Tomo 1 - Renta Básica de las Iguales

completamente autocrático. Es decir, a pesar de que la Constitución establece que “la soberanía nacional
reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” (Art. 1, 2.), la ciudadanía no tiene
capacidad para elegirlos o sancionarlos mediante el ejercicio del voto:
Militares
Como cuerpo, las FF AA están organizadas y estructuradas
jeráquicamente, de arriba abajo; los ascensos y promociones no están
determinados por ningún sistema de sufragio universal, en el que cada
miembro tiene un voto, sino por un sistema de méritos, antigüedades, y
decididos por los militares de mayor rango. Tampoco la ciudadanía puede
elegir a los militares de alto rango, empezando por el propio Rey, quién es el que ejerce el mando
supremo de las fuerzas armadas. (Art. 62, h)
Jueces
De forma similar a las FF AA, el cuerpo judicial está organizado piramidalmente; tampoco aquí los
ascensos y promociones están determinados por los ciudadanos, sino, internamente, por lo jueces de
mayor rango, 103 y los de carácter político, por el gobierno y el parlamento. Dice la
Constitución que, aunque “la justicia emana del pueblo, se administra en nombre
del rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. (Art. 117)
¿Sabe alguien quién determina y regula el imperio de la ley? El pueblo, no.
La presidencia del Estado
También queda excluida de toda posibilidad de elección ciudadana la propia
Presidencia del Estado, usurpada por la presencia de la Corona, “hereditaria en los
sucesores”, y con el agravante de que se le reconoce a “la persona del Rey [la
prerrogativa de que] es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, de ningún tipo.
¿Se puede representar y ejercer un poder del Estado tan antidemocráticamente? El Rey, sí.
Otros organismos
Por paradójico que parezca, tampoco el pueblo español, por muy soberano que lo
definan, puede elegir a su garante, el nominado al cargo de defensor del pueblo. Son,
otra vez “las Cortes Generales las que designarán este comisionado” (Art. 54), así como
supervisarán su labor. Aquí el Estado se asegura que los errores que pueda cometer
como Administración ante los ciudadanos estén en la jurisdicción de alguien sujeto a sus
poderes, a alguien que le represente como juez y parte.
103
Si el presidente del Tribunal Supremo se opone a que los parlamentos autonómicos participen en la elección de los jueces territoriales, ¿qué
opinión le merecería la propuesta de que fuésemos la ciudadanía los responsables de elegir los miembros de estos tribunales?
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