Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

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BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Esta situación motivó la dictación de la Ley N° 19.735 (9) que modifica la Ley N° 18.600, estableciendo nuevas normas sobre personas con discapacidad mental, la que en lo sustancial reemplazó el término “deficientes mentales” por el de “personas con discapacidad mental”, a la vez que estableció una curaduría provisoria que opera de pleno derecho en favor de las personas con discapacidad mental (10) y, homologó y simplificó el diagnóstico y certificación de la discapacidad mental disponiendo la aplicación del procedimiento establecido en el título II de la Ley Nº 19.284 (11), modificada posteriormente, por la Ley N° 20.422 (12). Previo a la dictación de la Ley N° 19.954, en Chile, toda persona con discapacidad mental, debía someterse a las reglas contenidas en los artículos 456 y siguientes del Código Civil (13). De esta manera, los familiares de la persona con discapacidad mental debían iniciar una acción judicial contenciosa (procedimiento ordinario de lato conocimiento) a fin de provocar el pronunciamiento del juez en cuanto a la declaración de interdicción de éste y a la designación de un curador para la administración de sus bienes (14). Dicho procedimiento se concretaba a través de una “ficción jurídica”, en virtud de la cual el padre o madre de la persona con discapacidad mental demandaba a su hijo, debiendo notificarle la demanda, generando con ello el periodo de discusión contemplado para el juicio ordinario, forzando de esa manera a que la persona con discapacidad mental debiese enfrentar el proceso, en calidad de demandado, lo que conllevaba constituir patrocinio y poder en favor de un abogado o asignarle uno a objeto de que evacuara las etapas procesales pertinentes o, como sucedía en la mayoría de los casos, los propios padres, evacuaban en rebeldía de su hijo las actuaciones que a éste le correspondían. A mayor abundamiento, no sólo se exigían las ritualidades consagradas para el periodo de discusión, sino que además el juez incluso debía informarse de la vida anterior y con- INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES GENERALES Abril 2012 Sin embargo, la modificación de las normas del ramo no alcanzó al procedimiento judicial establecido, hasta ese entonces, para decretar la interdicción de una persona con discapacidad mental, ni tampoco a la designación de curador del interdicto, por cuanto las interdicciones se siguieron tramitando como juicio ordinario de lato conocimiento. Producto de lo anterior, surgió la necesidad de legislar en la materia, dando lugar a la Ley N° 19.954 que modificó la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de las personas con discapacidad mental, motivo de análisis de este artículo. ducta habitual del supuesto “demente”, pudiendo oír dictámenes de facultativos al efecto, lo que se traducía en un largo procedimiento judicial que se extendía por a lo menos dos años, en el que, además del tiempo invertido, la familia de la persona con discapacidad mental se veía obligada a incurrir en numerosos gastos y esfuerzos con tal de regularizar la situación de su pariente afectado. Motivados por esta problemática, los senadores Silva, Ávila, Bombal, Parra y Viera Gallo, con fecha 12 de junio del año 2002, plantean una moción parlamentaria a fin de modificar la Ley N° 18.600, en lo relativo a la interdicción de las personas con discapacidad mental. Su propuesta inicial consistía en “que con el sólo mérito de la declaración y certificación de la discapacidad mental, de conformidad a las normas del Título II de la Ley Nº 19.284 (15), se considerará a la persona con discapacidad mental interdicto de administrar sus bienes, pasando a ejercer la curatela sus padres, y a falta o por impedimento de estos se autoriza a recurrir al juez, en un procedimiento no contencioso, sólo para los efectos del nombramiento de curador y no para la declaración judicial de “demencia”” (16). Dicha moción, al ser sometida al informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del del Senado, es modificada, incluyendo la intervención judicial, en el marco de un (9) Promulgada el 22 de mayo de 2001. (10) Curaduría que sería ejercida por las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que tuvieran a su cargo a una persona con discapacidad mental, sólo en tanto les fuera nombrado un guardador permanente. (11) Establece que tanto la constatación, calificación, evaluación y declaración de la condición de persona con discapacidad, corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a las otras instituciones públicas o privadas, reconocidas para dichos efectos por el Ministerio de