“LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS EN EL DERECHO DEL TRABAJO“

XXIII Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social sobre “La responsabilidad civil por daños en las relaciones
laborales”, en Girona, los días 16 y 17 de mayo de 2013.
PONENCIA GENERAL SOBRE:
“LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS EN EL
DERECHO DEL TRABAJO“
Ferran Camas Roda
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y Director de la Cátedra de
Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona
Girona, 1 de abril de 2013
1

ÍNDICE
PRESENTACIÓN: LOS NUEVOS ELEMENTOS CARDINALES EN LA
CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL MARCO LABORAL ........ 5
I. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y LA DELIMITACIÓN DE LOS SUJETOS
QUE LE SON VINCULADOS ................................................................................................... 10
II. LA ACTUACIÓN ILÍCITA MEDIANDO CULPA DEL SUJETO CAUSANTE COMO
ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL ....... 15
III. LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL MARCO CONTRACTUAL LABORAL Y SU
VALORACIÓN A EFECTOS INDEMNIZATORIOS .............................................................. 23
1. El principio de reparación integra del daño. ............................................................ 30
2. Cuantificación del daño: hacia la adopción de un Baremo derivado de Accidentes de
Trabajo. ................................................................................................................................. 37
1. La aplicación del baremo de accidentes de tránsito en el ámbito de la siniestralidad laboral por la
Jurisdicción social ............................................................................................................................. 43
2. Debate judicial sobre la actualización de la cantidad indemnizatoria: el devengo de intereses
moratorios. ........................................................................................................................................ 48
IV. LAS ESPECIALIDADES DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN
EL MARCO DE LA LESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES .................................... 51
V. CONCURRENCIA DE RESPONSABILIDADES Y supuestos de RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL .......................................................................................................... 60
1. Estado del régimen de responsabilidad solidaria en supuestos de concurrencia
empresarial. .......................................................................................................................... 63
2. Supuestos de responsabilidad civil de otros agentes ........................................................ 65
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 72
3

PRESENTACIÓN: LOS NUEVOS ELEMENTOS CARDINALES EN LA
CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL MARCO
LABORAL
En el marco de la doctrina civilista se habla de que a la responsabilidad civil no le
afecta ninguna crisis, al contrario, hay en todo el mundo una verdadera “explosión” de
este instituto, expresada en la cantidad de procesos judiciales, el ensanchamiento a
nuevos espacios, numerosas reformas legislativas o proyectos de ellas, y el creciente
interés doctrinal manifestado en una ingente cantidad de obras 1 , de lo cual sería un
ejemplo la celebración del XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de 2013, cuyo análisis de estudio es la responsabilidad civil por daños
en el marco de las relaciones laborales.
La adopción a principios del S. XX de la Ley de Accidentes de trabajo, que tenía
como objeto la regulación de la responsabilidad empresarial por daños derivados de
aquellas contingencias, se configuró como una prístina protección al trabajador cuya
perfección daría lugar en el futuro al sistema de cobertura objetivo de seguridad social.
La evolución tanto de la legislación como de la jurisprudencia en la aplicación de esta
normativa de responsabilidad empresarial y de seguridad social ante siniestros laborales
ha dotado a la exigencia de responsabilidad civil por daños de un carácter
principalmente laborales. La constatación de ello sería la importancia que esta
responsabilidad por daños ha adquirido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social,
en cuyo contenido aparece regulada de forma transversal, aunque con reglas específicas
en determinado ámbito de su objeto, como es la petición indemnizatoria ante la lesión
de derechos fundamentales.
Junto a ello, cabe apostar también por la mayor importancia que la responsabilidad
civil por daños en el ámbito laboral va a pasar a tener en función de las reformas de la
legislación de trabajo que se están emprendiendo durante estos años. Por una parte, la
parálisis en la regulación directa por la legislación laboral en el reconocimiento de
situaciones que pueden dar lugar a indemnización por daños ante incumplimiento
laborales, aunque sobre todo la reducción a la baja de las indemnizaciones previstas en
dicha normativa, puede dar lugar a una mayor involucración de las bases jurídicas
civilistas en la obtención de mayores cuotas de satisfacción resarcitoria para el
trabajador en el caso que este considere que el nivel mínimo ofrecido por la legislación
laboral le es insuficiente ante los daños personales que haya podido sufrir.
La exigencia de responsabilidad civil por daños en las relaciones laborales ha sido, y
aventuro continuará siendo tras la adopción de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social en 2011, una cuestión compleja en su aplicación.
1 ALBERTO J. BUERES: “El futuro de la responsabilidad civil: ¿Hacia dónde vamos?”, en AA.VV.
(coordinador: Mariano José Herrador Guardia; autores: Joaquín Ataz López.... [et al.].: Derecho de daños
/ Sepin, Las Rozas (Madrid): 2011, pp. 729 y ss.
5

Dicha complejidad ha sido una nota común en la propia evolución de la doctrina
judicial ante las reclamaciones de responsabilidad civil por daños derivados de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Un tema previo a la propia
configuración de la responsabilidad civil en el marco laboral fue la fijación del orden
jurisdiccional a quién correspondía su conocimiento, ya que pese a la producción de un
siniestro en el ámbito de las relaciones laborales, la doctrina judicial emanada de los
tribunales civiles ha venido justificando la asunción de la competencia para conocer las
demandas del trabajador en reclamación de la indemnización por los daños y perjuicios
derivados de un accidente de trabajo, fundamentadas en la posible culpa del empresario
al amparo de los arts. 1902 y 1903 del CC, ya que en virtud de dicha atribución al
Orden jurisdiccional civil se garantizaba, como al efecto manifestaba las
correspondientes sentencias judiciales, el principio de reparación integra del daño 2 .
Esta solución despojaba a la jurisdicción social del conocimiento de reclamaciones
de responsabilidad civil producidas en el marco de la siniestralidad laboral cuando el
propio art. 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral le atribuía la competencia para
juzgar todas aquellas cuestiones litigiosas que se promoviesen entre empresarios y
trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo. En este sentido, los Tribunales
sociales reaccionaron ante la doctrina emanada de la jurisdicción civil fijando
claramente que, si bien en nuestro derecho se admite de forma teórica la posibilidad de
ejercitar acumuladamente pretensiones indemnizatorias derivadas de culpa contractual
(art. 1101 en relación con el art. 1107 del Código Civil), y de la culpa extracontractual o
aquiliana (art. 1902 Cc.), en la normativa laboral, al estar en presencia de una deuda de
seguridad del patrono plasmada en los arts. 4.2.d), 19 LET y del art. 14 y ss. de la
LPRL, es difícil imaginar supuestos en los que el empresario, en una misma actuación,
viole el deber de garantía que entraña la culpa contractual y al mismo tiempo incurra en
supuestos de la extracontractual, incardinados en ese marco laboral 3 .
Consiguientemente, si el daño causado en un accidente de trabajo, cuando concurre
omisión por parte del empresario de las medidas de seguridad legalmente establecidas, y
por tanto deriva de un incumplimiento de las obligaciones que constituyen contenido
esencial del contrato de trabajo, la reclamación correspondiente está comprendida
dentro de la rama social del derecho, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1 y 2.a)
de la LPL, la competencia para su conocimiento se debe atribuir a la Jurisdicción social,
y en concreto, a los Juzgados de lo Social (doctrina, por cierto, asumida también por la
Sala 1ª del TS en su resolución de 10 de febrero de 1998 -Ar. 979-).
La nueva regulación deriva de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social (LJS) no solo ha consolidado esta perspectiva, sino que ha buscado
configurar un sistema integral en materia de responsabilidad civil por daños en el
ámbito de las relaciones laborales.
Para empezar, además de la tradicional asunción de la competencia al Orden Social
sobre los conflictos entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de
2 Véasse las STS (Sala de lo Civil) de 8 de octubre de 2001 (RJ 2001\7551); la STS (Civil) de 6 de
octubre de 2004 (A. 5987); la STS (Civil) de 4 de noviembre de 2004, y finalmente la STS (Sala de lo
Civil) de 31 de diciembre de 2004 (AS. 2004\367).
3 Véase la STS de 30 de septiembre de 1997 (A.S. 6853), asumida por la STS de 10 de diciembre de
1998 (Ar. 10501).
6

trabajo y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la
relación de trabajo, el art. 2.b) LJS, atribuye a aquél orden jurisdicción el conocimiento
de todas aquellas cuestiones litigiosas que se promuevan “en relación con las acciones
que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra
aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente
responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o
que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la
acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que
pudiera corresponder ante el orden competente”.
El precepto atribuye así a la Jurisdicción social el conocimiento de la
responsabilidad por los daños “que tengan su causa en accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales”, con un alcance así en materia de siniestralidad laboral que
podría adjetivarse como global. De hecho, en la Exposición de motivos de la LJS se
justifica dicha concentración en el orden jurisdiccional social en la dotación de una
cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral,
poniendo como ejemplo las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo,
por cuanto hasta la adopción de la LJS “obligaban a los afectados a acudir
necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y
tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social”.
Junto a ello, no solo el orden jurisdicción social se impone la atribución de la
responsabilidad por daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en el ámbito laboral, sino que también asume su conocimiento cuando por
incumplimiento por la Administraciones públicas de la normativa de prevención de
riesgos laborales se concreten siniestros para cualesquiera de sus empleados públicos;
así, el art. 2.e) de la LJS permite también a los funcionarios y personal estatutario
ejercer sus acciones ante el Orden jurisdiccional Social en materia de “reclamación de
responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación
funcionarial, estatutaria o laboral”. Se confirma así que los Tribunales sociales se erigen
así en los competentes, de forma previa y plena, en el conocimiento de la
responsabilidad por daños producidos en el marco de la siniestralidad laboral entendida
en sentido amplio: así, el Orden Social conocerá de forma previa los daños por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sin atender a que los sujetos estén
implicados directamente en la relación laboral o funcionarial, si bien en caso de asumir
el pago de las correspondientes indemnizaciones puedan ejercer acciones de repetición
o reclamación ante quién corresponda, y de forma plena por cuanto el conocimiento de
los órganos judiciales sociales lo es por cualquier siniestro, ya se produzca en el ámbito
privado o en el público.
En todo caso, el núcleo básico de esta configuración competencial de la Jurisdicción
social sobre la responsabilidad por daños producidos en el marco de la siniestralidad
laboral es trasladable a la responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones laborales
por cualesquiera daños y perjuicios. En este sentido, si bien el conocimiento de la
responsabilidad civil por siniestralidad laboral se ha adjetivado como global. La
regulación que la LJS hace de la atribución al Orden jurisdiccional social de la
responsabilidad por daños en el marco laboral, de perspectiva más general, no tiene la
vocación de universidad del anterior aunque si un carácter: si bien es cierto que no todo
daño derivado de una prestación de trabajo será conocida por los Tribunales sociales,
7

como ocurre en materia de siniestralidad laboral, si que la LJS busca que la
responsabilidad por daños en el marco de una relación laboral sea analizada
exclusivamente a su amparo.
Por una parte, debe tenerse en cuenta que en materia de tutela de Derechos
fundamentales, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, el Orden
jurisdiccional social conoce según el art. 2.e) LJS de la cuestiones litigiosas que se
promueven por su vulneración, “incluida en todos los supuestos de este apartado la
responsabilidad por daños”, lo que supone la atribución de la competencia a los órganos
judiciales del orden social de las reclamaciones en este ámbito “contra el empresario o
terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga
conexión directa con la prestación de servicios”, también frente a las actuaciones de las
Administraciones públicas en materia de libertad sindical y de derecho de huelga
referidas exclusivamente al personal laboral; o sobre las controversias entre dos o más
sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse
sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social.
Como se observa, la reclamación por responsabilidad por daños derivados por
vulneración de derechos fundamentales o acoso es puesta de forma general bajo el
paraguas de la LJS, ya sea realizada por el empresario o por un tercero vinculado con
éste, con la única condición de que “la actuación de éstos se produce en conexión
directa con la relación laboral”, como al efecto señala la Exposición de motivos de la
ley citada. De hecho, la LJS motiva dicha asunción de competencias en la evitación de
“la competencia residual que tradicionalmente ha venido asumiendo el orden
jurisdiccional civil respecto de litigios sobre daños en cuya intervención haya
intervenido alguna persona distinta del directo empresario o empleador”. El único
supuesto en que se excluye la actuación de la jurisdicción social ante daños derivados de
derechos fundamentales es cuando los sujetos afectados sean funcionarios públicos,
aunque sea en materia tan propia del ámbito laboral como son los derechos de libertad
sindical y de huelga.
En segundo lugar, y al margen de los daños derivados de la vulneración de derechos
fundamentales, la pretensión de la LJS de construir un sistema de responsabilidad por
daños en las relaciones laborales cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción social
se deriva también de la formulación general del propio art. 2.b) anteriormente visto, en
el que se atribuye a los órganos jurisdiccionales sociales de “las acciones que puedan
ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a
quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los
daños originados en el ámbito de la prestación de servicios”.
La justificación de este precepto se hace por la Exposición de motivos poniéndola
en relación con la atribución plena a los órganos jurisdiccionales sociales de los daños
por siniestralidad laboral, aunque también se expresa como justificación por la Ley de la
extensión de esta idea a cualesquiera otro daños por cuanto “con esta fórmula se
pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos
los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en
el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de
tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado”.
8

La LJS convierte a la Jurisdicción social en única 4 para enjuiciar conjuntamente a
todos los sujetos que hayan concurrido en la producción de un daño sufrido por el
trabajador en el marco o en conexión con la relación laboral, tanto aquél que se
produzca en el marco de la siniestralidad laboral, cuyo enjuiciamiento he calificado de
global, como también a cualesquiera otro daños producidos en el ámbito social, cuya
competencia para los órganos jurisdiccionales sociales es más bien integral,
excluyéndose de su conocimiento daños producidos en el marco de prestaciones de
servicios de funcionarios públicos en el ámbito de las Administraciones públicas, así
como las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como de las demás entidades, servicios y
organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con
ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con
ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en
la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de
responsabilidad (art. 3 LJS).
La asunción integral por los órganos judiciales del Orden social de la
responsabilidad por daños en el ámbito de las prestaciones de trabajo ha de llevar en
primer término a que la utilización del tipo de responsabilidad, contractual o
extracontractual, para la atribución de competencias a unas jurisdicciones u otras, deje
de ser apta con ese objetivo. La Jurisdicción social tiene la competencia para conocer de
responsabilidad civil extracontractual siempre que esta tenga una conexión con la propia
prestación de servicios laborales, de hecho esta perspectiva judicial puede llevar a
suponer una progresiva identidad entre responsabilidad civil contractual y
extracontractual, básicamente en aquellas situaciones en la práctica donde no está muy
clara la distinción entre otra: por ejemplo, los daños derivados de situaciones
precontractuales o postcontractuales (tratos preliminares a la contratación, contratos
nulos o ya resueltos), o en los casos en los que media una relación contractual entre las
partes y una de ellas sufre perjuicios pero existen dudas acerca de si los mismos derivan
específicamente del incumplimiento del contrato o no 5 .
Aunque en este trabajo se vaya a defender que el amparo en la responsabilidad
aquiliana o extracontractual en materia de derecho de daños en el ámbito laboral
resultaría residual, lo cierto es que aún reconociéndose ello no obstaría a su atribución a
la Jurisdicción social desde el momento en que se conectase la actuación lesiva del
tercero causante del daño tenga conexión directa con la prestación de servicios. En todo
caso, el establecimiento de un régimen único de responsabilidades, y derivado de ello, la
asunción por la Jurisdicción Social de reclamaciones ante sujetos no directamente
vinculados al trabajador víctima del daño pero si conectados con la prestación de
servicios de éste, debería evitar, como se ha vaticinado por la doctrina iuslaboralista 6 ,
4 ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT MONTFORT, G.; SALCEDO BELTRÁN, C.;
BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El impacto
de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales (actualizao con la Ley 36/2011, de 10 de octubre). Edita
UGT-PV, 2012, p.8.
5 SEMPERE NAVARRO, A.V.; CAROLINA SAN MARTÍN MAZZUCCONI: La indemnización
por daños y perjuicios en el contrato de trabajo. 2ª ed.: Aranzadi, 2011, Cizur Menor (Navarra) 2011, p.
50.
6 Ídem, pp. 54-55.
9

que para determinar si está ante un ilícito contractual o extracontractual se acaba
aplicando el régimen que el propio perjudicado o el órgano judicial consideran oportuno
en cada caso.
I. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y LA DELIMITACIÓN DE LOS
SUJETOS QUE LE SON VINCULADOS
Los sujetos básicos en materia de responsabilidad civil en el marco de la relación
individual de trabajo se conforman por la parte empresarial y la laboral, aunque la
asunción de la imputabilidad a cada una de ellos tiene limitaciones: así, el ámbito de la
reclamación de daños y perjuicios del empresario al trabajador en el desempeño de sus
servicios la doctrina iuslaboralista mantiene tres posiciones diversas respecto de los
incumplimientos de los trabajadores 7 : por un lado, la aplicación supletoria del art. 1101
CC sin matices y por tanto la plena exigencia de indemnización por los daños y
perjuicios derivados de aquellos incumplimientos, cuestión que choca con la presencia
como elemento configurador de la relación laboral la ajenidad del trabajador, y en
consecuencia el incumplimiento por este de sus deberes laborales deberían traducirse de
forma general en una responsabilidad disciplinaria, no indemnizatoria; por otro lado, se
puede considerar la aplicación supletoria del art. 1101 CC por incumplimientos del
trabajador únicamente en los supuestos en los que no quepa ejercitar el poder
disciplinario, cuestión que también se enfrenta al hecho de la especial relación de aquél
en el marco organizativo y directivo del empresario, de hecho esto podría hacer pensar
que dicha aplicación supletoria del CC solo podría ser posible en supuestos de daños del
trabajador sin conexión directa con la prestación de trabajo; en todo caso, la utilización
del CC para supuestos extra-disciplinarios en la relación laboral es difícil por cuanto la
LET regula de forma puntual algunos de aquellos supuestos, como por ejemplo, los
daños y perjuicios derivados del preaviso.
Como última tesis para la imputación de indemnización de daños y perjuicios al
trabajador en el marco de su relación laboral al amparo de la aplicación supletoria del
art. 1101 CC, se defiende esa posibilidad cuando el incumplimiento del trabajador
excede los márgenes de la imprudencia profesional, que vendría a constituir la tesis de
la STS de 14 de noviembre de 2007 8 . En esta resolución la inobservancia contractual del
trabajador se concreta en la falta de buen uso del medio de producción, por lo cual el
empresario solicita una indemnización por los daños derivados por dicha mala
utilización. En la fundamentación jurídica de las sentencia, el TS advierte de la
necesidad de matizar la aplicación estricta de los criterios tradicionales de
responsabilidad civil, admitiéndola únicamente si la culpa o negligencia en la conducta
del trabajador es “grave, cualificada o de entidad suficiente” , o con otras palabras “que
no todo error, fallo, u olvido del trabajador da lugar a la indemnización de los daños y
perjuicios que cause su actuar, lo que obliga a estar a las circunstancias de cada caso
para valorar el grado de desatención de las medidas y cuidados exigibles a todo
trabajador”. Esta tesis implica, por una parte, el reconocimiento de que pese a la
7 SEMPERE NAVARRO, A.V.; CAROLINA SAN MARTÍN MAZZUCCONI: La indemnización
por daños y perjuicios en el contrato de trabajo, op. cit., pp. 90-91. Véase también un estudio sobre esta
cuestión en ANA DE LA PUEBLA PINILLA: La responsabilidad civil del sindicato, La Ley, 2000.
8 STS RCUD: 14 noviembre de 2007: RJ 1002.
10

esponsabilidad laboral-disciplinaria del trabajador, es posible exigirle responsabilidad
civil por el mismo hecho que aquella, si bien con un grado de culpabilidad ciertamente
intensa, y no leve.
En sentido contrario, la reclamación de daños y perjuicios del trabajador al
empresario si implica la aplicación supletoria del art. 1101 CC sin matices cuando se
esté ante un supuesto de vacío normativo-laboral ante la conducta empresarial
incumplidora (así, por ejemplo, no se produciría dicha aplicación supletoria en materia
de despido o de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador al amparo
del art. 50 de la LET por estar ya prevista ya una reparación del trabajador en la propia
ley laboral)
Ahora bien, cabria distinguir entre los daños y perjuicios colaterales que derivan de
la propia conducta extintiva del empresario o del ilícito en el que se base el trabajador
para solicitar la finalización del contrato, de aquellos otros supuestos en los que podría
delimitarse el incumplimiento contractual que da lugar a la finalización del contrato
respecto de la efectiva presencia de daños y perjuicios, los cuales justificarían, per se,
una reclamación civil al margen del hecho extintivo en el que se enmarquen, como por
ejemplo ya ha sido visto por los tribunales en los supuestos de extinción del contracto
de trabajo por voluntad del trabajador por incumplimientos graves y culpables del
empresario en materia de prevención de riesgos laborales, de tal forma que dicha
negligencia empresarial haya desembocado en una enfermedad o accidente derivado del
trabajo.
La posibilidad de que el trabajador pueda acumular la indemnización tasada que
establece el art. 50.2 de la LET a la derivada de la responsabilidad civil contractual
amparada en el art. 1101 y ss. del CC. por los daños y perjuicios sufridos por el siniestro
laboral, ha sido abordado por varias sentencias del TS resolviendo el caso planteado
bajo un mismo enfoque argumental. En la STS de 11 de marzo de 2004 (A. 3401) se
conoce el caso de un trabajador que habiendo entablado demanda de extinción del
contrato de trabajo al amparo del art. 50.1 de la LET, siéndole reconocida la
indemnización derivada de este supuesto legal, acciona posteriormente reclamando al
amparo del art. 1101 CC una indemnización por los daños y perjuicios causados por la
persecución laboral que dio origen a la extinción, y que le ocasionó el reconocimiento
de una invalidez permanente. La sentencia deniega la acumulación de la indemnización
"civil" a la recibida por el trabajador en concepto de extinción del contrato de trabajo
por varias razones: en primer lugar, y como ya había resuelto en un caso parecido la
STS de 22 de enero de 1990 (A. 183), por cuanto las disposiciones del Código Civil
sólo se aplican como derecho supletorio, es decir cuando no exista norma específica que
regule la situación de que se trate, cosa que no ocurre en el conflicto planteado, ya que
el art. 50 de la LET establece la indemnización que corresponde; en segundo término,
por cuanto la indemnización derivada del art. 50.2 LET es de carácter tasado, sin
margen para que el Juez estime la cuantía de los daños y perjuicios, que se presumen ex
lege por el hecho de la propia resolución contractual por incumplimiento empresarial,
indemnizándose por la ruptura culpable del contrato y no por los perjuicios concretos
que ésta pueda causar.
En conclusión, resuelve el TS que una vez el trabajador ha optado por la vía que le
ofrece el art. 50 de la LET, «la misma ha de ser aplicada sin que sea lícito acudir a
preceptos correspondientes a otros sectores jurídicos para alargar indebidamente el
cauce indemnizatorio, sancionando el único comportamiento ilícito empresarial por dos
11

vías pertenecientes a diferentes ordenamientos jurídicos y cuya actuación aislada y
separada conduciría, contra toda lógica, a sancionar dos veces un mismo hecho de
incumplimiento». Se ha de recordar que en el voto particular de la sentencia
DESDENTADO BONETE se muestra contrario a la resolución final del caso, por
cuanto tiene diferente objeto la indemnización prevista en el art. 50.2 de la LET, y la
derivada del Código Civil. Según el magistrado discrepante, la indemnización
establecida en el precepto estatutario repara exclusivamente el daño producido por la
pérdida del empleo, derivada de la extinción del contrato de trabajo provocada por la
conducta ilícita del empleador, mientras que la indemnización amparada en la
responsabilidad civil del empleador no tiene por objeto reparar la pérdida del empleo,
sino los daños psíquicos y morales que la conducta empresarial ha provocado en el actor
aquejado de un proceso depresivo que ha determinado el reconocimiento de una
incapacidad permanente. Por esa razón, añade el magistrado, «son daños distintos que
han de ser objeto de reparación independiente, pues de lo contrario se está exonerando
al causante de la obligación de reparar las consecuencias de un acto ilícito que no han
sido compensadas por una indemnización que sólo cubre el daño derivado de la
extinción del contrato, como se advierte si se tiene en cuenta que aquella reparación
hubiera sido posible si el contrato no se hubiera extinguido».
En este punto, conviene traer a colación los trabajos realizados por el European
Group on Tort Law, que fructificaron en la aportación en el año 2005 de los Principios
de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil, que consta de treinta y seis artículos
con sus correspondientes comentarios, ocupando de entre ellos el carácter de
fundamental el art. 1:101 según el cual, “(1) La persona a quién se pueda imputar
jurídicamente el daño sufrido por otra persona está obligada a repararlo”, de donde
deriva, entre otras consecuencias, la necesidad que el daño deba ser compensado, razón
por la cual se comenta que los Principios de responsabilidad civil no pueden servir de
fundamento a los daños punitivos ni a otro tipo de indemnizaciones que no se hallan en
correspondencia con el daño sufrido por la víctima. Poniendo en relación dicho
principio con el previsto en el art. 10:101, donde se incluye la norma de que “la
indemnización también contribuye a la finalidad de prevenir el daño”, se ha de concluir
que la indemnización es un medio para restablecer a la víctima, cumpliendo ante todo la
finalidad de compensación aunque también contribuye a la de prevención 9 .
Esa finalidad preventiva a la que la indemnización resarcitoria tiende según los
principios habría sido asumida íntegramente en materia de responsabilidad civil en el
ámbito laboral, como al efecto se va a defender en este trabajo, principalmente en
relación el derecho de daños en el marco de la prevención de riesgos laborales y
también en materia de vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, la
reparación llevada a cabo ex lege, a través del art. 50 LET, tendría un efecto
compensador ante la extinción del contrato por incumplimiento del empresario que
cuando deriva de la existencia de daños a la salud del trabajador no asumiría esa
finalidad incentivadora a la evitación de la causación de los mismos daños con
9 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW: Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad
Civil. Texto y Comentario (Coordinada por MIQUEL MARTÍN CASALS), Thomson Aranzadi SA, Cizur
Menor, 2008, pp. 49-50 y 202; también en ALBERTO J. BUERES: “El futuro de la responsabilidad
civil: ¿Hacia dó nde vamos?”, op. cit., pp. 754-759.
12

posterioridad. La indemnización a obtener por el trabajador debe compensar el total
perjuicio sufrido por el trabajador, asumiendo también una finalidad disuasoria que, en
el marco de una lesión del derecho a la seguridad y salud del trabajador, con la
correspondiente acreditación de daños o perjuicios, personales o morales, deberían
resarcirse, cosa que no se produciría de asumirse exclusivamente la tasación económica
por extinción por voluntad del trabajador prevista en el art. 50 de la LET.
Cambiando de tercio, se ha de traer a colación la apertura de exigencia de
responsabilidades civiles por daños producidos en el trabajo a las empresas concurrentes
en una actividad, aspecto al que se dedica el último apartado de este trabajo, así como
las reclamaciones que podrían derivarse respecto de Uniones Temporales de Empresas y
Grupos de Empresas a efectos laborales 10 . La importancia de la concurrencia
empresarial en materia de accidentes de trabajo de forma particular es visible en el art.
76 de la LJS regula, en materia de daños, que el demandante podrá solicitar “la
determinación de las personas concurrentes a la producción de un daño con la persona a
la que se pretenda demandar y la cobertura del riesgo en su caso”. Esta diligencia tiene
su fundamento en el art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro, en cuanto al deber que
incumbe al asegurado de manifestar al perjudicado y sus herederos, a los efectos del
ejercicio de la acción directa, la existencia del contrato de seguro y su contenido 11 .
La importante intervención de las entidades aseguradoras en materia de prevención
de riesgos laborales es constatable por el mismo art. 15.5 de la LPRL, que abre la
posibilidad de asegurar las posibles responsabilidades civiles en general, tanto las de
carácter contractual como extracontractual a que tenga que hacer frente, en virtud de su
naturaleza indemnizatoria al tener como objetivo el resarcimiento individual del
trabajador que ha sufrido un daño 12 (ex art. 1902 y ss. del Código civil), derivado tanto
de la actuación negligente o culposa del empleador como de la conducta o los actos de
incumplimiento de otros trabajadores de la empresa 13 , incluidos los técnicos de
10 La STSJ de Cataluña de 18 de enero de 2012 (Nº de Resolución: 307/2012), conoce del recurso de
suplicación entablado por una empresa ante el homicidio de uno de sus trabajadores en su puesto de
trabajo por el ataque de terceros asaltantes a las instalaciones; entre otras reclamaciones, la empresa
pretende la extensión de la responsabilidad civil a la que debe hacer frente tanto a la compañía
aseguradora con la que había concertado el seguro para cubrir la responsabilidad civil extracontractual
derivada de la prestación de servicios de porteros y conserjes (puesto que no desempeñaba el trabajador
fallecido en el momento de su muerte), así como a la Unión Temporal de Empresas formada para
proectos de subestaciones electrínicas, con la que la empresa recurrente había firmado un contrato para el
control de personas e instalaciones. El TSJ no admite estas extensiones de responsabilidad civil,
particularmente a lo que hace referencia a la UTE por cuanto, en función del art. 24.3 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la responsabilidad civil del empresario principal
lo es en cuanto a la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, cosa que no
acontece respecto a la prestación de control.
11 ESTEVE SEGARRA, A.: “El procedimiento ordinario”, en AA.VV. (Dir. BLASCO PELLICER,
A.; GOERLICH PESET, J.M.), La reforma del proceso laboral. La nueva Ley reguladora de la
Jurisdicción Social, Tirant lo blanch, Valencia, 2012, p. 219.
12 GONZÁLEZ ORTEGA, S.; APARICIO TOVAR, J.; Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, Editorial Trotta, Madrid, 1996, p. 117.
13 GARCÍA MURCIA, J.; Responsabilidades y Sanciones en Materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Aranzadi Editorial, S.A., Pamplona, 1997, pp. 54-55; también CORDERO SAAVEDRA, L.;
«Las garantías y responsabilidades de los técnicos en prevención de riesgos laborales», Aranzadi Social,
nº. 5, Junio de 1998, pp. 58-59.
13

