CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Observatorio DDR

República de Colombia Segunda Instancia 25705
Corte Suprema de Justicia
Proceso No 25705
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
P/. Danilo Alberto Díaz Calixto
D/. Prevaricato por acción
Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Aprobado Acta No 84
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil seis (2.006)
V I S T O S:
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado del condenado DANILO ALBERTO DÍAZ CALIXTO
contra la decisión del 4 de abril de 2006 del Tribunal Superior de
Yopal, mediante la cual le negó la rebaja de pena prevista en el

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artículo 70 de la ley 975 de 2005 y la modificación de la sentencia
en cuanto al valor de la multa impuesta.
ANTECEDENTES Y DECISIÓN IMPUGNADA:
El Tribunal Superior de Yopal mediante sentencia proferida el 18 de
mayo de 2005 condenó a DANILO ALBERTO DÍAZ CALIXTO a la
pena de cuarenta (40) meses de prisión y multa de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, al hallarlo autor
responsable del delito de prevaricato por acción. Impugnado el fallo,
esta Sala en decisión del 23 de febrero último lo confirmó en su
integridad.
En escrito dirigido al citado Tribunal, el condenado solicitó la rebaja
de pena prevista en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, la
disminución de la multa en la misma proporción señalada para la
pena privativa de la libertad, la suspensión condicional de la
ejecución de la pena como consecuencia de aquella y la liquidación
de la multa de acuerdo al salario mínimo mensual vigente para la
época del hecho que dio lugar a su condena.
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En decisión del 4 de abril de 2006, el Tribunal negó al condenado
todas las peticiones elevadas en su escrito. Señaló respecto de la
rebaja de pena su inaplicabilidad a DÍAZ CALIXTO, en el entendido
que a la misma solo tienen derecho quienes al momento de entrar
en vigencia la ley se hallaran cumpliendo la pena impuesta o con
sentencia ejecutoriada, afirmando que no existe contradicción entre
los artículos 70 y 72 de la ley, pues éste último debe entenderse
referido a los autores de los delitos que hagan parte de los grupos
destinatarios de la disposición legal.
Aclara que lo dicho por esta Sala en auto del 18 de octubre de 2005
no es predicable frente al artículo 72 de la ley 975 y que como la
sentencia contra DÍAZ CALIXTO quedó ejecutoriada el 23 de febrero
de 2006, es improcedente la rebaja de pena solicitada.
En relación a la multa señala que el fallador no puede sustituirla por
otros bienes y que tampoco puede variar a su arbitrio la sentencia
para modificar su cuantía, advirtiendo que el artículo 39 se refiere
únicamente a formas de plazo o trabajo para su amortización, en
tanto que la intelección de la norma no es otra que mantener el
poder adquisitivo de la moneda mediante su fijación en salarios
mínimos mensuales vigentes al momento de su cancelación, norma
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que de otro lado fuera declarada exequible en sentencia 820 del 9
de agosto de 2005 por la Corte Constitucional.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN:
El impugnante sostiene que la Sala en su decisión del 18 de octubre
de 2005 afirmó que la rebaja de pena contenida en el artículo 70 es
aplicable a todos los condenados y no solo favorece a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales; que el interés del
legislador fue el de aliviar la situación de aquellas personas; que la
propia ley consagra las excepciones y que el principio de
favorabilidad no tiene límites en su aplicación ni tampoco al
intérprete le es permitido establecerlos.
Considera que existe un precedente que permite su aplicación en
este caso y agrega el instructivo de la defensoría pública en el cual
se asevera que a la rebaja de pena prevista en la ley 975 tienen
derecho quienes hayan sido condenados con posterioridad a su
expedición.
CONSIDERACIONES:
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La ley 975 de 2005 preveía en su artículo 70 una rebaja de la pena
en una décima parte de la pena impuesta a aquellas personas que
al momento de entrar en vigencia se hallaren cumpliendo pena por
sentencia ejecutoriada, con excepción de las condenadas por delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y
narcotráfico.
El mencionado artículo mediante sentencia C-370 del 18 de mayo
de 2006 de la Corte Constitucional fue declarado inexequible por
vicios de procedimiento en su formación, lo cual no impedirá su
aplicación para aquellos condenados que teniendo derecho a la
rebaja de pena, siempre que cumplan las exigencias requeridas por
la ley, aún no lo hayan solicitado, como quiera que los efectos del
fallo de inexequibilidad fueron determinados hacia el futuro.
En las discusiones de las Comisiones de Apelación de cada Cámara
designada para estudiar la inclusión del artículo relativo a la rebaja
de pena, siempre se consideró que la misma era para personas
condenadas antes de la vigencia de la ley, pues “La realidad social
del país y los objetivos que se buscan con esta disposición, que son,
entre otros, otorgar una mayor protección a la dignidad de las
personas privadas de la libertad -artículo 1° de la Carta Política-,
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aliviar el problema de sobrepoblación que se presenta en los
establecimientos de reclusión que funcionan en el país, así como
también facilitar la búsqueda de la reparación, reconciliación y
convivencia pacífica al permitir una más rápida reincorporación del
condenado a la sociedad y a su medio familiar, ubica la presente
iniciativa dentro de una política criminal y penitenciaria razonada.
Razonabilidad que aconseja predicar una rebaja de una décima
parte, mas no de una quinta parte”. 1 (Subraya fuera del texto).
Más adelante se agregó que “En el presente caso no se trata de un
indulto ni de una amnistía, porque no es ejercicio del derecho de
gracia -la Corte en la Sentencia C-260 de 1993, manifestó que "el
fundamento del indulto es el ejercicio del derecho de gracia"-, sino
que se trata de un beneficio preciso y determinado, que no es
permanente y que aliviará la condición de todos los condenados -a
excepción de los que considere el Legislador que no deben acceder
a él- y de las personas que dependen de ellos, otorgándoles una
nueva oportunidad de rehacer su proyecto de vida, lo que contribuirá
en el logro de la paz social.” 2
1 Gaceta del Congreso 289 de 2005.
2 Ídem.
