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La experiencia de las mujeres
en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia
del Ecuador
Quito, 2011
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS; PROJUSTICIA;
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES; ACUERDO POR UNA NUEVA JUSTICIA; CEPLAES

La experiencia de las mujeres
en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia
del Ecuador
Quito, 2011

Eco. Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Dra. Johana Pesántez
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Ing. Katty Pazmiño
Directora Ejecutiva de ProJusticia
Dirección Técnica de ProJusticia
INVESTIGACION A CARGO DE:
Observatorio de los Derechos de las Mujeres
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:
Leandra Macías (Investigadora principal)
Katya Hernández (Asesora)
Elena Mora (Asistente de investigación)
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
1. DEBATES EN TORNO AL ACCESO A JUSTICIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y
MUJERES: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Enfoque de género e interseccionalidad
El enfoque de derechos de los “otros humanos”
La justicia de género
La problemática de la distribución/reconocimiento y sus efectos en la justicia
2. CONTEXTO POLÍTICO, NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD: FUNDAMENTOS DE DERE-
CHO PARA LA EXIGENCIA DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE ALIMENTOS Y LA POLÍTICA
PÚBLICA
Marco legal ecuatoriano: la Carta Magna, el Código y la Ley
Marco jurídico internacional: instrumentos legales en los que se sustentan los Derechos Humanos y de la
Niñez
Política Pública donde se enmarca el derecho de niños, niñas y adolescentes a la pensión de alimentos
Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador
3. LAS EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES EN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCEN-
CIA
Las experiencias durante la demanda: la compleja ruta de demandar
Percepciones sobre el acceso a justicia y el derecho de pensión de alimentos
4. LÍNEA DE BASE CUALITATIVA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES ACERCA DE LOS
JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DERECHO A LA PENSIÓN DE ALIMENTOS
Nudos críticos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia desde la experiencia de las mujeres
Principales fortalezas identificadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia
5. PROPUESTA DE CREACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JU-
DICIALES POR PENSIÓN DE ALIMENTOS
Objetivo de un sistema de indicadores
Creación de la ficha informativa y de base de datos
Construcción de indicadores
Otros resultados posibles del análisis
6. A MODO DE CONCLUSIÓN
Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia
Justicia a “medias”: experiencias de las mujeres en demandas de pensión de alimentos
7. RECOMENDACIONES
8. BIBLIOGRAFÍA
9. ANEXOS
Instrumentos de derecho y política pública en el Ecuador
Proceso de una demanda de alimentos (Diagrama)
Esquema sobre la Función Judicial
Perfil de las mujeres consultadas
Fichas sobre causas de pensión de alimentos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador
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PRESENTACIÓN
En el marco actual de la modernización del estado
ecuatoriano, es urgente dar respuesta a la vulneración
de los derechos de los niños y niñas ocasionada por el
represamiento de las causas en materia de alimentos en
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
Las mujeres-madres son las que tutelan el derecho
a la pensión de alimentos de sus hijos e hijas, ya que
son ellas las que luego de una separación o divorcio se
hacen cargo de su cuidado. El problema es que muchas
de ellas no reciben esta pensión, o si lo hacen, es por
montos insuficientes para la subsistencia y para ofrecer
condiciones de vida adecuadas a sus hijos e hijas.
Además, al entablar una demanda ante las instancias
judiciales se encuentran con una serie de dificultades
derivadas de una estructura organizacional que
obstaculiza el ejercicio de este derecho, el más grave
tiene que ver con los largos tiempos de espera, producto
del represamiento de causas existentes.
Para dar respuesta a esta grave situación, el 2 de
junio del 2009 el Consejo de la Judicatura anunció la
creación de 40 Juzgados de la Niñez y Adolescencia en
el Ecuador, de los cuales 20 ya habían entrado en funcionamiento
en esa fecha para atender el represamiento
de las causas que reclamaban el pago de pensiones alimenticias,
que al año 2008 habían llegado al 50 % del
total de las demandas presentadas. (Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia, CNNA, 2009).
En el mismo año, la Asamblea Nacional aprobó
la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia
en el tema de pensión de alimentos, mediante la cual
7
el CNNA estableció la Tabla de Pensiones Alimenticias
Mínimas, con el fin de asegurar que se cubran las necesidades
básicas de los niños y niñas de a cuerdo con la
realidad y los estándares de vida de los hogares a los que
pertenecen. Uno de los avances introducidos a través
de esta medida es que una vez presentada la demanda
se instituyan pensiones de alimentos de carácter provisional.
La dificultad radica en que existen muchos casos
en que esta pensión queda fijada de manera permanente,
lo que ha empobrecido a las familias y exige más
esfuerzos a las mujeres que asumen el cuidado de su
prole.
En vista de esta compleja situación en el acceso de
niños, niñas y adolescentes a exigir su derecho a la pensión
de alimentos, ProJusticia y el Observatorio de los
Derechos de las Mujeres, han asumido el desafío de realizar
el presente estudio sustentado en la necesidad de
identificar los nudos críticos de los servicios prestados
por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia; y conocer
si estos juzgados (JNA) están siendo o no una respuesta
que garantiza el acceso a la justicia y al derecho a la pensión
de alimentos.
Además, se busca dar una solución a la escasa información
con respecto a la percepción sobre el acceso
a este derecho por parte de las mujeres, quienes son las
principales usuarias del sistema, que limita las posibilidades
técnicas y políticas para que las autoridades puedan
tomar las medidas correctivas del caso.
El acceso, el goce y el disfrute del derecho a la pensión
de alimentos, al igual que muchos otros derechos
de las mujeres y de sus hijos, están amparados. Por ello,
estudios como el que se presenta son prioritarios en el
esfuerzo estatal para garantizar una justicia efectiva,
sobre todo cuando hablamos de grupos de atención
prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes.
Projusticia
Observatorio de los Derechos de las Mujeres
Quito, Enero 2011

INTRODUCCIÓN
Esta investigación buscó conocer las percepciones
y experiencias de las mujeres que ha interpuesto
una demanda por alimentos, y aportar a la construcción
de una línea de base cualitativa sobre el servicio
que brindan los Juzgados de la Niñez y
Adolescencia en materia del derecho a la pensión
de alimentos de niños, niñas y adolescentes del
Ecuador. El estudio se llevó a cabo en las ciudades
de Ibarra, Portoviejo, Cuenca y Quito con la participación
de mujeres que han acudido a estas instancias
de administración de justicia para interponer
una demanda de alimentos.
El objetivo general que guió la investigación fue:
Conocer los principales nudos críticos y fortalezas
en el acceso a la justicia en relación con el derecho
a la pensión de alimentos de niños, niñas y adolescentes
del Ecuador, desde la experiencia de las mujeres -
como tutelares de este derecho- que acuden a los
Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:
a) Conocer qué entienden las mujeres por derecho
a la pensión de alimentos con relación a
su ejercicio en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
b) Analizar la percepción de las mujeres sobre los
procedimientos que deben llevar a cabo para
ejercer el derecho a la pensión de alimentos en
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
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c) Identificar las fortalezas y debilidades de los Juzgados
de la Niñez y Adolescencia, en el tema de
pensión de alimentos.
e) Conocer cómo han visto modificadas sus percepciones
las mujeres cuando conocen sobre el derecho
a la pensión de alimentos.
f) Contribuir con recomendaciones para mejorar
el servicio de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia,
a fin de garantizar el acceso a la justicia
por parte de las mujeres, como tutelares del derecho
de la pensión de alimentos de sus hijos e
hijas.
La metodología empleada en esta investigación
fue de carácter exploratoria, descriptiva e interpretativa,
con diseño de estudio de caso con enfoque
cualitativo. La muestra estuvo integrada por 50 mujeres
de las ciudades de Ibarra, Cuenca, Portoviejo
y Quito y que obtuvieron una resolución o se encontraban
en proceso de acceder a la pensión de
alimentos.
La muestra fue de tipo no probabilística intencionada,
donde el fin fue profundizar, enriquecer y
por cierto, mantener la calidad de la información. Se
estableció una serie de criterios cualitativos en la selección
de la muestra 1 . Procurando dar cuenta de la
diversidad de mujeres, la composición del grupo de
entrevistadas fue heterogéneo en cuanto a aspectos
socio-culturales y rangos etarios. Asimismo, se consideró
como criterio el que pertenecieran a distintos estratos
socioeconómicos. Sin embargo, la investigación
mostró como tendencia que quienes más recurren a
estas instancias para exigir este derecho son las mujeres
de sectores populares, quienes por tener limitados
recursos económicos y bajos niveles educativos, ven
condicionado su acceso a la justicia.
1 Los criterios de inclusión de la muestra fueron los siguientes; debían ser
mujeres usuarias de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, tener
hijas/os, encontrarse en diferentes etapas del proceso de demanda de pensión
de alimentos, pertenecer a diferentes sectores socio-económicos, tener
edades diversas, pertenecer a sectores urbanos.

Además de consultar a las mujeres, también se
entrevistó a informantes clave quiénes aportaron con
criterios a partir de su experiencia en este campo. También
se levantó información estadística con el fin de
complementar los datos. Las técnicas de recolección
de información, fueron entrevistas semi-estructuradas,
cuestionario y observación.
Es importante señalar que la presente investigación
se adhirió a los principios básicos de la investigación
ética; el anonimato, la confidencialidad y el
compromiso de compartir los resultados con la comunidad.
Con ese objetivo se elaboró una pequeña publicación
con los principales resultados de la
investigación (Boletín Alerta Nº 15 del Observatorio),
la misma que fue distribuida en las ciudades donde
se realizó el estudio y en los lugares donde funcionan
los puntos focales del Observatorio de los Derechos
de las Mujeres 2 .
Por último, es importante mencionar que las
dificultades del estudio tuvieron que ver principalmente
con la escasa información que existe sobre el
tema, donde la ausencia de bases de datos estadísticos
imposibilita la aplicación de los indicadores propuestos
por la ausencia de una línea de base cuantitativa
con la cual realizar proyecciones.
Asimismo, queremos mencionar las posibilidades
que generan los resultados del presente estudio, en
tanto entrega información clave y recomienda medidas
que no son de compleja aplicación y pueden
aportar a:
El diseño de políticas públicas para mejorar el
acceso a la justicia de género por parte de las mujeres
que acuden al sistema judicial en materia de
pensión de alimentos –de la cual son tutelares–, específicamente
a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia;
y,
El seguimiento y monitoreo de procesos y resoluciones
judiciales sobre acceso al derecho de pensión
2Además de en Ibarra, Cuenca, Portoviejo y Quito, el Observatorio tiene
puntos focales en Esmeraldas y en Loja.
9
de alimentos de niños, niñas y adolescentes, proponiendo
la creación de índices de evolución en procesos
judiciales de las causas en esta materia.
La organización del informe de la investigación
tiene 8 partes, a saber:
1. Partimos con un breve debate teórico en el que
se sustenta el análisis: el enfoque de género e interseccionalidad,
el enfoque de derechos de los
“otros humanos”, la justicia de género y la problemática
de la distribución/reconocimiento y
sus efectos en la justicia.
2. El texto continúa con una contextualización política,
normativa e institucional. Incluye un breve
análisis del contexto nacional, internacional, de
las políticas públicas y los Juzgados de la Niñez y
Adolescencia en Ecuador.
3. De aquí en adelante el texto sistematiza las experiencias
de las mujeres antes de poner la demanda
en los Juzgados de la Niñez y la
Adolescencia y durante el proceso, y sus percepciones
sobre el acceso a justicia y el derecho de
pensión de alimentos.
4. Se presenta la Línea de Base Cualitativa sobre la
percepción de las mujeres acerca del servicio que
brindan los Juzgados de la Niñez y Adolescencia
en cuanto al derecho a la pensión de alimentos
en el Ecuador, señalado los principales nudos críticos
y fortalezas.
5. Se propone la creación de índices de evolución
en procesos judiciales de las causas de pensiones
de alimentos.
6. Se realizan conclusiones a partir del análisis
sobre los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, y
luego sobre el concepto de justicia a medias,
desde las experiencias de las “usuarias”.
7. Finalmente, se realizan recomendaciones.
8. Corresponde a Anexos.

1. DEBATES
EN TORNO AL ACCESO
A JUSTICIA
DE LAS NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES
Y MUJERES:
CONCEPTOS
FUNDAMENTALES
Enfoque de género
e interseccionalidad
La presente investigación tiene como ejes transversales
y fundamentales el enfoque de género y el de
derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes,
consagrados en la Constitución del Ecuador,
en el Plan Nacional del Buen Vivir, en la legislación,
como también en planes y proyectos nacionales.
El enfoque de género permite desarrollar una visión
explicativa y alternativa de lo que acontece en el
orden de los géneros. Permite enfocar, analizar y comprender
las características que definen a mujeres y
hombres de manera específica, así como sus semejanzas
y sus diferencias constituidas socialmente en razón
de su sexo. Desde esa perspectiva, se analizan las posibilidades
vitales de unas y otros, el sentido de sus
vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas
y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos
géneros; también los conflictos institucionales y cotidianos
que deben encarar, y las múltiples maneras en
que lo hacen. Es decir, permite contabilizar los recur-
10
sos y la capacidad de acción de mujeres y hombres
para enfrentar las dificultades de la vida y realizar sus
propósitos.
El problema se presenta por la desigualdad existente
entre mujeres y hombres, en todos los planos de
la vida social –tanto “públicos” como “privados”– y
que se funda principalmente en una lucha de poderes
que ha excluido históricamente a las mujeres del espacio
de las “decisiones”.
Desde tiempos inmemoriales, los hombres,
desde sus distintas esferas de poder, como legisladores,
sacerdotes, intelectuales, han tratado de demostrar
la condición subordinada de la mujer, en
beneficio propio. Esta asimetría entre los géneros y,
por tanto, en los poderes que cada uno goza, ha resultado
en una dominación masculina que se funda
en el patriarcado y que ha sometido históricamente
a las mujeres.
Por patriarcado entendemos, a la “ideología y estructuras
institucionales que mantienen la opresión
sobre las mujeres. Es un sistema que se origina en la
familia dominada por el padre, estructura reproducida
en todo el orden social y mantenida por el conjunto
de instituciones de la sociedad política y civil” (Facio,
1992: 28). En consecuencia, la redistribución del
poder no es una lucha simple, sobre todo si hay tantos
privilegios que perder.
Estos poderes conferidos de diferentes maneras,
se han fundado en un complejo sistema social que ha
privilegiado ciertas características masculinas por
sobre las femeninas. Tanto unas como otras son determinadas
socialmente, a partir de las diferencias biológicas
que se han constituido en el sustento de las
desigualdades entre mujeres y hombres.
Los estudios feministas de los años setenta
crearon la categoría sistema sexo-género con el fin de
develar los perversos efectos del enfoque biologicista
que determinaba –y aún determina– a las mujeres a
“ser” de determinada manera y a los hombres de otra.
O sea, a cada sexo se le ha conferido históricamente
unos “modos” sociales específicos, que constituyen el
género femenino y el masculino.

Para Scott, “el género es un elemento constitutivo
de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria
de relaciones significantes de poder (…) es el
campo primario dentro del cual o por medio del cual
se articula el poder.” (1996: 23-26)
Así el género, a partir de su teorización y categorización,
nos permite develar que mujeres y hombres
se construyen social y culturalmente en relaciones que,
por mucho tiempo, centraron su análisis entre lo productivo/reproductivo,
en la dicotomía público/privado
y que inevitablemente se ha visto cruzado por
otras categorías de análisis, y que, por supuesto, tiene
contextos históricos específicos.
Sin embargo, y sin desconocer los aportes del enfoque
del género tanto para las mujeres como para las
diversidades/identidades sexuales, hay que tener presente
las limitaciones que ha tenido en la práctica, producto
de su mera instrumentalización y uso práctico.
Tras una década de la inclusión de la perspectiva de
género, al parecer se ha “desdibujado el enfoque distintivo
para transformar las relaciones de poder desiguales
entre hombres y mujeres, desarrollado por los
movimientos nacionales e internacionales de mujeres”
(Mukhopadhyay, 2007: 6).
Teniendo presente lo señalado, para esta investigación
las interrogantes sustantivas que se plantean
desde el enfoque de géneros son:
- ¿En qué medida la organización patriarcal del
mundo, y las condiciones femenina y masculina
que genera, facilitan e impiden a las mujeres y a
los hombres satisfacer sus necesidades vitales, realizar
sus aspiraciones y dar sentido a sus vidas?
- Las relaciones de dominio y opresión entre los
géneros presentes en la familia, y las formas de
“ser mujer” y “ser hombre” en las condiciones patriarcales,
¿favorecen el ejercicio de los derechos
humanos y el mejoramiento de la calidad de vida
de las mujeres y sus familias? ¿Cómo permean las
relaciones patriarcales en el desarrollo de los procesos
de justicia? ¿Cómo cambian y cómo es posible
crear una alternativa no sexista ni opresiva?
11
Sabiendo que el “género” está presente en el
mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en
sus relaciones, en la política y en la cultura, el enfoque
de género permite analizar y comprender la condición
femenina y las situaciones vitales de las mujeres, y también
la condición masculina y las situaciones vitales
de los hombres. El enfoque de género puede llevar a
captar la complejidad social, cultural y política de las
relaciones de poder entre mujeres y hombres en todos
los órdenes de la vida, incluyendo el acceso a la justicia,
ignorada por otros enfoques que tienden a describir
un mundo androcéntrico, es decir, centrado en el
hombre paradigmático.
El enfoque de género significa el desmontaje
crítico de cosmovisiones, de la estructura que sustenta
su concepción del mundo y propone la redistribución
de los poderes sociales, es decir, la
transformación de los mecanismos de creación y reproducción
de esos poderes para de-construir la opresión
y la enajenación de género y crear poderes más
democráticos.
Sus primeros objetivos consisten, por ello, en
mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres para
desarrollar opciones sociales dignas y una renovada
cultura que ponga en el centro de lo humano, a las
mujeres y los hombres en su amplia diversidad, en
un plano de igualdad, equidad y justicia en sus relaciones.
Desde el enfoque de género se derrumba la
creencia en que la igualdad entre los sexos establecida
en la ley, corresponde con la realidad social cotidiana.
Por otro lado, es importante entender que la
perspectiva de género, por sí sola, no es suficiente para
entender la magnitud de la exclusión social de la que
son sujetas las mujeres. La subordinación que las ha
convertido en ciudadanas de “segunda clase” tiene
contextos sociopolíticos específicos y que hablan de
historias particulares, pero que se gestan en lo colectivo
con características similares. Por ello, es importante
integrar a la discusión otras categorías de análisis
que se inter-seccionan unas con otras y que son pertinentes
para este estudio, y que nos entregan una vi-

