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La experiencia de las mujeres<br />
en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia<br />
del Ecuador<br />
Quito, 2011<br />
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS; PROJUSTICIA;<br />
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES; ACUERDO POR UNA NUEVA JUSTICIA; CEPLAES
La experiencia de las mujeres<br />
en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia<br />
del Ecuador<br />
Quito, 2011
Eco. Rafael Correa Delgado<br />
Presidente de la República del Ecuador<br />
Dra. Johana Pesántez<br />
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos<br />
Ing. Katty Pazmiño<br />
Directora Ejecutiva de ProJusticia<br />
Dirección Técnica de ProJusticia<br />
INVESTIGACION A CARGO DE:<br />
Observatorio de los Derechos de las Mujeres<br />
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:<br />
Leandra Macías (Investigadora principal)<br />
Katya Hernández (Asesora)<br />
Elena Mora (Asistente de investigación)<br />
4
ÍNDICE<br />
PRESENTACIÓN<br />
INTRODUCCIÓN<br />
1. DEBATES EN TORNO AL ACCESO A JUSTICIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y<br />
MUJERES: CONCEPTOS FUNDAMENTALES<br />
Enfoque de género e interseccionalidad<br />
El enfoque de derechos de los “otros humanos”<br />
La justicia de género<br />
La problemática de la distribución/reconocimiento y sus efectos en la justicia<br />
2. CONTEXTO POLÍTICO, NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD: FUNDAMENTOS DE DERE-<br />
CHO PARA LA EXIGENCIA DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE ALIMENTOS Y LA POLÍTICA<br />
PÚBLICA<br />
Marco legal ecuatoriano: la Carta Magna, el Código y la Ley<br />
Marco jurídico internacional: instrumentos legales en los que se sustentan los Derechos Humanos y de la<br />
Niñez<br />
Política Pública donde se enmarca el derecho de niños, niñas y adolescentes a la pensión de alimentos<br />
Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador<br />
3. LAS EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES EN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCEN-<br />
CIA<br />
Las experiencias durante la demanda: la compleja ruta de demandar<br />
Percepciones sobre el acceso a justicia y el derecho de pensión de alimentos<br />
4. LÍNEA DE BASE CUALITATIVA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES ACERCA DE LOS<br />
JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL DERECHO A LA PENSIÓN DE ALIMENTOS<br />
Nudos críticos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia desde la experiencia de las mujeres<br />
Principales fortalezas identificadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia<br />
5. PROPUESTA DE CREACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JU-<br />
DICIALES POR PENSIÓN DE ALIMENTOS<br />
Objetivo de un sistema de indicadores<br />
Creación de la ficha informativa y de base de datos<br />
Construcción de indicadores<br />
Otros resultados posibles del análisis<br />
6. A MODO DE CONCLUSIÓN<br />
Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia<br />
Justicia a “medias”: experiencias de las mujeres en demandas de pensión de alimentos<br />
7. RECOMENDACIONES<br />
8. BIBLIOGRAFÍA<br />
9. ANEXOS<br />
Instrumentos de derecho y política pública en el Ecuador<br />
Proceso de una demanda de alimentos (Diagrama)<br />
Esquema sobre la Función Judicial<br />
Perfil de las mujeres consultadas<br />
Fichas sobre causas de pensión de alimentos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador<br />
5<br />
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59
PRESENTACIÓN<br />
En el marco actual de la modernización del estado<br />
ecuatoriano, es urgente dar respuesta a la vulneración<br />
de los derechos de los niños y niñas ocasionada por el<br />
represamiento de las causas en materia de alimentos en<br />
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.<br />
Las mujeres-madres son las que tutelan el derecho<br />
a la pensión de alimentos de sus hijos e hijas, ya que<br />
son ellas las que luego de una separación o divorcio se<br />
hacen cargo de su cuidado. El problema es que muchas<br />
de ellas no reciben esta pensión, o si lo hacen, es por<br />
montos insuficientes para la subsistencia y para ofrecer<br />
condiciones de vida adecuadas a sus hijos e hijas.<br />
Además, al entablar una demanda ante las instancias<br />
judiciales se encuentran con una serie de dificultades<br />
derivadas de una estructura organizacional que<br />
obstaculiza el ejercicio de este derecho, el más grave<br />
tiene que ver con los largos tiempos de espera, producto<br />
del represamiento de causas existentes.<br />
Para dar respuesta a esta grave situación, el 2 de<br />
junio del 2009 el Consejo de la Judicatura anunció la<br />
creación de 40 Juzgados de la Niñez y Adolescencia en<br />
el Ecuador, de los cuales 20 ya habían entrado en funcionamiento<br />
en esa fecha para atender el represamiento<br />
de las causas que reclamaban el pago de pensiones alimenticias,<br />
que al año 2008 habían llegado al 50 % del<br />
total de las demandas presentadas. (Consejo Nacional<br />
de la Niñez y Adolescencia, CNNA, 2009).<br />
En el mismo año, la Asamblea Nacional aprobó<br />
la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia<br />
en el tema de pensión de alimentos, mediante la cual<br />
7<br />
el CNNA estableció la Tabla de Pensiones Alimenticias<br />
Mínimas, con el fin de asegurar que se cubran las necesidades<br />
básicas de los niños y niñas de a cuerdo con la<br />
realidad y los estándares de vida de los hogares a los que<br />
pertenecen. Uno de los avances introducidos a través<br />
de esta medida es que una vez presentada la demanda<br />
se instituyan pensiones de alimentos de carácter provisional.<br />
La dificultad radica en que existen muchos casos<br />
en que esta pensión queda fijada de manera permanente,<br />
lo que ha empobrecido a las familias y exige más<br />
esfuerzos a las mujeres que asumen el cuidado de su<br />
prole.<br />
En vista de esta compleja situación en el acceso de<br />
niños, niñas y adolescentes a exigir su derecho a la pensión<br />
de alimentos, ProJusticia y el Observatorio de los<br />
Derechos de las Mujeres, han asumido el desafío de realizar<br />
el presente estudio sustentado en la necesidad de<br />
identificar los nudos críticos de los servicios prestados<br />
por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia; y conocer<br />
si estos juzgados (JNA) están siendo o no una respuesta<br />
que garantiza el acceso a la justicia y al derecho a la pensión<br />
de alimentos.<br />
Además, se busca dar una solución a la escasa información<br />
con respecto a la percepción sobre el acceso<br />
a este derecho por parte de las mujeres, quienes son las<br />
principales usuarias del sistema, que limita las posibilidades<br />
técnicas y políticas para que las autoridades puedan<br />
tomar las medidas correctivas del caso.<br />
El acceso, el goce y el disfrute del derecho a la pensión<br />
de alimentos, al igual que muchos otros derechos<br />
de las mujeres y de sus hijos, están amparados. Por ello,<br />
estudios como el que se presenta son prioritarios en el<br />
esfuerzo estatal para garantizar una justicia efectiva,<br />
sobre todo cuando hablamos de grupos de atención<br />
prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes.<br />
Projusticia<br />
Observatorio de los Derechos de las Mujeres<br />
Quito, Enero 2011
INTRODUCCIÓN<br />
Esta investigación buscó conocer las percepciones<br />
y experiencias de las mujeres que ha interpuesto<br />
una demanda por alimentos, y aportar a la construcción<br />
de una línea de base cualitativa sobre el servicio<br />
que brindan los Juzgados de la Niñez y<br />
Adolescencia en materia del derecho a la pensión<br />
de alimentos de niños, niñas y adolescentes del<br />
Ecuador. El estudio se llevó a cabo en las ciudades<br />
de Ibarra, Portoviejo, Cuenca y Quito con la participación<br />
de mujeres que han acudido a estas instancias<br />
de administración de justicia para interponer<br />
una demanda de alimentos.<br />
El objetivo general que guió la investigación fue:<br />
Conocer los principales nudos críticos y fortalezas<br />
en el acceso a la justicia en relación con el derecho<br />
a la pensión de alimentos de niños, niñas y adolescentes<br />
del Ecuador, desde la experiencia de las mujeres -<br />
como tutelares de este derecho- que acuden a los<br />
Juzgados de la Niñez y Adolescencia.<br />
Los objetivos específicos fueron los siguientes:<br />
a) Conocer qué entienden las mujeres por derecho<br />
a la pensión de alimentos con relación a<br />
su ejercicio en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.<br />
b) Analizar la percepción de las mujeres sobre los<br />
procedimientos que deben llevar a cabo para<br />
ejercer el derecho a la pensión de alimentos en<br />
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.<br />
8<br />
c) Identificar las fortalezas y debilidades de los Juzgados<br />
de la Niñez y Adolescencia, en el tema de<br />
pensión de alimentos.<br />
e) Conocer cómo han visto modificadas sus percepciones<br />
las mujeres cuando conocen sobre el derecho<br />
a la pensión de alimentos.<br />
f) Contribuir con recomendaciones para mejorar<br />
el servicio de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia,<br />
a fin de garantizar el acceso a la justicia<br />
por parte de las mujeres, como tutelares del derecho<br />
de la pensión de alimentos de sus hijos e<br />
hijas.<br />
La metodología empleada en esta investigación<br />
fue de carácter exploratoria, descriptiva e interpretativa,<br />
con diseño de estudio de caso con enfoque<br />
cualitativo. La muestra estuvo integrada por 50 mujeres<br />
de las ciudades de Ibarra, Cuenca, Portoviejo<br />
y Quito y que obtuvieron una resolución o se encontraban<br />
en proceso de acceder a la pensión de<br />
alimentos.<br />
La muestra fue de tipo no probabilística intencionada,<br />
donde el fin fue profundizar, enriquecer y<br />
por cierto, mantener la calidad de la información. Se<br />
estableció una serie de criterios cualitativos en la selección<br />
de la muestra 1 . Procurando dar cuenta de la<br />
diversidad de mujeres, la composición del grupo de<br />
entrevistadas fue heterogéneo en cuanto a aspectos<br />
socio-culturales y rangos etarios. Asimismo, se consideró<br />
como criterio el que pertenecieran a distintos estratos<br />
socioeconómicos. Sin embargo, la investigación<br />
mostró como tendencia que quienes más recurren a<br />
estas instancias para exigir este derecho son las mujeres<br />
de sectores populares, quienes por tener limitados<br />
recursos económicos y bajos niveles educativos, ven<br />
condicionado su acceso a la justicia.<br />
1 Los criterios de inclusión de la muestra fueron los siguientes; debían ser<br />
mujeres usuarias de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, tener<br />
hijas/os, encontrarse en diferentes etapas del proceso de demanda de pensión<br />
de alimentos, pertenecer a diferentes sectores socio-económicos, tener<br />
edades diversas, pertenecer a sectores urbanos.
Además de consultar a las mujeres, también se<br />
entrevistó a informantes clave quiénes aportaron con<br />
criterios a partir de su experiencia en este campo. También<br />
se levantó información estadística con el fin de<br />
complementar los datos. Las técnicas de recolección<br />
de información, fueron entrevistas semi-estructuradas,<br />
cuestionario y observación.<br />
Es importante señalar que la presente investigación<br />
se adhirió a los principios básicos de la investigación<br />
ética; el anonimato, la confidencialidad y el<br />
compromiso de compartir los resultados con la comunidad.<br />
Con ese objetivo se elaboró una pequeña publicación<br />
con los principales resultados de la<br />
investigación (Boletín Alerta Nº 15 del Observatorio),<br />
la misma que fue distribuida en las ciudades donde<br />
se realizó el estudio y en los lugares donde funcionan<br />
los puntos focales del Observatorio de los Derechos<br />
de las Mujeres 2 .<br />
Por último, es importante mencionar que las<br />
dificultades del estudio tuvieron que ver principalmente<br />
con la escasa información que existe sobre el<br />
tema, donde la ausencia de bases de datos estadísticos<br />
imposibilita la aplicación de los indicadores propuestos<br />
por la ausencia de una línea de base cuantitativa<br />
con la cual realizar proyecciones.<br />
Asimismo, queremos mencionar las posibilidades<br />
que generan los resultados del presente estudio, en<br />
tanto entrega información clave y recomienda medidas<br />
que no son de compleja aplicación y pueden<br />
aportar a:<br />
El diseño de políticas públicas para mejorar el<br />
acceso a la justicia de género por parte de las mujeres<br />
que acuden al sistema judicial en materia de<br />
pensión de alimentos –de la cual son tutelares–, específicamente<br />
a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia;<br />
y,<br />
El seguimiento y monitoreo de procesos y resoluciones<br />
judiciales sobre acceso al derecho de pensión<br />
2Además de en Ibarra, Cuenca, Portoviejo y Quito, el Observatorio tiene<br />
puntos focales en Esmeraldas y en Loja.<br />
9<br />
de alimentos de niños, niñas y adolescentes, proponiendo<br />
la creación de índices de evolución en procesos<br />
judiciales de las causas en esta materia.<br />
La organización del informe de la investigación<br />
tiene 8 partes, a saber:<br />
1. Partimos con un breve debate teórico en el que<br />
se sustenta el análisis: el enfoque de género e interseccionalidad,<br />
el enfoque de derechos de los<br />
“otros humanos”, la justicia de género y la problemática<br />
de la distribución/reconocimiento y<br />
sus efectos en la justicia.<br />
2. El texto continúa con una contextualización política,<br />
normativa e institucional. Incluye un breve<br />
análisis del contexto nacional, internacional, de<br />
las políticas públicas y los Juzgados de la Niñez y<br />
Adolescencia en Ecuador.<br />
3. De aquí en adelante el texto sistematiza las experiencias<br />
de las mujeres antes de poner la demanda<br />
en los Juzgados de la Niñez y la<br />
Adolescencia y durante el proceso, y sus percepciones<br />
sobre el acceso a justicia y el derecho de<br />
pensión de alimentos.<br />
4. Se presenta la Línea de Base Cualitativa sobre la<br />
percepción de las mujeres acerca del servicio que<br />
brindan los Juzgados de la Niñez y Adolescencia<br />
en cuanto al derecho a la pensión de alimentos<br />
en el Ecuador, señalado los principales nudos críticos<br />
y fortalezas.<br />
5. Se propone la creación de índices de evolución<br />
en procesos judiciales de las causas de pensiones<br />
de alimentos.<br />
6. Se realizan conclusiones a partir del análisis<br />
sobre los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, y<br />
luego sobre el concepto de justicia a medias,<br />
desde las experiencias de las “usuarias”.<br />
7. Finalmente, se realizan recomendaciones.<br />
8. Corresponde a Anexos.
1. DEBATES<br />
EN TORNO AL ACCESO<br />
A JUSTICIA<br />
DE LAS NIÑAS,<br />
NIÑOS, ADOLESCENTES<br />
Y MUJERES:<br />
CONCEPTOS<br />
FUNDAMENTALES<br />
Enfoque de género<br />
e interseccionalidad<br />
La presente investigación tiene como ejes transversales<br />
y fundamentales el enfoque de género y el de<br />
derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes,<br />
consagrados en la Constitución del Ecuador,<br />
en el Plan Nacional del Buen Vivir, en la legislación,<br />
como también en planes y proyectos nacionales.<br />
El enfoque de género permite desarrollar una visión<br />
explicativa y alternativa de lo que acontece en el<br />
orden de los géneros. Permite enfocar, analizar y comprender<br />
las características que definen a mujeres y<br />
hombres de manera específica, así como sus semejanzas<br />
y sus diferencias constituidas socialmente en razón<br />
de su sexo. Desde esa perspectiva, se analizan las posibilidades<br />
vitales de unas y otros, el sentido de sus<br />
vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas<br />
y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos<br />
géneros; también los conflictos institucionales y cotidianos<br />
que deben encarar, y las múltiples maneras en<br />
que lo hacen. Es decir, permite contabilizar los recur-<br />
10<br />
sos y la capacidad de acción de mujeres y hombres<br />
para enfrentar las dificultades de la vida y realizar sus<br />
propósitos.<br />
El problema se presenta por la desigualdad existente<br />
entre mujeres y hombres, en todos los planos de<br />
la vida social –tanto “públicos” como “privados”– y<br />
que se funda principalmente en una lucha de poderes<br />
que ha excluido históricamente a las mujeres del espacio<br />
de las “decisiones”.<br />
Desde tiempos inmemoriales, los hombres,<br />
desde sus distintas esferas de poder, como legisladores,<br />
sacerdotes, intelectuales, han tratado de demostrar<br />
la condición subordinada de la mujer, en<br />
beneficio propio. Esta asimetría entre los géneros y,<br />
por tanto, en los poderes que cada uno goza, ha resultado<br />
en una dominación masculina que se funda<br />
en el patriarcado y que ha sometido históricamente<br />
a las mujeres.<br />
Por patriarcado entendemos, a la “ideología y estructuras<br />
institucionales que mantienen la opresión<br />
sobre las mujeres. Es un sistema que se origina en la<br />
familia dominada por el padre, estructura reproducida<br />
en todo el orden social y mantenida por el conjunto<br />
de instituciones de la sociedad política y civil” (Facio,<br />
1992: 28). En consecuencia, la redistribución del<br />
poder no es una lucha simple, sobre todo si hay tantos<br />
privilegios que perder.<br />
Estos poderes conferidos de diferentes maneras,<br />
se han fundado en un complejo sistema social que ha<br />
privilegiado ciertas características masculinas por<br />
sobre las femeninas. Tanto unas como otras son determinadas<br />
socialmente, a partir de las diferencias biológicas<br />
que se han constituido en el sustento de las<br />
desigualdades entre mujeres y hombres.<br />
Los estudios feministas de los años setenta<br />
crearon la categoría sistema sexo-género con el fin de<br />
develar los perversos efectos del enfoque biologicista<br />
que determinaba –y aún determina– a las mujeres a<br />
“ser” de determinada manera y a los hombres de otra.<br />
O sea, a cada sexo se le ha conferido históricamente<br />
unos “modos” sociales específicos, que constituyen el<br />
género femenino y el masculino.