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Bajo ese entendido se aprobó la proposición aditiva al proyecto y se
incluyó el artículo finalmente en la ley, de tal manera que de acuerdo
a su discusión en las Comisiones y a su redacción no queda duda
que la voluntad del legislador no fue otra que disponer la rebaja de
una décima parte de la pena impuesta para quienes al momento de
entrar en vigencia la ley tuvieran la condición de condenados.
Las expresiones “cumplan pena”, “pena impuesta”, “sentencias
ejecutoriadas” y “condenado” utilizadas en la redacción de la norma
y conforme al lenguaje jurídico propio, no dejan duda alguna que la
rebaja de la pena prevista en el artículo 70 procede únicamente para
las personas que al 25 de julio de 2005 –fecha de la vigencia de la
ley- se hallaban descontando pena en virtud de una sentencia que
había hecho transito a cosa juzgada material.
En efecto, un fallo causa ejecutoria una vez se hayan decidido todos
los recursos legales y extraordinarios interpuestos y que procedan
contra él, de modo que antes de aquella no se tiene la condición de
condenado como tampoco la privación de la libertad se reputa como
pena, ya que la detención preventiva puede computarse como parte
cumplida de la pena solo “en caso de condena –numeral 3º del
artículo 37 de la ley 599 de 2000-.
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Cualquier otra interpretación que se haga para extender la rebaja de
pena mencionada es contraria al texto legal que no ofrece oscuridad
alguna en relación a sus eventuales beneficiados, como es la
pretensión del impugnante, siendo oportuno recordar que acorde a
lo previsto en el artículo 187 de la ley 600 de 2000, las providencias
quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se
ha interpuesto recurso alguno contra ella y que las que deciden la
apelación el día en que sean suscritas por el funcionario judicial
correspondiente.
Luego si la disposición se refiere a “sentencias ejecutoriadas” su
campo de aplicación no puede cobijar a los procesados por delitos
cometidos antes de la vigencia de la ley 975 de 2005 y respecto de
los cuales no existía un fallo en firme que los declarara penalmente
responsables de ellos.
Se equivoca el actor cuando le atribuye un alcance distinto a la
decisión de la Sala del 18 de octubre de 2005, ya que en esa
ocasión se estimó que “Los argumentos transcritos no dejan duda
alguna: la inclusión inicial de la norma y la posterior postura de que
fuera reconsiderada su exclusión, con fundamento en la cláusula
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general de competencia legislativa del Congreso, obedeció a la
intención expresa de que todos los condenados fueran beneficiados
con un descuento punitivo,” y se reconoció su carácter general en
relación con quienes tuvieran esa condición con las excepciones
previstas en la ley.
Se reconoció en esa decisión el derecho a la rebaja de pena de
todos los condenados, sin que en parte alguna de ella se afirme la
posibilidad de su procedencia para los procesados por delitos
cometidos antes de su vigencia y posteriormente objetos de una
condena penal.
En tanto rigió el artículo 70, no era predicable ninguna situación de
favorabilidad pues la rebaja de pena en una décima parte contenida
en él no implicaba modificación relacionada con algún tipo de rebaja
o beneficio previsto por otra norma legal, de modo que ante la
inexistencia de colisión de leyes que ameritara examinar cuál de
ellas contenía mayores beneficios, no se entiende como el
impugnante a través de su invocación predique la aplicación de la
citada disposición a su poderdante.
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El reconocimiento de esa garantía es actualmente posible –precisa
la Sala- para aquellas personas condenadas antes de la vigencia de
la ley 975 que no hayan reclamado dicha rebaja de pena, la cual se
justifica en los efectos hacia el futuro de la sentencia de
inexequibilidad del artículo.
Ni siquiera aduciendo la igualdad puede pretender la rebaja de pena
tantas veces mencionada, pues si ese derecho se predica de pares
es pertinente observar que DÍAZ CALIXTO no tenía la calidad de
condenado al momento en que entró a regir la ley ni descontaba
pena por el delito que finalmente se le condenó.
Como el motivo de inconformidad de la apelación se reduce a este
aspecto, la Sala confirmará la decisión impugnada sin que se refiera
a los demás temas que fueron resueltos por el a quo.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
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1. Confirmar la decisión del 4 de abril de 2006 proferida por el
Tribunal Superior de Yopal, mediante la cual le negó a DANILO
ALBERTO DÍAZ CALIXTO la rebaja de pena prevista en el artículo
70 de la ley 975 de 2005.
2. Contra esta providencia no procede recurso alguno
Cópiese, cúmplase y devuélvase.
MAURO SOLARTE PORTILLA
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
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ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARON
JORGE LUIS QUINTERO MILANES YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Excusa justificada Cita medica
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria
ACLARACIÓN DE VOTO
1. Respetuosamente discrepo de las motivaciones que se
hacen en la providencia aprobada por la mayoría que consideró que
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si bien el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-370 del 18
de mayo de 2006, tal situación no impedirá su aplicación para
aquellos condenados que teniendo derecho a la rebaja de pena que
establecía el precepto retirado del ordenamiento jurídico, aún no lo
hayan solicitado.
2. Al decir lo anterior, se da por vigente constitucionalmente
ese precepto frente al cual la Sala aplicó en su momento la
excepción de inconstitucionalidad que posteriormente la Corte
Constitucional avaló frente a vicios de trámite en su formación.
3. Bajo ese contexto, como ya lo he hecho en salvedades
anteriores, parto del siguiente interrogante:
Cuando un juez o tribunal ha negado la aplicación de
una norma legal planteando una excepción de
inconstitucionalidad y luego esa norma es declarada
inexequible por el tribunal constitucional, ¿ese juez o
tribunal está obligado a aplicar esa norma a hechos
ocurridos antes de esa declaratoria bajo el argumento
de que antes de esta decisión ella estaba amparada
por la presunción de constitucionalidad, o bajo el
supuesto de que se trató de una declaratoria por vicios
de procedimiento y no de fondo, o bajo la
consideración de que esa norma debe aplicarse por
principio de favorabilidad?.
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Algunos elementos de juicio para resolver el problema jurídico
planteado, son los siguientes:
1. Si bien las normas legales están amparadas por presunción
de constitucionalidad, esa presunción no es absoluta pues existen
casos en los que no hay lugar a la aplicación de normas legales por
su manifiesta contradicción con la Carta Política, como en los que se
viabiliza la excepción de inconstitucionalidad.
