Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
La Ley N°18.600 modificada por la Ley N°
19.954, establece un procedimiento especial para la
tramitación de las interdicciones en el caso de las personas
con discapacidad mental. Dicho procedimiento, tiene
el carácter de voluntario y se caracteriza por el hecho
de que los padres, o en caso de ausencia de éstos
los parientes más cercanos, de una persona con discapacidad
mental, mayor de edad, certificada por una Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez e inscrita en
el Registro Nacional de la Discapacidad, podrán solicitar
al juez que decrete la interdicción de éste, nombrando a
uno de ellos curador de sus bienes, simplificando de
esta forma el procedimiento.
El objetivo de esta modificación fue el hecho de proteger
a las personas con discapacidad mental frente a la
sobre exposición que significaba someterlos a un proceso
de lato conocimiento y, fundamentalmente, transparenta
el sistema judicial, toda vez que se evita incurrir
en ficciones jurídicas que no responden a las necesidades
y realidades actuales de los intervinientes.
El nuevo procedimiento de interdicción tiene como efecto
procesal inmediato la simplificación del proceso, reduciéndolo
a trámites específicos, desarrollados en un
procedimiento voluntario.
Sin embargo, no todos los tribunales adhieren al criterio
que establece la normativa. A modo de ejemplo, la exigencia
de probanzas no contempladas en la Ley, así
como las diferentes formas de tramitación según el tribunal
en que la solicitud recaiga, pueden conllevar a
una inseguridad jurídica, afectando directamente los
intereses de las personas con discapacidad, pues no
hacen más que trabar y demorar un proceso que se
creó con el fin de no dilatar.
Si bien es cierto que la nueva normativa rige desde hace
ya unos años, existen diferencias de criterios en lo
que a la aplicación de la norma se refiere. Desde esta
perspectiva, la laboral jurídica de los abogados puede
constituirse en un sustancial aporte en la medida que se
trabaje con una visión unificada del procedimiento aludido
y se insista en la aplicación de la norma estudiada
según lo dispone su modificación, haciendo uso de los
recursos procesales establecidos al efecto, lo que necesariamente
sentará jurisprudencia.
CONCLUSIONES
Abril 2012
En la misma línea, surge una situación que no ha sido
resuelta y que es necesario desarrollar. Se trata de la
forma correcta en que debe finalizarse el proceso de interdicción,
pues si bien es cierto que decretada la interdicción
y designado el curador, puede entenderse que
las etapas procesales ya han terminado. Sin embargo,
todavía hay discusión respecto de los trámites posteriores
a la declaración judicial de interdicción.
Por un lado, existe una fuerte corriente que plantea la
necesidad de aplicar las ritualidades del antiguo sistema
en cuanto a rendir fianza, practicar inventario, publicar
en diario de circulación nacional e inscribir en el Conservador
de Bienes Raíces, pues estos requerimientos fueron
establecidos para proteger al interdicto y a los terceros
respecto de los actos que éste realice, dando certeza
y seguridad jurídica. Por lo tanto, al no considerarse
contrarios al espíritu de la Ley, su cumplimiento podría
poner fin de manera correcta al proceso.
Para otros, estas solemnidades son excesivas, pues bastaría
sólo con la sentencia firme y ejecutoriada para el
término adecuado del proceso. Como mucho, podría requerirse
la inscripción de la misma en el Conservador de
Bienes Raíces a fin de proteger a los terceros, pues se
insiste que la Ley es clara y precisa en los trámites requeridos
y toda agregación, modificación o singularidad
exigidas, son contrarias a su espíritu.
Pá giná 10