Para Scott, “el género es un elemento constitutivo<br />
de las relaciones sociales basadas en las diferencias<br />
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria<br />
de relaciones significantes de poder (…) es el<br />
campo primario dentro del cual o por medio del cual<br />
se articula el poder.” (1996: 23-26)<br />
Así el género, a partir de su teorización y categorización,<br />
nos permite develar que mujeres y hombres<br />
se construyen social y culturalmente en relaciones que,<br />
por mucho tiempo, centraron su análisis entre lo productivo/reproductivo,<br />
en la dicotomía público/privado<br />
y que inevitablemente se ha visto cruzado por<br />
otras categorías de análisis, y que, por supuesto, tiene<br />
contextos históricos específicos.<br />
Sin embargo, y sin desconocer los aportes del enfoque<br />
del género tanto para las mujeres como para las<br />
diversidades/identidades sexuales, hay que tener presente<br />
las limitaciones que ha tenido en la práctica, producto<br />
de su mera instrumentalización y uso práctico.<br />
Tras una década de la inclusión de la perspectiva de<br />
género, al parecer se ha “desdibujado el enfoque distintivo<br />
para transformar las relaciones de poder desiguales<br />
entre hombres y mujeres, desarrollado por los<br />
movimientos nacionales e internacionales de mujeres”<br />
(Mukhopadhyay, 2007: 6).<br />
Teniendo presente lo señalado, para esta investigación<br />
las interrogantes sustantivas que se plantean<br />
desde el enfoque de géneros son:<br />
- ¿En qué medida la organización patriarcal del<br />
mundo, y las condiciones femenina y masculina<br />
que genera, facilitan e impiden a las mujeres y a<br />
los hombres satisfacer sus necesidades vitales, realizar<br />
sus aspiraciones y dar sentido a sus vidas?<br />
- Las relaciones de dominio y opresión entre los<br />
géneros presentes en la familia, y las formas de<br />
“ser mujer” y “ser hombre” en las condiciones patriarcales,<br />
¿favorecen el ejercicio de los derechos<br />
humanos y el mejoramiento de la calidad de vida<br />
de las mujeres y sus familias? ¿Cómo permean las<br />
relaciones patriarcales en el desarrollo de los procesos<br />
de justicia? ¿Cómo cambian y cómo es posible<br />
crear una alternativa no sexista ni opresiva?<br />
11<br />
Sabiendo que el “género” está presente en el<br />
mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en<br />
sus relaciones, en la política y en la cultura, el enfoque<br />
de género permite analizar y comprender la condición<br />
femenina y las situaciones vitales de las mujeres, y también<br />
la condición masculina y las situaciones vitales<br />
de los hombres. El enfoque de género puede llevar a<br />
captar la complejidad social, cultural y política de las<br />
relaciones de poder entre mujeres y hombres en todos<br />
los órdenes de la vida, incluyendo el acceso a la justicia,<br />
ignorada por otros enfoques que tienden a describir<br />
un mundo androcéntrico, es decir, centrado en el<br />
hombre paradigmático.<br />
El enfoque de género significa el desmontaje<br />
crítico de cosmovisiones, de la estructura que sustenta<br />
su concepción del mundo y propone la redistribución<br />
de los poderes sociales, es decir, la<br />
transformación de los mecanismos de creación y reproducción<br />
de esos poderes para de-construir la opresión<br />
y la enajenación de género y crear poderes más<br />
democráticos.<br />
Sus primeros objetivos consisten, por ello, en<br />
mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres para<br />
desarrollar opciones sociales dignas y una renovada<br />
cultura que ponga en el centro de lo humano, a las<br />
mujeres y los hombres en su amplia diversidad, en<br />
un plano de igualdad, equidad y justicia en sus relaciones.<br />
Desde el enfoque de género se derrumba la<br />
creencia en que la igualdad entre los sexos establecida<br />
en la ley, corresponde con la realidad social cotidiana.<br />
Por otro lado, es importante entender que la<br />
perspectiva de género, por sí sola, no es suficiente para<br />
entender la magnitud de la exclusión social de la que<br />
son sujetas las mujeres. La subordinación que las ha<br />
convertido en ciudadanas de “segunda clase” tiene<br />
contextos sociopolíticos específicos y que hablan de<br />
historias particulares, pero que se gestan en lo colectivo<br />
con características similares. Por ello, es importante<br />
integrar a la discusión otras categorías de análisis<br />
que se inter-seccionan unas con otras y que son pertinentes<br />
para este estudio, y que nos entregan una vi-
sión más holística de la situación: el sexo, el género,<br />
la etnia, la “raza” 3 , la clase y la edad.<br />
El poder acceder a la justicia efectiva depende en<br />
gran medida de la agencia que puedan tener las personas<br />
en el ejercicio de sus derechos. Ello supone una<br />
ciudadanía activa, cuyo ejercicio se encuentra atravesado<br />
por una serie de discriminaciones, como son el<br />
origen social y económico, el género, la etnia o la<br />
edad. Si se trata de mujeres, jóvenes, pobres e indígenas<br />
probablemente su acceso una justicia efectiva es<br />
menor o implica mayores dificultades.<br />
De esta manera, la confluencia de estas categorías<br />
y sus cruces inter-seccionales son los que nos permitirán<br />
un análisis más en profundidad de las<br />
experiencias de las mujeres que han planteado una demanda<br />
por alimentos en los Juzgados de la Niñez y<br />
Adolescencia.<br />
El enfoque de derechos<br />
de los “otros humanos”<br />
El segundo eje transversal, en el que se sustentó<br />
esta investigación es en el enfoque de los derechos humanos<br />
de niños, niñas, adolescentes y mujeres.<br />
Las sociedades contemporáneas occidentales<br />
han reconocido que “todos” los seres humanos tienen<br />
derechos que deben ser velados y garantizados por el<br />
Estado, el cual debe organizar las acciones necesarias<br />
con el fin de satisfacer y garantizar el pleno ejercicio<br />
del conjunto de derechos que poseen. Al tratarse de<br />
derechos universales, éstos amparan a todos los seres<br />
humanos y tienen que ser respetados, independiente<br />
de las condiciones y características de cada persona.<br />
Es importante partir señalando, que la discusión<br />
sobre los derechos humanos es bastante antigua, sin<br />
embargo su conceptualización y su reconocimiento es<br />
reciente, pues su aprobación data de hace 61 años. Su<br />
importancia radica en que es la primera vez en la his-<br />
3 Utilizamos el concepto de “raza” en cuanto es base del racismo y origen<br />
de múltiples discriminaciones y violaciones a los derechos humanos.<br />
12<br />
toria que se crea “una función legitimadora y reguladora<br />
[…] en los sistemas políticos y los ordenamientos<br />
jurídicos; […] al ser referente ético jurídico para todas<br />
las personas, en cuanto se constituyen en garantía para<br />
su dignidad y parámetro de relacionamiento social<br />
(Arroyo, 2002: 1). Sus principales características se refieren<br />
a que los derechos humanos son seculares, indivisibles,<br />
no jerarquizarles, integrales e históricas.<br />
Todas las personas poseen una serie de derechos<br />
que generan consecuencias con respecto a la inherencia.<br />
Esto quiere decir que todo ser humano tiene derechos<br />
que no pueden vulnerarse, independientemente<br />
de cuál sea su sexo, género, nacionalidad, su etnia, su<br />
cultura, etc. Lo anterior se fundamenta, primero, en<br />
que éstos se enmarcan en el estado de derecho; segundo,<br />
en que son universales, indivisibles e interdependientes<br />
entre sí; tercero, en que son transnacionales;<br />
cuarto, en que son irreversibles; y, quinto, en que son<br />
progresivos, es decir, siempre existe la posibilidad de ir<br />
extendiendo su ámbito de protección.<br />
Cuando afirmamos que todas las personas gozan<br />
de derechos humanos, también incluimos a las niñas,<br />
niños, adolescentes y mujeres. De ahí la importancia<br />
de enmarcar la investigación en este enfoque -el que<br />
es transversal así como lo es el género-, ya que si bien<br />
son los niños/as y adolescentes los poseedores del derecho<br />
de pensión de alimentos, por lo general, son sus<br />
madres las encargadas de tutelar este derecho ante la<br />
justicia.<br />
Como habíamos mencionado anteriormente, el<br />
mundo y su orden social han sido concebidos desde<br />
una mirada androcéntrica, que ha puesto como ejemplo<br />
al “hombre adulto” –por cierto no incluye a una<br />
diversidad de estos– dejando de lado a todos los “otros<br />
humanos” que conviven en la sociedad. Producto de<br />
este orden patriarcal, mujeres, niños/as, adolescentes,<br />
personas discapacitadas, entre muchas otras, han visto<br />
vulnerados sus derechos fundamentales.<br />
Las niñas/os y adolescentes tienen derechos a<br />
cuidados y asistencia especiales que les aseguren la alimentación,<br />
vestido, vivienda y asistencia médica; los<br />
mismos que se encuentran consagrados en la Decla-
ación Universal de Derechos Humanos, los Derechos<br />
Universales del Niño y los cuerpos legales nacionales.<br />
Al igual que las mujeres, ellas y ellos tampoco<br />
han formado parte del modelo hegemónico de lo humano,<br />
y sus diferencias con las los hombres adultos<br />
se encuentran aún más marcadas. Esta desigualdad es<br />
producto de una visión “adultocéntrica” del mundo,<br />
donde el paradigma implementado para el desarrollo<br />
de niños, niñas y adolescente, no toma en cuenta sus<br />
apreciaciones.<br />
Se entiende por adultocentrismo, “a la visión de que desde<br />
el mundo adulto se podía implementar el futuro de los jóvenes,<br />
su preparación, su desarrollo, su protección y se traduce<br />
en el enfoque de las políticas y programas. La<br />
efectividad de esta perspectiva hizo crisis, como producto<br />
de los cambios socioeconómicos y políticos de fin de siglo.<br />
El adultismo se traduce directamente en las interacciones<br />
entre adultos y jóvenes […] en la rigidización de las posturas<br />
adultas frente a la inefectividad de los instrumentos psicosociales<br />
con que cuentan para relacionarse con la gente<br />
joven” (Krauskopf, 1998, s/p).<br />
Cabe señalar que la presente investigación no<br />
profundiza en este tema porque no es su objetivo, pese<br />
a ello parece imprescindible contextualizar la discusión<br />
en variados enfoques.<br />
En la medida en que niños, niñas y adolescentes<br />
no son vistos como ciudadanos o personas humanas<br />
con agencia propia, la vulneración de sus derechos es<br />
aún más grave. Por ejemplo, en el caso que concierne<br />
a este estudio, el acceso al derecho a la pensión de alimentos<br />
se ve condicionado por una serie de factores<br />
externos, y que tienen que ver con la poca responsabilidad<br />
paterna respecto de sus hijas/os, sumado a la<br />
inoperancia de las instancias de justicia; con tiempos<br />
de espera que superan el legal, sentencias que fijan<br />
montos irrisorios para la mantención, malos tratos,<br />
entre otros. Toda esta problemática de vulneración de<br />
este derecho en particular, pone en evidencia una<br />
cierta complicidad de la sociedad en general con los<br />
padres irresponsables.<br />
13<br />
Pero las violencias ejercidas en contra de las<br />
niñas, niños y adolescentes genera consecuencias adversas<br />
para sus madres, quienes son las que generalmente<br />
se hacen cargo de la tenencia, cuidados y<br />
mantención. Una vez más, son las mujeres las que<br />
también se ven envueltas en un espiral de violencia<br />
que no termina con el proceso judicial sino que se extiende<br />
por todo el tiempo que se encuentre efectiva la<br />
pensión de alimentos.<br />
En el Ecuador, una de cada cinco mujeres es jefa<br />
de hogar, según la Encuesta de Condiciones de vida<br />
2006-INEC, lo que las convierte en cuidadoras y proveedoras<br />
–en la mayoría de los casos- de sus familias,<br />
por lo que muchas deciden interponer la demanda de<br />
pensión de alimentos contra los padres y/o familiares<br />
–contemplados en la ley– a favor de sus hijas e hijos,<br />
al ser éstos menores de edad.<br />
Si bien en el plano de la teoría, los derechos humanos<br />
son universales éstos no lo son ni en la práctica<br />
ni en el plano conceptual. Esta realidad ha sido claramente<br />
expuesta desde el feminismo, cuyos cuestionamientos<br />
giran en torno a que tal como están definidos<br />
los derechos, éstos tienen un carácter androcéntrico,<br />
ya que es el concepto de “hombre” el que funda el paradigma<br />
de los derechos humanos; y, como sabemos,<br />
nuestros sistemas sociales-jurídicos han sido históricamente<br />
discriminadores y violentos contra las mujeres.<br />
Así esta revisión de los derechos humanos a partir de<br />
la teoría de género y feminista, ha permitido analizar<br />
las:<br />
Diferentes manifestaciones del sexismo presentes en él y<br />
cuestionar, por lo tanto, la objetividad, tradicionalmente<br />
entendida como una de sus características esenciales […]<br />
plantea la necesidad de la construcción de un nuevo paradigma<br />
fundamentado en una visión de lo humano y de las<br />
relaciones sociales no sexista (Arroyo, 2002: 7).<br />
En teoría, todos y todas somos, desde nuestro<br />
nacimiento, libres e iguales y gozamos de los mismos<br />
derechos sin ninguna clase de distinción, sin embargo,<br />
sabemos que esto no ocurre en la realidad. Para avan-
zar en la dirección de la igualdad, se ha generado primero<br />
toda una lucha política, la que ha quedado plasmada<br />
en una serie de Instrumentos y Convenciones<br />
Internacionales a favor de los derechos de las mujeres,<br />
para reivindicar la posición social y cultural de éstas,<br />
que se han promulgado bajo el concepto y la búsqueda<br />
del reconocimiento que somos igualmente “humanas”.<br />
La construcción de las “humanas”, nace como<br />
una dura crítica a la ideología patriarcal y sexista cuestionable<br />
desde muchos puntos de vista, uno de ellos<br />
el gramatical. “La palabra humana plasma no sólo una<br />
utopía extendida a todas […], sino el topos: lo real, el<br />
aquí y ahora, el presente como espacio de existencia,<br />
los pasos concretos, los tropiezos, la palabra, el balbuceo,<br />
las dudas, los equívocos, y los que firmemente entreveramos”<br />
(Lagarde, 1996: 19).<br />
Se trata de una construcción conflictiva la de la<br />
“humana”, donde es realmente complejo, “dejar de<br />
ser para otros, de vivir dependiente de otros y de estar<br />
dominadas por otros” (Ibíd.: 20), entendiendo que las<br />
funciones y el rol de “la mujer”, no pasan por su capacidad<br />
reproductiva. Se trata, de un ejercicio de la<br />
construcción de la humanidad de las mujeres desde<br />
sus experiencias con el cuerpo, de ser las protagonistas<br />
de sus vidas, de poder conocer y generar habilidades<br />
sociales por medio de la educación, dentro de una<br />
condición patriarcal que no está garantizada hasta el<br />
infinitum (Lagarde, 1996).<br />
Pero, por qué la necesidad de remarcar la importancia<br />
de los derechos de las humanas en este estudio<br />
sobre acceso a un derecho en particular, que en realidad<br />
es de los niños, niñas y adolescentes. Y es porque<br />
son ellas, las mujeres, las encargadas –en la mayoría<br />
de los casos- de tutelar y exigir el derecho de pensión<br />
de alimentos para sus hijas e hijos, y que conjuntamente<br />
con ellos ven violados sus derechos, empobrecidas<br />
sus economías y, como consecuencia, se ven<br />
sumidos en un nuevo espiral de violencia.<br />
Al respecto, existen Instrumentos y Acuerdos Internacionales<br />
en contra de la discriminación hacia las<br />
mujeres, que tienden a propender la igualdad entre<br />
14<br />
hombres y mujeres 4 . Asimismo, a los niños, niñas y<br />
adolescentes, se les reconocen los mismos derechos<br />
humanos que a las mujeres y hombres adultos, y otros<br />
derechos específicos que tienen como grupo de atención<br />
prioritaria, y que son reconocidos por la Constitución<br />
del Ecuador y por la suscripción de los distintos<br />
instrumentos internacionales en esta materia.<br />
La justicia de género<br />
A pesar de que la justicia de género como concepto<br />
no se encuentra unificado, principalmente porque<br />
sus usos tienen lugar en contextos diferentes,<br />
comparte como principio fundamental, la creciente<br />
preocupación y reconocimiento de que la “igualdad<br />
de género” no ha logrado transmitir ni transformar<br />
las injusticias de género que afectan a las mujeres en<br />
todo el mundo (Mukhopadhyay, 2007).<br />
Para Goetz (2007), la justicia de género podría<br />
definirse como el fin de las desigualdades entre mujeres<br />
y hombres, pero para que esto suceda, debemos<br />
trabajar en un proceso de transformación acerca de la<br />
subordinación que afecta a las mujeres en el ejercicio<br />
de su ciudadanía y la exclusión social que las margina<br />
social, económica y políticamente.<br />
Esta justicia persigue como fin que las mujeres<br />
tengan acceso y control sobre los recursos, junto a una<br />
agencia activa que les permita ejercer su ciudadanía<br />
como se concibe universalmente, porque en efecto<br />
son ellas las más limitadas económicamente, viéndose<br />
empobrecidas en cada hecho de discriminación o de<br />
violencia que las afecta, los cuales tienen múltiples dimensiones.<br />
4 Se sugiere revisar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas<br />
de Discriminación contra las mujeres y su Comité para la Eliminación de<br />
la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana<br />
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer<br />
"Convención de Belem do Para" y su Primer informe hemisférico del<br />
Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación<br />
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y<br />
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará<br />
(MESECVI) donde se habla de la importancia del acceso a justicia para las<br />
mujeres.
Pese a que en nuestra legislación no se reconoce<br />
la violencia económica dentro de las tipologías existentes<br />
sobre la violencia de género, ésta existe y envuelve<br />
en espirales de violencia mucho más complejos<br />
a las mujeres, al depender de alguien para su propio<br />
sostenimiento económico y el de sus hijas/os. Esta violencia<br />
las expone a situaciones donde el chantaje y el<br />
abuso de poder en contra de ellas se hacen efectivos,<br />
provocando efectos nocivos para el bienestar de sus<br />
hijos e hijas.<br />
La violencia patrimonial y económica es considerada<br />
en Venezuela como;<br />
Toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente,<br />
en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar<br />
un daño a los bienes muebles o inmuebles en<br />
menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia<br />
o a los bienes comunes, así como la perturbación a<br />
la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción,<br />
retención o distracción de objetos, documentos<br />
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos<br />
económicos destinados a satisfacer sus necesidades;<br />
limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos;<br />
o la privación de los medios económicos indispensables<br />
para vivir (Ley Orgánica sobre el derecho de las<br />
mujeres a una vida libre de violencia, 2007, p.3).<br />
Producto de esta omisión del estado ecuatoriano,<br />
entre otros, respecto a los derechos de las mujeres<br />
en su dimensión económica, la justicia de género<br />
busca que las instituciones sociales rindan cuentas<br />
sobre aquellos contratos sociales existentes que van en<br />
detrimento de los derechos de las mujeres. Entender<br />
cómo participan la familia, la educación, el Estado,<br />
las leyes, en la subordinación de las mujeres puede<br />
ayudar a “identificar cómo desafiar los patrones de<br />
desigualdad” (Mukhopadhyay, 2007: 7).<br />
Si bien son amplios y variados los usos del concepto,<br />
en este documento lo usaremos únicamente en<br />
el campo de la ley, y de forma específica sobre asuntos<br />
prácticos del acceso a la justicia de las mujeres, en materia<br />
de alimentos en juzgados especializados. Para<br />
15<br />
nuestra investigación es importante tener claro que la<br />
justicia ha sido entendida de manera diferente entre<br />
las mujeres, y ha dependido del contexto, de las experiencias<br />
personales y colectivas. Así también, del acceso<br />
a las instituciones y los resultados que han<br />
obtenido de las resoluciones u omisiones de la justicia.<br />
Por otro lado, es necesario pensar a estas mujeres<br />
desde el espacio de lo “doméstico”, ya que muchas de<br />
las injusticias que las afectan se re-producen en sus relaciones<br />
interpersonales con los esposos o parejas dentro<br />
la “familia”. Los problemas se ven acrecentados<br />
cuando se han separado o divorciado dando forma a<br />
familias monoparentales, donde son las mujeres las<br />
encargadas generalmente de proveer económica y<br />
emocionalmente a sus hijas/os. Y estas relaciones sociales<br />
que se gestan en lo “privado”, generan consecuencias<br />
que atraviesan todas las instituciones sociales,<br />
incluidos las de administración de justicia.<br />
El término justicia de género brinda un recordatorio<br />
directo de este problema de parcialidad institucionalizada,<br />
recordándonos que la justicia misma, en<br />
su concepción y administración, con mucha frecuencia<br />
está atravesada por el género, respondiendo a un<br />
estándar patriarcal derivado del terreno doméstico<br />
(Goetz, 2007: 15).<br />
La problemática<br />
de la distribución/reconocimiento<br />
y sus efectos en la justicia<br />
Los tres enfoques que hemos presentado son los<br />
ejes transversales de la investigación, a partir de los<br />
cuales analizaremos la percepción de las mujeres sobre<br />
el acceso a la justicia en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia,<br />
en materia del derecho de pensión de alimentos<br />
en el Ecuador. En síntesis, éstos son: Primero,<br />
la perspectiva de “género” como posibilidad amplia<br />
de análisis, que busca cuestionar y generar alternativas<br />
a las discriminaciones que afecta a las mujeres en<br />
razón de su sexo-género. Segundo, el enfoque de los<br />
“derechos humanos de las mujeres y de los niños,<br />
niñas y adolescentes” entendiendo que lo humano es
múltiple y diverso. Y, por último, la “justicia de género”,<br />
que nos recuerda que instituciones como la justicia<br />
tienen una visión parcializada producto del<br />
género lo que produce consecuencias perversas en<br />
contra de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.<br />
Para complementar los enfoques teóricos mencionados,<br />
incluiremos en el análisis la discusión sobre<br />
las categorías: distribución y reconocimiento (Fraser,<br />
1997) 5 y la justicia condicionada (Torres, 2006) 6 , en<br />
relación a las mujeres.<br />
Si analizamos las necesidades de los países del<br />
“Tercer Mundo”, muchas de sus demandas –y por<br />
cierto también se incluyen las demandas de las feministas–<br />
se encuentran vinculadas al tema de la pobreza<br />
y a demandas específicas de grupos. De este modo, la<br />
desigualdad es concebida por la ausencia de derechos<br />
fundamentales que favorezcan la integralidad de las<br />
personas, por ejemplo, en torno a la redistribución y<br />
el reconocimiento.<br />
Las exigencias de ‘reconocimiento de la diferencia’ alimentan<br />
las luchas de grupos que se movilizan bajo las banderas<br />
de la nacionalidad, la etnia, la ‘raza’, el género y la sexualidad<br />
[…] la identidad de grupo sustituye a los intereses de<br />
clase como mecanismo principal de movilización política<br />
(Fraser, 1997: 17).<br />
Los dos ejes de la injusticia, que afectan a las mujeres<br />
en torno al problema de la redistribución y el reconocimiento<br />
–y en consecuencia a sus hijas/os- se<br />
encuentran consagrados en la Constitución del Ecuador,<br />
en el Cap. 6 de Derechos de Libertad, Art.66, inciso<br />
Nº4 y se refiere al “Derecho a la igualdad formal,<br />
igualdad material y no discriminación”. Al mismo<br />
tiempo, son derechos de orden cultural y simbólico<br />
5 Se entiende por ambas categorías, a las dos dimensiones y demandas que<br />
tienen grupos excluidos. La primera lucha es por la distribución (igualitarias)<br />
y se refiere específicamente a las situaciones de explotación, y que llevaría<br />
a la consecución de la segunda lucha que tiene que ver con el reconocimiento<br />
(de las diferencias), y señala las formas de dominación cultural y simbólica.<br />
Ambas se encuentran dialécticamente relacionadas.<br />
6 Es la justicia condicionada, aquella que afecta a ciertos grupos discriminados<br />
y que ejercen una ciudadanía a medias, como el caso de las mujeres.<br />
16<br />
que, como primer paso, deben reconocer la diferencia,<br />
acompañado de una redistribución socioeconómica.<br />
El problema es que estos dos conceptos se disocian<br />
dicotómicamente, puesto que el reconocimiento<br />
busca promover la diferencia, mientras que la redistribución<br />
busca acabarla. Ésta paradoja no debería pasar<br />
del plano teórico-analítico, ya que en la práctica ambas<br />
deberían integrar las políticas públicas destinadas a<br />
terminar con la desigualdad hacia las mujeres.<br />
Las injusticias socioeconómicas se refieren a<br />
aquellas que se encuentran arraigadas en la estructura<br />
política-económica de la sociedad, en este caso, las mujeres<br />
en el Ecuador –y en muchos otros países– ven<br />
mermadas sus posibilidades económicas y, la mayoría<br />
de las veces, empobrecidas sus economías producto<br />
de la ausencia de pensiones de alimentos de sus hijas<br />
e hijos, o –si acceden a ella– por los montos recibidos<br />
que suelen ser muy inferiores a los requeridos para la<br />
manutención de su prole.<br />
La otra dimensión de las injusticias es de orden<br />
cultural o simbólica, y se refiere a “los patrones sociales<br />
de representación, interpretación y comunicación”<br />
(Fraser, 1997: 22). Un ejemplo claro, es la<br />
dominación cultural de la que son objeto las mujeres,<br />
que las posiciona en el ámbito privado del hogar y la<br />
familia, por otra parte, su no-reconocimiento como<br />
grupo, al ser consideradas invisibles por ser políticamente<br />
irrelevantes, y el irrespeto que conllevan las<br />
prácticas de subordinación y dominación a las que se<br />
ven sometidas.<br />
Todas estas situaciones inconscientemente las inhabilitan<br />
y, otras veces, teniendo conciencia de la opresión,<br />
no pueden hacer nada para evitarlas. Por lo<br />
tanto, la suma de ambas injusticias sitúan a las mujeres<br />
en desventaja respecto de los hombres. Aunque esta<br />
afirmación suene un tanto repetitiva, es importante<br />
señalar que las injusticias no son sólo culturales, sino<br />
también materiales, y no se pueden separar ya que se<br />
encuentran entrelazadas de manera dialéctica. “Las<br />
desventajas económicas impiden la participación igualitaria<br />
en la construcción de la cultura, en las esferas<br />
públicas y en la vida cotidiana” (Ibíd.: 23).
