nación