Salud. Así mismo, corresponderá sólo a las COMPIN la certificación de la discapacidad. Facultando además a las personas cuya discapacidad se haya certificado a inscribir o ser inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. (12) Promulgada el 30de febrero de 2010. (13) Reglas especiales relativas a la curaduría del demente. (14) Todo ello, sólo respecto de las personas discapacitadas mayores de edad, dado que los menores de edad por encontrarse sometidos a la patria potestad y cuidado personal de sus padres, no se veían afectados por ésta situación. (15) Norma modificada posteriormente por la Ley N° 20.422, la que regula actualmente la materia. (16) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http:// www.bcn.cl. Pág. 6. Pá giná 2
BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS procedimiento voluntario. Así el informe de la Comisión consignó: “Al efecto, sugirió contemplar la intervención de un juez, que pueda apreciar que efectivamente la persona se encuentra en condiciones de ser interdicta, pero sin que medie juicio ordinario, si existe ya la calificación administrativa de la discapacidad. Bastaría que se proceda mediante un acto no contencioso, en el que el juez cite a su presencia a la persona discapacitada y falle declarando la interdicción y nombrando curador al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado cuando la falta de ejercicio de la razón sea manifiesta. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, deferiría la curaduría a ambos. El juez procedería con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado” (17). Finalmente, al ser sometida a votación en sala, incluyéndose en ella, las modificaciones señaladas por la Comisión, fue aprobada por unanimidad por el Senado. REQUISITOS Abril 2012 Una vez que el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, señaló en su informe que: “Los Diputados miembros de la Comisión estuvieron contestes en que la norma propuesta, si bien no soluciona en forma omnicomprensiva el tema de la discapacidad mental, al menos permite dar solución a un problema puntual que aqueja a un gran número de personas. Se estimó adecuado que la disposición contemple la intervención judicial pero en un procedimiento de carácter voluntario, que no implique un desgaste emocional y económico innecesario para la familia, ni obligue a los tribunales a resolver una confrontación ficticia entre partes, esto es, entre el discapacitado y los propios padres o, en su caso, los familiares directos, quienes ya efectuaron los trámites conducentes a la declaración de la discapacidad mental y ahora requieren la interdicción” (18). Es así como la moción es aprobada, nuevamente por unanimidad, convirtiéndose finalmente en ley de la República con fecha 14 de julio de 2004. ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954) La Ley N° 19.954 queda finalmente compuesta por un artículo único, el que reza de la siguiente manera: "Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 4º de la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales: Cuando la discapacidad mental de una persona se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su padre o madre podrá solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad, otorgada de conformidad al Título II de la ley Nº 19.284, y previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos. El juez procederá con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis. Se aplicará a la persona discapacitada interdicta lo que prevén los artículos 440 y 453 del Código Civil para la guarda del menor adulto y del disipador, respectivamente. La suma de dinero que se asigne al discapacitado para sus gastos personales podrá ser fijada prudencialmente por el mismo curador, de acuerdo con su grado de discapacidad. La persona interdicta podrá celebrar contratos de trabajo con la autorización del curador". A través de su establecimiento, se modifica radicalmente el procedimiento vigente para la obtención de la declaración de interdicción de una persona con discapacidad mental y la designación de su curador de bienes. Dentro de las principales innovaciones de este nuevo procedimiento, destacan las siguientes: 1. La discapacidad mental de la persona que se pretende declarar interdicta, debe encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad: Con esto la declaración del estado de discapacidad mental de una persona, situación que es por naturaleza materia de las ciencias médicas, sale de la sede judicial, quedando radicada en sede administrativa. (17) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http:// www.bcn.cl. Pág. 15. (18) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http:// www.bcn.cl. Pág. 33. Pá giná 3
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