El reto está en cómo articular ambas demandas<br />
que parecen mutuamente excluyentes, puesto que, por<br />
un lado, claman por ser diferenciadas con el fin de<br />
que sean reconocidos sus aportes, hecho que se ha llevado<br />
a cabo a través de acciones afirmativas que propendan<br />
a la igualdad, o sea a la des-diferenciación de<br />
los grupos, por ejemplo, en lo que se refiere a desmontar<br />
la división sexual del trabajo. Como primer paso,<br />
se requiere reconocer de modo cultural y económico<br />
a las mujeres, teniendo siempre como norte la justicia<br />
de género y la igualdad entre los géneros. Pero hasta<br />
el momento, se trata de un “modo híbrido”, “colectividades<br />
bivalentes” según Fraser (Ibíd.), que combinan<br />
ambos rasgos a la vez.<br />
Por otro lado, sabemos que las mujeres en Ecuador<br />
son “reconocidas” dentro de una estructura de división<br />
del trabajo que delega a más del 60% de ellas<br />
al trabajo doméstico y de cuidados de la familia, según<br />
la Encuesta del uso del tiempo-INEC del 2005, y por<br />
el cual no reciben reconocimiento económico, y la mayoría<br />
de las veces, tampoco social. Al mismo tiempo,<br />
son “víctimas” de la falta de acceso a un trabajo bien<br />
remunerado y digno –sumado a la multiplicación de<br />
jornadas laborales 7 - o bien la inaccesibilidad total al<br />
trabajo remunerado fuera del ámbito privado.<br />
Se trata, por una parte, de reformar la estructura<br />
político-económica y redistribuir. Pero, por otra,, están<br />
las estructuras culturales-valorativas del patriarcado<br />
que construyen autoritariamente “las normas que privilegian<br />
los rasgos asociados con la masculinidad. De<br />
la mano […] va el sexismo cultural” (Fraser, 1997: 33).<br />
Para superar estas injusticias “es preciso cambiar las<br />
valoraciones culturales (así como sus expresiones legales<br />
y prácticas)” (Ibíd.), por lo tanto se necesita reconocer<br />
a las mujeres. Estas transformaciones en el<br />
imaginario social parecen tener dos vías de acceso que<br />
deben complementarse a través de la educación, pri-<br />
7 Se entiende por doble/triple jornada, a la sobrecarga de trabajo que afecta<br />
mayoritariamente a las mujeres por responsabilidades domésticas, laborales,<br />
de cuidado y servicio comunitario, teniendo que repartir su tiempo<br />
en múltiples actividades.<br />
17<br />
mero, de los ciudadanos, en este caso hombres-demandados<br />
que deben tener responsabilidad y respeto sobre<br />
sus paternidades; y, segundo, capacitación permanente<br />
de los operadores de justicia.<br />
El problema de la distribución desigual, tanto<br />
en el plano económico como cultural, hace que las<br />
mujeres se vean empobrecidas aún más si tienen<br />
hijas/os y no cuenten con los recursos necesarios para<br />
la mantención y cuidados de ellos, o bien con pensiones<br />
alimenticias insuficientes y hasta irrisorias. Esto<br />
se sustenta en el inexistente reconocimiento cultural<br />
de las labores de cuidado y domésticas, sin las cuales<br />
la economía nacional y mundial no se sostendría.<br />
Debemos recordar que las consecuencias del empobrecimiento<br />
también recaen sobre las hijas/os que<br />
como actores sociales –y en tanto ciudadanos– deberían<br />
tener igual acceso a recursos para cubrir no sólo<br />
sus necesidades básicas, sino otras relacionadas con el<br />
tiempo libre y el ocio.<br />
El que las mujeres sean pobres empeora su situación,<br />
y lo observamos en este estudio, donde este<br />
grupo de población ve limitado su acceso a la justicia<br />
para demandar y concretar un derecho que pertenece<br />
a sus hijas/os. La mayoría de ellas son de sectores populares,<br />
con poco capital económico y social, sin un<br />
poder real para ejercer sus derechos, producto de la<br />
poca información sobre el proceso que deben seguir,<br />
por sólo mencionar un par de obstáculos.<br />
Por lo tanto, la negación de muchos padres a dar<br />
un monto mensual por concepto de pensión de alimentos<br />
–a pesar de que exista una sentencia judicialo<br />
en su defecto, dar cantidades mínimas, se convierte<br />
en un problema de redistribución desigual de recursos<br />
económicos. Esta inequidad vuelve a las mujeres más<br />
pobres y víctimas de una violencia poco nombrada: la<br />
económica. En no pocas ocasiones, antes de la separación<br />
las mujeres demandantes habías sufrido violencia<br />
psicológica, física o sexual por parte del padre de<br />
sus hijas/os; prácticas que se repiten, sobre todo la violencia<br />
psicológica, mientras dura el proceso judicial.<br />
En el caso del acceso a la justicia de las mujeres<br />
pobres, ellas ven disminuidas sus posibilidades reales
hacerlo, por ejemplo si demandan pensiones de alimentos.<br />
Esta, desigualdad se encuentra marcada tanto<br />
por el género como por la pobreza, la corrupción, largos<br />
tiempos de espera, abandono de los procesos judiciales,<br />
una suma de problemas que obstaculizan el<br />
ejercicio de la ciudadanía por la vía legal, especialmente<br />
de las mujeres (Torres, 2006). Esta misma autora<br />
señala que existe una relación causal y directa<br />
entre la violencia de género y la subsistencia familiar,<br />
lo que agudiza la vulnerabilidad de las más pobres,<br />
pues la incidencia de la violencia de género suele ser<br />
mayor entre ellas.<br />
La justicia condicionada analiza la interrelación<br />
que existe entre género, pobreza y justicia, y las<br />
dificultades particulares que enfrentan las mujeres de<br />
bajos recursos en el acceso a la justicia (Goetz, 2007).<br />
En esta medida, es la justicia de género la que nos recuerda<br />
las obligaciones del Estado con respecto a estos<br />
temas, y su responsabilidad en la búsqueda de una ciudadanía<br />
efectiva y activa de las mujeres como agentes<br />
de sus propios procesos.<br />
Esta desigualdad de oportunidades entre mujeres<br />
y hombres, que se ve reflejada en la justicia, producto<br />
de las formas jerarquizadas que imperan en<br />
nuestras sociedades y se constituyen en discriminaciones<br />
basadas en el género, clase, etnia, “raza”, nivel socioeconómico<br />
–y que se inter-seccionan–, ven una<br />
alternativa en el derecho. La “percepción de la ley<br />
como instrumento (…) puede (dependiendo como se<br />
lo use) modificar mentalidades y subjetividades. Esta<br />
visión es claramente mucho más compleja y realista<br />
que la apocada e ilusoria idea de que la simple declaración<br />
de la ley y de la punición de quien la quebranta<br />
son mecanismos que, por sí mismos, pueden “normalizar”<br />
la conducta” (Suárez, 2004: 45). Pero claramente<br />
puede contribuir a transformaciones sociales y culturales.<br />
18
2. CONTEXTO<br />
NORMATIVO<br />
E INSTITUCIONAL:<br />
FUNDAMENTOS<br />
PARA LA EXIGENCIA<br />
DEL DERECHO<br />
A LA PENSIÓN<br />
DE ALIMENTOS 8<br />
Este capítulo busca evidenciar, a través del derecho,<br />
los deberes y compromisos del Estado con el<br />
tema de acceso al derecho de pensión de alimentos de<br />
niñas, niños y adolescentes del Ecuador. Debemos<br />
aclarar que se trata de una exposición rápida y resumida<br />
de artículos de la Constitución, plasmada en<br />
leyes nacionales, que se justifica en la adhesión a<br />
Acuerdos Internacionales en materia de Derechos Humanos<br />
y del Niño, ambos universalmente reconocidos.<br />
Luego presentaremos cómo estos principios<br />
constitucionales se traducen en políticas públicas,<br />
elaboradas y puestas en marcha desde el Consejo<br />
de la Niñez y Adolescencia y cómo se enmarca en<br />
el Plan Nacional del Buen Vivir. Y aclararemos cual<br />
es el papel que juegan los Juzgados de la Niñez y la<br />
Adolescencia, como órganos especializados de justicia.<br />
7 Ver en anexo el detalle de cada artículo mencionado en este capítulo.<br />
19<br />
Marco legal ecuatoriano:<br />
la Carta Magna, el Código y la Ley<br />
La Carta Magna<br />
Son tres los artículos de la Constitución del<br />
Ecuador de 2008, dentro de los cuales se enmarca este<br />
derecho a la pensión de alimentos.<br />
El artículo 44 habla sobre la responsabilidad estatal<br />
en la promoción, defensa y ejercicio del bien superior<br />
de niños, niñas y adolescentes; creando<br />
políticas intersectoriales de carácter nacional y local,<br />
que buscan resguardar sus derechos en favor de un<br />
desarrollo integral.<br />
El artículo 45 consagra los derechos humanos<br />
–y los concernientes con su edad– de las niñas, niños<br />
y adolescentes como deber del Estado. Entre otros se<br />
estipula que este grupo poblacional tiene derecho a<br />
una salud integral y nutrición, y a la educación y cultura.<br />
El artículo 69, inciso número 1, resguarda los derechos<br />
de las niñas, niños y adolescentes, en el contexto<br />
de la familia, donde se promoverá una<br />
maternidad y paternidad responsables; en todo lo referente<br />
a un cuidado integral de estos, donde se menciona<br />
la alimentación. Especialmente, cuando estos<br />
se encuentren separados de ellos. En su inciso número<br />
5, el Estado se compromete a vigilar el cumplimento<br />
de los deberes de ambos progenitores.<br />
El artículo 83 consagra como deber y responsabilidad<br />
de las y los ecuatorianos, entre otros, alimentar<br />
y educar a las hijas e hijos.<br />
El código especializado<br />
Los artículos del Código Orgánico de la Niñez y<br />
Adolescencia que protegen el derecho de las niñas,<br />
niños y adolescentes del Ecuador en materia de alimentos,<br />
son los siguientes.<br />
El artículo 20, que habla sobre el Derecho a la<br />
vida, consagra que niños, niñas y adolescentes deben<br />
tener asegurada su supervivencia y desarrollo.<br />
El artículo 26, sobre el Derecho a una vida digna<br />
de los niños, niñas y adolescentes menciona la nece-
sidad de los recursos económicos necesarios para asegurar<br />
este derecho.<br />
Otras leyes<br />
Dentro de la Ley reformatoria al Título V, Libro<br />
Segundo Código Orgánico de Niñez y Adolescencia<br />
(R.O. Nro. 643 del 28 de julio del 2009) encontramos<br />
los siguientes artículos, en los cuales se enmarca la<br />
obligación al derecho de alimentos.<br />
El artículo 2, del derecho de alimentos, menciona<br />
el deber existente por la connatural relación parento-filial<br />
a la supervivencia y una vida digna de las<br />
niñas, niños y adolescentes, para lo cual se necesita de<br />
recursos económicos. Se busca cubrir necesidades<br />
como una alimentación nutritiva, salud integral, educación,<br />
cuidado, vestuario adecuado, vivienda, transporte,<br />
cultura, recreación y deporte; y, rehabilitación<br />
si fuese necesario.<br />
El artículo 4 menciona a los titulares del derecho<br />
de alimentos, donde se encuentran las niñas,<br />
niños y adolescentes, y las personas con discapacidades<br />
conforme al certificado otorgado por el Consejo<br />
Nacional de Discapacidades CONADIS, o por una<br />
institución de salud, entre otras/os.<br />
En el artículo 5 sobre los obligados a la prestación<br />
de alimentos, se menciona a los padres como los<br />
principales obligados de alimentar. Y en el caso de encontrarse<br />
impedidos, caerá la responsabilidad en las<br />
siguientes personas, en su orden: los abuelos/as; los<br />
hermanos/as que hayan cumplido 21 años y los tíos/<br />
tías. En caso de haber migrado al exterior, los jueces<br />
deberán disponer de todas las medidas necesarias para<br />
hacer efectivo el cobro de la pensión de alimentos.<br />
En el artículo 15, innumerado 15, sobre los parámetros<br />
para la elaboración de la Tabla de Pensiones<br />
Alimenticias Mínimas, el Consejo Nacional de la<br />
Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones<br />
Alimenticias Mínimas. Está fue registrada oficialmente<br />
el 7 de octubre del 2009, de acuerdo a una serie<br />
de parámetros, sobre necesidades básicas, ingresos y<br />
recursos de los alimentantes, gasto familiar e inflación.<br />
Asimismo, se establece que bajo ninguna circunstan-<br />
20<br />
cia podrá fijarse una pensión menor a la determinad<br />
en dicha Tabla, pero sí una mayor dependiendo de las<br />
pruebas presentadas. Se establece la fecha de pagos, y<br />
la disposición que obliga a algunos familiares a asumir<br />
el pago.<br />
En el artículo 16, innumerado 16, se menciona<br />
el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir<br />
subsidios y otros beneficios legales, aparte de la prestación<br />
por alimentos.<br />
Los fundamentos de derecho, expuestos anteriormente,<br />
se fundamentan desde la Constitución del<br />
Ecuador, el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia<br />
y la Ley reformatoria al Título V, Libro Segundo Código<br />
Orgánico de Niñez y Adolescencia, los cuales buscan<br />
proteger los derechos de las niñas, niños y<br />
adolescentes con relación al derecho a la pensión de<br />
alimentos. Queda clara la responsabilidad primera del<br />
Estado en estos temas y, por tanto, en su deber de asegurar<br />
el bien superior del niño.<br />
Marco jurídico internacional:<br />
instrumentos legales<br />
en los que se sustentan los Derechos<br />
Humanos y de la Niñez<br />
Declaración Universal de los Derechos Humanos<br />
Dentro de esta Declaración, encontramos los siguientes<br />
artículos que pueden justificar el derecho de<br />
pensión de alimentos de niñas, niños y adolescentes.<br />
En su artículo 25, inciso número 1, se asegura<br />
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,<br />
en lo que se incluye la alimentación, vivienda<br />
y salud, entre otros. En su inciso número 2, habla<br />
sobre el derecho universal a todos los niños a igual<br />
protección.<br />
Convención de Derechos del Niño-UNICEF<br />
Podemos enmarcar la exigencia de las niñas,<br />
niños y adolescentes a su derecho de pensión de alimentos,<br />
por medio de los siguientes artículos:<br />
En su artículo 27, en su inciso 1, se establece que<br />
todos los niños/as tienen derecho a una vida ade-
cuada e integral. El inciso 2, señala que los padres tienen<br />
la responsabilidad de proveer unas condiciones<br />
de vida adecuadas para el desarrollo de los niños/as.<br />
En el inciso 3, los Estados Partes deberán dar las ayudas<br />
necesarias a los padres, especialmente en lo que<br />
se refiere a alimentación, vestuario y vivienda. Y, finalmente,<br />
el inciso 4 estipula que los Estados Partes deberán<br />
tomar las medidas adecuadas para asegurar el<br />
pago por concepto de pensión de alimentos, aún<br />
cuando el alimentante se encuentre en el extranjero.<br />
El artículo 29 señala en su inciso 1 que la educación<br />
de los niños/as debe estar orientada a su desarrollo<br />
integral, para lo cual necesita el acceso a recursos.<br />
El artículo número 30 señala que los Estados<br />
Partes deben asegurar que no serán negados los derechos<br />
a niñas/os de origen indígena, “a tener su propia<br />
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión,<br />
o a emplear su propio idioma” (pág. 23).<br />
Y en el artículo número 31 se establece una serie<br />
de derechos para las niñas/os relacionados con la vida<br />
cultural, el derecho al descanso, al juego, entre otros.<br />
La importancia de los Instrumentos Internacionales<br />
es que se trata de obligaciones que adquieren los<br />
países y que deben asegurar su cumplimiento. La Declaración<br />
Universal de los Derechos Humanos es un<br />
instrumento no vinculante, que proporciona líneas y<br />
principios dentro de un marco normativo que crea<br />
obligaciones morales (Organización de las Naciones<br />
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, página<br />
Web). Mientras que la Convención de Derechos<br />
del Niño-UNICEF, supone obligaciones de carácter<br />
legal para los Estados 9 .<br />
Política Pública donde se enmarca<br />
el derecho de niños, niñas y adolescentes<br />
a la pensión de alimentos<br />
Plan del Buen Vivir<br />
En el Plan Nacional del Buen Vivir para los años<br />
2003-2013 se propone coordinar y garantizar los derechos<br />
de los ciudadanos ecuatorianos como sujetos universales,<br />
a través de 12 objetivos estratégicos.<br />
21<br />
Dentro del objetivo número 1 podemos enmarcar<br />
el tema del derecho de pensión de alimentos de<br />
niñas/os y adolescentes, dentro del cual hay una serie<br />
de objetivos específicos, donde se menciona que el Estado<br />
debe auspiciar la igualdad por medio de la responsabilidad<br />
y cuidado de éstos, ampliar la educación<br />
y la prevención del maltrato familiar en sus diversas<br />
formas.<br />
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia<br />
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia-<br />
CNNA es una institución del Estado creada en agosto<br />
del año 2004 y que forma parte de la Secretaría Técnica<br />
del Frente Social. Es un órgano especializado en<br />
materia de niñez y adolescencia –grupo de atención<br />
prioritaria-. Cuenta con un Plan Nacional Decenal de<br />
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual<br />
define las políticas, metas y estrategias que orientarán<br />
la política pública en este tema, bajo el amparo del Código<br />
del mismo nombre. Sus objetivos persiguen el<br />
bienestar y buen vivir de niñas, niños y adolescentes,<br />
y podemos encontrar variados argumentos que sustenta<br />
la necesidad de la pensión de alimentos.<br />
En este plan se plantea que se debe asegurar<br />
la obtención de un buen crecimiento, para lo cual la<br />
alimentación es fundamental.<br />
El reto fundamental que enfrenta el ser humano al nacer<br />
es vivir, para ello requiere que las familias les procuremos<br />
alimentos, protección, afecto y los cuidados necesarios. Si<br />
los niños y niñas tienen una buena salud en sus primeros<br />
años tienen mayores oportunidades de garantizar su crecimiento<br />
posterior, su salud y calidad de vida.<br />
Ésta, que es una realidad coherente, plantea la necesidad<br />
de definir políticas que garanticen el acceso universal de<br />
los niños y niñas a diversas formas de prevención, promoción<br />
y cuidado de su salud y nutrición, en diferentes espa-<br />
7 Para más información sobre la naturaleza y el estatus de los instrumentos<br />
legales y programas, ver en la pagina web de la Organización de las Naciones<br />
Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/human-rights/advancement/n<br />
etworks/larno/legal-instruments/nature-and-status/
cios que comprenden el hogar, la comunidad y los servicios<br />
específicos con ese fin.<br />
Cuidados en salud y alimentación que deberán ser brindados<br />
con la oportunidad requerida, con la calidad necesaria<br />
y con mucho afecto para lograr los propósitos deseados. Para<br />
mantener un ambiente saludable se debe garantizar a las familias<br />
el acceso a los servicios básicos: agua segura, eliminación<br />
de excretas, de basuras, vivienda saludable, etc.<br />
(Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2004: 26).<br />
TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS<br />
Nota 1: El monto mínimo de la pensión provisional es para:<br />
1 hijo 59,22 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.<br />
2 hijos/as es de 86,48 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.<br />
3 hijos/as en adelante será de 113 dólares de los Estados Unidos<br />
de Norteamérica.<br />
Nota 2: Para calcular la pensión mínima, se tomará en cuenta<br />
el número total de hijos/as que tenga, aún si estos no lo han<br />
demandado y se lo ubicará en el nivel correspondiente y<br />
luego dicho monto se lo dividirá para el total de hijos/as ob-<br />
Por otro lado, el CNNA creó la Tabla de Pensiones<br />
Alimenticias Mínimas la cual asegura un<br />
techo mínimo de dinero mensual para garantizar,<br />
entre otras, la alimentación adecuada de las niñas,<br />
niños y adolescentes. En el artículo 10, de lo dispuesto<br />
por la Resolución 14, las tablas se articulan<br />
en 3 niveles, de acuerdo con el ingreso de la persona<br />
demandada. (Registro Oficial 42 de 7 de Octubre del<br />
2009).<br />
NIVEL 1<br />
Ingresos: De 218 hasta 436 dólares americanos<br />
Derechohabientes Edad del/la alimentado/a<br />
0 a 4 años 5 años en adelante<br />
1 hijo/a 27,20% 28,53%<br />
2 hijos/as 39,67% 41,72%<br />
3 o más hijos/as 52,18% 54,23%<br />
* El consumo promedio de un adulto es 20,9%.<br />
NIVEL 2<br />
Ingresos: De 437 hasta 1090 dólares americanos<br />
Derechohabientes Edad del/la alimentado/a<br />
0 a 4 años 5 años en adelante<br />
1 hijo/a 33,70% 35,75%<br />
2 hijos/as o más 47,45% 49,51%<br />
*El consumo promedio de un adulto es 20,9%.<br />
NIVEL 3<br />
Ingresos: De 437 hasta 1090 dólares americanos<br />
Derechohabientes Edad del/la alimentado/a<br />
0 a 4 años 5 años en adelante<br />
1 hijo/a 41,36% 44,57%<br />
2 hijos/as o más 52,06% 55,26%<br />
*El consumo promedio de un adulto es 26,6%.<br />
22<br />
teniendo el valor mínimo correspondiente para cada uno de<br />
ellos.<br />
Nota 3: En caso de tener hijos/as de diferentes edades, se aplicará<br />
el nivel que corresponda al derechohabiente de mayor edad.<br />
Nota 4: En caso de que tengan que pagar ambos progenitores,<br />
para el cálculo sumará los ingresos de ambos y se les asignará el<br />
nivel correspondiente en la tabla, una vez calculado el monto este<br />
se establecerá proporcionalmente al ingreso de cada progenitor.<br />
* Para referencia un adulto necesita este porcentaje para satisfacer sus<br />
necesidades mínimas.