sión más holística de la situación: el sexo, el género,
la etnia, la “raza” 3 , la clase y la edad.
El poder acceder a la justicia efectiva depende en
gran medida de la agencia que puedan tener las personas
en el ejercicio de sus derechos. Ello supone una
ciudadanía activa, cuyo ejercicio se encuentra atravesado
por una serie de discriminaciones, como son el
origen social y económico, el género, la etnia o la
edad. Si se trata de mujeres, jóvenes, pobres e indígenas
probablemente su acceso una justicia efectiva es
menor o implica mayores dificultades.
De esta manera, la confluencia de estas categorías
y sus cruces inter-seccionales son los que nos permitirán
un análisis más en profundidad de las
experiencias de las mujeres que han planteado una demanda
por alimentos en los Juzgados de la Niñez y
Adolescencia.
El enfoque de derechos
de los “otros humanos”
El segundo eje transversal, en el que se sustentó
esta investigación es en el enfoque de los derechos humanos
de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Las sociedades contemporáneas occidentales
han reconocido que “todos” los seres humanos tienen
derechos que deben ser velados y garantizados por el
Estado, el cual debe organizar las acciones necesarias
con el fin de satisfacer y garantizar el pleno ejercicio
del conjunto de derechos que poseen. Al tratarse de
derechos universales, éstos amparan a todos los seres
humanos y tienen que ser respetados, independiente
de las condiciones y características de cada persona.
Es importante partir señalando, que la discusión
sobre los derechos humanos es bastante antigua, sin
embargo su conceptualización y su reconocimiento es
reciente, pues su aprobación data de hace 61 años. Su
importancia radica en que es la primera vez en la his-
3 Utilizamos el concepto de “raza” en cuanto es base del racismo y origen
de múltiples discriminaciones y violaciones a los derechos humanos.
12
toria que se crea “una función legitimadora y reguladora
[…] en los sistemas políticos y los ordenamientos
jurídicos; […] al ser referente ético jurídico para todas
las personas, en cuanto se constituyen en garantía para
su dignidad y parámetro de relacionamiento social
(Arroyo, 2002: 1). Sus principales características se refieren
a que los derechos humanos son seculares, indivisibles,
no jerarquizarles, integrales e históricas.
Todas las personas poseen una serie de derechos
que generan consecuencias con respecto a la inherencia.
Esto quiere decir que todo ser humano tiene derechos
que no pueden vulnerarse, independientemente
de cuál sea su sexo, género, nacionalidad, su etnia, su
cultura, etc. Lo anterior se fundamenta, primero, en
que éstos se enmarcan en el estado de derecho; segundo,
en que son universales, indivisibles e interdependientes
entre sí; tercero, en que son transnacionales;
cuarto, en que son irreversibles; y, quinto, en que son
progresivos, es decir, siempre existe la posibilidad de ir
extendiendo su ámbito de protección.
Cuando afirmamos que todas las personas gozan
de derechos humanos, también incluimos a las niñas,
niños, adolescentes y mujeres. De ahí la importancia
de enmarcar la investigación en este enfoque -el que
es transversal así como lo es el género-, ya que si bien
son los niños/as y adolescentes los poseedores del derecho
de pensión de alimentos, por lo general, son sus
madres las encargadas de tutelar este derecho ante la
justicia.
Como habíamos mencionado anteriormente, el
mundo y su orden social han sido concebidos desde
una mirada androcéntrica, que ha puesto como ejemplo
al “hombre adulto” –por cierto no incluye a una
diversidad de estos– dejando de lado a todos los “otros
humanos” que conviven en la sociedad. Producto de
este orden patriarcal, mujeres, niños/as, adolescentes,
personas discapacitadas, entre muchas otras, han visto
vulnerados sus derechos fundamentales.
Las niñas/os y adolescentes tienen derechos a
cuidados y asistencia especiales que les aseguren la alimentación,
vestido, vivienda y asistencia médica; los
mismos que se encuentran consagrados en la Decla-

ación Universal de Derechos Humanos, los Derechos
Universales del Niño y los cuerpos legales nacionales.
Al igual que las mujeres, ellas y ellos tampoco
han formado parte del modelo hegemónico de lo humano,
y sus diferencias con las los hombres adultos
se encuentran aún más marcadas. Esta desigualdad es
producto de una visión “adultocéntrica” del mundo,
donde el paradigma implementado para el desarrollo
de niños, niñas y adolescente, no toma en cuenta sus
apreciaciones.
Se entiende por adultocentrismo, “a la visión de que desde
el mundo adulto se podía implementar el futuro de los jóvenes,
su preparación, su desarrollo, su protección y se traduce
en el enfoque de las políticas y programas. La
efectividad de esta perspectiva hizo crisis, como producto
de los cambios socioeconómicos y políticos de fin de siglo.
El adultismo se traduce directamente en las interacciones
entre adultos y jóvenes […] en la rigidización de las posturas
adultas frente a la inefectividad de los instrumentos psicosociales
con que cuentan para relacionarse con la gente
joven” (Krauskopf, 1998, s/p).
Cabe señalar que la presente investigación no
profundiza en este tema porque no es su objetivo, pese
a ello parece imprescindible contextualizar la discusión
en variados enfoques.
En la medida en que niños, niñas y adolescentes
no son vistos como ciudadanos o personas humanas
con agencia propia, la vulneración de sus derechos es
aún más grave. Por ejemplo, en el caso que concierne
a este estudio, el acceso al derecho a la pensión de alimentos
se ve condicionado por una serie de factores
externos, y que tienen que ver con la poca responsabilidad
paterna respecto de sus hijas/os, sumado a la
inoperancia de las instancias de justicia; con tiempos
de espera que superan el legal, sentencias que fijan
montos irrisorios para la mantención, malos tratos,
entre otros. Toda esta problemática de vulneración de
este derecho en particular, pone en evidencia una
cierta complicidad de la sociedad en general con los
padres irresponsables.
13
Pero las violencias ejercidas en contra de las
niñas, niños y adolescentes genera consecuencias adversas
para sus madres, quienes son las que generalmente
se hacen cargo de la tenencia, cuidados y
mantención. Una vez más, son las mujeres las que
también se ven envueltas en un espiral de violencia
que no termina con el proceso judicial sino que se extiende
por todo el tiempo que se encuentre efectiva la
pensión de alimentos.
En el Ecuador, una de cada cinco mujeres es jefa
de hogar, según la Encuesta de Condiciones de vida
2006-INEC, lo que las convierte en cuidadoras y proveedoras
–en la mayoría de los casos- de sus familias,
por lo que muchas deciden interponer la demanda de
pensión de alimentos contra los padres y/o familiares
–contemplados en la ley– a favor de sus hijas e hijos,
al ser éstos menores de edad.
Si bien en el plano de la teoría, los derechos humanos
son universales éstos no lo son ni en la práctica
ni en el plano conceptual. Esta realidad ha sido claramente
expuesta desde el feminismo, cuyos cuestionamientos
giran en torno a que tal como están definidos
los derechos, éstos tienen un carácter androcéntrico,
ya que es el concepto de “hombre” el que funda el paradigma
de los derechos humanos; y, como sabemos,
nuestros sistemas sociales-jurídicos han sido históricamente
discriminadores y violentos contra las mujeres.
Así esta revisión de los derechos humanos a partir de
la teoría de género y feminista, ha permitido analizar
las:
Diferentes manifestaciones del sexismo presentes en él y
cuestionar, por lo tanto, la objetividad, tradicionalmente
entendida como una de sus características esenciales […]
plantea la necesidad de la construcción de un nuevo paradigma
fundamentado en una visión de lo humano y de las
relaciones sociales no sexista (Arroyo, 2002: 7).
En teoría, todos y todas somos, desde nuestro
nacimiento, libres e iguales y gozamos de los mismos
derechos sin ninguna clase de distinción, sin embargo,
sabemos que esto no ocurre en la realidad. Para avan-

zar en la dirección de la igualdad, se ha generado primero
toda una lucha política, la que ha quedado plasmada
en una serie de Instrumentos y Convenciones
Internacionales a favor de los derechos de las mujeres,
para reivindicar la posición social y cultural de éstas,
que se han promulgado bajo el concepto y la búsqueda
del reconocimiento que somos igualmente “humanas”.
La construcción de las “humanas”, nace como
una dura crítica a la ideología patriarcal y sexista cuestionable
desde muchos puntos de vista, uno de ellos
el gramatical. “La palabra humana plasma no sólo una
utopía extendida a todas […], sino el topos: lo real, el
aquí y ahora, el presente como espacio de existencia,
los pasos concretos, los tropiezos, la palabra, el balbuceo,
las dudas, los equívocos, y los que firmemente entreveramos”
(Lagarde, 1996: 19).
Se trata de una construcción conflictiva la de la
“humana”, donde es realmente complejo, “dejar de
ser para otros, de vivir dependiente de otros y de estar
dominadas por otros” (Ibíd.: 20), entendiendo que las
funciones y el rol de “la mujer”, no pasan por su capacidad
reproductiva. Se trata, de un ejercicio de la
construcción de la humanidad de las mujeres desde
sus experiencias con el cuerpo, de ser las protagonistas
de sus vidas, de poder conocer y generar habilidades
sociales por medio de la educación, dentro de una
condición patriarcal que no está garantizada hasta el
infinitum (Lagarde, 1996).
Pero, por qué la necesidad de remarcar la importancia
de los derechos de las humanas en este estudio
sobre acceso a un derecho en particular, que en realidad
es de los niños, niñas y adolescentes. Y es porque
son ellas, las mujeres, las encargadas –en la mayoría
de los casos- de tutelar y exigir el derecho de pensión
de alimentos para sus hijas e hijos, y que conjuntamente
con ellos ven violados sus derechos, empobrecidas
sus economías y, como consecuencia, se ven
sumidos en un nuevo espiral de violencia.
Al respecto, existen Instrumentos y Acuerdos Internacionales
en contra de la discriminación hacia las
mujeres, que tienden a propender la igualdad entre
14
hombres y mujeres 4 . Asimismo, a los niños, niñas y
adolescentes, se les reconocen los mismos derechos
humanos que a las mujeres y hombres adultos, y otros
derechos específicos que tienen como grupo de atención
prioritaria, y que son reconocidos por la Constitución
del Ecuador y por la suscripción de los distintos
instrumentos internacionales en esta materia.
La justicia de género
A pesar de que la justicia de género como concepto
no se encuentra unificado, principalmente porque
sus usos tienen lugar en contextos diferentes,
comparte como principio fundamental, la creciente
preocupación y reconocimiento de que la “igualdad
de género” no ha logrado transmitir ni transformar
las injusticias de género que afectan a las mujeres en
todo el mundo (Mukhopadhyay, 2007).
Para Goetz (2007), la justicia de género podría
definirse como el fin de las desigualdades entre mujeres
y hombres, pero para que esto suceda, debemos
trabajar en un proceso de transformación acerca de la
subordinación que afecta a las mujeres en el ejercicio
de su ciudadanía y la exclusión social que las margina
social, económica y políticamente.
Esta justicia persigue como fin que las mujeres
tengan acceso y control sobre los recursos, junto a una
agencia activa que les permita ejercer su ciudadanía
como se concibe universalmente, porque en efecto
son ellas las más limitadas económicamente, viéndose
empobrecidas en cada hecho de discriminación o de
violencia que las afecta, los cuales tienen múltiples dimensiones.
4 Se sugiere revisar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las mujeres y su Comité para la Eliminación de
la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
"Convención de Belem do Para" y su Primer informe hemisférico del
Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará
(MESECVI) donde se habla de la importancia del acceso a justicia para las
mujeres.

Pese a que en nuestra legislación no se reconoce
la violencia económica dentro de las tipologías existentes
sobre la violencia de género, ésta existe y envuelve
en espirales de violencia mucho más complejos
a las mujeres, al depender de alguien para su propio
sostenimiento económico y el de sus hijas/os. Esta violencia
las expone a situaciones donde el chantaje y el
abuso de poder en contra de ellas se hacen efectivos,
provocando efectos nocivos para el bienestar de sus
hijos e hijas.
La violencia patrimonial y económica es considerada
en Venezuela como;
Toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente,
en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar
un daño a los bienes muebles o inmuebles en
menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia
o a los bienes comunes, así como la perturbación a
la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades;
limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos;
o la privación de los medios económicos indispensables
para vivir (Ley Orgánica sobre el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, 2007, p.3).
Producto de esta omisión del estado ecuatoriano,
entre otros, respecto a los derechos de las mujeres
en su dimensión económica, la justicia de género
busca que las instituciones sociales rindan cuentas
sobre aquellos contratos sociales existentes que van en
detrimento de los derechos de las mujeres. Entender
cómo participan la familia, la educación, el Estado,
las leyes, en la subordinación de las mujeres puede
ayudar a “identificar cómo desafiar los patrones de
desigualdad” (Mukhopadhyay, 2007: 7).
Si bien son amplios y variados los usos del concepto,
en este documento lo usaremos únicamente en
el campo de la ley, y de forma específica sobre asuntos
prácticos del acceso a la justicia de las mujeres, en materia
de alimentos en juzgados especializados. Para
15
nuestra investigación es importante tener claro que la
justicia ha sido entendida de manera diferente entre
las mujeres, y ha dependido del contexto, de las experiencias
personales y colectivas. Así también, del acceso
a las instituciones y los resultados que han
obtenido de las resoluciones u omisiones de la justicia.
Por otro lado, es necesario pensar a estas mujeres
desde el espacio de lo “doméstico”, ya que muchas de
las injusticias que las afectan se re-producen en sus relaciones
interpersonales con los esposos o parejas dentro
la “familia”. Los problemas se ven acrecentados
cuando se han separado o divorciado dando forma a
familias monoparentales, donde son las mujeres las
encargadas generalmente de proveer económica y
emocionalmente a sus hijas/os. Y estas relaciones sociales
que se gestan en lo “privado”, generan consecuencias
que atraviesan todas las instituciones sociales,
incluidos las de administración de justicia.
El término justicia de género brinda un recordatorio
directo de este problema de parcialidad institucionalizada,
recordándonos que la justicia misma, en
su concepción y administración, con mucha frecuencia
está atravesada por el género, respondiendo a un
estándar patriarcal derivado del terreno doméstico
(Goetz, 2007: 15).
La problemática
de la distribución/reconocimiento
y sus efectos en la justicia
Los tres enfoques que hemos presentado son los
ejes transversales de la investigación, a partir de los
cuales analizaremos la percepción de las mujeres sobre
el acceso a la justicia en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia,
en materia del derecho de pensión de alimentos
en el Ecuador. En síntesis, éstos son: Primero,
la perspectiva de “género” como posibilidad amplia
de análisis, que busca cuestionar y generar alternativas
a las discriminaciones que afecta a las mujeres en
razón de su sexo-género. Segundo, el enfoque de los
“derechos humanos de las mujeres y de los niños,
niñas y adolescentes” entendiendo que lo humano es

múltiple y diverso. Y, por último, la “justicia de género”,
que nos recuerda que instituciones como la justicia
tienen una visión parcializada producto del
género lo que produce consecuencias perversas en
contra de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Para complementar los enfoques teóricos mencionados,
incluiremos en el análisis la discusión sobre
las categorías: distribución y reconocimiento (Fraser,
1997) 5 y la justicia condicionada (Torres, 2006) 6 , en
relación a las mujeres.
Si analizamos las necesidades de los países del
“Tercer Mundo”, muchas de sus demandas –y por
cierto también se incluyen las demandas de las feministas–
se encuentran vinculadas al tema de la pobreza
y a demandas específicas de grupos. De este modo, la
desigualdad es concebida por la ausencia de derechos
fundamentales que favorezcan la integralidad de las
personas, por ejemplo, en torno a la redistribución y
el reconocimiento.
Las exigencias de ‘reconocimiento de la diferencia’ alimentan
las luchas de grupos que se movilizan bajo las banderas
de la nacionalidad, la etnia, la ‘raza’, el género y la sexualidad
[…] la identidad de grupo sustituye a los intereses de
clase como mecanismo principal de movilización política
(Fraser, 1997: 17).
Los dos ejes de la injusticia, que afectan a las mujeres
en torno al problema de la redistribución y el reconocimiento
–y en consecuencia a sus hijas/os- se
encuentran consagrados en la Constitución del Ecuador,
en el Cap. 6 de Derechos de Libertad, Art.66, inciso
Nº4 y se refiere al “Derecho a la igualdad formal,
igualdad material y no discriminación”. Al mismo
tiempo, son derechos de orden cultural y simbólico
5 Se entiende por ambas categorías, a las dos dimensiones y demandas que
tienen grupos excluidos. La primera lucha es por la distribución (igualitarias)
y se refiere específicamente a las situaciones de explotación, y que llevaría
a la consecución de la segunda lucha que tiene que ver con el reconocimiento
(de las diferencias), y señala las formas de dominación cultural y simbólica.
Ambas se encuentran dialécticamente relacionadas.
6 Es la justicia condicionada, aquella que afecta a ciertos grupos discriminados
y que ejercen una ciudadanía a medias, como el caso de las mujeres.
16
que, como primer paso, deben reconocer la diferencia,
acompañado de una redistribución socioeconómica.
El problema es que estos dos conceptos se disocian
dicotómicamente, puesto que el reconocimiento
busca promover la diferencia, mientras que la redistribución
busca acabarla. Ésta paradoja no debería pasar
del plano teórico-analítico, ya que en la práctica ambas
deberían integrar las políticas públicas destinadas a
terminar con la desigualdad hacia las mujeres.
Las injusticias socioeconómicas se refieren a
aquellas que se encuentran arraigadas en la estructura
política-económica de la sociedad, en este caso, las mujeres
en el Ecuador –y en muchos otros países– ven
mermadas sus posibilidades económicas y, la mayoría
de las veces, empobrecidas sus economías producto
de la ausencia de pensiones de alimentos de sus hijas
e hijos, o –si acceden a ella– por los montos recibidos
que suelen ser muy inferiores a los requeridos para la
manutención de su prole.
La otra dimensión de las injusticias es de orden
cultural o simbólica, y se refiere a “los patrones sociales
de representación, interpretación y comunicación”
(Fraser, 1997: 22). Un ejemplo claro, es la
dominación cultural de la que son objeto las mujeres,
que las posiciona en el ámbito privado del hogar y la
familia, por otra parte, su no-reconocimiento como
grupo, al ser consideradas invisibles por ser políticamente
irrelevantes, y el irrespeto que conllevan las
prácticas de subordinación y dominación a las que se
ven sometidas.
Todas estas situaciones inconscientemente las inhabilitan
y, otras veces, teniendo conciencia de la opresión,
no pueden hacer nada para evitarlas. Por lo
tanto, la suma de ambas injusticias sitúan a las mujeres
en desventaja respecto de los hombres. Aunque esta
afirmación suene un tanto repetitiva, es importante
señalar que las injusticias no son sólo culturales, sino
también materiales, y no se pueden separar ya que se
encuentran entrelazadas de manera dialéctica. “Las
desventajas económicas impiden la participación igualitaria
en la construcción de la cultura, en las esferas
públicas y en la vida cotidiana” (Ibíd.: 23).