prevención que pudieran ser los causantes reales de los daños u otros posibles
responsables.
Este último aspecto se plasma directamente en los supuestos de responsabilidad civil
de los servicios de prevención ajenos frente al trabajador que haya sufrido el daño
derivado del trabajo, ya que de atenderse la afirmación del apartado anterior el
empleador debería asegurar también la responsabilidad extracontractual de dichas
entidades. Otra cosa, es que dicho empleador, tras resarcir al trabajador aunque el
accidente se hubiera producido por la actuación de los servicios de prevención, pueda
ejercitar una acción de regreso frente al servicio de prevención ajeno, el cual, según sus
arts. 17, 23 y 26 del R.D. 39/97, debe suscribir obligatoriamente una Póliza de Seguro
que cubra su eventual responsabilidad con una cuantía mínima de 200 millones de
pesetas 14 .
No obstante, tanto por la propia colocación legal del art. 15.5 LPRL, en el Capítulo
referente a los derechos y obligaciones de las partes de la relación laboral, y por tanto,
con una connotación directamente contractual, así como el hecho de que la parte
empresarial es responsable tanto de los daños derivados por su comportamiento, como
por los que tengan su origen en la actuación de los Servicios de Prevención 15 , considero
que aquél precepto está pensando fundamentalmente en las responsabilidades civiles
contractuales del empleador por incumplimiento de su obligación general de seguridad
dimanante del contrato de trabajo suscrito con el trabajador 16 , es decir de la
responsabilidad subjetiva y culpable en su sentido más clásico y tradicional del
empresario 17 .
En todo caso, las operaciones de seguro que prevé el art. 15.5 LPRL se limitan a la
cobertura de las indemnizaciones de daños y perjuicios que pudieran derivarse de la
responsabilidad civil del empresario, sin posibilidad alguna, por tanto, de extrapolarlo a
los ilícitos administrativos, penales o al recargo de prestaciones de Seguridad Social 18 .
14 Para HERRERO GARCÍA, la problemática que plantea la asegurabilidad de la responsabilidad en
que pueden incurrir los Servicios de Prevención frente a terceros, unido al eventual aseguramiento de la
responsabilidad del empresario, puede traducirse en una socialización del riesgo a través del mecanismo
asegurador, con un posible menoscabo de la finalidad moralizadora que subyace a la Ley 31/1995 (vid.,
«Responsabilidad civil de los servicios de prevención», Actualidad Laboral, nº. 10, 9 al 15 de marzo de
1998, p. 194).
15 Idem., pp. 189 y ss.
16 ALARCÓN CARACUEL, M.R.; «Los deberes del empresario respecto a la seguridad y salud de
sus trabajadores», en AA.VV.: La Prevención de Riesgos Laborales. Aspectos clave de la Ley 31/1995
(Obra coordinada por OJEDA AVILÉS, A.; ALARCÓN CARACUEL, M.R.; y RODRÍGUEZ RAMOS,
M.J.). Aranzadi Editorial, Pamplona, 1996, p. 111.
17 Sentencia de 10 de febrero de 1999, Juzgado de lo Social, nº. 3 de León (Actualidad Laboral, nº. 15,
12 al 18 de abril de 1999, p. 1394 y ss.).
18 FERNÁNDEZ MARCOS, L.; Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Salud
Laboral), Dykinson, S.L. Madrid, 1996, pp. 85 y ss.; CORDERO SAAVEDRA, L.; «La responsabilidad
empresarial por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales», Civitas, Revista
Española de Derecho del Trabajo, nº. 83, mayo/junio de 1997, p. 435.
14

Por otra parte, las situaciones de infraseguro no afectan a la responsabilidad del
empresario frente al trabajador 19 . Así, aunque se haya contratado un seguro en base a
una previsión colectiva, la STS (Sala de lo Civil) de 6 de octubre de 2004 (A. 5987), no
admite la identificación de la cobertura de una póliza de seguro contratada por la
empresa en virtud del pacto colectivo en vigor, con un límite absoluto de la
responsabilidad empresarial por todo daño sufrido por el trabajador por cualesquiera
causas, ya que «ni la cobertura parcial del daño por un seguro impide al perjudicado
pedir su reparación íntegra, ni la póliza contratada limitaba su cobertura a los accidentes
de trabajo, ni la existencia de seguro impide demandar al culpable del daño, ni el
recargo a costa del empresario por infracción de medidas de seguridad, apreciada en
este caso, es asegurable, ni, en fin, consta tampoco, con en su escrito de impugnación
alega el recurrido, que éste recibiera la indemnización pacata en la póliza requerida».
Como la responsabilidad civil es asegurable, las aseguradoras pueden entrar en la
cadena de responsables en su condición legal de subrogados en la responsabilidad del
empresa que resultara serlo –no de otros posibles responsables-, como así fue
reconocido por la Sala 1ª en diversidad de supuestos y en concreto por la Sala 1ª en STS
23.4.2009 (Rec.497/03) aceptando el ejercicio de la acción directa contra la Cía por
parte de quién reclama el pago de una indemnización asegurada 20 . Ahora bien, tras la
LJS el trabajador puede exigir de forma directa ante la jurisdicción social la
responsabilidad civil a la compañía aseguradora de su empresario (art. 2 de la LJS, sin
perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente),
cosa que es vista favorablemente por cuanto si se atribuyera a la jurisdicción civil el
conocimiento de demandas dirigidas contra una entidad aseguradora en el marco de un
conflicto de prevención de riesgos laborales, se frustraría el objetivo del objetivo de
unificación que ha perseguido en relación a esta materia, así como los daños y
perjuicios derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que ha
perseguido la LJS 21 .
II. LA ACTUACIÓN ILÍCITA MEDIANDO CULPA DEL SUJETO CAUSANTE
COMO ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL
La exigencia de la concurrencia de culpa del sujeto causante como elemento de la
responsabilidad contractual en el ámbito laboral ha sido tratada principalmente en el
ámbito de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, si bien con una
diferente visión en función de la Jurisdicción que conociese los conflictos surgidos en
estos ámbitos.
Así, desde el ámbito social se ha mantenido tradicionalmente la concurrencia del
principio de culpa como el elemento clave que hace distanciar este tipo de
19 C.L. ALFONSO MELLADO: Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud
laboral, op. cit., p. 133.
20 G. MOLINER TAMBORERO: “La culpa como criterio de imputación en los accidentes de trabajo.
La delimitación de responsabilidades”, en AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.),
Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, p. 711.
21 GINÈS I FABRELLAS, ANNA: Instrumentos de Compensación del Daño Derivado de Accidente
de Trabajo y Enfermedad Profesional, La Ley, 2012, Madrid, pp. 278 y ss.
15

esponsabilidad de la de carácter objetivo, cubierta por las prestaciones de Seguridad
Social. Por esa razón, la doctrina judicial emanada del Orden Social ha venido
requiriendo la necesidad de que concurra culpa en el imputado, sin que el mero riesgo
causado pueda ser fundamento de la responsabilidad civil. Como dice la STS de 30 de
septiembre de 1997 (Ar. 6853), cuya doctrina fue seguida por otras 22 , duplicar la
responsabilidad objetiva en materia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, por la vía de la responsabilidad por culpa contractual (art. 1101 C.c.) o
aquiliana (art. 1902 C.c.), que nunca podrá ser universal como la prevenida en la
legislación de Seguridad Social ni equitativa entre los distintos damnificados, «más que
una mejora social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad», y por
ello, en los supuestos de incumplimientos empresariales de sus obligaciones de
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, «la responsabilidad por culpa ha
de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas e
instauradas, con más seguridad y equidad» (aunque como posteriormente se verá, esta
envoltura de la culpa en su sentido “clásico y tradicional” ha sido nuevamente matizada
por la jurisdicción social).
Frente a la caracterización por la jurisdicción social de la responsabilidad civil como
responsabilidad subjetiva y culpable, en el ámbito civil se observaba un decantamiento
hacia la construcción de una responsabilidad civil del empresario de carácter cuasiobjetivo,
aproximándola a un tipo de responsabilidad fundada en el riesgo, más que en
la culpa o negligencia empresarial; esta teoría se hizo patente sobre todo en aquellos
supuestos en los que la propia resolución judicial había confirmado la inexistencia de
ningún quebrantamiento de las medidas de seguridad impuestas por la normativa, pero
aún así acababa reconociendo la concurrencia de responsabilidad civil por causas
emanadas de un riesgo preexistente en cuyo marco se había producido el accidente de
trabajo 23 ; de hecho, en este debate sobre la objetivación de la culpa o negligencia, en el
que la culpa no se identifica tanto con un comportamiento negligente sino con la mera
imputabilidad del incumplimiento a un sujeto, se había defendido que desde el momento
en que el art. 1101 CC ordena la indemnización de los daños y perjuicios causados por
los que “de cualquier modo” contravinieren el tenor de las obligaciones contraídas, la
responsabilidad resultaba exigible automáticamente por el mero hecho del
incumplimiento obligacional ilícito, actuando el dolo, la negligencia y la morosidad sólo
como agravantes del incumplimiento pero no como requisitos que deban darse para que
la responsabilidad quede constituida 24 . Esta teoría objetivaba la responsabilidad, y de
22 Vid., STS (RCUD) de 17 de febrero de 1999 (A.S. 2598); STSJ Aragón de 13 de octubre de 1999
(A.S. 1379); STSJ País Vasco de 23 de febrero de 1999 (A.S. 2055); STSJ Andalucía/Málaga, de 7 de abril de
2000 (A.S. 1051); STSJ Cataluña de 12 de noviembre de 1997 (A.S. 3923); Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. 1 de País Vasco/Vitoria-Gasteiz de 9 de julio de 1999 (A.S. 4371), para la cual, la
responsabilidad contractual de la empresa por incumplimiento de la deuda de seguridad precisa que se
acredite una actuación empresarial negligente o la omisión de las necesarias medidas de seguridad que
sean causa eficiente y determinante del accidente, sin que quepan más ampliaciones como la
responsabilidad objetiva derivada de la LGSS.
23 Véanse, en este sentido la STS (Sala 1ª) de 26 de mayo de 2000 o la STS de 29 de enero de 2003.
24 Opinaba de este modo SENRA BIEDMA, R.: “Las responsabilidades civiles por las
extralimitaciones del poder de dirección del empresario”, en AAVV: Las limitaciones de los poderes
empresariales y las responsabilidades por su utilización ilegítima (Obra coordinada por J.CABEZA
PEREIRO, J.F. LOUSADA AROCHENA y M.MOVILLA GARCÍA), Comares, Graanada, 2012.
16

paso también podía amparar la competencia jurisdiccional civil para conocer de la
responsabilidad civil en el marco contractual laboral, si bien entraba en conflicto con la
responsabilidad de carácter objetivo, y por tanto fundada en el riesgo, que ya estaba
prevista por la legislación de Seguridad Social, y cuyo conocimiento corresponde a la
jurisdicción social.
En todo caso, algunas voces doctrinales habían apostado por un acercamiento de la
doctrina judicial social a la construcción llevada a cabo por la jurisdicción civil sobre la
cuasi-objetivación de la responsabilidad civil del empresario en materia de siniestralidad
laboral a través de la adopción de varios criterios: exigencia de una conducta que
agotase al máximo la diligencia en la aplicación de las medidas preventivas; inversión
de la carga de la prueba, de forma que la culpabilidad del empresario se debía presumir
iuris tantum; y finalmente, entender que el concurso de culpas no exoneraba al
empresario de su responsabilidad, aunque podía minorar la indemnización 25 .
No obstante, también puede afirmarse que se produjo un acercamiento de la
jurisdicción civil hacia los postulados derivados del orden social sobre el
reconocimiento de un principio de culpa en la conducta del agente tal y como puso de
manifiesto la STS (Sala 1ª) de 31 de diciembre de 2004 (RJ 2004\367), en la que se
recoge la necesidad de observar la concurrencia de culpa en los sujetos causantes del
daño, excepto en determinados casos en los que sería posible una inversión de la carga
de la prueba en contra del empresario, así cuando sea éste quien tenga las fuentes de
prueba, o también en los que se deba acoger exclusivamente al riesgo laboral y no a la
culpa como factor de imputación de la responsabilidad, particularmente en aquellos
accidentes de trabajo que por sus causas coloquen al trabajador en una posición
semejante a las de las personas ajenas a la empresa (por ejemplo, una explosión). En
este sentido, también la STS (Sala 1ª) de 11 de marzo de 2004 (RJ 2004\901), acogió
esta tendencia al expresar que «la doctrina de esta Sala, ante los progresos de la técnica,
aumento intensivo de la inseguridad en las actividades laborales e instauración
constante de riesgos para la vida humana, ha ido evolucionando hacia posiciones cuasiobjetivas
para adaptar a los tiempos históricos actuales el culpabilismo que se integra en
el artículo 1902, despojando de una concepción jurídica cerrada, sin dejar de tener en
cuenta por completo el juicio de valor sobre la conducta del agente».
De este modo se producía una convergencia jurisprudencial en la comprensión de la
responsabilidad exigible por incumplimientos en materia de prevención de riesgos
laborales no en cuanto a su configuración de carácter objetivo, sino como una
responsabilidad derivada de culpa o negligencia en el cumplimiento empresarial de tales
obligaciones, tesis cuya consolidación devino tanto desde el orden social como civil, en
el primer caso con las sentencias del TS de 17 de julio de 2007 (RCUD: 4367/2005 y
513/2006) y de 30 de junio de 2010 (RCUD: 4123/08), y en el segundo, por ejemplo,
con la STS (1ª) de 23 de abril de 2009 (REC 497/03), en la que ante un supuesto de
accidente de trabajo, se fija limita sobremanera la doctrina del riesgo como criterio de
imputación al amparo de los arts. 1902 y 1903 CC., valiendo únicamente como factor de
responsabilidad en el marco de “riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta
25 C.L. ALFONSO MELLADO: «La culpabilidad como fundamento de la responsabilidad civil del
empresario en materia de seguridad y salud laboral». Aranzadi Social, núm. 14/2003.
17

de colaboración del causante del daño cuando está especialmente obligado a facilitar la
explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole”.
En conclusión, el común denominador a la doctrina judicial sobre responsabilidad
civil en materia laboral exige la existencia de un daño imputable a una determinada
persona en razón del incumplimiento de sus obligaciones en el marco de un claro
principio de responsabilidad subjetiva, aunque dejando en un plano excepcional áreas
basadas en imputaciones subjetivas por la constatación de actividades con riesgos
extraordinarios o anormalmente peligrosos.
Referencia particular merece la STS de 30 de junio de 2010 que modaliza la STS de
30 de septiembre de 2007 anteriormente comentada en relación a la configuración
incluida en esta última resolución de una responsabilidad por culpa “en su sentido
clásico y tradicional”. En este sentido, la doctrina judicial contenida en la primera de las
resoluciones citadas establece los siguientes elementos configuradores de la
responsabilidad contractual en el ámbito laboral:
1. Para la STS de 30 de junio de 2010 el criterio de responsabilidad sigue siendo el
subjetivo en cuanto que sólo se responde por negligencia, si bien abandona la rigurosa –
por subjetiva- concepción originaria relativa de la responsabilidad subjetiva y
culpabilista en su sentido más clásico y tradicional, para insistir “en la simple exigencia
de culpa –sin adjetivaciones- y en la exclusión de responsabilidad objetiva, tesis que
tiene como derivadas la atenuación del grado de culpa exigible y de la prueba de su
concurrencia 26 .
En este sentido, como al efecto señala la STSJ Illes Balears de 6 de noviembre de
2012 (Roj 1342/2012). la responsabilidad contractual del art. 1101 CC exige la
concurrencia de culpa en el ámbito laboral, pero con notables atenuaciones en su
necesario grado y en la prueba de su concurrencia, principalmente por cuanto no puede
sostenerse la exigencia culpabilística en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio
alguno por las posiciones no parejas que ocupan empresario y trabajador en la relación
laboral. Conforme a esta doctrina que mantiene la atenuación de la culpa cuando el
empresario seria el sujeto deudor, debe llevar por el contrario a exigir la culpa en su
enfoque más exigente o grave cuando el incumplidor es el trabajador: así, en relación a
los daños causados por el trabajador en el marco de la relación laboral, se puede traerá a
colación la STS 14 de 11 de 2007 (Rc. 7573/07): la Sala, pese a no entrar en el fondo
del asunto por falta de contradicción, establece unos criterios interpretativos de gran
interés 27 ; se trata de determinar si el conductor de un camión, está o no obligado a
indemnizar al empresario demandante los daños y perjuicios causados a consecuencia
de una avería en el vehículo que conducía. La sentencia advierte que las particularidades
del contrato de trabajo obligan a “matizar los tradicionales criterios civiles de
responsabilidad indemnizatoria contractual, y a exigir para que ésta pueda surgir en el
ámbito laboral, que la culpa o negligencia del trabajador sea grave, cualificada o de
entidad suficiente. O lo que es igual, que no todo error, fallo u olvido del trabajador da
26 En el mismo sentido, las STS de 1 de de febrero de 2012, RCUD 1655/11), STS de 25 de abril de
2012 (RJ 2012/8526 o la STSJ Illes Balears de 6 de noviembre de 2012 (Roj 1342/2012).
27 Palomo Balda, E.: “Derecho de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada al Encuentro
entre Magistrados del Orden Social, Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, pp. 206-207.
18

lugar a la indemnización de los daños o perjuicios que cause su actuar, lo que obliga a
estará las circunstancias de cada caso para valorar el grado de desatención de las
medidas y cuidados exigibles a todo trabajador”.
2. La STS de 30 de junio de 2010 aboga por exigir que la diligencia exigible no se
limite al cumplimiento de la normativa de protección, sino que para enervar su
responsabilidad, el empleador debe haber agotado toda la diligencia exigible, más allá,
incluso, de las exigencias reglamentarias; en este sentido, MOLINER dice en todo caso
que en el cumplimiento de sus obligaciones, el empresario no solo debe cumplir las
exigencias legales, sino que la normativa de prevención de riesgos laborales le exige, no
el estándar de conducta que en el código civil quedaba establecido en la conducta del
buen padre de familia –art. 1104 CC-, sino más bien el de un buen empresario laboral,
que es aquel que ha cumplido la normativa establecida de forma diligente, no solo en
sus términos formales sino aplicándola a su empresa en toda su extensión y con
diligencia suficiente como para evitar todos los accidentes previsibles 28 .
La conjugación de estos caracteres sobre la responsabilidad civil contractual en
materia de relaciones laborales llevan a configurarla como una responsabilidad subjetiva
atenuada, anudada en el marco de la siniestralidad laboral con la exigencia de una deuda
de seguridad cuasi-objetiva.
De hecho, como prevé la Sentencia de 30 de junio de 2010 solo el empleador podrá
eximir de responsabilidad cuando acredite que el accidente por el que se reclama se
produjo por caso fortuito o por fuerza mayor, o sea por circunstancias imprevisibles o
inevitables, como también seria la negligencia exclusiva no previsible del propio
trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario,
argumentando la aplicación del art. 1105 CC en relación con el 15.4 LPRL 29 ; en este
sentido, se ha hecho notar como el juego de la responsabilidad no deriva tanto de la
prueba del incumplimiento culpable –como ocurre cuando se habla de responsabilidad
por culpa extracontractual del art. 1902 CC- como del incumplimiento injustificado,
como consecuencia del hecho de que conforme al juego combinado de los arts. 1101 y
1105 del CC el deudor de una obligación contractual “responde porque debe” y sólo
dejará de responder, aún debiendo, si el incumplimiento de ese deber u obligación se
produjo por caso fortuito por fuerza mayor –art. 1105 CC- 30 .
Esta tesis supone un reconocimiento de que la deuda de seguridad imputable al
empresario está formulada en términos cuasiobjetivos, si bien, no plenamente objetiva o
como obligación por resultado, ya que ello sería inoportuno en términos finalísticos,
pues tal objetivación produciría un efecto desmotivador en la política de prevención de
riesgos laborales: como expresa la Sentencia de 30 de junio de 2010, si el empresario
28 G. MOLINER TAMBORERO: “La culpa como criterio de imputación en los accidentes de trabajo.
La delimitación de responsabilidades”, en AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.),
Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, pp. 681 y ss.
29 En el mismo sentido, la STS de 18 de julio de 2012 (RJ 2012/9972) o la STSJ Illes Balears de 6 de
noviembre de 2012.
30 G. MOLINER TAMBORERO: “La culpa como criterio de imputación en los accidentes de trabajo.
La delimitación de responsabilidades”, en AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.),
Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, pp. 681 y ss.
19

hubiese de responder civilmente hasta resarcir el daño en su integridad haya o no
observado las obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio
alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar
escrupulosamente la normativa de prevención; planteamiento que se ajusta a la
Directiva 89/391/CEE, tal como se deduce de la STJCE 2007/141, al decirse en ella,
interpretando el alcance de la obligación prevista para el empleador en el art. 5.1 (el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo), que tal precepto no era conculcado por el art. 2
del Acta inglesa de Seguridad y Salud en el Trabajo al atribuir al empleador la garantía
de seguridad en la medida que sea viable 31 .
Por último, en cuanto a la prueba, la STS de 30 de junio de 2010 destaca la
aplicación analógica del art. 1183 CC, de donde hace derivar la conclusión de que el
incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo
prueba en contrario, así como la del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en
lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos (secuelas derivadas de AT) y de los
impeditivos, extintivos u obstativos (diligencia exigible), cuanto a la disponibilidad y
facilidad probatoria (es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que
para el empresario demostrar la concurrencia de ésta). La tesis de la “facilidad
probatoria” se erige así como un mecanismo con idéntico efecto que la inversión de la
carga de la prueba aunque con fundamento distinto, de forma que corresponde al
empresario probar que cumplió las obligaciones de seguridad y salud, y con ello
proporciona a la igualdad de las partas en el proceso exigirle a él la prueba de un hecho,
cuando la prueba del contrario puede ser muy difícil para la parte contraria, aplicando al
respecto esta regla contemplada hoy expresamente en al artículo 217.6 LEC 32 .
Esta doctrina judicial ha sido seguida por las STS de 1 de de febrero de 2012,
RCUD 1655/11), STS de 25 de abril de 2012 (RJ 2012/8526), que tienen de interés
haber sido adoptadas una vez ya en vigor la LJS. La doctrina judicial emanada de estas
resoluciones consolida la doctrina que la responsabilidad derivada de un
incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada por éste
demostrando que actuó con toda la debida diligencia, más allá incluso de las meras
exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el
resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo
previsto en el art. 1105 del Código Civil, añadiendo aquellas sentencias que esta
doctrina la “ha hecho suya el legislador en el art. 96.2de la reciente Ley Reguladora de
la Jurisdicción Laboral –Ley 36/2011, de 10 de octubre- al establecer que “en los
procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la
producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para
prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o aminorador de su
responsabilidad”. De la misma manera, la STSJ Illes Balears de 6 de noviembre de 2012
(Roj 1342/2012) que se viene comentando expresa que la responsabilidad del
31 En el mismo sentido, la STSJ Illes Balears de 6 de noviembre de 2012.
32 ALFONSO MELLADO, C.L.: “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones
actuales”. Revistra Jurídica de Cataluña, núm. 3-2009, pp. 84-8; también ROCA TRIAS,
ENCARNACIÓN: “Derecho de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada al Encuentro entre
Magistrados del Orden Social, Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, p. 183.
20

empresario queda exonerada por fuerza mayor o caso fortuito, la negligencia exclusiva
no previsible del propio trabajador o la culpa exclusiva de terceros, siendo al empresario
a quién corresponde acreditar la concurrencia de alguna de estas causas.
Desde otra perspectiva, puede decirse de la misma forma que para que se active la
responsabilidad civil del empleador deberá demostrarse que su actuación ha sido
causante en grado suficiente del daño causado.
Por lo que hace referencia a la jurisdicción civil, esta ha otorgado un valor
primordial a la relación de causalidad, ya que de hecho ha configurado el nexo causal
entre la conducta ilícita y el daño infringido en materia de responsabilidad civil como un
elemento diverso al que puede concurrir en el ámbito laboral: según la STS (Sala 1ª) de
30 de noviembre de 2004 (AS. 2004\7744), no todo incumplimiento de la normativa de
seguridad, sancionable en vía laboral, puede tener una repercusión civil en la culpa en él
exigida, pues, para que ésta exista y sea en el orden civil sancionable, es preciso que
«entre tal hecho y el suceso o daño producido, se de la relación de causa a efecto, como
exige una jurisprudencia inveterada de esta Sala, y tal relación de causalidad no se dará,
como es evidente, si el incumplimiento de medidas no tiene relación con el suceso
(aunque sea merecedora de sanción contencioso-laboral, y pueda influir en la "pena" de
recargo de prestaciones, pero sin posible traslado, por lo tanto, a la vía civil), y sí se
producirá en caso contrario». En todo caso, en lo que hace referencia a la jurisdicción
social, también la Sala IV del TS mantiene su concurrencia de la acción u omisión
culposa causa del daño producido como un factor esencial de la exigencia de la
responsabilidad civil, así por ejemplo, la STS de 7 de febrero de 2003 (RJ 2004\1828)
impone la indemnización por daños y perjuicios a un empresario, habiéndose probado
su negligencia en la falta de medidas idóneas para evitar la explosión, y "existiendo
entre la omisión culposa y el resultado dañoso, una relación directa".
De esta forma, entre la acción u omisión culposa y el daño producido la causalidad
se erige en un factor clave para la exigencia de responsabilidad; para la determinación
de dicha casualidad se utilizan varios criterios: uno de ellos se basa en la tesis de la
“causalidad adecuada”, según la cual, ante la concurrencia de varios acontecimientos, se
atribuye relevancia a aquel que sería la causa que normalmente 33 , o según el curso
habitual de los acontecimientos, la lógica o la experiencia, debería haber producido el
daño, no siendo suficientes las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que
por mera coincidencia induzcan a pensar en una interrelación de esos acontecimientos 34 .
Sin embargo, dicha causalidad no se ciñe a tenor de la doctrina judicial a la
constatación física o material del hecho, en cuanto este haya sido adecuado para
producir el daño, sino que se debe realizar un juicio de causalidad jurídica, cuando la
lesión provenga del incumplimiento por el empleador de sus deberes en materia de
33 ENCARNA ROCA: Derecho de Daños. Textos y materiales. 5ª Edición. Valencia, 2007, p. 205.
34 GINÈS I FABRELLAS, ANNA: Instrumentos de Compensación del Daño Derivado de Accidente
de Trabajo y Enfermedad Profesional, op. cit., pp. 278 y ss.
21