Los principales aportes de la Tabla de Pensiones<br />
Alimenticias Mínimas son dos, el primero, es la posibilidad<br />
de que miles de niñas, niños y adolescentes en<br />
el Ecuador tengan acceso a una pensión de alimentos<br />
acorde a sus necesidades básicas, dependiendo de su<br />
edad y de los ingresos de los alimentantes, tal como<br />
establece la ley. Otro aporte relevante es que crea la<br />
obligación de que juezas y jueces apliquen los montos<br />
indicados en esta tabla, y nunca montos inferiores a<br />
los allí establecidos, aunque sí pueden ser superiores,<br />
si el caso así lo amerita.<br />
Sin embargo y a pesar que contar con esta Tabla<br />
ha significado un avance en materia de derechos de<br />
niñez y adolescencia, la dificultad radica en que no<br />
está siendo aplicada por la mayoría de las juezas y jueces<br />
del país. Al respecto se han identificado dos problemas:<br />
(1) Aún se siguen entregando pensiones por<br />
debajo de lo estipulado; y, (2) se dictan las pensiones<br />
provisionales por el mínimo y luego no se determina<br />
una pensión definitiva, lo que hace que muchas mujeres<br />
y su prole reciban de forma permanente una pensión<br />
reducida.<br />
Los Juzgados de la Niñez<br />
y Adolescencia en el Ecuador<br />
En el Ecuador, desde tempranos años del siglo<br />
XX, los temas relativos a niñez y adolescencia eran reconocidos<br />
y resueltos en los entonces llamados Tribunales<br />
de Menores, creados en el año 1938, los cuales<br />
pertenecían al Ministerio de Bienestar Social (hoy llamado<br />
MIES) y que se constituían en un órgano de protección<br />
social. Los casos que atendían estas instancias<br />
eran sobre menores de edad que no tenían padres (menores<br />
“sin afiliación paterna”) y también de aquellos<br />
con padres.<br />
Los Tribunales de Menores se constituían en<br />
tribunales de primera instancia, en donde se atendían<br />
casos de alimentos, de menores infractores, etc.<br />
Las apelaciones de estos casos subían a la Corte Nacional<br />
de Menores (segunda instancia), amparados<br />
en el Código de Menores vigente en aquellos años.<br />
23<br />
La Constitución de 1998 planteó la unidad jurisdiccional<br />
como principio básico; lo que significa<br />
que todos los órganos que administraban justicia en<br />
el país tenían que estar dentro de la Función Judicial.<br />
Para cumplir este mandato se inicia un proceso de reforma<br />
dentro del cual los 31 Tribunales de Menores<br />
existentes en el Ministerio de Bienestar Social pasan<br />
a ser Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, dentro<br />
de la Función Judicial.<br />
En 2009, al amparo de la Constitución de 2008,<br />
se promulga el nuevo Código Orgánico de la Función<br />
Judicial (2009) que establece la nominación de Jueces<br />
Especiales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,<br />
quienes conocerán las demandas por pensión de alimentos.<br />
Sin embargo, apenas se ha iniciado el proceso<br />
de aplicación del Código.<br />
La otra instancia para las demandas por pensiones<br />
de alimentos corresponde a la justicia ordinaria,<br />
en la que se encuentran los Juzgados Civiles, la Corte<br />
Provincial y la Corte Nacional.<br />
Los Juzgados Civiles, que son de primera instancia,<br />
y conocen los temas de familia como divorcios (solucionan<br />
situación de cónyuges e hijos) e incidentes<br />
derivados del divorcio (aumentos o rebajas de pensión<br />
de alimentos). Hay que aclarar que cuando no hay divorcio,<br />
para demandas relacionadas con temas de pensión<br />
de alimentos se puede recurrir a los Juzgados de<br />
la Niñez y Adolescencia.<br />
La Corte Provincial, es la segunda instancia, que<br />
según el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene<br />
dos salas: la Sala de lo Civil, especializada para conocer<br />
todo lo relacionado con la familia, y la Sala Laboral<br />
para conocer temas de pensión de alimentos y otros<br />
referidos en el Código de la Niñez y Adolescencia.<br />
La tercera instancia corresponde a la Corte Nacional.<br />
A ella sólo sube lo conocido por la Sala de lo<br />
Civil (no por la Sala Laboral); y sólo cuando hay recurso<br />
de casación.<br />
Las demandas por pensión de alimentos dentro<br />
de los Juzgados Civiles pueden ser interpuestas por la<br />
madre, o el mismo hijo/a cuando éste/a es ya mayor<br />
de edad.
Dentro de la justicia especializada están los Jueces<br />
de la niñez y adolescencia. Ellos no conocen casos<br />
de divorcio y otros relacionados con temas de familia;<br />
pero sí conocen demandas por pensión de alimentos<br />
de niños/as, pero sólo cuando no hay divorcio de por<br />
medio (por ejemplo, en caso de madres solteras, o mujeres<br />
separadas, etc.). Recordemos que cuando hay un<br />
divorcio, éste se lo conoce en los Juzgados de lo Civil,<br />
y dentro del proceso de divorcio se tratan los temas<br />
de pensión de alimentos. Se trata de una instancia en<br />
donde se puede poner la denuncia incluso cuando<br />
está en trámite un proceso de divorcio y éste se ha dilatado.<br />
Además, los casos conocidos por los Jueces de<br />
Niñez y Adolescencia, suben a la Corte Provincial;<br />
pero en este caso, quién conoce la causa es la Sala Laboral<br />
y Social de niños y adolescentes.<br />
Cabe puntualizar que generalmente quien concurre<br />
a poner la denuncia suele ser las madre –tutelar<br />
del derecho de sus hijas/os. Por eso la importancia de<br />
conocer sus percepciones con respecto al trabajo realizado<br />
por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. El<br />
análisis que sigue a continuación, se configura desde<br />
las experiencias de las mujeres, para identificar los<br />
nudos críticos así también, las posibilidades.<br />
24
3. LAS EXPERIENCIAS<br />
DE LAS MUJERES<br />
EN LOS JUZGADOS<br />
DE LA NIÑEZ<br />
Y LA ADOLESCENCIA<br />
Debemos partir señalando que la creación de<br />
los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia como<br />
instancia especializada en la materia y las modificaciones<br />
introducidas en temas de alimentos, resultan<br />
de suma importancia para ir generar<br />
posibilidades y mejorar las condiciones de acceso<br />
a la justicia para quienes demandan el cumplimiento<br />
de este derecho. Por ejemplo, podemos<br />
mencionar la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas<br />
que asegura un monto mínimo de asignación<br />
mensual –aunque su aplicación sea aún<br />
confusa–, como también la obligatoriedad de asignar<br />
una pensión mínima de forma inmediata<br />
cuando se presenta la demanda, la misma que regirá<br />
hasta que se realice la audiencia.<br />
Sin embargo, no podemos negar que persisten<br />
problemas de carácter estructural, social e institucional<br />
que dificultan que las mujeres logren obtener pensiones<br />
alimenticias dignas para sus hijas e hijos. En<br />
el caso de obtener una pensión y pese a que existe<br />
una sentencia dictada por un juez o jueza, persisten<br />
problemas en la realización de los pagos de dicha pensión<br />
de forma oportuna, o simplemente los alimentantes<br />
deciden no cumplir con los pagos ordenados<br />
por la autoridad.<br />
25<br />
Hay que precisar que el análisis contenido en<br />
este informe es de carácter netamente cualitativo, por<br />
lo que hablaremos de tendencias que marcarían ciertas<br />
generalidades aplicables a contextos similares al<br />
de esta investigación. Pese a ello, hemos considerado<br />
relevante levantar información estadística descriptiva<br />
para acompañar los resultados obtenidos, los cuales<br />
no forman parte de una muestra de tipo probabilística.<br />
El presente capítulo, se encuentra organizado a<br />
partir de las experiencias de las mujeres y aborda los<br />
siguientes temas: (a) experiencias antes de poner la<br />
demanda por alimentos; (b) experiencias durante el<br />
proceso judicial; (c) las concepciones y percepciones<br />
de las mujeres en materia de acceso a la justicia en general,<br />
y sobre el derecho a la pensión de alimentos de<br />
niños, niñas y adolescentes en particular; y, (d) los<br />
principales nudos críticos para acceder a la justicia.<br />
Hay ciertas tendencias que se repiten en las historias<br />
de las mujeres y que tienen que ver con la violencia<br />
sistemática –en sus diversas formas– de la que<br />
han sido objeto, o con la irresponsabilidad paterna<br />
desde antes de la demanda en cuanto a sus obligaciones<br />
parento-filiales, las cuales en la mayoría de los<br />
casos se empeoraron luego de la separación o divorcio<br />
de la pareja. Analizamos a continuación cada uno de<br />
estos aspectos.<br />
Las experiencias de las mujeres<br />
antes de la demanda<br />
Paternidades irresponsables<br />
Las experiencias de las mujeres en sus contextos<br />
familiares antes de acudir a los Juzgados de la Niñez<br />
y Adolescencia con el fin de exigir la pensión alimentos<br />
para sus hijos/as, en general han sido problemáticas<br />
y violentas.<br />
Las mayoría de mujeres nos relataron que sus ex<br />
maridos y convivientes no eran responsables con su<br />
paternidad en ninguna dimensión de ésta, ni económica,<br />
afectiva, doméstica o de cuidado. Y hay muchas<br />
historias de abandono durante la gestación, mo-
mento a partir del cual no se hicieron cargo de sus<br />
deberes como padres o, si lo hicieron, fue de manera<br />
parcial, inconstante y, en algunas ocasiones, hasta violenta.<br />
Similar situación ocurre con los hijos/as nacidos<br />
durante la convivencia, pues no es raro que los<br />
padres se desliguen de cualquier tipo de responsabilidad,<br />
pese a estar compartiendo “el mismo techo”.<br />
Así lo expuso una de las mujeres consultadas:<br />
Yo también verá, o sea yo hace tres años estuve con él, estuvimos<br />
dos años o sea no nos casamos solo estuvimos<br />
reunidos con él, y luego él se fue de dos años cuando ella<br />
tuvo, de ahí me dijo bueno, yo ya cambié, o sea yo me separé<br />
de él la primera vez porque era un irresponsable, o<br />
sea nunca no me daba dinero, cuando yo me fui a hacer<br />
un eco, él me dio el dinero para hacer el eco, pero del<br />
mismo dinero me dijo que le devuelva. Y ya pues tuve que<br />
devolverle, y me pedía plata para irse a jugar el vóley, regresaba<br />
a las 12 de la noche, bueno era bien irresponsable<br />
y me separé, me separé de él cuando estuve de 6 meses<br />
(Grupo focal Cuenca, diciembre del 2010) (SIC).<br />
También se pudo constatar, que se realizaron<br />
acuerdos extra judiciales, los que no se mantuvieron<br />
constantes en el tiempo, así los padres –en el momento<br />
que ellos lo decidieron– dejaron de cumplir<br />
con la obligación de la pensión de alimentos para sus<br />
hijas e hijos que pactaron de mutuo acuerdo.<br />
(…) Hablé con la abogada y ella me dijo que podíamos llegar<br />
a un convenio de mutuo acuerdo. Lo llegamos y se<br />
quedó en que les iba a pasar 100 dólares; les pasó por ocho<br />
meses 100 dólares y ya nunca más (Entrevista Nº 4, diciembre<br />
del 2010).<br />
Entonces él decidió irse con la mamá y quedamos en un<br />
acuerdo, que él me iba a depositar 80 dólares mensuales,<br />
que él igual me iba a mandar con la mamá o con cualquier<br />
persona que venga y estuvimos así durante unos dos meses<br />
a de hsber sido o tres meses, y ya le hicimos incluso hasta<br />
bautizar a mi hijo todo, o sea me estaba pasando y de la<br />
noche a la mañana, yo no sabía que él se iba a ir, y el hermano<br />
llega y me cuenta que “sabes que él se fue”, así o<br />
26<br />
sea, se fue y yo le digo; ¿y cómo así?, dice sí yo tampoco<br />
supe nada, él se fue y yo recién me entero ayer que me<br />
cuenta que está en Quito y que hoy día viajaba, que se iba<br />
a Aruba, así o sea de la noche a la mañana (Entrevista Nº<br />
21, diciembre del 2010) (SIC).<br />
“Las violencias” anteriores y durante el proceso<br />
El principal supuesto encontrado nos muestra<br />
que las mujeres, en su mayoría, se encuentran expuestas<br />
a situaciones de violencia, muchas de ellas antes<br />
de comenzar con el proceso de la demanda de pensión<br />
de alimentos, por parte de sus ex cónyuges o parejas.<br />
Y ahora me metí con este señor a los 13 años<br />
que tiene mi último hijo, tuve a ese varoncito, pero<br />
pensé que iba a ser una compañía para conversarle<br />
yo mis problemas, mi vida, lo que me pasa, tantas<br />
cosas que pasa una en la vida, la tristeza, no hay a<br />
quien conversar, entonces yo pensé que era diferente<br />
al tener una relación otra, pero ha sido más peor, se<br />
me complicó más la vida (Entrevista Nº 19, diciembre<br />
de 2010) (SIC).<br />
Estas situaciones de violencia, al parecer, son comunes<br />
y no representan hechos aislados, se trata más<br />
bien de continuos de violencia que se ven agudizados<br />
al momento de comenzar con la demanda.<br />
Las mujeres son violentadas por sus ex parejas<br />
o sus familiares de forma sistemática y de diferentes<br />
maneras, tanto simbólica como concretamente. Los<br />
mecanismos con que operan van desde los insultos y<br />
amenazas verbales de todo tipo, hasta las formas más<br />
palpables y extremas de la violencia, como secuestro<br />
de los hijos/hijas y la violencia explícita.<br />
Igual, ya cuando se arregló la situación, igual ellos también<br />
ya estaban tranquilos porque yo justo unos días antes de<br />
arreglar recibí justo unos tipos de amenazas se podría decir,<br />
del tío de mi bebé… O sea que si, que si es que no arreglamos<br />
vas a ver lo que pasa, que si quieres tanto al gordito<br />
pensarás bien lo que va hacer, así… [¿Y te llamaba por teléfono<br />
a decirte estas cosas?] O sea en mensaje, en mensaje<br />
mandaba (Entrevista Nº 21, diciembre de 2010) (SIC).
