Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
LA CAJ R.M. Y SU EXPERIENCIA PRÁCTICA
para fallar el informe del defensor público, a pesar de
no ser un trámite contemplado en la Ley. La exigencia
de informe del defensor público en los procesos de interdicción
es un trámite no contemplado en la modificación
de la Ley N°18.600, desde esa perspectiva no debería
requerirse si la solicitud cumple con los requisitos
legales. Sin embargo, existen posturas contradictorias
al respecto, toda vez que hay una corriente que considera
necesaria la exigencia de dicho informe cuando se
trate de solicitudes de interdicción interpuesta por parientes
distintos del padre y/o madre. En este sentido,
la práctica de dicha diligencia en las causas corporativas
es relativamente rápida, pues encontrándose el privilegio
de pobreza acompañado en la causa, se encarga la
gestión al defensor y éstos no toman más de dos semanas
en evacuar el informe. En caso de no estar acompañado
el respectivo privilegio, se deberá pagar un impuesto
de estampillas.
4. Existen tres tribunales que además de exigir lo dispuesto
en el artículo 4 de la Ley N°18.600, exigen el
informe del defensor público y una audiencia de parientes.
Con respecto a esta última gestión, existe una postura
que estima necesaria su práctica cuando la solicitud
de interdicción es interpuesta por parientes distintos del
padre y/o madre, en especial cuando existen varios parientes
del mismo grado, por ejemplo, varios hijos que
solicitan la interdicción del padre y/o madre. En las causas
corporativas, este requisito claramente produce un
efecto adverso al espíritu de la ley, toda vez que muchas
veces los Tribunales requieren la notificación de los
parientes por medio de avisos en diarios de circulación
nacional, lo que hace preciso una serie de ritualidades
para concretar la prueba solicitada, lo que retarda considerablemente
el desarrollo del proceso. Esta postura
sería eficaz para el caso de demandas de interdicción
interpuestas por parientes distintos al padre y/o madre,
requiriendo la declaración de parientes, sin previa notificación,
debiendo practicarse en la misma oportunidad
en que se realiza la audiencia con la persona con discapacidad
mental.
5. Existe un tribunal que acepta a tramitación la solicitud
de interdicción según dispone el artículo 4° de la
Ley N°18.600, pero que no da lugar a la audiencia con
la persona con discapacidad mental por encontrarlo innecesario,
ya que de la certificación y respectiva inscripción
de la discapacidad se desprende su condición de
persona con discapacidad mental, ello, a pesar que la
exención de la audiencia con la persona con discapacidad
mental constituye un vicio procesal, toda vez que
es un requisito legal. Al respecto, cabe señalar, que durante
el desarrollo de ésta investigación, el Tribunal ci-
Abril 2012
tado corrigió de oficio la resolución que eximía de la audiencia,
disponiendo día y hora para la celebración de la
misma.
Los datos expuestos quedan expresados en el siguiente
gráfico:
Análisis de procedimiento de interdicciones en los Juzgados Civiles
de Santiago
A continuación se mencionan algunas especificaciones
que no se encuentran representadas en el gráfico, por
ejemplo, ciertos tribunales solicitan la notificación personal
de la solicitud a la persona con discapacidad mental,
a fin de que comparezca a audiencia al quinto día hábil
posterior a la notificación o, en otros casos, cuando el
tribunal dispone la realización de audiencia de parientes,
se exige la notificación de éstos, a través de avisos en
un diario de circulación nacional. Estas singularidades
son contrarias al espíritu de la Ley, pues como se expuso
anteriormente, el fin principal perseguido con la modificación
de la misma, es justamente evitar la estigmatización
y dolor innecesarios de las personas con discapacidad
mental y la de sus familiares, los que se provocan
al exponerlos a un proceso ordinario, en la mayoría
de los casos ficticio y con gran tiempo de duración.
Frente a este desafío, la única forma para lograr unificar
el criterio de los Tribunales de Justicia es través de la
práctica judicial, siendo indispensable generar un criterio
unificado de tramitación.
En efecto, sin perjuicio de las diferencias expuestas, se
han generado una serie de fallos a nivel nacional que
fortalecen la postura de que la modificación de la Ley
guarda estricta relación con el reemplazo del procedimiento
ordinario por uno voluntario, plasmando en ellos
el espíritu de la misma, cual es tender a la celeridad y
pronta solución de una situación acreditada por el área
competente.
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