Boletín de Estudios Abril 2012 - Corporación de Asistencia Judicial

Nº 7
INTRODUCCIÓN
BOLETÍN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
UNA MIRADA DESDE LA PRÁCTICA
A LA DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN
En Chile un 12,93% de las personas presenta
algún tipo de discapacidad en cualquiera de sus grados
(2.068.072 personas) (1). “En uno de cada tres hogares
hay a lo menos un miembro con discapacidad” (2).
Esta situación que puede parecer muchas veces ajena
se hace cada día más cotidiana, en efecto, la cifra de
personas aquejadas por una discapacidad ha aumentado
consecutivamente; y dados los avances médicos y
tecnológicos, su expectativa de vida también (3).
En virtud de ello, el legislador se vio impelido a fijar su
mirada en la materia y generar algunas fórmulas tendientes
a modificar la normativa vigente para responder
a las necesidades actuales de los ciudadanos que
se encuentran en esta situación. Específicamente, en
materia de discapacidad mental se consideraron soluciones
efectivas tanto para las personas con discapacidad
mental como para sus familias.
A principios de mayo del año 2001, la legislación aplicable
a personas con discapacidad mental estaba constituida
por la Ley Nº 18.600 (4) que establece normas
sobre “deficientes mentales”; la Ley Nº 19.284 (5)
que establece normas para la plena integración de personas
con discapacidad; el Decreto Supremo Nº 48
(6), que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley N° 18.600 y las normas relativas a los “dementes”,
consagradas en el Código Civil en los artículos 456 al
468 (7) y el artículo 1447 (8). Toda esta normativa,
en especial la contenida en la Ley N° 18.600, reconocía
la calidad especial de las personas que poseen algún
grado de discapacidad mental, designándolas, hasta
ese entonces, como “deficientes mentales”.
En este contexto, para que estas personas fueran de-
Contenido
Introducción 1-2
Antecedentes Generales 2-3
Alcances de la reforma Ley N°
18.600
Abril 2012
3-5
Ventajas de la reforma 5
Experiencia en la interpretación
y aplicación jurisprudencial de la
Ley N°18.600
La CAJ R.M. y su experiencia
práctica
5-6
6-8
Jurisprudencia 8-10
Conclusiones 10
Referencias y próximos números 11
Centros que atienden materias
civiles
claradas judicialmente interdictas y correlativamente se
les asignara un curador, eran sometidas a una serie de
engorrosos y contradictorios procedimientos administrativos
y ritualidades judiciales.
(1) SENADIS. Centro de documentación: Estadísticas [en línea] http://www.senadis.gob.cl/centro/estadisticas.php [consulta: 07 de febrero de 2012]
(2) SENADIS. Centro de documentación: Estadísticas [en línea] http://www.senadis.gob.cl/centro/estadisticas.php [consulta: 07 de febrero de 2012]
(3) Aumenta su promedio de vida de los 20 a los 50 años de edad.
(4) Promulgada el 30 de enero de 1987.
(5) Promulgada el 05 de enero de 1994.
(6) Decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 07 de mayo de 1993.
(7) Relativos a la curaduría del demente.
(8) Relativo a los actos y declaraciones de voluntad: estableciendo como incapaces absolutos a los dementes, impúberes y sordos o sordos mudos
que no pueden darse a entender claramente y, como incapaces relativos a los menores adultos y los interdictos por disipación.
12

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Esta situación motivó la dictación de la Ley N° 19.735
(9) que modifica la Ley N° 18.600, estableciendo nuevas
normas sobre personas con discapacidad mental, la
que en lo sustancial reemplazó el término “deficientes
mentales” por el de “personas con discapacidad mental”,
a la vez que estableció una curaduría provisoria
que opera de pleno derecho en favor de las personas
con discapacidad mental (10) y, homologó y simplificó
el diagnóstico y certificación de la discapacidad mental
disponiendo la aplicación del procedimiento establecido
en el título II de la Ley Nº 19.284 (11), modificada
posteriormente, por la Ley N° 20.422 (12).
Previo a la dictación de la Ley N° 19.954, en
Chile, toda persona con discapacidad mental, debía someterse
a las reglas contenidas en los artículos 456 y
siguientes del Código Civil (13). De esta manera, los
familiares de la persona con discapacidad mental debían
iniciar una acción judicial contenciosa (procedimiento
ordinario de lato conocimiento) a fin de provocar el pronunciamiento
del juez en cuanto a la declaración de interdicción
de éste y a la designación de un curador para
la administración de sus bienes (14).
Dicho procedimiento se concretaba a través de una
“ficción jurídica”, en virtud de la cual el padre o madre
de la persona con discapacidad mental demandaba a su
hijo, debiendo notificarle la demanda, generando con
ello el periodo de discusión contemplado para el juicio
ordinario, forzando de esa manera a que la persona con
discapacidad mental debiese enfrentar el proceso, en
calidad de demandado, lo que conllevaba constituir patrocinio
y poder en favor de un abogado o asignarle uno
a objeto de que evacuara las etapas procesales pertinentes
o, como sucedía en la mayoría de los casos, los
propios padres, evacuaban en rebeldía de su hijo las
actuaciones que a éste le correspondían. A mayor abundamiento,
no sólo se exigían las ritualidades consagradas
para el periodo de discusión, sino que además el
juez incluso debía informarse de la vida anterior y con-
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
Abril 2012
Sin embargo, la modificación de las normas del ramo no
alcanzó al procedimiento judicial establecido, hasta ese
entonces, para decretar la interdicción de una persona
con discapacidad mental, ni tampoco a la designación de
curador del interdicto, por cuanto las interdicciones se
siguieron tramitando como juicio ordinario de lato conocimiento.
Producto de lo anterior, surgió la necesidad de
legislar en la materia, dando lugar a la Ley N° 19.954
que modificó la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento
de interdicción de las personas con discapacidad
mental, motivo de análisis de este artículo.
ducta habitual del supuesto “demente”, pudiendo oír
dictámenes de facultativos al efecto, lo que se traducía
en un largo procedimiento judicial que se extendía por a
lo menos dos años, en el que, además del tiempo invertido,
la familia de la persona con discapacidad mental se
veía obligada a incurrir en numerosos gastos y esfuerzos
con tal de regularizar la situación de su pariente afectado.
