3. Insumisión Popular - Iaeden

Insumisión popular 1830-1848 235
juzga a aquellos merecedores de ningún otro castigo a más del que se les
ha impuesto con la prisión que llevan sufrida… 293 .
Otro rumor de sublevación se esparció en la provincia de Apure
en 1843 por las actividades que supuestamente desarrollaba en esa y otras
provincias Francisco Farfán, a quien se le consideraba líder de movimientos
revolucionarios. El secretario de Interior y Justicia redactó una circular para
todos los gobernadores de estado desmintiendo la existencia de una facción,
pero igual movilizaron tropas y funcionarios para averiguar la certeza de la
misma, y les conmina a estar alerta ante posibles conatos de levantamientos.
Los jefes políticos de Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Calabozo, Apure,
Trujillo, Achaguas, Coro, Cumaná, Mérida, Asunción, Nutrias, Angostura y
Maracaibo notifican al gobierno que efectivamente la noticia era falsa y que
en sus distintas jurisdicciones reinaba la paz y la tranquilidad. Por su parte,
el juez de 1° Instancia del 1° Circuito de Barinas abrió una averiguación
en la que aparecían indiciados Félix Aguilar y Cristino Martínez, como
cómplices del delito de falsedad; éstos no habían sido detenidos por lo
cual se solicitan las descripciones fisonómicas de ambos para proceder
con las declaraciones e intentar poner coto a los rumores que tanto temor
generaba en el gobierno 294 .
Las conspiraciones que se suponían estaban por estallar a lo interno
de las provincias en Venezuela provenían de rumores y de declaraciones
293 Ibídem, fs. 400-vto./401-vto. La Constitución de 1830 aseguraba la libertad que tenían los
venezolanos de reclamar sus derechos ante las autoridades competentes, sin ninguna distinción de
clases y condición. El artículo 189 rezaba textualmente: “La libertad que tienen los venezolanos
de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública con la moderación y
respeto debido en ningún tiempo será impedida ni limitada. Todos, por el contrario, deberán
hallar un remedio pronto y seguro con arreglo a las leyes de las injurias y daños que sufriesen en
sus personas, en sus propiedades, en su honor y estimación”. Un artículo interesante representa
el artículo 193 que delimita las peticiones a favor del pueblo y las calificaciones que pudiesen
arrogarse intereses particulares: “Todo venezolano puede presentar por escrito al Congreso, al
Poder Ejecutivo y demás autoridades constituidas cuanto considere conveniente al bien general
del Estado; pero ningún individuo o asociación particular podrá hacer peticiones en nombre del
pueblo ni menos arrogarse la calificación de pueblo. Cuando muchos individuos dirigieren alguna
petición al Congreso, al Poder Ejecutivo y demás autoridades todos serán responsables de la
verdad de los hechos y los cinco primeros que suscribieron quedan responsables de la identidad
de todas las firmas”, “Constitución del Estado de Venezuela de 1830”, en Allan R. Brewer-Carias,
Las constituciones de Venezuela, p. 457.
294 “Circular a los Gobernadores sobre una falsa noticia de revolución en el Apure” (1843), Ibídem,
t. CCLXXIII.
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