En efecto, la Constitución permite que en todo caso de
contradicción entre ella y una norma jurídica de inferior jerarquía,
aquella sea aplicada de manera preferente, como sucede en
Colombia donde cualquier persona que esté avocada a la
aplicación de normas jurídicas cuenta con un resorte institucional
que le permite, por sí mismo, apartarse de la aplicación de esas
normas y, en su lugar, estar a lo dispuesto en la Carta, al igual que
permite la inaplicación de normas legales cuando éstas plantean
obstáculos con miras a la protección de derechos fundamentales
explicable en una democracia constitucional porque el respeto a
esos derechos constituye el parámetro de legitimidad del poder
político y por ello si en un caso concreto es necesaria la inaplicación
de una norma legal con miras a la protección de uno de tales
derechos, el sistema jurídico habilita la inaplicación de tales normas.
Luego, si la presunción de constitucionalidad de las leyes no
es absoluta, si existen excepciones y si una de ellas es la de
inconstitucionalidad, la invocación de tal presunción no basta para
pretender la aplicación de normas declaradas inexequibles a hechos
ocurridos antes de tal declaratoria.
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2. Si la misma Constitución permite que se planteen
excepciones a la presunción de constitucionalidad de las leyes,
carece de sentido que, una vez declarada la inexequibilidad de una
ley inaplicada en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, se
afirme que a esa ley deban reconocérsele efectos en un caso
concreto pues tal postura equivaldría a vaciar de contenido y a
negar el efecto vinculante del artículo 4 de la Carta.
En efecto: si tras la decisión de la jurisdicción constitucional
hubiese lugar a la aplicación de la norma expulsada del
ordenamiento jurídico, la excepción de inconstitucionalidad no
tendría razón de ser pues, a lo sumo, estaría llamada a tener un
efecto simplemente transitorio contrariando la pretensión del
constituyente que subyace al artículo 4 superior y según la cual
opera como una cláusula de cierre a través de la cual se impide que
normas legales palmariamente contrarias a la Carta Política se
filtren al sistema jurídico y, una vez en él, produzcan efectos, y que
no sería así si, tras la decisión del juez constitucional que confirma
la inexequibilidad de la ley, se asume que los jueces ordinarios
están compelidos a su aplicación.
3. El artículo 4° ordena la aplicación preferente de la Carta
cuando se esté ante normas jurídicas que la contraríen, efectos para
los cuales el motivo de la contrariedad resulta indiferente: bien
puede ser la inobservancia manifiesta del proceso legislativo
consagrado en la Constitución y en la ley con miras a la generación
del derecho positivo, o la contradicción existente entre ésta y la
integridad de la Carta como sistema normativo, o la desarmonía
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existente entre la ley y algunas de las reglas de derecho específicas
contenidas en el Texto Superior, variantes comprensibles pues el
artículo 4° no establece restricción alguna en tono a los motivos
específicos por los cuales una norma pueda reputarse contraria a la
Constitución.
Si esto es así, es decir, si no existe una restricción
constitucional respecto de las circunstancias específicas en que
opera la excepción de inconstitucionalidad, no concurren razones
para hacer distinciones en torno a los efectos de los fallos de
constitucionalidad como para decir que si el fallo procedió por
razones de forma, la norma declarada inexequible debe aplicarse a
aquellos supuestos anteriores a esa declaratoria bajo el argumento
de que aún procede la presunción de constitucionalidad y, en
sentido contrario, para afirmar que si el fallo ha obrado por razones
de fondo, no hay lugar a la aplicación de esa ley a tales supuestos.
En los dos eventos, los efectos del fallo son los mismos: la norma
queda expulsada del ordenamiento jurídico y no hay lugar a su
aplicación.
4. La norma declarada inexequible tampoco puede aplicarse
invocando el principio de favorabilidad y bajo el supuesto de que ella
estuvo vigente, y esto es así porque, si bien la declaratoria de
inexequibilidad de una norma no impide su aplicación a situaciones
jurídicas consolidadas, en el caso planteado no se está ante una
situación de esas precisamente porque en razón de la excepción
de inconstitucionalidad a que hubo lugar, la situación jurídica
pretendida, esto es, la rebaja de penas, no llegó a consolidarse, se
trató sólo de una expectativa pues en ningún momento hubo lugar a
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una declaración judicial –quizás una- en la que se reconociera tal
rebaja por lo menos a nivel de la Corte Suprema que excepcionó su
aplicación argumentando razones mixtas (de forma y/o de fondo),
criterio avalado adelante por el tribunal constitucional y del que no
puede, en una línea jurisprudencial seria, dimitirse bajo el pretexto
que producida la última decisión dizque la suya pasa a convertirse
en una especie de vía de hecho menos cuando las dos forman una
especie de “tándem” jurisprudencial y jurídico.
5. Y en el moderno constitucionalismo existen las
denominadas sentencias de constitucionalidad condicionada que se
explican ante la necesidad de equilibrar las funciones que les
incumbe a los jueces constitucionales de defensa de la supremacía
e integridad de la Carta y la protección de los derechos
fundamentales.
Una de las modalidades de esas providencias está
determinada por los fallos de efectos temporales entre los que se
encuentran las sentencias de efectos diferidos y las sentencias de
efectos retroactivos. En estos supuestos, los tribunales
constitucionales disponen que los efectos de una declaratoria de
inexequibilidad se retrotraigan al momento de promulgación de la
ley o que se aplacen hasta tanto concurran las circunstancias que
impidan que con la expulsión de una norma del sistema jurídico se
produzcan situaciones más gravosas que las generadas por la ley
de cuya expulsión se trata. La norma habilitante de esos
pronunciamientos es genérica porque se trata de aquella que, en los
distintos ordenamientos, impone a los tribunales el deber de
proteger la supremacía e integridad de la Carta.
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Entonces, si esto es posible a partir de una norma
constitucional tan genérica como aquella, con mayor razón es
posible la negación de cualquier efecto a una norma legal respeto
de la cual, con base en un mandato constitucional expreso como el
contenido en el artículo 4 superior, se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad.
6. Como se advierte, ninguno de los argumentos invocados
constituye razón suficiente para legitimar la aplicación de una
norma legal respecto de la cual se invocó excepción de
inconstitucionalidad y que luego fue declarada inexequible, a hechos
ocurridos antes de esa declaratoria.