El reto está en cómo articular ambas demandas
que parecen mutuamente excluyentes, puesto que, por
un lado, claman por ser diferenciadas con el fin de
que sean reconocidos sus aportes, hecho que se ha llevado
a cabo a través de acciones afirmativas que propendan
a la igualdad, o sea a la des-diferenciación de
los grupos, por ejemplo, en lo que se refiere a desmontar
la división sexual del trabajo. Como primer paso,
se requiere reconocer de modo cultural y económico
a las mujeres, teniendo siempre como norte la justicia
de género y la igualdad entre los géneros. Pero hasta
el momento, se trata de un “modo híbrido”, “colectividades
bivalentes” según Fraser (Ibíd.), que combinan
ambos rasgos a la vez.
Por otro lado, sabemos que las mujeres en Ecuador
son “reconocidas” dentro de una estructura de división
del trabajo que delega a más del 60% de ellas
al trabajo doméstico y de cuidados de la familia, según
la Encuesta del uso del tiempo-INEC del 2005, y por
el cual no reciben reconocimiento económico, y la mayoría
de las veces, tampoco social. Al mismo tiempo,
son “víctimas” de la falta de acceso a un trabajo bien
remunerado y digno –sumado a la multiplicación de
jornadas laborales 7 - o bien la inaccesibilidad total al
trabajo remunerado fuera del ámbito privado.
Se trata, por una parte, de reformar la estructura
político-económica y redistribuir. Pero, por otra,, están
las estructuras culturales-valorativas del patriarcado
que construyen autoritariamente “las normas que privilegian
los rasgos asociados con la masculinidad. De
la mano […] va el sexismo cultural” (Fraser, 1997: 33).
Para superar estas injusticias “es preciso cambiar las
valoraciones culturales (así como sus expresiones legales
y prácticas)” (Ibíd.), por lo tanto se necesita reconocer
a las mujeres. Estas transformaciones en el
imaginario social parecen tener dos vías de acceso que
deben complementarse a través de la educación, pri-
7 Se entiende por doble/triple jornada, a la sobrecarga de trabajo que afecta
mayoritariamente a las mujeres por responsabilidades domésticas, laborales,
de cuidado y servicio comunitario, teniendo que repartir su tiempo
en múltiples actividades.
17
mero, de los ciudadanos, en este caso hombres-demandados
que deben tener responsabilidad y respeto sobre
sus paternidades; y, segundo, capacitación permanente
de los operadores de justicia.
El problema de la distribución desigual, tanto
en el plano económico como cultural, hace que las
mujeres se vean empobrecidas aún más si tienen
hijas/os y no cuenten con los recursos necesarios para
la mantención y cuidados de ellos, o bien con pensiones
alimenticias insuficientes y hasta irrisorias. Esto
se sustenta en el inexistente reconocimiento cultural
de las labores de cuidado y domésticas, sin las cuales
la economía nacional y mundial no se sostendría.
Debemos recordar que las consecuencias del empobrecimiento
también recaen sobre las hijas/os que
como actores sociales –y en tanto ciudadanos– deberían
tener igual acceso a recursos para cubrir no sólo
sus necesidades básicas, sino otras relacionadas con el
tiempo libre y el ocio.
El que las mujeres sean pobres empeora su situación,
y lo observamos en este estudio, donde este
grupo de población ve limitado su acceso a la justicia
para demandar y concretar un derecho que pertenece
a sus hijas/os. La mayoría de ellas son de sectores populares,
con poco capital económico y social, sin un
poder real para ejercer sus derechos, producto de la
poca información sobre el proceso que deben seguir,
por sólo mencionar un par de obstáculos.
Por lo tanto, la negación de muchos padres a dar
un monto mensual por concepto de pensión de alimentos
–a pesar de que exista una sentencia judicialo
en su defecto, dar cantidades mínimas, se convierte
en un problema de redistribución desigual de recursos
económicos. Esta inequidad vuelve a las mujeres más
pobres y víctimas de una violencia poco nombrada: la
económica. En no pocas ocasiones, antes de la separación
las mujeres demandantes habías sufrido violencia
psicológica, física o sexual por parte del padre de
sus hijas/os; prácticas que se repiten, sobre todo la violencia
psicológica, mientras dura el proceso judicial.
En el caso del acceso a la justicia de las mujeres
pobres, ellas ven disminuidas sus posibilidades reales

hacerlo, por ejemplo si demandan pensiones de alimentos.
Esta, desigualdad se encuentra marcada tanto
por el género como por la pobreza, la corrupción, largos
tiempos de espera, abandono de los procesos judiciales,
una suma de problemas que obstaculizan el
ejercicio de la ciudadanía por la vía legal, especialmente
de las mujeres (Torres, 2006). Esta misma autora
señala que existe una relación causal y directa
entre la violencia de género y la subsistencia familiar,
lo que agudiza la vulnerabilidad de las más pobres,
pues la incidencia de la violencia de género suele ser
mayor entre ellas.
La justicia condicionada analiza la interrelación
que existe entre género, pobreza y justicia, y las
dificultades particulares que enfrentan las mujeres de
bajos recursos en el acceso a la justicia (Goetz, 2007).
En esta medida, es la justicia de género la que nos recuerda
las obligaciones del Estado con respecto a estos
temas, y su responsabilidad en la búsqueda de una ciudadanía
efectiva y activa de las mujeres como agentes
de sus propios procesos.
Esta desigualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, que se ve reflejada en la justicia, producto
de las formas jerarquizadas que imperan en
nuestras sociedades y se constituyen en discriminaciones
basadas en el género, clase, etnia, “raza”, nivel socioeconómico
–y que se inter-seccionan–, ven una
alternativa en el derecho. La “percepción de la ley
como instrumento (…) puede (dependiendo como se
lo use) modificar mentalidades y subjetividades. Esta
visión es claramente mucho más compleja y realista
que la apocada e ilusoria idea de que la simple declaración
de la ley y de la punición de quien la quebranta
son mecanismos que, por sí mismos, pueden “normalizar”
la conducta” (Suárez, 2004: 45). Pero claramente
puede contribuir a transformaciones sociales y culturales.
18

2. CONTEXTO
NORMATIVO
E INSTITUCIONAL:
FUNDAMENTOS
PARA LA EXIGENCIA
DEL DERECHO
A LA PENSIÓN
DE ALIMENTOS 8
Este capítulo busca evidenciar, a través del derecho,
los deberes y compromisos del Estado con el
tema de acceso al derecho de pensión de alimentos de
niñas, niños y adolescentes del Ecuador. Debemos
aclarar que se trata de una exposición rápida y resumida
de artículos de la Constitución, plasmada en
leyes nacionales, que se justifica en la adhesión a
Acuerdos Internacionales en materia de Derechos Humanos
y del Niño, ambos universalmente reconocidos.
Luego presentaremos cómo estos principios
constitucionales se traducen en políticas públicas,
elaboradas y puestas en marcha desde el Consejo
de la Niñez y Adolescencia y cómo se enmarca en
el Plan Nacional del Buen Vivir. Y aclararemos cual
es el papel que juegan los Juzgados de la Niñez y la
Adolescencia, como órganos especializados de justicia.
7 Ver en anexo el detalle de cada artículo mencionado en este capítulo.
19
Marco legal ecuatoriano:
la Carta Magna, el Código y la Ley
La Carta Magna
Son tres los artículos de la Constitución del
Ecuador de 2008, dentro de los cuales se enmarca este
derecho a la pensión de alimentos.
El artículo 44 habla sobre la responsabilidad estatal
en la promoción, defensa y ejercicio del bien superior
de niños, niñas y adolescentes; creando
políticas intersectoriales de carácter nacional y local,
que buscan resguardar sus derechos en favor de un
desarrollo integral.
El artículo 45 consagra los derechos humanos
–y los concernientes con su edad– de las niñas, niños
y adolescentes como deber del Estado. Entre otros se
estipula que este grupo poblacional tiene derecho a
una salud integral y nutrición, y a la educación y cultura.
El artículo 69, inciso número 1, resguarda los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, en el contexto
de la familia, donde se promoverá una
maternidad y paternidad responsables; en todo lo referente
a un cuidado integral de estos, donde se menciona
la alimentación. Especialmente, cuando estos
se encuentren separados de ellos. En su inciso número
5, el Estado se compromete a vigilar el cumplimento
de los deberes de ambos progenitores.
El artículo 83 consagra como deber y responsabilidad
de las y los ecuatorianos, entre otros, alimentar
y educar a las hijas e hijos.
El código especializado
Los artículos del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia que protegen el derecho de las niñas,
niños y adolescentes del Ecuador en materia de alimentos,
son los siguientes.
El artículo 20, que habla sobre el Derecho a la
vida, consagra que niños, niñas y adolescentes deben
tener asegurada su supervivencia y desarrollo.
El artículo 26, sobre el Derecho a una vida digna
de los niños, niñas y adolescentes menciona la nece-

sidad de los recursos económicos necesarios para asegurar
este derecho.
Otras leyes
Dentro de la Ley reformatoria al Título V, Libro
Segundo Código Orgánico de Niñez y Adolescencia
(R.O. Nro. 643 del 28 de julio del 2009) encontramos
los siguientes artículos, en los cuales se enmarca la
obligación al derecho de alimentos.
El artículo 2, del derecho de alimentos, menciona
el deber existente por la connatural relación parento-filial
a la supervivencia y una vida digna de las
niñas, niños y adolescentes, para lo cual se necesita de
recursos económicos. Se busca cubrir necesidades
como una alimentación nutritiva, salud integral, educación,
cuidado, vestuario adecuado, vivienda, transporte,
cultura, recreación y deporte; y, rehabilitación
si fuese necesario.
El artículo 4 menciona a los titulares del derecho
de alimentos, donde se encuentran las niñas,
niños y adolescentes, y las personas con discapacidades
conforme al certificado otorgado por el Consejo
Nacional de Discapacidades CONADIS, o por una
institución de salud, entre otras/os.
En el artículo 5 sobre los obligados a la prestación
de alimentos, se menciona a los padres como los
principales obligados de alimentar. Y en el caso de encontrarse
impedidos, caerá la responsabilidad en las
siguientes personas, en su orden: los abuelos/as; los
hermanos/as que hayan cumplido 21 años y los tíos/
tías. En caso de haber migrado al exterior, los jueces
deberán disponer de todas las medidas necesarias para
hacer efectivo el cobro de la pensión de alimentos.
En el artículo 15, innumerado 15, sobre los parámetros
para la elaboración de la Tabla de Pensiones
Alimenticias Mínimas, el Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones
Alimenticias Mínimas. Está fue registrada oficialmente
el 7 de octubre del 2009, de acuerdo a una serie
de parámetros, sobre necesidades básicas, ingresos y
recursos de los alimentantes, gasto familiar e inflación.
Asimismo, se establece que bajo ninguna circunstan-
20
cia podrá fijarse una pensión menor a la determinad
en dicha Tabla, pero sí una mayor dependiendo de las
pruebas presentadas. Se establece la fecha de pagos, y
la disposición que obliga a algunos familiares a asumir
el pago.
En el artículo 16, innumerado 16, se menciona
el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir
subsidios y otros beneficios legales, aparte de la prestación
por alimentos.
Los fundamentos de derecho, expuestos anteriormente,
se fundamentan desde la Constitución del
Ecuador, el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia
y la Ley reformatoria al Título V, Libro Segundo Código
Orgánico de Niñez y Adolescencia, los cuales buscan
proteger los derechos de las niñas, niños y
adolescentes con relación al derecho a la pensión de
alimentos. Queda clara la responsabilidad primera del
Estado en estos temas y, por tanto, en su deber de asegurar
el bien superior del niño.
Marco jurídico internacional:
instrumentos legales
en los que se sustentan los Derechos
Humanos y de la Niñez
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Dentro de esta Declaración, encontramos los siguientes
artículos que pueden justificar el derecho de
pensión de alimentos de niñas, niños y adolescentes.
En su artículo 25, inciso número 1, se asegura
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,
en lo que se incluye la alimentación, vivienda
y salud, entre otros. En su inciso número 2, habla
sobre el derecho universal a todos los niños a igual
protección.
Convención de Derechos del Niño-UNICEF
Podemos enmarcar la exigencia de las niñas,
niños y adolescentes a su derecho de pensión de alimentos,
por medio de los siguientes artículos:
En su artículo 27, en su inciso 1, se establece que
todos los niños/as tienen derecho a una vida ade-

cuada e integral. El inciso 2, señala que los padres tienen
la responsabilidad de proveer unas condiciones
de vida adecuadas para el desarrollo de los niños/as.
En el inciso 3, los Estados Partes deberán dar las ayudas
necesarias a los padres, especialmente en lo que
se refiere a alimentación, vestuario y vivienda. Y, finalmente,
el inciso 4 estipula que los Estados Partes deberán
tomar las medidas adecuadas para asegurar el
pago por concepto de pensión de alimentos, aún
cuando el alimentante se encuentre en el extranjero.
El artículo 29 señala en su inciso 1 que la educación
de los niños/as debe estar orientada a su desarrollo
integral, para lo cual necesita el acceso a recursos.
El artículo número 30 señala que los Estados
Partes deben asegurar que no serán negados los derechos
a niñas/os de origen indígena, “a tener su propia
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión,
o a emplear su propio idioma” (pág. 23).
Y en el artículo número 31 se establece una serie
de derechos para las niñas/os relacionados con la vida
cultural, el derecho al descanso, al juego, entre otros.
La importancia de los Instrumentos Internacionales
es que se trata de obligaciones que adquieren los
países y que deben asegurar su cumplimiento. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos es un
instrumento no vinculante, que proporciona líneas y
principios dentro de un marco normativo que crea
obligaciones morales (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, página
Web). Mientras que la Convención de Derechos
del Niño-UNICEF, supone obligaciones de carácter
legal para los Estados 9 .
Política Pública donde se enmarca
el derecho de niños, niñas y adolescentes
a la pensión de alimentos
Plan del Buen Vivir
En el Plan Nacional del Buen Vivir para los años
2003-2013 se propone coordinar y garantizar los derechos
de los ciudadanos ecuatorianos como sujetos universales,
a través de 12 objetivos estratégicos.
21
Dentro del objetivo número 1 podemos enmarcar
el tema del derecho de pensión de alimentos de
niñas/os y adolescentes, dentro del cual hay una serie
de objetivos específicos, donde se menciona que el Estado
debe auspiciar la igualdad por medio de la responsabilidad
y cuidado de éstos, ampliar la educación
y la prevención del maltrato familiar en sus diversas
formas.
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia-
CNNA es una institución del Estado creada en agosto
del año 2004 y que forma parte de la Secretaría Técnica
del Frente Social. Es un órgano especializado en
materia de niñez y adolescencia –grupo de atención
prioritaria-. Cuenta con un Plan Nacional Decenal de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual
define las políticas, metas y estrategias que orientarán
la política pública en este tema, bajo el amparo del Código
del mismo nombre. Sus objetivos persiguen el
bienestar y buen vivir de niñas, niños y adolescentes,
y podemos encontrar variados argumentos que sustenta
la necesidad de la pensión de alimentos.
En este plan se plantea que se debe asegurar
la obtención de un buen crecimiento, para lo cual la
alimentación es fundamental.
El reto fundamental que enfrenta el ser humano al nacer
es vivir, para ello requiere que las familias les procuremos
alimentos, protección, afecto y los cuidados necesarios. Si
los niños y niñas tienen una buena salud en sus primeros
años tienen mayores oportunidades de garantizar su crecimiento
posterior, su salud y calidad de vida.
Ésta, que es una realidad coherente, plantea la necesidad
de definir políticas que garanticen el acceso universal de
los niños y niñas a diversas formas de prevención, promoción
y cuidado de su salud y nutrición, en diferentes espa-
7 Para más información sobre la naturaleza y el estatus de los instrumentos
legales y programas, ver en la pagina web de la Organización de las Naciones
Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/human-rights/advancement/n
etworks/larno/legal-instruments/nature-and-status/

cios que comprenden el hogar, la comunidad y los servicios
específicos con ese fin.
Cuidados en salud y alimentación que deberán ser brindados
con la oportunidad requerida, con la calidad necesaria
y con mucho afecto para lograr los propósitos deseados. Para
mantener un ambiente saludable se debe garantizar a las familias
el acceso a los servicios básicos: agua segura, eliminación
de excretas, de basuras, vivienda saludable, etc.
(Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2004: 26).
TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS
Nota 1: El monto mínimo de la pensión provisional es para:
1 hijo 59,22 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
2 hijos/as es de 86,48 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
3 hijos/as en adelante será de 113 dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica.
Nota 2: Para calcular la pensión mínima, se tomará en cuenta
el número total de hijos/as que tenga, aún si estos no lo han
demandado y se lo ubicará en el nivel correspondiente y
luego dicho monto se lo dividirá para el total de hijos/as ob-
Por otro lado, el CNNA creó la Tabla de Pensiones
Alimenticias Mínimas la cual asegura un
techo mínimo de dinero mensual para garantizar,
entre otras, la alimentación adecuada de las niñas,
niños y adolescentes. En el artículo 10, de lo dispuesto
por la Resolución 14, las tablas se articulan
en 3 niveles, de acuerdo con el ingreso de la persona
demandada. (Registro Oficial 42 de 7 de Octubre del
2009).
NIVEL 1
Ingresos: De 218 hasta 436 dólares americanos
Derechohabientes Edad del/la alimentado/a
0 a 4 años 5 años en adelante
1 hijo/a 27,20% 28,53%
2 hijos/as 39,67% 41,72%
3 o más hijos/as 52,18% 54,23%
* El consumo promedio de un adulto es 20,9%.
NIVEL 2
Ingresos: De 437 hasta 1090 dólares americanos
Derechohabientes Edad del/la alimentado/a
0 a 4 años 5 años en adelante
1 hijo/a 33,70% 35,75%
2 hijos/as o más 47,45% 49,51%
*El consumo promedio de un adulto es 20,9%.
NIVEL 3
Ingresos: De 437 hasta 1090 dólares americanos
Derechohabientes Edad del/la alimentado/a
0 a 4 años 5 años en adelante
1 hijo/a 41,36% 44,57%
2 hijos/as o más 52,06% 55,26%
*El consumo promedio de un adulto es 26,6%.
22
teniendo el valor mínimo correspondiente para cada uno de
ellos.
Nota 3: En caso de tener hijos/as de diferentes edades, se aplicará
el nivel que corresponda al derechohabiente de mayor edad.
Nota 4: En caso de que tengan que pagar ambos progenitores,
para el cálculo sumará los ingresos de ambos y se les asignará el
nivel correspondiente en la tabla, una vez calculado el monto este
se establecerá proporcionalmente al ingreso de cada progenitor.
* Para referencia un adulto necesita este porcentaje para satisfacer sus
necesidades mínimas.

