3. Insumisión Popular - Iaeden

Insumisión popular 1830-1848 155
En el expediente del caso no se asegura con propiedad que fuera Francisco
Farfán el líder de un movimiento revolucionario, a pesar de su prestigio en
el llano como antiguo jefe del ejército libertador; sin embargo, se apunta
hacia otros individuos, tal como el supuesto faccioso Pedro Herra y algunos
otros individuos de la gente común.
Para las actuaciones de quienes participan en actos de desobediencia
se contaba con una jurisprudencia aplicable a estos casos: la Ley de
Conspiradores 187 . En ella se graduaban las penas que debían recibir los
conspiradores según la gravedad de sus acciones, a saber, conspiradores de
187 En octubre 14 de 1830 se sancionó la “Ley sobre Delitos de Conspiración o Traición, su Juicio
y Penas”, que venía a sustituir la aprobada el 20 de febrero de 1828 cuando todavía Venezuela
formaba parte de la República de Colombia. En ella se establece que estos delitos debían ser
sustanciados en los tribunales ordinarios juridisccionales y que se podían apelar las decisiones a las
cortes superiores de Justicia. También se establecía una gradación para la conspiradores según la
clase de los actos perpetrados: “Art. 2° Son traidores o conspiradores de primera clase, y sufrirán la
pena de muerte: 1° los que residiendo en el Estado de Venezuela tomen las armas voluntariamente
para hacerle guerra a favor sus enemigos, o por destruir o trastornar las bases del Gobierno
establecido por su Constitución, o para impedir o disolver las reuniones constitucionales ordinarias
o extraordinarias del Congreso, de la corte suprema y cortes superiores de justicia, del Consejo
de Estado, de las diputaciones provinciales y asambleas electorales y parroquiales, o para coartar
o violentar la libertad en el ejercicio de las atribuciones que les designa a dichas corporaciones la
Constitución, o para deponer al Presidente del Estado o a cualquier otro magistrado, coartarles
o violentarles el ejercicio de sus atribuciones legales: 2° los que se coligan entre sí, o con algún
enemigo del Estado para ejecutar crímenes expresados en el número anterior: 3° los que mantengan
inteligencia de palabra o por escrito con o los enemigos de Venezuela para facilitarles la entrada
en su territorio, o para entregarles alguna parte de él, de su marina o ejército, o proporcionarles
cualesquiera auxilios para sostener la guerra contra el Estado: 4° los que persuaden o aconsejen
todos estos delitos. Art. 3° Son traidores o conspiradores de segunda clase, y sufrirán la pena
de cinco años de presidio y separación perpetua de la provincia en que cometieren el delito, los
que sabiendo que se trama o que está tramada una traición o conspiración de primera clase no
la descubrieren o denunciaren a la autoridad pública. Art. 4° Son traidores o conspiradores de
tercera clase, y sufrirán la pena hasta de cuatro años de expulsión de Venezuela, o confinación a
un lugar determinado de ella: 1° los que esparcen noticias o papeles manifiestamente seductores
del enemigo, o de cualquiera otro contra el Estado; y 2° los que resistieren directamente
cumplir las providencias decretadas por el Gobierno para salvar el país, fuera de los casos de los
artículos 136, 186 y 187 de la Constitución”, Leyes y decretos de Venezuela, 1830-1840, p. 102. Más
tarde entra en vigencia la Ley de 15 de junio de 1831 “reformando la de 1830 N° 61, Sobre el
modo de proceder contra los conspiradores y las penas en que incurren”, la cual buscaba que la
administración de justicia fuese más expedita para solucionar los casos de conspiración y traición
a la patria, visto que en la República no se contaban con jueces aptos para llevar adelante la
ordenanza establecida en la ley, por lo que se delega en los jueces civiles la potestad de iniciar y
sustanciar estos casos, Ibídem, pp. 123-125. Los artículos 136, 186 y 187 de la Constitución de la
República de Venezuela de 1830 establecían el procedimiento legislativo para la aprobación de
las leyes y decretos en el territorio venezolano, así como también las limitaciones que acusaban
los funcionarios públicos para emanar leyes contrarias a las garantías sobre derechos individuales
y civiles. Ver: Las constituciones de Venezuela (Compilación y estudio preliminar de Allan Randolph
Brewer Carías), pp. 439-460
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