7. Ahora bien: aparte de los criterios expuestos, aún pueden
formularse dos consideraciones adicionales que apuntan en la
misma dirección: una, en relación con la índole de los vicios de
procedimiento en el moderno constitucionalismo y, otra, en relación
con la necesidad de que la judicatura tome conciencia de la manera
como las rebajas de penas generalizadas y ajenas a cualquier
consideración de política criminal deslegitiman no solo el proceso
penal sino también el sistema de justicia penal en su conjunto.
En cuanto a la primera consideración, hay que indicar que es
consustancial a las democracias contemporáneas el respeto del
procedimiento fijado por el constituyente para la producción del
derecho positivo por cuanto el cuerpo legislativo es un escenario
público de discusión, de debate, en el que se fijan las reglas de
convivencia pero no de cualquier manera sino respetando las reglas
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de juego señaladas en la Carta Política. Es decir, con el concurso
de las distintas fuerzas políticas, con estricto respeto de las
minorías, aceptando el efecto vinculante de la fijación constitucional
de competencias y con un riguroso seguimiento del proceso
legislativo.
De allí se infiere que una norma legal que se ha promulgado
con desconocimiento del proceso fijado por el constituyente no solo
es una norma viciada por razones de segundo orden pues, en la
medida en que se distorsiona el proceso de manifestación de la
voluntad del parlamento, esos vicios constituyen un atentado al
principio democrático y, por lo mismo, afectan una de las columnas
en las que reposa el Estado Constitucional. Ello explica la relevancia
que, cada día con mayor vigor, se les reconoce a los vicios de
procedimiento en sede de control constitucional. Y esto no es
gratuito: incluso los vicios de fondo de las leyes son vicios de
competencia y, por lo mismo, de procedimiento: una norma que
establezca la pena de confiscación es inconstitucional porque la
Constitución ha sustraído la facultad de promulgarla de las
competencias del Congreso, contexto en el que deben ubicarse las
siguientes consideraciones 3 :
“La importancia del respeto de los procedimientos de
decisión de las Cámaras explica que en la actualidad la
gran mayoría de los ordenamientos jurídicos hayan
atribuido a los tribunales constitucionales, como una de
sus competencias esenciales, el control de la regularidad
de esos procedimientos. Es obvio que subsisten
3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C- 816 de 2004.
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diferencias nacionales, pues en algunos países, el juez
constitucional no toma en cuenta el Reglamento como
parámetro de constitucionalidad, por lo que únicamente la
vulneración de los procedimientos previstos directamente
en la Carta puede provocar la anulación de una ley 4 en
cambio, en otros casos, como en Colombia, la propia
Carta ordena a las Cámaras el respeto de su reglamento,
por lo cual la infracción de esas disposiciones
reglamentarias es también susceptible de provocar la
inconstitucionalidad de una ley 5 . Pero en casi todas las
democracias constitucionales, una de las funciones
esenciales de la justicia constitucional es la vigilancia del
respeto a los procedimientos en la aprobación de las leyes.
Esto ha permitido superar concepciones arcáicas, según
las cuales, la vigilancia del cumplimiento de esos
procedimientos desconocía la separación de poderes,
pues vulneraba la independencia del Congreso, por lo que
los procedimientos de aprobación de las leyes eran actos
internos de las Cámaras (interna corporis acta), excluidos
de todo control judicial. Hoy se admite que eso no es así,
pues no sólo el Congreso está sometido a la Constitución
sino que además el procedimiento legislativo busca
precisamente asegurar el respeto al principio democrático,
evitando que existan atropellos a las minorías o que las
decisiones legislativas no sean públicamente debatidas. Y
por ello, una de las justificaciones esenciales de la justicia
4 Es el caso de Italia. Ver al respecto la sentencia 9 de 1959, tesis que ha sido empero criticada
por ciertos autores italianos, para quienes el reglamento debe ser también parámetro de
constitucionalidad.
5 En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional español ha utilizado el reglamento de las
Cámaras como parámetro de constitucionalidad. Ver en particular la sentencia STC 99 de 1987.
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constitucional es que ésta debe operar como una
guardiana del proceso democrático.
Por todo lo anterior, es claro que sin caer en excesos
ritualistas y tomando como guía el principio de
instrumentalidad de las formas, una de las labores más
importantes del juez constitucional es precisamente
verificar la defensa de la regularidad y transparencia del
proceso de aprobación de normas en el Congreso. Y es
que el respeto a las formas y procedimientos de la
deliberación y decisión legislativa no es un culto a unos
rituales innecesarios, ya que dichas formas y
procedimientos juegan un papel esencial en la
democracia, por cuanto pretenden asegurar que exista
una verdadera formación de una voluntad democrática
detrás de cada decisión legislativa”.
8. Si esta es la índole de los vicios de procedimiento, carece
de sentido que se pretenda forzar una tesis de acuerdo con la cual
la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por uno de
tales vicios obligue a su aplicación a los jueces ordinarios y que se
lo haga con el argumento de que hasta tal declaratoria aquella
estuvo amparada por presunción de constitucionalidad pues tan
contraria a los fundamentos de un Estado Constitucional es una
norma que desconoce los cauces institucionales para la
manifestación de la voluntad democrática, como una norma que por
razones de fondo viola la Carta.
9. Y en cuanto a la segunda consideración, hay que resaltar la
necesidad de que la judicatura comprenda el papel que juegan sus
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decisiones en el contexto del sistema penal y del modelo estatal del
que hace parte por cuanto las democracias constitucionales son
fundamentalmente Estados de Justicia; es decir, Estados que en el
contexto de una democracia participativa y pluralista, llevan a una
nueva dimensión los contenidos de libertad política del Estado
Liberal y de igualdad del Estado Social. Por ello, cada acto de los
poderes constituidos, incluido el Poder Judicial, se halla vinculado
por la Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, como
principio constitucional, como derecho y aún como deber estatal, de
donde resulta imperioso que los jueces, al emitir sus
pronunciamientos, no se preocupen solo por la corrección jurídica
de sus decisiones sino también por la necesidad de armonizar esa
corrección con contenidos materiales de Justicia porque de lo
contrario, la judicatura colombiana no habría dado un solo paso
desde las épocas del más rígido formalismo jurídico.