Los principales aportes de la Tabla de Pensiones
Alimenticias Mínimas son dos, el primero, es la posibilidad
de que miles de niñas, niños y adolescentes en
el Ecuador tengan acceso a una pensión de alimentos
acorde a sus necesidades básicas, dependiendo de su
edad y de los ingresos de los alimentantes, tal como
establece la ley. Otro aporte relevante es que crea la
obligación de que juezas y jueces apliquen los montos
indicados en esta tabla, y nunca montos inferiores a
los allí establecidos, aunque sí pueden ser superiores,
si el caso así lo amerita.
Sin embargo y a pesar que contar con esta Tabla
ha significado un avance en materia de derechos de
niñez y adolescencia, la dificultad radica en que no
está siendo aplicada por la mayoría de las juezas y jueces
del país. Al respecto se han identificado dos problemas:
(1) Aún se siguen entregando pensiones por
debajo de lo estipulado; y, (2) se dictan las pensiones
provisionales por el mínimo y luego no se determina
una pensión definitiva, lo que hace que muchas mujeres
y su prole reciban de forma permanente una pensión
reducida.
Los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia en el Ecuador
En el Ecuador, desde tempranos años del siglo
XX, los temas relativos a niñez y adolescencia eran reconocidos
y resueltos en los entonces llamados Tribunales
de Menores, creados en el año 1938, los cuales
pertenecían al Ministerio de Bienestar Social (hoy llamado
MIES) y que se constituían en un órgano de protección
social. Los casos que atendían estas instancias
eran sobre menores de edad que no tenían padres (menores
“sin afiliación paterna”) y también de aquellos
con padres.
Los Tribunales de Menores se constituían en
tribunales de primera instancia, en donde se atendían
casos de alimentos, de menores infractores, etc.
Las apelaciones de estos casos subían a la Corte Nacional
de Menores (segunda instancia), amparados
en el Código de Menores vigente en aquellos años.
23
La Constitución de 1998 planteó la unidad jurisdiccional
como principio básico; lo que significa
que todos los órganos que administraban justicia en
el país tenían que estar dentro de la Función Judicial.
Para cumplir este mandato se inicia un proceso de reforma
dentro del cual los 31 Tribunales de Menores
existentes en el Ministerio de Bienestar Social pasan
a ser Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, dentro
de la Función Judicial.
En 2009, al amparo de la Constitución de 2008,
se promulga el nuevo Código Orgánico de la Función
Judicial (2009) que establece la nominación de Jueces
Especiales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,
quienes conocerán las demandas por pensión de alimentos.
Sin embargo, apenas se ha iniciado el proceso
de aplicación del Código.
La otra instancia para las demandas por pensiones
de alimentos corresponde a la justicia ordinaria,
en la que se encuentran los Juzgados Civiles, la Corte
Provincial y la Corte Nacional.
Los Juzgados Civiles, que son de primera instancia,
y conocen los temas de familia como divorcios (solucionan
situación de cónyuges e hijos) e incidentes
derivados del divorcio (aumentos o rebajas de pensión
de alimentos). Hay que aclarar que cuando no hay divorcio,
para demandas relacionadas con temas de pensión
de alimentos se puede recurrir a los Juzgados de
la Niñez y Adolescencia.
La Corte Provincial, es la segunda instancia, que
según el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene
dos salas: la Sala de lo Civil, especializada para conocer
todo lo relacionado con la familia, y la Sala Laboral
para conocer temas de pensión de alimentos y otros
referidos en el Código de la Niñez y Adolescencia.
La tercera instancia corresponde a la Corte Nacional.
A ella sólo sube lo conocido por la Sala de lo
Civil (no por la Sala Laboral); y sólo cuando hay recurso
de casación.
Las demandas por pensión de alimentos dentro
de los Juzgados Civiles pueden ser interpuestas por la
madre, o el mismo hijo/a cuando éste/a es ya mayor
de edad.

Dentro de la justicia especializada están los Jueces
de la niñez y adolescencia. Ellos no conocen casos
de divorcio y otros relacionados con temas de familia;
pero sí conocen demandas por pensión de alimentos
de niños/as, pero sólo cuando no hay divorcio de por
medio (por ejemplo, en caso de madres solteras, o mujeres
separadas, etc.). Recordemos que cuando hay un
divorcio, éste se lo conoce en los Juzgados de lo Civil,
y dentro del proceso de divorcio se tratan los temas
de pensión de alimentos. Se trata de una instancia en
donde se puede poner la denuncia incluso cuando
está en trámite un proceso de divorcio y éste se ha dilatado.
Además, los casos conocidos por los Jueces de
Niñez y Adolescencia, suben a la Corte Provincial;
pero en este caso, quién conoce la causa es la Sala Laboral
y Social de niños y adolescentes.
Cabe puntualizar que generalmente quien concurre
a poner la denuncia suele ser las madre –tutelar
del derecho de sus hijas/os. Por eso la importancia de
conocer sus percepciones con respecto al trabajo realizado
por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. El
análisis que sigue a continuación, se configura desde
las experiencias de las mujeres, para identificar los
nudos críticos así también, las posibilidades.
24

3. LAS EXPERIENCIAS
DE LAS MUJERES
EN LOS JUZGADOS
DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA
Debemos partir señalando que la creación de
los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia como
instancia especializada en la materia y las modificaciones
introducidas en temas de alimentos, resultan
de suma importancia para ir generar
posibilidades y mejorar las condiciones de acceso
a la justicia para quienes demandan el cumplimiento
de este derecho. Por ejemplo, podemos
mencionar la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas
que asegura un monto mínimo de asignación
mensual –aunque su aplicación sea aún
confusa–, como también la obligatoriedad de asignar
una pensión mínima de forma inmediata
cuando se presenta la demanda, la misma que regirá
hasta que se realice la audiencia.
Sin embargo, no podemos negar que persisten
problemas de carácter estructural, social e institucional
que dificultan que las mujeres logren obtener pensiones
alimenticias dignas para sus hijas e hijos. En
el caso de obtener una pensión y pese a que existe
una sentencia dictada por un juez o jueza, persisten
problemas en la realización de los pagos de dicha pensión
de forma oportuna, o simplemente los alimentantes
deciden no cumplir con los pagos ordenados
por la autoridad.
25
Hay que precisar que el análisis contenido en
este informe es de carácter netamente cualitativo, por
lo que hablaremos de tendencias que marcarían ciertas
generalidades aplicables a contextos similares al
de esta investigación. Pese a ello, hemos considerado
relevante levantar información estadística descriptiva
para acompañar los resultados obtenidos, los cuales
no forman parte de una muestra de tipo probabilística.
El presente capítulo, se encuentra organizado a
partir de las experiencias de las mujeres y aborda los
siguientes temas: (a) experiencias antes de poner la
demanda por alimentos; (b) experiencias durante el
proceso judicial; (c) las concepciones y percepciones
de las mujeres en materia de acceso a la justicia en general,
y sobre el derecho a la pensión de alimentos de
niños, niñas y adolescentes en particular; y, (d) los
principales nudos críticos para acceder a la justicia.
Hay ciertas tendencias que se repiten en las historias
de las mujeres y que tienen que ver con la violencia
sistemática –en sus diversas formas– de la que
han sido objeto, o con la irresponsabilidad paterna
desde antes de la demanda en cuanto a sus obligaciones
parento-filiales, las cuales en la mayoría de los
casos se empeoraron luego de la separación o divorcio
de la pareja. Analizamos a continuación cada uno de
estos aspectos.
Las experiencias de las mujeres
antes de la demanda
Paternidades irresponsables
Las experiencias de las mujeres en sus contextos
familiares antes de acudir a los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia con el fin de exigir la pensión alimentos
para sus hijos/as, en general han sido problemáticas
y violentas.
Las mayoría de mujeres nos relataron que sus ex
maridos y convivientes no eran responsables con su
paternidad en ninguna dimensión de ésta, ni económica,
afectiva, doméstica o de cuidado. Y hay muchas
historias de abandono durante la gestación, mo-

mento a partir del cual no se hicieron cargo de sus
deberes como padres o, si lo hicieron, fue de manera
parcial, inconstante y, en algunas ocasiones, hasta violenta.
Similar situación ocurre con los hijos/as nacidos
durante la convivencia, pues no es raro que los
padres se desliguen de cualquier tipo de responsabilidad,
pese a estar compartiendo “el mismo techo”.
Así lo expuso una de las mujeres consultadas:
Yo también verá, o sea yo hace tres años estuve con él, estuvimos
dos años o sea no nos casamos solo estuvimos
reunidos con él, y luego él se fue de dos años cuando ella
tuvo, de ahí me dijo bueno, yo ya cambié, o sea yo me separé
de él la primera vez porque era un irresponsable, o
sea nunca no me daba dinero, cuando yo me fui a hacer
un eco, él me dio el dinero para hacer el eco, pero del
mismo dinero me dijo que le devuelva. Y ya pues tuve que
devolverle, y me pedía plata para irse a jugar el vóley, regresaba
a las 12 de la noche, bueno era bien irresponsable
y me separé, me separé de él cuando estuve de 6 meses
(Grupo focal Cuenca, diciembre del 2010) (SIC).
También se pudo constatar, que se realizaron
acuerdos extra judiciales, los que no se mantuvieron
constantes en el tiempo, así los padres –en el momento
que ellos lo decidieron– dejaron de cumplir
con la obligación de la pensión de alimentos para sus
hijas e hijos que pactaron de mutuo acuerdo.
(…) Hablé con la abogada y ella me dijo que podíamos llegar
a un convenio de mutuo acuerdo. Lo llegamos y se
quedó en que les iba a pasar 100 dólares; les pasó por ocho
meses 100 dólares y ya nunca más (Entrevista Nº 4, diciembre
del 2010).
Entonces él decidió irse con la mamá y quedamos en un
acuerdo, que él me iba a depositar 80 dólares mensuales,
que él igual me iba a mandar con la mamá o con cualquier
persona que venga y estuvimos así durante unos dos meses
a de hsber sido o tres meses, y ya le hicimos incluso hasta
bautizar a mi hijo todo, o sea me estaba pasando y de la
noche a la mañana, yo no sabía que él se iba a ir, y el hermano
llega y me cuenta que “sabes que él se fue”, así o
26
sea, se fue y yo le digo; ¿y cómo así?, dice sí yo tampoco
supe nada, él se fue y yo recién me entero ayer que me
cuenta que está en Quito y que hoy día viajaba, que se iba
a Aruba, así o sea de la noche a la mañana (Entrevista Nº
21, diciembre del 2010) (SIC).
“Las violencias” anteriores y durante el proceso
El principal supuesto encontrado nos muestra
que las mujeres, en su mayoría, se encuentran expuestas
a situaciones de violencia, muchas de ellas antes
de comenzar con el proceso de la demanda de pensión
de alimentos, por parte de sus ex cónyuges o parejas.
Y ahora me metí con este señor a los 13 años
que tiene mi último hijo, tuve a ese varoncito, pero
pensé que iba a ser una compañía para conversarle
yo mis problemas, mi vida, lo que me pasa, tantas
cosas que pasa una en la vida, la tristeza, no hay a
quien conversar, entonces yo pensé que era diferente
al tener una relación otra, pero ha sido más peor, se
me complicó más la vida (Entrevista Nº 19, diciembre
de 2010) (SIC).
Estas situaciones de violencia, al parecer, son comunes
y no representan hechos aislados, se trata más
bien de continuos de violencia que se ven agudizados
al momento de comenzar con la demanda.
Las mujeres son violentadas por sus ex parejas
o sus familiares de forma sistemática y de diferentes
maneras, tanto simbólica como concretamente. Los
mecanismos con que operan van desde los insultos y
amenazas verbales de todo tipo, hasta las formas más
palpables y extremas de la violencia, como secuestro
de los hijos/hijas y la violencia explícita.
Igual, ya cuando se arregló la situación, igual ellos también
ya estaban tranquilos porque yo justo unos días antes de
arreglar recibí justo unos tipos de amenazas se podría decir,
del tío de mi bebé… O sea que si, que si es que no arreglamos
vas a ver lo que pasa, que si quieres tanto al gordito
pensarás bien lo que va hacer, así… [¿Y te llamaba por teléfono
a decirte estas cosas?] O sea en mensaje, en mensaje
mandaba (Entrevista Nº 21, diciembre de 2010) (SIC).

Pero esta violencia no proviene sólo de sus ex
compañeros y/o sus allegados, sino que también
tiene un carácter estructural, que se ve reflejado en
el accionar de instituciones de todo tipo (familiar,
educativas, centros de cuidado infantil) y, claro está,
también en aquellas relacionadas con la justicia (centros
de mediación, consultorios jurídicos, sobre todo
gratuitos), como es el caso de los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia y otros operadores de justicia.
En estas instancias las mujeres se ven sometidas
a un proceso que, muchas veces, vulnera sus derechos
fundamentales a través del trato y de las malas prácticas
en los procedimientos de los operadores de justicia,
donde intervienen concepciones, mitos y juicios
de orden ético-moral.
La consecuencia más visible de toda esta violencia
a la que se ven sometidas las mujeres durante el
proceso de demanda de pensión de alimentos, es de
carácter emocional y psicológico. Cuando nos hablaban
de sus experiencias, relataban mucho sobre y
desde el dolor, la rabia y la impotencia con que han
vivido el proceso judicial, sobre todo porque se trata
de un problema que las acompañará buena parte de
sus vidas 1 . Al respecto, una mujer como tantas otras
nos relató un episodio:
Ya como me salió el divorcio, me pasaron a los juzgados
tercero de lo civil a cobrar, ahí se cobraba de mutuo
acuerdo, mutuamente así se daba la plata ahí, así el hombre
y me daba a mi, pero ahí había un secretario que era bien
bravísimo conmigo ¿Por qué? Porque así mismo yo vine hacerle
como es actualizar porque no me daba, le hice liquidación
vine vuelta a hacer liquidación cuándo eran
Tribunales todavía, sí le hice… y después ese hombre como
ya estaba liquidado este señor él tenía que pagar una cuenta
que salió todo y él vuelta no ha tenido y fue a dejar una
parte y ese hombre me dijo “coja, coja es conveniente para
1 En el grupo focal de Portoviejo, las mujeres comentaron la preocupación
que tenían en relación al tiempo de la problemática de la pensión de alimentos
en sus vidas, pues la mayoría tenía hijos pequeños, o sea les quedan
muchos años de cobro, reajuste de pensiones, liquidaciones, etc., que identifican
como conflictos.
27
usted, coja”, y yo estaba con la orden de captura y él no me
hizo valer ese orden de captura el secretario del Juzgado.
Por eso ahora, como ahora ya dieron las tarjetitas para el
banco ahí me voy, averiguo y si no hay ya salgo, pero ahí
tenía que estar parada esperando hasta que él me atienda
todo así, a veces me atendía, a veces decía “no, vaya a volver
estoy ocupado”; entonces uno se veía la cara de él, ahora
como ya es por medio del banco yo ya me voy, veo que no
hay, ya regreso (Entrevista Nº 18, diciembre del 2010) (SIC).
Las experiencias durante el proceso:
la compleja ruta para demandar
Para la mayoría de las mujeres que se decidieron
a exigir la pensión de alimentos por la vía legal, el primer
paso fue conseguir un abogado, aunque en teoría
no se necesita de uno para entablar la demanda en
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo,
lo engorroso del sistema las obliga a buscar asistencia
legal, ya que no cuentan con un capital social –redes
y alianzas– y humano –destrezas y conocimientos– específicos
sobre leyes, juzgados y procedimientos.
Así, por ejemplo, las mujeres por sí solas no pueden
completar el formulario de demanda de alimentos
(paso inicial de la demanda) por lo confuso y
desconocido que resulta para ellas el lenguaje propio
de la jurisprudencia, además de la dificultad que representa
conseguir los datos necesarios para complementarlo.
Por otro lado, gran parte de las mujeres
desconocen totalmente los trámites que deben realizar
y se sienten inseguras por ello. Además, su falta
de conocimiento sobre la ruta de la demanda de pensión
de alimentos, facilita el ejercicio inescrupuloso
de algunos abogados 2 .
Se trata de un nudo crítico importante el tema
del ejercicio de la abogacía. Primero, porque buena
2 La parte del formulario más difícil es la sección 2 sobre información personal
del demandado. Muchos son los hombres que desaparecen y sus familiares
no proporcionan los datos, al contrario, obstaculizan su obtención.
Lo mismo ocurre con muchos empleadores. Otros datos complejos de
obtener son: lugar de notificación al actor/a (que corresponde a una casilla
judicial), documentos y pruebas, testimonios, entre otros.

parte de los abogados están acostumbrados a judicializar
el derecho a la pensión de alimentos y no intentan
realizar mediaciones. Para algunos abogados esto
se lo hace, también, porque significa que pueden cobrar
por sus servicios por un tiempo prolongado. La
mediación si se realizase de forma responsable y con
sensibilidad de género, bien podría convertirse en
una gran oportunidad para acceder a éste derecho 3 .
De ahí la necesidad de que los centros de mediación
tomen medidas, de manera que se conviertan en una
alternativa para resolver los conflictos que enfrentan
las mujeres cuando exigen el derecho a la pensión de
alimentos para su prole.
Debido a esta necesidad de contar con los servicios
de abogados y por la falta de recursos económicos
para contratarlos, muchas de las mujeres
entrevistadas hicieron uso de servicios jurídicos gratuitos,
cuyos servicios suelen ser deficientes la mayor
parte de las veces. Por estas razones, a muchas mujeres
les “tocó” formar parte activa en sus procesos de demanda
y tramitar muchas de sus fases, sin los conocimientos,
“regalos” y “contactos” necesarios.
Desde lo primero que le demandé ahí tenía que sacar papeletas,
me mandaron a buscar testigos, todo eso para que
quede asentado esto en el Tribunal. Desde ahí no he
hecho nada más, no ve no he hecho alza de pensiones, no
he hecho nada más porque ya le pregunté a la doctora que
mi caso es así, que él ya tiene cuatro hijos en la vida y
puede rebajarme la pensión de mis hijos a menos de 60
dólares. Por eso no he hecho nada, lo que si hago es las liquidaciones
para que él se ponga al día, hasta mientras
nada más no he hecho (Entrevista N° 18, diciembre de
2010) (SIC).
Todo el trámite que se debe realizar toma bastante
tiempo, entre otros factores influye la desinfor-
3 Se detectó una gran falencia en el ejercicio profesional de los centros de
mediación, pues muchas veces confunden su quehacer y terminan convirtiéndose
en “jueces” que sentencian con argumentos de orden ético-moral,
olvidando los principios fundamentales; la imparcialidad, la objetividad y
la generación de condiciones de igualdad en la negociación entre las partes.
28
mación, pues en teoría los procesos no deben durar
más de tres meses.
Una vez que es presentada la demanda, hay que
notificar al demandado, lo que genera un sinnúmero
de complicaciones porque muchas mujeres no saben
su actual paradero, desconociendo que existen otros
mecanismos para dicho procedimiento, como por
ejemplo, la citación por la prensa al demandado/a.
El problema de este mecanismo es que hay que pagar
dicha publicación, lo que para muchas mujeres es inalcanzable.
Una vez presentada la demanda, ésta va primero
a la sala de sorteos, luego a recepción de escritos, y
posteriormente hay que esperar que llegue la notificación
al casillero judicial, pues solo entonces se dicta
la pensión provisional, que según la tabla no puede
ser menor a 57 dólares. La mayoría de los casos se
queda con este monto mínimo de manera fija, que
no alcanza a cubrir ni la mitad que le correspondería
al padre por los costos de mantención de sus hijas/os.
O, también sucede que las mujeres son persuadidas
por sus abogados a que se queden con este monto
porque si van a juicio podrían recibir menos del mínimo,
o reciben sugerencias para que lleguen a acuerdos
con los demandados. Sea como fuere, en ambos
casos sucede que no se aplica la Tabla de Pensiones
Alimenticias Mínimas. Finalmente, cuando han logrado
llegar a la instancia de la audiencia, la mayoría
de ellas no se han preparado debidamente con pruebas
y testigos para presentar al juez, por lo que obtienen
pensiones sumamente bajas.
Según la percepción de las mujeres entrevistadas,
ninguna recibe una pensión justa, que ellas consideraban
de un 50% del total de los gastos de las
hijas e hijos en el mes; un porcentaje que no considera
los costos del trabajo doméstico y de cuidados 4
que ellas asumen para la crianza de niños, niñas y
adolescentes.
4 Estos trabajos considerados parte del “deber ser de las mujeres” no son
contabilizados, y sólo se consideran en tanto valor de uso, por tanto no
tienen un reconocimiento económico.