Motivados por esta problemática, los senadores Silva,
Ávila, Bombal, Parra y Viera Gallo, con fecha 12 de junio
del año 2002, plantean una moción parlamentaria a fin
de modificar la Ley N° 18.600, en lo relativo a la interdicción
de las personas con discapacidad mental. Su propuesta
inicial consistía en “que con el sólo mérito de la
declaración y certificación de la discapacidad mental, de
conformidad a las normas del Título II de la Ley Nº
19.284 (15), se considerará a la persona con discapacidad
mental interdicto de administrar sus bienes, pasando
a ejercer la curatela sus padres, y a falta o por impedimento
de estos se autoriza a recurrir al juez, en un
procedimiento no contencioso, sólo para los efectos del
nombramiento de curador y no para la declaración judicial
de “demencia”” (16). Dicha moción, al ser sometida
al informe de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del del Senado, es modificada,
incluyendo la intervención judicial, en el marco de un
(9) Promulgada el 22 de mayo de 2001.
(10) Curaduría que sería ejercida por las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que tuvieran a su cargo
a una persona con discapacidad mental, sólo en tanto les fuera nombrado un guardador permanente.
(11) Establece que tanto la constatación, calificación, evaluación y declaración de la condición de persona con discapacidad, corresponderá a las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a las otras instituciones públicas o privadas, reconocidas para dichos efectos por el Ministerio
de Salud. Así mismo, corresponderá sólo a las COMPIN la certificación de la discapacidad. Facultando además a las personas cuya discapacidad
se haya certificado a inscribir o ser inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad.
(12) Promulgada el 30de febrero de 2010.
(13) Reglas especiales relativas a la curaduría del demente.
(14) Todo ello, sólo respecto de las personas discapacitadas mayores de edad, dado que los menores de edad por encontrarse sometidos a la patria
potestad y cuidado personal de sus padres, no se veían afectados por ésta situación.
(15) Norma modificada posteriormente por la Ley N° 20.422, la que regula actualmente la materia.
(16) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http://
www.bcn.cl. Pág. 6.
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procedimiento voluntario. Así el informe de la Comisión
consignó:
“Al efecto, sugirió contemplar la intervención de un
juez, que pueda apreciar que efectivamente la persona
se encuentra en condiciones de ser interdicta, pero sin
que medie juicio ordinario, si existe ya la calificación
administrativa de la discapacidad. Bastaría que se proceda
mediante un acto no contencioso, en el que el juez
cite a su presencia a la persona discapacitada y falle
declarando la interdicción y nombrando curador al padre
o madre que la tuviera bajo su cuidado cuando la falta
de ejercicio de la razón sea manifiesta. Si el cuidado
permanente lo ejercen los padres de consuno, deferiría
la curaduría a ambos. El juez procedería con conocimiento
y previa citación personal y audiencia del discapacitado”
(17). Finalmente, al ser sometida a votación
en sala, incluyéndose en ella, las modificaciones señaladas
por la Comisión, fue aprobada por unanimidad por
el Senado.
REQUISITOS
Abril 2012
Una vez que el proyecto pasa a la Cámara de Diputados,
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
de la Cámara, señaló en su informe que:
“Los Diputados miembros de la Comisión estuvieron contestes
en que la norma propuesta, si bien no soluciona
en forma omnicomprensiva el tema de la discapacidad
mental, al menos permite dar solución a un problema
puntual que aqueja a un gran número de personas. Se
estimó adecuado que la disposición contemple la intervención
judicial pero en un procedimiento de carácter
voluntario, que no implique un desgaste emocional y
económico innecesario para la familia, ni obligue a los
tribunales a resolver una confrontación ficticia entre partes,
esto es, entre el discapacitado y los propios padres
o, en su caso, los familiares directos, quienes ya efectuaron
los trámites conducentes a la declaración de la
discapacidad mental y ahora requieren la interdicción”
(18). Es así como la moción es aprobada, nuevamente
por unanimidad, convirtiéndose finalmente en ley
de la República con fecha 14 de julio de 2004.
ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO
AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954)
La Ley N° 19.954 queda finalmente compuesta
por un artículo único, el que reza de la siguiente manera:
"Artículo único: Agréguese el siguiente inciso segundo,
nuevo, al artículo 4º de la ley Nº 18.600, sobre deficientes
mentales:
Cuando la discapacidad mental de una persona se haya
inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su
padre o madre podrá solicitar al juez que, con el mérito
de la certificación vigente de la discapacidad, otorgada
de conformidad al Título II de la ley Nº 19.284, y previa
audiencia de la persona con discapacidad, decrete la
interdicción definitiva por demencia y nombre curador
definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado
permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los
padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos.
El juez procederá con conocimiento y previa citación
personal y audiencia del discapacitado. En caso de ausencia
o impedimento de los padres, los parientes más
cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 18 bis. Se aplicará a la
persona discapacitada interdicta lo que prevén los artículos
440 y 453 del Código Civil para la guarda del menor
adulto y del disipador, respectivamente. La suma de
dinero que se asigne al discapacitado para sus gastos
personales podrá ser fijada prudencialmente por el mismo
curador, de acuerdo con su grado de discapacidad.
La persona interdicta podrá celebrar contratos de trabajo
con la autorización del curador".
A través de su establecimiento, se modifica radicalmente
el procedimiento vigente para la obtención de la declaración
de interdicción de una persona con discapacidad
mental y la designación de su curador de bienes. Dentro
de las principales innovaciones de este nuevo procedimiento,
destacan las siguientes:
1. La discapacidad mental de la persona que
se pretende declarar interdicta, debe encontrarse
inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad:
Con esto la declaración del estado de discapacidad
mental de una persona, situación que es por
naturaleza materia de las ciencias médicas, sale de la
sede judicial, quedando radicada en sede administrativa.
(17) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http://
www.bcn.cl. Pág. 15.
