Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Esta situación motivó la dictación de la Ley N° 19.735
(9) que modifica la Ley N° 18.600, estableciendo nuevas
normas sobre personas con discapacidad mental, la
que en lo sustancial reemplazó el término “deficientes
mentales” por el de “personas con discapacidad mental”,
a la vez que estableció una curaduría provisoria
que opera de pleno derecho en favor de las personas
con discapacidad mental (10) y, homologó y simplificó
el diagnóstico y certificación de la discapacidad mental
disponiendo la aplicación del procedimiento establecido
en el título II de la Ley Nº 19.284 (11), modificada
posteriormente, por la Ley N° 20.422 (12).
Previo a la dictación de la Ley N° 19.954, en
Chile, toda persona con discapacidad mental, debía someterse
a las reglas contenidas en los artículos 456 y
siguientes del Código Civil (13). De esta manera, los
familiares de la persona con discapacidad mental debían
iniciar una acción judicial contenciosa (procedimiento
ordinario de lato conocimiento) a fin de provocar el pronunciamiento
del juez en cuanto a la declaración de interdicción
de éste y a la designación de un curador para
la administración de sus bienes (14).
Dicho procedimiento se concretaba a través de una
“ficción jurídica”, en virtud de la cual el padre o madre
de la persona con discapacidad mental demandaba a su
hijo, debiendo notificarle la demanda, generando con
ello el periodo de discusión contemplado para el juicio
ordinario, forzando de esa manera a que la persona con
discapacidad mental debiese enfrentar el proceso, en
calidad de demandado, lo que conllevaba constituir patrocinio
y poder en favor de un abogado o asignarle uno
a objeto de que evacuara las etapas procesales pertinentes
o, como sucedía en la mayoría de los casos, los
propios padres, evacuaban en rebeldía de su hijo las
actuaciones que a éste le correspondían. A mayor abundamiento,
no sólo se exigían las ritualidades consagradas
para el periodo de discusión, sino que además el
juez incluso debía informarse de la vida anterior y con-
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
Abril 2012
Sin embargo, la modificación de las normas del ramo no
alcanzó al procedimiento judicial establecido, hasta ese
entonces, para decretar la interdicción de una persona
con discapacidad mental, ni tampoco a la designación de
curador del interdicto, por cuanto las interdicciones se
siguieron tramitando como juicio ordinario de lato conocimiento.
Producto de lo anterior, surgió la necesidad de
legislar en la materia, dando lugar a la Ley N° 19.954
que modificó la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento
de interdicción de las personas con discapacidad
mental, motivo de análisis de este artículo.
ducta habitual del supuesto “demente”, pudiendo oír
dictámenes de facultativos al efecto, lo que se traducía
en un largo procedimiento judicial que se extendía por a
lo menos dos años, en el que, además del tiempo invertido,
la familia de la persona con discapacidad mental se
veía obligada a incurrir en numerosos gastos y esfuerzos
con tal de regularizar la situación de su pariente afectado.
Motivados por esta problemática, los senadores Silva,
Ávila, Bombal, Parra y Viera Gallo, con fecha 12 de junio
del año 2002, plantean una moción parlamentaria a fin
de modificar la Ley N° 18.600, en lo relativo a la interdicción
de las personas con discapacidad mental. Su propuesta
inicial consistía en “que con el sólo mérito de la
declaración y certificación de la discapacidad mental, de
conformidad a las normas del Título II de la Ley Nº
19.284 (15), se considerará a la persona con discapacidad
mental interdicto de administrar sus bienes, pasando
a ejercer la curatela sus padres, y a falta o por impedimento
de estos se autoriza a recurrir al juez, en un
procedimiento no contencioso, sólo para los efectos del
nombramiento de curador y no para la declaración judicial
de “demencia”” (16). Dicha moción, al ser sometida
al informe de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del del Senado, es modificada,
incluyendo la intervención judicial, en el marco de un
(9) Promulgada el 22 de mayo de 2001.
(10) Curaduría que sería ejercida por las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que tuvieran a su cargo
a una persona con discapacidad mental, sólo en tanto les fuera nombrado un guardador permanente.
(11) Establece que tanto la constatación, calificación, evaluación y declaración de la condición de persona con discapacidad, corresponderá a las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a las otras instituciones públicas o privadas, reconocidas para dichos efectos por el Ministerio
de Salud. Así mismo, corresponderá sólo a las COMPIN la certificación de la discapacidad. Facultando además a las personas cuya discapacidad
se haya certificado a inscribir o ser inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad.
(12) Promulgada el 30de febrero de 2010.
(13) Reglas especiales relativas a la curaduría del demente.
(14) Todo ello, sólo respecto de las personas discapacitadas mayores de edad, dado que los menores de edad por encontrarse sometidos a la patria
potestad y cuidado personal de sus padres, no se veían afectados por ésta situación.
(15) Norma modificada posteriormente por la Ley N° 20.422, la que regula actualmente la materia.
(16) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http://
www.bcn.cl. Pág. 6.
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