La Tabla N° 1 muestra el monto de dinero por
pensión de alimentos que reciben las mujeres, según
la categoría etnicidad autodefinida. Según los datos
arrojados por esta encuesta son las mujeres mestizas
Tabla N° 1
¿Cuánto dinero recibe mensualmente por concepto de pensión de alimentos
por resolución judicial?
Por etnicidad
las que mejores pensiones recibe, aunque también
entre ellas las cantidades son muy bajas.
Podemos afirmar, además, que el 48,1% de las
entrevistadas recibe menos de 67 dólares mensuales
Dinero recibido por pensión alimentos por resolución judicial Total
En Dólares
0-33 34-67 68-101 102-135 136-169 170-203
Etnicidad Mestiza 5,3% 36,8% 26,3% 26,3% 5,3% 100%
Blanca 50,0% 50,0% 100%
Montubia 33,3% 33,3% 33,3% 100%
Mulata 100,0% 100%
Indígena 100,0% 100%
Total 11,5% 38,5% 23,1% 19,2% 3,8% 3,8% 100%
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011.
ELABORACIÓN PROPIA.
Gráfico N°1
¿Cuánto dinero recibe mensualmente
por concepto de la pensión de alimentos por resolución
judicial? (en dólares)
18%
26%
4%
4%
15%
33%
0-33
34-67
68-101
102-135
136-169
170-203
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,
2011. ELABORACIÓN PROPIA.
29
(Gráfico N° 1), monto que corresponde generalmente
a una pensión de alimentos destinada a cubrir
las necesidades de más de un hijo.
Retornemos a los procesos que deben seguir las
mujeres en la lucha por el derecho de sus hijos/as a
la pensión de alimentos. Hemos visto, brevemente,
hasta aquí la ruta crítica que se debe recorrer cuando
se interpone una demanda para que se fije dicha pensión.
Ahora bien, a estos trámites se suman otros,
como: (1) el de las liquidaciones que sirve para obligar
a los padres a pagar las pensiones adeudadas a sus
hijas e hijos, a riesgo de ir presos por no pago; y (2) el
de reajustes de pensiones, el cual es realizado por
muy pocas mujeres, principalmente porque buscan
evitar revivir la mala experiencia anterior, o porque
temen que se les disminuya el monto que ya tienen
asignado, recelo que surge por la poca confianza que
tienen en los juzgados y sus operadores.
Creemos que uno de los principales obstáculos
a la hora de demandar es el desconocimiento de

las mujeres tanto del derecho de pensión de alimentos
como del proceso. Finalmente, esta falta de acceso
a la información no hace más que reforzar problemas
de corrupción e institucionales de los operadores de
justicia, y fortalecer las malas prácticas de la abogacía.
Percepciones sobre el acceso a justicia
y el derecho de pensión de alimentos
Las motivaciones para poner la demanda son
múltiples y de diferente índole. En la mayoría de los
casos entrevistados, hay más de una razón por la cual
las mujeres se decidieron a demandar por pensión de
alimentos para sus hijas e hijos. El motivo principal
para realizar las acciones judiciales es la falta o la escasez
de recursos económicos. Gran parte de las mujeres
afirma que no habría presentado la demanda si no le
hubiese hecho falta dinero para la mantención de sus
hijos, es decir, se trata de un problema de distribución
económica. Como se ha probado en varios estudios,
las mujeres suelen recibir menos ingresos que los hombres.
De las 32 mujeres entrevistadas, el 74,2 % recibe
mensualmente por su trabajo menos del salario mínimo
que establece la ley, el cual es de 240 dólares.
Si bien las mujeres del presente estudio tienen
diferentes características socio-culturales, identificamos
que las mujeres que mayoritariamente demandan
provienen de sectores populares, con pocas
posibilidades económicas -debido a su baja escolari-
Tabla N° 2
¿Cuánto gana aproximadamente?
dad– y con un capital social hasta cierto punto de
vista consolidado –por lo menos tienen acceso–,
donde la única alternativa que tienen de conseguir
una pensión de alimentos es por medio de los Juzgados,
ya que son muy escasas las posibilidades de mediar
o negociar. Por lo que podría considerarse de
trascendental importancia el acceso expedito de estas
mujeres a la justicia, pues sus condiciones de vulnerabilidad
son extremas.
Se trata de garantizar una justicia de género para
estas mujeres, ya que sus condiciones de pobreza
hacen que operen sobre ellas más injusticias, primero
de orden económico y luego de la persistencia de su
no-reconocimiento social, entendida ésta desde la
perspectiva de Fraser (1997), como fuera analizado
en capítulos iniciales.
De esta manera, la mayor parte de las mujeres
que apelan al derecho de sus hijas e hijos por pensión
de alimentos son “víctimas” de violencia económica,
pues luego de la separación se ven empobrecidas de
manera dramática y no tienen cómo solventar la mantención
de su prole. Muchas quedaron con el monto
provisional como pensión final, y tienen a su cargo
todo el trabajo doméstico y de cuidado de sus
hijos/as, tareas que no han sido contabilizadas como
un aporte económico de las mujeres.
No queremos decir que mujeres de otros estratos
socioeconómicos no accedan a los Juzgados de la
Niñez y la Adolescencia, sino que los mecanismos de
Dólares Número de Mujeres Porcentaje de Mujeres Porcentaje Acumulado
Menos de 110 14 45,2 45,2
De 111 a 221 9 29,0 74,2
De 222 a 332 5 16,1 90,3
De 333 a 443 1 3,2 93,5
De 555 a 665 2 6,5 100,0
Total 31 100,0
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011.
ELABORACIÓN PROPIA.
30

exigencia son otros, generalmente prima la mediación
o el mutuo acuerdo durante el proceso de divorcio.
El problemático acceso de las mujeres a la justicia
en temas de alimentos provoca tensiones; pues si
bien la pensión de alimentos es considerada un derecho
por la mayoría de las mujeres, ellas solamente
apelan a la justicia cuando las condiciones se vuelven
extremas, entendiéndolo como una “ayuda” a su economía.
No es casual que las mujeres lo conceptualicen
de esta manera, ya que los montos que reciben
no son más que un “escuálido aporte” y muchas veces
insuficiente para la mantención del hogar.
Al respecto, una señora nos comentaba que
luego de esperar un año a que el padre de sus hijos
pagara la pensión de alimentos que habían acordado,
se decidió a poner la demanda, cuando ya no les quedaba
“nada para comer en casa” (Entrevista N° 32,
diciembre de 2010).
La segunda motivación –y que acompaña a la
anterior– por la cual las mujeres se deciden a demandar
es porque cuentan con una red social que las
apoya, generalmente familiares y amigas, hecho que
hace que su percepción de la justicia mejore. Si carecen
de este capital social, su decisión se complica, ya
que intervienen personas e instituciones sesgadas muchas
veces por valores socio-culturales.
No tenía pensado hacerlo. Yo soy de las personas que creo
que no necesité al final una demanda. Pero era mi primera
hija y yo estaba embarazada de mi segunda hija, con otro
compromiso (…), pero la verdad, todo el mundo me lo
decía. Sí, yo era de las personas que con mis compañeras,
mis amigas, mis padres “demanda, demanda, demanda”
(…) Para mí una demanda… no, yo puedo sacar a mis hijas
adelante sola. Soy de ese pensamiento y lo sigo siendo.
Pero por la misma razón que venía diciendo, estaba sin
trabajar… todo mi círculo social me lo decía: que a los
hombres hay que demandarlos sin vergüenza (Entrevista
N° 30, diciembre de 2010) (SIC).
Son varios más los motivos expuestos por los
que las mujeres optan por una demanda de alimen-
31
tos, como es la molestia que les ocasiona la irresponsabilidad
económica de los padres de sus hijos/as, o
el poco o nulo interés que muestran en términos afectivos,
por ejemplo, que no visiten, les llamen o se preocupen
por el bienestar de sus hijas e hijos.
Luego de demandar son muchas las mujeres que
se han conformado con pensiones mínimas o que se
quedaron solamente con la pensión provisional. No
han pedido aumento o exigido una resolución definitiva
debido a la negativa percepción que tienen de
la justicia y al deseo de no volver a vivir una mala experiencia
durante el proceso, ya que para muchas resultó
traumática en términos psicológicos y afectivos.
Finalmente, podemos concluir que la percepción
predominante sobre el acceso a la justicia con
relación al derecho a la pensión de alimentos, es que
se trata de una “ayuda” a la economía del hogar, pues
los montos son tan bajos que no alcanzan a cubrir ni
siquiera necesidades básicas. Por tanto, el acceso
existe pero el ejercicio de la justicia queda generalmente
en deuda con las madres tutelares, haciendo
que a el derecho de las niñas y los niños a la pensión
de alimentos se cumpla muy parcialmente.

4. LÍNEA DE BASE
CUALITATIVA
SOBRE LA PERCEPCIÓN
DE LAS MUJERES
ACERCA DE LOS JUZGADOS
DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA Y
EL DERECHO A LA PENSIÓN
DE ALIMENTOS
El objetivo principal de la construcción de esta
Línea de Base Cualitativa es proveer información
sobre la experiencia y las percepciones de las mujeres
con respecto al servicio y la respuesta a sus demandas
que reciben en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia
del país. Para ello, se han identificado los principales
nudos críticos, como también las fortalezas de esta instancia
especializada de justicia. Esta información permitirá
dar seguimiento y conocer si se ha avanzado o
no, en términos de ofrecer una atención de calidad a
las mujeres tutelares del derecho a la pensión de alimentos
de sus hijos e hijas, y de garantizar el ejercicio
de este derecho a niños, niñas y adolescentes, tal como
corresponde al mandato de estos juzgados.
Nudos críticos en los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia desde la experiencia de las
mujeres
Los obstáculos que encuentran las mujeres en
su recorrido para obtener el derecho a la pensión de
32
alimentos para su prole son de variado orden, abarcan
desde barreras ideológicas culturales hasta limitaciones
económicas o dificultades procedimentales.
Todos esos factores coadyuvan a entorpecer el acceso
a la justicia de niños, niñas y adolescentes representados
por sus madres.
Ejercicio de la abogacía y judicialización de los casos
No tengo dinero yo, realmente los gastos con tres es bien
duro, entonces vi un abogado gratis, va 4 meses mi caso
y no tiene ni siquiera la primera audiencia, venga mañana,
venga pasado mañana, venga traspasado mañana,
venga la semana que viene, venga la otra semana. Van 4
meses y no pide la audiencia y de aquí a la audiencia le
fijan en 3 o 4 meses más (Nº Entrevista 23, diciembre de
2010) (SIC).
Como ya mencionamos anteriormente, el ejercicio
de la abogacía es complejo. Primero, por la tendencia
a judicializar los casos, para así obtener más
ganancias. También los profesionales del derecho suelen
crear falsas expectativas al inicio, pues en los hechos
concretos lo que enfrentan las mujeres son
procesos largos y engorrosos, que les generan frustración
y descontento con la justicia.
Lo que indicaron las entrevistas es que los
abogados dilatan al máximo los procesos con la excusa
de que son los juzgados quienes no están haciendo
su trabajo. Si bien en ocasiones esto es cierto,
también ocurre que con el fin de tener mayores honorarios
alargan los procesos, pues cobran por cada
visita y consulta que realizan las mujeres 1 . Y hay otros
abogados/as que si bien trabajan de forma eficiente
y obtienen una resolución en menor tiempo, cobran
honorarios muy elevados, de manera que pocas mujeres
pueden acceder a sus servicios.
1 Aunque las mujeres no lo mencionaron, es posible también que la prolongación
de los juicios responda a descuidos e ineficiencias de algunos
abogados/as.

Por eso digo que donde el abogado yo voy muy poco o le
llamo y le pregunto qué pasó, y lo único que recibo es:
“Aún no, es que ya mandé al juzgado, es que todavía no
me envían las audiencias”; ni días, ni horas, entonces realmente
se ha quedado ahí, se ha quedado en nada, no he
hecho más nada allá donde el abogado. Igual acá me pidieron
300 dólares y yo no los tuve entonces dije que no, que
dejara ahí porque si los tuviera realmente los 300 dólares
(…), no los invertiría para seguir en la demanda sino para
darles de comer a mis hijos, porque tener que invertir para
que después me digan que no sale, prefiero darles de comer
a mis hijos. (Entrevista Nº 4, diciembre de 2010).
Procesos largos y engorrosos
O sea, yo digo que así mismo ha de ser demorado, porque
aquí, todos estos decían que es demorado; porque el abogado
que me decía que son demorados, que no le atienden
pronto, que por eso es que las demandas se demoran; y
por eso yo decía que las cosas deben ser un poco más rápido
porque a veces necesitamos eso. (Entrevista Nº 20,
diciembre de 2010) (SIC).
Sobre los largos tiempos de espera, una usuaria
señalaba; “el tiempo, sí fue un poco largo. Sí se demoró;
dijeron que eran tres meses pero como primero
me tocaba anular el primer juicio que le seguí para
empezar el mismo juicio, por eso fue” (Entrevista Nº
13, diciembre de 2010). Sobre la demora en los tiempos
de duración del proceso otra señora nos comentó:
Al principio estaba tranquila porque no fue tanto la demora
de los papeles. Ahorita son ocho meses, casi ya
nueve meses y ahorita me he sentido un poquito agobiada
porque no es la atención que merecemos tener, no nos
dan la atención que merecemos tener. Bueno, hasta ahorita
me he sentido un poquito mal (Entrevista Nº 14, diciembre
de 2010) (SIC).
Más grave aún fue la situación de una empleada
doméstica, madre de dos hijos, quien lleva 4 años en
proceso, y ante lo cual siente una total desesperanza:
33
“Hace cuatro años atrás. Hoy, en la actualidad, mi
hijo tiene cinco años y hace cuatro años decidí poner
la demanda” (Entrevistada Nº 1, diciembre de 2010).
Podemos mencionar que un problema que se
reportó en la totalidad de los casos estudiados fue no
poder acceder a información sobre los demandados
para completar el formulario; ya que les toca ir de un
lugar a otro y depender de la voluntad de terceras personas
que quieran ayudarles, lo que se tradujo en
tiempos de espera largo.
Me dijeron que tengo que tener el número de cédula o si
no la partida de nacimiento de mi cuñada para que ellos
se aseguren que es mi cuñada. Yo lamentablemente esos
papeles yo no puedo sacar porque ella está allá y ¿quién
me lo va a dar? Ella no me va a dar, ¡imagínese! Para que
le haga la demanda al hermano, ella no me va a dar para
mí (Entrevista Nº 24, diciembre de 2010).
Sobre lo mismo, otra dificultad que tienen las
mujeres es para conseguir la dirección del actual paradero
de sus ex compañeros o convivientes, muchos de
los cuales nunca fueron encontrados. Una entrevistada
contó muy enojada: “o sea no me sale, ya está todo demandado,
pero o sea del primero no hay como encontrarle
no me dan la boleta de captura nada, porque no
puedo encontrarle, eso falta por eso (…). Estoy sufrida
por ellos, no se cómo cogerles, no conozco ni el
Oriente, ni nada, estoy preocupada (Entrevista Nº 17,
diciembre de 2010). Otra “usuaria” nos comentó: “me
tocó ir a mí misma a andar buscándole al papá de mi
hijo” (Entrevista Nº 16, diciembre de 2010) (SIC).
Estos ejemplos que hemos dado sobre largos
tiempos de espera, pueden llegar a traducirse en “causas
represadas” 2 en los juzgados. A casi todas las mu-
2 Ver estadísticas del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador sobre
represamiento de causas, que aunque tiene desagregada la información por
materia y cada uno de estos juzgados tiene competencia en variados temas
–alimentos, tenencia, permiso de salida, patria potestad, entre otras– demuestra
una clara tendencia al aumento de causas represadas en los Juzgados
de la Niñez y la Adolescencia. La información existente es entre los
años 2004 al año 2009, y se encuentran por salir los datos del año 2010.