(18) Historia de la N° 19.954. Modifica la Ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. http://
www.bcn.cl. Pág. 33.
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BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Dado que es requisito indispensable para inscribir la
discapacidad en el registro correspondiente, que ésta
haya sido certificada por una de las Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN), el objeto del
juicio no es la acreditación de la discapacidad mental,
toda vez que el único organismo facultado para certificar
este hecho es la COMPIN. De ello se desprende que
el primer requisito para solicitar la declaración de interdicción
al alero del nuevo procedimiento, es que la discapacidad
mental invocada haya sido certificada por
algunas de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez,
por lo que previo a iniciar las acciones judiciales
pertinentes, los familiares de la persona con discapacidad
mental deberán haber realizado todas las gestiones
tendientes a obtener tal certificación, pudiendo acreditarse
en juicio a través de la resolución, de carácter administrativo,
que emite cada Comisión. Además, dicha
certificación debe encontrarse inscrita en el Registro
Nacional de la Discapacidad, esto implica que, una vez
certificada la discapacidad, los familiares de la persona
con discapacidad mental deben concurrir a inscribir la
certificación en el registro generado al efecto, cuestión
que podrá acreditarse, acompañando el certificado de
discapacidad que emite el Servicio de Registro Civil e
Identificación, con posterioridad a la inscripción y acompañando
un duplicado de la credencial de discapacidad
que otorga el mismo Servicio.
2. Se faculta al padre o madre de la persona con
discapacidad mental a solicitar en un procedimiento
voluntario la declaración de interdicción y
designación de curador: A través de ésta modificación,
el procedimiento se transforma de ordinario a voluntario,
evitando con ello dilaciones innecesarias, respondiendo
la norma a una necesidad social, que transparenta
el procedimiento judicial y además permite el
ahorro de recursos estatales y particulares, dado que la
declaración de interdicción deber ser solicitada por los
padres de la persona con discapacidad mental al juez,
en caso de ausencia de estos, por los parientes más
cercanos. Esto trae aparejado la obligación de acreditar
el parentesco.
3. El juez falla con el mérito de la certificación de
discapacidad con su correlativa inscripción en el
Registro Nacional de la Discapacidad y previa audiencia
de la persona con discapacidad: El procedimiento,
que ahora tiene el carácter de voluntario, se
limita a motivar el pronunciamiento del juez en cuanto a
la interdicción de una persona que ya se encuentra declarada
como persona con discapacidad mental por el
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ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO
AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954)
organismo competente. En virtud de lo anterior, los magistrados
constatando el hecho de la inscripción y certificación
de la discapacidad, conocerán personalmente de
la situación de la persona con discapacidad mental y con
el sólo mérito de la audiencia, emitirán su pronunciamiento.
Se reduce de esta manera sustancialmente el
proceso, pues ha existido una serie de evaluaciones administrativas
previas en las que ya se han analizado las
condiciones médicas de la persona con discapacidad
mental, debiendo el juez corroborar por sus propios medios
la situación que se le expone, adoptando las medidas
necesarias a fin de que se decrete la interdicción y
se designe al curador que administrará los bienes del
interdicto. Desde esta perspectiva, el juez deberá proveer
el medio más idóneo para entrevistarse con la persona
con discapacidad mental.
4. En caso de ausencia o impedimento de los padres,
los parientes más cercanos podrán proceder
de igual forma: Esta disposición, viene a subsanar un
vacío legal, toda vez que existen múltiples casos en que
las personas con discapacidad mental se encuentran al
cuidado de parientes distintos de su padre o madre, ya
sea porque éstos fallecieron, los abandonaron u otras
causas personales. Lo importante, es que regula una
situación de hecho, dándole una solución concreta, pues
en caso de dicha ausencia, los parientes cercanos podrán
recurrir a la justicia para regular la situación de la
persona con discapacidad mental.
5. Permite aplicar a la persona con discapacidad
mental interdicta, los beneficios contemplados en
los artículos 440 y 453 del Código Civil: Los artículos
a los que la ley hace referencia, dicen relación con la
posibilidad de que el curador confíe al interdicto la administración
de alguna parte de sus bienes, conservando
además la posibilidad de disponer de una suma de dinero
para solventar sus gastos personales, disponiendo
libremente de ellos y conjuntamente se establece la facultad
para la persona interdicta de celebrar contratos
de trabajo.
6. Mayoría de edad de la persona con discapacidad
mental: Un requisito para solicitar la declaración de interdicción
que no se encuentra expresado en la norma,
pero que se subentiende, es que la persona con discapacidad
mental debe ser mayor de edad, lo cual puede
acreditarse con el certificado de nacimiento correspondiente.
Esto, porque en el caso de los menores de edad
la situación relativa a su cuidado personal se encuentra
regulada en normas especiales.
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BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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ALCANCE DE LA REFORMA A LA LEY N° 18.600, EN LO RELATIVO
AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN (LEY N°19.954)
Sin embargo, cuando se trata de una persona con discapacidad
mental que ha alcanzado la mayoría de edad,
nos encontramos ante la norma general que establece
la plena validez de sus actos, siendo necesario la intervención
judicial, a través del procedimiento de interdicción,
para que los actos de dicha persona sean posteriormente
declarados nulos por un tribunal.
La modificación introducida significa un avance
en los siguientes ámbitos:
Desde el punto de vista procesal: se exime a la persona
con discapacidad mental y su grupo familiar de ser
parte de largos y engorrosos procedimientos que no
guardan relación con la realidad, resolviendo una situación
que los aqueja directamente y que perjudica fundamentalmente
a la persona con discapacidad mental.
Desde el punto de vista humano: se le otorgan al
interdicto ciertas facultades, que permiten su desarrollo
y tienden a una posible recuperación e inserción dentro
del contexto social.