prevención (relación de causalidad jurídica), de tal forma que si no hay causalidad entre
el accidente y trabajo no se derivan responsabilidades 35 .
La aplicación de la causalidad jurídica se encauza a través del criterio de la
“imputación objetiva”, en la que no se busca si uno de los elementos de la relación es la
causa del resultado, sino si la conducta que se pretende sea la causa, es suficientemente
relevante para la producción del daño por el que se reclama, de acuerdo con el criterio
de la “adecuación” 36 .
En el ámbito de la jurisdicción social, particularmente en las resoluciones judiciales
que tienen por objeto el análisis sobre la salud del trabajador por el trabajo con amianto
aplica este criterio de la causalidad jurídica o imputación objetiva a través de la
búsqueda del nexo causal entre falta de medidas de seguridad en un trabajo
desempeñado en contacto con el amianto y aparición y desarrollo de la enfermedad
profesional, mesotelioma maligno, encontrándolo en el incumplimiento por la empresa
de la adopción de ninguna medida de seguridad, o de la falta de instauración de
procedimiento alguno para evitar las consecuencias de la exposición de los trabajadores
al amianto, ni en la introducción de controles eficaces de vigilancia de la salud, y por
tanto sin actuar con la diligencia debida (STS 17 de julio de 2012, RCUD 2142/2011).
Así, se aplica la tesis de la imputación objetiva, de forma adecuada, a determinada
persona por el daño producido: por ejemplo la STS de 25 de abril de 2012 (RJ
2012/8526), utiliza el criterio de la “imputación adecuada” para hacer responsable al
empleador de la siniestralidad laboral por la exposición de trabajadores al amianto, la
define como la exigencia de una actuación empresarial cuyo incumplimiento lleve a
considerar el daño como hecho imputable al obligado por aquellas previsiones.
Esa vinculación no resultaría quebrada por la concurrencia de culpa del trabajador
siempre que no fuera “exclusiva”, y tenor del art. 15.4 LPRL no previsible ni temeraria,
ya que conforme dice este precepto, «la efectividad de las medidas preventivas deberá
prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
trabajador». Conforme a este precepto, se puede sostener que el empleador sólo puede
eludir su responsabilidad en materia de recargo de prestaciones cuando, aún
produciéndose una accidente de trabajo, éste haya cumplido las medidas de seguridad y
salud previstas en la normativa de prevención 37 así como con una de las exigencias
35 Véase la STSJ Illes Balears de 6 de noviembre de 2012, en referencia a las STS 7.2.2001 –RCUD
132/00) o de 27.2.2008 (RCUD 2716/06).
36 STS (Sala de lo Civil) de 23 de abril de 2009 (Rc. 497/2003).
37 Para la STCT de 20 de enero de 1987 (Ar. 1051) los arts. 14 y 15 de la Ley y el Reglamento de
Accidentes de Trabajo de 22 de junio de 1956 imponían la obligación a las empresas de librar al
trabajador de su propia imprudencia, aunque no de las conductas voluntarias o negligentes del trabajador;
esta línea de exoneración del recargo por la imprudencia profesional del trabajador se sigue también en la
STS de 26 de febrero de 1974 (Ar,1008); STS de 28 de mayo de 1975 (Ar, 2678); STCT de 13 de
diciembre de 1977 (Ar. 6442) y de 3 de diciembre de 1979 (Ar. 6830); STS de 21 de febrero de 1979 (Ar.
680); STCT de 21 de febrero de 1983 (Ar. 1447); STS de 20 de marzo de 1985 (Ar. 1356); STCT 7 abril
1986 (Ar. 2233); STCT de 8 de octubre de 1986 (Ar. 9172); STS 22 septiembre de 1987 (Ar. 6268); STCT
de 15 junio de 1988 (4574); STSJ País Vasco de 13 de febrero de 1991 (A.S. 1068); STSJ de Cantabria de
26 de febrero de 1991 (A.S. 1206); STSJ de Castilla/León/Valladolid de 18 de junio de 1991 (A.S. 3827);
STSJ de Cataluña de 10 de diciembre de 1991 (A.S. 6739), de 14 de octubre de 1993 (A.S. 4539), y de 4 de
mayo de 1994 (A.S. 2035); STSJ País Vasco, 13 de febrero de 1991 (A.S. 1068); STSJ Madrid, de 30 de
22

derivadas de su obligación de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, en
concreto, la de prever aquellas conductas del trabajador derivadas de errores o
descuidos que pueden producirse como consecuencia de su confianza en el trabajo. Por
esta razón, opino que en caso de que se produzca una concurrencia de culpas entre el
empresario y el trabajador en la producción de un accidente no puede compensarse en
función de una negligencia simple del trabajador 38 (otra cuestión es si se trata de una
imprudencia temeraria), sino que, al amparo del art. 15.4 LPRL, la responsabilidad por
el daño sufrido será imputable al empleador sin perjuicio de que, al mismo tiempo,
pueda estarse ante una infracción laboral del trabajador en caso de que este haya
vulnerado algunas de sus obligaciones ex art. 29 LPRL 39 .
III. LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL MARCO CONTRACTUAL LABORAL
Y SU VALORACIÓN A EFECTOS INDEMNIZATORIOS
1. La distinción de los daños se realiza en función de dos grandes tipologías, la de
los daños los daños materiales y los daños morales. Mientras los primeros constituirían
aquellos que se pueden calificar de patrimoniales, o que recaen sobre bienes materiales
de cualquier tipo, sobre los segundos la doctrina científica e intelectual mantienen
posturas más ondulantes.
De entrada, los daños morales son aquellos que afectan a la persona en cualquiera de
sus esferas que no sea la patrimonial 40 , o como se ha venido comprendiendo en general,
todas aquellas manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado –o
persona allegada al mismo por vínculos afectivos o parentales–, por el acaecimiento de
una conducta ilícita, y que por su naturaleza u ontología, no son traducibles en la esfera
económica.
En todo caso, a partir de esta definición general, la STS de la Sala 1ª de 22 de
febrero de 2001, núm. 139/2001, interpretó lo que se entiende por daño moral en su
octubre de 1992 (A.S. 4959); STSJ de la Comunidad Valenciana 17 febrero de 1992 (A.S. 5882), y de 12 de
mayo de 1992 (A.S. 2383); STSJ de Andalucía/Granada de 13 de mayo de 1992 (A.S. 2629); STSJ
Andalucía/Málaga de 21 de febrero de 1992 (A.S.657); STSJ Cantabria de 11 de diciembre de 1992 (A.S.
5954); STSJ de Canarias-Las Palmas 10 de diciembre de 1993 (A.S. 5197); STSJ Asturias de 17 de junio de
1993 (A.S. 2820); STSJ País Vasco de 10 de enero de 1995 (A.S. 108); STSJ Andalucía/Málaga de 21 de
febrero de 1995 (A.S. 445); STSJ de Galicia de 20 de septiembre de 1995 (A.S. 3183); STSJ Extremadura de
26 de abril de 1995 (A.S. 1434); STSJ Andalucía/Granada de 17 de diciembre de 1996 (A.S. 4101); STSJ de
Cataluña de 18 de septiembre de 1996 (A.S. 4449); STSJ de Madrid de 5 de mayo de 1997 (A.S. 1719); STSJ
Andalucía/Granada de 2 de diciembre de 1997 (A.S. 4625); STSJ Andalucía/Málaga de 18 de julio de 1997
(A.S. 3502); STSJ de Galicia de 30 de enero de 1998 (A.S.283) y de 20 de febrero de 1998 (A.S. 120).
38 En sentido contrario CALVO GALLEGO, para quién la simple negligencia del trabajador
permitirá compensar en parte las respectivas culpas pero no autorizará la elusión de responsabilidades por
parte del deudor cuando éste haya incurrido igualmente en un incumplimiento de las normas sobre
seguridad y salud laboral (vid., La Obligación General de Prevención y la Responsabilidad Civil o
Contractual del Empleador, Aranzadi 1998, p. 85).
39 CARDENAL CARRO, M.; «El recargo de prestaciones y la nueva legislación sobre Prevención de
Riesgos Laborales», Comentario a la STSJ Castilla y León/Burgos de 26 de enero de 1998 (A.S. 37), en
Aranzadi Social nº. 1, Abril de 1998, pp. 36 y ss.
40 ROCA TRIAS, ENCARNACIÓN: “Derecho de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada
al Encuentro entre Magistrados del Orden Social, Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, p. 183.
23

dimensión negativa y en su vertiente positiva 41 : respecto de la primera faceta, el TS
entiende como daño moral toda aquella detracción que sufre el perjudicado damnificado
y que supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza, no cabe
incluir “en los daños materiales porque éstos son aprehensibles por su propia
caracterización y, por lo tanto, traducibles en su «quantum económico“; tampoco
pueden entenderse dentro de la categoría de los daños corporales, “porque éstos por su
propio carácter, son perfectamente sensibles, y también, por una técnica de
acoplamiento sociocultural, traducibles en lo económico”; y finalmente, no puede ser
objeto, “dentro de la categoría de los perjuicios, el llamado daño emergente, o la
privación al damnificado de posibilidades o ventajas que hubiera podido obtener en el
caso de que no se hubiese producido el ilícito del que es autor el responsable”. Esta
doctrina ha tenido una influencia muy visible en el ámbito de la jurisdicción laboral, en
particular en el campo de la siniestralidad laboral 42 .
Respecto de la perspectiva positiva del alcance del daño moral, el TS afirma que
“por daños morales habrá de entenderse categorías anidadas en la esfera del intimismo
de la persona, y que, por ontología, no es posible emerjan al exterior, aunque sea
factible que, habida cuenta la ocurrencia de los hechos (en definitiva, la conducta ilícita
del autor responsable) se puede captar la esencia de dicho daño moral, incluso, por el
seguimiento empírico de las reacciones, voliciones, sentimientos o instintos que
cualquier persona puede padecer al haber sido víctima de una conducta transgresora
fundamento posterior de su reclamación por daños morales”. Dentro de esta idea, la
STS de 22 de febrero de 2001 entiende “toda la gama de sufrimientos y dolores físicos o
psíquicos” que haya padecido la víctima a consecuencia del hecho ilícito, incluyendo la
generación de componentes de desquiciamiento mental en aquella; también integra el
daño moral “cualquier frustración, quebranto o ruptura en los sentimientos, lazos o
afectos, por naturaleza o sangre que se dan entre personas allegadas fundamentalmente
por vínculos parentales”, cuando a consecuencia del hecho ilícito, se ve uno de ellos
privado temporal o definitivamente de la presencia o convivencia con la persona
directamente dañada por dicho ilícito, o por la situación deficitaria o de auténtica
orfandad en que pueden quedar ciertas personas por las lesiones por la muerte de sus
parientes más cercanos, entendiendo que lo que se pretende conceptuar como daño
moral “es el dolor inferido o el sufrimiento, tristeza, angustia o soledad padecida por las
personas que ante ese hecho ilícito, se ven privadas de la vida de esos seres tan
allegados y con lazos tan intensos”.
La amplitud de estas consideraciones ha sido recogida por la jurisprudencia
posterior, por cuanto ha lleva a considerar como daños morales tanto los producidos en
vulneración de derechos de la personalidad como también los derivados de situaciones
en las que hay un sufrimiento (o alteración anímica) pero no lesión de un derecho de la
personalidad, si bien para discriminar los daños morales susceptibles de compensación
de los que no lo son parece atender a los intereses vulnerados, a la causa de esos
41 ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT MONTFORT, G.; SALCEDO BELTRÁN, C.;
BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El impacto
de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales (actualizao con la Ley 36/2011, de 10 de octubre). Edita
UGT-PV, 2012, p. 103-104.
42 Valga como ejemplo los fundamentos vertidos en la STSJ de Murcia de 17 de mayo de 2004 (A.S.
2004\1764).
24

sentimientos y a su gravedad 43 . De hecho, se ha reconocido compensación por “la
ansiedad producida por el contacto con un peligro” cuando se trata de intereses
inmateriales no relevantes para exigir responsabilidad, así por ejemplo en el ámbito
civil, el caso de trabajadores o vecinos expuestos a amianto, a los que se les reconoce
compensación por el daño moral sufrido en base a un atentado a la integridad física
(presentación de placas pleurales sintomáticas o enfermedades pleurales benignas y en
la incomodidad que supone vigilar su estado de salud y someterse a controles
periódicos 44 .
En todo caso, este daño moral debe ser, como cualquier otro daño, debidamente
cierto 45 y acreditado, por cuanto por ejemplo la STS de 16 de julio de 2012 (RJ
2012/9600) conoce del supuesto de un trabajador que solicita daños morales porque en
razón de la actuación inadecuada de su empleadora pública no pudo obtener una
jubilación voluntaria anticipada, lo que le ocasionó entre otras consecuencias, disfrutar
del descanso y de los placeres del ocio, familiares y sociales vinculados a la jubilación.
El TS no estima la petición por falta de la contradicción necesaria para el éxito del
recurso procesal entablado, si bien transpone en su fundamentación jurídica la doctrina
de una de las sentencias aportadas al proceso en el sentido de que en estos casos, el
perjuicio debe existir realmente, así como también se debe guardar una relación de
proporción entre la cantidad solicitada –aunque pueda quedar al arbitrio de los
Tribunales- y el posible daño causado, aspectos que no se producirían por cuanto el
actor cuantifica los daños en el salario que estuvo percibiendo durante el período en
que su empresa retrasó su decisión de jubilarle anticipadamente, el TS no ve el daño
moral por cuanto es el propio actor el que parte de la inexistencia del daño vista la
manera que tiene de determinarlo.
2. En relación a los daños a efectos de su indemnización, se ha de partir del tenor del
art. 1106 CC conforme al cual, dicha indemnización comprende por una parte, "el valor
de la pérdida que hayan sufrido", (damnum emergens), incluyendo dentro de estos
daños emergentes, tanto los valores patrimoniales que el perjudicado tenía en su haber,
la previsión de efectos futuros de un daño presente, como los daños morales 46 , dicho de
otra forma, sin identificar a los daños emergentes como morales, se debe confirmar que
en cuanto clase de daños a indemnizar, los emergentes abarcan los menoscabos a daños
de tipo material o patrimonial, como también de carácter moral; y por otra parte es
indemnizable también “la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor" como
consecuencia del daño (lucrum cessans), lo que llevado al ámbito laboral supone
calcular la diferencia entre las cantidades líquidas relativas a las rentas de trabajo que
43 SUSANA QUICIOS MOLINA: “El daño moral: requisitos para que proceda su resarcimiento”, en
AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.), Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, pp.
559 y ss.
44 SUSANA QUICIOS MOLINA: “El daño moral: requisitos para que proceda su resarcimiento”, en
AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.), Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, pp.
576 y ss.
45 ROCA TRIAS, ENCARNACIÓN: “Derecho de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada
al Encuentro entre Magistrados del Orden Social, Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, p. 183.
46 ROCA TRIAS, ENCARNACIÓN: “Derecho de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada
al Encuentro entre Magistrados del Orden Social, Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, p. 183.
25

hubiera debido percibir si no hubiera habido el daño y los ingresos percibidos o debidos
percibir por razón de éste, a través de la aplicación de un método actuario.
Centrando estas puntualizaciones al ámbito de la siniestralidad laboral, no pueden
equipararse aquellos daños de los que pueden derivar responsabilidades civiles con la
definición de daño que utiliza la normativa prevencionista, particularmente, el art. 4.3
de la LPRL que alude como daños derivados del trabajo a los daños físicos
(enfermedades, patologías o lesiones), concepto que, como claramente se desprende del
precepto, se hace sólo a los efectos de la citada ley, es decir, esencialmente a efectos
preventivos; así como tampoco los daños indemnizables tampoco pueden quedar
restringidos a la noción de accidente de trabajo y enfermedad profesional del art. 115
TRLGSS (pese al efecto distorsionador 47 que tiene la Disposición Adicional Primera de
la LPRL).
Llevados al campo de la LJS, esta ley en el marco de los Principios del proceso y de
los deberes procesales, el art. 75.3 establece como deber de las partes que “si se
produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la
oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere
conocido el asunto principal”, lo que debe interpretarse por la apertura de
reclamaciones tanto por daños materiales o patrimoniales, cuya traducción económica
és directa, como por los morales, por cuanto pese a la abstracción de su cuantificación
indemnizatoria, es posible también la valoración económica que dichos daños producen.
En todo caso, la LJS señala expresamente la producción de dichos daños en relación
a varias situaciones que pueden afectar a los trabajadores: así, debe destacarse, la
decisión empresarial injustificada, resuelta así por sentencia, en supuestos de movilidad
geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del
contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción derivadas de fuerza mayor, en cuyo caso se repondrá al trabajador en sus
condiciones anteriores de trabajo “así como al abono de los daños y perjuicios que la
decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido
efectos”; también en relación al ejercicio de los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, la LJS dispone que
en la demanda del derecho a la medida de conciliación podrá acumularse la acción de
daños y perjuicios causados al trabajador, “exclusivamente por los derivados de la
negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el
empresario podrá exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la
medida propuesta por el trabajador”; este procedimiento también resulta aplicable al
ejercicio de los derechos de la trabajadora víctima de violencia de género establecidos
en la Ley a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del
salario y a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario,
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de
trabajo que se utilicen en la empresa. “Podrá acumularse a la referida demanda la acción
de daños y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora
del derecho”.
47 LUQUE PARRA, M.: La responsabilidad civil del empresario en materia de seguridad y salud
laboral. Edita Consejo Económico y Social, Madrid, 2002, pp. 46-47.
26

2. Requisito para obtener la compensación civil es que, conforme al art. 1100 CC es
que el acreedor intime al deudor 48 , y que ello lo haga a partir de lo dispuesto en el
artículo 1969 CC conforme al cual el tiempo inicial del cómputo del plazo prescriptivo
para la petición de la indemnización por daños o perjuicios es el día en que pudo
ejercitarse la acción.
En el marco de la siniestralidad laboral se ha interpretado que este diaa a partir del
cual empieza a correr el plazo prescriptivo no puede ser otro que aquél en qué quedan
claras las secuelas del accidente o enfermedad profesional 49 , y así por ejemplo la Sala 4ª
del TS en sentencias de 22 de marzo de 2001, 20 de abril de 2004, y 4 de julio de 2006,
por ejemplo, ha resuelto que la acción para reclamar daños y perjuicios derivados de
accidentes de trabajo, debe computarse desde la fecha de conocimiento de la resolución
firme que fija las dolencias o secuelas, y no aquella que se establezca un recargo de
prestaciones por falta de medidas de seguridad 50 . En la Sentencia del TS de 21 de junio
de 2011 (RJ/2011/7594) parte de la doctrina judicial sentada en resoluciones anteriores
consistente en que según el art. 1969 CC la fecha inicial para el cómputo de los plazos
de prescripción de todas las acciones se inicia desde el momento en que pudieron ser
ejercitadas, no pudiendo iniciarse en el supuesto de existencia de actuaciones penales
hasta el fin de la causa penal. En todo caso, en el supuesto de accidentes de trabajo, la
acción de responsabilidad por daños no puede iniciarse hasta que el beneficiario tenga
un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y de las mermas que se le derivan,
momento que no es el de la alta médica sino cuando se dicta la resolución firme en
proceso de invalidez. Aplicando esta doctrina, el TS resuelve que al tratarse en el caso
que está conociendo de una acción de reclamación de daños y perjuicios por
fallecimiento del trabajador debido a la misma enfermedad profesional por la que
anteriormente se le había reconocido la invalidez, la acción de reclamación de daños y
perjuicios no pudo producirse hasta que se produjo el citado fallecimiento, debiendo
fijarse el dies a quo del cómputo del plazo de un año, a tenor del art. 59.2 de la LET, en
el día que la acción pudo ejercitarse, es decir, en el día de su fallecimiento (se ha de
traer a colación, en todo caso, que en el conflicto planteado ante el TS no se había
producido con anterioridad ningún tipo de reclamación de daños).
48 En este punto, cabe destacar el caso visto por la STS de 13 de julio de 2012 (2012/9599): A la plantilla
de una empresa se le solapa el descanso semanal y diario, lo que pese a ser reconocido en Sentencia de
conflicto colectivo por la Audiencia Nacional, la empresa no elimina dicha condición laboral, por lo cual
un trabajador reclama una indemnización de daños y perjuicios: el STS empieza por recordar que la
empresa tiene la obligación de cumplir el art. 37.1 de la LET, en relación con la convencional que sea
aplicable, la cual al no poder cumplirse de forma específica (arts. 1098 y 1099 CC), determina la
obligación de indemnizar según el art. 1101 CC, con arreglo al que están sujetos la indemnización los que
contravinieren el tenor de sus obligaciones (no los que contravinieren las sentencias que las declaran,
conforme al caso que se discute ante el Tribunal). En todo caso, en lo que aquí importa, la sentencia
recuerda que la necesidad prevista en el art. 1100 CC de que para cumplir la pretensión del trabajador,
este debía haber intimidado al deudor, el TS la ve cumplida desde el momento en que hubo una demanda
y posterior sentencia colectiva ante la Audiencia Nacional que reconocía la existencia de la obligación de
la empresa.
49 ALFONSO MELLADO, C.L.: “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones
actuales”. Revistra Jurídica de Cataluña, núm. 3-2009, pp. 73-74.
50 Iglesias Cabero, M.: “Las indemnizaciones adicionales por accidentes de trabajo: puntos críticos”,
Actualidad Laboral, nº 10, Sección Estudios, Quincena del 16 al 31 de mayo de 2008, pp. 1180 y ss.
27

En todo caso, al margen de los matices derivados de los accidentes de trabajo, la
STS 24-11-10 (Rc 3986/09) se pronuncia sobre el inicio del cómputo del plazo de
prescripción para el ejercicio de la acción de reclamación de daños y perjuicios por la
empleadora al trabajador por indebida utilización del móvil de empresa. En el caso
consta que el empleado fue despedido en 06/06/2006 por uso indebido del teléfono
proporcionado por la empresa, que fue declarado procedente por sentencia del Juzgado
el 16/10/2006; posteriormente, en 11/04/2008 se presentó por la empresa reclamación
indemnizatoria.
El Tribunal a quo estimó la demanda empresarial en función del criterio de la actio
nata -teoría de la insatisfacción-, por virtud del cual no pueden comenzar a contar los
plazos de prescripción si las acciones no han nacido todavía, de forma que ante el caso
planteado, entendió aquel Juzgador que hasta tanto no hubo sentencia de despido que
dio constancia cierta de los hechos determinantes del daño cuya indemnización se
pretende, la empresa no podía proceder a reclamar la compensación del mismo; en todo
caso, pese a esa afirmación de la sentencia recurrida, el TS expresa que lo que la teoría
que aquella ha seguido es más bien se basa en el criterio “de la realización” [la acción
nace al tiempo en que pudiere ejercitarse eficazmente para lograr su total efecto], más
propia de actos continuados con resultados dañosos (por ejemplo, la negativa sin
fundamento de una empresa a readmitir a un trabajador en excedencia). Conforme a esta
doctrina, cuando «se trata de los daños continuados o de producción sucesiva e
ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción
del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos
diferenciados la serie proseguida, al entender que sólo con ella el perjudicado está en
condiciones de valorar en su conjunto las consecuencias dañosas y de cifrar el importe
de las indemnizaciones que puede reclamar por concurrir una situación jurídica de
aptitud plena para el ejercicio de las acciones».
En su resolución de 24 de noviembre de 2010, el TS no admite la aplicación de este
criterio al caso que se le plantea argumentando que el daño -por la indebida utilización
del teléfono móvil- ya se había producido en su integridad y era conocido a fecha del
despido, no existiendo impedimento alguno para que desde tal momento se hubiese
exigido la correspondiente responsabilidad civil; según esta resolución judicial no es
necesario esperar a que el despido sea declarado procedente en la sentencia de instancia
y ni a que ésta fuese confirmada por el Tribunal Superior, sino que desde aquella fecha
en la que se tuvo conocimiento de los hechos, con anterioridad a la carta de despido, la
acción pudo ser ejercitada, resultando que “todo retraso ha de ser calificado como
efectiva dejación del derecho, de manera que la presentación de la reclamación por
daños en 11/04/08 [casi dos años después de haber concluido la producción del daño y
de que la empresa tuviese conocimiento íntegro del mismo] es claramente
extemporánea, por estar ya prescrita la acción, conforme al art. 59.2 ET”. En
conclusión, la prescripción, ex ET art 59.2, inicia su computo cuando se advierte el daño
y no cuando el mismo es reconocido judicialmente en la sentencia de despido.
De hecho, como regla general el plazo de prescripción en materia de responsabilidad
civil en el ámbito de las relaciones de trabajo, todo lo referente al ejercicio de las
oportunas pretensiones conocidas por la jurisdicción laboral se regirá por la legislación
laboral, que marca en el art. 59 de la LET la regulación de que las acciones derivadas de
contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescriben al año de su
terminación.
28

Esta regla general está cediendo en dos supuestos, en primer lugar en el caso que la
responsabilidad sea extracontractual ya que se aboga por la aplicación del art. 1968.2
CC que establece la prescripción de un año 51 . Contrariamente, según la STSJ Galicia
14.4.00 (Rc.467/197), en casos de incumplimientos de tratos preliminares y
precontratos se debe aplicar el plazo de 15 años del art. 1964 CC (previsto para
acciones “personales que no tengan señalado plazo especial de prescripción”), a toda
reclamación de daños y perjuicios por ruptura injustificada de un precontrato, por no
existir vínculo jurídico 52 .
3. Como al efecto se ha comentado anteriormente, el art. 75.3 de la LJS establece
que el perjudicado por daños en el ámbito laboral puede reclamar la oportuna
indemnización “ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido
el asunto principal”, debiéndose seguirse a estos efectos, y de forma general, a través
del proceso ordinario 53 . En consecuencia, se consolida en el ámbito legal la doctrina ya
fijada en el ámbito social de que la cantidad económica que compense el daño sufrido
por la víctima del accidente ha de ser fijada por el Juez de lo Social, así por ejemplo lo
expresó inicialmente la STS (Sala de lo Social) de 6 de octubre de 2003 (AS.
2004/1891), para la cual la determinación de la cuantía indemnizatoria es una
competencia del Juez de Instancia, y sólo es impugnable por vía de recurso
extraordinario cuando exista error en las bases de determinación, ya que como dice la
resolución «la apreciación del magistrado se revela insustituible, si no aparece una
desproporción manifiesta y contraria a la dinámica actual de la sociedad, revelada por
otros parámetros más o menos próximos o significativos».
De hecho, esta doctrina judicial de atribuir la competencia para cuantificar los daños
al Juzgador de instancia, debiendo ser revisada si dicha cuantificación aparece como
irrazonable o arbitrario, se ha visto consolidada por las STS de 25/1/2010 y STS de 5 de
51 Iglesias Cabero, M.: “Las indemnizaciones adicionales por accidentes de trabajo: puntos críticos”,
Actualidad Laboral, nº 10, Sección Estudios, Quincena del 16 al 31 de mayo de 2008, pp. 1180 y ss.
52 PALOMO BALDA, E.: “Derecho de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada al
Encuentro entre Magistrados del Orden Social, Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, p. 206. En todo caso,
SEMPERE y SAN MARTIN, apelando a la STS UD de 18.1.1993 (RJ. 1993.898) dicen que es aplicable
la doctrina del TS sobre el plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios
derivado de la ruptura de los tratos preliminares de 1 año (art. 59.1 ET, que empezaría a correr en el
momento en que el perjudicado tiene conocimiento del incumplimiento causante del daño (la ruptura del
precontrato), por lo que no sería necesario esperar al reconocimiento judicial de dicho incumplimiento
(STS: 23 enero 1991: RJ 175): Véase La indemnización por daños y perjuicios en el contrato de trabajo,
op. cit., pp. 55 y ss..
53 Tras desechar como procedimientos de reclamación ante el orden jurisdiccional social la modalidad
procesal de reclamaciones de Seguridad Social (arts. 139 y ss. LPL), y la de tutela de libertad sindical y
otros derechos fundamentales (arts. 175 y ss. y 181 LPL), ALFONSO MELLADO apuesta por la
utilización del proceso ordinario siempre que se realicen los preceptivos actos previos, la petición
indemnizatoria se concrete en una cantidad liquida en la demanda y también, aunque no sea cuestión
pacífica, se establezcan los intereses correspondientes a la cantidad solicitada (vid., «Responsabilidad
civil por accidente de trabajo: procedimiento de reclamación (orden jurisdiccional competente. Plazo de
reclamación y prescripción. Cuantía y contenido de la sentencia)», en II JORNADAS DE DERECHO
LABORAL, organizadas por la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS
VALENCIÀ, UNIÓ COMARCAL DE L’ALACANTÍ sobre el Accidente de Trabajo (cuestiones de
actualidad), celebradas en Alicante, 3 y 4 de junio de 1999, pp. 28 y ss.).
29