10. Si se procede de esa manera, esto es, armonizando la
corrección jurídica y la justicia material, es fácil advertir que existen
razones superiores para cuestionar la legitimidad de las rebajas
generalizadas de penas. En efecto, estas no sólo resultan político
criminalmente precarias sino también jurídicamente incorrectas y
moralmente injustas: no solo desnudan la ausencia de una política
criminal coherente sino que, además, impiden la realización de los
fines constitucionales del proceso penal pues afectan las legítimas
expectativas que alientan las víctimas de las conductas punibles en
cuanto a la realización de su derecho a la justicia, y por el contrario,
tales rebajas son asumidas, con razón, como una forma de
impunidad.
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Claro, en ocasiones, la judicatura es refractaria a este tipo de
consideraciones. Pero este es un motivo adicional de preocupación
pues da fe de unos jueces que han perdido de vista la sustancia
que tienen entre manos, más aún cuando la sociedad en su
conjunto hace eco de la profunda injusticia implícita en la rebaja
generalizada de penas: no es infundada la indignación general
causada al tenerse conocimiento de que en pocos años, por
acumulación de beneficios y rebajas, quedará en libertad el
responsable de la violación y asesinato de 172 niños a lo largo y
ancho del país 6 .
Entonces, la judicatura debe comprender que sus decisiones
se enmarcan en el contexto de un Estado orientado a la realización
de la Justicia y que por ello concurren razones superiores que no lo
atan fatalmente a una política criminal constitucionalmente ilegítima
de rebajas generalizadas de penas, con mayor razón si, en sedes
distintas, se ha cuestionado la legitimidad material y procedimental
de las normas legales que las consagran.
11. Finalmente dígase que si el tribunal constitucional declaró
la inexequibilidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 por vicios de
forma, nada impide que el juez ordinario siga aplicando la excepción
de inconstitucionalidad por vicios de fondo a hechos anteriores a
aquella declaración.
Cordialmente,
6 172 niños víctimas de Luis Alfredo Garavito. http: www.fiscalia.gov.co
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República de Colombia Segunda Instancia 25705
Corte Suprema de Justicia
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Magistrado
Fecha ut supra.
ACLARACIÓN DE VOTO
P/. Danilo Alberto Díaz Calixto
D/. Prevaricato por acción
Aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala, debo aclarar mi voto en relación con dos
aspectos:
1) Fui partidario del criterio mayoritario de la Sala contenido en el proveído de segunda instancia del 28 de octubre
de 2005 7 , sobre la inaplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, porque, como allí se explicó, el mismo no
guardaba coherencia con los ejes temáticos centrales que auspiciaron la ley visibles desde su título y desde sus
principios y definiciones, dando como argumentos los siguientes:
“2.1. La Constitución Política dispone en su artículo 230 que
„Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la Ley‟, entendiendo por Ley: a) la Carta
Fundamental y b) la Ley válida, aquella que ha sido dictada por
el Legislador en el marco de competencias que le ha fijado la
norma superior y que, por supuesto, tenga conexidad axial con
ella, juicios de validez que debe adelantar el juez en ejercicio
de los controles directo o difuso que le dispensa un sistema
político de separación de poderes con cooperación armónica,
de pesos y contrapesos, de frenos y contrafrenos, concebido
para evitar el desbordamiento de alguno de ellos con
incidencias catastróficas para la vigencia del Estado Social y
Democrático de Derecho.
7 Radicación 17089.
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D/. Prevaricato por acción
2. 2. El Legislador está asistido del derecho a la libertad de
configuración que –como ocurre con casi todas las
prerrogativas del Estado Social de Derecho, cuyo principal
valor es la igualdad, y el principio democrático– no es absoluto
porque tropieza con los límites del principio de unidad de
materia y la concordancia de la Ley con el techo
constitucional.
2.3. Sobre la unidad de materia, la Corte Constitucional ha
definido que procura la racionalización y el afianzamiento del
proceso legislativo, espacio por excelencia para la concreción
de la democracia, que se materializa en un comienzo en las
implicaciones que tiene en el desenvolvimiento del proceso
legislativo, pues „todo proyecto de ley debe referirse a una
misma materia‟ y „serán inadmisibles las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen con ella‟ (artículo 158 de
la Carta), ofreciendo mecanismos para evitar su
desconocimiento.
(…)
Adelante, para garantizar „la deliberación pública y
transparente sobre temas conocidos desde el mismo
surgimiento de la propuesta‟, materias predefinidas para „que
en esa dirección se canalicen las discusiones y los aportes
previos a la promulgación de la ley‟, y para que el producto del
proceso legislativo sea el resultado de „un sano debate
democrático en el que los diversos puntos de regulación hayan
sido objeto de conocimiento y discernimiento‟, evitándose con
ello „la aprobación de normas sobre materias que no hacen
parte o no se relacionan con aquella y se impide el acceso de
grupos interesados en lograr normas no visibles en el proceso
legislativo‟.
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D/. Prevaricato por acción
„El principio de unidad de materia que se instaura, contribuye a
darle un eje central a los diferentes debates que la iniciativa
suscita en el órgano legislativo. Luego de su expedición, el
cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental
dictado de coherencia interna, facilita su cumplimiento, la
identificación de sus destinatarios potenciales y la precisión de
los comportamientos prescritos. El Estado social de derecho
es portador de una radical pretensión de cumplimiento de las
normas dictadas como quiera que sólo en su efectiva
actualización se realiza. La seguridad jurídica, entendida
sustancialmente, reclama, pues, la vigencia del anotado
principio y la inclusión de distintas cautelas y métodos de
depuración desde la etapa gestativa de los proyectos que luego
se convertirán en leyes de la República‟.