Sin perjuicio de los avances, existen desafíos pendientes
en el área del ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad mental, las que posiblemente serán
materia de nuevas modificaciones, toda vez que la
Ley N°19.954 establece una regulación únicamente procesal,
que si bien subsana un vicio que ponía en desmedro
a las personas con discapacidad mental y a sus fa-
VENTAJAS DE LA REFORMA
Esta situación adquiere especial relevancia, cuando consideramos
que a lo menos el 60% de los casos judiciales
de interdicción, dicen relación con personas con discapacidad
mental mayores de edad que, de otro lado, no son
necesariamente adultos mayores. Consecuentemente, se
trata de una situación cotidiana y actual, que trasciende
el fenómeno demográfico de envejecimiento poblacional.
milias, abarca una parte menor de la visión global que
se requiere tener en consideración para la plena inclusión
de las personas con discapacidad y su desarrollo
integral.
“En este sentido, la articulación consensuada de las distintas
dimensiones sociales de la temática a lo largo de
nuestra historia ha devenido en una contemporaneidad
compleja y enriquecida en técnica y progreso en ciertas
áreas. Así, el establecimiento de nuevas prácticas institucionales
y comunitarias, constituyen un hito urgente y
dinámico de unánime valoración, puesto que otorgan la
posibilidad de una nueva construcción del sujeto social
en el cual se focaliza la acción, una nueva visión acerca
del bienestar de las personas y la correspondiente estabilidad
de la interacción frente a los problemas, necesidades,
recursos y sistemas de apoyo” (…) “Hoy junto
con buscar los accesos justos y oportunos se releva un
enfoque que promueve la autonomía de las personas con
discapacidad, sus derechos y la inclusión social. En definitiva,
centrarse en la condición sustantiva del ser persona,
antes que en su condición adjetiva de presentar
alguna discapacidad” (19).
EXPERIENCIA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
JURISPRUDENCIAL DE LA LEY N°18.600
A pesar de que la modificación de la Ley N°
18.600 rige desde el mes de julio del año 2004, su aplicación
e interpretación por parte de los Juzgados Civiles
no ha sido uniforme. A la fecha, nos encontramos todavía
con algunos jueces que se niegan a tramitar las interdicciones
como una gestión civil voluntaria, calificándola
derechamente como un procedimiento de carácter
contencioso. Otros, permiten la tramitación voluntaria,
pero le incorporan diversas etapas que no están contempladas
en la modificación de la Ley. Consecuencia de lo
anterior, la realidad da cuenta de una mixtura entre el
antiguo y el nuevo procedimiento.
Desde esta perspectiva, se encuentran algunos ejemplos
de la mixtura antes señalada, en las siguientes singularidades
de los procedimientos de interdicción:
(19) SENADIS. Centro de documentación: Estudios: Discapacidad en Chile: Pasos hacía un modelo integral del funcionamiento humano. Capítulo:
Apoyo social y calidad de vida. Págs. 9 y 10. [en línea] http://www.senadis.gob.cl/centro/estudios_discChile.php [consulta: 15 de marzo de 2012]
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EXPERIENCIA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
JURISPRUDENCIAL DE LA LEY N°18.600
1. Se interpone solicitud de declaración de interdicción,
bajo procedimiento voluntario. El juez civil tiene por
interpuesta la solicitud, dispone la celebración de audiencia,
pero ordena la notificación personal de la demanda
a la persona con discapacidad mental, por medio
de receptor judicial, otorgando traslado.
2. Se interpone solicitud de declaración de interdicción,
bajo procedimiento voluntario. El juez civil tiene por
interpuesta la solicitud, dispone la celebración de audiencia,
se acompañan todos los documentos fundantes
y realizadas las solemnidades contempladas en la Ley
N°18.600, el juez civil requiere de informe del defensor
público y además información sumaria de testigos, los
cuales deben ser notificados por medio de tres avisos
publicados en diarios de circulación nacional.
Una de las posibles causas de la diversidad de interpretaciones
jurisprudenciales, puede explicarse por el traslado
temporal de la competencia sobre la materia que
tuvieron las interdicciones desde la judicatura civil hacia
la judicatura de familia. Es preciso recordar que desde
el año 2004 hasta el año 2008 las interdicciones fueron
competencia de los Tribunales de Familia. En dicha judicatura,
la Ley N°18.600 se aplicaba tal y como fue redactada,
representando el espíritu de la norma. Una vez
Abril 2012
que se produce el retorno de las interdicciones a la judicatura
civil, se produce una dicotomía para estos tribunales,
toda vez que ellos seguían tramitando sus interdicciones
bajo el procedimiento ordinario.
Otra de las causas probables, relacionada directamente
con la anterior, se refiere al hecho de que retornando la
competencia de las interdicciones a la judicatura civil,
algunos jueces del ramo consideran que la modificación
de la Ley N°18.600 tenía su fundamento en la oralidad,
inmediación y concentración del proceso al que temporalmente
pertenecieron (judicatura de familia), sin guardar
relación con la ritualidad de los procedimientos civiles,
por ello siguieron aplicando el procedimiento ordinario,
pues consideraban que el procedimiento voluntario
no correspondía con la realidad de sus juzgados.
Por último, muchos magistrados civiles son de la opinión
que la modificación introducida no impide que se exijan
las probanzas relativas a determinar la idoneidad del
curador, en especial cuando se refiere a parientes distintos
del padre y/o madre, ni los requisitos de publicidad
establecidos al finalizar el procedimiento para la protección
de los derechos de terceros, por ello siguen exigiendo
la realización de diligencias distintas de las consideradas
en la modificación de la Ley N°18.600.
LA CAJ R.M. Y SU EXPERIENCIA PRÁCTICA
Nuestra institución tiene vasta experiencia en
la tramitación de procesos de interdicción dentro de la
jurisdicción de los Tribunales Civiles correspondientes a
las Regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo
O’Higgins, del Maule y de Magallanes. Para efectos del
presente artículo, se ha considerado analizar una de las
jurisdicciones enunciadas y observar su comportamiento.