febrero de 2013 (Rc. 89/2012), en materia de fijación de indemnizaciones en supuestos
de derechos fundamentales, para las que “el órgano jurisdiccional, atendidas las
circunstancias del caso, fijará el importe de la indemnización a su prudente arbitrio, sin
que su decisión pueda ser revisada por el Tribunal que conozca del recurso, salvo que
sea desproporcionado o irrazonable”
Por último, hay que traer a colación la regulación del art. 191 de la LJS, dedicado al
recurso de suplicación, en el que la petición de indemnización de daños y perjuicios
derivados de incumplimientos a los derechos de conciliación de la vida laboral, familiar
y laboral es un factor condicionante para la presentación del recurso, ya que dicho
precepto prevé que no procede recurso de suplicación en los procesos relativos “a los
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo
139, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios
que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación”. Deberá entenderse que
en suplicación también podrá revisarse si bien con los parámetros aportados por la
jurisprudencia anteriormente.
1. El principio de reparación integra del daño.
Establecidos los daños a efectos de su indemnización, el siguiente paso a realizar es
su valoración a efectos económicos, que debe fijarse como al efecto destacaron
inicialmente las STS de 17 de julio de 2007 (Recursos 4367/2005 y 513/2006), “en
atención a la fecha en que se cuantifica el daño, esto es al momento de dictarse la
sentencia de instancia que lo reconoce, cuantifica y determina el deber de indemnizar,
ya que, cualquier otra solución sería contraria a los intereses del perjudicado”. En todo
caso, la anterior doctrina ha sido matizada 54 : la Sentencia de la misma Sala 4ª de fecha
30 de enero de 2008 (414/2007) modifica el criterio de que el importe de la
indemnización de daños y perjuicios debe fijarse atendiendo a la fecha en la que se
cuantifica el daño que es el momento de dictarse la sentencia de instancia, y toma como
referencia para concretar los importes el año en que las secuelas se consolidaron, de tal
forma que el dies a quo (que se fija para la determinación de la mora) no es el de
producción del siniestro, que no siempre coincide con el accidente, sino el día en que se
concretó el resultado dañoso. Por tanto, si bien en el caso de muerte por accidente, el día
suele ser la fecha del propio accidente, en el caso de secuelas, la fecha será el día en que
se consolidaron por “alta por curación” 55 . Para esta sentencia, la aplicación de valor de
consolidación de las secuelas resulta más adecuado a la finalidad de la restitutio in
integrum y al régimen jurídico de los intereses en el ordenamiento jurídico, en cuanto
que con el abono de los intereses legales del art. 1105 del Código Civil se está
consiguiendo en igual o mejor medida la satisfacción de aquél interés y se cumplen
mejor las exigencias del art. 1101 del Civil (de hecho, con la doctrina emanada de las
Sentencias de 17 de julio de 2007, no se aplicaba a la indemnización acordada los
54 PRIETO FERNÁNDEZ, CARMEN: “El baremo en el accidente de trabajo” [recurso
electrónico]. En: Cuadernos Digitales de Formación nº 62-2008. -- Madrid : Consejo General del Poder
Judicial, 2009. -- 19 p. Curso monográfico: "La reparación de las consecuencias de los accidentes de
trabajo"/ directora, Carmen Hilda González González.
30

intereses moratorios del art. 1105 Cc., por cuanto que la indemnización se calculaba a la
fecha de la sentencia) 56 .
En este sentido, cabe defender que la indemnización conducente a la reparación de
daños y perjuicios, en cuanto tiene un carácter de deuda de valor, se determina con
referencia no a la fecha en que se produzca la causa determinante del perjuicio, sino a la
fecha en que recaiga en definitiva la condena a la reparación, o en su caso a la que se
liquide su importe en el período de ejecución de sentencia; en este sentido, dejar
limitado los módulos indemnizatorios a la fecha en que la causa generadora del
perjuicio se desarrolle, o lo que es lo mismo, a cuando tuvo lugar el accidente,
significaría causar un evidente perjuicio al accidentado, pues vería minorizado su
patrimonio en inadecuada proporción 57 .
El TS ha establecido un doble listón para la determinación de la indemnización final
que el reclamante debe percibir:
1. Respecto del principio de reparación integra que debe guiar la actuación de la
jurisdicción social al aplicar el art. 1101 y ss. CC 58 , las resoluciones de la Sala 4ª del TS,
particularmente la de 17 de julio de 2007 (RCUD n. 4367/2005), recuerda que en el
ámbito de la siniestralidad laboral, aunque la norma legal no establezca ningún tipo de
tasación sobre los daños los daños o perjuicios producidos a un trabajador derivados de
accidentes de trabajo o establezca límites a su cuantía, la indemnización fundada en los
arts. 1101 y 1902 CC deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a
reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios sufridos (daño emergente,
lucro cesante, daños materiales y morales) que se acrediten sufridos en las esferas
personal, laboral, familiar y social. Además, conforme aporta esta resolución judicial, a
dichos daños deberán añadirse los que la doctrina francesa denomina préjudice
d’agréeement, o perjuicio para las actividades placenteras, tales como el quebranto
producido para desenvolverse con normalidad en la vida doméstica, familiar,
55 Idem.
56 PRIETO FERNÁNDEZ, en “El baremo en el accidente de trabajo”, ya citado, y ALFONSO
MELLADO et al señalan que si un Juez acude al baremo para accidentes de trabajo, éste deberá
corresponder al momento de ser definitivas las secuelas con aplicación desde ese momento de los
intereses correspondientes o, en su caso, el vigente en el momento de dictarse la sentencia por la
necesidad de actualizar el valor del daño a reparar, si bien, lógicamente eso será incompatible con el
reconocimiento de intereses hasta ese momento (ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT
MONTFORT, G.; SALCEDO BELTRÁN, C.; BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. El impacto de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales
(actualizao con la Ley 36/2011, de 10 de octubre). Edita UGT-PV, 2012, p.55).
57 MARTÍNEZ LUCAS. J.A.: La responsabilidad civil del empresario derivada de accidente de
trabajo y enfermedad profesional. Regimen legal. Criterios jurisprudenciales. Editorial Práctica de
Derecho, S.L., Valencia, 1996, p. 212.
58 Con anterioridad a la LJS, se había proclamado que el principio "de reparación integra del daño" no
resultaba de ningún modo quebrantado por el hecho de que la competencia en materia de responsabilidad
civil por siniestralidad laboral se asignase al orden social, pues la responsabilidad es la misma, y su
alcance también: véase GIL SUÁREZ, L.: «Responsabilidad civil o patrimonial derivada de accidente de
trabajo: clases, elementos subjetivos y jurisdicción competente (I). Actualidad Laboral, Segunda
quincena mayo de 2005, p. 1246.
31

sentimental y social, práctica de deportes o participación en actividades culturales o
recreativas.
Ahora bien, como al efecto señaló la STS (Sala de lo Social), de 17 de febrero de
1999 (RJ 1999\2598), en virtud de dichos principios, se deduce la exigencia de
proporcionalidad entre el daño y la reparación y, «a sensu contrario», que la reparación
no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de otro modo, que los dañados o
perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo indemnizaciones por
encima del límite racional de una compensación plena. El TS expresa así el principio de
enriquecimiento injusto en la fijación de las indemnizaciones por accidentes laborales
en un sentido amplio, es decir, recordando que la compensación económica a la víctima
no debe exceder del daño o perjuicio sufrido, y cuya aplicación en el ámbito de la
siniestralidad laboral, como ya se ha criticado por la doctrina habida sobre este
particular, no deja de resultar paradójico ya que difícilmente podrán encontrarse
trabajadores predispuestos a “enriquecerse” a través del sufrimiento de un accidente o
enfermedad laboral. En todo caso, de forma simultánea al reconocimiento del principio
de enriquecimiento injusto, el TS rechaza la adopción del sistema americano de
indemnizaciones punitivas, al sostener que la indemnización que ha de pagarse es el
valor del daño producido sin añadir elementos de castigo, como puede ser en el decir de
la STS de 17 de febrero de 1999, el recargo de prestaciones, «ex» art. 123 LGSS, de
matiz más próximo al sancionatorio 59 .
También es compleja la aplicación de este principio al ámbito de las relaciones
laborales margen de supuestos de siniestralidad laboral, así por ejemplo, la STS de 28
de noviembre de 2011 (RJ/2012/1480) conoce de la reclamación de daños y perjuicios
por parte de trabajadores a la empresa por el tiempo en que, habiendo debido haber sido
contratados no lo fueron: en la sentencia se analiza si del cálculo del salario diario se ha
de detraer lo percibido en concepto de prestación por desempleo, y se llega a una
solución negativa: conforme a lo que ya avanzó la STS de 19 de julio de 2010 (RJ
2010/7125), los trabajadores que percibieron la prestación o subsidio de desempleo lo
cobraron a causa de una conducta de la empresa que no estuvo ajustada a derecho, ya
que durante el tiempo al que dichas prestaciones se refieren aquéllos debieron estar
trabajando, de tal manera que, al privárseles de la ocupación durante ese tiempo, han
experimentado un doble perjuicio, por un lado, que se han visto obligados a solicitar
una prestación que de otra forma no habrían tenido que pedir, y han consumido tiempo
de tal prestación o subsidio, tiempo que verán restado del de otras a las que pudieran
tener derecho en el futuro; y por otro, que la percepción correspondiente durante ese
tiempo por la situación de desempleo es cuantitativamente menor que la que les habría
correspondido por el salario del que se vieron privados por la conducta de la empresa.
La sentencia acaba por resolver que no procede, a efectos del cálculo de la
59 Pese al desconocimiento por el sistema reparador español de las indemnizaciones punitivas, se han
de traer a colación algunas sentencias, como la STSJ de Cataluña de 15 de abril de 2004 (AS. 2004/1879),
que manifiesta que las indemnizaciones de cualquier naturaleza a percibir por el accidentado o sus
causahabientes deben ser superiores en el supuesto en que concurran declaradas infracciones
trascendentes en materia de seguridad o higiene o de riesgos laborales.
32

indemnización de los daños y perjuicios por los demandantes, a consecuencia de la
conducta de la empleadora, detraer del importe del salario diario percibido en concepto
de prestación por desempleo. En todo caso, la STS de 19 de julio de 2012 reformula
esta tesis al expresar que para evitar el enriquecimiento injusto de los trabajadores, se ha
de ver que al formar parte del patrimonio de estos tanto la percepción salarial como las
prestaciones por desempleo, estas se convierten en indebidas, al ser incompatibles con
el trabajo, y consiguientemente, con el salario correspondiente a ese trabajo del que
indebidamente se privó a los trabajadores, lo que procede será la devolución, a cuyo fin
deberá ponerse el hecho en conocimiento del correspondiente Servicio Público de
Empleo.
2. En todo caso, dicho principio de enriquecimiento injusto tiene, según la doctrina
judicial de la Sala IV del TS, una manifestación más concreta, consistente en el hecho
de que a los fines de determinar los limites del derecho a la restitución y la posibilidad
de ejercicio de distintos tipos de acciones para alcanzar el resarcimiento de un daño (la
laboral, de Seguridad Social, y la fundamentada en el CC), el quantum indemnizatorio
ha de ser único, que tuvo una lectura procesal y otra sustantiva. Respecto a la primera,
ha de recordarse que la STS de 10 de febrero de 1998 (AS. 10501) estableció que a los
fines de determinar los límites del derecho a la restitución y la posibilidad de ejercicio
de distintos tipos de acciones para alcanzar el resarcimiento de un daño, la amparada en
normativa laboral y de seguridad social y la anclada en la responsabilidad civil de
carácter contractual, «no puede hablarse que estemos en presencia de dos vías de
reclamación compatibles y complementarias y al mismo tiempo independientes, en el
sentido de ser autónomas para fijar el importe de la indemnización, sin tener en cuenta
lo que ya se hubiera recibido con esa misma finalidad de resarcir el perjuicio, pues
estamos ante formas de resolver la única pretensión indemnizatoria, aunque tenga lugar
ante vías jurisdiccionales o procedimientos diversos que han de ser estimadas formando
parte de un total indemnizatorio».
En relación a la perspectiva sustantiva, resoluciones como la STS de 17 de febrero
de 1999, de 2 de octubre de 2000 y de 9 de octubre de 2001, manifestaron que para
evitar un enriquecimiento injusto de la víctima, el quantum indemnizatorio ha de
considerarse único y, por consiguiente, si la víctima ya ha sido parcialmente
compensada del daño por el sistema de Seguridad Social, la finalidad de la exigencia de
responsabilidad civil en vía judicial sólo es la de complementar la indemnización hasta
lograr la total reparación de los daños y perjuicios causados, debiendo restarse de la
valoración del daño total sufrido la parte ya compensada por el sistema de Seguridad
Social al cubrir con sus prestaciones el demérito o la anulación de la capacidad de
trabajo de la víctima de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional pero no
otra serie de daños y perjuicios como los anteriormente referidos de carácter moral o de
préjudice agreemment 60 , así como tampoco se computaría a efectos de compensación
por la Seguridad Social el recargo de prestaciones (si éste se hubiera impuesto por la
Administración a la empresa) por su especial naturaleza sancionadora, tal y como se
verá posteriormente. En todo caso, como expresa LÓPEZ PARADA, una vez fijado el
valor del daño, todo el esfuerzo jurídico del TS se centra en elementos accesorios del
mismo (esencialmente en qué conceptos deben descontarse de la valoración de los
60 Iglesias Cabero, M.: “Las indemnizaciones adicionales por accidentes de trabajo: puntos críticos”,
Actualidad Laboral, nº 10, Sección Estudios, Quincena del 16 al 31 de mayo de 2008, pp. 1180 y ss.
33

daños para fijar el importe de la indemnización), pero conscientemente se elude la
cuestión central y principal, relativa a los criterios para fijar el valor de ese daño; en
consecuencia, añade que toda la construcción jurisprudencial presenta tales vías de agua
que amenaza con el hundimiento, de hecho, al Magistrado de instancia que quiera eludir
los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo sobre el descuento de las
prestaciones de Seguridad Social le bastará con valorar el daño de manera que
neutralice los efectos de dicho descuento 61 .
En definitiva, tras la doctrina judicial vertida con las sentencias anteriormente
mencionadas, particularmente la STS 2-10-2000, se considera que en materia de
responsabilidad civil del empresario en el ámbito de la siniestralidad laboral procede la
aplicación de la tesis de la acumulación relativa 62 , es decir el recargo no es deducible del
importe de la indemnización, aunque sí lo serian las prestaciones de la Seguridad Social,
que cubren la responsabilidad del empresario “asegurada” dentro de la Seguridad
Social, o dicho de otra forma, pagado el total del daño, el empresario añade una
cantidad por el recargo. La deducción sobre el valor compensatorio del daño se realiza
sobre las prestaciones de Seguridad Social, incluidas las mejoras voluntarias, excepto
como alega la doctrina en el supuesto que los trabajadores realicen aportaciones
individuales al fondo de pensiones del sistema de empleo que instrumentaliza mejoras
voluntarias, cuya cantidad no podrá deducirse de la cuantía total de la mejora
reconocida y por lo tanto la porción de la mejora derivada de la financiación del propio
trabajador deberá acumularse a la indemnización por daños y perjuicios 63 .
El debate ha sobrevenido sobre otros conceptos que también pueden haber ingresado
en la órbita patrimonial del trabajador accidentado, en particular el recargo de
prestaciones de seguridad social, principalmente por cuanto si bien la obtención de una
cantidad económica en concepto de recargo no obstaculiza la reclamación civil por
responsabilidad contractual, en qué medida su obtención puede suponer su descuento en
la valoración del daño inicialmente fijado por el juzgador. Como se ha avanzado
anteriormente, la postura hoy vigente en este extremo proviene de la STS de 2 de
octubre de 2000 (A.S. 9673), dictada en recurso para la unificación de doctrina, que
inadmitió que lo abonado por la empresa en concepto de recargo de prestaciones
económicas ex art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social pueda disminuir el
monto de la indemnización que al trabajador le corresponda por el accidente laboral que
haya sufrido. Una de las bases que sustentan esta resolución, y que ya se había dejado
abierta en la STS de 17 de febrero de 1999 (A.S. 2598), es que si bien en la fijación de
61 Ibidem.
62 DESDENTADO BONETE, A.: “Responsabilidades por los accidentes de trabajo: prestaciones de la
Seguridad Social, recargo e indemnización civil adicional”, en AA.VV. (Coordinadora: Núria Pumar
Beltrán): La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad laboral. Editorial Bomarzo S.L.
Albacete 2006.
63 En este sentido GINÈS I FABRELLAS, para quién tampoco pueden descontarse las cantidades
percibidas por el trabajador derivadas de un contrato de seguro o plan de pensiones privado por cuanto el
principio de compensatio lucri cum damno únicamente resulta de aplicación cuando el daño y el
incremento patrimonial tienen su origen en un mismo hecho causal y ambos son consecuencia directa e
inmediata del hecho ilícito, con lo que debería excluirse su aplicación cuando los lucros proceden de
títulos diferentes del derecho originado por el hecho dañoso (Vid., Instrumentos de Compensación del
Daño Derivado de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, op. cit., pp. 384 y ss.).
34

la indemnización total que tiene derecho a percibir el trabajador se deben detraer, entre
otras cantidades, las prestaciones reconocidas sobre la base de la normativa protectora
de la Seguridad Social, no puede pasar lo mismo con el recargo, ya que de hacerlo, se le
podría despejar de ese matiz sancionatorio que lo caracteriza, lo que eliminaría toda su
eficacia disuasoria o preventiva adicional.
Como dice la STS de 2 de octubre de 2000, la razón esencial de la exclusión de la
posible compensación o reducción de la indemnización por el daño o perjuicio sufrido a
consecuencia del accidente de trabajo del denominado recargo de prestaciones por
infracción de medidas de seguridad «ex» art. 123 LGSS deriva de su propia finalidad,
consistente, -en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de
siniestralidad-, en coaccionar al empresario para que cumpla sus deberes de seguridad y
con ello, puedan evitarse accidentes de trabajo originados por infracciones
empresariales de la normativa de riesgos laborales, para lo cual, se incrementan sus
responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso
indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de
accidente 64 .
La consecuencia de ello es por tanto que el trabajador recibe una indemnización por
el daño sufrido (que incluye la percibida por prestaciones de Seguridad Social), más el
recargo de prestaciones del empresario en virtud del matiz sancionatorio que este
dispone. Las críticas principales que se dirigen hacia esta consecuencia son varias 65 : por
un lado, se alega que en estos supuestos la suma de las indemnizaciones que recibe el
trabajador supera el límite de reparación del daño; también que el recargo no es una
indemnización estrictamente resarcitoria sino que asume un contenido punitivo o
indemnización punitiva, lo que resulta contraproducente con las afirmaciones derivadas
de la propia doctrina judicial, o que si el recargo asume funciones de sanción se debería
jugar el principio non bis in idem 66 . Por otro lado, como al efecto aboga
DESDENTADO BONETE, la posición del recargo no encaja adecuadamente en este
sistema porque si se sostiene que el recargo es una indemnización, la aplicación del
límite total del daño en la reparación, determina que su utilidad práctica sea nula en
términos de protección del accidentado, que podría conseguir más fácilmente la
indemnización total en una sola reclamación 67 . Para este autor, se debería seguir
atribuyendo a la Seguridad Social la cobertura de la responsabilidad empresarial en los
accidentes de trabajo: la Seguridad Social se haría cargo de la protección de todos los
accidentes de trabajo como accidentes no laborales con una acción de reintegro frente al
64 Esta doctrina ha sido seguida por la STS de 14 de febrero de 2001 (RJ 2001\2521) y 9 de octubre de
2001 (RJ 2001\9595).
65 Véase DESDENTADO BONETE, A.: “Responsabilidades por los accidentes de trabajo:
prestaciones de la Seguridad Social, recargo e indemnización civil adicional”, en AA.VV. (Coordinadora:
Núria Pumar Beltrán): La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad laboral. Editorial
Bomarzo S.L. Albacete 2006, pp. 69-70. Véase también el repaso a los argumentos sobre la concurrencia
del recargo de prestaciones con otras responsabilidades en VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.:
Aseguramiento y protección social de los riesgos profesionales. Análisis a la luz de la responsabilidad
empresarial en materia preventiva. Editorial Bomarzo, 2012, pp. 42 ys.
66 DESDENTADO BONETE, A.: “Responsabilidades por los accidentes de trabajo: prestaciones de la
Seguridad Social, recargo e indemnización civil adicional”, op, cit., pp. 69-70.
67 Idem, p. 75.
35

empresario, que respondería de la totalidad del daño frente a la Seguridad Social (por el
importe de lo abonado como accidente no laboral) y frente a la víctima (por el resto
hasta el daño total) 68 .
En todo caso, los factores anteriores, unidos a la absorción global que la Jurisdicción
Social ha llevado a cabo de la materia de responsabilidad por daños derivados de la
siniestralidad laboral, potenciando con ello una visión compacta de las diferentes
partidas reparadoras y sancionadoras de la conducta empresarial, han llevado a sostener
la eliminación del recargo 69 .
Para valorar el encaje del recargo en el marco de las indemnizaciones por
siniestralidad laboral se ha de partir de que mientras la responsabilidad civil por
siniestralidad laboral –unida a la concesión de prestaciones de Seguridad Social- tiene
una perspectiva compensadora, y sobre todo preventiva en la evitación de posteriores
conductas dañosas, el recargo de prestaciones mantiene un mecanismo básicamente
represor, y por tanto diferente a las perspectivas anteriormente señaladas; además,
dispone de una configuración específica no subsumible en otras figuras sancionatorias,
como puede ser que se resuelve su imposición al empresario de forma dependiente a la
posibilidad de atribuirla al trabajador conjuntamente con una prestación de Seguridad
Social (no en caso contrario), pero también como cantidad económica que recibe en el
marco de su indemnización por el daño sufrido, si bien debiendo reclamarse aparte de
ésta.
Cabria reflexionar si en una posible reforma de la legislación de accidentes de
trabajo, y con ella del sistema reparador, se debería reformular la institución del recargo
por en aquellas limitaciones que acaban de ser comentadas, tanto en relación a la
prevención/represión de la conducta empresarial como en atención a la compensación
de la víctima, ya que por un lado basa su alcance en los límites impuestos por las
propias prestaciones de Seguridad Social de las que parte para imponerse un porcentaje,
así como por el hecho de que sólo con que el daño no dé lugar a prestaciones de
Seguridad Social, o suponga su muerte sin dejar familiares que puedan obtenerlo no hay
recargo de prestaciones, eso sin contar los supuestos de insolvencia en que puede quedar
incurrir el empleador. Por ello considero que una posible reforma del sistema de
indemnizaciones civil debe hacerse teniendo también en el punto de mira la
configuración, o en último término, la propia pervivencia de la institución particular del
recargo de prestaciones.
En todo caso, en el reconocimiento del principio de reparación integra del daño
varias grietas se abren principalmente en el marco de la siniestralidad laboral en
atención a dos reglas de fijación de la indemnización estudiadas: la asunción por el Juez
del baremo previsto para los accidentes de circulación, presidido por el criterio básico
de la limitación de las cantidades económicas a atribuir a la víctima, en conjugación la
deducción a la cantidad establecida de las cantidades que el trabajador accidentado haya
68 DESDENTADO BONETE, A.: “Responsabilidades por los accidentes de trabajo: prestaciones de la
Seguridad Social, recargo e indemnización civil adicional”, op. cit., pp. 75-76.
69 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: Aseguramiento y protección social de los riesgos profesionales.
Análisis a la luz de la responsabilidad empresarial en materia preventiva, op. cit., pp. 42 ys
36

obtenido en concepto de seguridad social, lo que al fin y al cabo, puede dar lugar a que
en materia de siniestralidad laboral el criterio predominante sea el de tasación a la baja.
2. Cuantificación del daño: hacia la adopción de un Baremo derivado de
Accidentes de Trabajo.
El punto de partida en éste aspecto es la aplicación del principio de reparación
integra, fundado en los arts. 1101 CC, en el ámbito social, o 1902 CC en el orden civil,
preside la valoración del daño sufrido frente a un accidente o enfermedad derivada del
trabajo, como consecuencia de una conducta negligente. En todo caso, en la aplicación
de dicho principio, el primer problema sobreviene ante la decisión de valorar el tipo de
bienes afectados por la concreción de un accidente o enfermedad derivada del trabajo,
ya sea por la afectación a la integridad física o psíquica del trabajador que ha sido
víctima del siniestro, ya sea por la dificultad de valorar el propio sufrimiento o dolor
personal que aquello puede traer consigo, ya que la obligación de reparar dichos daños
exige atribuir una cantidad económica determinada.
La cuestión es que el ordenamiento español carece de instrumentos que fijen
directamente el valor económico que puede tener la pérdida de un órgano corporal, la
salud o la propia vida, así como los daños morales consiguientes a dicha pérdida,
cuando se trata de supuestos de siniestralidad laboral derivada de una conducta culposa
o negligente. En efecto, en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de accidentes o
enfermedades de trabajo no se encuentra establecido ningún tipo de tasación económica
de los daños sufridos, sino que rige de forma abierta el principio general en esta materia
que es el relativo al resarcimiento integral del daño.
En consecuencia, no se imponen de forma previa a los órganos competentes para
establecer la indemnización ningún tipo de criterios que hayan de ser tomados en cuenta
para el cálculo del precio por las pérdidas sufridas, sino que el principio de reparación
integra del daño exige únicamente que el Juzgador en cuestión valore la realidad del
daño sufrido en el concreto e individual supuesto que se le plantea, sin que
apriorísticamente se deba de atener a ningún límite, cualitativo o cuantitativo en la
fijación de la compensación económica final. Como dice López Parada, el Tribunal
Supremo se obliga mediante este criterio a fijar el valor "objetivo" del daño producido,
lo cual a tener de dicho autor resulta criticable, ya que a su juicio: “el valor de la vida,
del daño corporal o cualquier otro bien personalismo, es fijado a través de una decisión
y no constituye ningún hecho objetivo susceptible de prueba” 70 .
Pese a la vigencia del principio de reparación integra del daño, la búsqueda de su
valor objetivo tanto por la jurisdicción social como tradicionalmente lo ha venido
haciendo la civil que asumía competencias en este ámbito ha llevado a la utilización
para la cuantificación de los daños alegados, si bien de modo orientativo, el sistema de
baremación que rige los accidentes de circulación de vehículos a motor.
Cabe recordar que la STS de 2 de febrero de 1998 aplicó el baremo de accidentes de
tráfico a efectos del cálculo de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo, y
70 R. A. LÓPEZ PARADA: «Aspectos económicos de la jurisdicción social», en AA.VV. Colección
de Estudios de Derecho Judicial, Madrid, 2005.
37

manifestó en este sentido en el momento de establecer el importe de la indemnización
que «dentro de las evidentes dificultades de fijar una cuantía en concepto de
indemnización por muerte, ha de hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos,
el grado de culpabilidad, la dependencia económica, las sumas ya percibidas (conceptos
de pensión, recargo, mejoras voluntarias pactadas) y criterios que pueden servir de
referencia (así, el anexo de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 9
noviembre para Daños y Perjuicios en Circulación)".
Del mismo modo, la STS 17 de febrero de 1999 declaró en relación con la
aplicación de los baremos legales de los accidentes de tráfico a los accidentes de trabajo
que "a falta de norma legal expresa en materia laboral, la indemnización, en principio,
alcanzará sin limitación los daños y perjuicios que como derivados del accidente de
trabajo se acrediten, aunque para facilitar la prueba o para formar el criterio judicial
valorativo los órganos judiciales puedan acudir analógicamente, como posibilita el
artículo 4.1 del Código Civil, a otras normas del ordenamiento jurídico que ante
determinadas secuelas o daños establezcan unos módulos indemnizatorios".
En conclusión, a efectos del cálculo de indemnizaciones derivadas de accidente de
trabajo es posible trasladar, como criterio orientador, el baremo aplicable a la
siniestralidad derivada de la circulación de vehículos a motor, puesto que aunque dicho
instrumento no sea de aplicación obligada en el ámbito laboral, tampoco puede
considerarse prohibido por el ordenamiento jurídico que se acuda a el para valorar
daños personales fuera de su objeto propio de aplicación.
Pese a que la jurisdicción se sirva de las indemnizaciones fijadas para accidentes de
motor para valorar los daños sufridos por un siniestro lo es a título orientativo, lo cierto
es que la utilización “exclusiva” del baremo civil es contrario a la compensación integra
del daño producido en el ámbito laboral, ya que su sistema de fijación de
indemnizaciones no está presidido por el principio de resarcimiento integral de los
daños producidos en una prestación de características tan específicas como la de trabajo,
sino por el criterio de tasación económica derivada de seguros civiles, cuya ratio es
propiamente la limitación de las compensaciones económicas a las que puede dar lugar
un accidente de tránsito.
La inclusión de un sistema legal de valoración y compensación de daños y perjuicios
de carácter personal en responsabilidad civil, pero definiéndolos en el específico
ámbito de la siniestralidad producida en el marco de una relación laboral, así como
también el hecho de que con ello se acote la decisión subjetiva del Juzgador, son
factores que están detrás de la Disposición Final Quinta de la LJS, según la cual “En el
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las
medidas necesarias para aprobar un sistema de valoración de daños derivados de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema específico
de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente, para la compensación objetiva
de dichos daños en tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores”.
En el estudio de este precepto se ha hecho hincapié en la cláusula “para la
compensación objetiva de dichos daños en tanto las víctimas o sus beneficiarios no
acrediten daños superiores”, por cuanto implicaría la dotación por el baremo de
indemnizaciones mínimas o básicas, a las que las víctimas de un accidente de trabajo o
38

enfermedad profesional o sus causahabientes tienen derecho, sin perjuicio que pueda
incrementarse cuando se acrediten daños mayores 71 ; de hecho, la última cláusula del
precepto (en tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores)
coadyuvaría a esa interpretación, además de garantizar el respecto del principio de
íntegra reparación del daño 72 .
De la labor del Gobierno debería resultar la adopción de un sistema de valoración de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con importes indemnizatorios
actualizables anualmente, lo que al fin y al cabo, implicarà el reconocimiento de la
especificidad de este sector de la prevención de riesgos laborales y la siniestralidad por
su incumplimiento en el ámbito jurídico y social, ya que su adopción supone la no
aceptación de un sistema normativo único en materia de resarcimiento de los daños
personales al margen del ámbito en el que se produzcan 73 .
En todo caso, la aprobación de dicho sistema de valoración de daños con efectos
exclusivamente laborales deberá seguir los rasgos que los Jueces de lo Social han hecho
de la utilización del baremo de los accidentes de tránsito. La aplicación de éste baremo
como base de cálculo de indemnizaciones en el ámbito de la siniestralidad laboral ya ha
sido validado con matices por el TC y la jurisdicción social. Respecto de la labor del
primero, se ha de recordar que la regulación del baremo en la Ley 30/1995, de 8
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, dio lugar al
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, quién en su sentencia
181/2000, de 26 de junio, avaló la existencia de un baremo indemnizatorio especifico
para los daños producidos como consecuencia de la circulación de vehículos a motor,
basado en la fijación de cuantías tasadas y vinculantes para los órganos judiciales,
básicamente por «la alta siniestralidad, la naturaleza de los daños ocasionados y su
relativa homogeneidad, el aseguramiento obligatorio del riesgo, la creación de fondos
de garantía supervisados por la Administración (Consorcio de Compensación de
Seguros), y, en fin, la tendencia a la unidad normativa de los distintos ordenamientos de
los Estados miembros de la Unión Europea, son factores concurrentes perfectamente
susceptibles de ser valorados por el legislador y que justifican suficientemente y hacen
plausible la opción legislativa finalmente acogida, en cuanto sistema global».
Actualmente, el sistema indemnizatorio que se está tratando está recogido en el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aprueba el Texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Tabla VI),
en relación con la actualización anual de las cuantías indemnizatorias: en dicha baremo
anual, se contienen tres tipos de indemnizaciones, las fijadas en caso de muerte, las
correspondientes a lesiones permanentes, y las derivadas de incapacidad temporal.
71 GINÈS I FABRELLAS, ANNA: “Baremo de valoración del daño derivado de accidente de trabajo
y enfermedad profesional. Ley de la Jurisdicción Social y fin a la aplicación orientativa del baremo de
circulación”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, Número 2, Mayo 2012, pp. 250 y ss.
72 Idem.
73 Cabe traer a colación el debate existente en el ámbito civilista sobre la necesidad o no de promulgar
un sistema normativo único en materia de Derechos de daños con independencia del sector de actividad
en el que la responsalidad se origine, por cuya solución positiva ha abogado la ASOCIACIÓN JUSTICIA
Y OPINIÓN: “Propuestas para la mejora de la justicia y de los pleitos de daños” en AA.VV.
(Coordinador: M.J. Herrador Guardia) : Derecho de Daños, Edita Sepin, Madrid, 2011, pp. 831 y ss.
39

