Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
A continuación, se expondrán cuatro fallos recogidos
de diferentes jurisdicciones civiles, a través de
los cuales se pretende evidenciar cuatro situaciones
analizadas a lo largo del presente artículo. En primer
lugar se presentará un caso del Juzgado de Letras de
San Vicente en el que además de aplicar la Ley N°
18.600 íntegramente en lo relativo a la acreditación de
la discapacidad, se exige expresamente la acreditación
del parentesco. Posteriormente, se mostrará un fallo del
29° Juzgado Civil de Santiago, en el que se hace un
desglose de los requisitos ya estudiados. Luego, se exhibe
un fallo emitido por el 2° Juzgado de Letras de Talca
en el que se impone el cumplimiento de solemnidades
posteriores a la declaración de interdicción, tramitada
en procedimiento voluntario establecido en la Ley N°
18.600, requeridas con la finalidad de protección de terceros
frente a los actos del interdicto. Por último, veremos
un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
el que es decidor en cuanto a la aplicación del procedimiento
especial impuesto por la Ley N° 18.600.
Caso N° 1: Con fecha 18 de Noviembre de 2010 el Juzgado
de Letras de San Vicente, en caso de interdicción
sometido a su conocimiento según las reglas de la Ley
N° 18.600, señala: “Que según lo dispone el artículo 4°
de la ley 18.600, cuando la discapacidad mental de una
persona se haya inscrito en el registro nacional de discapacidad
de su padre, madre o parientes más cercanos,
podrán solicitar al juez la declaración de interdicción
definitiva por demencia y el nombramiento de un
curador, debiendo en tal caso, resolver el juez con conocimiento
y previa citación personal y audiencia del
discapacitado (Considerando cuarto) Que en el caso de
autos, se ha cumplido con todos los trámites previstos
en la ley citada, resultando establecida de la prueba
rendida por la demandante, la discapacidad mental que
padece su hijo (…) circunstancia que ha resultado acreditada
con el mérito del certificado de discapacidad
acompañado y de la resolución emana de la Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins.
Por otra parte, también ha resultado establecida
la relación parentesco (…) relación que habilita a la demandante
para efectuar la presente solicitud como para
ejercer su curaduría definitiva. (Considerando quinto)
Se declara: Que se acoge la solicitud interpuesta en lo
principal (…) y en consecuencia se decreta interdicción
definitiva” (20).
En consecuencia, se sigue el criterio contemplado en el
artículo 4° de la Ley N° 18.600, exigiéndose que además
de acreditar la discapacidad mental se acredite el
JURISPRUDENCIA
Abril 2012
parentesco, cuestión que resulta de toda lógica, ya que
el procedimiento está establecido en favor de la persona
con discapacidad mental y sus familiares. En lo relativo a
la discapacidad, al tribunal citado le parece suficiente
para acreditarla el certificado de discapacidad y la resolución
de la COMPIN, adoptando la postura que el legislador
quiso plasmar al promover la modificación.
Caso N° 2: Con fecha 20 de octubre de 2010 el 29° Juzgado
Civil de Santiago, en caso de interdicción en el que
la madre solicita se decrete la interdicción de su hijo,
amparada en lo dispuesto en el artículo 4° de le Ley N°
18.600 el tribunal falla acogiendo la demanda interpuesta,
declarando la interdicción de la persona con discapacidad
mental y otorgando la curaduría a su madre solicitante,
enunciando el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la ley: “Que, según consta del certificado
de nacimiento (…) el discapacitado (21) (…) es
mayor de edad, lo que hace procedente pronunciarse
sobre la solicitud de interdicción por demencia
(Considerando primero). Que, asimismo, consta del mismo
certificado de nacimiento, que la actora es madre del
demandado, con lo que en conformidad con el artículo
4° de la Ley 18.600, se encuentra legitimada para demandar
(Considerando segundo). Que con los documentos
acompañados (…) se acredita la discapacidad mental
(…) equivalente al 70% de su capacidad física y mental,
la que fue declarada por el órgano competente e inscrita
en el Registro Nacional de Discapacidad (Considerando
tercero). Que, con la inspección personal del tribunal, se
verificó la discapacidad mental (…) constatándose que
éste posee limitaciones físicas y mentales e carácter permanente,
que obstaculizan de manera definitiva su capacidad
para auto-determinarse y administrar sus bienes
(Considerando quinto)” (22).
En este fallo, nuevamente se sigue el criterio establecido
en Ley N° 18.600, guardando relación con el ánimo del
legislador, pronunciándose el Tribunal citado sobre la
acreditación de cada uno de los requisitos legales ya
consignados y descritos previamente en este artículo, los
que de presentarse copulativamente deberían motivar el
fallo favorable sin más trámite, tal y como se muestra
en el caso expuesto.
Caso N° 3: Otra situación particular que no está contemplada
en la norma, es lo que se refiere al término
formal del proceso, realizándose o no las solemnidades
requeridas por la ley en el procedimiento contencioso,
con el fin de proteger a los terceros respecto de los actos
que pueda realizar el interdicto. En ese sentido, con
fecha 19 de diciembre de 2011 el 2° Juzgado de Letras
(20) Juzgado de Letras de San Vicente. Rol C – 50120 – 2012. “Leiva con Cabezas”.
(21) Corresponde nombrar como “Personas con discapacidad mental”, según el nuevo paradigma que impone la Ley N°20.422 sobre la materia.
(22) 29° Juzgado Civil de Santiago. Rol V – 123 – 2010. “Serey”.
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