Se han escogido 30 causas tramitadas durante el año
2011, una por cada Tribunal de la jurisdicción correspondiente
a los Juzgados Civiles de Santiago. De la información
obtenida es posible concluir lo siguiente:
1. Sólo once de los treinta tribunales analizados resuelve
las solicitudes de interdicción con el sólo mérito de la
certificación e inscripción de la discapacidad y la entrevista
a la persona con discapacidad mental, según dispone
el artículo 4° de la Ley N°18.600. Esto necesariamente
implica un avance valioso en la materia, ya que a
fines del año 2010 la práctica en el área se hacía muy
compleja, toda vez que los Juzgados Civiles eran reacios
a aceptar la tramitación de interdicciones bajo un procedimiento
voluntario. Sin perjuicio de ello, no extingue la
inseguridad jurídica que se produce al presentar una
solicitud de interdicción ante la judicatura civil, pues dependiendo
del Tribunal en que recaiga obedecerá la rapidez
o lentitud del procedimiento y los trámites requeridos
para un buen término del proceso.
2. Existen aún dos tribunales que consideran que las
interdicciones son contenciosas, por lo tanto no dan lugar
a la solicitud de interdicción y ordenan proceder
“como en derecho corresponde”. Situación que se aleja
considerablemente del espíritu de la Ley y del principio
rector que contempla la primacía de la ley especial por
sobre la ley general.
3. Existen trece tribunales que además de proceder
según dispone el artículo 4 de la Ley N°18.600, exige
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LA CAJ R.M. Y SU EXPERIENCIA PRÁCTICA
para fallar el informe del defensor público, a pesar de
no ser un trámite contemplado en la Ley. La exigencia
de informe del defensor público en los procesos de interdicción
es un trámite no contemplado en la modificación
de la Ley N°18.600, desde esa perspectiva no debería
requerirse si la solicitud cumple con los requisitos
legales. Sin embargo, existen posturas contradictorias
al respecto, toda vez que hay una corriente que considera
necesaria la exigencia de dicho informe cuando se
trate de solicitudes de interdicción interpuesta por parientes
distintos del padre y/o madre. En este sentido,
la práctica de dicha diligencia en las causas corporativas
es relativamente rápida, pues encontrándose el privilegio
de pobreza acompañado en la causa, se encarga la
gestión al defensor y éstos no toman más de dos semanas
en evacuar el informe. En caso de no estar acompañado
el respectivo privilegio, se deberá pagar un impuesto
de estampillas.
4. Existen tres tribunales que además de exigir lo dispuesto
en el artículo 4 de la Ley N°18.600, exigen el
informe del defensor público y una audiencia de parientes.
Con respecto a esta última gestión, existe una postura
que estima necesaria su práctica cuando la solicitud
de interdicción es interpuesta por parientes distintos del
padre y/o madre, en especial cuando existen varios parientes
del mismo grado, por ejemplo, varios hijos que
solicitan la interdicción del padre y/o madre. En las causas
corporativas, este requisito claramente produce un
efecto adverso al espíritu de la ley, toda vez que muchas
veces los Tribunales requieren la notificación de los
parientes por medio de avisos en diarios de circulación
nacional, lo que hace preciso una serie de ritualidades
para concretar la prueba solicitada, lo que retarda considerablemente
el desarrollo del proceso. Esta postura
sería eficaz para el caso de demandas de interdicción
interpuestas por parientes distintos al padre y/o madre,
requiriendo la declaración de parientes, sin previa notificación,
debiendo practicarse en la misma oportunidad
en que se realiza la audiencia con la persona con discapacidad
mental.
5. Existe un tribunal que acepta a tramitación la solicitud
de interdicción según dispone el artículo 4° de la
Ley N°18.600, pero que no da lugar a la audiencia con
la persona con discapacidad mental por encontrarlo innecesario,
ya que de la certificación y respectiva inscripción
de la discapacidad se desprende su condición de
persona con discapacidad mental, ello, a pesar que la
exención de la audiencia con la persona con discapacidad
mental constituye un vicio procesal, toda vez que
es un requisito legal. Al respecto, cabe señalar, que durante
el desarrollo de ésta investigación, el Tribunal ci-
Abril 2012
tado corrigió de oficio la resolución que eximía de la audiencia,
disponiendo día y hora para la celebración de la
misma.
Los datos expuestos quedan expresados en el siguiente
gráfico:
Análisis de procedimiento de interdicciones en los Juzgados Civiles
de Santiago
A continuación se mencionan algunas especificaciones
que no se encuentran representadas en el gráfico, por
ejemplo, ciertos tribunales solicitan la notificación personal
de la solicitud a la persona con discapacidad mental,
a fin de que comparezca a audiencia al quinto día hábil
posterior a la notificación o, en otros casos, cuando el
tribunal dispone la realización de audiencia de parientes,
se exige la notificación de éstos, a través de avisos en
un diario de circulación nacional. Estas singularidades
son contrarias al espíritu de la Ley, pues como se expuso
anteriormente, el fin principal perseguido con la modificación
de la misma, es justamente evitar la estigmatización
y dolor innecesarios de las personas con discapacidad
mental y la de sus familiares, los que se provocan
al exponerlos a un proceso ordinario, en la mayoría
de los casos ficticio y con gran tiempo de duración.
Frente a este desafío, la única forma para lograr unificar
el criterio de los Tribunales de Justicia es través de la
práctica judicial, siendo indispensable generar un criterio
unificado de tramitación.
En efecto, sin perjuicio de las diferencias expuestas, se
han generado una serie de fallos a nivel nacional que
fortalecen la postura de que la modificación de la Ley
guarda estricta relación con el reemplazo del procedimiento
ordinario por uno voluntario, plasmando en ellos
el espíritu de la misma, cual es tender a la celeridad y
pronta solución de una situación acreditada por el área
competente.
Pá giná 7

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
A continuación, se expondrán cuatro fallos recogidos
de diferentes jurisdicciones civiles, a través de
los cuales se pretende evidenciar cuatro situaciones
analizadas a lo largo del presente artículo. En primer
lugar se presentará un caso del Juzgado de Letras de
San Vicente en el que además de aplicar la Ley N°
18.600 íntegramente en lo relativo a la acreditación de
la discapacidad, se exige expresamente la acreditación
del parentesco. Posteriormente, se mostrará un fallo del
29° Juzgado Civil de Santiago, en el que se hace un
desglose de los requisitos ya estudiados. Luego, se exhibe
un fallo emitido por el 2° Juzgado de Letras de Talca
en el que se impone el cumplimiento de solemnidades
posteriores a la declaración de interdicción, tramitada
en procedimiento voluntario establecido en la Ley N°
18.600, requeridas con la finalidad de protección de terceros
frente a los actos del interdicto. Por último, veremos
un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
el que es decidor en cuanto a la aplicación del procedimiento
especial impuesto por la Ley N° 18.600.