jeres que entrevistamos les tomó mucho más de 3
meses para presentar, realizar y concluir la demanda,
y otras llevaban tiempos que excedían el año de espera.
Y aunque este tema no se abordó explícitamente
en las entrevistas –ya que consultamos a
mujeres que aún eran usuarias del sistema– una de
las consecuencias que tienen los largos procesos suele
ser el abandono de la causa, pues se ve difícil llegar a
tener una resolución y, menos aún, que se trate de
una resolución favorable.
Violencia estructural de los operadores de justicia
Otro problema que manifestaron las mujeres entrevistadas
es lo que podemos denominar como la
violencia estructural de los operadores de justicia. Lo
más grave de esta vulneración es que se encuentra naturalizada
por parte de las “usuarias”, en la medida
se han visto expuestas a tantas situaciones complejas
y por largos períodos de tiempo de manera cotidiana,
no logran identificarla. Son de variado orden y se encuentran
enraizadas en las prácticas.
Todos han sido buenos, no he tenido dificultad de nada.
Lo único que fue es que no atendían donde la señorita liquidadora,
solo eso, pero de ahí no; la señorita liquidadora
a los que no sabemos leer, decía: “Lee el papel, ¿qué
número tienes del juicio? ¿Por qué no lees y me das el número
de juicio? Es que no das el número de juicio, ¿cómo
te voy a atender?” Entonces no se podía, a veces atendía y
a veces no atendía; decía: “Para mañana véngase” (Entrevista
Nº 12, diciembre de 2012) (SIC).
Creemos que la falta de capacitación y sensibilización
en temas de género, hace que sus propias concepciones
ético-morales interrumpan el acceso a una
justicia de calidad y oportuna.
Horita el problema es eso de las boletas que no me pueden
dar, no sé por qué si ya están adeudándome como nueve
pensiones y no sé por qué, no sé a quién defienden, si a
los niños o a los papás porque dicen que los niños tienen
derecho, pero también los papás tienen derecho, pero en
34
este caso no, no están viendo el derecho de los niños porque
yo creo que deberían dar prioridad a los niños (Entrevista
Nº 14, diciembre de 2010) (SIC).
Sumado a una cultura organizacional, donde el
pago de “coimas” se encuentra naturalizado por la
mayoría de las mujeres que acceden a la justicia.
Las mujeres debido a los escasos recursos que
manejan no cuentan con el dinero suficiente para cubrir
los costos que se necesitan para entablar y seguir
una demanda de alimentos. Entre los gastos se incluyen
transporte, pago de copias, pago de servicios que
en teoría son gratuitos, pago de honorarios a abogados,
entre otros. También en la mayoría de los casos,
les toca a las propias mujeres ubicar el paradero del
demandado con todos los riesgos y gastos que implica.
Aunque van acompañadas de la policía o algún
oficial del tribunal, deben pagar el transporte o alguna
“colaboración”.
A la poca operatividad, eficiencia y eficacia en
el trabajo que realizan los Juzgados de la Niñez y la
Adolescencia, acostumbrados en su mayoría a acumular
causas sin dar soluciones rápidas, se suman prácticas
de corrupción por parte de algunos
funcionarios. Los relatos de algunas entrevistadas dan
cuenta de todas estas limitaciones:
El señor de las citaciones, el citador judicial me pidió el
dinero. Lamentablemente, como uno tiene, hay que esperar
la voluntad de los señores. Hasta que por fin le
hizo llegar la demanda, el señor contestó. Se demoró los
tres meses en citarle por no haberle dado los 30 dólares,
pero a la final le logró citar (...). Lo que me han dicho
es… me han dado papeles para que vaya a traer copias:
“saque copias, vaya y traiga copias” (Entrevista Nº 2)
(SIC).
Pero es que ni siquiera le dan a uno tiempo, ni siquiera
que le traten bien o mal porque ya listo ya, venga el
martes, ya, no ahorita no, el miércoles; venga el sábado,
perdón, venga el lunes, venga… o sea ni siquiera dan
tiempo para pensar (Entrevista Nº 23, diciembre de
2010) (SIC).

Sobre lo mismo, otra entrevistada en la ciudad
de Ibarra nos comentó muy frustrada; “a mí me parece
que tienen que cambiar de forma de pensar porque
siento que a veces hay gente que, así sea joven, tiene
una forma de pensar muy tradicional, entonces hay
mucha corrupción también, se dejan llevar mucho por
el dinero” (Entrevista Nº 3, diciembre de 2010).
Obtención de pruebas para presentar en la audiencia
En la presentación de pruebas hay otro gran
nudo. La mayoría de las mujeres que entrevistamos
no se presentaron a la audiencia con pruebas, o por
desconocimiento ya que no fueron informadas por
sus abogados, o bien, si conocían sobre el tema no
les resultaba fácil conseguirlas.
Por ejemplo, para probar que pago arriendo me piden que
tengo que tener un contrato cuando muchas ocasiones no
se hacen contratos donde uno vive; son muy pocas las personas
que hacen contrato. Ese tipo de pruebas. Que por
favor tenga recibos del recorrido del niño, facturas de todo
lo que se compra, cuando muchas veces uno compra en el
mercado y ahí no le dan recibo a uno de lo que compra. Ese
tipo de cosas (Entrevista Nº 15, diciembre de 2010) (SIC).
Incumplimiento de los pagos
En un grupo focal realizado en la ciudad de Portoviejo,
las mujeres expresaron angustiadas que les
daba mucho miedo pensar en el futuro y tener que
lidiar con pensiones impagas y reajustes de las mismas.
Es innegable que quisieran evitar pasar buena
parte de sus vidas que pasarán en Juzgados de la
Niñez y la Adolescencia tratando de reclamar los derechos
de sus hijas e hijos.
Todas las mujeres consultadas comentaron lo
poco efectivo que es el pago de pensiones de alimentos,
porque finalmente sus ex compañeros los realizan
cuando quieren.
Y eso también, póngase el abogado dice, que son dos
meses que si él no deposita entonces se le hace recién el
proceso para que den la orden de apremio, pero es mucho
35
tiempo creo yo, porque se imagina dos meses… Gracias a
Dios yo tengo a mi mami, pero si no le tuviera; o sea que
hay muchas personas que están solas, muchas mujeres que
están solas, dos meses no van a dejar de comer los hijos, y
eso que no es mucho, pero a la final es lo que esperan
(Grupo focal Cuenca, diciembre de 2010).
Ruta más compleja por falta de información
Cuando yo no tenía dinero, le digo la verdad, me fui allá
a los consultorios gratuitos de los abogados, los consultorios
gratuitos que no le cobran, entonces ahí me fui, pero
ellos han sabido mandar todo a uno, a dejar trámites y trámites,
y eso como le contaba, yo no sabía nada de donde
me iba a dejar los papeles y nadie me quería así ayudar a
dónde me tenía que ir ni nada. Me decían que yo tengo
que hacer con una abogada, así como de aquí, no con ellos
porque yo no sé nada me decían, vaya y consígase una abogada
me decían, eso me dijeron una vez; por eso yo ya no
me voy. Ahora mejor, como le dije a la doctorita, yo tengo
la mitadcita para darle, cuando ya tengo yo vengo a hacer
y el resto le doy. Así mediante me va llamando porque ya
tengo miedo… yo no sé de los casos, no se ni dónde me
paro, y allá me dijeron así: vaya y consígase una abogada
porque usted no sabe nada, me dijo una chica de allá de
los juzgados (Entrevista Nº 18, diciembre de 2010) (SIC).
Como hemos expuesto, la ruta para interponer
y llevar a cabo una demanda por pensión de alimentos,
se ve complejizada por una serie de inconvenientes
que tienen una doble dimensión, que se
encuentra presente a un nivel micro y a uno macro.
Se trata de transformar toda una cultura organizacional
deficiente, apoyada en estructuras y sistemas de
valores. Identificamos que este panorama empeora
las posibilidades de un acceso a la justicia efectiva de
las mujeres. Si a ello sumamos las condiciones particulares
de pobreza y exclusión, lo más probable es que
tengan un acceso muy limitado o no tengan información,
no sólo de cómo se realiza el proceso de la demanda,
sino para completar los formularios y realizar
los distintos trámites requeridos.

Tristemente, la gran mayoría de las entrevistadas
no comprendían cómo era el proceso que debe seguir
una demanda por pensión de alimentos, de manera
que ni siquiera tenían claro en qué fase se encontraba
su causa.
La falta de acceso a la información las deja en
una situación de extrema vulnerabilidad lo que las
convierte en presas fáciles de inescrupulosos que sólo
buscan su propio provecho económico, personajes
que les produce profundas decepciones y acentúa su
falta de credibilidad en la justicia.
Como el abogado no me explica bien realmente, y cuando
le digo que me explique como que se enoja, me dice hay
pero, es que ya le digo señora. Es poca información la que
ellos nos dan, es poca información la que una mujer realmente
tiene, para realmente seguir los trámites, porque si
una tal vez estuviera bien informada dijera tengo que
hacer, tengo que acudir a esta oficina, tengo que sacar este
trámite, de ahí tengo que esperar, pero no se sabe, igual
eso digo tengo la primera instancia, y él cada dos meses
paga un mes (Entrevista Nº 23, diciembre de 2010) (SIC).
Principales fortalezas
identificadas en los Juzgados de la Niñez
y la Adolescencia
Como se mencionó previamente, esta Línea de
Base también buscaba conocer cuáles han sido los
avances en el acceso de las mujeres a justicia en temas
de alimentos. Lamentablemente, no son muchas las
fortalezas identificadas por las “usuarias” del sistema,
al contrario, a la gran mayoría le pareció que no había
nada positivo en el sistema.
Obligación de pago de pensión a otros familiares
Un aspecto en que coincidieron muchas de las
mujeres entrevistadas es que consideran positiva la
posibilidad de que el pago de pensiones alimenticias
pueda ser realizado por familiares, si es que el padre
se niega ha hacerlo. En un par de casos relatados, resultó
ser que los padres finalmente se hicieron cargo
36
de su obligación de alimentar debido a la presión familiar.
Al respecto, una mujer de Cuenca nos dijo:
“pero es algo bueno, positivo es también que se le
puede demandar a la mamá, porque si es que yo le
demandara sólo a él, él no me pasara ni un centavo
(Entrevista Nº 23, diciembre de 2010) (SIC).
Atención “amable”
Las mujeres que por lo general acuden a los juzgados,
no tienen mucho acceso a recursos y se conforman
con ser atendidas y que se les dé un trato
digno. Desde esa perspectiva, varias mujeres identificaron
como buena la atención en tanto sentían que
el personal de los juzgados les estaba haciendo un
favor, y no que como ciudadanas tenían el derecho a
tener un buen servicio por parte de los funcionarios
públicos.
Sí son buenos, aunque un poco se demoran, pero sí han
sido buenos; como no se sabe leer también, hay veces que
no toman atención porque somos gente de campo, pero
sí lo vamos poco a poco haciendo las cosas. Somos gente
de campo, no sabemos leer, alguna oficina no atiende bonito,
pero toca seguir andando para que avancen las cosas
(Entrevista Nº 12, diciembre de 2012) (SIC).
Es un trato bien especial que he sentido, que han tenido
mucha paciencia, que siempre nos tratan bien a las que
nos acercamos. Todo es bien ahí, siempre nos tratan bien,
“nunca no nos han gritado”, no nos han dicho (Entrevista
Nº 13, diciembre de 2012) (SIC).
Pago por medio de banco
Aunque existe mucha irregularidad en el pago
mensual de las pensiones de alimentos por parte de
los demandantes, opinan que ha sido un avance que
éste se realice por medio del banco, pues de esa manera
los tiempos de espera son menores, ya que sólo deben
acercarse a un cajero automático. Una entrevistada de
Portoviejo nos comentaba que si “es algo, bueno, que
te den una tarjeta y automáticamente la persona va a
ver si la persona… el demandado va a pagar mensualidad”
(Entrevista Nº 30, diciembre de 2010).

Luego de presentada la Línea de Base, nos
queda la profunda convicción de que es posible mejorar
el sistema y que se está trabajando en eso; pero
que para poder realizar cambios en el corto y sobre
todo en largo plazo es necesario contar con herramientas
que provean un panorama sobre el funcionamiento
y el acceso de las mujeres de los Juzgados
de la Niñez y la Adolescencia en Ecuador. Para ello,
a continuación se propone la creación de un sistema
de indicadores.
37

5. PROPUESTA
DE CREACIÓN
DE INDICADORES
DE SEGUIMIENTO A
LOS PROCESOS
JUDICIALES POR PENSIÓN
DE ALIMENTOS
En este capítulo presentamos una propuesta
para la elaboración de un “Sistema de Estadísticas
sobre Pensión de Alimentos” en el Sistema Judicial,
que permita hacer un seguimiento a las causas ingresadas
en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del
Ecuador en esta materia. Se propone crear indicadores
que permitan analizar el desarrollo de las causas
por pensiones de alimentos, los cuales podrían ampliarse
y utilizarse para seguir la evolución de los procesos
de distintas causas que se procesan en estos
juzgados.
Para esto se hará una serie de recomendaciones,
que ya en la etapa de recolección de datos en los juzgados,
significará un filtro, que permitirá obtener información
para procesarla y hacer el seguimiento con
los indicadores que se generen o empleen. Para esto
se debe implementar un sistema eficiente y fiable de
recolección de datos.
Cabe puntualizar que no fue posible obtener
una base datos que contribuya a la generación de una
batería de índices más acordes con la realidad de los
juzgados. Sin embargo, con base en la información
38
obtenida en esta investigación, se ha formulado la
propuesta que se detalla a continuación.
Objetivo de un sistema
de indicadores
La creación de indicadores tiene como finalidad
proveer información confiable que sirva como guía
para dar seguimiento y evaluar la actuación de un programa,
una política o una instancia, como son los Juzgados
de la Niñez y Adolescencia. Se trata de que los
indicadores construidos sirvan como una guía para
que una toma de decisiones informada y objetiva, sea
para implementar nuevas políticas o hacer correctivos
que contribuyan al mejoramiento de la actuación de
dichos juzgados, a agilitar los procesos judiciales y
acortar los tiempos para la resolución de los fallos.
De esa manera se asegurará una atención de calidad
a las personas demandantes, como también el cumplimiento
del derecho a la pensión de alimentos para
niños, niñas y adolescentes.
La proyección de los escenarios que se tendrían
en un momento del tiempo es la función principal
de los indicadores, es decir contar con información
que permita saber cuál era su situación y cual sería
con la implementación de medidas o sin ellas.
Para iniciar la creación de este sistema de información
estadística se necesita el levantamiento de
datos en un determinado momento, éste será nuestro
tiempo cero –la línea base cuantitativa con la que se
medirá la evolución de los procesos– a partir del cual
se crearán los indicadores que permitirán medir la
agilidad con la que se resuelven estas causas a través
del tiempo. Teniendo en cuenta que se debe contar
con un indicador del tiempo óptimo para emitir resoluciones
en las causas por alimentos, será posible
definir metas en este aspecto.
Los indicadores sólo tienen utilidad, precisión y
validez cuando se pueden contrastar o comparar con
los resultados de otros años. Por esto, la implementación
de este sistema de estadísticas deberá contar con
varias etapas, siendo fundamental el punto de partida,

pues allí se definirá la línea base cuantitativa con la
que serán comparadas y medidas las actuaciones de
los juzgados especializados en niñez y adolescencia.
El conjunto de indicadores producidos permitirán
hacer un análisis certero para la evaluación en
la toma de decisiones acerca de las futuras mejoras
en inversiones, restructuraciones y planeamientos;
para la corrección de los factores que permitan la obtención
de las metas deseadas o propuestas como óptimas
para esos casos; y, para la implementación de
políticas que permitan el mejoramiento de los procesos
que generan inconvenientes en la obtención de
las metas u objetivos que se tienen al respecto.
Creación de la ficha informativa
y de base de datos 1
Pueden construirse distintas herramientas para
la recolección de información. En este caso se sugiere
abrir una ficha al ingresar la causa en el Juzgado, que
contenga las variables básicas para contar con una
Línea de Base (tiempo 0), lo que no impide que en el
futuro ésta se mejoré y amplíe con la inclusión de
nuevas variables para el análisis de los datos. Las variables
propuestas, son
a) Información sobre el Juzgado y la causa: provincia,
ciudad, número de juzgado, tipo de causa,
número de causa, fecha de ingreso, fecha de
egreso
b) Información sobre el perfil de la persona demandante:
sexo, edad, estado civil, nivel socio
económico (podrían considerarse los tres rangos
propuestos por la tabla de pensiones alimenticias
mínimas), escolaridad, identificación étnicocultural
Además, la Base de Datos incluirá la siguiente
información y operaciones, usando la misma ficha
que utiliza el Consejo Nacional de la Judicatura para
1 Se adjunta en anexo un ejemplo de Ficha Informativa que permita alimentar
una base de datos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
39
ver el movimiento trimestral de causas en los Juzgados
por distrito, pero desagregado por trámite; juicio de
alimentos, permiso de salida, patria potestad, tenencia
y otras.
a) El número de causas en proceso del año anterior
que no hayan sido resueltas (causas represadas).
b) Sumadas las causas nuevas ingresadas de manera
trimestral (4 ingresos de información por
año calendario).
c) Menos las causas resueltas ingresadas de manera
trimestral (4 ingresos de información por año
calendario).
El resultado obtenido será el total neto de causas
pendientes para el año siguiente, siguiendo el modelo
de tabla que usa para sistematizar la información de
ingreso de causas, movimiento trimestral de causas el
Consejo de la Judicatura de Ecuador. Todo ello constituirá
una base de datos desagregada por las distintas
variables ya nombradas, la que incluirá información
de carácter nacional, por cada Juzgado de Niñez y
Adolescencia existente.
La base para la creación de un indicador adecuado,
sólido y seguro está en la recolección de los
datos necesarios para este proceso. Es por ello que la
ficha técnica que se pretende hacer por cada una de
las causas debe contener la mayor cantidad de información,
de manera que permita hacer relaciones importantes
entre las variables, determinar los nudos
críticos, realizar la mayor cantidad de evaluaciones
posibles con la información recaudada, e implementar
correctivos.
Construcción de indicadores
Los primeros pasos para la creación de estos indicadores
son: la identificación de los datos necesarios
y relevantes para su futuro análisis, como
también para el ordenamiento de la información procurando
que haya homogeneidad.
Luego de la identificación de los datos que se recolectarán,
viene la construcción de los indicadores,

tomando en cuenta todas las variables que permitan
desagregar la información en términos eficientes para
una ideal administración de los recursos informativos,
en términos de orientar la toma de decisiones.
En las siguientes etapas se procederá con el trabajo
de alimentación de la base de datos, el que se
tornará fundamental para hacer las mediciones que
se necesiten, por lo tanto, se debe crear un sistema
que permita esta alimentación de datos de forma continua.
El análisis de la evolución de los datos se puede
hacer, en los primeros años, de forma mensual, para
luego del segundo año ya tener una visión más general
del fenómeno, y evaluar de forma trimestral. Los
resultados serán entregados anualmente, luego de terminado
el año calendario.
Tomando en cuenta que el objetivo en la creación
de estos indicadores es tener datos que permitan
ver con qué agilidad se mueven las causas de pensión
alimenticia en los juzgados del Ecuador, lo importante
también es tener dentro de la ficha de antecedentes
que se creará para este seguimiento, la fecha
de recepción de la causa y la fecha en la que terminó
el proceso con un fallo, lo que permitirá conocer el
tiempo que toma la resolución de una demanda de
este tipo.
Otros resultados posibles
del análisis
Tomando en cuenta las variables y la desagregación
que se fijó en un comienzo, se podría obtener
información, sobre:
a) Tiempos promedios que demoran las causas.
b) Cuáles son los juzgados con mejores y peores
tiempos para emitir una resolución.
c) Conocer qué provincia o juzgado es el más eficiente
y cuál o cuáles no lo son.
d) Si tenemos en cuenta la situación socio-económica
y la identificación étnica cultural de las personas
demandantes, el análisis sería mucho más
rico en resultados, por cuanto podríamos dife-
40
renciar si hay alguna correlación entre estas variables
y el tiempo en que se demoró el fallo.
Es importante tener en cuenta que los índices
que se obtendrán nos permitirán, en el mediano y
largo plazo, no sólo medir el fenómeno año tras año,
sino también hacer un análisis más detallado, exacto
y oportuno, para poder dar respuestas más rápidas
en las mejoras que necesite el sistema, y así dar cumplimiento
a las metas deseadas.