Pero esta violencia no proviene sólo de sus ex<br />
compañeros y/o sus allegados, sino que también<br />
tiene un carácter estructural, que se ve reflejado en<br />
el accionar de instituciones de todo tipo (familiar,<br />
educativas, centros de cuidado infantil) y, claro está,<br />
también en aquellas relacionadas con la justicia (centros<br />
de mediación, consultorios jurídicos, sobre todo<br />
gratuitos), como es el caso de los Juzgados de la Niñez<br />
y Adolescencia y otros operadores de justicia.<br />
En estas instancias las mujeres se ven sometidas<br />
a un proceso que, muchas veces, vulnera sus derechos<br />
fundamentales a través del trato y de las malas prácticas<br />
en los procedimientos de los operadores de justicia,<br />
donde intervienen concepciones, mitos y juicios<br />
de orden ético-moral.<br />
La consecuencia más visible de toda esta violencia<br />
a la que se ven sometidas las mujeres durante el<br />
proceso de demanda de pensión de alimentos, es de<br />
carácter emocional y psicológico. Cuando nos hablaban<br />
de sus experiencias, relataban mucho sobre y<br />
desde el dolor, la rabia y la impotencia con que han<br />
vivido el proceso judicial, sobre todo porque se trata<br />
de un problema que las acompañará buena parte de<br />
sus vidas 1 . Al respecto, una mujer como tantas otras<br />
nos relató un episodio:<br />
Ya como me salió el divorcio, me pasaron a los juzgados<br />
tercero de lo civil a cobrar, ahí se cobraba de mutuo<br />
acuerdo, mutuamente así se daba la plata ahí, así el hombre<br />
y me daba a mi, pero ahí había un secretario que era bien<br />
bravísimo conmigo ¿Por qué? Porque así mismo yo vine hacerle<br />
como es actualizar porque no me daba, le hice liquidación<br />
vine vuelta a hacer liquidación cuándo eran<br />
Tribunales todavía, sí le hice… y después ese hombre como<br />
ya estaba liquidado este señor él tenía que pagar una cuenta<br />
que salió todo y él vuelta no ha tenido y fue a dejar una<br />
parte y ese hombre me dijo “coja, coja es conveniente para<br />
1 En el grupo focal de Portoviejo, las mujeres comentaron la preocupación<br />
que tenían en relación al tiempo de la problemática de la pensión de alimentos<br />
en sus vidas, pues la mayoría tenía hijos pequeños, o sea les quedan<br />
muchos años de cobro, reajuste de pensiones, liquidaciones, etc., que identifican<br />
como conflictos.<br />
27<br />
usted, coja”, y yo estaba con la orden de captura y él no me<br />
hizo valer ese orden de captura el secretario del Juzgado.<br />
Por eso ahora, como ahora ya dieron las tarjetitas para el<br />
banco ahí me voy, averiguo y si no hay ya salgo, pero ahí<br />
tenía que estar parada esperando hasta que él me atienda<br />
todo así, a veces me atendía, a veces decía “no, vaya a volver<br />
estoy ocupado”; entonces uno se veía la cara de él, ahora<br />
como ya es por medio del banco yo ya me voy, veo que no<br />
hay, ya regreso (Entrevista Nº 18, diciembre del 2010) (SIC).<br />
Las experiencias durante el proceso:<br />
la compleja ruta para demandar<br />
Para la mayoría de las mujeres que se decidieron<br />
a exigir la pensión de alimentos por la vía legal, el primer<br />
paso fue conseguir un abogado, aunque en teoría<br />
no se necesita de uno para entablar la demanda en<br />
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo,<br />
lo engorroso del sistema las obliga a buscar asistencia<br />
legal, ya que no cuentan con un capital social –redes<br />
y alianzas– y humano –destrezas y conocimientos– específicos<br />
sobre leyes, juzgados y procedimientos.<br />
Así, por ejemplo, las mujeres por sí solas no pueden<br />
completar el formulario de demanda de alimentos<br />
(paso inicial de la demanda) por lo confuso y<br />
desconocido que resulta para ellas el lenguaje propio<br />
de la jurisprudencia, además de la dificultad que representa<br />
conseguir los datos necesarios para complementarlo.<br />
Por otro lado, gran parte de las mujeres<br />
desconocen totalmente los trámites que deben realizar<br />
y se sienten inseguras por ello. Además, su falta<br />
de conocimiento sobre la ruta de la demanda de pensión<br />
de alimentos, facilita el ejercicio inescrupuloso<br />
de algunos abogados 2 .<br />
Se trata de un nudo crítico importante el tema<br />
del ejercicio de la abogacía. Primero, porque buena<br />
2 La parte del formulario más difícil es la sección 2 sobre información personal<br />
del demandado. Muchos son los hombres que desaparecen y sus familiares<br />
no proporcionan los datos, al contrario, obstaculizan su obtención.<br />
Lo mismo ocurre con muchos empleadores. Otros datos complejos de<br />
obtener son: lugar de notificación al actor/a (que corresponde a una casilla<br />
judicial), documentos y pruebas, testimonios, entre otros.
parte de los abogados están acostumbrados a judicializar<br />
el derecho a la pensión de alimentos y no intentan<br />
realizar mediaciones. Para algunos abogados esto<br />
se lo hace, también, porque significa que pueden cobrar<br />
por sus servicios por un tiempo prolongado. La<br />
mediación si se realizase de forma responsable y con<br />
sensibilidad de género, bien podría convertirse en<br />
una gran oportunidad para acceder a éste derecho 3 .<br />
De ahí la necesidad de que los centros de mediación<br />
tomen medidas, de manera que se conviertan en una<br />
alternativa para resolver los conflictos que enfrentan<br />
las mujeres cuando exigen el derecho a la pensión de<br />
alimentos para su prole.<br />
Debido a esta necesidad de contar con los servicios<br />
de abogados y por la falta de recursos económicos<br />
para contratarlos, muchas de las mujeres<br />
entrevistadas hicieron uso de servicios jurídicos gratuitos,<br />
cuyos servicios suelen ser deficientes la mayor<br />
parte de las veces. Por estas razones, a muchas mujeres<br />
les “tocó” formar parte activa en sus procesos de demanda<br />
y tramitar muchas de sus fases, sin los conocimientos,<br />
“regalos” y “contactos” necesarios.<br />
Desde lo primero que le demandé ahí tenía que sacar papeletas,<br />
me mandaron a buscar testigos, todo eso para que<br />
quede asentado esto en el Tribunal. Desde ahí no he<br />
hecho nada más, no ve no he hecho alza de pensiones, no<br />
he hecho nada más porque ya le pregunté a la doctora que<br />
mi caso es así, que él ya tiene cuatro hijos en la vida y<br />
puede rebajarme la pensión de mis hijos a menos de 60<br />
dólares. Por eso no he hecho nada, lo que si hago es las liquidaciones<br />
para que él se ponga al día, hasta mientras<br />
nada más no he hecho (Entrevista N° 18, diciembre de<br />
2010) (SIC).<br />
Todo el trámite que se debe realizar toma bastante<br />
tiempo, entre otros factores influye la desinfor-<br />
3 Se detectó una gran falencia en el ejercicio profesional de los centros de<br />
mediación, pues muchas veces confunden su quehacer y terminan convirtiéndose<br />
en “jueces” que sentencian con argumentos de orden ético-moral,<br />
olvidando los principios fundamentales; la imparcialidad, la objetividad y<br />
la generación de condiciones de igualdad en la negociación entre las partes.<br />
28<br />
mación, pues en teoría los procesos no deben durar<br />
más de tres meses.<br />
Una vez que es presentada la demanda, hay que<br />
notificar al demandado, lo que genera un sinnúmero<br />
de complicaciones porque muchas mujeres no saben<br />
su actual paradero, desconociendo que existen otros<br />
mecanismos para dicho procedimiento, como por<br />
ejemplo, la citación por la prensa al demandado/a.<br />
El problema de este mecanismo es que hay que pagar<br />
dicha publicación, lo que para muchas mujeres es inalcanzable.<br />
Una vez presentada la demanda, ésta va primero<br />
a la sala de sorteos, luego a recepción de escritos, y<br />
posteriormente hay que esperar que llegue la notificación<br />
al casillero judicial, pues solo entonces se dicta<br />
la pensión provisional, que según la tabla no puede<br />
ser menor a 57 dólares. La mayoría de los casos se<br />
queda con este monto mínimo de manera fija, que<br />
no alcanza a cubrir ni la mitad que le correspondería<br />
al padre por los costos de mantención de sus hijas/os.<br />
O, también sucede que las mujeres son persuadidas<br />
por sus abogados a que se queden con este monto<br />
porque si van a juicio podrían recibir menos del mínimo,<br />
o reciben sugerencias para que lleguen a acuerdos<br />
con los demandados. Sea como fuere, en ambos<br />
casos sucede que no se aplica la Tabla de Pensiones<br />
Alimenticias Mínimas. Finalmente, cuando han logrado<br />
llegar a la instancia de la audiencia, la mayoría<br />
de ellas no se han preparado debidamente con pruebas<br />
y testigos para presentar al juez, por lo que obtienen<br />
pensiones sumamente bajas.<br />
Según la percepción de las mujeres entrevistadas,<br />
ninguna recibe una pensión justa, que ellas consideraban<br />
de un 50% del total de los gastos de las<br />
hijas e hijos en el mes; un porcentaje que no considera<br />
los costos del trabajo doméstico y de cuidados 4<br />
que ellas asumen para la crianza de niños, niñas y<br />
adolescentes.<br />
4 Estos trabajos considerados parte del “deber ser de las mujeres” no son<br />
contabilizados, y sólo se consideran en tanto valor de uso, por tanto no<br />
tienen un reconocimiento económico.
La Tabla N° 1 muestra el monto de dinero por<br />
pensión de alimentos que reciben las mujeres, según<br />
la categoría etnicidad autodefinida. Según los datos<br />
arrojados por esta encuesta son las mujeres mestizas<br />
Tabla N° 1<br />
¿Cuánto dinero recibe mensualmente por concepto de pensión de alimentos<br />
por resolución judicial?<br />
Por etnicidad<br />
las que mejores pensiones recibe, aunque también<br />
entre ellas las cantidades son muy bajas.<br />
Podemos afirmar, además, que el 48,1% de las<br />
entrevistadas recibe menos de 67 dólares mensuales<br />
Dinero recibido por pensión alimentos por resolución judicial Total<br />
En Dólares<br />
0-33 34-67 68-101 102-135 136-169 170-203<br />
Etnicidad Mestiza 5,3% 36,8% 26,3% 26,3% 5,3% 100%<br />
Blanca 50,0% 50,0% 100%<br />
Montubia 33,3% 33,3% 33,3% 100%<br />
Mulata 100,0% 100%<br />
Indígena 100,0% 100%<br />
Total 11,5% 38,5% 23,1% 19,2% 3,8% 3,8% 100%<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011.<br />
ELABORACIÓN PROPIA.<br />
Gráfico N°1<br />
¿Cuánto dinero recibe mensualmente<br />
por concepto de la pensión de alimentos por resolución<br />
judicial? (en dólares)<br />
18%<br />
26%<br />
4%<br />
4%<br />
15%<br />
33%<br />
0-33<br />
34-67<br />
68-101<br />
102-135<br />
136-169<br />
170-203<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,<br />
2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
29<br />
(Gráfico N° 1), monto que corresponde generalmente<br />
a una pensión de alimentos destinada a cubrir<br />
las necesidades de más de un hijo.<br />
Retornemos a los procesos que deben seguir las<br />
mujeres en la lucha por el derecho de sus hijos/as a<br />
la pensión de alimentos. Hemos visto, brevemente,<br />
hasta aquí la ruta crítica que se debe recorrer cuando<br />
se interpone una demanda para que se fije dicha pensión.<br />
Ahora bien, a estos trámites se suman otros,<br />
como: (1) el de las liquidaciones que sirve para obligar<br />
a los padres a pagar las pensiones adeudadas a sus<br />
hijas e hijos, a riesgo de ir presos por no pago; y (2) el<br />
de reajustes de pensiones, el cual es realizado por<br />
muy pocas mujeres, principalmente porque buscan<br />
evitar revivir la mala experiencia anterior, o porque<br />
temen que se les disminuya el monto que ya tienen<br />
asignado, recelo que surge por la poca confianza que<br />
tienen en los juzgados y sus operadores.<br />
Creemos que uno de los principales obstáculos<br />
a la hora de demandar es el desconocimiento de
las mujeres tanto del derecho de pensión de alimentos<br />
como del proceso. Finalmente, esta falta de acceso<br />
a la información no hace más que reforzar problemas<br />
de corrupción e institucionales de los operadores de<br />
justicia, y fortalecer las malas prácticas de la abogacía.<br />
Percepciones sobre el acceso a justicia<br />
y el derecho de pensión de alimentos<br />
Las motivaciones para poner la demanda son<br />
múltiples y de diferente índole. En la mayoría de los<br />
casos entrevistados, hay más de una razón por la cual<br />
las mujeres se decidieron a demandar por pensión de<br />
alimentos para sus hijas e hijos. El motivo principal<br />
para realizar las acciones judiciales es la falta o la escasez<br />
de recursos económicos. Gran parte de las mujeres<br />
afirma que no habría presentado la demanda si no le<br />
hubiese hecho falta dinero para la mantención de sus<br />
hijos, es decir, se trata de un problema de distribución<br />
económica. Como se ha probado en varios estudios,<br />
las mujeres suelen recibir menos ingresos que los hombres.<br />
De las 32 mujeres entrevistadas, el 74,2 % recibe<br />
mensualmente por su trabajo menos del salario mínimo<br />
que establece la ley, el cual es de 240 dólares.<br />
Si bien las mujeres del presente estudio tienen<br />
diferentes características socio-culturales, identificamos<br />
que las mujeres que mayoritariamente demandan<br />
provienen de sectores populares, con pocas<br />
posibilidades económicas -debido a su baja escolari-<br />
Tabla N° 2<br />
¿Cuánto gana aproximadamente?<br />
dad– y con un capital social hasta cierto punto de<br />
vista consolidado –por lo menos tienen acceso–,<br />
donde la única alternativa que tienen de conseguir<br />
una pensión de alimentos es por medio de los Juzgados,<br />
ya que son muy escasas las posibilidades de mediar<br />
o negociar. Por lo que podría considerarse de<br />
trascendental importancia el acceso expedito de estas<br />
mujeres a la justicia, pues sus condiciones de vulnerabilidad<br />
son extremas.<br />
Se trata de garantizar una justicia de género para<br />
estas mujeres, ya que sus condiciones de pobreza<br />
hacen que operen sobre ellas más injusticias, primero<br />
de orden económico y luego de la persistencia de su<br />
no-reconocimiento social, entendida ésta desde la<br />
perspectiva de Fraser (1997), como fuera analizado<br />
en capítulos iniciales.<br />
De esta manera, la mayor parte de las mujeres<br />
que apelan al derecho de sus hijas e hijos por pensión<br />
de alimentos son “víctimas” de violencia económica,<br />
pues luego de la separación se ven empobrecidas de<br />
manera dramática y no tienen cómo solventar la mantención<br />
de su prole. Muchas quedaron con el monto<br />
provisional como pensión final, y tienen a su cargo<br />
todo el trabajo doméstico y de cuidado de sus<br />
hijos/as, tareas que no han sido contabilizadas como<br />
un aporte económico de las mujeres.<br />
No queremos decir que mujeres de otros estratos<br />
socioeconómicos no accedan a los Juzgados de la<br />
Niñez y la Adolescencia, sino que los mecanismos de<br />
Dólares Número de Mujeres Porcentaje de Mujeres Porcentaje Acumulado<br />
Menos de 110 14 45,2 45,2<br />
De 111 a 221 9 29,0 74,2<br />
De 222 a 332 5 16,1 90,3<br />
De 333 a 443 1 3,2 93,5<br />
De 555 a 665 2 6,5 100,0<br />
Total 31 100,0<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011.<br />
ELABORACIÓN PROPIA.<br />
30
exigencia son otros, generalmente prima la mediación<br />
o el mutuo acuerdo durante el proceso de divorcio.<br />
El problemático acceso de las mujeres a la justicia<br />
en temas de alimentos provoca tensiones; pues si<br />
bien la pensión de alimentos es considerada un derecho<br />
por la mayoría de las mujeres, ellas solamente<br />
apelan a la justicia cuando las condiciones se vuelven<br />
extremas, entendiéndolo como una “ayuda” a su economía.<br />
No es casual que las mujeres lo conceptualicen<br />
de esta manera, ya que los montos que reciben<br />
no son más que un “escuálido aporte” y muchas veces<br />
insuficiente para la mantención del hogar.<br />
Al respecto, una señora nos comentaba que<br />
luego de esperar un año a que el padre de sus hijos<br />
pagara la pensión de alimentos que habían acordado,<br />
se decidió a poner la demanda, cuando ya no les quedaba<br />
“nada para comer en casa” (Entrevista N° 32,<br />
diciembre de 2010).<br />
La segunda motivación –y que acompaña a la<br />
anterior– por la cual las mujeres se deciden a demandar<br />
es porque cuentan con una red social que las<br />
apoya, generalmente familiares y amigas, hecho que<br />
hace que su percepción de la justicia mejore. Si carecen<br />
de este capital social, su decisión se complica, ya<br />
que intervienen personas e instituciones sesgadas muchas<br />
veces por valores socio-culturales.<br />
No tenía pensado hacerlo. Yo soy de las personas que creo<br />
que no necesité al final una demanda. Pero era mi primera<br />
hija y yo estaba embarazada de mi segunda hija, con otro<br />
compromiso (…), pero la verdad, todo el mundo me lo<br />
decía. Sí, yo era de las personas que con mis compañeras,<br />
mis amigas, mis padres “demanda, demanda, demanda”<br />
(…) Para mí una demanda… no, yo puedo sacar a mis hijas<br />
adelante sola. Soy de ese pensamiento y lo sigo siendo.<br />
Pero por la misma razón que venía diciendo, estaba sin<br />
trabajar… todo mi círculo social me lo decía: que a los<br />
hombres hay que demandarlos sin vergüenza (Entrevista<br />
N° 30, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Son varios más los motivos expuestos por los<br />
que las mujeres optan por una demanda de alimen-<br />
31<br />
tos, como es la molestia que les ocasiona la irresponsabilidad<br />
económica de los padres de sus hijos/as, o<br />
el poco o nulo interés que muestran en términos afectivos,<br />
por ejemplo, que no visiten, les llamen o se preocupen<br />
por el bienestar de sus hijas e hijos.<br />
Luego de demandar son muchas las mujeres que<br />
se han conformado con pensiones mínimas o que se<br />
quedaron solamente con la pensión provisional. No<br />
han pedido aumento o exigido una resolución definitiva<br />
debido a la negativa percepción que tienen de<br />
la justicia y al deseo de no volver a vivir una mala experiencia<br />
durante el proceso, ya que para muchas resultó<br />
traumática en términos psicológicos y afectivos.<br />
Finalmente, podemos concluir que la percepción<br />
predominante sobre el acceso a la justicia con<br />
relación al derecho a la pensión de alimentos, es que<br />
se trata de una “ayuda” a la economía del hogar, pues<br />
los montos son tan bajos que no alcanzan a cubrir ni<br />
siquiera necesidades básicas. Por tanto, el acceso<br />
existe pero el ejercicio de la justicia queda generalmente<br />
en deuda con las madres tutelares, haciendo<br />
que a el derecho de las niñas y los niños a la pensión<br />
de alimentos se cumpla muy parcialmente.