Y, finalmente, con implicaciones también en el terreno del
control de constitucionalidad que puede ser riguroso –no lo
supera „toda norma que no esté directamente relacionada con
la materia que es objeto de regulación‟- o flexible- „sólo
violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a
la materia regulada‟ y que involucra desde el título y la
determinación del núcleo temático de la Ley, en lo que
resultan importantes la Exposición de Motivos en cuanto allí se
relacionan las razones por las cuales se promueve el ejercicio
de la función legislativa y se determinan los espacios de las
relaciones sociales que se pretenden interferir; los debates de
comisiones y plenarias; las variaciones entre los textos
originales y los definitivos, etc., de donde, como desarrollo de
los artículos 158 y 169 de la Constitución, y 148 y 193 de la Ley
5ª de 1993 (o Reglamento Interno del Congreso), se requiere
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inclusive la titulación legislativa, además de determinar el eje
temático de la ley „pues es ese núcleo el que permite inferir si
una disposición cualquiera vulnera o no el principio de unidad
de materia‟.
2.4. Así, pues, la Constitución le señala al Legislativo un
dúo de condiciones para el correcto ejercicio de su función
natural al indicar que éste se halla obligado a definir con
precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del
proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se
ocupe al expedir la ley y, simultáneamente, ha de observar una
estricta relación interna desde el punto de vista sustancial
entre las normas que harán parte de la ley para que
todas ellas estén referidas a igual materia, de tal manera que
el Congreso violará ese principio constitucional:
„cuando incluye cánones específicos que, o bien no encajan
dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o
bien no guardan relación interna con el contenido global del
articulado‟.
2.5. Esa cláusula general de competencia legislativa que le
atribuyen al Congreso los artículos 114 y 150 de la
Constitución, traducida a libertad de configuración del
legislador en materia penal y penitenciaria, y particularmente en
lo referente a rebajas de penas privativas de la libertad,
encuentra ciertos límites indiscutibles en la misma Constitución
que:
„no le permite actuar arbitrariamente sino de conformidad con
los parámetros que ella misma establece. Se trata de una
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potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y
en materia penal y penitenciaria, estos límites son
particularmente claros, por estar de por medio derechos
fundamentales muy caros para la persona humana, como los
de la libertad personal y el debido proceso, así como valores
sociales tan importantes como la represión del delito o la
resocialización efectiva de sus autores‟.
2.6. La acción del Legislador en estas materias tiene el límite,
pues las medidas que adopte:
„deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera
política criminal y penitenciaria, que sea razonada y
razonable, y en ese sentido se ajusta a la Constitución‟, es
decir, „puede establecer cuáles conductas se tipifican como
delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar
las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de
ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que
genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e
igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos
que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes
hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de
la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en
sociedad‟.
2.7. Es decir: cuando la rebaja de pena no obedece a una
política criminal sino a una „gracia‟, a la manera de un „jubileo‟
(término utilizado en los debates parlamentarios en el tránsito
de esta Ley 975 de 2005), que „equivale a una suerte de
indulto‟, deben coincidir los requisitos que establece el artículo
150.17 del Código Político, que son: a) que exista una mayoría
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calificada de las dos terceras partes de los votos de los
miembros de ambas cámaras a favor de su concesión; b) Que
se otorgue únicamente respecto de delitos políticos; y, c) Que
existan graves motivos de conveniencia pública que lo hagan
aconsejable.
(…)
2.8. La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N°
211 de 2005 Senado, titulado de „Justicia y Paz‟, le señala
como único núcleo temático:
„contar con un marco jurídico claro para comenzar un proceso
de paz, tanto con los grupos guerrilleros como con las
autodefensas… que muestren un propósito sincero‟ al
desmovilizarse y desmantelar esas organizaciones criminales,
frente a las cuales no son viables la amnistía ni el indulto, pero
a quienes, „dentro de un marco legal estructurado en los ejes
Verdad, Justicia y Reparación, dando especial importancia al
derecho de las víctimas, se puede pensar en conceder
beneficios‟.
(…)
2.9. Y, en el Informe de ponencia para primer debate al
Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado y 293 de 2005 Cámara,
en cuya sede „también se propone en la iniciativa una rebaja de
penas entre una décima y una quinta parte para las personas
que al momento de entrar en vigencia la Ley cumplan penas
por hechos delictivos‟ (sin aportar razones de la modificación),
se precisó como contenido del proyecto:
„En fin, para lograr la reincorporación de los violentos, bajo una
nueva concepción fundamentada en la justicia restaurativa y
en menor grado en la retributiva, con compromisos serios de
no actuar al margen de la ley, de reparar los daños
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ocasionados y trabajar en la consecución de la paz, en el
proyecto obra una recelosa y reflexiva regulación del marco
jurídico en 11 capítulos, contentivos de 65 artículos…‟,
contenido del Proyecto que se ofrece consecutivo en el
proceso legislativo, como no lo hace el del llamado „Jubileo‟ del
artículo 70 posterior, que desaparece en varios pasajes
importantes y resurge, no obstante las intervenciones de la
Presidenta Claudia Blum y las constancias de
inconstitucionalidad del Senador Darío Martínez Betancourt,
trámite en el cual distintos organismos y sectores de la opinión
jurídica y pública nacional e internacional previnieron al
Parlamento sobre el respeto a los estándares internacionales
en materia de delitos de lesa humanidad y violación al DIH, que
podría indicar „la falta de disposición o la incapacidad del
Estado de administrar Justicia (que) permite el desplazamiento
de la competencia prevalente de los Estados a favor de la
Corte Penal Internacional”, art. 17 del Estatuto de Roma, y que
de seguro llevó al Legislador a incorporar a las rebajas, a los
delincuentes comunes, aspecto exótico para los núcleos
temáticos de la ley, sin vínculos de referencia que lo articulen
de manera armónica y coherente con los ejes materiales de
esa normatividad, es decir, sin conexidad teleológica,
sistemática ni material con una ley que busca el cese de la
violencia en este país gestionando la paz con los grupos
rebeldes (delincuentes políticos): guerrilla y paramilitares.