6. A MODO
DE CONCLUSIÓN
Los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia
El acceso a justicia de las mujeres en los Juzgados
de la Niñez y Adolescencia se ve entorpecido por una
serie de problemas que se encuentran institucionalizados
en la cultura organizacional.
Una medida urgente es la capacitación continua
de los operadores de justicia en temas de género y de
justicia de género, con el fin de evitar que en su actuación
intervengan sus concepciones ideológicas y
sus valores morales. Debe instalarse en ellos una
agenda ética imparcial que tenga como prioridad los
derechos y el acceso a una justicia efectiva.
Los otros cambios que deben presentarse en los
Juzgados son con respecto a su funcionamiento para
dejar de ejercer violencia simbólica contra las mujeres
demandantes y dejar de lado las malas prácticas asociadas
al poder que ostentan como operadores de justicia,
de manera que los trámites dependen de la
“buena voluntad” del funcionario/a. Estos hechos limitan
el acceso a la justicia de las madres tutelares y
el cumplimiento adecuado del derecho a la pensión
de alimentos.
La única alternativa que se ve al problema en el
corto plazo, tiene que ver con una fiscalización y control
sobre estos trabajadores/as de los juzgados,
donde se impongan sanciones reales a las denuncias
que hagan las demandantes, quienes deben conocer
41
que tienen el derecho a realizar una evaluación sobre
el desempeño de quienes las han agredido de alguna
forma con su atención. Para esto existe un Formulario
de Evaluación en el Ministerio de Relaciones Laborales,
llamado “Evaluación del desempeño,
trámites o servicios de los Servidores Públicos”.
Si bien se trata de juzgados especializados en materia
de niñez y adolescencia, no existe un trato justo
con las “usuarias”, las que sin embargo tienen más
acceso que antes a las instancias judiciales, pero que
no necesariamente se traduce en justicia efectiva para
ellas y sus hijas e hijos.
Justicia a “medias”:
experiencias de las mujeres en demandas
de pensión de alimentos
Una de las consecuencias del acceso a la justicia
parcial por parte de las mujeres, es el empobrecimiento
producto de la ruptura de la pareja y de la no
asunción de una paternidad responsable. Se encontró
que el derecho a la pensión de alimentos sólo se solicita
cuando esta situación se torna insostenible.
Por un lado, a las mujeres les toca enfrentar
solas el cuidado y mantención doméstica de los hijos
y, en buena parte de los casos, son ellas las que asumen
la totalidad de los gastos que requiere la mantención
de los niños, niñas y adolescentes. El estudio
encontró que algunas mujeres solo reciben el monto
de la pensión mínima asignado provisionalmente, lo
que no alcanza ni siquiera para la alimentación de su
prole; mientras otras que obtuvieron un dictamen,
consiguieron montos muy por debajo de lo que esperaban
y necesitaban para poder mantener dignamente
a sus hijos e hijas.
Finalmente las mujeres, en la mayoría de los
casos, son las que hacen el aporte mayor para la manutención
de sus hijas e hijos porque aunque logren
dividir en partes iguales los gastos con el padre –minoría
de casos– ellas contribuyen con trabajos que no
son considerados como tal y peor aún valorados económicamente
o de forma monetario. Se trata del tra-

ajo doméstico y de cuidado, al cual socialmente sólo
se le asigna un valor de uso.
Con lo expuesto anteriormente, podemos concluir
que las mujeres en razón de su género ven obstaculizado
su acceso a la justicia en materia de
alimentos, situación que se agrava si a su condición
de género le sumamos la “clase”, la pertenencia étnica
culturla, nivel socioeconómico y nivel educacional.
La intersección de todas estas categorías sólo puede
producir más discriminación y exclusión dentro del
sistema de administración de justicia.
El que las mujeres sean entendidas en el espacio
privado del hogar y la familia, crea unas condiciones
de empobrecimiento en ellas y sus familias –recordemos
que una de cinco mujeres en Ecuador es jefa de
hogar–. Primero no se reconocen las labores domésticas
ni de cuidado que llevan a cabo, incluso cuando
trabajan remuneradamente fuera del hogar. Esto se
debe, principalmente, a concepciones de orden simbólico
y cultural que ubican a las mujeres en un
“deber ser” de entrega absoluta al otro, sin importar
la vulneración de sus derechos.
Toda esta problemática se inserta en el discurso
de los derechos humanos; ya que las mujeres deberían
tener garantizado el derecho a vivir en igualdad de
condiciones con los hombres, lo que incluye un ejercicio
de la ciudadanía completo con acceso a la justicia.
Como en este caso se trata de un derecho del que
sólo son tutelares las mujeres, también se están violando
los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
quienes deben tener aseguradas condiciones básicas
mínimas para una subsistencia digna.
Producto de esta carencia de derechos fundamentales
no existe lo que se denomina justicia de género,
la cual aspira a la igualdad entre hombres y
mujeres, a que las mujeres tengan acceso y control de
recursos, con un pleno ejercicio de la ciudadanía.
Como esto no ocurre, es deber del Estado buscar las
condiciones y rendir cuentas al respecto. Si bien se
ha avanzado en la creación de toda una institucionalidad
que apoya el derecho de niñas, niños y adolescentes
para acceder a alimentos, existen aún muchos
42
nudos críticos que impiden el ejercicio real de este
derecho.
La justicia de género nos recuerda que las injusticias
se reproducen entre mujeres y hombres en el
contexto de la familia, y cuando ésta se transforma
en monoparental y son las mujeres las que toman
completamente las obligaciones de subsistencia y
mantención, ellas se ven apremiadas una vez más por
la violencia económica.
El que las mujeres tengan acceso a la justicia y
que se garantice una igualdad de jure –la cual es fijada
por la norma jurídica– puede generar reales impactos
sobre el orden cultural, simbólico y económico 2 , ya
que la carencia de recursos genera desconocimiento
de la diferencia. En este caso, el que las mujeres se
hagan cargo de sus hijas e hijos solas, por esta obligación
de cuidado de los otros y que las determina y domina
culturalmente, y las reconoce sólo en tanto en
relación con la familia y el hogar, las empobrece al no
existir el reconocimiento económico. Muchos padres
al desvincularse de las familias dejan de cumplir con
sus obligaciones, las cuales están establecidas en la
Constitución del Ecuador, país que además que ha
ratificado Instrumentos y Convenciones Internacionales
sobre protección de la infancia, el bien superior
del niño, y el derecho de las mujeres a vivir una vida
libre de violencia.
Como analizamos en la presente investigación,
son las mujeres de menores recursos económicos y de
orden cultural las que demandan pensiones de alimentos,
lo que nos muestra que en la práctica éstas
no tienen ningún poder real sobre su juicio y su propio
proceso, situación que condiciona la justicia para
ellas y sus familias, y las vuelve más vulnerables.
Como señala Torres (2006), existe una relación causal
y directa entre la violencia de género y la subsistencia
familiar. Ser mujer y pobre ocasiona que muchas
veces la justicia opere de manera discriminatoria con-
2 Aunque sabemos que por sí sola la justicia no genera cambios, se requiere
de un trabajo de orden estructural y simbólico que transforme paradigmas.

tra ellas, por los sesgos culturales e históricos con que
se maneja.
Finalmente, debemos aportar que existen muchas
posibilidades para mejorar el acceso a justicia de
las mujeres en el tema de pensiones mínimas de alimentos
y, sin duda, esta investigación nos abre muchas
nuevas interrogantes y posibilidades de
investigación desde los diferentes actores, procesos e
informaciones secundarias existentes, como por ejemplo,
sobre sentencias judiciales.
43

7. RECOMENDACIONES
Nos parece importante partir señalando que las
reformas que se han hecho en materia de alimentos,
si bien no han generado una profunda transformación,
sólo por mencionar un nudo crítico, el tema de
los represamientos de causas en los Juzgados de la
Niñez y Adolescencia, genera posibilidades de cambio
futuras. Para eso se requiere de la aplicación de medidas
a corto y largo plazo.
Entre los cambios favorables consideramos que
si se clarifica la ambigüedad en la aplicación de la Tabla
de Pensiones Mínimas de Alimentos, se generarán
cambios sin precedentes en la vida de las niñas, niños
y adolescentes del país, que tienen que ver con el acceso
a una vida digna para ellos y sus madres. Si consideramos
-sólo por mencionar un beneficio en la vida
de los niños/as- que casi 371.000 niños en Ecuador
menores de cinco años sufren de desnutrición crónica
y que, de ese total, 90.000 padecen una condición
aguda, según datos del Banco Mundial (2007), nos
surge la inevitable pregunta ¿a cuántos de esos niños
se les estará negando el acceso a justicia por medio de
la pensión mínima de alimentos? Y si consideramos
todos los impactos que tiene la mala alimentación
sobre la salud de las personas, asegurar el acceso a este
derecho debe ser una prioridad de Estado.
Las recomendaciones se encuentran orientadas
por sugerencias de las propias “usuarias” que han accedido
a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del
Ecuador, y otras propuestas a partir de los nudos críticos
encontrados en la presente investigación. A con-
44
tinuación presentamos las medidas para mejorar el
servicio que brindan los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
1. Es urgente la puesta en marcha de la Escuela Judicial,
como determina el Código Orgánico de
la Función Judicial, para que apoye en el acceso
a conocimientos por medio de la capacitación
a operadores y auxiliares de la justicia, en temas
específicos como; sensibilización en género, justicia
de género, buen trato, entre otros temas
prioritarios para el tema de alimentos.
2. La importancia de esta institución radica, en
que en el largo plazo puede generar cambios de
orden cultural y técnico que se reflejen una
equitativa y oportuna administración de la justicia;
a la vez que posibilite la disminución de
otros conflictos relacionados con la cultura organizacional
que permite cobros y el ejercicio indebido
de la justicia.
3. Aplicar sin excepciones la Tabla de Pensiones
Mínimas Alimenticias para asegurar que el
monto fijado como Pensión Provisional, esté de
acuerdo con las necesidades de las niñas, niños
y adolescentes, para que en el tiempo en que es
dictada la sentencia no sean afectados por carencias,
producto del factor económico.
4. Acerca de los horarios de atención de estos Juzgados,
se recomienda acomodarlos en función
del acceso de las mujeres trabajadoras, ya que les
resulta sumamente complejo ausentarse por largas
horas del trabajo, lo que también se traduce
en un detrimento económico, ya que a muchas
se les descuentan las horas no trabajadas.
5. Las mujeres usuarias de los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia son madres, y muchas no cuentan
con una persona que les ayude con las labores
de cuidados de sus hijas e hijos, por lo que
sería oportuno contar con un espacio destinado
al cuidado de los niños en el mismo Juzgado,
para que ellas puedan realizar sus trámites con
tranquilidad.

6. Poner en marcha la propuesta presentada por la
Defensoría Pública de Ecuador, sobre la “Creación
e implementación del Modelo de Gestión
para la Calidad, Acreditación, Seguimiento y
Control de los Consultorios Jurídicos Gratuitos
de las Universidades, Servicios de Patrocinio, Defensa
Jurídica y Asesoría Legal Gratuita para grupos
de atención prioritaria en el Ecuador”, que
busca dar cobertura en defensa gratuita –entre
otros– a las mujeres y su exigibilidad del derecho
de pensión de alimentos en favor de sus hijas e
hijos. Su aplicación será de gran ayuda en la descongestión
de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.
7. Crear e implementar un “Fondo auxiliar de alimentos”
con capital asignado por el Estado ecuatoriano,
cuyo fin será cubrir de manera transitoria
las pensiones alimenticias que se encuentren en
mora y que hayan sido declaradas así por los Juzgados
que ven materia de alimentos 3 .
8. Creación e implementación de una “Central de
Petición de Alimentos (CPA)” administrada por
el Consejo de la Niñez y la Adolescencia
(CNNA) que, entre otras cosas, cree una base
propia de datos que pueda ser consultada por
empleadores. Esta central tendrá acceso a las
bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, al Servicio de Rentas Internas,
al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil,
a la Comisión de Tránsito, entre otros, con
el fin de acceder a información que es de difícil
acceso o es negada a las mujeres y que es de vital
importancia a la hora de completar el formulario
para la demanda y presentación de pruebas 4 .
9. Crear la obligación legal para todos los empleadores
de Ecuador –públicos y privados– de exigir
un certificado que será expedido por la
3 Existe una propuesta que se encuentra trabajando la Defensoría Pública
donde han fijado Lineamientos y un Plan Operativo Básico.
4 Se trata de otra propuesta que se encuentra trabajando la Defensoría
Pública.
45
“Central de Petición de Alimentos (CPA)” en
donde conste que la persona que lo solicita no
se encuentra en mora por pago de pensión de
alimentos, y sin el cual no se pueden firmar contratos
laborales.
10. Creación e implementación de “Oficinas de Información,
Reclamos y Sugerencias de los Juzgados
de la Niñez y Adolescencia (OIRS-JNNA)”.
Habrá una oficina en el edifico que concentra
estos juzgados por capital provincial. Estas tendrán
por misión informar, de forma clara y atenta
a las personas que lo soliciten, sobre el proceso
judicial de demanda de pensión mínima de alimentos.
Las/os profesionales de las OIRS-JNNA
tendrán, a parte del conocimiento a cabalidad del
proceso de pensión de alimentos, capacitación y
sensibilización en temas de justicia de género.
11. En este mismo lugar, se prestará la ayuda necesaria
para reclamar malos tratos e irregularidades
por parte de los operadores de justicia. En
caso de ser comprobadas por la institución deberán
tomarse las medidas necesarias para revertir
la situación denunciada. Estas OIRS-JNNA,
deberán receptar y procesar la información sugerida
por las/los usuarios contenidas en unas
papeletas de “Sugerencias” que se podrán obtener
en esta oficina. Se creará un mecanismo
para evaluar la satisfacción del servicio por parte
de las/los usuarios.
12. Se contará con un “Sistema Informático Nacional
de Libre Acceso”, donde las/los demandantes
podrán ver y revisar el estado de sus
demandas en línea por pensión de alimentos.
Para la implementación de este sistema se requiere
que el Consejo de la Judicatura mantenga
su servicio de Consultas de Causas en
línea actualizadas. Cada OIRS-JNNA contará
con al menos un computador de libre acceso
para las/los demandantes.
13. Ejecución de una campaña publicitaria nacional
de información sobre el derecho a la pensión de
alimentos.

14. Publicar una cartilla “La ruta de la pensión de
alimentos”, donde de manera clara, sencilla y didáctica
se informe a la ciudadanía sobre el derecho
de alimentos y el proceso a seguir. Ésta
debería contener también información sobre
cómo obtener asesoría y defensa gratuita en caso
de ser necesario.
15. Generar un convenio entre la Defensoría Pública
y el Ministerio de Defensa que, entre otras
cosas, exija el pago de pensiones mínimas alimenticias
y que permita el acceso a la información
por parte de las/los demandantes de este
derecho.
16. La Defensoría Pública en el cumplimiento de su
deber necesita urgente de abogados/as especializados
en temas de derechos de alimentos y género,
para apoyar a madres y padres de escasos
recursos que requieran apoyo legal gratuito. Para
el cumplimiento de este objetivo la Defensoría
Pública necesita contar con un mayor número
de defensores/as en todo el país.
17. Se debe proveer de un “Sistema nacional unificado
de levantamiento de información sobre
procesos judiciales en materia de alimentos”,
que genere una base de datos para una Línea de
Base a partir de la cual podrán aplicarse indicadores
que permitan evaluar la eficiencia y eficacia
de estos Juzgados especializados, y que se
constituya en un insumo básico para la toma de
decisiones. Transparentar el funcionamiento de
los Juzgados puede mejorar su desempeño, creando
sanciones e incentivos.
46

8. BIBLIOGRAFÍA
Arroyo Vargas, Roxana (2002) “Conceptos básicos de Derechos
Humanos y aportes feministas”. En Manual de capacitación de derechos
humanos de las mujeres jóvenes y aplicación de la CEDAW. Red
latinoamericana y caribeña de jóvenes pos los derechos sexuales
y reproductivos- REDLAC, Programa Mujer, Justicia y Género,
ILANUD. pp. 178 -182.
Asamblea Constituyente (Ecuador). Constitución del Ecuador, (septiembre
2008). En . (Visitado el 3 de enero de 2011).
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
(2007). Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. En (Visitado el 16 de enero de 2011).
Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU (Ecuador). Derechos
de las mujeres en la nueva Constitución, (julio 2008). En
.
(Visitado el 3 de enero de 2011).
CONAMU (2006). Encuesta del uso del tiempo en Ecuador 2005.
Serie Información estratégica II. Quito: CONAMU.
Congreso Nacional (Ecuador) (2003). Código Orgánico de niñez y
adolescencia.
Congreso Nacional (Ecuador) (1995). Ley contra la violencia a la
mujer y la familia.
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia - CNNA (Ecuador)
(2009). Tabla de pensiones alimenticias mínimas.
(Visitado el 15 de diciembre de 2010).
47
CNNA (2004). Plan Nacional decenal de protección integral a la niñez
y adolescencia. Ecuador: Secretaría Técnica del Frente Social.
Constitución de la República del Ecuador (2008).
Ecuador Inmediato (2 de junio de 2009). “Consejo de la Judicatura
implementa 40 juzgados de la niñez y adolescencia”. En
(Visitado el 2 de
marzo de 2010).
Facio, Alda (1992). Cuando el género suena cambios trae. Una metodología
para el análisis de género del fenómeno legal. San José: ILA-
NUD.
Fraser, Nancy (1997). Cap.1: “De la redistribución al reconocimiento.
Dilemas en torno a la justicia en una época postcolonialista”.
En Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición
postcolonialista, pp. 17-54. Santa Fé de Bogota: Siglo de Hombres
Editores.
Gobierno Nacional de la República del Ecuador. “Convivir
sin violencia”, s.f. Ecuador: “Plan Nacional para la erradicación
de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y
mujeres”.
Goetz, (2007). “Justicia de género, ciudadanía y derechos. Conceptos
fundamentales, debates centrales y nuevas direcciones para
la investigación”. En Justicia de género, ciudadanía y desarrollo, ed.
Maitrayee Mukhopadhya y Navsharan Singh, 13-46. Nueva Delhi:
MAYOL ediciones. En (Visitado el 10 de diciembre de 2010).
Krauskopf, Dina (1998). Participación social y desarrollo en la
adolescencia. Ponencia presentada en Conferencia La Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia: Un nuevo paradigma.
Panamá. 1998 y en el Primer Encuentro lnter-institucional para
la Promoción de la Participación Adolescente como Estrategia
para promover el Desarrollo Humano. San José, Costa Rica,
1998.En (Visitado el 5 de enero de 2011).
Lagarde, Marcela (1996) “Identidad de género y derechos humanos.
La construcción de las humanas”. En Estudios básicos de Derechos
Humanos. Tomo IV. IIDH, San José, Costa Rica. Pp.
85-125.