4. LÍNEA DE BASE<br />
CUALITATIVA<br />
SOBRE LA PERCEPCIÓN<br />
DE LAS MUJERES<br />
ACERCA DE LOS JUZGADOS<br />
DE LA NIÑEZ<br />
Y ADOLESCENCIA Y<br />
EL DERECHO A LA PENSIÓN<br />
DE ALIMENTOS<br />
El objetivo principal de la construcción de esta<br />
Línea de Base Cualitativa es proveer información<br />
sobre la experiencia y las percepciones de las mujeres<br />
con respecto al servicio y la respuesta a sus demandas<br />
que reciben en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia<br />
del país. Para ello, se han identificado los principales<br />
nudos críticos, como también las fortalezas de esta instancia<br />
especializada de justicia. Esta información permitirá<br />
dar seguimiento y conocer si se ha avanzado o<br />
no, en términos de ofrecer una atención de calidad a<br />
las mujeres tutelares del derecho a la pensión de alimentos<br />
de sus hijos e hijas, y de garantizar el ejercicio<br />
de este derecho a niños, niñas y adolescentes, tal como<br />
corresponde al mandato de estos juzgados.<br />
Nudos críticos en los Juzgados de la Niñez<br />
y Adolescencia desde la experiencia de las<br />
mujeres<br />
Los obstáculos que encuentran las mujeres en<br />
su recorrido para obtener el derecho a la pensión de<br />
32<br />
alimentos para su prole son de variado orden, abarcan<br />
desde barreras ideológicas culturales hasta limitaciones<br />
económicas o dificultades procedimentales.<br />
Todos esos factores coadyuvan a entorpecer el acceso<br />
a la justicia de niños, niñas y adolescentes representados<br />
por sus madres.<br />
Ejercicio de la abogacía y judicialización de los casos<br />
No tengo dinero yo, realmente los gastos con tres es bien<br />
duro, entonces vi un abogado gratis, va 4 meses mi caso<br />
y no tiene ni siquiera la primera audiencia, venga mañana,<br />
venga pasado mañana, venga traspasado mañana,<br />
venga la semana que viene, venga la otra semana. Van 4<br />
meses y no pide la audiencia y de aquí a la audiencia le<br />
fijan en 3 o 4 meses más (Nº Entrevista 23, diciembre de<br />
2010) (SIC).<br />
Como ya mencionamos anteriormente, el ejercicio<br />
de la abogacía es complejo. Primero, por la tendencia<br />
a judicializar los casos, para así obtener más<br />
ganancias. También los profesionales del derecho suelen<br />
crear falsas expectativas al inicio, pues en los hechos<br />
concretos lo que enfrentan las mujeres son<br />
procesos largos y engorrosos, que les generan frustración<br />
y descontento con la justicia.<br />
Lo que indicaron las entrevistas es que los<br />
abogados dilatan al máximo los procesos con la excusa<br />
de que son los juzgados quienes no están haciendo<br />
su trabajo. Si bien en ocasiones esto es cierto,<br />
también ocurre que con el fin de tener mayores honorarios<br />
alargan los procesos, pues cobran por cada<br />
visita y consulta que realizan las mujeres 1 . Y hay otros<br />
abogados/as que si bien trabajan de forma eficiente<br />
y obtienen una resolución en menor tiempo, cobran<br />
honorarios muy elevados, de manera que pocas mujeres<br />
pueden acceder a sus servicios.<br />
1 Aunque las mujeres no lo mencionaron, es posible también que la prolongación<br />
de los juicios responda a descuidos e ineficiencias de algunos<br />
abogados/as.
Por eso digo que donde el abogado yo voy muy poco o le<br />
llamo y le pregunto qué pasó, y lo único que recibo es:<br />
“Aún no, es que ya mandé al juzgado, es que todavía no<br />
me envían las audiencias”; ni días, ni horas, entonces realmente<br />
se ha quedado ahí, se ha quedado en nada, no he<br />
hecho más nada allá donde el abogado. Igual acá me pidieron<br />
300 dólares y yo no los tuve entonces dije que no, que<br />
dejara ahí porque si los tuviera realmente los 300 dólares<br />
(…), no los invertiría para seguir en la demanda sino para<br />
darles de comer a mis hijos, porque tener que invertir para<br />
que después me digan que no sale, prefiero darles de comer<br />
a mis hijos. (Entrevista Nº 4, diciembre de 2010).<br />
Procesos largos y engorrosos<br />
O sea, yo digo que así mismo ha de ser demorado, porque<br />
aquí, todos estos decían que es demorado; porque el abogado<br />
que me decía que son demorados, que no le atienden<br />
pronto, que por eso es que las demandas se demoran; y<br />
por eso yo decía que las cosas deben ser un poco más rápido<br />
porque a veces necesitamos eso. (Entrevista Nº 20,<br />
diciembre de 2010) (SIC).<br />
Sobre los largos tiempos de espera, una usuaria<br />
señalaba; “el tiempo, sí fue un poco largo. Sí se demoró;<br />
dijeron que eran tres meses pero como primero<br />
me tocaba anular el primer juicio que le seguí para<br />
empezar el mismo juicio, por eso fue” (Entrevista Nº<br />
13, diciembre de 2010). Sobre la demora en los tiempos<br />
de duración del proceso otra señora nos comentó:<br />
Al principio estaba tranquila porque no fue tanto la demora<br />
de los papeles. Ahorita son ocho meses, casi ya<br />
nueve meses y ahorita me he sentido un poquito agobiada<br />
porque no es la atención que merecemos tener, no nos<br />
dan la atención que merecemos tener. Bueno, hasta ahorita<br />
me he sentido un poquito mal (Entrevista Nº 14, diciembre<br />
de 2010) (SIC).<br />
Más grave aún fue la situación de una empleada<br />
doméstica, madre de dos hijos, quien lleva 4 años en<br />
proceso, y ante lo cual siente una total desesperanza:<br />
33<br />
“Hace cuatro años atrás. Hoy, en la actualidad, mi<br />
hijo tiene cinco años y hace cuatro años decidí poner<br />
la demanda” (Entrevistada Nº 1, diciembre de 2010).<br />
Podemos mencionar que un problema que se<br />
reportó en la totalidad de los casos estudiados fue no<br />
poder acceder a información sobre los demandados<br />
para completar el formulario; ya que les toca ir de un<br />
lugar a otro y depender de la voluntad de terceras personas<br />
que quieran ayudarles, lo que se tradujo en<br />
tiempos de espera largo.<br />
Me dijeron que tengo que tener el número de cédula o si<br />
no la partida de nacimiento de mi cuñada para que ellos<br />
se aseguren que es mi cuñada. Yo lamentablemente esos<br />
papeles yo no puedo sacar porque ella está allá y ¿quién<br />
me lo va a dar? Ella no me va a dar, ¡imagínese! Para que<br />
le haga la demanda al hermano, ella no me va a dar para<br />
mí (Entrevista Nº 24, diciembre de 2010).<br />
Sobre lo mismo, otra dificultad que tienen las<br />
mujeres es para conseguir la dirección del actual paradero<br />
de sus ex compañeros o convivientes, muchos de<br />
los cuales nunca fueron encontrados. Una entrevistada<br />
contó muy enojada: “o sea no me sale, ya está todo demandado,<br />
pero o sea del primero no hay como encontrarle<br />
no me dan la boleta de captura nada, porque no<br />
puedo encontrarle, eso falta por eso (…). Estoy sufrida<br />
por ellos, no se cómo cogerles, no conozco ni el<br />
Oriente, ni nada, estoy preocupada (Entrevista Nº 17,<br />
diciembre de 2010). Otra “usuaria” nos comentó: “me<br />
tocó ir a mí misma a andar buscándole al papá de mi<br />
hijo” (Entrevista Nº 16, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Estos ejemplos que hemos dado sobre largos<br />
tiempos de espera, pueden llegar a traducirse en “causas<br />
represadas” 2 en los juzgados. A casi todas las mu-<br />
2 Ver estadísticas del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador sobre<br />
represamiento de causas, que aunque tiene desagregada la información por<br />
materia y cada uno de estos juzgados tiene competencia en variados temas<br />
–alimentos, tenencia, permiso de salida, patria potestad, entre otras– demuestra<br />
una clara tendencia al aumento de causas represadas en los Juzgados<br />
de la Niñez y la Adolescencia. La información existente es entre los<br />
años 2004 al año 2009, y se encuentran por salir los datos del año 2010.
jeres que entrevistamos les tomó mucho más de 3<br />
meses para presentar, realizar y concluir la demanda,<br />
y otras llevaban tiempos que excedían el año de espera.<br />
Y aunque este tema no se abordó explícitamente<br />
en las entrevistas –ya que consultamos a<br />
mujeres que aún eran usuarias del sistema– una de<br />
las consecuencias que tienen los largos procesos suele<br />
ser el abandono de la causa, pues se ve difícil llegar a<br />
tener una resolución y, menos aún, que se trate de<br />
una resolución favorable.<br />
Violencia estructural de los operadores de justicia<br />
Otro problema que manifestaron las mujeres entrevistadas<br />
es lo que podemos denominar como la<br />
violencia estructural de los operadores de justicia. Lo<br />
más grave de esta vulneración es que se encuentra naturalizada<br />
por parte de las “usuarias”, en la medida<br />
se han visto expuestas a tantas situaciones complejas<br />
y por largos períodos de tiempo de manera cotidiana,<br />
no logran identificarla. Son de variado orden y se encuentran<br />
enraizadas en las prácticas.<br />
Todos han sido buenos, no he tenido dificultad de nada.<br />
Lo único que fue es que no atendían donde la señorita liquidadora,<br />
solo eso, pero de ahí no; la señorita liquidadora<br />
a los que no sabemos leer, decía: “Lee el papel, ¿qué<br />
número tienes del juicio? ¿Por qué no lees y me das el número<br />
de juicio? Es que no das el número de juicio, ¿cómo<br />
te voy a atender?” Entonces no se podía, a veces atendía y<br />
a veces no atendía; decía: “Para mañana véngase” (Entrevista<br />
Nº 12, diciembre de 2012) (SIC).<br />
Creemos que la falta de capacitación y sensibilización<br />
en temas de género, hace que sus propias concepciones<br />
ético-morales interrumpan el acceso a una<br />
justicia de calidad y oportuna.<br />
Horita el problema es eso de las boletas que no me pueden<br />
dar, no sé por qué si ya están adeudándome como nueve<br />
pensiones y no sé por qué, no sé a quién defienden, si a<br />
los niños o a los papás porque dicen que los niños tienen<br />
derecho, pero también los papás tienen derecho, pero en<br />
34<br />
este caso no, no están viendo el derecho de los niños porque<br />
yo creo que deberían dar prioridad a los niños (Entrevista<br />
Nº 14, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Sumado a una cultura organizacional, donde el<br />
pago de “coimas” se encuentra naturalizado por la<br />
mayoría de las mujeres que acceden a la justicia.<br />
Las mujeres debido a los escasos recursos que<br />
manejan no cuentan con el dinero suficiente para cubrir<br />
los costos que se necesitan para entablar y seguir<br />
una demanda de alimentos. Entre los gastos se incluyen<br />
transporte, pago de copias, pago de servicios que<br />
en teoría son gratuitos, pago de honorarios a abogados,<br />
entre otros. También en la mayoría de los casos,<br />
les toca a las propias mujeres ubicar el paradero del<br />
demandado con todos los riesgos y gastos que implica.<br />
Aunque van acompañadas de la policía o algún<br />
oficial del tribunal, deben pagar el transporte o alguna<br />
“colaboración”.<br />
A la poca operatividad, eficiencia y eficacia en<br />
el trabajo que realizan los Juzgados de la Niñez y la<br />
Adolescencia, acostumbrados en su mayoría a acumular<br />
causas sin dar soluciones rápidas, se suman prácticas<br />
de corrupción por parte de algunos<br />
funcionarios. Los relatos de algunas entrevistadas dan<br />
cuenta de todas estas limitaciones:<br />
El señor de las citaciones, el citador judicial me pidió el<br />
dinero. Lamentablemente, como uno tiene, hay que esperar<br />
la voluntad de los señores. Hasta que por fin le<br />
hizo llegar la demanda, el señor contestó. Se demoró los<br />
tres meses en citarle por no haberle dado los 30 dólares,<br />
pero a la final le logró citar (...). Lo que me han dicho<br />
es… me han dado papeles para que vaya a traer copias:<br />
“saque copias, vaya y traiga copias” (Entrevista Nº 2)<br />
(SIC).<br />
Pero es que ni siquiera le dan a uno tiempo, ni siquiera<br />
que le traten bien o mal porque ya listo ya, venga el<br />
martes, ya, no ahorita no, el miércoles; venga el sábado,<br />
perdón, venga el lunes, venga… o sea ni siquiera dan<br />
tiempo para pensar (Entrevista Nº 23, diciembre de<br />
2010) (SIC).
Sobre lo mismo, otra entrevistada en la ciudad<br />
de Ibarra nos comentó muy frustrada; “a mí me parece<br />
que tienen que cambiar de forma de pensar porque<br />
siento que a veces hay gente que, así sea joven, tiene<br />
una forma de pensar muy tradicional, entonces hay<br />
mucha corrupción también, se dejan llevar mucho por<br />
el dinero” (Entrevista Nº 3, diciembre de 2010).<br />
Obtención de pruebas para presentar en la audiencia<br />
En la presentación de pruebas hay otro gran<br />
nudo. La mayoría de las mujeres que entrevistamos<br />
no se presentaron a la audiencia con pruebas, o por<br />
desconocimiento ya que no fueron informadas por<br />
sus abogados, o bien, si conocían sobre el tema no<br />
les resultaba fácil conseguirlas.<br />
Por ejemplo, para probar que pago arriendo me piden que<br />
tengo que tener un contrato cuando muchas ocasiones no<br />
se hacen contratos donde uno vive; son muy pocas las personas<br />
que hacen contrato. Ese tipo de pruebas. Que por<br />
favor tenga recibos del recorrido del niño, facturas de todo<br />
lo que se compra, cuando muchas veces uno compra en el<br />
mercado y ahí no le dan recibo a uno de lo que compra. Ese<br />
tipo de cosas (Entrevista Nº 15, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Incumplimiento de los pagos<br />
En un grupo focal realizado en la ciudad de Portoviejo,<br />
las mujeres expresaron angustiadas que les<br />
daba mucho miedo pensar en el futuro y tener que<br />
lidiar con pensiones impagas y reajustes de las mismas.<br />
Es innegable que quisieran evitar pasar buena<br />
parte de sus vidas que pasarán en Juzgados de la<br />
Niñez y la Adolescencia tratando de reclamar los derechos<br />
de sus hijas e hijos.<br />
Todas las mujeres consultadas comentaron lo<br />
poco efectivo que es el pago de pensiones de alimentos,<br />
porque finalmente sus ex compañeros los realizan<br />
cuando quieren.<br />
Y eso también, póngase el abogado dice, que son dos<br />
meses que si él no deposita entonces se le hace recién el<br />
proceso para que den la orden de apremio, pero es mucho<br />
35<br />
tiempo creo yo, porque se imagina dos meses… Gracias a<br />
Dios yo tengo a mi mami, pero si no le tuviera; o sea que<br />
hay muchas personas que están solas, muchas mujeres que<br />
están solas, dos meses no van a dejar de comer los hijos, y<br />
eso que no es mucho, pero a la final es lo que esperan<br />
(Grupo focal Cuenca, diciembre de 2010).<br />
Ruta más compleja por falta de información<br />
Cuando yo no tenía dinero, le digo la verdad, me fui allá<br />
a los consultorios gratuitos de los abogados, los consultorios<br />
gratuitos que no le cobran, entonces ahí me fui, pero<br />
ellos han sabido mandar todo a uno, a dejar trámites y trámites,<br />
y eso como le contaba, yo no sabía nada de donde<br />
me iba a dejar los papeles y nadie me quería así ayudar a<br />
dónde me tenía que ir ni nada. Me decían que yo tengo<br />
que hacer con una abogada, así como de aquí, no con ellos<br />
porque yo no sé nada me decían, vaya y consígase una abogada<br />
me decían, eso me dijeron una vez; por eso yo ya no<br />
me voy. Ahora mejor, como le dije a la doctorita, yo tengo<br />
la mitadcita para darle, cuando ya tengo yo vengo a hacer<br />
y el resto le doy. Así mediante me va llamando porque ya<br />
tengo miedo… yo no sé de los casos, no se ni dónde me<br />
paro, y allá me dijeron así: vaya y consígase una abogada<br />
porque usted no sabe nada, me dijo una chica de allá de<br />
los juzgados (Entrevista Nº 18, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Como hemos expuesto, la ruta para interponer<br />
y llevar a cabo una demanda por pensión de alimentos,<br />
se ve complejizada por una serie de inconvenientes<br />
que tienen una doble dimensión, que se<br />
encuentra presente a un nivel micro y a uno macro.<br />
Se trata de transformar toda una cultura organizacional<br />
deficiente, apoyada en estructuras y sistemas de<br />
valores. Identificamos que este panorama empeora<br />
las posibilidades de un acceso a la justicia efectiva de<br />
las mujeres. Si a ello sumamos las condiciones particulares<br />
de pobreza y exclusión, lo más probable es que<br />
tengan un acceso muy limitado o no tengan información,<br />
no sólo de cómo se realiza el proceso de la demanda,<br />
sino para completar los formularios y realizar<br />
los distintos trámites requeridos.
Tristemente, la gran mayoría de las entrevistadas<br />
no comprendían cómo era el proceso que debe seguir<br />
una demanda por pensión de alimentos, de manera<br />
que ni siquiera tenían claro en qué fase se encontraba<br />
su causa.<br />
La falta de acceso a la información las deja en<br />
una situación de extrema vulnerabilidad lo que las<br />
convierte en presas fáciles de inescrupulosos que sólo<br />
buscan su propio provecho económico, personajes<br />
que les produce profundas decepciones y acentúa su<br />
falta de credibilidad en la justicia.<br />
Como el abogado no me explica bien realmente, y cuando<br />
le digo que me explique como que se enoja, me dice hay<br />
pero, es que ya le digo señora. Es poca información la que<br />
ellos nos dan, es poca información la que una mujer realmente<br />
tiene, para realmente seguir los trámites, porque si<br />
una tal vez estuviera bien informada dijera tengo que<br />
hacer, tengo que acudir a esta oficina, tengo que sacar este<br />
trámite, de ahí tengo que esperar, pero no se sabe, igual<br />
eso digo tengo la primera instancia, y él cada dos meses<br />
paga un mes (Entrevista Nº 23, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Principales fortalezas<br />
identificadas en los Juzgados de la Niñez<br />
y la Adolescencia<br />
Como se mencionó previamente, esta Línea de<br />
Base también buscaba conocer cuáles han sido los<br />
avances en el acceso de las mujeres a justicia en temas<br />
de alimentos. Lamentablemente, no son muchas las<br />
fortalezas identificadas por las “usuarias” del sistema,<br />
al contrario, a la gran mayoría le pareció que no había<br />
nada positivo en el sistema.<br />
Obligación de pago de pensión a otros familiares<br />
Un aspecto en que coincidieron muchas de las<br />
mujeres entrevistadas es que consideran positiva la<br />
posibilidad de que el pago de pensiones alimenticias<br />
pueda ser realizado por familiares, si es que el padre<br />
se niega ha hacerlo. En un par de casos relatados, resultó<br />
ser que los padres finalmente se hicieron cargo<br />
36<br />
de su obligación de alimentar debido a la presión familiar.<br />
Al respecto, una mujer de Cuenca nos dijo:<br />
“pero es algo bueno, positivo es también que se le<br />
puede demandar a la mamá, porque si es que yo le<br />
demandara sólo a él, él no me pasara ni un centavo<br />
(Entrevista Nº 23, diciembre de 2010) (SIC).<br />
Atención “amable”<br />
Las mujeres que por lo general acuden a los juzgados,<br />
no tienen mucho acceso a recursos y se conforman<br />
con ser atendidas y que se les dé un trato<br />
digno. Desde esa perspectiva, varias mujeres identificaron<br />
como buena la atención en tanto sentían que<br />
el personal de los juzgados les estaba haciendo un<br />
favor, y no que como ciudadanas tenían el derecho a<br />
tener un buen servicio por parte de los funcionarios<br />
públicos.<br />
Sí son buenos, aunque un poco se demoran, pero sí han<br />
sido buenos; como no se sabe leer también, hay veces que<br />
no toman atención porque somos gente de campo, pero<br />
sí lo vamos poco a poco haciendo las cosas. Somos gente<br />
de campo, no sabemos leer, alguna oficina no atiende bonito,<br />
pero toca seguir andando para que avancen las cosas<br />
(Entrevista Nº 12, diciembre de 2012) (SIC).<br />
Es un trato bien especial que he sentido, que han tenido<br />
mucha paciencia, que siempre nos tratan bien a las que<br />
nos acercamos. Todo es bien ahí, siempre nos tratan bien,<br />
“nunca no nos han gritado”, no nos han dicho (Entrevista<br />
Nº 13, diciembre de 2012) (SIC).<br />
Pago por medio de banco<br />
Aunque existe mucha irregularidad en el pago<br />
mensual de las pensiones de alimentos por parte de<br />
los demandantes, opinan que ha sido un avance que<br />
éste se realice por medio del banco, pues de esa manera<br />
los tiempos de espera son menores, ya que sólo deben<br />
acercarse a un cajero automático. Una entrevistada de<br />
Portoviejo nos comentaba que si “es algo, bueno, que<br />
te den una tarjeta y automáticamente la persona va a<br />
ver si la persona… el demandado va a pagar mensualidad”<br />
(Entrevista Nº 30, diciembre de 2010).
