Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

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BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Dado que es requisito indispensable para inscribir la discapacidad en el registro correspondiente, que ésta haya sido certificada por una de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), el objeto del juicio no es la acreditación de la discapacidad mental, toda vez que el único organismo facultado para certificar este hecho es la COMPIN. De ello se desprende que el primer requisito para solicitar la declaración de interdicción al alero del nuevo procedimiento, es que la discapacidad mental invocada haya sido certificada por algunas de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, por lo que previo a iniciar las acciones judiciales pertinentes, los familiares de la persona con discapacidad mental deberán haber realizado todas las gestiones tendientes a obtener tal certificación, pudiendo acreditarse en juicio a través de la resolución, de carácter administrativo, que emite cada Comisión. Además, dicha certificación debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, esto implica que, una vez certificada la discapacidad, los familiares de la persona con discapacidad mental deben concurrir a inscribir la certificación en el registro generado al efecto, cuestión que podrá acreditarse, acompañando el certificado de discapacidad que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación, con posterioridad a la inscripción y acompañando un duplicado de la credencial de discapacidad que otorga el mismo Servicio. 2. Se faculta al padre o madre de la persona con discapacidad mental a solicitar en un procedimiento voluntario la declaración de interdicción y designación de curador: A través de ésta modificación, el procedimiento se transforma de ordinario a voluntario, evitando con ello dilaciones innecesarias, respondiendo la norma a una necesidad social, que transparenta el procedimiento judicial y además permite el ahorro de recursos estatales y particulares, dado que la declaración de interdicción deber ser solicitada por los padres de la persona con discapacidad mental al juez, en caso de ausencia de estos, por los parientes más cercanos. Esto trae aparejado la obligación de acreditar el parentesco. 3. El juez falla con el mérito de la certificación de discapacidad con su correlativa inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad y previa audiencia de la persona con discapacidad: El procedimiento, que ahora tiene el carácter de voluntario, se limita a motivar el pronunciamiento del juez en cuanto a la interdicción de una persona que ya se encuentra declarada como persona con discapacidad mental por el Abril 2012 ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954) organismo competente. En virtud de lo anterior, los magistrados constatando el hecho de la inscripción y certificación de la discapacidad, conocerán personalmente de la situación de la persona con discapacidad mental y con el sólo mérito de la audiencia, emitirán su pronunciamiento. Se reduce de esta manera sustancialmente el proceso, pues ha existido una serie de evaluaciones administrativas previas en las que ya se han analizado las condiciones médicas de la persona con discapacidad mental, debiendo el juez corroborar por sus propios medios la situación que se le expone, adoptando las medidas necesarias a fin de que se decrete la interdicción y se designe al curador que administrará los bienes del interdicto. Desde esta perspectiva, el juez deberá proveer el medio más idóneo para entrevistarse con la persona con discapacidad mental. 4. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma: Esta disposición, viene a subsanar un vacío legal, toda vez que existen múltiples casos en que las personas con discapacidad mental se encuentran al cuidado de parientes distintos de su padre o madre, ya sea porque éstos fallecieron, los abandonaron u otras causas personales. Lo importante, es que regula una situación de hecho, dándole una solución concreta, pues en caso de dicha ausencia, los parientes cercanos podrán recurrir a la justicia para regular la situación de la persona con discapacidad mental. 5. Permite aplicar a la persona con discapacidad mental interdicta, los beneficios contemplados en los artículos 440 y 453 del Código Civil: Los artículos a los que la ley hace referencia, dicen relación con la posibilidad de que el curador confíe al interdicto la administración de alguna parte de sus bienes, conservando además la posibilidad de disponer de una suma de dinero para solventar sus gastos personales, disponiendo libremente de ellos y conjuntamente se establece la facultad para la persona interdicta de celebrar contratos de trabajo. 6. Mayoría de edad de la persona con discapacidad mental: Un requisito para solicitar la declaración de interdicción que no se encuentra expresado en la norma, pero que se subentiende, es que la persona con discapacidad mental debe ser mayor de edad, lo cual puede acreditarse con el certificado de nacimiento correspondiente. Esto, porque en el caso de los menores de edad la situación relativa a su cuidado personal se encuentra regulada en normas especiales. Pá giná 4
BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Abril 2012 ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954) Sin embargo, cuando se trata de una persona con discapacidad mental que ha alcanzado la mayoría de edad, nos encontramos ante la norma general que establece la plena validez de sus actos, siendo necesario la intervención judicial, a través del procedimiento de interdicción, para que los actos de dicha persona sean posteriormente declarados nulos por un tribunal. La modificación introducida significa un avance en los siguientes ámbitos: Desde el punto de vista procesal: se exime a la persona con discapacidad mental y su grupo familiar de ser parte de largos y engorrosos procedimientos que no guardan relación con la realidad, resolviendo una situación que los aqueja directamente y que perjudica fundamentalmente a la persona con discapacidad mental. Desde el punto de vista humano: se le otorgan al interdicto ciertas facultades, que permiten su desarrollo y tienden a una posible recuperación e inserción dentro del contexto social. Sin perjuicio de los avances, existen desafíos pendientes en el área del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mental, las que posiblemente serán materia de nuevas modificaciones, toda vez que la Ley N°19.954 establece una regulación únicamente procesal, que si bien subsana un vicio que ponía en desmedro a las personas con discapacidad mental y a sus fa- VENTAJAS DE LA REFORMA Esta situación adquiere especial relevancia, cuando consideramos que a lo menos el 60% de los casos judiciales de interdicción, dicen relación con personas con discapacidad mental mayores de edad que, de otro lado, no son necesariamente adultos mayores. Consecuentemente, se trata de una situación cotidiana y actual, que trasciende el fenómeno demográfico de envejecimiento poblacional. milias, abarca una parte menor de la visión global que se requiere tener en consideración para la plena inclusión de las personas con discapacidad y su desarrollo integral. “En este sentido, la articulación consensuada de las distintas dimensiones sociales de la temática a lo largo de nuestra historia ha devenido en una contemporaneidad compleja y enriquecida en técnica y progreso en ciertas áreas. Así, el establecimiento de nuevas prácticas institucionales y comunitarias, constituyen un hito urgente y dinámico de unánime valoración, puesto que otorgan la posibilidad de una nueva construcción del sujeto social en el cual se focaliza la acción, una nueva visión acerca del bienestar de las personas y la correspondiente estabilidad de la interacción frente a los problemas, necesidades, recursos y sistemas de apoyo” (…) “Hoy junto con buscar los accesos justos y oportunos se releva un enfoque que promueve la autonomía de las personas con discapacidad, sus derechos y la inclusión social. En definitiva, centrarse en la condición sustantiva del ser persona, antes que en su condición adjetiva de presentar alguna discapacidad” (19). EXPERIENCIA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA LEY N°18.600 A pesar de que la modificación de la Ley N° 18.600 rige desde el mes de julio del año 2004, su aplicación e interpretación por parte de los Juzgados Civiles no ha sido uniforme. A la fecha, nos encontramos todavía con algunos jueces que se niegan a tramitar las interdicciones como una gestión civil voluntaria, calificándola derechamente como un procedimiento de carácter contencioso. Otros, permiten la tramitación voluntaria, pero le incorporan diversas etapas que no están contempladas en la modificación de la Ley. Consecuencia de lo anterior, la realidad da cuenta de una mixtura entre el antiguo y el nuevo procedimiento. Desde esta perspectiva, se encuentran algunos ejemplos de la mixtura antes señalada, en las siguientes singularidades de los procedimientos de interdicción: (19) SENADIS. Centro de documentación: Estudios: Discapacidad en Chile: Pasos hacía un modelo integral del funcionamiento humano. Capítulo: Apoyo social y calidad de vida. Págs. 9 y 10. [en línea] http://www.senadis.gob.cl/centro/estudios_discChile.php [consulta: 15 de marzo de 2012] Pá giná 5
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