Caso N° 1: Con fecha 18 de Noviembre de 2010 el Juzgado
de Letras de San Vicente, en caso de interdicción
sometido a su conocimiento según las reglas de la Ley
N° 18.600, señala: “Que según lo dispone el artículo 4°
de la ley 18.600, cuando la discapacidad mental de una
persona se haya inscrito en el registro nacional de discapacidad
de su padre, madre o parientes más cercanos,
podrán solicitar al juez la declaración de interdicción
definitiva por demencia y el nombramiento de un
curador, debiendo en tal caso, resolver el juez con conocimiento
y previa citación personal y audiencia del
discapacitado (Considerando cuarto) Que en el caso de
autos, se ha cumplido con todos los trámites previstos
en la ley citada, resultando establecida de la prueba
rendida por la demandante, la discapacidad mental que
padece su hijo (…) circunstancia que ha resultado acreditada
con el mérito del certificado de discapacidad
acompañado y de la resolución emana de la Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins.
Por otra parte, también ha resultado establecida
la relación parentesco (…) relación que habilita a la demandante
para efectuar la presente solicitud como para
ejercer su curaduría definitiva. (Considerando quinto)
Se declara: Que se acoge la solicitud interpuesta en lo
principal (…) y en consecuencia se decreta interdicción
definitiva” (20).
En consecuencia, se sigue el criterio contemplado en el
artículo 4° de la Ley N° 18.600, exigiéndose que además
de acreditar la discapacidad mental se acredite el
JURISPRUDENCIA
Abril 2012
parentesco, cuestión que resulta de toda lógica, ya que
el procedimiento está establecido en favor de la persona
con discapacidad mental y sus familiares. En lo relativo a
la discapacidad, al tribunal citado le parece suficiente
para acreditarla el certificado de discapacidad y la resolución
de la COMPIN, adoptando la postura que el legislador
quiso plasmar al promover la modificación.
Caso N° 2: Con fecha 20 de octubre de 2010 el 29° Juzgado
Civil de Santiago, en caso de interdicción en el que
la madre solicita se decrete la interdicción de su hijo,
amparada en lo dispuesto en el artículo 4° de le Ley N°
18.600 el tribunal falla acogiendo la demanda interpuesta,
declarando la interdicción de la persona con discapacidad
mental y otorgando la curaduría a su madre solicitante,
enunciando el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la ley: “Que, según consta del certificado
de nacimiento (…) el discapacitado (21) (…) es
mayor de edad, lo que hace procedente pronunciarse
sobre la solicitud de interdicción por demencia
(Considerando primero). Que, asimismo, consta del mismo
certificado de nacimiento, que la actora es madre del
demandado, con lo que en conformidad con el artículo
4° de la Ley 18.600, se encuentra legitimada para demandar
(Considerando segundo). Que con los documentos
acompañados (…) se acredita la discapacidad mental
(…) equivalente al 70% de su capacidad física y mental,
la que fue declarada por el órgano competente e inscrita
en el Registro Nacional de Discapacidad (Considerando
tercero). Que, con la inspección personal del tribunal, se
verificó la discapacidad mental (…) constatándose que
éste posee limitaciones físicas y mentales e carácter permanente,
que obstaculizan de manera definitiva su capacidad
para auto-determinarse y administrar sus bienes
(Considerando quinto)” (22).
En este fallo, nuevamente se sigue el criterio establecido
en Ley N° 18.600, guardando relación con el ánimo del
legislador, pronunciándose el Tribunal citado sobre la
acreditación de cada uno de los requisitos legales ya
consignados y descritos previamente en este artículo, los
que de presentarse copulativamente deberían motivar el
fallo favorable sin más trámite, tal y como se muestra
en el caso expuesto.
Caso N° 3: Otra situación particular que no está contemplada
en la norma, es lo que se refiere al término
formal del proceso, realizándose o no las solemnidades
requeridas por la ley en el procedimiento contencioso,
con el fin de proteger a los terceros respecto de los actos
que pueda realizar el interdicto. En ese sentido, con
fecha 19 de diciembre de 2011 el 2° Juzgado de Letras
(20) Juzgado de Letras de San Vicente. Rol C – 50120 – 2012. “Leiva con Cabezas”.
(21) Corresponde nombrar como “Personas con discapacidad mental”, según el nuevo paradigma que impone la Ley N°20.422 sobre la materia.
(22) 29° Juzgado Civil de Santiago. Rol V – 123 – 2010. “Serey”.
Pá giná 8

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
de Talca, acogiendo una solicitud de interdicción ventilada
al amparo de la Ley N°18.600 resuelve: “Que ha
lugar a la petición y se declara interdicto (…) y se le
designa curador definitivo respecto de sus bienes y su
persona a su madre (…) sirviendo esta resolución como
suficiente discernimiento. Se libera de la obligación de
fianza a la curadora, debiendo practicar inventario simple
sobre la existencia o no de bienes del interdicto en
una Notaría de la ciudad, bajo el amparo del privilegio
de pobreza. Háganse las publicaciones legales en el
Diario La Prensa o El centro de la región del Maule. Inscríbase
esta sentencia en el Registro de Interdicciones
del Conservador de Bienes Raíces de Talca, gozando
dicha inscripción del privilegio de pobreza”.
En este caso lo que resulta interesante relevar es el
hecho de que el tribunal, dispone una serie de ritualidades,
posteriores a la declaración de interdicción, que no
están contempladas en la ley citada. A este respecto,
cabe mencionar que no existe contradicción con el procedimiento
establecido en el artículo 4°, pues la modificación
legal tendía a reducir el procedimiento en cuanto
a la declaración de interdicción y el nombramiento de
curador, hecho lo anterior las ritualidades exigidas en
este caso, son requerimientos establecidos en favor de
terceros y del propio interdicto, en lo que dice relación
con la administración de sus bienes, por tanto al no estar
en oposición con la norma y rigiendo la ley general
en caso del silencio de la ley especial, es posible que los
tribunales sigan exigiendo estas formalidades, aun
cuando existe una corriente que lo considera innecesario
(23).