2.10. El título de la Ley 975 del 25 de julio de 2005, de
„Justicia y Paz‟, y su finalidad, reiterada en el Capítulo I sobre
„Principios y definiciones‟, artículos 1° „Objeto de la presente
ley‟ y 2° „Ámbito de la ley‟, no se puede esquivar a través de
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„disposiciones complementarias‟, mucho menos cuando ya el
Tribunal Constitucional, a través de sentencia que hizo tránsito
a cosa juzgada constitucional, declaró inexequibles los
„jubileos‟: (…)
2.11. Además, la ley debe también guardar afinidad sustancial
con el acervo de valores, principios, derechos y deberes que
consagra la Carta Política, la cual junto con el Código Penal, la
Jurisprudencia y la Doctrina nacionales y comparadas,
diferencian al delincuente político del común, de donde se
desprende que al darles la Ley 975 de 2005 tratamiento
punitivo similar, ataca valores superiores como la justicia, el
orden justo, la seguridad ciudadana y jurídica, los fines de la
pena, la resocialización del delincuente y la igualdad (por
equipar a los que natural y jurídicamente son completamente
distintos).
Así mismo, agrede la dignidad humana y el acceso a la justicia
de varios intervinientes en el proceso penal, como por ejemplo
la víctima, de tan amplia referencia y reconocimiento en el
bloque de constitucionalidad, la Constitución (3 veces), el
nuevo Código de Procedimiento Penal (89 veces) y esta Ley
(arts. 5°, 6°, 7° y 8°), a sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, que resultan comprometidos por este tipo de
„gracia‟ o jubileo que significa a la postre impunidad (indulto)
parcial sino definitiva.
2.12. En Colombia no existe política criminal empezando
porque el ente encargado de fijarla hace mucho tiempo que ni
siquiera se reúne. La fijación de penas altas y sus correlativos
descuentos obedecen al péndulo de la opinión pública. Por eso
se denuncia una „política criminal de doble columna‟, en una
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de las cuales se elevan las penas para un adecuado control
social formal, mientras que por la otra, se implementa un
verdadero festín de atenuantes y causales de libertad que
transforman al juez de „acreedor‟ en „deudor de penas‟, y al
expediente penal en verdadero „baratillo de rebajas‟.
Es que la propia Ley 975 de 2005 es contradictoria: se dictó
para paliar pena a los integrantes de los grupos rebeldes del
país, cuyos delitos no son leves y hay cabecillas con concepto
favorable de extradición por narcotráfico, especies delictivas
excluidas en su artículo 70 cuando se trata de delincuentes
comunes.
2.13. En el Estado legal de derecho, la legitimidad del proceso
se determinaba sólo por el cumplimiento de las formalidades
establecidas en la Ley: el formalismo jurídico era la alternativa
hermenéutica, visión que varió radicalmente con el Estado
constitucional de derecho en el cual la legitimidad de las
instituciones no se determina únicamente a partir del
cumplimiento del rigor formal fijado por la ley sino por el respeto
y la realización del sistema de valores, principios, derechos y
deberes consagrados en las cartas políticas con miras a la
realización del hombre en un marco democrático pluralista, de
tal manera que la legitimidad de todo proceso ya no se infiere
del sólo tenor literal de la ley sino también a partir del
cumplimiento de la teleología que para él se deduce de los
textos superiores. (…)
2.14. En ese orden de ideas, dígase finalmente que el juez ya
no es la „boca de la Ley‟ a la manera de MONTESQUIEU en el
Estado Liberal de Derecho, sino el „cerebro y la conciencia del
Derecho‟ a través de la jurisprudencia de principios en el
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Estado constitucional de derecho, que le permite ser legislador
positivo al modular o condicionar la validez de la ley, y
legislador negativo, a la manera de GARGARELLA, al poder
excluir del firmamento del derecho una ley inválida, como
aquella que no se rigió en su trámite de creación por el
mandato constitucional o que desconoce el capital axial
superior, a través de los controles directo o difuso de
constitucionalidad, éste último que, a partir de la
Constitución de 1991, puede ejercer cualquier juez de la
República por aspectos formales o de procedimiento y
materiales.
3. Así, pues, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, dispuesto
para rebajar pena a delincuentes comunes, no guarda
coherencia con los ejes temáticos centrales que auspiciaron
esa Ley visibles desde su título y desde sus principios y
definiciones (arts. 1, 2, 3 , 4 y 9), corroborados en el inciso final
del artículo 11 („solamente podrán acceder a los beneficios
previstos en esta Ley, las personas cuyos nombres e
identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía
General de la Nación‟), y viola flagrantemente varios valores,
principios, derechos y deberes que consagra la Carta entre
otras cosas para que el juez los defienda, razón para concluir
que es inaplicable…”
2) De otro lado, hay que mirar que la Corte Constitucional, al estudiar la norma en cuestión decidió declararla
inexequible por vicios de procedimiento, lo cual no le permitió abarcar el estudio asumido por la Sala en el
antecedente jurisprudencial citado, ello no obsta para que el suscrito siga compartiendo el criterio allí expuesto, con
la salvedad anotada en mi aclaración de voto a dicha decisión, del siguiente tenor:
“… el suscrito ha expuesto un pensamiento que de alguna
manera difiere de la mayoría y es por ello que con el debido
respeto por las decisiones de la Sala, aclaro mi voto respecto
de un aspecto puntual consignado en la parte considerativa del
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fallo, específicamente en lo que hace relación con el criterio de
un sector de la Sala que inaplicó el artículo 70 de la ley de
justicia y paz, fundamentalmente por violación al principio de la
unidad, pues como tuve la oportunidad de manifestarlo en
algunos casos concretos 8 , estimo que a dicho precepto debe
dársele una interpretación restrictiva al ámbito de la ley que lo
contiene, lo cual zanjaría, en mi concepto, el problema
planteado frente a esa falta de unidad de materia con el título y
el núcleo temático de la misma.
En efecto, el entendimiento de que la rebaja de pena contenida
en la citada norma cobija a todos los delincuentes comunes
que cumplen penas por delitos diversos a los exceptuados en
la misma (contra la libertad, integridad y formación sexuales,
lesa humanidad y narcotráfico), no sólo rebasa los núcleos
temáticos de la ley y la finalidad contenida en su título, sino que
además desconoce la diferenciación que la misma Carta
Política hace del delincuente político del común, de cuya
tradición jurídica se hizo un amplio análisis en la colisión de
competencia 24.222 de octubre 18 del año 2005.