1. Por lo que hace referencia a las “Indemnizaciones por muerte”, para la
determinación de la cuantía se parte de la edad del fallecido y se concede la
indemnización a los beneficiarios/perjudicados que la propia tabla normativa establece,
en virtud de la relación de éstos con la víctima. En este campo, se ha de comentar que la
STC 190/2005, de 7 de julio ha conocido de una cuestión de inconstitucionalidad contra
el art. 1.2 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor en relación con los puntos 1y 4 del apartado primero del anexo y su tabla I, por
excluir de la cualificación de "perjudicados" a los "hermanos mayores" de una víctima
de accidente de trabajo que convive con sus ascendientes. El TC no estima que dicha
exclusión vulnere el art. 9.3, 17, 24.1 o 117.3 de la CE, basándose, entre otras
consideraciones a que el legislador no los excluye directamente de la calificación de
perjudicados, sino cuando la víctima convive con sus ascendientes y carece de cónyuge
e hijos, razón atendible ya que «la concurrencia con unas u otras personas puede dar
lugar a supuestos indemnizatorios diferenciados, dado que la limitación de las
cantidades resarcitorias por víctima mortal en accidente de circulación constituye
manifiestamente uno de los pilares del sistema regulado por la Ley sobre
responsabilidad civil de vehículos a motor…».
2. Con respecto a las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes y derivadas
de incapacidad temporal, se ha de comentar que éstas últimas, en la forma que aparecían
recogidas tras la promulgación de la Ley 30/1995, fueron objeto de cuestionamiento
ante el TC, quién en la ya comentada STC 181/2000, de 26 de junio, pese a validar de
forma general el carácter tasado y vinculante de las indemnizaciones en el ámbito de los
accidentes de tráfico, declaró no obstante, la inconstitucionalidad por vulneración de los
arts. 9.3 y 24.1 CE de varios apartados de las tablas sobre lesiones temporales en
relación a la forma limitada en la que se establecían los factores de corrección a tener en
cuenta para la indemnización, en concreto, los “perjuicios económicos” sufridos por la
víctima en función de sus ingresos, en cuanto que la toma en consideración de éstos
impedían que la pretensión resarcitoria de las víctimas o perjudicados pudiese ser
efectivamente satisfecha en el oportuno proceso cuando se acreditase que las pérdidas
patrimoniales producidas como consecuencia de la lesión de los daños corporales
padecidos fueran, en el caso concreto, superiores a las fijadas por el legislador. No
obstante, la declaración de inconstitucionalidad de los factores de corrección recogidos
en las tablas sobre indemnización por lesiones temporales no tenia un alcance general,
en el sentido de que en ningún supuesto de accidente debían tomarse en consideración,
sino que el TC restringe la ilicitud de los factores tomados en cuenta por la norma
impugnada únicamente a aquellos supuestos en que el daño a las personas, dimanante
de la incapacidad temporal, "tenga su causa exclusiva en una culpa relevante y, en su
caso, judicialmente declarada, imputable al agente causante del daño": como manifiesta
el máximo interprete constitucional, cuando se trata de resarcir daños ocasionados sin
culpa, es decir, con base en responsabilidad civil objetiva o por riesgo, la indemnización
por "perjuicios económicos", operará como un auténtico y propio factor de corrección
de la denominada "indemnización básica (incluidos daños morales), pero por el
contrario, «cuando la culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada, sea la causa
determinante del daño a reparar, los "perjuicios económicos" del mencionado apartado
B) de la tabla V del Anexo, se hallan afectados por la inconstitucionalidad apreciada y,
por lo tanto, la cuantificación de tales perjuicios económicos o ganancias dejadas de
40

obtener (art. 1.2 de la Ley 30/1995) podrá ser establecida de manera independiente, y
fijada con arreglo a lo que oportunamente se acredite en el correspondiente proceso» 74 .
Así, el TC vino a reconocer un hueco (en el marco de los daños por IT) en el que no
era suficiente con que el órgano judicial con aplicar de forma mimética las
indemnizaciones fijadas por el legislador, haciendo abstracción de la culpa del agente
causante, sino que por el contrario, declaraba incompatibles con la Constitución la
aplicación de baremos, útiles sólo en relación con responsabilidades de tipo objetivo,
pero insuficientes cuando se trata de indemnizar accidentes en los que haya intervenido
culpa del sujeto responsable.
En definitiva, la utilización por los órganos judiciales del baremo previsto en la
normativa sobre accidentes de circulación para reparar los daños derivados de
accidentes y enfermedades derivadas del trabajo tiene fallas en relación al principio de
reparación integra del daño que preside la responsabilidad civil en el ámbito de la
siniestralidad laboral. Pese a que el baremo facilita el trabajo del juzgador ya que
supone el sometimiento a criterios uniformes, por ejemplo al incluir en sí mismo la
valoración de los daños morales, y con relación a la compensación por lucro cesante
evita la aplicación de un método actuario que puede resultar de realización dificultosa,
no se admite que sus límites cuantitativos lo constriñan cuando se trata de siniestros
laborales.
Como ha reflejado LÓPEZ PARADA, el valor del daño generado en bienes
personalísimos no es un hecho externo y objetivo, sino el objeto de una particular
decisión y tal decisión está confiada en caso de litigio a los jueces y tribunales, sin que
exista una norma que éstos hayan de seguir para ello (salvo en aquellos casos en los que
voluntariamente siguen el baremo propio de los accidentes de tráfico como criterio
técnico no vinculante). En este sentido, el sistema español actual se basa en el arbitrio
judicial, en este sentido, según aquel autor, la ausencia de doctrina al respecto del
Tribunal Supremo (tanto de la Sala Civil como de la Social), negándose a entrar
generalmente en la revisión y establecimiento de pautas y criterios uniformes, más allá
de los motivos alegados para ello, implica una enorme inseguridad jurídica, esto es,
convierte en imprevisibles las decisiones judiciales e introduce un importante elemento
de incertidumbre en los cálculos económicos 75 .
La legislación actual sigue sin establecer la tasación económica en relación a la
siniestralidad en el ámbito laboral derivada de una conducta culposa del agente del
daño, sino que tolera la aplicación del baremo de accidentes de tránsito bajo la óptica
74 Como explica GINES I FABRELLAS: “La STC 181/2000 no obstante, únicamente se refiere al
apartado B de la Tabla V, en relación con la indemnización en supuestos de IT. El Tribunal ha
establecido, en sentencias posteriores, que los factores de corrección “perjuicios económicos” de las
indemnizaciones por muerte y lesiones permanentes no invalidantes (Tablas II i IV, respectivamente) no
resultan afectadas por la declaración de inconstitucionalidad de la STS 181/2000” (stc 26.9.2005 y
24.10.2005), con lo que únicamente a la hora de resarcir daños por IT ocasionados por culpa del causante
será posible establecer una indemnización superior a la establecida por el Baremo” (véase, GINÈS I
FABRELLAS, ANNA: “Baremo de valoración del daño derivado de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Ley de la Jurisdicción Social y fin a la aplicación orientativa del baremo de circulación”, op.
cit., pp. 250 y ss.).
75 Ibidem.
41

del principio de resarcimiento integral. En todo caso, tanto el legislador, en particular
tras la aprobación de la Disposición Final Quinta de la LJS anteriormente comentada,
como la negociación colectiva están habilitados para llevar a cabo dicho baremo en el
ámbito específico de los accidentes derivados del trabajo y de las enfermedades
laborales.
Así, aún el caso de que la negociación colectiva introdujese un sistema de
baremación de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
sin disponer las debidas cautelas en caso de responsabilidad culposa de la parte
empresarial (como por cierto, hace el art. 71 del Convenio general de la Construcción),
posiblemente sería insuficiente para cumplir con el principio de resarcimiento integral. y
De su parte, el legislador, al llevar a la práctica el compromiso adquirido por la
Disposición Final Quinta de la LJS en relación a la adopción de un sistema específico
de baremo de indemnizaciones actualizables anualmente, ha de partir de lo expresado
por la STC 181/2000 según la cual, la tasación prevista para los accidentes de
circulación no vulnera el art. 15 CE, ya que de éste no se deriva un derecho al
resarcimiento integral, pero añade, a modo de advertencia, que "si contiene un mandato
de protección suficiente de aquellos bienes jurídicos dirigidos al legislador… (que debe
informar) el régimen legal del resarcimiento de daños" causados en aquél. De tal modo
se imponen a éste "unas pautas indemnizatorias suficientes en el sentido de respetuosas
con la dignidad que es inherente al ser humano"» (Fj. 5).
De esta doctrina se infiere necesariamente que las indemnizaciones han de ser
respetuosas con el ser humano, ahora bien, con ese suelo mínimo fijado
constitucionalmente, la adopción por el legislador de un sistema específico de
valoración de daños y perjuicios en el ámbito laboral en materia de siniestralidad laboral
ya lleva integrada en su propia definición la toma en consideración a efectos
indemnizatorios de la entidad especial de los bienes afectados en este campo jurídicolaboral
del ordenamiento.
Para la concreción de ese sistema específico deberían transponerse las reglas que la
jurisdicción social ha realizado en el momento de aplicar el baremo de accidentes de
circulación a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por cuanto si bien
es cierto que como se ha dicho antes, el Juzgador dispone de su arbitrio para fijar las
correspondientes indemnizaciones, ello lo ha hecho sujetándose a las reglas para su
cálculo y los importes derivados de aquél.
También debería tenerse en cuenta en este ámbito las soluciones que la
jurisprudencia social está adoptando sobre la cuantificación de los daños cuando dan
lugar a invalideces permanentes o temporales, en particular cuando se trata de siniestros
que con aquellos efectos, producen también de forma colateral unos daños morales,
cuestión que pasa a estudiarse en el siguiente apartado 76 .
76 En el marco del Derecho civil de daños, la ASOCIACIÓN JUSTICIA Y OPINIÓN es de la opinión
que “sin perjuicio de la necesaria flexibilidad, podría constituirse una especie de Baremo que fijara los
parámetros a tener en cuenta para la determinación cuantitativa de los perjuicios morales; aquella añade
que seria imprescindible realizar un estudio de los diversos supuestos a través de un extenso análisis de la
jurisprudencia, para, a partir de las conclusiones obtenidas, efectuar, primero, una tipificación no cerrada
42

1. La aplicación del baremo de accidentes de tránsito en el ámbito de la
siniestralidad laboral por la Jurisdicción social
El baremo también ha sido validado en su aplicación en el ámbito de la
siniestralidad laboral por la jurisdicción social, así por ejemplo las STS de 17 de julio de
2007 (Recursos 4367/2005 y 513/2006) que resuelven sobre la valoración del daño y su
posible compensación, mostrando su amparo constitucional en el principio de seguridad
jurídica del art. 9.3 de la CE, en el hecho de que facilita la aplicaron de un criterio
unitario en la fijación de indemnizaciones con el que se da cumplimiento al principio de
igualdad del artículo 14 de la Constitución, agiliza los pagos de los siniestros y
disminuye los conflictos judiciales, y da respuesta a la valoración de los daños morales
que, normalmente está sujeta a criterios subjetivos. En todo caso, ha aceptado la
aplicación de los criterios del Baremo cuando se trata de calcular una indemnización
derivada de accidente de trabajo pero con carácter de mínimos y en defecto de pruebas
concretas sobre la cuantía de los daños superior a la establecida en el Baremo, todo con
ello con la necesaria y consiguiente motivación 77 .
La adaptación de la aplicación del baremo en materia de siniestralidad laboral a la
doctrina de la tesis de la acumulación relativa indemnizatoria, es decir la valoración del
daño total sufrido la parte ya compensada por el sistema de Seguridad Social, también
resultó marcada por la STS de 17 de julio de 2007 (RCUD 513/2006) al prever que
dicha compensación procede sólo entre cantidades indemnizatorias homogéneas, en este
sentido “tratándose de prestaciones de la Seguridad Social que resarcen por la pérdida
de ingresos que genera la disminución de la capacidad de ganancia, temporal o
permanente, supone que las referidas prestaciones sólo pueden compensarse con las
indemnizaciones reconocidas por el llamado lucro cesante, así como que las que se
reconocen por la incapacidad temporal no se pueden compensar con las que se dan por
la incapacidad permanente y viceversa”, debiéndose tener en cuenta también el grado de
incapacidad permanente que se haya reconocido la correspondiente pensión y/o
indemnización, puesto que no todos los existentes resarcen totalmente esa pérdida de
ingresos.
Además, como se ha dicho por la doctrina, la compensación ha de practicarse de
modo razonable, por tanto, no pueden compensarse cantidades calculadas de modo
actuarial –capitalizando el coste renta- con otras tasadas, pues la manera de calcular
unas y otras es distinta, de este modo si las prestaciones de la Seguridad Social se
capitalizan a este efecto de valorar el importe a compensar, también deben capitalizarse
las cantidades que previamente se hayan fijado a efectos de reparar el daño 78 .
de los daños morales resarcibles y después fijar criterios cuantitativos para su adecuada valoración (véase:
“Propuestas para la mejora de la justicia y de los pleitos de daños” en AA.VV. (Coordinador: M.J.
Herrador Guardia) : Derecho de Daños, op. cit., p. 862.
77 PRIETO FERNÁNDEZ, CARMEN: “El baremo en el accidente de trabajo”, op. cit., pp. 11 y ss.
78 ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT MONTFORT, G.; SALCEDO BELTRÁN, C.;
BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El impacto
de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales (actualizao con la Ley 36/2011, de 10 de octubre). Edita
UGT-PV, 2012, pp. 57.
43

A partir de estas tesis generales, la doctrina judicial ha dispuesto diversas reglas de
de aplicación del Baremo en materia de siniestros laborales que son fundamentales para
determinar el importe indemnizatorio final:
1. Siguiendo la STS de 17 de julio de 2007 (RCUD 513/2006), en el caso de
indemnizaciones reconocidas por invalideces permanentes procede tanto el descuento
las indemnizaciones por responsabilidad objetiva (prestaciones de Seguridad Social),
entendiendo por tal su importe mensual o el “capital coste” de la pensión que se percibe,
como también el descuento de “la mejora de la prestación” que haya podido ser
reconocida como consecuencia de un pacto colectivo.
De hecho, la STS de 30 de enero de 2008 (RCUD 414/2007) establece una serie de
reglas para el cálculo de una adicional responsabilidad civil por culpa empresarial
teniendo en cuenta la indemnización por responsabilidad objetiva (las prestaciones de
Seguridad Social) en la siguiente disyuntiva de aplicación: a) bien sea para descontar su
capital/coste del importe de una previa capitalización del lucro cesante en los supuestos
que significan una excepción a la regla de equivalencia entre prestación y lucro cesante,
que son los supuestos de cotización inferior al salario real, los casos de IP fronteriza con
el grado inmediatamente superior, en casos de dificultades de rehabilitación laboral por
edad o singularidades personales, o incluso de escasas oportunidades en el mercado
laboral que llevan a excluir posibilidades de trabajo meramente teóricas, y los supuestos
de pérdida de expectativas laborales constatables; b) Sea, por otra parte, para llevar a
cabo el descuento del importe mensual de la prestación de Seguridad Social del
verdadero lucro cesante en el mismo período de tiempo (salario percibido hasta el
accidente), sin necesidad de capitalización alguna, que es la solución que procede en los
citados casos de discordancia salario/cotización y aquellos otros en los que se evidencia
que la pensión no resarce la real pérdida de ingresos, al ser presumible que estos no van
a ser complementados con nueva actividad laboral, de difícil acceso en razón a las
causas antes referidas; c) y en otros muchos supuestos, también deberán considerarse las
prestaciones de seguridad social justamente para excluir toda indemnización adicional
por el concepto de lucro profesional cesante (cuando esté ya resarcido por las
prestaciones), limitando –en este último caso- la responsabilidad indemnizatoria a los
restantes apartados de daños (corporales, morales y emergentes).
Como al efecto dice la STS de 30 de enero de 2008 que se viene comentando, lo
percibido por prestaciones obligatorias de Seguridad Social y por sus mejoras
voluntarias es compensable con la parte de indemnización reconocida por lucro cesante,
pero no con las cantidades reconocidas por otros conceptos (daño emergente, daños
corporales y daños morales), pues como se ha dicho anteriormente, solo cabe la
operación de compensación entre conceptos homogéneos; derivada de dicha doctrina, el
TS admite que el Juzgador de instancia efectúe el cálculo de la indemnización tomando
en consideración para su cuantificación los parámetros del baremo que no tienen en
cuenta el lucro cesante sino los demás tipos de daños, por cuanto que “la indemnización
resultante de la aplicación del baremo es igual a la que obtendría una persona que, por
no llevar a cabo actividades económicas que den lugar a su inclusión en el sistema de la
Seguridad Social, no lucrase prestación económica alguna de este sistema como
consecuencia del accidente”.
La resolución expresa que en materia de Accidentes de trabajo no pueden
reproducirse miméticamente las concretas operaciones contenidas en el Anexo (DA.
Octava de la Ley 30/1995), y por interés cabe comentar lo que la sentencia establece en
44

elación a la situación de IP e IT establecidas en el Baremo. Dejando al margen lo que
se dispone para IT, que se comentará posteriormente, y centrándome en la doctrina del
TS sobre la IP, hay que partir de la base de que en la Tabla IV de aquel Anexo, relativa
a los “Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones
permanentes”, se incluye entre otros un apartado relativo a “Lesiones permanentes que
constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima”,
donde se concretan los aumentos indemnizatorios en función de la IP parcial, total y
absoluta. En este sentido la STS de 30 de enero de 2008 recuerda como la situación de
IP se considera en el Baremo un simple dato corrector del “daño corporal” (Tabla IV),
atribuyendo una indemnización extra –muy alejada del real perjuicio- que añadir a la
correspondiente a la secuela en si misma considerada, por esta circunstancia y mediando
el previo reconocimiento de una prestación de IP, el TS establece que aquel
resarcimiento extra no puede ser computado –en términos generales- a título de “pérdida
de ingresos”, para no incurrir en la duplicidad indemnizatoria por un mismo concepto
(lucro cesante); afirmación general que no obsta el que el resarcimiento que supone la
prestación de IP a cargo de la Seguridad Social deba complementarse en aquellos casos
en los que la misma se patentice suficiente para reparar en toda su amplitud el daño
realmente causado, caso en el que no aparece estar de más el acudir –también, con
carácter orientativo a los importantes que fija el Anexo de la LRCSCVM en su Tabla
IV.
2) Conforme expresa directamente la STS de 17 de julio de 2007 (RCUD 513/2006),
la indemnización de daños y perjuicios por causa profesional no debe limitarse
necesariamente al máximo establecido en el baremo, sino que puede incrementarse
cuando se acrediten daños superiores, por lo tanto, cuando se pruebe la existencia de un
lucro cesante mayor, el órgano juzgador podrá reconocer una indemnización mayor a la
derivada de los factores de corrección por “perjuicios económicos” establecidos en las
tablas del baremo. En este sentido, pueden concurrir circunstancias en que el lucro
cesante ni tan siquiera queda compensado con la Prestación de Seguridad Social 79 , pero
no por la insuficiencia de la prestación para valorar el lucro cesante incluido en el
baremo, sino porqué la valoración de éste resulte también insuficiente. Como añade la
resolución, dado que “no es preceptiva la aplicación del baremo, puede valorarse y
reconocerse una indemnización por lucro cesante mayor que la que pudiera derivar de la
estricta aplicación de aquél, siempre que se haya probado su realidad, sin necesidad de
hacer uso de la doctrina constitucional sobre la necesidad de que concurra culpa
relevante, lo que no quiere decir que no sea preciso un obrar culpable del patrono para
que la indemnización se pueda reconocer”.
En todo caso, como consecuencia de esta doctrina sobre el baremo es que por su
valor baremo, también se puede corregir al alta, aumentando la indemnización por
concurrencia de culpa en el empresario (se ha de tener en consideración que la
responsabilidad por daños y perjuicios que regula el Baremo por accidente de
circulación no exige la culpa), como cabe la corrección a la baja en el caso de influencia
causal de la conducta del accidentado en la producción del siniestro 80 .
79 PRIETO FERNÁNDEZ, CARMEN: “El baremo en el accidente de trabajo”, op. cit., pp. 1 y ss.
80 M. DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ en “El Baremo en el accidente de trabajo”, ya citada,
aporta para la defensa de esta tesis la STSJ Asturias de 10 de octubre de 2008.
45

3) En relación a la indemnización de los daños derivados de invalideces
permanentes, la jurisprudencia del TS entiende que deben utilizarse los Factores de
corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (Tabla IV),
donde se incluye como primer factor los perjuicios económicos sufridos, en segundo
lugar los daños morales complementarios, y como tercer factor las lesiones permanentes
que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima,
resultando que el primero y el tercero de los citados son los que compensan por lucro
cesante. Así, la STS de 17 de julio de 2007 (4367/2005) y la STS 18 Octubre 2010
(Rec. 101/2010) dicen que las cantidades fijadas por el factor de “Lesiones permanentes
que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima”
compensan también por la incapacidad para actividades no profesionales o para otras
actividades de la vida, valorando también el “préjudice d’agrément” que comprende la
privación de otros disfrutes o satisfacciones que la víctima podría esperar de la vida y de
los que se ha visto privada por causa del daño, perjuicios entre los que se encontrarían el
quebranto producido para desenvolverse con normalidad en la vida doméstica, familiar,
sentimental y social, así como el impedimento para practicar deportes o para disfrutar de
otras actividades culturales o recreativas. En resumen, en relación al reconocimiento de
invalideces permanentes, los Factores de corrección de la Tabla IV sobre perjuicios
económicos y lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación
o actividad habitual de la víctima valoran el “lucro cesante” pero no en su totalidad, ya
que con los mismos no solo se indemniza la pérdida de la capacidad de ganancia a que
se circunscribe la prestación percibida por la Seguridad Social.
Como consecuencia de ello, las sentencias antedichas resuelven que el capital coste
de la pensión de la Seguridad Social no puede compensar en su totalidad lo reconocido
por el factor corrector de la incapacidad permanente que establece el Baremo ya que,
éste repara diferentes perjuicios, entre los que se encuentra la incapacidad laboral, “así
quedará al prudente arbitrio del juzgador de la instancia la ponderación de las
circunstancias concurrentes, para determinar que parte de la cantidad reconocida por el
concepto de factor corrector de la incapacidad permanente se imputa a la incapacidad
laboral y que parte se imputa al impedimento para otras actividades y ocupaciones de la
víctima, a la imposibilidad o dificultad para realizar los actos más esenciales de la vida,
etc.. Ahora bien, la STS 18 Octubre 2010 (Rec. 101/2010) siguiendo doctrina de la Sala
1ª en materia de accidentes de circulación que dice que al aplicar el factor de corrección
por incapacidad permanente (en concreto, en el grado “Permanente Total: con secuelas
permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o
actividad habitual del incapacitado”), a efectos de compensar de forma suficiente el
lucro cesante, establece que cuando no constan otros datos probatorios que los relativos
a los quebrantos para la actividad laboral del afectado “podría aceptarse como razonable
que la indemnización concedida por incapacidad permanente total pueda imputarse en
un 50% al lucro cesante, y el resto al daño no patrimonial”. Al compás de esta tesis, la
resolución judicial fija la indemnización de la siguiente manera: acoge una cantidad del
factor de corrección, de esta cantidad imputa un 50% al lucro cesante derivado de la
incapacidad permanente para el trabajo –compensando lo ya abonado por la Seguridad
Social en concepto de disminución de la capacidad de ganancia-, y el otro 50% al daño
no patrimonial para desenvolverse con normalidad en sus actividades
extraprofesionales, con lo que en consecuencia, de la cantidad del factor corrector
acogida por el Juez el perjudicado solo recibe el 50%.
El Voto particular a la sentencia, emitido por L.F. de Castro, parte de la base de
considerar que el factor corrector “Permanente Total: con secuelas permanentes que
46

impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del
incapacitado” no alude conjuntamente a los dos bienes a que la misma se refiere –lucro
cesante y préjudice d’agréement- sino tan solo al daño moral ordinario, por lo que la
cantidad a reconocer por tal concepto en el Baremo habría de ser –orientativamente- la
íntegra que el mismo contempla (y no el 50% fijado en la resolución-). El Magistrado
discrepante cuestiona la consideración del préjudice d’agréement como partida
indemnizable independiente (incluida en el factor corrector visto), porque el concepto
en nada diverge del daño moral, ya que viene a ser el aspecto puramente moral del daño
fisiológico. Es más, según el Magistrado esa incapacidad “para la ocupación o actividad
habitual” no es identificable con el préjudice d’agréement. Añade que no le parece
justificado que –por una misma secuela- a quien no es trabajador se le satisfaga integro
el factor corrector (al no tener ingresos nada se imputa a lucro cesante) y a un trabajador
se le descuente un porcentaje (imputado al lucro cesante). Tampoco es defendible que
respecto de los trabajadores la indemnización cubra los dos objetivos -lucro cesante y
daño moral- en la proporción que discrecionalmente fije el Juez, con una
discrecionalidad que se suma a las muchas dificultades para fijar el adecuado importe
indemnizatorio.
En conclusión, para el Magistrado, no debe atribuirse la doble significación al factor
corrector, sino que la indemnización ha de apuntar a la misma finalidad de compensar el
daño moral que comporta el déficit para la actividad habitual (profesión habitual, o
estudios…): esta indemnización habrá de sumarse a la que es propia de las secuelas
individualmente consideradas (que también incluyen el daño moral, aunque escaso
como ponen de manifiesto diversos elementos correctores), e incluso al singular factor
de corrección “daños morales complementarios” (si la entidad de las secuelas lo
consintiese, porque se requiere que una sola de ellas exceda de 75 puntos, o las
concurrentes supere los 90 puntos).
4) Por lo que hace referencia a las indemnizaciones por IT previstos en la Tabla V
del Anexo, hay que recordar que esta tabla se incluye por un lado una Indemnización
básica (“incluidos daños morales”) por días de baja hospitalaria y no hospitalaria, y en
este último caso en función de si son impeditivos para el trabajo o no lo son, y por otro
lado se incluyen unos Factores de corrección por “perjuicios económicos”, el TS
también ha establecido una regla para su consideración en materia de siniestralidad
laboral:
Por un parte, en la STS de 30 de enero de 2008 anteriormente mencionada, el TS
señala que en la aplicación de esta Tabla V no se puede dejar de tener en cuenta el
subsidio por IT ya percibido, “lo que razonablemente nos lleva a cifrar el lucro cesante
en la diferencia entre el salario real que se hubiera percibido de permanecer el
trabajador en activo y la prestación abonada por IT (cantidad superior a la que el Anexo
señala tasadamente como “factor de corrección” por “perjuicios económicos”, en
función de los ingresos netos anuales de la víctima), y a cuantificar la indemnización
por daño moral como si de una situación no impeditiva para el trabajo se tratase, a
excepción de los días de estancia hospitalaria, que parece oportuno resarcirlos con la
indemnización prevista en el Anexo. A esta conclusión llega el TS “porque si la
indemnización básica por IT en la Tabla V se fija “incluidos los daños morales”, parece
razonable entender que el daño moral está cuantificado en el importe indemnizatorio
correspondiente en el día “no impeditivo”, habida cuenta del limitado juego (aumento
porcentual) que se da a los ingresos de la víctima”.
47

