Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
EXPERIENCIA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
JURISPRUDENCIAL DE LA LEY N°18.600
1. Se interpone solicitud de declaración de interdicción,
bajo procedimiento voluntario. El juez civil tiene por
interpuesta la solicitud, dispone la celebración de audiencia,
pero ordena la notificación personal de la demanda
a la persona con discapacidad mental, por medio
de receptor judicial, otorgando traslado.
2. Se interpone solicitud de declaración de interdicción,
bajo procedimiento voluntario. El juez civil tiene por
interpuesta la solicitud, dispone la celebración de audiencia,
se acompañan todos los documentos fundantes
y realizadas las solemnidades contempladas en la Ley
N°18.600, el juez civil requiere de informe del defensor
público y además información sumaria de testigos, los
cuales deben ser notificados por medio de tres avisos
publicados en diarios de circulación nacional.
Una de las posibles causas de la diversidad de interpretaciones
jurisprudenciales, puede explicarse por el traslado
temporal de la competencia sobre la materia que
tuvieron las interdicciones desde la judicatura civil hacia
la judicatura de familia. Es preciso recordar que desde
el año 2004 hasta el año 2008 las interdicciones fueron
competencia de los Tribunales de Familia. En dicha judicatura,
la Ley N°18.600 se aplicaba tal y como fue redactada,
representando el espíritu de la norma. Una vez
Abril 2012
que se produce el retorno de las interdicciones a la judicatura
civil, se produce una dicotomía para estos tribunales,
toda vez que ellos seguían tramitando sus interdicciones
bajo el procedimiento ordinario.
Otra de las causas probables, relacionada directamente
con la anterior, se refiere al hecho de que retornando la
competencia de las interdicciones a la judicatura civil,
algunos jueces del ramo consideran que la modificación
de la Ley N°18.600 tenía su fundamento en la oralidad,
inmediación y concentración del proceso al que temporalmente
pertenecieron (judicatura de familia), sin guardar
relación con la ritualidad de los procedimientos civiles,
por ello siguieron aplicando el procedimiento ordinario,
pues consideraban que el procedimiento voluntario
no correspondía con la realidad de sus juzgados.
Por último, muchos magistrados civiles son de la opinión
que la modificación introducida no impide que se exijan
las probanzas relativas a determinar la idoneidad del
curador, en especial cuando se refiere a parientes distintos
del padre y/o madre, ni los requisitos de publicidad
establecidos al finalizar el procedimiento para la protección
de los derechos de terceros, por ello siguen exigiendo
la realización de diligencias distintas de las consideradas
en la modificación de la Ley N°18.600.
LA CAJ R.M. Y SU EXPERIENCIA PRÁCTICA
Nuestra institución tiene vasta experiencia en
la tramitación de procesos de interdicción dentro de la
jurisdicción de los Tribunales Civiles correspondientes a
las Regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo
O’Higgins, del Maule y de Magallanes. Para efectos del
presente artículo, se ha considerado analizar una de las
jurisdicciones enunciadas y observar su comportamiento.
Se han escogido 30 causas tramitadas durante el año
2011, una por cada Tribunal de la jurisdicción correspondiente
a los Juzgados Civiles de Santiago. De la información
obtenida es posible concluir lo siguiente:
1. Sólo once de los treinta tribunales analizados resuelve
las solicitudes de interdicción con el sólo mérito de la
certificación e inscripción de la discapacidad y la entrevista
a la persona con discapacidad mental, según dispone
el artículo 4° de la Ley N°18.600. Esto necesariamente
implica un avance valioso en la materia, ya que a
fines del año 2010 la práctica en el área se hacía muy
compleja, toda vez que los Juzgados Civiles eran reacios
a aceptar la tramitación de interdicciones bajo un procedimiento
voluntario. Sin perjuicio de ello, no extingue la
inseguridad jurídica que se produce al presentar una
solicitud de interdicción ante la judicatura civil, pues dependiendo
del Tribunal en que recaiga obedecerá la rapidez
o lentitud del procedimiento y los trámites requeridos
para un buen término del proceso.
2. Existen aún dos tribunales que consideran que las
interdicciones son contenciosas, por lo tanto no dan lugar
a la solicitud de interdicción y ordenan proceder
“como en derecho corresponde”. Situación que se aleja
considerablemente del espíritu de la Ley y del principio
rector que contempla la primacía de la ley especial por
sobre la ley general.
3. Existen trece tribunales que además de proceder
según dispone el artículo 4 de la Ley N°18.600, exige
Pá giná 6