Por lo tanto, con el fin de guardar afinidad sustancial con el
objeto de la Ley y, especialmente, con el acervo de valores,
principios, derechos y deberes que consagra la Carta Política,
considero que debe restringirse la aplicación del artículo 70 de
la Ley 975 de 2005, a los sujetos que al entrar en vigencia
estuvieran condenados por hechos relacionados con su
militancia en los grupos armados al margen de la ley de que
8 Radicados 17089 y 24196.
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trata la misma normatividad (guerrilla y autodefensas), dado
que esa condición los hace destinatarios directos de su objeto.
De tal manera, se garantiza la igualdad entre los miembros de
los grupos armados al margen de la ley (guerrillas y
autodefensas) que se acojan a los beneficios consagrados en
la Ley 975 de 2005 y aquellos que estando condenados no
puedan, por cualquier motivo, acceder a los mismos.
Esa es la razón por la cual la rebaja de pena aludida en el
artículo 70 se dirige a las „personas que al momento de entrar
en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencias
ejecutoriadas’, con las excepciones citadas en la misma
normatividad.
Pero además, debe tenerse en cuenta que en la sentencia C-
1404 de 2000 la Corte Constitucional concluyó que cuando una
rebaja de pena general no obedece a una determinada política
criminal (que en los antecedentes de la norma aquí analizada
jamás se mencionó), sino a una „gracia‟, ello „equivale a una
suerte de indulto‟, caso en el cual deben concurrir los requisitos
que establece el artículo 150-17 de la Carta, a saber: i) que la
ley sea aprobada por una mayoría calificada de las dos
terceras partes de los votos de los miembros de ambas
cámaras; ii) que se otorgue únicamente respecto de delitos
políticos; y, iii) que existan graves motivos de conveniencia
pública que lo hagan aconsejable.
Véase cómo dentro de ese contexto, los artículos 70 y 71 del
capítulo XII de la Ley 975 de 2005, se complementarían, pues,
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de un lado se asume que la rebaja de pena es para los
miembros de los grupos armados al margen de la ley,
entendiendo por estos „el grupo de guerrilla o de autodefensas,
o una parte significativa e integral de los mismos como bloques,
frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones,
de las que trate la Ley 782 de 2002‟, que para la fecha de su
vigencia cumplan penas por sentencias ejecutoriadas, y, de
otro, que la inclusión dentro de la categoría de delito político de
la conducta de quienes „conformen o hagan parte de grupos
guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera en el
normal funcionamiento del orden constitucional y legal‟,
viabiliza la aplicación de una rebaja de pena general, que,
como se afirmó, „equivale a una suerte de indulto‟, que sólo
puede cobijar a los llamados delincuentes políticos.
La interpretación que prohíja la rebaja de pena para los
delincuentes comunes, no sólo desconoce que todo el texto de
la ley se refiere de manera exclusiva a los miembros de los
grupos armados al margen de la ley -dentro de la definición que
ella misma trae-, y que por lo tanto son ellos el objeto de la
norma, sino que además lleva a pensar que la rebaja incluida
en el referido artículo 70 configura lo que en el lenguaje
parlamentario se conoce como „un mico‟, para destacar así
una disposición aislada, que ninguna relación tiene con la
materia de la ley, como bien se concluyó por un sector de la
Sala en los antecedentes arriba citados.
Pero además, y como un aspecto determinante de esta
interpretación, debe considerarse que la rebaja de pena del
citado artículo 70 está supeditada al análisis de cuatro
elementos esenciales, compatibles con los propósitos de la Ley
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de justicia y paz, a saber: a) el buen comportamiento del
condenado; b) su compromiso de no repetición de actos
delictivos; c) su cooperación con la justicia; y, d) sus acciones
de reparación a las víctimas, elemento éste último que debe
mirarse dentro del contexto de la misma normatividad, tanto
frente al concepto de „víctima‟, como frente a las acciones de
reparación que allí contempla.
Así, de acuerdo con el artículo 5º de la referida normatividad,
se entiende por víctima:
„(...) la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños
directos tales como lesiones transitorias o permanentes que
ocasiones algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial
(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán
ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados
al margen de la ley (...)’ (se ha resaltado).
Como puede verse el concepto de víctima que trae la Ley 975 de
2005, es el que se acondiciona a los resultados de las acciones
violentas ejecutadas por grupos armados al margen de la ley,
entendiendo por estos „el grupo de guerrilla o de autodefensas, o
una parte significativa e integral de los mismos como bloques,
frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las
que trate la Ley 782 de 2002‟, en los términos del inciso 2º del
artículo 1º de la misma normatividad que se analiza.
Por lo mismo, no puede equipararse el concepto de „víctima‟ que
trae la Ley 975 con aquél señalado en el artículo 132 del nuevo
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) para la
generalidad de delitos y según el cual, son víctimas:
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„las personas naturales y jurídicas y demás sujetos de derechos que
individual y colectivamente hayan sufrido algún daño directo como
consecuencia del injusto‟.
De allí que a la luz de la Ley 975 de 2005, no califica dentro del
concepto de víctima el sujeto pasivo de una conducta ilícita
ejecutada al margen de acciones desarrolladas por grupos de
autodefensas o guerrilla, lo cual excluye que los delincuentes
comunes puedan ser destinatarios de la susodicha rebaja.
Adicionalmente y consecuente con esa proposición, las acciones de
reparación‟ a las víctimas sólo pueden ser aquéllas consagradas en
el capítulo IX de la misma ley, entre las cuales se entienden como
actos de reparación „los deberes de restitución, indemnización,
rehabilitación y satisfacción‟ (artículo 44), que dentro del contexto
señalado en la misma normatividad sólo son compatibles para las
víctimas de delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado y no
para las víctimas de otros delitos en relación con los cuales no se
dan los presupuestos de protección especial consagrados en la Ley.
En consecuencia, para salvar el problema planteado frente a la
posible falta de unidad de materia del precepto consagrado en el
citado artículo 70 con el título y el núcleo temático de la Ley 975 de
2004, es necesario asumir una interpretación racional de la norma,
atendiendo a la lógica interna de la ley objeto de estudio. Sobre este
presupuesto, el precepto normativo debe relacionarse con todos los
demás contenidos en la ley que lo consagra, excluyendo aquella
interpretación que daba lugar a una proposición carente de afinidad
sustancial con la materia regulada en la misma.”
Con todo respeto,
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Fecha ut-supra
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
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