Esta doctrina sobre la cuantificación del daño moral en supuestos de IT en el
apartado específico de los días de baja sin estancia hospitalaria de carácter no
impeditivo, ha sido confirmada por la STS 30 Junio 2010 (Rec. 4123/2008), según la
cual, desde el momento en que las cantidades previstas en la Tabla V como
indemnización básica para la IT se declaran incluidos los daños morales, “no cabe la
menor duda de que la cantidad prevista para los días no impeditivos para el trabajo
(aquellos que son posteriores al alta laboral, pero anteriores a la completa curación), son
los únicos en los que no se contempla el perjuicio económico (al no ser impeditivos
permiten al accidentado trabajar y obtener el habitual salario) y que por lo mismo
resarcen exclusivamente el dolor moral inherente a dolencias –no permanentes- que
todavía persisten y obstan la declaración de sanidad completa.
En todo caso, esta sentencia ha modulado el cómputo indemnizatorio de estos días
no impeditivos al expresar que ese resarcimiento legalmente cuantificado “se nos
presenta en su mínima expresión, precisamente porque también se corresponde con el
mínimo de sufrimiento –dolor moral- padecido en todo el proceso de curación, al afectar
a la fase de sanidad en la que la víctima está capacitada para desarrollar su ocupación o
actividad habitual (el trabajo, en el caso de que tratamos). Y es precisamente esta
consideración la que lleva a entender que la cantidad resarcitoria que ha de atribuirse a
tal etapa “no impeditiva” ha de ser inferior –como hasta ahora hemos venido
entendiendo- no solamente a la que en justicia ha de corresponder a los días de estancia
hospitalaria (a los que asimilar los de inmovilización o permanencia obligada en el
domicilio), sino que igualmente ha de serlo respecto de la que deba atribuirse a los días
simplemente “impeditivos” y sin estancia hospitalaria, pues no cabe duda de que – en
un orden natural de las cosas- el sufrimiento psico-físico de la víctima ha de ser mayor
cuando se está incapacitado que cuando se está en condiciones de desarrollar la
ocupación habitual”.
Así, la sentencia identifica el resarcimiento del daño moral correspondiente al día no
impeditivo con los importes del Baremo, y por otra parte los días impeditivos y con
permanencia hospitalaria, respecto a cuya valoración no se pueden minorar las
previsiones de la Tabla V a los efectos de determinar el resarcimiento del daño moral en
la situación de IT, más cuanto los importes del Baremo corresponden a una
responsabilidad objetiva y la responsabilidad civil por AT requiere responsabilidad
empresarial.
2. Debate judicial sobre la actualización de la cantidad indemnizatoria: el devengo
de intereses moratorios.
El art. 1108 del Código Civil regula que “si la obligación consistiere en el pago de
una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y
perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses
convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal”; en todo caso, la satisfacción de
estos intereses moratorios como vía para la actualización de la compensación
resarcitoria al trabajador derivada de la aplicación del baremo de accidentes de tránsito
no es pacífica en la doctrina judicial.
Una de las interpretaciones asumidas por el TS es que determinada la deuda en la
fecha en que recaiga la condena a la reparación en la primera sentencia estimatoria, se
entiende actualizada por ese mismo hecho (como así podría derivarse de la comprensión
de las STS 17.07.2007 (513/20016 y 4367/2005); en este sentido la STS de 18 de
48

Octubre de 2010 (Rec. 101/2010) que se encuentra únicamente ante una petición de
actualización de la indemnización, radicando el conflicto solo sobre la fecha del Baremo
a tomar en cuenta –el de 2006, vigente a la fecha de la presentación de la demanda, o el
de 2009, vigente a la fecha de la sentencia recurrida-, el TS aboga por el criterio de
“indemnización actualizada” es decir, que el importe de la indemnización se fije en
atención a la fecha de la sentencia que por primera vez cuantifica la indemnización.
No obstante, el TS, particularmente a partir de su sentencia de 30 de enero de 2008,
también utiliza otra vía para la actualización de la indemnización, que es interpretar los
arts. 1101 y 1108 CC de forma que la regla general ha de ser que las deudas a favor del
trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial.
Para motivar su postura, la STS de 30 de enero de 2008 parte de los principios
concernientes a la reparación de daños en casos de lesiones y fallecimiento que fueron
adoptados por Resolución 75/7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. En la
Directriz 1.2 fijada en esta Resolución se establece que la indemnización destinada a
reparar el daño se calculará según el valor que tenga el daño “al dictarse la
sentencia…”. Según la resolución judicial, este objetivo puede ser logrado con una
interpretación no restrictiva de los intereses moratorios, “en el bien entendido de que
ambos sistemas –intereses/actualización- [intereses moratorios-actualización de
importes indemnizatorios en sentencia] son de imposible aplicación simultánea”, y por
tanto proceder a reconocerlos.
Para motivar esta solución, el TS sigue partiendo de que la indemnización es una
deuda de valor, con lo que ello supone en orden a la determinación de su resarcimiento,
con lo que de entrada es aplicable cláusula “in illiquidis non fit mora”, y por lo tanto la
exigencia de liquidez para que las deudas generen intereses moratorios. Ahora bien, la
STS de 30 de enero de 2008 reconsidera el tema haciendo uso de los matices que la Sala
1ª ha realizado de dicho brocardo rechazando todo automatismo en su aplicación, con
mayor “con mayor rotundidad” deberá hacerse en el campo del Derecho del Trabajo,
“terreno en el que los principios sociales han de imponerse todavía con más fuerza que
en el Derecho Civil (lo que justificaría interpretaciones “matizadas” respecto de las que
hubiera llevado a cabo la propia jurisdicción civil, aun a pesar de ser ésta la genuina
intérprete de las disposiciones del Código), sino que los intereses en juego –afectantes a
los valores de singular trascendencia- imponen una interpretación pro operario,
contraria a la tradicional favor debitoris que informa la práctica civil”. Por esa razón,
prosigue la STS de 30 de enero de 2008, estas singularidades del Ordenamiento laboral
justifican plenamente que en el ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de
los arts. 1101 y 1108 CC atienda –incluso- a un mayor automatismo que el orden civil,
de manera que “la regla general en la materia ha de ser –supuestos exorbitantes aparte-
la de que las deudas a favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la
interpelación judicial”. En el caso sometido al TS, la cuantía objeto de reclamación
ofrecía liquidez jurídica (la cuestión se limitaba –esencialmente- a aplicar o no la
doctrina tradicional acerca de la compensación con la capitalización de las pensiones),
lo que facilita al TS aplicar las prevenciones sobre intereses moratorios contenida en los
arts. 1100, 1101 u 1108 CC, con lo que su fallo es concluyente en el sentido de que “los
intereses moratorios se devengan automáticamente, por imponerlo así la defensa de los
legítimos intereses del acreedor”.
Sigue esta línea judicial la STS 30 Junio 2010 (Rec. 4123/2008) considera a la
indemnización debida al trabajador por siniestralidad laboral una deuda de valor, con lo
49

cual el régimen jurídico para secuelas y puntos lo determina la fecha del accidentes,
aunque los puntos y criterios valorativos en la fijación y actualización de los importes
fijados en el baremo de accidentes de tránsito son los de la fecha de consolidación de las
lesiones (alta médica); ahora bien, para la sentencia, haciendo uso de la doctrina vertida
en la de 30 de enero de 2008, para dicha actualización también procede el
reconocimiento de los intereses moratorios de los arts. 1101 y 1108 CC a favor de los
trabajadores desde la interpelación judicial. En consecuencia, la Sentencia de 30 de
junio de 2010 acaba resolviendo que sobre la total cantidad indemnizatoria ha de
aplicarse el interés legal moratorio desde su “devengo en la fecha de consolidación de
las secuelas y hasta el presente”. La STSJ de Cataluña de 14 de septiembre de 2012a
(9332/2012) de 14 de septiembre de 2012 concreta esta aplicación del interés legal
moratorio ciñéndolo al momento a partir del cual se generan, y en este sentido, advierte
que si, por ejemplo, la sentencia fija la indemnización estrictamente por el Baremo
vigente en el momento de dictarse sentencia o de interponer la demanda, aquellos
intereses moratorios derivados del art. 1101 CC se calcularán desde el momento de
interponer la solicitud de conciliación, mientras que si se aplican los del momento del
accidente o de la consolidación de las lesiones –alta médica o declaración de
incapacidad- tendrá que ser dicho momento al que se retrotraigan los intereses. En todo
caso, a partir de la resolución de la sentencia proceden también los oportunos intereses
procesales derivados del art. 576 LEC.
En todo caso, el debate se produce respecto de los intereses del art. 20 de la Ley de
Contrato de Seguro que regula los intereses moratorios de la entidad aseguradora 81 .
Conforme a la doctrina derivada de la jurisdicción civil la imposición de estos intereses
moratorios tiene un carácter sancionatorio, para evitar que se utilice el proceso como
maniobra dilatoria para retrasar el cumplimiento de la obligación correspondiente. De
dicha indemnización por mora, la aseguradora sólo podrá exonerarse cuando “la falta de
satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una
causa justificada o que no le fuere imputable” (art. 8 LCS).
La STS 30 Junio 2010 (Rec. 4123/2008) entra a valorar también el abono de los
intereses previstos en el art. 20 LCS, y entiende que no ha lugar al abono cuando el
retraso en el pago por parte de la aseguradora estaba fundada en situaciones discutibles,
como la determinación de la entidad aseguradora responsable, la fecha del hecho
causante o la cuantía de la indemnización.
A tenor de esta doctrina, las causas de exoneración del pago de la indemnización por
mora seria amplio, sobre todo a tenor de la última de las causas citadas (la
determinación de la cuantía), si bien la STS (Sala de lo Civil) de 23 de abril de 2009,
aporta un test para determinar si existe o no una cláusula de exclusión de la
81 Para BUERES estos intereses derivados del art. 20 LCS tienen la configuración de penas civiles de
origen legal, es decir son intereses punitorios reservados estrictamente al ámbito contractual, por lo que
quedan fuera del estricto Derecho de la responsabilidad civil, y añade que dichas penas privadas están
ligadas al momento en que la obligación fue incumplida y no al tiempo de su constitución. Esto le sirve
para defender que mientras el derecho español vigente permanezca ajeno a la imposición de penas
privadas unidas a la generación de la obligación, cabe afirmar que la responsabilidad civil no está al
servicio preventivo de la obligación y que no existen penas privadas ligadas al incumplimiento de la
obligación resarcitoria por parte del causante responsable (véase “El futuro de la responsabilidad civil:
¿Hacia dónde vamos?”, op. cit., p. 734 y ss.).
50

indemnización por mora consistente en comprobar si además de haber sido necesario
acudir al juzgador para la determinación de la causa, culposa o no, de la producción del
siniestro, sea necesaria su decisión para la fijación de la cantidad exacta de la cantidad
ante las discrepancias de las partes. En todo caso, considero que en el ámbito laboral,
en este específico punto del ámbito laboral, también se debe traer a colación la
relativización vista anteriormente del principio in iliquidis non fit mora cuando del
supuesto o caso sometido a juicio no derivase dificultad para procederá a la
determinación de la indemnización.
Por tanto, al margen de los supuestos de exoneración, que hacen que la
determinación del pago de la indemnización por mora sea una cuestión casuística, el
asegurador si podría tener que asumir estos intereses moratorios. Considero que, pese ad
su adjetivación como sancionatorio, la inclusión de este pago en la indemnización final
implicaría la asunción en el régimen resarcitorio por daños en el ámbito laboral de una
perspectiva preventiva así como en la completa compensación de los daños sufridos por
el trabajador; en todo caso, a tenor de la sentencia vista, los motivos para evitar su pago
son ciertamente amplios, más aún con el sistema de fijación de la indemnización a
través del baremo.
IV. LAS ESPECIALIDADES DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS EN EL MARCO DE LA LESIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES
En materia de Derechos fundamentales y responsabilidad anudada a los daños
derivados de su vulneración, la interpretación de los arts. 180 y 181 de la ya derogada
LPL estimaba que el derecho a una indemnización destinada a la reparación de los
perjuicios ocasionados por la contravención de aquellos derechos no era una
consecuencia que automática y obligadamente impusieran dichos preceptos 82 .
De hecho, en una primera fase interpretativa sobre la indemnización por los daños
derivados de la vulneración de los derechos fundamentales, en particular por los daños
morales, se abogaba por acudir a lo dispuesto por el art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 de
mayo, por lo que acreditada la intromisión ilegítima en los derechos al honor, la
intimidad personal y familiar y la propia imagen, se presumía el perjuicio, al que
corresponde la indemnización moral, cuya valoración pecuniaria estaría determinada
por la gravedad de la lesión y las circunstancia del caso 83 , correspondiendo llevar la
cuantificación al órgano judicial de instancia cuantificar discrecionalmente la
indemnización por el daño moral 84 .
En relación a la indemnización por daños derivados de la vulneración del Derecho
fundamental de libertad sindical, el criterio que se impuso vino dado por la STS de 22
de julio de 1996 (RJ 6381), en la que se afirmó que la lesión de la libertad sindical no
determinaba una indemnización automática, puesto que para ello “es de todo punto de
82 PALOMO BALDA, E.: “Derecho de daños y relaciones laborales”, op. cit., pp. 211-212.
83 Idem.
84 C.L. ALFONSO MELLADO. Indemnizaciones entre empresarios y trabajadores antes y durante el
desarrollo de la relación laboral. Tirant lo banch (Colección laboral: 3), Valencia, 1994, p. 96.
51

vista obligado que, en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su
demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifiquen
suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se
trate, y dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión; y en
segundo lugar que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo
suficientes en los que se pueda asentar una condena de tal clase”. Posteriormente, la
STC 247/2006, de 24 de julio, conoce de un conflicto en el que reconoce los criterios
anteriores, pero afirma también que el demandante que le plantea el amparo no había
pretendido que la declaración de la lesión de su derecho de libertad sindical hubiera de
conllevar tal automático reconocimiento de una indemnización, sino más bien “que trató
de justificar su procedencia sobre la base de la intensidad misma del comportamiento
antisindical y los daños que tales conductas necesariamente habían de provocar en la
persona que las padecía, procediendo a cuantificar la indemnización reclamada y
utilizando para ello un criterio de referencia que estimó adecuado al efecto, cuál era el
relativo las cuantías sancionadores para las infracciones empresariales en caso de
reincidencia, en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social”; como resultado
de esta afirmación, el TC confirma al trabajador en búsqueda de amparo una
indemnización por daños morales en función de sus derechos de libertad sindical y
tutela judicial efectiva 85 .
Como se ha afirmado, con esta importante sentencia, si bien el máximo intérprete de
la Constitución no cuestiona la doctrina judicial sobre la no automaticidad de la
indemnización, si en cambio la replantea tácitamente 86 . En este sentido, el TC asume en
la sentencia aquellos hechos que constatan “la intensidad” del comportamiento
antisindical como base o elemento clave de la indemnización inicialmente solicitada y
posteriormente concedida por el propio TC, de lo que podría deducirse, que siempre que
hay una lesión a un derecho fundamental debería existir una compensación económica,
solución errónea, al parecer de ROCA TRIAS, “porque se requiere, como en todo daño,
que se prueben las circunstancias concurrentes, ya que puede haber una lesión sin daño
moral o bien que el daño sea reparado por otras vías” 87 .
De hecho, tal probanza deriva necesaria por ejemplo en la STS de 12 de diciembre
de 2007 (R. 25/2007), resuelta en el caso de una reclamación sindical por daños y
perjuicios ante la conducta empresarial lesiva ante el ejercicio del derecho de huelga (en
el supuesto planteado, la orden de una compañía aérea de realizar vuelos en el contexto
de la convocatoria de una huelga); como observa DESDENDATO BONETE en un
comentario de esta resolución, como en el caso planteado por el sindicato reclamante
era difícil proceder a una evaluación de los daños que tendría que ponderar el efecto de
la conducta empresarial sobre el resultado de la huelga y el beneficio obtenido por la
empresa, la parte demandante utiliza expresamente la vía del daño moral y la doctrina
85 Véanse los comentarios sobre el párrafo transcrito de ROCA TRIAS, ENCARNACIÓN: “Derecho
de daños y relaciones laborales”. Ponencia presentada al Encuentro entre Magistrados del Orden Social,
Madrid, C.G.P.J., abril de 2008, p. 193.
86 DESDENTADO BONETE, A.: “Problemas de Derecho Colectivo del Trabajo en la doctrina
jurisprudencial reciente (2006-2008). Una síntesis crítica”, en Cuadernos de Derecho Judicial:
Jurisprudencia Social (2006-2008): Análisis Crítico, Madrid, C.G.P.J.: 2009, pp. 191 y ss.
87 ROCA TRÍAS, ENCARNACIÓN: “Derecho de daños y relaciones laborales”, op. cit., p. 194.
52

sobre su carácter automático para obtener la correspondiente indemnización, alegando
que se pide una cantidad simbólica en concepto de compensación sustitutiva de la
efectividad del derecho, y no de reposición de un daño material 88 .
Para el TS, la lesión de un derecho fundamental determina normalmente la
producción de un daño en la media en que esa lesión se proyecta lógicamente sobre un
bien ajeno, lo que junto a la base jurídica vigente en aquel momento de reconocer la
reparación de las consecuencias derivadas del acto, que pueden concretarse en daños
materiales y morales, incluyéndose en aquella reparación las indemnizaciones
correspondientes. En todo caso, “el daño moral debe ser alegado por el demandante
precisando su alcance y, en su caso, acreditado en el proceso”, siguiendo lo dispuesto en
la STS de 22 de julio de 1996, sobre la insuficiencia de acreditar la vulneración de la
libertad sindical para que el juzgador tenga que condenar automáticamente a la persona
o entidad conculcadora al pago de una indemnización, sino que es del todo punto
obligado a que se aleguen adecuadamente en la demanda las bases y elementos clave de
la indemnización que se reclama, y que queden acreditaos, cuando menos, indicios o
puntos de apoyo en los que aquella pueda asentarse. Como comenta DESDENTADO
BONETE, el TS sigue en cambio la doctrina del carácter no automático de indemnizar y
por tanto la necesidad de acreditar el daño moral que alega. Se reconoce que hay
algunos daños morales cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera
acreditación de la lesión, pero en el caso decidido no se aprecia esa implicación directa
entre la conducta lesiva de Derechos fundamentales y daño moral. La sentencia entiende
que el daño, en cuanto implica un elemento aflictivo de sufrimiento –vertiente positiva-
o una privación en el ámbito efectivo o en la consideración pública –vertiente pasiva-,
no puede derivarse de la simple salida de unos vuelos en las circunstancias descritas
cuando no sólo se desconoce la repercusión de estos sobre el resultado de la huelga,
sino que tampoco consta ninguna circunstancia que pueda vincular la realización de
esos vuelos con un descrédito para el sindicato o un deterioro de su imagen pública,
algo que no se alegó 89 . Con estas afirmaciones, el TS pretende dejar a salvo, y así lo
hace constar expresamente, el respeto a la doctrina sentada por la STC 247/2006, ya que
según el TS, mientras en la resolución constitucional se concede el amparo a través de la
alegación de unos hechos que por su “intensidad y duración” constataban la existencia
de un “maltrato o daño psicológico”, ello no habría resultado de aplicación al caso
concreto conocido por el TS 90 .
88 DESDENTADO BONETE, A.: “Problemas de Derecho Colectivo del Trabajo en la doctrina
jurisprudencial reciente (2006-2008). Una síntesis crítica”, op. cit., pp. 208 y ss.
89 DESDENTADO BONETE, A.: “Problemas de Derecho Colectivo del Trabajo en la doctrina
jurisprudencial reciente (2006-2008). Una síntesis crítica”, op. cit., pp. 208 y ss.
90 TOLOSA TRIBIÑO comenta también la sentencia del TS de 30 de noviembre de 2009 que a su
juicio continuaría con la línea rígida al sostener que “Esta Sala ha establecido que no basta con que quede
acreditada la vulneración de la libertad sindical para que el juzgador tenga que condenar automáticamente
a la persona o entidad conculcadora al pago de una indemnización…, para poder adoptarse el mencionado
pronunciamiento condenatorio es de todo punto obligado que, en primer lugar, el demandante alegue
adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que
justifique suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate,
dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión, y en segundo lugar que queden
acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una
condena de tal clase” (véase “La nueva regulación del proceso de tutela en la jurisdicción laboral”,
53

En cambio, si se aplica al caso concreto la doctrina constitucional antedicha en el
marco de la STS de 5 de febrero de 2013 (Rc. 89/2012), y por lo tanto acaba
concediendo la indemnización por daños morales ante la vulneración de un derecho
fundamental, en concreto la garantía de indemnidad, en base a “la gravedad de la
conducta vulneradora de derechos fundamentales” que se describía en la demanda, con
invocación de estos, y de las consecuencias dañosas sobre la parte demandante, y con
justificación de la indemnización solicitada sobre la base de lo dispuesto en la LISOS
para las infracciones ajustadas a dichas conductas empresariales y las sanciones de
multa correspondientes.
Esta doctrina deberá verse iluminada con la perspectiva que aporta la LJS: para
empezar, esta ley procesal del ámbito social asume el conocimiento de las cuestiones
litigiosas que se promuevan sobre la tutela de los derechos fundamentales, siempre que
el litigio verse sobre cuestiones objeto de competencias del orden jurisdiccional social
“incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños” (art. 2);
en este sentido, los órganos judiciales del ámbito social conocerán de dicha
responsabilidad en las demandas sobre tutela de derechos fundamentales, las cuales,
según establece el art. 179 “además de los requisitos generales establecidos en la
presente Ley, deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el
derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso,
con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo
dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos
a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada,
deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la
indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o
las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador”. Esa diferenciación
en materia de responsabilidad por daños estaría en la base de que en el mismo art. 179
incluya la necesidad de que la demanda incluya “la cuantía de la indemnización
pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y
perjuicios”, a los efectos de los artículos 182 y 183 LJS, por cuyo mandato el Juez
deberá pronunciarse sobre aquella cuantía, en función tanto del daño moral unido a la
vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales
derivados; es decir, el Juez se pronunciará sobre la cuantía de los daños morales unidos
a la vulneración del derecho fundamental por una parte, si como aquellos otros
“adicionales” que se deriven de ello.
Lo que el legislador ha regulado es que en demandas en materia de responsabilidad
por daños por lesión de derechos fundamentales se pueden reclamar las
indemnizaciones correspondientes a daños morales y a daños adicionales derivados.
Tanto para unos como para otros, la demanda debe expresar “con claridad los hechos
constitutivos de la vulneración” y “el derecho o libertad infringidos”.
La cuestión cuya confusión va a dar origen a varias interpretaciones es la
recopilación en la demanda de “la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso,
con la adecuada especificación de los daños y perjuicios a los efectos de lo dispuesto en
Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Justicia Laboral, 2º Trimestre 2012 (Año XII).
pp. 47 y ss.).
54

los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la
vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada,
deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la
indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o
las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador”.
1. Por un parte, de esta regulación puede entenderse que el legislador ha procedido a
distinguir claramente la indemnización por daños y perjuicios –que se configura como
indemnización por daños materiales o patrimoniales cuya prueba y cuantificación queda
en manos del demandante- de la indemnización de daños morales unidos a la
vulneración del derecho fundamental de cuya cuantificación se exime al demandante
“por ser de difícil estimación” 91 . Así, podría afirmarse que a partir del juego del art.
179.3, que eximiría a la víctima de la acreditación de los daños morales, el art. 183
atribuiría dicho actividad al Tribunal cuando la prueba de su importe exacto resulte
demasiado difícil o costosa.
Así, en este debate sobre la forma de acreditar la producción del daño, se afirma que
la aportación de las bases de reclamación en los daños morales es diferente que en el
resto: por una parte, en los daños y perjuicios adicionales deben establecerse las
circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, con lo
que la LJS habría atendido así a la doctrina que requería la aportación en estos casos, si
no de prueba cumplida de los daños y perjuicios, al menos sí de unos parámetros,
elementos o bases de cálculo 92 . De hecho, por lo que se refiere a la indemnización por
los daños y perjuicios adicionales, los tribunales siempre han entendido que no es
suficiente a este respecto con acreditar que se ha cometido una violación o afectación a
un derecho fundamental. Se ha sostenido que indemnización por daños y perjuicios
adicionales no es automática, sino que los daños físicos, psíquicos y morales a resarcir
por esta indemnización deben quedar demostrados, cuando menos “en base a indicios o
puntos de apoyo suficientes en los que se pueda apoyar una condena de tal clase” (STS
de 24 de abril de 2007 o también de 20 de septiembre de 2007) 93 .
Pero por otro lado, la doctrina anterior no resultaría aplicable cuando los daños de
que se trate sean daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental de
difícil estimación detallada, ya que en este supuesto no será necesario para la víctima
cumplir con el requisito de su acreditación en los términos reseñados, sino que será el
Tribunal quién determine el valor económico de los mismos, lo que está en relación con
91 LÓPEZ BALAGUER, M: “El procedimiento de oficio, el proceso de conflictos colectivos, el
proceso de impugnación de convenios colectivos y el proceso de tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas”, en AA.VV. (Dir. BLASCO PELLICER, A.; GOERLICH PESET, J.M.), La reforma
del proceso laboral. La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Tirant lo blanch, Valencia, 2012,
pp. 404 y ss.
92 J.A. FOLGUERA CRESPO: “Artículo 179. Tramitación”. En AA.VV. (Directores:
J.A.FOLGUERA CRESPO; F. SALINAS MOLINA; M.L. SEGOVIANO ASTABURUAGA):
Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 2ª Edición, Lex Nova, Valladolid, 2001, p.
679.
93 ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT MONTFORT, G.; SALCEDO BELTRÁN, C.;
BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El impacto
de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales (actualizao con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, op,
cit., p. 99.
55