Luego de presentada la Línea de Base, nos<br />
queda la profunda convicción de que es posible mejorar<br />
el sistema y que se está trabajando en eso; pero<br />
que para poder realizar cambios en el corto y sobre<br />
todo en largo plazo es necesario contar con herramientas<br />
que provean un panorama sobre el funcionamiento<br />
y el acceso de las mujeres de los Juzgados<br />
de la Niñez y la Adolescencia en Ecuador. Para ello,<br />
a continuación se propone la creación de un sistema<br />
de indicadores.<br />
37
5. PROPUESTA<br />
DE CREACIÓN<br />
DE INDICADORES<br />
DE SEGUIMIENTO A<br />
LOS PROCESOS<br />
JUDICIALES POR PENSIÓN<br />
DE ALIMENTOS<br />
En este capítulo presentamos una propuesta<br />
para la elaboración de un “Sistema de Estadísticas<br />
sobre Pensión de Alimentos” en el Sistema Judicial,<br />
que permita hacer un seguimiento a las causas ingresadas<br />
en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del<br />
Ecuador en esta materia. Se propone crear indicadores<br />
que permitan analizar el desarrollo de las causas<br />
por pensiones de alimentos, los cuales podrían ampliarse<br />
y utilizarse para seguir la evolución de los procesos<br />
de distintas causas que se procesan en estos<br />
juzgados.<br />
Para esto se hará una serie de recomendaciones,<br />
que ya en la etapa de recolección de datos en los juzgados,<br />
significará un filtro, que permitirá obtener información<br />
para procesarla y hacer el seguimiento con<br />
los indicadores que se generen o empleen. Para esto<br />
se debe implementar un sistema eficiente y fiable de<br />
recolección de datos.<br />
Cabe puntualizar que no fue posible obtener<br />
una base datos que contribuya a la generación de una<br />
batería de índices más acordes con la realidad de los<br />
juzgados. Sin embargo, con base en la información<br />
38<br />
obtenida en esta investigación, se ha formulado la<br />
propuesta que se detalla a continuación.<br />
Objetivo de un sistema<br />
de indicadores<br />
La creación de indicadores tiene como finalidad<br />
proveer información confiable que sirva como guía<br />
para dar seguimiento y evaluar la actuación de un programa,<br />
una política o una instancia, como son los Juzgados<br />
de la Niñez y Adolescencia. Se trata de que los<br />
indicadores construidos sirvan como una guía para<br />
que una toma de decisiones informada y objetiva, sea<br />
para implementar nuevas políticas o hacer correctivos<br />
que contribuyan al mejoramiento de la actuación de<br />
dichos juzgados, a agilitar los procesos judiciales y<br />
acortar los tiempos para la resolución de los fallos.<br />
De esa manera se asegurará una atención de calidad<br />
a las personas demandantes, como también el cumplimiento<br />
del derecho a la pensión de alimentos para<br />
niños, niñas y adolescentes.<br />
La proyección de los escenarios que se tendrían<br />
en un momento del tiempo es la función principal<br />
de los indicadores, es decir contar con información<br />
que permita saber cuál era su situación y cual sería<br />
con la implementación de medidas o sin ellas.<br />
Para iniciar la creación de este sistema de información<br />
estadística se necesita el levantamiento de<br />
datos en un determinado momento, éste será nuestro<br />
tiempo cero –la línea base cuantitativa con la que se<br />
medirá la evolución de los procesos– a partir del cual<br />
se crearán los indicadores que permitirán medir la<br />
agilidad con la que se resuelven estas causas a través<br />
del tiempo. Teniendo en cuenta que se debe contar<br />
con un indicador del tiempo óptimo para emitir resoluciones<br />
en las causas por alimentos, será posible<br />
definir metas en este aspecto.<br />
Los indicadores sólo tienen utilidad, precisión y<br />
validez cuando se pueden contrastar o comparar con<br />
los resultados de otros años. Por esto, la implementación<br />
de este sistema de estadísticas deberá contar con<br />
varias etapas, siendo fundamental el punto de partida,
pues allí se definirá la línea base cuantitativa con la<br />
que serán comparadas y medidas las actuaciones de<br />
los juzgados especializados en niñez y adolescencia.<br />
El conjunto de indicadores producidos permitirán<br />
hacer un análisis certero para la evaluación en<br />
la toma de decisiones acerca de las futuras mejoras<br />
en inversiones, restructuraciones y planeamientos;<br />
para la corrección de los factores que permitan la obtención<br />
de las metas deseadas o propuestas como óptimas<br />
para esos casos; y, para la implementación de<br />
políticas que permitan el mejoramiento de los procesos<br />
que generan inconvenientes en la obtención de<br />
las metas u objetivos que se tienen al respecto.<br />
Creación de la ficha informativa<br />
y de base de datos 1<br />
Pueden construirse distintas herramientas para<br />
la recolección de información. En este caso se sugiere<br />
abrir una ficha al ingresar la causa en el Juzgado, que<br />
contenga las variables básicas para contar con una<br />
Línea de Base (tiempo 0), lo que no impide que en el<br />
futuro ésta se mejoré y amplíe con la inclusión de<br />
nuevas variables para el análisis de los datos. Las variables<br />
propuestas, son<br />
a) Información sobre el Juzgado y la causa: provincia,<br />
ciudad, número de juzgado, tipo de causa,<br />
número de causa, fecha de ingreso, fecha de<br />
egreso<br />
b) Información sobre el perfil de la persona demandante:<br />
sexo, edad, estado civil, nivel socio<br />
económico (podrían considerarse los tres rangos<br />
propuestos por la tabla de pensiones alimenticias<br />
mínimas), escolaridad, identificación étnicocultural<br />
Además, la Base de Datos incluirá la siguiente<br />
información y operaciones, usando la misma ficha<br />
que utiliza el Consejo Nacional de la Judicatura para<br />
1 Se adjunta en anexo un ejemplo de Ficha Informativa que permita alimentar<br />
una base de datos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.<br />
39<br />
ver el movimiento trimestral de causas en los Juzgados<br />
por distrito, pero desagregado por trámite; juicio de<br />
alimentos, permiso de salida, patria potestad, tenencia<br />
y otras.<br />
a) El número de causas en proceso del año anterior<br />
que no hayan sido resueltas (causas represadas).<br />
b) Sumadas las causas nuevas ingresadas de manera<br />
trimestral (4 ingresos de información por<br />
año calendario).<br />
c) Menos las causas resueltas ingresadas de manera<br />
trimestral (4 ingresos de información por año<br />
calendario).<br />
El resultado obtenido será el total neto de causas<br />
pendientes para el año siguiente, siguiendo el modelo<br />
de tabla que usa para sistematizar la información de<br />
ingreso de causas, movimiento trimestral de causas el<br />
Consejo de la Judicatura de Ecuador. Todo ello constituirá<br />
una base de datos desagregada por las distintas<br />
variables ya nombradas, la que incluirá información<br />
de carácter nacional, por cada Juzgado de Niñez y<br />
Adolescencia existente.<br />
La base para la creación de un indicador adecuado,<br />
sólido y seguro está en la recolección de los<br />
datos necesarios para este proceso. Es por ello que la<br />
ficha técnica que se pretende hacer por cada una de<br />
las causas debe contener la mayor cantidad de información,<br />
de manera que permita hacer relaciones importantes<br />
entre las variables, determinar los nudos<br />
críticos, realizar la mayor cantidad de evaluaciones<br />
posibles con la información recaudada, e implementar<br />
correctivos.<br />
Construcción de indicadores<br />
Los primeros pasos para la creación de estos indicadores<br />
son: la identificación de los datos necesarios<br />
y relevantes para su futuro análisis, como<br />
también para el ordenamiento de la información procurando<br />
que haya homogeneidad.<br />
Luego de la identificación de los datos que se recolectarán,<br />
viene la construcción de los indicadores,
tomando en cuenta todas las variables que permitan<br />
desagregar la información en términos eficientes para<br />
una ideal administración de los recursos informativos,<br />
en términos de orientar la toma de decisiones.<br />
En las siguientes etapas se procederá con el trabajo<br />
de alimentación de la base de datos, el que se<br />
tornará fundamental para hacer las mediciones que<br />
se necesiten, por lo tanto, se debe crear un sistema<br />
que permita esta alimentación de datos de forma continua.<br />
El análisis de la evolución de los datos se puede<br />
hacer, en los primeros años, de forma mensual, para<br />
luego del segundo año ya tener una visión más general<br />
del fenómeno, y evaluar de forma trimestral. Los<br />
resultados serán entregados anualmente, luego de terminado<br />
el año calendario.<br />
Tomando en cuenta que el objetivo en la creación<br />
de estos indicadores es tener datos que permitan<br />
ver con qué agilidad se mueven las causas de pensión<br />
alimenticia en los juzgados del Ecuador, lo importante<br />
también es tener dentro de la ficha de antecedentes<br />
que se creará para este seguimiento, la fecha<br />
de recepción de la causa y la fecha en la que terminó<br />
el proceso con un fallo, lo que permitirá conocer el<br />
tiempo que toma la resolución de una demanda de<br />
este tipo.<br />
Otros resultados posibles<br />
del análisis<br />
Tomando en cuenta las variables y la desagregación<br />
que se fijó en un comienzo, se podría obtener<br />
información, sobre:<br />
a) Tiempos promedios que demoran las causas.<br />
b) Cuáles son los juzgados con mejores y peores<br />
tiempos para emitir una resolución.<br />
c) Conocer qué provincia o juzgado es el más eficiente<br />
y cuál o cuáles no lo son.<br />
d) Si tenemos en cuenta la situación socio-económica<br />
y la identificación étnica cultural de las personas<br />
demandantes, el análisis sería mucho más<br />
rico en resultados, por cuanto podríamos dife-<br />
40<br />
renciar si hay alguna correlación entre estas variables<br />
y el tiempo en que se demoró el fallo.<br />
Es importante tener en cuenta que los índices<br />
que se obtendrán nos permitirán, en el mediano y<br />
largo plazo, no sólo medir el fenómeno año tras año,<br />
sino también hacer un análisis más detallado, exacto<br />
y oportuno, para poder dar respuestas más rápidas<br />
en las mejoras que necesite el sistema, y así dar cumplimiento<br />
a las metas deseadas.
6. A MODO<br />
DE CONCLUSIÓN<br />
Los Juzgados de la Niñez<br />
y Adolescencia<br />
El acceso a justicia de las mujeres en los Juzgados<br />
de la Niñez y Adolescencia se ve entorpecido por una<br />
serie de problemas que se encuentran institucionalizados<br />
en la cultura organizacional.<br />
Una medida urgente es la capacitación continua<br />
de los operadores de justicia en temas de género y de<br />
justicia de género, con el fin de evitar que en su actuación<br />
intervengan sus concepciones ideológicas y<br />
sus valores morales. Debe instalarse en ellos una<br />
agenda ética imparcial que tenga como prioridad los<br />
derechos y el acceso a una justicia efectiva.<br />
Los otros cambios que deben presentarse en los<br />
Juzgados son con respecto a su funcionamiento para<br />
dejar de ejercer violencia simbólica contra las mujeres<br />
demandantes y dejar de lado las malas prácticas asociadas<br />
al poder que ostentan como operadores de justicia,<br />
de manera que los trámites dependen de la<br />
“buena voluntad” del funcionario/a. Estos hechos limitan<br />
el acceso a la justicia de las madres tutelares y<br />
el cumplimiento adecuado del derecho a la pensión<br />
de alimentos.<br />
La única alternativa que se ve al problema en el<br />
corto plazo, tiene que ver con una fiscalización y control<br />
sobre estos trabajadores/as de los juzgados,<br />
donde se impongan sanciones reales a las denuncias<br />
que hagan las demandantes, quienes deben conocer<br />
41<br />
que tienen el derecho a realizar una evaluación sobre<br />
el desempeño de quienes las han agredido de alguna<br />
forma con su atención. Para esto existe un Formulario<br />
de Evaluación en el Ministerio de Relaciones Laborales,<br />
llamado “Evaluación del desempeño,<br />
trámites o servicios de los Servidores Públicos”.<br />
Si bien se trata de juzgados especializados en materia<br />
de niñez y adolescencia, no existe un trato justo<br />
con las “usuarias”, las que sin embargo tienen más<br />
acceso que antes a las instancias judiciales, pero que<br />
no necesariamente se traduce en justicia efectiva para<br />
ellas y sus hijas e hijos.<br />
Justicia a “medias”:<br />
experiencias de las mujeres en demandas<br />
de pensión de alimentos<br />
Una de las consecuencias del acceso a la justicia<br />
parcial por parte de las mujeres, es el empobrecimiento<br />
producto de la ruptura de la pareja y de la no<br />
asunción de una paternidad responsable. Se encontró<br />
que el derecho a la pensión de alimentos sólo se solicita<br />
cuando esta situación se torna insostenible.<br />
Por un lado, a las mujeres les toca enfrentar<br />
solas el cuidado y mantención doméstica de los hijos<br />
y, en buena parte de los casos, son ellas las que asumen<br />
la totalidad de los gastos que requiere la mantención<br />
de los niños, niñas y adolescentes. El estudio<br />
encontró que algunas mujeres solo reciben el monto<br />
de la pensión mínima asignado provisionalmente, lo<br />
que no alcanza ni siquiera para la alimentación de su<br />
prole; mientras otras que obtuvieron un dictamen,<br />
consiguieron montos muy por debajo de lo que esperaban<br />
y necesitaban para poder mantener dignamente<br />
a sus hijos e hijas.<br />
Finalmente las mujeres, en la mayoría de los<br />
casos, son las que hacen el aporte mayor para la manutención<br />
de sus hijas e hijos porque aunque logren<br />
dividir en partes iguales los gastos con el padre –minoría<br />
de casos– ellas contribuyen con trabajos que no<br />
son considerados como tal y peor aún valorados económicamente<br />
o de forma monetario. Se trata del tra-
ajo doméstico y de cuidado, al cual socialmente sólo<br />
se le asigna un valor de uso.<br />
Con lo expuesto anteriormente, podemos concluir<br />
que las mujeres en razón de su género ven obstaculizado<br />
su acceso a la justicia en materia de<br />
alimentos, situación que se agrava si a su condición<br />
de género le sumamos la “clase”, la pertenencia étnica<br />
culturla, nivel socioeconómico y nivel educacional.<br />
La intersección de todas estas categorías sólo puede<br />
producir más discriminación y exclusión dentro del<br />
sistema de administración de justicia.<br />
El que las mujeres sean entendidas en el espacio<br />
privado del hogar y la familia, crea unas condiciones<br />
de empobrecimiento en ellas y sus familias –recordemos<br />
que una de cinco mujeres en Ecuador es jefa de<br />
hogar–. Primero no se reconocen las labores domésticas<br />
ni de cuidado que llevan a cabo, incluso cuando<br />
trabajan remuneradamente fuera del hogar. Esto se<br />
debe, principalmente, a concepciones de orden simbólico<br />
y cultural que ubican a las mujeres en un<br />
“deber ser” de entrega absoluta al otro, sin importar<br />
la vulneración de sus derechos.<br />
Toda esta problemática se inserta en el discurso<br />
de los derechos humanos; ya que las mujeres deberían<br />
tener garantizado el derecho a vivir en igualdad de<br />
condiciones con los hombres, lo que incluye un ejercicio<br />
de la ciudadanía completo con acceso a la justicia.<br />
Como en este caso se trata de un derecho del que<br />
sólo son tutelares las mujeres, también se están violando<br />
los derechos de las niñas, niños y adolescentes,<br />
quienes deben tener aseguradas condiciones básicas<br />
mínimas para una subsistencia digna.<br />
Producto de esta carencia de derechos fundamentales<br />
no existe lo que se denomina justicia de género,<br />
la cual aspira a la igualdad entre hombres y<br />
mujeres, a que las mujeres tengan acceso y control de<br />
recursos, con un pleno ejercicio de la ciudadanía.<br />
Como esto no ocurre, es deber del Estado buscar las<br />
condiciones y rendir cuentas al respecto. Si bien se<br />
ha avanzado en la creación de toda una institucionalidad<br />
que apoya el derecho de niñas, niños y adolescentes<br />
para acceder a alimentos, existen aún muchos<br />
42<br />
nudos críticos que impiden el ejercicio real de este<br />
derecho.<br />
La justicia de género nos recuerda que las injusticias<br />
se reproducen entre mujeres y hombres en el<br />
contexto de la familia, y cuando ésta se transforma<br />
en monoparental y son las mujeres las que toman<br />
completamente las obligaciones de subsistencia y<br />
mantención, ellas se ven apremiadas una vez más por<br />
la violencia económica.<br />
El que las mujeres tengan acceso a la justicia y<br />
que se garantice una igualdad de jure –la cual es fijada<br />
por la norma jurídica– puede generar reales impactos<br />
sobre el orden cultural, simbólico y económico 2 , ya<br />
que la carencia de recursos genera desconocimiento<br />
de la diferencia. En este caso, el que las mujeres se<br />
hagan cargo de sus hijas e hijos solas, por esta obligación<br />
de cuidado de los otros y que las determina y domina<br />
culturalmente, y las reconoce sólo en tanto en<br />
relación con la familia y el hogar, las empobrece al no<br />
existir el reconocimiento económico. Muchos padres<br />
al desvincularse de las familias dejan de cumplir con<br />
sus obligaciones, las cuales están establecidas en la<br />
Constitución del Ecuador, país que además que ha<br />
ratificado Instrumentos y Convenciones Internacionales<br />
sobre protección de la infancia, el bien superior<br />
del niño, y el derecho de las mujeres a vivir una vida<br />
libre de violencia.<br />
Como analizamos en la presente investigación,<br />
son las mujeres de menores recursos económicos y de<br />
orden cultural las que demandan pensiones de alimentos,<br />
lo que nos muestra que en la práctica éstas<br />
no tienen ningún poder real sobre su juicio y su propio<br />
proceso, situación que condiciona la justicia para<br />
ellas y sus familias, y las vuelve más vulnerables.<br />
Como señala Torres (2006), existe una relación causal<br />
y directa entre la violencia de género y la subsistencia<br />
familiar. Ser mujer y pobre ocasiona que muchas<br />
veces la justicia opere de manera discriminatoria con-<br />
2 Aunque sabemos que por sí sola la justicia no genera cambios, se requiere<br />
de un trabajo de orden estructural y simbólico que transforme paradigmas.
tra ellas, por los sesgos culturales e históricos con que<br />
se maneja.<br />
Finalmente, debemos aportar que existen muchas<br />
posibilidades para mejorar el acceso a justicia de<br />
las mujeres en el tema de pensiones mínimas de alimentos<br />
y, sin duda, esta investigación nos abre muchas<br />
nuevas interrogantes y posibilidades de<br />
investigación desde los diferentes actores, procesos e<br />
informaciones secundarias existentes, como por ejemplo,<br />
sobre sentencias judiciales.<br />
43
7. RECOMENDACIONES<br />
Nos parece importante partir señalando que las<br />
reformas que se han hecho en materia de alimentos,<br />
si bien no han generado una profunda transformación,<br />
sólo por mencionar un nudo crítico, el tema de<br />
los represamientos de causas en los Juzgados de la<br />
Niñez y Adolescencia, genera posibilidades de cambio<br />
futuras. Para eso se requiere de la aplicación de medidas<br />
a corto y largo plazo.<br />
Entre los cambios favorables consideramos que<br />
si se clarifica la ambigüedad en la aplicación de la Tabla<br />
de Pensiones Mínimas de Alimentos, se generarán<br />
cambios sin precedentes en la vida de las niñas, niños<br />
y adolescentes del país, que tienen que ver con el acceso<br />
a una vida digna para ellos y sus madres. Si consideramos<br />
-sólo por mencionar un beneficio en la vida<br />
de los niños/as- que casi 371.000 niños en Ecuador<br />
menores de cinco años sufren de desnutrición crónica<br />
y que, de ese total, 90.000 padecen una condición<br />
aguda, según datos del Banco Mundial (2007), nos<br />
surge la inevitable pregunta ¿a cuántos de esos niños<br />
se les estará negando el acceso a justicia por medio de<br />
la pensión mínima de alimentos? Y si consideramos<br />
todos los impactos que tiene la mala alimentación<br />
sobre la salud de las personas, asegurar el acceso a este<br />
derecho debe ser una prioridad de Estado.<br />
Las recomendaciones se encuentran orientadas<br />
por sugerencias de las propias “usuarias” que han accedido<br />
a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del<br />
Ecuador, y otras propuestas a partir de los nudos críticos<br />
encontrados en la presente investigación. A con-<br />
44<br />
tinuación presentamos las medidas para mejorar el<br />
servicio que brindan los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.<br />
1. Es urgente la puesta en marcha de la Escuela Judicial,<br />
como determina el Código Orgánico de<br />
la Función Judicial, para que apoye en el acceso<br />
a conocimientos por medio de la capacitación<br />
a operadores y auxiliares de la justicia, en temas<br />
específicos como; sensibilización en género, justicia<br />
de género, buen trato, entre otros temas<br />
prioritarios para el tema de alimentos.<br />
2. La importancia de esta institución radica, en<br />
que en el largo plazo puede generar cambios de<br />
orden cultural y técnico que se reflejen una<br />
equitativa y oportuna administración de la justicia;<br />
a la vez que posibilite la disminución de<br />
otros conflictos relacionados con la cultura organizacional<br />
que permite cobros y el ejercicio indebido<br />
de la justicia.<br />
3. Aplicar sin excepciones la Tabla de Pensiones<br />
Mínimas Alimenticias para asegurar que el<br />
monto fijado como Pensión Provisional, esté de<br />
acuerdo con las necesidades de las niñas, niños<br />
y adolescentes, para que en el tiempo en que es<br />
dictada la sentencia no sean afectados por carencias,<br />
producto del factor económico.<br />
4. Acerca de los horarios de atención de estos Juzgados,<br />
se recomienda acomodarlos en función<br />
del acceso de las mujeres trabajadoras, ya que les<br />
resulta sumamente complejo ausentarse por largas<br />
horas del trabajo, lo que también se traduce<br />
en un detrimento económico, ya que a muchas<br />
se les descuentan las horas no trabajadas.<br />
5. Las mujeres usuarias de los Juzgados de la Niñez<br />
y Adolescencia son madres, y muchas no cuentan<br />
con una persona que les ayude con las labores<br />
de cuidados de sus hijas e hijos, por lo que<br />
sería oportuno contar con un espacio destinado<br />
al cuidado de los niños en el mismo Juzgado,<br />
para que ellas puedan realizar sus trámites con<br />
tranquilidad.