Ley Reformatoria al título V, libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia (Ecuador), 2008.
Mukhopadhyay, Maitrayee (2007). “Justicia de género, ciudadanía
y desarrollo. Una introducción”. En Justicia de género, ciudadanía
y desarrollo, ed. Maitrayee Mukhopadhya y Navsharan Singh, 1-
12. Nueva Delhi: MAYOL ediciones. En (Visitado el 10 de diciembre de 2010).
Organización de las Naciones Unidas (ONU) - Fondo de Naciones
Unidas para la infancia (UNICEF) (1989). Convención de los
Derechos del Niño.
Organización de las Naciones Unidas - ONU (1948). Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1979). Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer- CEDAW.
Organización de los Estados Americanos (OEA) (2008). Primer
informe hemisférico del Comité de Expertas (CEVI) del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará
(MESECVI).
Organización de los Estados Americanos (OEA) (1994). Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer -Convención Belém do Pará-.
Organización, Ciencias Sociales y Humanas (s/f). Más sobre la
naturaleza y el estatus de los instrumentos legales y programas.En
(Visitado el 15 de febrero de
2011).
Pateman, Carol (1988). El contrato sexual. Hacer un contrato, capítulo
1, Confusiones patriarcales, capítulo 2, Feminismo y contrato matrimonial,
capítulo 6. México: Anthropos-UNAM.
Patronato Nacional de la lnfancia/UNICEF (1990). Convención
sobre los Derechos del Niño. San José, Costa Rica.
Secretaria Nacional de Planificación- SENPLADES (Ecuador)
(2009). Plan Nacional para el Buen vivir, 2009-2013. Construyendo
un Estado Plurinacional e Intercultural. Versión Resumida.
48
Scott, Joan (1996). El género: Una categoría útil para el análisis
histórico. En: Lamas Marta Compiladora. El género: la construcción
cultural de la diferencia sexual. PUEG, México. 265-302p.
Suárez, Mireya (2004). Provocando la reflexión sobre el discurso “violencia
contra la mujer”. Brasilia: UNIFEM.
Torres, Andreina (2006). “Justicia condicionada: pobreza y género
en espacios de encuentro entre mujeres y justicia”. Concurso de
becas CLACSO-CROP. Quito.

9. ANEXOS
Anexo 1
INSTRUMENTOS DE DERECHO Y POLÍTICA
PÚBLICA EN ECUADOR
Los siguientes artículos responden a los argumentos
dentro de los cuales se enmarca la exigencia
del derecho de pensión de alimentos de niños, niñas
y adolescentes del Ecuador.
Ecuador: la Carta Magna, el Código y la Ley
Carta Magna
Los artículos de la Constitución del Ecuador de
2008, dentro de los cuales se enmarca este derecho
de pensión de alimentos, son los siguientes:
Art. 44. - El Estado, la sociedad y la familia promoverán
de forma prioritaria el desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre
los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho
a su desarrollo integral, entendido como proceso de
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto
y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones,
en un entorno familiar, escolar, social y comunitario
de afectividad y seguridad.
49
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades
sociales, afectivo-emocionales y culturales,
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales
y locales.
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán
de los derechos comunes del ser humano, además de
los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará
la vida, incluido el cuidado y protección
desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre
y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación
y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia
familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto
de su libertad y dignidad; a ser consultados en los
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria
en su idioma y en los contextos culturales propios
de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información
acerca de sus progenitores o familiares ausentes,
salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y
asociación, el funcionamiento libre de los consejos
estudiantiles y demás formas asociativas.
Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas
integrantes de la familia:
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables;
la madre y el padre estarán obligados al
cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo
integral y protección de los derechos de sus hijas e
hijos, en particular cuando se encuentren separados
de ellos por cualquier motivo.
5. El Estado promoverá la corresponsabilidad
materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los
deberes y derechos recíprocos entre madres, padres,
hijas e hijos.
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley:

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas
e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y
padres en igual proporción, y corresponderá también
a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.
El Código especializado
Los artículos del Código Orgánico de Niñez y
Adolescencia que protegen el derecho de las niñas,
niños y adolescentes del Ecuador en materia de alimentos
son:
Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.
Es obligación del Estado, la sociedad y la familia
asegurar por todos los medios a su alcance, su
supervivencia y desarrollo.
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a una vida
digna, que les permita disfrutar de las condiciones
socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.
Otras leyes
Dentro de los innumerados de la Ley reformatoria
al Título V, Libro Segundo Código Orgánico de
Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 del 28 de julio
del 2009) encontramos los siguientes artículos:
Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho
a alimentos es connatural a la relación parento-filial
y está relacionada con el derecho a la vida, la supervivencia
y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar
los recursos necesarios para la satisfacción
de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:
1. Alimentación nutritiva
2. Salud integral: prevención, atención médica
y provisión de medicinas;
50
3. Educación;
4. Cuidado;
5. Vestuario adecuado;
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios
básicos;
7. Transporte;
8. Cultura, recreación y deporte; y,
9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho
habiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.
Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.-
Tienen derecho a reclamar alimentos:
1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los
emancipados voluntariamente que tengan ingresos
propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de
éste derecho de conformidad con la presente norma;
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años
que demuestren que se encuentran cursando estudios
en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte
dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos
propios y suficientes; y,
3. Las personas de cualquier edad, que padezcan
de una discapacidad o sus circunstancias físicas o
mentales que les impidan o dificulte procurarse los
medios para subsistir por sí mismas, conforme conste
del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional
de Discapacidades CONADIS, o de la institución
de salud que hubiere conocido del caso que para
el efecto deberá presentarse.
Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.-
Los padres son los titulares principales de la
obligación alimentaria, aún en los casos de limitación,
suspensión o privación de la patria potestad.
En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia
de recursos o discapacidad de los obligados
principales, debidamente comprobado por quien
lo alega, la autoridad competente ordenará que la
prestación de alimentos sea pagada o completada
por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios,
en atención a su capacidad económica y siem-

pre y cuando no se encuentren discapacitados, en
su orden:
1. Los abuelos/as;
2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21
años y no estén comprendidos en los casos de los numerados
dos y tres del artículo anterior; y,
3. Los tíos/ tías.
La autoridad competente, en base al orden previsto
en los numerales precedentes, en los grados de
parentesco señalados, de modo simultáneo y con base
en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos
parientes proveerán la pensión o asumirla en su
totalidad, según el caso.
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán
ejercer la acción de repetición de lo pagado contra
el padre y/o la madre.
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar
el derecho de los alimentos de los niños,
niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres
que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas
las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo
de la pensión.
La autoridad central actuará con diligencia para
asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia.
Art. 15.- Innumerado 15.- Parámetros para
la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias
Mínimas.- El Consejo Nacional de la Niñez
y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias
Mínimas en base a los siguientes parámetros:
a) Las necesidades básicas por edad del alimentado
en los términos de la presente Ley;
b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes,
apreciados en relación con sus ingresos ordinarios
y extraordinarios, gastos propios de sus modos de
vida y de sus dependientes directos;
c) Estructura, distribución del gasto familiar e
ingresos de los alimentantes y derecho habientes; y,
d) Inflación.
51
El juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor
menor al determinado en la Tabla de Pensiones Alimenticias
Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión
mayor a la establecida, dependiendo del mérito
de las pruebas presentadas en el proceso.
Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente
indexadas dentro de los quince primeros
días del mes de enero de cada año, considerando
además el índice de inflación publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el
mes de diciembre del año inmediato anterior y en el
mismo porcentaje en que se aumente la remuneración
básica unificada del trabajador en general.
En los casos en que los ingresos del padre y la
madre no existieren o fueren insuficientes para satisfacer
las necesidades del derechohabiente, el juez/a a
petición de parte, dispondrá a los demás obligados,
el pago de una parte o de la totalidad del monto fijado,
quienes podrán ejercer la acción de repetición
de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente
obligados al cumplimiento de esta prestación.
Art. 16.- Innumerado 16.- Subsidios y otros beneficiarios
legales.- Además de la prestación de alimentos,
el alimentado tiene derecho a percibir de su
padre y/o madre, los siguientes beneficiarios adicionales:
1.- Los subsidios legales o convencionales por
carga familiar que reciba el demandado;
2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que
se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de
cada año para las provincias del régimen educativo
de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para
las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos.
El pago de las pensiones adicionales se realizará
aunque el demandado no trabaje bajo relación
de dependencia; y,
3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas
por el prestador de alimentos por cargas familiares,
que deberá prorraterase entre todos quienes
tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga
derecho a dichas utilidades.

Contexto Internacional: Instrumentos legales en los
que se sustentan los Derechos Humanos y de la Niñez
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Dentro de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos encontramos los siguientes artículos
que pueden justificar el derecho de pensión de alimentos
de niñas, niños y adolescentes.
Art.25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social.
Convención de Derechos del Niño-UNICEF
Sobre la Convención de Derechos del Niño-
UNICEF podemos justificar por medio de los siguientes
artículos:
Art. 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del
niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones
nacionales y con arreglo a sus medios, adopta-
52
rán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a
otras personas responsables por el niño a dar efectividad
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario
y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia
por parte de los padres u otras personas que
tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el
extranjero. En particular, cuando la persona que
tenga la responsabilidad financiera por el niño resida
en un Estado diferente de aquel en que resida el niño,
los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos
convenios, así como la concertación de cualesquiera
otros arreglos apropiados.
Art. 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación
del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el máximo
de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus
padres, de su propia identidad cultural, de su idioma
y sus valores, de los valores nacionales del país en que
vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones
distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y
religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar
al niño el respeto del medio ambiente natural.
Art. 30.- En los Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a

tales minorías o que sea indígena el derecho que le
corresponde, en común con los demás miembros de
su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión, o a emplear su propio
idioma.
Art. 31.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño al descanso y el esparcimiento, al juego
y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán
el derecho del niño a participar plenamente en la vida
cultural
Política Pública donde se enmarca el derecho de
niños, niñas y adolescentes a la pensión de alimentos
Plan del Buen Vivir
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y
la integración social y territorial en la diversidad.
1.2. h. Promover la corresponsabilidad pública,
familiar y comunitaria en el cuidado de niñas, niños,
adolescentes y personas dependientes.
1.10. a. Ampliar la educación familiar, comunitaria
y formal para garantizar condiciones adecuadas
de protección, cuidado y buen trato, en particular en
las etapas de formación prenatal, parto y lactancia.
d. Fomentar acciones integrales de prevención
del trabajo infantil, de la participación de niños y
niñas menores en actividades de delincuencia, del
maltrato familiar y sus otras formas y de la falta de acceso
a educación, fortaleciendo las defensorías comunitarias
y la rehabilitación familiar.
53

Anexo 2
PROCESO DE UNA DEMANDA DE ALIMENTOS 1
Tiempo Legal
(Término)
2 días
Art. 35
10 días
Art. 35
3 días
Art. 40
Tiempo Legal
(Término)
2 días Recepción
Art. 35
CALIFICACION
DE LA DEMANDA
10 días
Art. 35
3 días
Art. 40
10 días (desde la recepción)
Art. 41
10 días (desde la recepción)
Art. 41
PRESENTACIÓN
DE LA DEMANDA
Art. 35.-
Fija pensión provisional.
Dispondrá la citación (boleta única)
Evacúa las pruebas.
Ordena medidas cautelares
CITACIÓN
AUDIENCIA UNICA
Juez fija la pensión definitiva
Art. 37.- Si no se ha practicado
el examen de ADN, se suspende por
de 20 días.
Art. 38.- Se puede diferir por 3 días.
Art. 37.- Si no comparecen
las partes la pensión provisional
se convierte en definitiva.
RECURSO DE APELACIÓN
(Corte Provincial de Justicia)
RESOLUCIÓN
Recepción de la resolución
en el Juzgado
PETICION DE LIQUIDACIÓN
2 meses de no pago de la pensión
Art. 22.
Juez solicita la certificación de la cantidad
que se pagará (Oficina de Liquidaciones).
Oficina de Liquidaciones, emite informe
CORRE TRASLADO
48 horas para alegar, pago o acordar
formas de pago.
En caso de NO PAGO, el defensor
solicita el apremio.
APREMIO
30 días: 1a.vez
60 días: reincidencia
90 días: 3a. vez
180 días: 4a. vez
De no estar completa
la demanda el juez solicita
al abogado
la complete en 3 días.
Envío del expediente del juzgado a la Corte
5 días Art. 40.
Envío del expediente del juzgado a la Corte
3 días Art. 41.
1 Agradecemos al Ing. Giovani Veintimilla Director de Gestión de la Fiscalía de Pichincha quien amablemente nos facilitó esta información junto a otros datos.
54

Anexo 3
ESQUEMA SOBRE LA FUNCIÓN JUDICIAL 2
FUNCIÓN
EJECUTIVA
Órgano
de Control
Administrativo
Consejo
de la Judicatura
(Controla a todos los otros
órganos)
FUNCIÓN
LEGISLATIVA
Órganos
Jurisdiccionales
Corte
Nacional
Cortes Provinciales
Tribunales
(Penal,
Contencioso
y Administrativo)
Justicia Indígena
ESTADO
FUNCIÓN JUDICIAL
FUNCIÓN
ELECTORAL
Órganos Autónomos
Fiscalía
Defensoría
del Pueblo
Juzgados:
*Jueces Ordinarios (Ej. Juez de lo Civil).
*Jueces Especiales (Ej. Juez familia, niñez y adolescencia).
FUNCIÓN
CONTROL SOCIAL
Órganos
Auxiliares
Notarías
Defensorías
2 Esquema basado en la charla realizada por la Dra. Mariana Yépez para el taller metodológico de la presente investigación, y elaborado por la Asesora Metodológica
Kattya Hernández (Febrero, 2011).
55

Anexo 4
PERFIL DE LAS MUJERES CONSULTADAS
A continuación se presentan tablas de frecuencias
y gráficos con información socio-demográfica de
las mujeres usuarias que participaron en el presente
estudio. La información que se presenta es sobre su
estado civil, edad, número de hijos, número de hijos
hombres, número de hijas mujeres, ciudad, provincia,
nivel de escolaridad, identificación étnica cultural,
condición de actividad y tipo de trabajo.
Gráfico N°2
Estado civil
16%
3%
Tabla N° 3
13%
9%
Mujeres entrevistadas por ciudad
3%
Soltera
Casada
Separada
Divorciada
Unión Libre
Viuda
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,
2011. ELABORACIÓN PROPIA.
Ciudad Número Porcentaje
Ibarra 8 25,0
Cuenca 8 25,0
Portoviejo 8 25,0
Quito 8 25,0
Total 32 100,0
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,
2011. ELABORACIÓN PROPIA.
56%
56%
56
Gráfico N°3
Rango de edad (años)
16%
9%
3%
3%
31%
38%
19-25
26-33
34-40
41-47
48-54
55-59
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,
2011. ELABORACIÓN PROPIA.
Gráfico N°4
Número de hijos
19%
31%
10%
3%
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,
2011. ELABORACIÓN PROPIA.
3%
34%
0
1
2
3
4
7

Gráfico N°5
Nivel de escolaridad
7%
7%
Tabla N° 4
7%
Tipo de trabajo
22%
11%
Número de Mujeres Porcentaje % Porcentaje Acumulado
Ama de casa 1 3,1 3,1
Empleada pública 1 3,1 6,3
Vendedora 3 9,4 15,6
Trabajadoras del hogar 1 3,1 18,8
Estudiante 4 12,5 31,3
Trabajo profesional independiente 1 3,1 34,4
Costura 1 3,1 37,5
Ayudante de cocina 1 3,1 40,6
Cajera 1 3,1 43,8
Secretaria 1 3,1 46,9
Madre comunitaria 1 3,1 50,0
Otros 16 50,0 100,0
Total 32 100,0
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011.
ELABORACIÓN PROPIA.
32%
14%
Educación básica completa
Educación general básica incompleta
Bachillerato completo
Bachillerato incompleto
Universidad incompleta
Sin escolaridad
Estudiante universitaria
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011. ELABORACIÓN PROPIA.
57

Gráfico N°6
Etnicidad
7%
10%
3%
6%
74%
32%
Mestiza
Blanca
Montubia
Mulata
Indígena
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,
2011. ELABORACIÓN PROPIA.
Gráfico N°7
¿A qué se dedica?
69%
58
9%
22%
Trabajo doméstico no remunerado
Trabajo remunerado
Desocupada
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011. ELABO-
RACIÓN PROPIA.

Anexo 5
FICHAS SOBRE CAUSAS DE PENSIÓN DE ALI-
MENTOS EN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA DE ECUADOR
Perfil causas/demandantes
Provincia Ciudad
Provincia Ciudad
Nº de
juzgado Tipo de causa
Nº de
causa
Fecha de
ingreso
Fecha de
egreso Sexo Edad Estado civil
Movimiento de causas
acumulado al
Ubicación Juzgado al año…. 1 2 3 4 total 1 2 3 4 total año….
(deberá crearse una por cada materia; juicio de alimentos, permiso de salida, patria potestad,
tenencia, otras)
TOTAL
59
Nivel
socioeconómico Escolaridad
Autoidentificación
étnico-cultural
Nº de
juzgado
Pendiente
Tipo de causa
acumulado
Nº de
causa
Ingresadas
Fecha de
ingreso
trimestres
Fecha de
egreso
Resueltas
Sexo Edad Estado civil
trimestres
Saldo
Saldo juzgado estadístico
Nivel
Autoidentificación
acumulado al
socioeconómico Escolaridad étnico-cultural
pendiente año… Diferencia
Pendiente Ingresadas Resueltas Saldo juzgado
acumulado trimestres trimestres pendiente
acumulado al
Ubicación Juzgado al año…. 1 2 3 4 total 1 2 3 4 total año….
TOTAL
Saldo
estadístico
acumulado al
año… Diferencia