el art. 183.1.2 de la LJS 94 . La estimación de esta interpretación llevaría a la necesidad de
replantear la elaboración jurisprudencial llevada a cabo hasta la fecha: básicamente por
el hecho de que la LJS plasma una presunción legal sobre la existencia de daños
morales por el hecho mismo de la lesión del derecho fundamental, siguiendo la doctrina
judicial de los años 90 sobre la automaticidad indemnizatoria, con la posibilidad eso si
de probar otros daños, no morales, sino patrimoniales, que se añadirían al daño moral
básico presunto 95 . A esta interpretación sobre la automaticidad de la indemnización por
daños morales cuando se estime la vulneración de un derecho fundamental, coadyuvaría
tanto el art. 179.3 como el 183 vinculan el daño moral a la lesión del derecho con la
referencia expresa a “los daños morales unidos a la vulneración del derecho
fundamental”, así como también por la exigencia impuesta por el legislador en relación
con la obligación del Tribunal de calcular el valor económico del daño teniendo en
cuenta no solo el objetivo resarcitorio sino también el preventivo (obsérvese como
según el art. 183.2 el Tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño para resarcir a la
víctima restableciéndola en la integridad de su situación anterior a la lesión, “así como
para contribuir a la finalidad de prevenir el daño”).
No obstante, pese a dicha apertura a la automaticidad reparadora también se parte de
que la norma tampoco pretendería eximir a la víctima de la lesión del derecho
fundamental de la exigencia de acreditar la existencia de ese daño siquiera
mínimamente, sin que sea necesario que el trabajador vaya más allá de esta concreción
o exteriorización del daño moral, quedando en manos del Tribunal su cuantificación 96 .
2. Profundizando en la idea anterior, lo que LJS pretendería es abrir varias vías para
favorecer la reparación indemnizatoria por daños morales unidos a la vulneración de
derechos fundamentales, aunque más que en relación a la automaticidad indemnizatoria
derivada de una lesión al derecho fundamental, dicho favorecimiento resarcitorio se
produciría a través de la atribución al Juez de un papel activo en su reconocimiento,
reformulando de alguna forma también la doctrina judicial vigente hasta la entrada en
vigor de la ley.
Esta vía se habría visto además potenciada por resoluciones como la derivada de la
Corte Europea de Derechos Humanos, en su Sentencia de 19 de febrero de 2013 (Asunto
García Mateos c. España, Rc. 38285/09), en la que se resuelve que el hecho de que el
Tribunal Constitucional hubiese declarado nulo el acto de vulneración de un derecho
fundamental de la trabajadora en amparo, sin reconocerle en todo caso una
94 LÓPEZ BALAGUER, M: “El procedimiento de oficio, el proceso de conflictos colectivos, el
proceso de impugnación de convenios colectivos y el proceso de tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas”, op. cit., pp. 404 y ss.
95 J.A. FOLGUERA CRESPO: “Artículo 179. Tramitación”, op. cit., p. 679.
96 LÓPEZ BALAGUER, M: “El procedimiento de oficio, el proceso de conflictos colectivos, el
proceso de impugnación de convenios colectivos y el proceso de tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas”, op. cit., pp. 404 y ss. También C.L. ALFONSO MELLADO epara quién el art. 183
LJS prevé una indemnización cuya cuantía depende: “de un lado del daño moral que per se produce la
vulneración de un derecho fundamental; y de otro lado, de la concurrencia, en su caso, de otros daños y
perjuicios adicionales” (véase ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT MONTFORT, G.; SALCEDO
BELTRÁN, C.; BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social. El impacto de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales (actualizao con la Ley 36/2011, de
10 de octubre), op. cit., p. 93).
56

indemnización como medio de reparación del derecho afectado ya que dicha concesión
no está prevista en la legislación aplicable a al recurso de amparo, ha vulnerado, según
dice la Corte en los fundamentos jurídicos 48-49 de su sentencia, los arts. 6 (Derecho a
un proceso equitativo) en relación al 14 de la Convención (principio de no
discriminación).
Para canalizar esta fundamentación en el marco judicial ordinario, se ha de constatar
que la LJS parte de que el Juez, según el art. 183 LJS ha de pronunciarse sobre la
cuantía de la indemnización, “en función tanto del daño moral unido a la vulneración
del derecho fundamental” como los daños y perjuicios adicionales derivados. De esta
regulación normativa debe derivarse necesariamente la anudación presunta de la lesión
de un derecho fundamental con la producción de un daño moral, es decir, la lesión de un
derecho fundamental está conectada con la derivación de un daño fundamental, aunque
de dicha conexión se derive necesariamente deberá derivar per se en el reconocimiento
de una indemnización bajo dicho fundamento, sino que deberá seguir acreditándose.
Ahora bien, en casos de acreditación difícil, será el Juez quién debe disponer de un
papel activo en su reconocimiento y específicamente, en la cuantificación del daño
producido.
De hecho, la forma de acreditación de ese daño moral así como su cuantificación
varia de que ese daño sea de difícil estimación detallada o no lo sea. En este sentido, el
art. 179.3 atribuye a la demanda laboral un ejercicio de acreditación de los daños a los
efectos de determinar el monto indemnizatorio, atendiendo a tres supuestos: a) cuando
se trate de daños morales, y resulte difícil su estimación detallada; b) si se trate de daños
morales, cuando no dispongan de dicha dificultad; c) daños y perjuicios adicionales
derivados. Así, mientras en estos dos últimos casos, la demanda deberá contener “las
circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada,
incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los
perjuicios estimados para el trabajador”, por lo que hace a los daños morales “cuando
resulte difícil su estimación detallada” no serán necesarias dichas aportaciones.
Así, los daños morales que no resulten de estimación difícil deben por tanto ser
objeto de acreditación a través de circunstancias relevantes para la determinación de la
indemnización solicitada, incluyendo “la gravedad, duración y consecuencias del daño,
o las bases de cálculo de los perjuicios económicos del trabajador”. En consecuencia,
los daños morales si no son de estimación difícil, y los daños adicionales derivados
requieren por el demandante de la aportación de unas circunstancias que permitan la
fijación de su importe indemnizatoria, sin que en ello intervenga el Juez, el cual, según
dice el art. 183.2 solo deberá pronunciarse sobre la cuantía del daño, determinándolo
prudencialmente “cuando la prueba de su importe exacto resulte difícil o demasiado
costosa”, regulación que supone un habilitación novedosa al Juez para que fije
ponderadamente tal indemnización 97 .
Pero por otro lado, los daños morales cuando resulte difícil su estimación detallada
también deben aportarse en la demanda elementos de anuncio y de acreditación de su
producción, si bien no de forma específica o concreta. Es en este ámbito donde se
97 TOLOSA TRIBIÑO, C.: “La nueva regulación del proceso de tutela en la jurisdicción laboral”, op.
cit., pp. 47 y ss.
57

incluirían supuestos de lesión del derecho fundamental, en los que esta se acredita
aunque sea al amparo de la gravedad e intensidad de la vulneración producida al
derecho fundamental, pero donde su estimación detallada resulta difícil. En estos casos,
la regulación de la LJS abandona postulados de rigidez sobre la necesidad de alegar o
aportar elementos de base o de cálculo para la indemnización que se reclama,
atribuyendo al Juez un deber de aportar las pautas necesarias para cuantificar el daño
dimanante de la conducta infractora.
La dificultad de la conexión entre la lesión de un derecho fundamental y el daño
moral no debe tener como consecuencia una inactividad del juez en su reconocimiento
cuando aquél pueda resultar de estimación difícil, ya que aquél debe intervenir, no para
valorar los elementos fácticos o generales de producción del daño que en todo caso
deben emerger de la demanda, sino para valorar su cuantía indemnizatoria a partir de la
especificación que el Juzgador realice.
3. En todo caso, como se ha dicho anteriormente al comentar la STC 247/2006, ésta
acabo asumiendo que el demandante en amparo tomase como referencia para cuantificar
la indemnización debida el montante de la sanción establecida para la infracción del
derecho fundamental puesto en cuestión conforme a los parámetros de la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, cuestión que ha sido revalidada por la STS de 15 de diciembre
de 2012 así como por la de 5 de febrero de 2013 (Rc. 89/2012).
En todo caso, se han manifestado posiciones críticas hacia la adopción como
elemento referencial de las sanciones administrativas fijadas en la LISOS para el
resarcimiento de daños y perjuicios, así por ejemplo FOLGUERA CRESPO, para quién
no comparten características comunes en relación a la fijación de la correspondiente
cuantía concreta las multas administrativas con la compensación de daños, ya que el
daño causado no es más que uno de los criterios de graduación de las sanciones, y
además, “porque con ello se está perjudicando seriamente la eficacia de la respuesta del
ordenamiento, porque con un mismo abono el empresario extingue dos diversas
obligaciones: una hacia el trabajador y otra hacia el Estado, puesto que, como vienen
haciendo ya las autoridades laborales, no sin algún fundamento por lo demás, es
considerar que si empresario ha pagado ya una cuantía igual a la multa fijada en la ley,
aunque se la haya pagado al trabajador, ha cumplido con todas sus responsabilidades
también hacia la comunidad” 98 . Esta decisión por parte de las Autoridades Laborales
podría suponer una especie de descuento, respecto de las sanciones administrativas, de
la operación de descuento también llevada a cabo en el ámbito estrictamente
indemnizatorio, privilegiando de esta forma al empresario quién, tal vez, podría ser
objeto de un enriquecimiento injusto. Por otra parte, debería delimitarse adecuadamente
la vía represora, postulada por el régimen de multas administrativas, de la vía
estrictamente reparadora, formulada en el marco de la responsabilidad indemnizatoria,
la cual pese a que como se ha visto asume cada vez más un fin preventivo o disuasorio,
no abarca en todo caso la finalidad represiva propia de las sanciones públicas.
4. Finalmente, cabe traer a colación la Sentencia del TS (Sala de lo Social) de 11 de
mayo de 2012 (Recurso de casación en unificación de doctrina núm: 1554/2011), que en
98 J.A. FOLGUERA CRESPO: “Artículo 179. Tramitación”, op. cit., p. 690.
58

el marco de un proceso de tutela de Derechos Fundamentales decide sobre la posibilidad
de incluir los honorarios del letrado encargado de su asistencia jurídica en el quantum
indemnizatorio a la víctima de una vulneración de sus derechos fundamentales.
El TS ve el recurso de la empresa codemandada al denunciar la inclusión por la
sentencia judicial impugnada de los honorarios del letrado de la parte demandante como
coste incluido en la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por esta ante la
vulneración de derechos fundamentales. Para la sentencia impugnada, si no se
adicionara a la indemnización por daños y perjuicios la cantidad resultante de los
honorarios del abogado se vulneraria el derecho de indemnidad, ya que la parte actora
no vería atendidos por el causante de la lesión los dispendios económicos que le supone
la defensa de su derecho.
Para resolver esta cuestión, la sentencia parte en primer lugar de que la
indemnización de daños y perjuicios procedente derivada de una vulneración de
derechos fundamentales o de libertades públicas deberá tener un importe adecuado "
para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo
posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a
la finalidad de prevenir el daño " (arg. ex art. 183.2 LRJS), ahora bien el cumplimiento
de este principio en la determinación de la parte procesal que deba hacerse cargo de los
honorarios profesionales de los intervinientes en el proceso para sustentar la pretensión
actora y para delimitar los supuestos y cuantías procedentes, es propiamente el que
derive de “las específicas reglas procesales sociales reguladoras de la materia que están
configuradas de una manera singular y con principios propios en el proceso social
(salvo en ejecución)”, tanto en el caso que se le plantea, como en otros en los que la
jurisprudencia también ha interpretado que la indemnización procedente a abonar a la
víctima debe ser íntegra, adecuada y suficiente para resarcir todos los daños y perjuicios
causados (así, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) o
cuando, en general, la normativa aplicable obligue a reparar íntegramente los daños y
perjuicios causados (entre otros, arts. 1101 y 1902 CC ).
En este sentido, el TS recuerda que las reglas procesales sociales derivadas de la
nueva LRJS mantiene idénticos criterios y principios sobre costas y honorarios que los
que se contenían en la LPL (entre otros, en sus arts. 21.1, 66.3, 77.1, 79.2, 97.3, 148,
200.2, 213.5, 217, 228.2, 235, 236, 239, 247, 251, 268 y 269 LRJS), ajustándolos
especialmente a las reglas sobre el derecho de justicia gratuita de trabajadores y
beneficiarios del régimen público de la seguridad social con derecho a la designación de
abogado del turno de oficio. El TS advierte que en la fase declarativa y en la de
recursos, los honorarios de abogados y graduados sociales que se imponen
judicialmente por temeridad, mala fe, incumplimiento de determinadas obligaciones
procesales o preprocesales o por el principio de vencimiento, tienen un importe tasado,
hasta el límite de 600 € en la instancia, 1.200 € en el recurso de suplicación y 1.800 € en
recurso de casación (en especial, arts. 97.3 y 235.1 a 3 LRJS), de forma que no se
contienen, ni en la antigua LPL (arts. 175 a 182) ni en la reciente LRJS (arts. 177 a 184)
reglas especificas sobre costas ni honorarios en la modalidad procesal de la tutela de los
derechos fundamentales y libertades públicas; en todo caso, se regula en la LRJS con
carácter general al proceso social, en todas sus fases o instancias, las consecuencias
(rechazo de oficio de pretensiones, multas de hasta 180.000 € o indemnizaciones, en su
caso) de las actuaciones dilatorias o que entrañen abuso de derecho o fraude procesal o
que vulneren las reglas de la buena fe, así como del incumplimiento de las obligaciones
59

de colaborar con el proceso y de cumplir las resoluciones que en el mismo se dicten (art.
75 LRJS).
Con esos fundamentos, el TS interpreta “que debe rechazarse la calificación de
“indemnización“ al importe de los honorarios satisfechos al Abogado por procedimiento
en tutela de derechos fundamentales y, sin perjuicio de las reglas generales a todos los
procesos sobre las reglas de buena fe e incumplimiento de obligaciones procesales
contenidas en el referido art. 75 LRJS (coincidente en parte con el derogado art. 75
LPL)”
Para ello se sirve de los razonamientos vertidos en la Sentencia del TS de 4 de abril
de 2007 –RCUD: 588/29006): 2007 (rcud 588/29006), principalmente porque
característico del régimen procesal social a gratuidad en la instancia, puesto que en tal
fase la posible condena en costas -incluyendo los honorarios de Letrado- se limita a los
exclusivos supuestos de mala fe o notoria temeridad [art. 97.3 LPL], que han de
razonarse motivadamente en el concreto procedimiento en que las mismas se hayan
manifestado; por cuanto si se estimara la pretensión de incluir los honorarios de letrado
como indemnización de daños y perjuicios se produciría un fraude al principio de
gratuidad del proceso laboral en la instancia; también, por cuanto admitir el mecanismo
de tal reclamación - honorarios vía indemnizatoria- privaría a la parte demandada de su
derecho a impugnar los honorarios como excesivos [arts. 35, 245 y 246 LECiv]; y e)
con independencia de ello, admitir que los gastos [costas] de un proceso sean objeto de
reclamación en otro posterior, razonando que nadie debe soportar las consecuencias
onerosas de una censurable decisión ajena, conduciría a reclamaciones encadenadas
indefinidamente, pues qué duda cabe que este segundo proceso genera nuevos gastos
por asistencia Letrada, los que -con la misma lógica- bien pudieran ser reclamados en
tercer procedimiento, que a su vez generaría nuevas dispensas que también habrían de
ser objeto de otra posterior demanda... y así en indefinido e irracional “bucle”.
También la STS de 16 de enero de 2008 (RCUD: 4248/2006) se pronunció en este
sentido al afirmar que "lo reclamado por vía indemnizatoria, es una reclamación
indirecta de costas, en cuantía superior a los 600 euros, a que fue condenada, cada parte,
cuando se les condenó al pago de los honorarios del letrado impugnante de su recurso,
de acuerdo con el art. 202-1 y 4, y 233-1 LPL, por lo que resultaría improcedente; como
se decía en nuestra sentencia de 4-04-2007 (R-588/06 ) obiter dicta, la posibilidad de
calificar como indemnización el importe de los honorarios satisfechos a su abogado por
procedimiento de tutela de derechos fundamentales, supondría un fraude de Ley al
principio de gratuidad del proceso laboral en la instancia, lo que ha de rechazarse en
aplicación de los art. 11-1 LOPJ y 6-4 Código Civil, dado que el sistema adoptado en el
art. 22 LPL es el de absoluta gratuidad en la instancia, aparte de que admitir el
mecanismo de reclamación de honorarios vía indemnizatoria privaría a la parte
demandada de su derecho a impugnar los honorarios como excesivos ( art. 35, 245 y
246 LEC )".
V. CONCURRENCIA DE RESPONSABILIDADES Y SUPUESTOS DE
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
1. Tradicionalmente no ha sido clara la jurisdicción competente para conocer de los
supuestos de responsabilidades derivadas de siniestralidad laboral en el marco de
supuestos de concurrencia empresarial. Por un lado, la jurisdicción civil la ha asumido
en los casos de concurrencia empresarial en la actualización de un riesgo laboral con el
60

acaecimiento de un accidente laboral, valiendo como ejemplo la STS (Sala 1ª) de 18 de
julio de 2005, que conoce de la reclamación de una indemnización por daños y
perjuicios derivada de la muerte de un trabajador, que prestaba sus funciones sin estar
dado de alta a la Seguridad Social, para una empresa subcontratada, que forma parte de
una cadena de contratas, debido a un accidente de trabajo en el que no se habían
adoptado las medidas de seguridad debidas. La demanda pretende la ampliación de la
responsabilidad exigida, en función de los arts. 1902 y 1903 CC, a toda la cadena de
contratas, incluyendo la principal, pero el TS la acaba limitando a la parte empleadora
de la víctima, así como a la empresa que la había subcontratado, sin subir más, por así
decirlo, en la línea de contrataciones. Para llegar a esa conclusión, el TS examina en
primer lugar, el alcance del art. 1903 CC, e interpreta su alcance en el sentido de que
para poder exigir responsabilidades a su amparo, es necesario que se pruebe que entre el
contratista y el subcontratista (empleador del trabajador fallecido) ha existido
dependencia, cuestión que según el máximo tribunal, no queda clara ya que en virtud
del contrato que los unía, la adopción de las medidas de seguridad corrían a cargo de la
empresa subcontratista, no de la contratista. En todo caso, en el momento de examinar
el art. 1902 CC, y por tanto, la exigencia de responsabilidad extracontractual a la
empresa contratista, el TS confirma la concurrencia de dicha responsabilidad por cuanto
el riesgo inherente a determinadas actividades debe ser asumido por quién recibe el
provecho o la utilidad del contrato, cosa que si que concurre en la empresa contratista,
la cual, debió por esa razón actuar con diligencia suficiente para evitar que en la
ejecución del contrato de obra se causaran daños a terceros, cosa que no hizo cuando
optó por una empresa que ni siquiera tenía asegurados a sus empleados.
En todo caso, desde el ámbito social de la jurisdicción también abogó por su
conocimiento de los supuestos de responsabilidad contractual del empresario
complementada en el marco de un accidente de trabajo de causalidad “compleja” (por
ejemplo, intervención negligente de tercero que no tenga vinculación contractual con el
trabajador), valiendo como ejemplo la Sentencia del TS de 21 de septiembre de 2011
(RJ 2011/7613), afirmando por consiguiente que correspondía a la propia jurisdicción
social el conocimiento de las cuestiones de responsabilidad extracontractual implicadas
en un accidente de trabajo en el que se reclamara también por incumplimiento del deber
contractual de seguridad del empresario. De hecho, esta resolución, siguiendo la
doctrina del STS de 22 de junio de 2005 (RJ 2005/6765), manifiesta que la
responsabilidad extracontractual del tercero “se inserta en el campo propio del derecho
laboral”, y por tanto en la rama social del derecho, aunque no exista vinculación
contractual entre el responsable y el trabajador “de forma que esta especial
responsabilidad extracontractual queda englobada e inmersa en la extensa compleja
materia de la prevención de riesgos laborales en el trabajo. De la misma manera, la
doctrina también ha venido defendiendo que en los casos en los que la Ley atribuye
obligaciones y poderes tradicionalmente vinculados a la posición contractual del
empresario a otros sujetos que aprovechan tan directamente el trabajo de quien no es su
empleado (por ejemplo empresas de trabajo temporal o contratas, al menos cuando se
desarrollan en el centro del empresario principal), cabría conferir a su responsabilidad la
misma naturaleza que la que se atribuya a la del empresario directo del trabajador 99 ; por
99 ALFONSO MELLADO, C.L.: “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones
actuales”. Revistra Jurídica de Cataluña, núm. 3-2009, pp. 72-73
61

tanto, en la medida en que la responsabilidad de éste tenga naturaleza contractual,
también podrá tenerla la de aquéllos, especialmente porqué en el fondo, esa
responsabilidad nace de la relación contractual que une al trabajador con su empleador y
de la regulación –laboral- que a la misma es de aplicación que, en estos casos concretos,
implica una extensión de responsabilidad que deriva de la propia normativa legal que
integra necesariamente el contrato de trabajo 100 .
Con la LJS se acaba con la discrepancia jurisprudencial en orden a si debía ser
conocedor el orden civil o social de las reclamaciones contra empresas usuarias o
contratas, con las que no se estuviese vinculado por contrato. Si bien las relaciones entre
empresarios, como pueden ser las que realiza una empresa principal respecto de una
contratista y/o subcontratista, entre empresarios que comparten un lugar de trabajo sin
vinculación entre ellas, entre una empresa titular de un centro de trabajo y las empresas
con las que coordina actividades o una empresa de trabajo temporal respecto de la
empresa usuaria, o entre los empresarios y entidades encargadas de prestar servicios de
prevención, se deberán solventar en el orden jurisdicción civil o, en su caso, en el
contencioso-administrativo, cuando esté implicada una administración pública y así
proceda. Pero si la reclamación la hace el trabajador o sus causahabientes contra
cualesquiera de los sujetos y entidades citadas o contra el empresario o contra varios de
ellos, el litigio se atribuye al orden social, ya reclame de forma conjunta el empresario y
a los terceros obligados o solo contra los sujetos obligados 101 .
Como se ha dicho en la Presentación de este trabajo, la LJS ha atribuido a la
Jurisdicción Social una competencia del conocimiento de los supuestos de
siniestralidad laboral con carácter de globalidad, resultando como consecuencia de ello
que el amparo legal utilizado en la demanda, ya sea bajo el paraguas de una
responsabilidad contractual o extracontractual pase a carecer de relevancia a los efectos
de su atribución a los órganos judiciales del Orden Social.
De hecho, a este acercamiento del tipo de responsabilidad civil contractual y
extracontractual en el ámbito de las relaciones laborales que deriva del propio
ensamblaje en una única jurisdicción que ha llevado a cabo la LJS coadyuvarían
también las tendencias existentes en el ámbito civil de dotar de un importante campo de
actuación a la responsabilidad contractual, por cuanto no sólo es la que surge de la
violación de una obligación nacida de contrato, sino que también comprende todas las
indemnizaciones que dimanan de una obligación preexistente, cualquiera que sea su
fuente además del contrato, la voluntad unilateral, el contacto social, la gestión de los
negocios y el amplísimo espectro de las obligaciones legales 102 , y por tanto, dejando la
responsabilidad extracontractual a un espacio más acotado, por cuanto incluiría las
100 ALFONSO MELLADO, C.L.: “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones
actuales”. Revistra Jurídica de Cataluña, núm. 3-2009, pp. 72-73
101 ALFONSO MELLADO, C.L.; FABREGAT MONTFORT, G.; SALCEDO BELTRÁN, C.;
BORONAT TORMEO, M.; MEJÍAS GARCÍA, A.: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El impacto
de la LJS en la Prevención de Riesgos Laborales (actualizao con la Ley 36/2011, de 10 de octubre). Edita
UGT-PV, 2012, p.13.
102 ALBERTO J. BUERES: “El futuro de la responsabilidad civil: ¿Hacia dónde vamos?”, op. cit., pp.
807-808.
62

transgresiones a las normas que rigen la convivencia social encarnadas en un alterum
non laedere (que no es una obligación no obstante ser un deber jurídico genérico), o a
actos ilícitos imputables a título de dolo o culpa o atribuibles de manera objetiva 103 .
En este sentido, el amparo en la responsabilidad aquiliana o extracontractual en
materia de derecho de daños en el ámbito laboral, seria residual, sin perjuicio de que
también fuese conocida por la Jurisdicción social desde el momento en que se conectase
la actuación lesiva del tercero causante del daño tenga conexión directa con la
prestación de servicios. En todo caso, el establecimiento de un régimen único de
responsabilidades, y derivado de ello, la asunción por la Jurisdicción Social de
reclamaciones ante sujetos no directamente vinculados al trabajador víctima del daño
pero si conectados con la prestación de servicios de éste, debería evitar, como se ha
vaticinado por la doctrina iuslaboralista 104 , que para determinar si está ante un ilícito
contractual o extracontractual se acaba aplicando el régimen que el propio perjudicado o
el órgano judicial consideran oportuno en cada caso.
1. Estado del régimen de responsabilidad solidaria en supuestos de concurrencia
empresarial.
Sobre el tipo de responsabilidad derivada de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional por incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos empresariales
atribuibles a dos o más empresarios, la idea dominante es que estos respondan
solidariamente del daño causado 105 , también cuando se generan por culpa
extracontractual o aquilina 106 .
En todo caso, al margen de supuestos de siniestralidad laboral se ha de traer a
colación que la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social 107 ha modificado el art. 42.2 de la LET de tal forma que
“El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la
Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo,
103 Idem.
104 SEMPERE NAVARRO, A.V.; CAROLINA SAN MARTÍN MAZZUCCONI: La indemnización
por daños y perjuicios en el contrato de trabajo, op. cit., pp. 54-55.
105 GINÈS I FABRELLAS, ANNA: Instrumentos de Compensación del Daño Derivado de Accidente
de Trabajo y Enfermedad Profesional, op. cit., pp. 278 y ss.
106 GIL SUÁREZ, L.: «Responsabilidad civil o patrimonial derivada de accidente de trabajo: clases,
elementos subjetivos y jurisdicción competente (I), op. cit., pp. 1136-1137. En todo caso, defendiendo la
posible aplicación de la solidaridad, este autor expresa un modo de distribución de las cuotas de
responsabilidad en caso de varios deudores: dividir la cuantía total de la deuda en tantas cuotas o partes
como deudores solidarios haya. «Lo lógico es que el importe de cada cuota se fije en función del nivel de
responsabilidad del deudor a que corresponde, del grado o intensidad de la imprudencia por él cometida,
de su participación en la relación de causalidad del siniestro, y de otras circunstancias dignas de ser
tomadas en consideración a fin de efectuar esa fijación de cuantía. Por ello es evidente que a este objeto
es muy difícil establecer reglas o criterios generales, y que serán de suma importancia las circunstancias y
datos concurrentes en cada caso. Si en el supuesto examinado no se aprecian razones para fijar cuotas de
diferente importe, entonces será procedente dividir por partes iguales el montante total de la
indemnización»
107 B.O.E., Núm. 311, Jueves, 27 de diciembre de 2012.
63

esponderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas
por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata”, de
tal manera que resulta ampliado el periodo de responsabilidad solidaria pasando de uno
a tres años de las obligaciones referidas a la Seguridad Social (no a las de naturaleza
salarial, cuyo plazo de responsabilidad sigue estando en un año), ya que según la
Exposición de motivos de la norma, la regulación modificada dificultaba mucho su
efectividad. Como resultado, parece que el legislador ha regulado un período intermedio
de prescripción de la responsabilidad a medio camino de otros reconocidos en la
legislación laboral, como el año del art. 59 LET por ejemplo, y los cinco años del art. 43
LGSS propio del reconocimiento de las prestaciones de Seguridad Social.
Por otra parte, debe hacerse mención a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, dedicada a
la regulación de la subcontratación en el sector de la construcción, en cuyo art. 7.2 se
regula que “Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la legislación social,
el incumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro exigidas en el artículo
4.2, o del régimen de subcontratación establecido en el artículo 5, determinará la
responsabilidad solidaria del subcontratista que hubiera contratado incurriendo en
dichos incumplimientos y del correspondiente contratista respecto de las obligaciones
laborales y de Seguridad Social derivadas de la ejecución del contrato acordado que
correspondan al subcontratista responsable del incumplimiento en el ámbito de
ejecución de su contrato, cualquiera que fuera la actividad de dichas empresas”. El
precepto introduce una responsabilidad solidaria sobre obligaciones laborales que
alcanza a las responsabilidades derivadas de accidente laboral, si bien esa
responsabilidad solidaria solo se produce en relación con el incumplimiento de las
obligaciones de acreditación y registro del art. 4.2 o de subcontratación del art. 5, y no
cuando el incumplimiento lo es de otras obligaciones; junto a ello, estas previsiones de
agravación se producen con independencia de que la subcontrata corresponda o no a la
propia actividad del empresario principal 108 , así como también que la solidaridad sólo
está pensada en relación con el subcontratista y con el contratista principal y no con
respecto a ningún otro subcontratista de la cadena de subcontratación 109 .En todo caso, la
responsabilidad solidaria del art. 7.2 no es excluyente, sino que, por el contrario, lo es
sin perjuicio de cualquier otro tipo de responsabilidad establecida en la legislación
108 G. MOLINER TAMBORERO: “La culpa como criterio de imputación en los accidentes de trabajo.
La delimitación de responsabilidades”, en AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.),
Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, pp. 681 y ss. También MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Editorial Bomarzo, Albacete, 2006, p. 69.
109 G. MOLINER TAMBORERO: “La culpa como criterio de imputación en los accidentes de trabajo.
La delimitación de responsabilidades”, en AA.VV. (Coordinado por HERRADOR GUARDIA, M.J.),
Derecho de daños, Sepin, Madrid 2011, pp. 681 y ss. LANTARÓN BARQUÍN no interpreta literalmente
que el art. 7.2 se ciña al contratista principal entendido de forma que éste solo resulte el inmediatamente
posterior, sino que el art. 7.2 limita la responsabilidad al empresario de los trabajadores y al principal, sin
transmitirse a lo largo de la cadena, si bien abre la puerta a extender la responsabilidad a las empresas
intermedias que pueda haber en caso de no haber transmitido al información o documentación remitida
(LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Responsabilidad, registros y libros en la nueva Ley Reguladora de la
Subcontratación en la Construcción”, en AA.VV. (Coordinador JESUS R. MERCADER UGUINA):
Contratas y subcontratas en el sector de la construcción. Análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y el nuevo Reglamento de Desarrollo,
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. Editorial Lex Nova, Valladolid, 2008, pp 142 y ss.
64