Caso N° 4: La Corte de Apelaciones de San Miguel, en
un fallo dictado con fecha 21 de noviembre de 2011,
revoca una resolución emanada del Tribunal a quo, en
la que no se daba lugar a la tramitación de una interdicción
según lo dispuesto en la Ley N° 18.600, el fallo es
decidor en la materia “1º Que para resolver la controversia
vertida en estos autos, es necesario determinar
si la Ley N° 18.600 que establece normas sobre deficientes
mentales, prima por sobre las normas generales
contenidas en el Código Civil y de Procedimiento Civil.
2º Que en este orden de ideas cabe tener presente que
la referida ley 18.600, fue publicada con fecha 19 de
Febrero de 1987, esto es, con posterioridad a la publicación
de los mencionados Códigos.
3º Que, en consecuencia la norma anteriormente cita-
JURISPRUDENCIA
Abril 2012
da, prevalece sobre las disposiciones de dichos cuerpos
legales, atendido lo dispuesto en el artículo 13, 22 y 24
del Código Civil, teniendo presente además el espíritu
que tuvo el legislador al momento de dictar la referida
ley, esto es, precisamente agilizar los trámites para la
declaración de interdicción por demencia y nombramiento
de un curador, cuando la persona respecto de la cual
se solicita dicha declaración, se encuentre previamente
inscrita en el Registro Nacional de Discapacitados (24).
4º Que lo expuesto precedentemente se encuentra en
plena armonía con lo dispuesto en la Convención de las
Naciones Unidas sobre Principios para la Protección de
Enfermos Mentales el mejoramiento de la Atención de la
Salud Mental, en cuanto a que el procedimiento señalado
en la Ley 18.600 contempla el desarrollo de un procedimiento
judicial, en el que el discapacitado (25)
cuenta con un representante legal que salvaguarde sus
intereses y además, tiene el derecho a ser oído en una
audiencia para tal efecto, lo que deja en evidencia la
garantía del debido proceso.
5º Que establecido lo anterior, es preciso determinar si
la demanda de fojas 5 cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 4º inciso segundo de la ley 18600.
6° Que del examen de los antecedentes que obran en
autos consta que doña Cercia del Carmen Verdejo Manríquez
se encuentra inscrita en el Registro Nacional de la
Discapacidad desde el día 21 de Julio del presente año,
presentando un grado de incapacidad mental de un
80%, según se aprecia del Certificado emitido por la
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez agregado a
Fojas 1.
Y atendido el mérito de los antecedentes y disposiciones
legales citadas, SE REVOCA la resolución apelada de
treinta de septiembre del año en curso, escrita a fojas 9
y siguientes, y en su lugar se declara que la señora Juez
a quo deberá continuar la tramitación de la presente
causa, conforme lo dispone el procedimiento establecido
en el artículo 4° de la Ley Nº 18.600, y dictará al efecto
las resoluciones que en derecho correspondan.”
El Tribunal de alzada confirma que el procedimiento aplicable
para los casos en que se solicite la interdicción es
el establecido en la Ley N° 18.600, en virtud de ello,
cumpliéndose con los requisitos contenidos en el artículo
4° de la norma en estudio, los jueces deben fallar según
se preceptúa en la misma norma (26).
(23) 2° Juzgado de Letras de Talca. Rol V – 232 – 2011. “González”.
(24) Para todos los efectos el nombre correspondiente es “Registro Nacional de la Discapacidad”, del Servicio de Registro Civil e Identificación.
(25) Corresponde nombrar como “Personas con discapacidad mental”, según el nuevo paradigma que impone la Ley N°20.422 sobre la materia.
(26) Corte de Apelaciones de San Miguel. Rol N° 1098-2011. “Cercia del Carmen Verdejo Manríquez”.
Pá giná 9

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
La Ley N°18.600 modificada por la Ley N°
19.954, establece un procedimiento especial para la
tramitación de las interdicciones en el caso de las personas
con discapacidad mental. Dicho procedimiento, tiene
el carácter de voluntario y se caracteriza por el hecho
de que los padres, o en caso de ausencia de éstos
los parientes más cercanos, de una persona con discapacidad
mental, mayor de edad, certificada por una Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez e inscrita en
el Registro Nacional de la Discapacidad, podrán solicitar
al juez que decrete la interdicción de éste, nombrando a
uno de ellos curador de sus bienes, simplificando de
esta forma el procedimiento.
El objetivo de esta modificación fue el hecho de proteger
a las personas con discapacidad mental frente a la
sobre exposición que significaba someterlos a un proceso
de lato conocimiento y, fundamentalmente, transparenta
el sistema judicial, toda vez que se evita incurrir
en ficciones jurídicas que no responden a las necesidades
y realidades actuales de los intervinientes.
El nuevo procedimiento de interdicción tiene como efecto
procesal inmediato la simplificación del proceso, reduciéndolo
a trámites específicos, desarrollados en un
procedimiento voluntario.
Sin embargo, no todos los tribunales adhieren al criterio
que establece la normativa. A modo de ejemplo, la exigencia
de probanzas no contempladas en la Ley, así
como las diferentes formas de tramitación según el tribunal
en que la solicitud recaiga, pueden conllevar a
una inseguridad jurídica, afectando directamente los
intereses de las personas con discapacidad, pues no
hacen más que trabar y demorar un proceso que se
creó con el fin de no dilatar.
Si bien es cierto que la nueva normativa rige desde hace
ya unos años, existen diferencias de criterios en lo
que a la aplicación de la norma se refiere. Desde esta
perspectiva, la laboral jurídica de los abogados puede
constituirse en un sustancial aporte en la medida que se
trabaje con una visión unificada del procedimiento aludido
y se insista en la aplicación de la norma estudiada
según lo dispone su modificación, haciendo uso de los
recursos procesales establecidos al efecto, lo que necesariamente
sentará jurisprudencia.
