Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
de Talca, acogiendo una solicitud de interdicción ventilada
al amparo de la Ley N°18.600 resuelve: “Que ha
lugar a la petición y se declara interdicto (…) y se le
designa curador definitivo respecto de sus bienes y su
persona a su madre (…) sirviendo esta resolución como
suficiente discernimiento. Se libera de la obligación de
fianza a la curadora, debiendo practicar inventario simple
sobre la existencia o no de bienes del interdicto en
una Notaría de la ciudad, bajo el amparo del privilegio
de pobreza. Háganse las publicaciones legales en el
Diario La Prensa o El centro de la región del Maule. Inscríbase
esta sentencia en el Registro de Interdicciones
del Conservador de Bienes Raíces de Talca, gozando
dicha inscripción del privilegio de pobreza”.
En este caso lo que resulta interesante relevar es el
hecho de que el tribunal, dispone una serie de ritualidades,
posteriores a la declaración de interdicción, que no
están contempladas en la ley citada. A este respecto,
cabe mencionar que no existe contradicción con el procedimiento
establecido en el artículo 4°, pues la modificación
legal tendía a reducir el procedimiento en cuanto
a la declaración de interdicción y el nombramiento de
curador, hecho lo anterior las ritualidades exigidas en
este caso, son requerimientos establecidos en favor de
terceros y del propio interdicto, en lo que dice relación
con la administración de sus bienes, por tanto al no estar
en oposición con la norma y rigiendo la ley general
en caso del silencio de la ley especial, es posible que los
tribunales sigan exigiendo estas formalidades, aun
cuando existe una corriente que lo considera innecesario
(23).
Caso N° 4: La Corte de Apelaciones de San Miguel, en
un fallo dictado con fecha 21 de noviembre de 2011,
revoca una resolución emanada del Tribunal a quo, en
la que no se daba lugar a la tramitación de una interdicción
según lo dispuesto en la Ley N° 18.600, el fallo es
decidor en la materia “1º Que para resolver la controversia
vertida en estos autos, es necesario determinar
si la Ley N° 18.600 que establece normas sobre deficientes
mentales, prima por sobre las normas generales
contenidas en el Código Civil y de Procedimiento Civil.
2º Que en este orden de ideas cabe tener presente que
la referida ley 18.600, fue publicada con fecha 19 de
Febrero de 1987, esto es, con posterioridad a la publicación
de los mencionados Códigos.
3º Que, en consecuencia la norma anteriormente cita-
JURISPRUDENCIA
Abril 2012
da, prevalece sobre las disposiciones de dichos cuerpos
legales, atendido lo dispuesto en el artículo 13, 22 y 24
del Código Civil, teniendo presente además el espíritu
que tuvo el legislador al momento de dictar la referida
ley, esto es, precisamente agilizar los trámites para la
declaración de interdicción por demencia y nombramiento
de un curador, cuando la persona respecto de la cual
se solicita dicha declaración, se encuentre previamente
inscrita en el Registro Nacional de Discapacitados (24).
4º Que lo expuesto precedentemente se encuentra en
plena armonía con lo dispuesto en la Convención de las
Naciones Unidas sobre Principios para la Protección de
Enfermos Mentales el mejoramiento de la Atención de la
Salud Mental, en cuanto a que el procedimiento señalado
en la Ley 18.600 contempla el desarrollo de un procedimiento
judicial, en el que el discapacitado (25)
cuenta con un representante legal que salvaguarde sus
intereses y además, tiene el derecho a ser oído en una
audiencia para tal efecto, lo que deja en evidencia la
garantía del debido proceso.
5º Que establecido lo anterior, es preciso determinar si
la demanda de fojas 5 cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 4º inciso segundo de la ley 18600.
6° Que del examen de los antecedentes que obran en
autos consta que doña Cercia del Carmen Verdejo Manríquez
se encuentra inscrita en el Registro Nacional de la
Discapacidad desde el día 21 de Julio del presente año,
presentando un grado de incapacidad mental de un
80%, según se aprecia del Certificado emitido por la
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez agregado a
Fojas 1.
Y atendido el mérito de los antecedentes y disposiciones
legales citadas, SE REVOCA la resolución apelada de
treinta de septiembre del año en curso, escrita a fojas 9
y siguientes, y en su lugar se declara que la señora Juez
a quo deberá continuar la tramitación de la presente
causa, conforme lo dispone el procedimiento establecido
en el artículo 4° de la Ley Nº 18.600, y dictará al efecto
las resoluciones que en derecho correspondan.”
El Tribunal de alzada confirma que el procedimiento aplicable
para los casos en que se solicite la interdicción es
el establecido en la Ley N° 18.600, en virtud de ello,
cumpliéndose con los requisitos contenidos en el artículo
4° de la norma en estudio, los jueces deben fallar según
se preceptúa en la misma norma (26).
(23) 2° Juzgado de Letras de Talca. Rol V – 232 – 2011. “González”.
(24) Para todos los efectos el nombre correspondiente es “Registro Nacional de la Discapacidad”, del Servicio de Registro Civil e Identificación.
(25) Corresponde nombrar como “Personas con discapacidad mental”, según el nuevo paradigma que impone la Ley N°20.422 sobre la materia.
(26) Corte de Apelaciones de San Miguel. Rol N° 1098-2011. “Cercia del Carmen Verdejo Manríquez”.
Pá giná 9