Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Dado que es requisito indispensable para inscribir la
discapacidad en el registro correspondiente, que ésta
haya sido certificada por una de las Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN), el objeto del
juicio no es la acreditación de la discapacidad mental,
toda vez que el único organismo facultado para certificar
este hecho es la COMPIN. De ello se desprende que
el primer requisito para solicitar la declaración de interdicción
al alero del nuevo procedimiento, es que la discapacidad
mental invocada haya sido certificada por
algunas de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez,
por lo que previo a iniciar las acciones judiciales
pertinentes, los familiares de la persona con discapacidad
mental deberán haber realizado todas las gestiones
tendientes a obtener tal certificación, pudiendo acreditarse
en juicio a través de la resolución, de carácter administrativo,
que emite cada Comisión. Además, dicha
certificación debe encontrarse inscrita en el Registro
Nacional de la Discapacidad, esto implica que, una vez
certificada la discapacidad, los familiares de la persona
con discapacidad mental deben concurrir a inscribir la
certificación en el registro generado al efecto, cuestión
que podrá acreditarse, acompañando el certificado de
discapacidad que emite el Servicio de Registro Civil e
Identificación, con posterioridad a la inscripción y acompañando
un duplicado de la credencial de discapacidad
que otorga el mismo Servicio.
2. Se faculta al padre o madre de la persona con
discapacidad mental a solicitar en un procedimiento
voluntario la declaración de interdicción y
designación de curador: A través de ésta modificación,
el procedimiento se transforma de ordinario a voluntario,
evitando con ello dilaciones innecesarias, respondiendo
la norma a una necesidad social, que transparenta
el procedimiento judicial y además permite el
ahorro de recursos estatales y particulares, dado que la
declaración de interdicción deber ser solicitada por los
padres de la persona con discapacidad mental al juez,
en caso de ausencia de estos, por los parientes más
cercanos. Esto trae aparejado la obligación de acreditar
el parentesco.
3. El juez falla con el mérito de la certificación de
discapacidad con su correlativa inscripción en el
Registro Nacional de la Discapacidad y previa audiencia
de la persona con discapacidad: El procedimiento,
que ahora tiene el carácter de voluntario, se
limita a motivar el pronunciamiento del juez en cuanto a
la interdicción de una persona que ya se encuentra declarada
como persona con discapacidad mental por el
Abril 2012
ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO
AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954)
organismo competente. En virtud de lo anterior, los magistrados
constatando el hecho de la inscripción y certificación
de la discapacidad, conocerán personalmente de
la situación de la persona con discapacidad mental y con
el sólo mérito de la audiencia, emitirán su pronunciamiento.
Se reduce de esta manera sustancialmente el
proceso, pues ha existido una serie de evaluaciones administrativas
previas en las que ya se han analizado las
condiciones médicas de la persona con discapacidad
mental, debiendo el juez corroborar por sus propios medios
la situación que se le expone, adoptando las medidas
necesarias a fin de que se decrete la interdicción y
se designe al curador que administrará los bienes del
interdicto. Desde esta perspectiva, el juez deberá proveer
el medio más idóneo para entrevistarse con la persona
con discapacidad mental.
4. En caso de ausencia o impedimento de los padres,
los parientes más cercanos podrán proceder
de igual forma: Esta disposición, viene a subsanar un
vacío legal, toda vez que existen múltiples casos en que
las personas con discapacidad mental se encuentran al
cuidado de parientes distintos de su padre o madre, ya
sea porque éstos fallecieron, los abandonaron u otras
causas personales. Lo importante, es que regula una
situación de hecho, dándole una solución concreta, pues
en caso de dicha ausencia, los parientes cercanos podrán
recurrir a la justicia para regular la situación de la
persona con discapacidad mental.
5. Permite aplicar a la persona con discapacidad
mental interdicta, los beneficios contemplados en
los artículos 440 y 453 del Código Civil: Los artículos
a los que la ley hace referencia, dicen relación con la
posibilidad de que el curador confíe al interdicto la administración
de alguna parte de sus bienes, conservando
además la posibilidad de disponer de una suma de dinero
para solventar sus gastos personales, disponiendo
libremente de ellos y conjuntamente se establece la facultad
para la persona interdicta de celebrar contratos
de trabajo.
6. Mayoría de edad de la persona con discapacidad
mental: Un requisito para solicitar la declaración de interdicción
que no se encuentra expresado en la norma,
pero que se subentiende, es que la persona con discapacidad
mental debe ser mayor de edad, lo cual puede
acreditarse con el certificado de nacimiento correspondiente.
Esto, porque en el caso de los menores de edad
la situación relativa a su cuidado personal se encuentra
regulada en normas especiales.
Pá giná 4