CONCLUSIONES
Abril 2012
En la misma línea, surge una situación que no ha sido
resuelta y que es necesario desarrollar. Se trata de la
forma correcta en que debe finalizarse el proceso de interdicción,
pues si bien es cierto que decretada la interdicción
y designado el curador, puede entenderse que
las etapas procesales ya han terminado. Sin embargo,
todavía hay discusión respecto de los trámites posteriores
a la declaración judicial de interdicción.
Por un lado, existe una fuerte corriente que plantea la
necesidad de aplicar las ritualidades del antiguo sistema
en cuanto a rendir fianza, practicar inventario, publicar
en diario de circulación nacional e inscribir en el Conservador
de Bienes Raíces, pues estos requerimientos fueron
establecidos para proteger al interdicto y a los terceros
respecto de los actos que éste realice, dando certeza
y seguridad jurídica. Por lo tanto, al no considerarse
contrarios al espíritu de la Ley, su cumplimiento podría
poner fin de manera correcta al proceso.
Para otros, estas solemnidades son excesivas, pues bastaría
sólo con la sentencia firme y ejecutoriada para el
término adecuado del proceso. Como mucho, podría requerirse
la inscripción de la misma en el Conservador de
Bienes Raíces a fin de proteger a los terceros, pues se
insiste que la Ley es clara y precisa en los trámites requeridos
y toda agregación, modificación o singularidad
exigidas, son contrarias a su espíritu.
Pá giná 10

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
- Historia de la Ley N°19.954 que modifica la ley N°
18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicciones
de los discapacitados mentales (27).
- Informe de la comisión de Constitución, Legislación y
justicia de la Cámara de Diputados, recaído en el proyecto
de ley que modifica la Ley N°18.600, en lo relativo
al procedimiento de interdicción de los discapacitados
mentales (28).
- Ley N°18.600 establece normas sobre deficientes
mentales (29).
- Ley N°19.735 modifica la ley N°18.600, estableciendo
REFERENCIAS
PRÓXIMOS NÚMEROS
Abril 2012
nuevas normas sobre los discapacitados mentales (30).
- Decreto Supremo N°48, del Ministerio del Trabajo y
previsión Social, aprueba el reglamento para la aplicación
de la Ley N°18. 600 sobre deficientes mentales
(31).
- Ley N°19.284 de integración social de las personas con
discapacidad.
- Ley N°20.422 establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
(27) Corresponde nombrar como “Personas con discapacidad mental”, según el nuevo paradigma que impone la Ley N°20.422 sobre la materia.
(28) Ídem.
(29) Ídem.
(30) Ídem.
(31) Ídem.
Pá giná 11

BOLETÍN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
CENTROS QUE ATIENDEN MATERIAS CIVILES
Región Metropolitana
Oficina Civil especializada de Santiago.
Abogádo Jefe: Má rcelá Gonzá lez Morágá.
Tele fono: 9371013-14-15
Direccio n: Agustinás N°1419, 2° piso, Sántiágo
Centro.
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 9:00 á
18:00 horas.
Oficina Civil especializada de San Miguel.
Abogádo Jefe: Jáime Retámál Torres.
Tele fono: 5224214 – 5249619
Direccio n: Primerá Avenidá N°1124, Sán Miguel.
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 9:00 á
18:00 horas.
Región del Libertador
Bernardo O’Higgins
Centro de Atención Pichilemu.
Abogádo Jefe: Abráhám Simo n Jury.
Tele fono: (72) 84 16 30.
Direccio n n: Mánuel Montt Nº 174, Pichilemu
Horário de átencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 horas
Centro de Atención Rancagua.
Abogádo Jefe: Rene Mun oz Sándovál.
Tele fono: (72) 23 03 94.
Direccio n n: Cuevás Nº 231, Ráncáguá.
Horário de átencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 horas
Centro de Atención Rengo.
Abogádo Jefe: Roberto Reyes Cerdá.
Tele fono: (72) 51 11 02.
Direccio n n: Democráciá Nº 91, Rengo.
Horário de átencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 horas.
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Horário de átencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
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Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 horas.
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Depártámento 101-A, Constitucio n.
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17:30 horas.
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Direccio n n: Mánuel Rodrí guez, S/N, Curepto
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 hrs.
Centro de Atención Curicó.
Abogádo Jefe: Pámelá Cátálá n Devlá hovic.
Tele fono: (75) 54 30 40.
Direccio n n: Cárrerá Nº 62, Curico
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:45 á
13:30 - 15:00 a 17:30 horas.
Abril 2012
Centro de Atención Licantén.
Abogádo Jefe: Yásná Alárco n Reyes.
Tele fono: (75) 46 05 27.
Direccio n: Láutáro Nº 463, Licánte n.
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
14:00 horas.
Centro de Atención Linares.
Abogádo Jefe: Káren Párrá Cárrásco.
Tele fono: (73) 21 04 98.
Direccio n: Edificio Bernárdo O´Higgins 2 piso sin
Nº. Lináres.
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:45 á
13:30 - 15:00 a 17:30 horas
Centro de Atención Molina.
Abogádo Jefe: Ví ctor Válenzuelá Silvá.
Tele fono: (75) 49 10 09.
Direccio n: Luis Cruz Má rtí nez Nº 1978, Moliná.
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 horas.
Centro de Atención Parral.
Abogádo Jefe: Ricárdo Almuná Párádá.
Tele fono: (73) 46 40 85
Direccio n: Páblo Nerudá 360, Párrál
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:30 á
17:30 horas.
Región de Magallanes
Centro de Atención Puerto Natales.
Abogádo Jefe: Márí á Jose Espinozá.
Tele fono: (61) 20 95 47.
Direccio n n: Váldiviá Nº 640, Puerto Nátáles
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:15 á
18:00 horas.
Centro de Atención Punta Arenas.
Director Zonál: Alejándro Donátti Otá rolá.
Tele fono: (61) 22 24 97
Direccio n n: Mágállánes Nº 809.
Horário Atencio n: Lunes á Viernes de 8:15 á
18:00 horas.