social, de este modo a aquella responsabilidad habrá que adicionar la prevenida en el
art. 42.2 del ET para el supuesto de hecho contemplado por la norma 110 .
La responsabilidad diseñada por el precepto es una responsabilidad de carácter
amplio por cuanto esta se extiende no sólo a las cuantías retributivas e indemnizatorias
sino a cualquier otra obligación laboral o de Seguridad Social, incluyéndose así, además
de los salarios e indemnizaciones, cualesquiera otras obligaciones en materia de
derechos laborales, comprendidas también las concernientes a la salud y seguridad en el
trabajo, y de Seguridad Social, es decir, las prestaciones por incumplimiento de las
obligaciones de afiliación, altas y bajas de cotización.
2. Supuestos de responsabilidad civil de otros agentes
1. Responsabilidad por daños a terceros.
Al margen de la responsabilidad empresarial de carácter reparador, exigible por la
vía del Código Civil, deben de comentarse las posibilidades que tanto el art. 1101 y ss.,
como el art. 1902 y ss., abren para reclamar responsabilidades civiles a otros sujetos en
función del accidente sufrido por un trabajador. Así por ejemplo, podrían traerse a
colación la utilización del art. art. 1903 en relación al 1904 que permite que el
empresario que indemniza al tercero los daños causados por uno de sus trabajadores,
que pueda repetir contra este, al efecto de obtener el reintegro de lo pactado.
Esta responsabilidad de repetición es amplia ya que la responsabilidad empresarial
es directa 111 y, por tanto, no subsidiaria de la del trabajador 112 , sino solidaria 113 , y
además, aún cuando la responsabilidad del trabajador frente al tercero se basa en la
concurrencia de culpa o dolo, la del empresario es cuasi-objetiva, pues, salvo que
acredite que empleó toda la diligencia del “buen padre de familia”, que en su aplicación
práctica se extrema al máximo, siempre responderá por los actos del trabajador, lo que
se justifica en atención a los conceptos de culpa in eligendo o in vigilando, último
fundamento del articulo 1903.4, al efecto de objetivar la responsabilidad sin romper
totalmente con la idea de culpa 114 . En este sentido, hay que recordar como el art. 6 de los
110 MERINO SEGOVIA, A.: Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción. Editorial Bomarzo, Albacete, 2006, pp. 70-71.
111 C.L. ALFONSO MELLADO. Indemnizaciones entre empresarios y trabajadores antes y durante
el desarrollo de la relación LABORAL. Tirant lo banch (Colección laboral: 3), Valencia, 1994, p. 80;
también GÁSQUEZ SERRANO, L.: “La responsabilidad civil por hecho ajeno: las nuevas tendencias
jurisprudenciales ante la responsabilidad civil del empresario”, en AA.VV. (Coordinado por D. Bello
Janiero): Cuestiones actuales de la responsabilidad civil, Editorial Reus, 2009, pp. 117 y ss.
112 C.L. ALFONSO MELLADO. Indemnizaciones entre empresarios y trabajadores antes y durante
el desarrollo de la relación laboral, op. cit., p. 80; también Gásquez Serrano, L.: “La responsabilidad
civil por hecho ajeno: las nuevas tendencias jurisprudenciales ante la responsabilidad civil del
empresario”, op. cit., pp. 117 y ss.
113 C.L. ALFONSO MELLADO. Indemnizaciones entre empresarios y trabajadores antes y durante
el desarrollo de la relación laboral. Op. cit., p. 80; también GÁSQUEZ SERRANO, L.: “La
responsabilidad civil por hecho ajeno: las nuevas tendencias jurisprudenciales ante la responsabilidad
civil del empresario”, op. cit., pp. 117 y ss.
114 C.L. ALFONSO MELLADO. Indemnizaciones entre empresarios y trabajadores antes y durante
el desarrollo de la relación laboral, op. cit., p. 80.
65

Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil denomina “el estándar de
conducta que le era exigible en la supervisión” o lo que es lo mismo, se había negligido
el deber de vigilancia De hecho, GÁZQUEZ apuesta por afirmar que en este ámbito nos
encontramos ante una responsabilidad por culpa, la de no vigilar con la debida atención
la conducta de su empleado, si bien si se confirma la inversión de la carga de la prueba,
no es la víctima la que tiene que demostrar que ha sufrido un daño, sino que es el
empresario el que tiene que acreditar que no incurrió en culpa 115 .
El art. 1903 Cc, según la STS de 29 de octubre de 2012, no está subordinado en su
aplicación a la previa determinación e individualización del responsable dependiente
que, como autor culposo o negligente, sea deudor con el empleador o empresario de una
indemnización solidaria 116 . Por otra parte, la responsabilidad ex art. 1903 Cc no
presupone la del agente material del daño con base en el art. 1902 Cc, ni por tanto que
hubiera habido culpa de su parte, y es que el propio Tribunal Supremo ha admitido que
la inimputabilidad del agente directo no exime a los superiores de responder ex artículo
1903, siendo así que un inimputable nunca responderá con base en el artículo 1902 Cc,
por ausencia de culpa 117 .
2. Responsabilidad de trabajadores de la empresa:
Por lo que hace referencia a la exigencia, por la víctima de un daño laboral, de una
indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo a otro
trabajador de la misma empresa, podría sostenerse la utilización del art. 1902 CC, es
decir, la responsabilidad extracontractual por la vulneración por el trabajador al que se
le exige la indemnización correspondiente del principio neminem non laedere; en todo
caso, tratándose de un siniestro derivado de una conducta culposa, en el marco de una
relación de trabajo entre la víctima, el culpable y el empresario, podría imputarse
responsabilidad a la parte empresarial ex art. 1903 CC 118 que establece que la obligación
de reparar el daño causado es exigible, “no sólo por los actos u omisiones propios, sino
por los de aquellas personas de quienes se debe responder”, concretando en este sentido,
que son responsables por los perjuicios causados “los dueños o directores de un
establecimiento y empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en
el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”,
responsabilidad de la que sólo se pueden eximir, cuando dichas personas “prueben que
emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”.
Ahora bien, cabe pensar que en materia de siniestralidad laboral, el ámbito lógico de
actuación del art. 1902 CC es el accidente sufrido por un tercero a la empresa debido a
la conducta culposa de un trabajador de ésta, o, de forma excepcional, si la víctima es
un trabajador de la propia empresa, sólo cabría utilizar esta vía para dirigirse contra el
115 GÁSQUEZ SERRANO, L.: “La responsabilidad civil por hecho ajeno: las nuevas tendencias
jurisprudenciales ante la responsabilidad civil del empresario”, op. cit., p. 121.
116 Idem, p. 128.
117 Ibidem., p. 130.
118 C.L. ALFONSO MELLADO: Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud
laboral. Tirant lo blanch, Valencia, 1998, p. 119.
66

trabajador culpable en el supuesto de que su conducta no guarda relación con el
desempeño de sus funciones laborales.
En otro caso, es decir, en el supuesto de que tanto la víctima como el causante del
daño fuesen trabajadores de la misma parte empresarial, y el sujeto activo del daño
hubiera actuado de forma negligente en el cumplimiento de sus deberes laborales en
materia de seguridad y salud laboral, cabría exigir responsabilidad contractual al
empleador por cuanto hay que recordar que los deberes del trabajador tienen, en materia
de seguridad y salud laboral, carácter estrictamente accesorio y secundario respecto de
los deberes empresariales, sin perjuicio de que por la vía del art. 14.4 LPRL la parte
empresarial pudiese ejercitar una acción de regreso contra el trabajador negligente.
No obstante, en el caso de utilizar la vía del art. 1902 CC, con respecto a la
reclamación de responsabilidad a trabajadores de la empresa, junto a la de carácter
contractual del empresario, habría instrumentos para defender la competencia del orden
social para conocerlo por la atracción que ejercer la segunda vía, además, en estos casos
en los que varios sujetos intervienen ocasionando los daños, la regla general será la
responsabilidad solidaria, salvo que se pueda individualizar la participación que cada
uno haya tenido en los daños causados, en cuyo caso se procede a fijar de forma
individualizada la responsabilidad, estableciéndose, bien los daños que cada uno
indemniza, o bien el porcentaje que cada uno ha de asumir sobre la indemnización
global que se reconoce 119 .
3. Responsabilidad civil a los servicios de prevención.
Por lo que hace referencia a la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los
servicios de prevención, debe partirse del hecho de que en el marco de la normativa
prevencionista, el cumplimiento de los deberes de prevención corresponde a la parte
empresarial, sin que en ningún momento la LPRL identifique a los servicios de
prevención, en cualquiera de sus modalidades como sujetos obligados por el deber
general de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, o de cualesquiera de las
obligaciones específicas que dispone la ley, sino que les atribuye unas "funciones", de
carácter necesario para realizar las actividades preventivas, "asesorando y asistiendo
para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes…" (art. 31.2 LPRL).
De hecho, si se repara en la normativa administrativa sancionadora, concretada en la
LISOS, las infracciones que se les anuda se basan en presupuestos diferentes a los que
basan la imposición de sanciones al empresario.
En todo caso, la doctrina iuslaboralista se ha decantado por afirmar su
responsabilidad civil si mediante sus actuaciones dolosas o negligentes colaboran en la
producción de daños al trabajador, responsabilidad que estaría implícita en las
prescripciones del art. 14.4 LPRL, por cuanto al regular que sus funciones no eximen
del deber del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, «sin perjuicio
de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier persona», está
previendo la posibilidad de la parte empresarial entable reclamaciones contra los
servicios preventivos por el incumplimiento de sus obligaciones, pero no sólo el
empresario puede ejercitar estas acciones, sino también el propio dañado si así lo desea,
119 Idem, p. 135.
67

aunque lo más normal es que se dirija contra su empresario y luego sea éste quien
repercuta contra aquellos, situación que es, en definitiva, a la que se refiere el
mencionado precepto 120 . En este sentido, se ha defendido que si es el trabajador el que
se dirige con el servicio de prevención, en particular una entidad ajena a la empresa, el
trabajador dañado sólo podrá dirigirse extracontractualmente contra la entidad ajena por
el daño ocasionado por el personal a su servicio (art. 1903 CC.) y también de forma
extracontractual contra el propio prevencionista causante del daño (art. 1902 CC) 121 .
En todo caso, ALFONSO MELLADO apela también a que en estos casos la
naturaleza de la responsabilidad podría resultar atraída por la naturaleza contractual que
tiene la del obligado principal, el empleador, y además de que en muchos casos el
incumplimiento del que deriva la posible responsabilidad de estos sujetos sería una
contravención de obligaciones establecidas en normas laborales, un “ilícito laboral”, en
la medida en que no pocas ocasiones las conductas exigibles de estos terceros aparecen
recogidas en aquellas normas 122 . Para este autor, “lo realmente relevante es ese concepto
del ilícito laboral que es, ciertamante, el que debe solucionar los problemas
competenciales” 123 : la jurisdicción social conocería cuando se reclame responsabilidad
al empresario por actos de sus empleados, al amparo del artículo 1903 CC, pero también
a su vez al propio empleado causante de la conducta dañosa; lo mismo cuando se
reclame al empresario por los actos de sus auxiliares asociados –por ejemplo, servicios
de prevención externos- al mismo tiempo que a éstos. Conviene retener que la
responsabilidad de todos estos sujetos no excluye la del empresario –art. 14.4 LPRL- ,
pero tampoco el hecho de que subsista la responsabilidad de éste implica que
desaparezca la que aquéllos puedan tener frente al dañado, en su caso al amparo del art.
1902 CC; de hecho, no es infrecuente encontrar condenas en la materia a sujetos
distintos del empresario 124 .
La principal motivación para defender esta tesis sobreviene en la calificación, ya
desde el ámbito civilista, de los servicios de prevención como "auxiliares" contractuales
de la parte empresarial por su intervención en el proceso de cumplimiento, por parte del
empresario, de sus obligaciones laborales. Así, si se produce un daño, y si como se ha
visto en el art. 14.4 LPRL, la actuación de los servicios de prevención no eximen al
empresario de su obligación general de seguridad y salud laboral, el empresario seguirá
siendo responsable, tanto si el accidente ha derivado de su comportamiento como si ha
sido producto de la negligencia del servicio de prevención. A partir de esta tesis, el
debate que se abre es si el empresario responderá en todo caso del incumplimiento
realizado por el auxiliar preventivo, ya que al fin y al cabo los servicios de prevención
tienen como cometido principal el cumplimiento de los deberes específicos de
120 ALFONSO MELLADO, C.L.: Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud
laboral, op. cit. 137.
121 LUQUE PARRA, M.: La responsabilidad civil del empresario en materia de seguridad y salud
laboral, op. cit., p. 121.
122 ALFONSO MELLADO, C.L.: “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones
actuales”. Revistra Jurídica de Cataluña, núm. 3-2009, pp. 73-74.
123 Idem, pp. 73-74.
124 Ibidem, pp. 73-74.
68

prevención, o puede no ser así, y por tanto pueden producirse casos de incumplimiento
del servicio sin responsabilidad empresarial por ello.
Siguiendo a HERRERO GARCÍA, considero que de la responsabilidad del
empresario en materia de prevención de riesgos laborales, no eliminada por la actuación
del servicio de prevención, no puede deducirse que éste responda en todo caso del
incumplimiento ocasionado por dicho auxiliar: si bien el empresario no puede
exonerarse de su responsabilidad alegando, sin más, que el incumplimiento ha sido
ocasionado por el auxiliar ya que a quién le pertoca el cumplimiento del deber de
protección es al empresario, también es cierto que la actuación del auxiliar no agrava la
responsabilidad del deudor, por esa razón, expresa aquella autora, «el empresariodeudor
responderá contractualmente por la actuación de los Servicios de Prevención en
los mismos casos -pero sólo en los casos- en que respondería de su propia actuación.
Por el contrario, podrá exonerarse de la responsabilidad en los mismos supuestos en que
habría podido exonerarse de haber ejecutado él mismo la prestación».
En todo caso, y para concluir, aun en el supuesto de reclamar la responsabilidad civil
de carácter contractual de la parte empresarial, resarciendo el daño producido al
trabajador, aún cuando dicho daño hubiera sido provocado por la actuación de los
servicios de prevención concertados, también cabe sostener que dicha parte empresarial
deba soportar definitivamente la indemnización satisfecha: la responsabilidad del
Servicio de prevención frente al empresario se sitúa en el marco de la realización
contractual que se haya establecido entre ambos al concertar la realización de la
actividad preventiva. De la misma manera que en el art. 12.22 de la LISOS tipifica
como infracción de los servicios de prevención ajenos, no la vulneración de los deberes
de prevención que corresponden al empresario, sino el incumplimiento de las
obligaciones derivadas sus actividades de prevención "respecto de sus empresarios
concertados, de acuerdo con la normativa aplicable", lo mismo puede decirse con
respecto a la responsabilidad civil: los Servicios responderán por los daños causados al
empresario a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato celebrado 125 .
4. Responsabilidad civil del fabricante.
En relación a la responsabilidad civil exigible al fabricante, importador o
suministrador de equipos de trabajo, la importancia que puede estar teniendo su
conducta en materia de siniestralidad laboral no se corresponde con la poca, o
inexistente, conflictividad judicial que suscita el cumplimiento del art. 41 de la LPRL, a
no ser que sea en el marco de las alegaciones de la parte empresarial ante la reclamación
que se le dirige por un accidente laboral.
Puede valer como ejemplo, la STSJ Andalucía-Sevilla, de 27 de enero de 2005 (A.
344), que se encuentra ante la necesidad de responder a la alegación por una empresa en
un proceso por accidente de trabajo derivado de incumplimiento contractual de medidas
de seguridad, consistente en recordar que la máquina en la que trabajaba el trabajador,
reunía según el fabricante las medidas de seguridad precisa y declaración de
125 HERRERO GARCÍA, M.J.: «Responsabilidad civil de los servicios de prevención». Actualidad
laboral, núm. 10, del 9 al 15 demarzo de 1998, pp. 181 y ss.
69

conformidad CE. El TSJ rechaza que dicha alegación pueda exonerar al empresario de
sus responsabilidades al afirmar que «basta con leer los artículos 7 y siguientes del Real
Decreto 1435/1992 para comprobar: que los certificados del fabricante, sobre
observancia de las normas de seguridad, no acreditan el cumplimiento de las mismas, ni
liberan de responsabilidad al fabricante, ni a quién le compra, porque, el deber de
proporcionar a sus empleados seguridad en el trabajo, obliga al patrono a usar un
proceso productivo seguro y a comprobar que las máquinas que compra cumplen las
normas de seguridad reglamentarias ya que, en otro caso incurre en culpa "in
vigilando", como aquí acaeció, pues era evidente el peligro que unas ruedas girando a
velocidad y arrancando matas suponían, para quien se acercara, porque el artículo
carecía de pantalla protectora".
En este sentido, el art. 41.1 de la LPRL, ya sea de forma exclusiva, ya sea en
relación con el art. 24.4 de la LPRL, establece el deber de relación mutuo entre el
fabricante y el empresario en materia de información para la utilización segura de las
maquinas adquiridas o utilizadas, si bien antes de ese deber de coordinación, ha
atribuido a los fabricantes están obligados a que sus equipos "no constituyan una fuente
de peligro para el trabajador", cosa que por lo que parece del supuesto de hecho de la
sentencia, podía no concurrir.
En este caso, y dejando al margen la posible repercusión de la responsabilidad
empresarial en el fabricante, podría defenderse la responsabilidad contractual del
fabricante, en el caso de concurrir en el marco de un proceso de coordinación con el
empresario como contratista, o de carácter extracontractual, con el carácter de solidaria
junto a la de la parte empresarial del trabajador.
5. Responsabilidad civil al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Finalmente, cabe comentar la posibilidad de exigir responsabilidad civil por los
daños y perjuicios derivados de siniestralidad laboral a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, o incluso a los técnicos de prevención de riesgos laborales habilitados
para la colaboración con la Inspección en determinados supuestos.
A priori, considero que es difícil imaginar que en el marco de las funciones de
vigilancia y control de la normativa laboral que realizan los Inspectores de trabajo, así
como las de asesoramiento y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en
las empresas y centros de trabajo de los técnicos, puedan derivarse conductas
negligentes que sean causa de un accidente de trabajo, por las cuales unos u otros deban
responder penal y civilmente.
No lo ha entendido así la Sentencia del TS núm. 537/2005, de 7 de abril de 2005, en
la que se condena a un Inspector de Trabajo por una falta de simple imprudencia
prevista en el art. 586 bis del CP, en relación con los arts. 407, 420 y 421 del mismo
Código, que ha conocido del recurso que se interpuso frente a la Sentencia núm. 262/03,
de 30 de junio de 2003, de la Audiencia Provincial de Alicante (más conocida como
Sentencia Ardystil).
La motivación de la sentencia del TS en el objeto de estudio que nos ocupa tiene dos
fundamentos básicos: por una parte la posición de garante del Inspector de Trabajo y
Seguridad Social en cuanto realiza una inspección en una empresa en la que se
produjeron posteriormente muertes y graves lesiones de algunos trabajadores por no
70

adoptarse las debidas medidas de seguridad en el trabajo, “ámbito al que se extendía su
competencia acorde con la normativa…”; de esta forma, y siguiendo lo que había
razonado la Sentencia Ardystil, se viene a argumentar que el deber de cuidado incumbe
tanto al empresario como a quién asume legalmente la tarea de velar por el
cumplimiento de la normativa vigente.
Por otra parte, según el TS, aunque el control de las condiciones de seguridad y
salud laboral no era objeto específico de la denuncia que había dado lugar a la visita,
ello no ha de servir de excusa por cuanto “existen supuestos en los que pueden resultar
patentes y a simple vista las deficiencias en materia de seguridad o casos, como el
presente, en el que se trata de una empresa que funcionaba clandestinamente y sin
ningún tipo de control, lo que puede presuponer unas condiciones laborales precarias en
todos los aspectos, incluida la seguridad, y ello unido a que la actividad que se
desarrollaba en la empresa podría entrañar riesgo para la salud y seguridad de los
trabajadores, dada la naturaleza de los productos que se empleaban y manipulaban, por
lo que resultaba aconsejable que se hubieran ejercido, al mismo tiempo, las
competencias que en seguridad e higiene corresponden a los Inspectores de trabajo…”.
Debe estarse muy atento a los efectos que por si puede conllevar esta sentencia en el
marco de las responsabilidades civiles y penales, tanto de la Inspección de Trabajo
como de otros agentes en el marco de las relaciones laborales con funciones y
competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Empezando por la última de las argumentaciones expresadas por el TS, relativa a la
necesidad de que el Inspector de Trabajo hubiera tenido que vigilar las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo en la empresa aunque la denuncia de la que trae su
origen la actuación del Inspector no versara sobre ello, puede abrir la pregunta de si,
ante la visita de la Inspección aun centro de trabajo por un determinado motivo debe
servir, y ser obligado, a que el Inspector analice todos los problemas sociolaborales que
puede haber en la empresa, y por tanto, a mezclar ámbitos competenciales diversos.
Para un adecuado acercamiento a la solución jurídica más ajustada a derecho, debe
traerse a colación la aprobación del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, cuya
Disposición Final Primera añade modifica el R.D. 138/2000, de 4 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de añadir un párrafo 4º a su art. 23 (relativo a
la actuación de los Inspectores a partir de las Ordenes de servicio), cuyo objetivo parece
dirigido a evitar justamente la interpretación que he expresado de la sentencia del TS al
regular que «dado el carácter singular de las órdenes de servicio, no serán exigibles
otras actuaciones al margen del servicio encomendado. No obstante, si el inspector
apreciara, en el curso de la visita, la evidencia manifiesta de un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización
inmediata de tales trabajos o tareas, conforme a lo establecido» (apartado 4).
Sobre la afirmación judicial de que el deber de cuidado incumbe tanto al empresario
como a quién asume legalmente la tarea de velar por el cumplimiento de la normativa
vigente, lo que a fin de cuentas sirve de base para imputar las responsabilidades
correspondientes al Inspector, considero que se trata de una tesis que ancla su
fundamento en la doctrina tradicional que, conforme a la normativa preconstitucional
básicamente regulada en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1974,
defendía defendido la atribución de un deber público de seguridad que incumbía tanto a
los poderes públicos como a empresarios y trabajadores en la tutela de la vida y la
71

integridad física del trabajador, si bien con la aprobación como de la LPRL considero
que ha quedado arrumbada por la regulación, en su art. 14, de una obligación de carácter
estrictamente contractual, tanto en su origen como en su dinámica, a cargo
exclusivamente del empleador. Por esa misma razón, no cabe repartir dicha obligación
entre otros agentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya sean externos a la
empresa, como puede ser en los términos ya vistos los servicios de prevención ajenos o
la autoridad pública, sino tampoco internos, como por ejemplo los delegados de
prevención de riegos laborales: obsérvese como poniendo en relación el art. 14.4 con el
art. 36 LPRL, lo que asumen estos sujetos son propiamente competencias y facultades -
y, en ningún caso deberes jurídicos de seguridad-, con el objetivo principal de colaborar
con eficacia en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
CONCLUSIONES
Esta ponencia general ha querido hacer evidente la emergencia que el instituto de la
responsabilidad civil ha pasado a tener en el Derecho del Trabajo. La atribución al
XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del estudio y
debate sobre la responsabilidad civil por daños en el marco de las relaciones laborales
no ha podido ser más acertada por la evolución experimentada por la doctrina judicial y
académica sobre la perspectiva reparadora frente a los siniestros laborales, y también
ante el horizonte que puede abrirse camino en función del modelo de relaciones
laborales que puede emerger ante las reformas de la legislación de trabajo que se están
emprendiendo durante estos años.
Entre esas reformas, el legislador ha adoptado una que es de crucial importancia
para enmarcar la responsabilidad civil en el ámbito laboral, en concreto la LJS se ha
atribuido el conocimiento de la responsabilidad civil por siniestralidad laboral de forma
global, y más en general, ha asumido de forma íntegra la responsabilidad por daños en
el ámbito de las prestaciones de trabajo. De hecho, la regulación que se ha hecho de la
regulación por la LJS de la competencia jurisdiccional en el enjuiciamiento de la
responsabilidad por daños, conjugada con la doctrina judicial acaecida, permiten
concluir también en que la responsabilidad civil por daños en el ámbito laboral, además
de su función compensadora, asume ante todo una finalidad preventiva, lo que sobresale
principalmente en relación el derecho de daños en el marco de la prevención de riesgos
laborales y también en materia de vulneración de derechos fundamentales
En relación a los elementos configuradores de la responsabilidad civil, el común
denominador a la doctrina judicial sobre responsabilidad civil en materia laboral exige
la existencia de un daño imputable a una determinada persona en razón del
incumplimiento de sus obligaciones en el marco de un claro principio de
responsabilidad subjetiva, si bien abandona su rigurosa concepción culpabilista en su
sentido más clásico y tradicional, para insistir “en la simple exigencia de culpa –sin
adjetivaciones. Como al efecto se ha desarrollado en este trabajo, la responsabilidad
civil contractual en materia de relaciones laborales llevan a configurarla como una
responsabilidad subjetiva atenuada de forma general, si bien en el marco de la
siniestralidad laboral anudada a la exigencia de una deuda de seguridad cuasi-objetiva.
El elemento cardinal de la responsabilidad civil en el ámbito de la prestación de
trabajo ha sido la aplicación del principio de reparación íntegra y única del daño a través
del criterio de la acumulación relativa en la fijación de la indemnización, es decir la no
deducibilidad del recargo en el importe de aquella.
72

Los problemas derivados del reconocimiento del principio de reparación integra y
única del daño, otorgando al arbitrio judicial un papel fundamental en la fijación de la
indemnización final, serian factores determinantes para la adopción por la LJS de la
Disposición Final Quinta de la LJS, según la cual “En el plazo de seis meses a partir de
la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para
aprobar un sistema de valoración de daños derivados de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremo de
indemnizaciones actualizables anualmente, para la compensación objetiva de dichos
daños en tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores”.
De la labor del Gobierno en el cumplimiento de esta directriz debería resultar la
adopción de un sistema de valoración de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, con importes indemnizatorios actualizables anualmente. En todo caso,
como primer efecto colateral se reconoce implícitamente la especificidad de este sector
de la prevención de riesgos laborales y la siniestralidad por su incumplimiento en el
ámbito jurídico y social, ya que su adopción supone la no aceptación de un sistema
normativo único en materia de resarcimiento de los daños personales al margen del
ámbito en el que se produzcan.
En todo caso, la aprobación de dicho sistema de valoración de daños con efectos
exclusivamente laborales deberá seguir los rasgos que los Jueces de lo Social han hecho
de la utilización del baremo de los accidentes de tránsito, en particular las soluciones
que la jurisprudencia social está adoptando sobre la cuantificación de los daños morales
en el caso de siniestros que den lugar a invalideces permanentes o temporales.
Justamente, y ya para acabar con estas conclusiones, un aspecto esencial que la LJS
abre en materia de responsabilidad civil es el favorecimiento de la concesión de una
indemnización por daños morales causados en la vulneración de derechos
fundamentales, a través de la atribución al Juez de un papel activo en su
reconocimiento, lo que sin duda va a potencia la tendencia hacia la automaticidad en
compensación derivada de la lesión de aquellos derechos.
En definitiva, la responsabilidad civil por daños en el ámbito laboral, pese a su
anclaje básico de carácter civilista, es una institución cuyo espíritu y contenido se
integran de la configuración propia del Derecho del Trabajo. La óptica civilista en la
interpretación de la responsabilidad por daños no resulta adecuada en su aplicación en el
ámbito laboral, sino que este sistema de reparación indemnizatoria debe cubrirse con las
características específicas que la hacen reconocible desde una perspectiva laboral, tanto
por la singularidad de la propia prestación de trabajo, como por la influencia que éste
ejerce en la entidad de los bienes que pueden resultar afectados en su desarrollo.
73