6. Poner en marcha la propuesta presentada por la<br />
Defensoría Pública de Ecuador, sobre la “Creación<br />
e implementación del Modelo de Gestión<br />
para la Calidad, Acreditación, Seguimiento y<br />
Control de los Consultorios Jurídicos Gratuitos<br />
de las Universidades, Servicios de Patrocinio, Defensa<br />
Jurídica y Asesoría Legal Gratuita para grupos<br />
de atención prioritaria en el Ecuador”, que<br />
busca dar cobertura en defensa gratuita –entre<br />
otros– a las mujeres y su exigibilidad del derecho<br />
de pensión de alimentos en favor de sus hijas e<br />
hijos. Su aplicación será de gran ayuda en la descongestión<br />
de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.<br />
7. Crear e implementar un “Fondo auxiliar de alimentos”<br />
con capital asignado por el Estado ecuatoriano,<br />
cuyo fin será cubrir de manera transitoria<br />
las pensiones alimenticias que se encuentren en<br />
mora y que hayan sido declaradas así por los Juzgados<br />
que ven materia de alimentos 3 .<br />
8. Creación e implementación de una “Central de<br />
Petición de Alimentos (CPA)” administrada por<br />
el Consejo de la Niñez y la Adolescencia<br />
(CNNA) que, entre otras cosas, cree una base<br />
propia de datos que pueda ser consultada por<br />
empleadores. Esta central tendrá acceso a las<br />
bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad<br />
Social, al Servicio de Rentas Internas,<br />
al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil,<br />
a la Comisión de Tránsito, entre otros, con<br />
el fin de acceder a información que es de difícil<br />
acceso o es negada a las mujeres y que es de vital<br />
importancia a la hora de completar el formulario<br />
para la demanda y presentación de pruebas 4 .<br />
9. Crear la obligación legal para todos los empleadores<br />
de Ecuador –públicos y privados– de exigir<br />
un certificado que será expedido por la<br />
3 Existe una propuesta que se encuentra trabajando la Defensoría Pública<br />
donde han fijado Lineamientos y un Plan Operativo Básico.<br />
4 Se trata de otra propuesta que se encuentra trabajando la Defensoría<br />
Pública.<br />
45<br />
“Central de Petición de Alimentos (CPA)” en<br />
donde conste que la persona que lo solicita no<br />
se encuentra en mora por pago de pensión de<br />
alimentos, y sin el cual no se pueden firmar contratos<br />
laborales.<br />
10. Creación e implementación de “Oficinas de Información,<br />
Reclamos y Sugerencias de los Juzgados<br />
de la Niñez y Adolescencia (OIRS-JNNA)”.<br />
Habrá una oficina en el edifico que concentra<br />
estos juzgados por capital provincial. Estas tendrán<br />
por misión informar, de forma clara y atenta<br />
a las personas que lo soliciten, sobre el proceso<br />
judicial de demanda de pensión mínima de alimentos.<br />
Las/os profesionales de las OIRS-JNNA<br />
tendrán, a parte del conocimiento a cabalidad del<br />
proceso de pensión de alimentos, capacitación y<br />
sensibilización en temas de justicia de género.<br />
11. En este mismo lugar, se prestará la ayuda necesaria<br />
para reclamar malos tratos e irregularidades<br />
por parte de los operadores de justicia. En<br />
caso de ser comprobadas por la institución deberán<br />
tomarse las medidas necesarias para revertir<br />
la situación denunciada. Estas OIRS-JNNA,<br />
deberán receptar y procesar la información sugerida<br />
por las/los usuarios contenidas en unas<br />
papeletas de “Sugerencias” que se podrán obtener<br />
en esta oficina. Se creará un mecanismo<br />
para evaluar la satisfacción del servicio por parte<br />
de las/los usuarios.<br />
12. Se contará con un “Sistema Informático Nacional<br />
de Libre Acceso”, donde las/los demandantes<br />
podrán ver y revisar el estado de sus<br />
demandas en línea por pensión de alimentos.<br />
Para la implementación de este sistema se requiere<br />
que el Consejo de la Judicatura mantenga<br />
su servicio de Consultas de Causas en<br />
línea actualizadas. Cada OIRS-JNNA contará<br />
con al menos un computador de libre acceso<br />
para las/los demandantes.<br />
13. Ejecución de una campaña publicitaria nacional<br />
de información sobre el derecho a la pensión de<br />
alimentos.
14. Publicar una cartilla “La ruta de la pensión de<br />
alimentos”, donde de manera clara, sencilla y didáctica<br />
se informe a la ciudadanía sobre el derecho<br />
de alimentos y el proceso a seguir. Ésta<br />
debería contener también información sobre<br />
cómo obtener asesoría y defensa gratuita en caso<br />
de ser necesario.<br />
15. Generar un convenio entre la Defensoría Pública<br />
y el Ministerio de Defensa que, entre otras<br />
cosas, exija el pago de pensiones mínimas alimenticias<br />
y que permita el acceso a la información<br />
por parte de las/los demandantes de este<br />
derecho.<br />
16. La Defensoría Pública en el cumplimiento de su<br />
deber necesita urgente de abogados/as especializados<br />
en temas de derechos de alimentos y género,<br />
para apoyar a madres y padres de escasos<br />
recursos que requieran apoyo legal gratuito. Para<br />
el cumplimiento de este objetivo la Defensoría<br />
Pública necesita contar con un mayor número<br />
de defensores/as en todo el país.<br />
17. Se debe proveer de un “Sistema nacional unificado<br />
de levantamiento de información sobre<br />
procesos judiciales en materia de alimentos”,<br />
que genere una base de datos para una Línea de<br />
Base a partir de la cual podrán aplicarse indicadores<br />
que permitan evaluar la eficiencia y eficacia<br />
de estos Juzgados especializados, y que se<br />
constituya en un insumo básico para la toma de<br />
decisiones. Transparentar el funcionamiento de<br />
los Juzgados puede mejorar su desempeño, creando<br />
sanciones e incentivos.<br />
46
8. BIBLIOGRAFÍA<br />
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9. ANEXOS<br />
Anexo 1<br />
INSTRUMENTOS DE DERECHO Y POLÍTICA<br />
PÚBLICA EN ECUADOR<br />
Los siguientes artículos responden a los argumentos<br />
dentro de los cuales se enmarca la exigencia<br />
del derecho de pensión de alimentos de niños, niñas<br />
y adolescentes del Ecuador.<br />
Ecuador: la Carta Magna, el Código y la Ley<br />
Carta Magna<br />
Los artículos de la Constitución del Ecuador de<br />
2008, dentro de los cuales se enmarca este derecho<br />
de pensión de alimentos, son los siguientes:<br />
Art. 44. - El Estado, la sociedad y la familia promoverán<br />
de forma prioritaria el desarrollo integral de<br />
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio<br />
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de<br />
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre<br />
los de las demás personas.<br />
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho<br />
a su desarrollo integral, entendido como proceso de<br />
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto<br />
y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones,<br />
en un entorno familiar, escolar, social y comunitario<br />
de afectividad y seguridad.<br />
49<br />
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades<br />
sociales, afectivo-emocionales y culturales,<br />
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales<br />
y locales.<br />
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán<br />
de los derechos comunes del ser humano, además de<br />
los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará<br />
la vida, incluido el cuidado y protección<br />
desde la concepción.<br />
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a<br />
la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre<br />
y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación<br />
y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad<br />
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia<br />
familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto<br />
de su libertad y dignidad; a ser consultados en los<br />
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria<br />
en su idioma y en los contextos culturales propios<br />
de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información<br />
acerca de sus progenitores o familiares ausentes,<br />
salvo que fuera perjudicial para su bienestar.<br />
El Estado garantizará su libertad de expresión y<br />
asociación, el funcionamiento libre de los consejos<br />
estudiantiles y demás formas asociativas.<br />
Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas<br />
integrantes de la familia:<br />
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables;<br />
la madre y el padre estarán obligados al<br />
cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo<br />
integral y protección de los derechos de sus hijas e<br />
hijos, en particular cuando se encuentren separados<br />
de ellos por cualquier motivo.<br />
5. El Estado promoverá la corresponsabilidad<br />
materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los<br />
deberes y derechos recíprocos entre madres, padres,<br />
hijas e hijos.<br />
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las<br />
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros<br />
previstos en la Constitución y la ley:
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas<br />
e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y<br />
padres en igual proporción, y corresponderá también<br />
a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.<br />
El Código especializado<br />
Los artículos del Código Orgánico de Niñez y<br />
Adolescencia que protegen el derecho de las niñas,<br />
niños y adolescentes del Ecuador en materia de alimentos<br />
son:<br />
Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y<br />
adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.<br />
Es obligación del Estado, la sociedad y la familia<br />
asegurar por todos los medios a su alcance, su<br />
supervivencia y desarrollo.<br />
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños,<br />
niñas y adolescentes tienen derecho a una vida<br />
digna, que les permita disfrutar de las condiciones<br />
socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.<br />
Otras leyes<br />
Dentro de los innumerados de la Ley reformatoria<br />
al Título V, Libro Segundo Código Orgánico de<br />
Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 del 28 de julio<br />
del 2009) encontramos los siguientes artículos:<br />
Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho<br />
a alimentos es connatural a la relación parento-filial<br />
y está relacionada con el derecho a la vida, la supervivencia<br />
y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar<br />
los recursos necesarios para la satisfacción<br />
de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:<br />
1. Alimentación nutritiva<br />
2. Salud integral: prevención, atención médica<br />
y provisión de medicinas;<br />
50<br />
3. Educación;<br />
4. Cuidado;<br />
5. Vestuario adecuado;<br />
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios<br />
básicos;<br />
7. Transporte;<br />
8. Cultura, recreación y deporte; y,<br />
9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho<br />
habiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.<br />
Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.-<br />
Tienen derecho a reclamar alimentos:<br />
1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los<br />
emancipados voluntariamente que tengan ingresos<br />
propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de<br />
éste derecho de conformidad con la presente norma;<br />
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años<br />
que demuestren que se encuentran cursando estudios<br />
en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte<br />
dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos<br />
propios y suficientes; y,<br />
3. Las personas de cualquier edad, que padezcan<br />
de una discapacidad o sus circunstancias físicas o<br />
mentales que les impidan o dificulte procurarse los<br />
medios para subsistir por sí mismas, conforme conste<br />
del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional<br />
de Discapacidades CONADIS, o de la institución<br />
de salud que hubiere conocido del caso que para<br />
el efecto deberá presentarse.<br />
Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.-<br />
Los padres son los titulares principales de la<br />
obligación alimentaria, aún en los casos de limitación,<br />
suspensión o privación de la patria potestad.<br />
En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia<br />
de recursos o discapacidad de los obligados<br />
principales, debidamente comprobado por quien<br />
lo alega, la autoridad competente ordenará que la<br />
prestación de alimentos sea pagada o completada<br />
por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios,<br />
en atención a su capacidad económica y siem-
pre y cuando no se encuentren discapacitados, en<br />
su orden:<br />
1. Los abuelos/as;<br />
2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21<br />
años y no estén comprendidos en los casos de los numerados<br />
dos y tres del artículo anterior; y,<br />
3. Los tíos/ tías.<br />
La autoridad competente, en base al orden previsto<br />
en los numerales precedentes, en los grados de<br />
parentesco señalados, de modo simultáneo y con base<br />
en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos<br />
parientes proveerán la pensión o asumirla en su<br />
totalidad, según el caso.<br />
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán<br />
ejercer la acción de repetición de lo pagado contra<br />
el padre y/o la madre.<br />
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos<br />
internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar<br />
el derecho de los alimentos de los niños,<br />
niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres<br />
que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas<br />
las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo<br />
de la pensión.<br />
La autoridad central actuará con diligencia para<br />
asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas<br />
y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia.<br />
Art. 15.- Innumerado 15.- Parámetros para<br />
la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias<br />
Mínimas.- El Consejo Nacional de la Niñez<br />
y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias<br />
Mínimas en base a los siguientes parámetros:<br />
a) Las necesidades básicas por edad del alimentado<br />
en los términos de la presente Ley;<br />
b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes,<br />
apreciados en relación con sus ingresos ordinarios<br />
y extraordinarios, gastos propios de sus modos de<br />
vida y de sus dependientes directos;<br />
c) Estructura, distribución del gasto familiar e<br />
ingresos de los alimentantes y derecho habientes; y,<br />
d) Inflación.<br />
51<br />
El juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor<br />
menor al determinado en la Tabla de Pensiones Alimenticias<br />
Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión<br />
mayor a la establecida, dependiendo del mérito<br />
de las pruebas presentadas en el proceso.<br />
Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente<br />
indexadas dentro de los quince primeros<br />
días del mes de enero de cada año, considerando<br />
además el índice de inflación publicado por el Instituto<br />
Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el<br />
mes de diciembre del año inmediato anterior y en el<br />
mismo porcentaje en que se aumente la remuneración<br />
básica unificada del trabajador en general.<br />
En los casos en que los ingresos del padre y la<br />
madre no existieren o fueren insuficientes para satisfacer<br />
las necesidades del derechohabiente, el juez/a a<br />
petición de parte, dispondrá a los demás obligados,<br />
el pago de una parte o de la totalidad del monto fijado,<br />
quienes podrán ejercer la acción de repetición<br />
de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente<br />
obligados al cumplimiento de esta prestación.<br />
Art. 16.- Innumerado 16.- Subsidios y otros beneficiarios<br />
legales.- Además de la prestación de alimentos,<br />
el alimentado tiene derecho a percibir de su<br />
padre y/o madre, los siguientes beneficiarios adicionales:<br />
1.- Los subsidios legales o convencionales por<br />
carga familiar que reciba el demandado;<br />
2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que<br />
se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de<br />
cada año para las provincias del régimen educativo<br />
de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para<br />
las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos.<br />
El pago de las pensiones adicionales se realizará<br />
aunque el demandado no trabaje bajo relación<br />
de dependencia; y,<br />
3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas<br />
por el prestador de alimentos por cargas familiares,<br />
que deberá prorraterase entre todos quienes<br />
tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga<br />
derecho a dichas utilidades.
Contexto Internacional: Instrumentos legales en los<br />
que se sustentan los Derechos Humanos y de la Niñez<br />
Declaración Universal de los Derechos Humanos<br />
Dentro de la Declaración Universal de los Derechos<br />
Humanos encontramos los siguientes artículos<br />
que pueden justificar el derecho de pensión de alimentos<br />
de niñas, niños y adolescentes.<br />
Art.25.<br />
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida<br />
adecuado que le asegure, así como a su familia, la<br />
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el<br />
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios<br />
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros<br />
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,<br />
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios<br />
de subsistencia por circunstancias independientes de<br />
su voluntad.<br />
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a<br />
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos<br />
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen<br />
derecho a igual protección social.<br />
Convención de Derechos del Niño-UNICEF<br />
Sobre la Convención de Derechos del Niño-<br />
UNICEF podemos justificar por medio de los siguientes<br />
artículos:<br />
Art. 27<br />
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de<br />
todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo<br />
físico, mental, espiritual, moral y social.<br />
2. A los padres u otras personas encargadas del<br />
niño les incumbe la responsabilidad primordial de<br />
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios<br />
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias<br />
para el desarrollo del niño.<br />
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones<br />
nacionales y con arreglo a sus medios, adopta-<br />
52<br />
rán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a<br />
otras personas responsables por el niño a dar efectividad<br />
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán<br />
asistencia material y programas de apoyo,<br />
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario<br />
y la vivienda.<br />
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas<br />
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia<br />
por parte de los padres u otras personas que<br />
tengan la responsabilidad financiera por el niño,<br />
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el<br />
extranjero. En particular, cuando la persona que<br />
tenga la responsabilidad financiera por el niño resida<br />
en un Estado diferente de aquel en que resida el niño,<br />
los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios<br />
internacionales o la concertación de dichos<br />
convenios, así como la concertación de cualesquiera<br />
otros arreglos apropiados.<br />
Art. 29<br />
1. Los Estados Partes convienen en que la educación<br />
del niño deberá estar encaminada a:<br />
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la<br />
capacidad mental y física del niño hasta el máximo<br />
de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de<br />
los derechos humanos y las libertades fundamentales<br />
y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones<br />
Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus<br />
padres, de su propia identidad cultural, de su idioma<br />
y sus valores, de los valores nacionales del país en que<br />
vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones<br />
distintas de la suya;<br />
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable<br />
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,<br />
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad<br />
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y<br />
religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar<br />
al niño el respeto del medio ambiente natural.<br />
Art. 30.- En los Estados en que existan minorías<br />
étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen<br />
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a
tales minorías o que sea indígena el derecho que le<br />
corresponde, en común con los demás miembros de<br />
su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y<br />
practicar su propia religión, o a emplear su propio<br />
idioma.<br />
Art. 31.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho<br />
del niño al descanso y el esparcimiento, al juego<br />
y a las actividades recreativas propias de su edad y a<br />
participar libremente en la vida cultural y en las artes.<br />
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán<br />
el derecho del niño a participar plenamente en la vida<br />
cultural<br />
Política Pública donde se enmarca el derecho de<br />
niños, niñas y adolescentes a la pensión de alimentos<br />
Plan del Buen Vivir<br />
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y<br />
la integración social y territorial en la diversidad.<br />
1.2. h. Promover la corresponsabilidad pública,<br />
familiar y comunitaria en el cuidado de niñas, niños,<br />
adolescentes y personas dependientes.<br />
1.10. a. Ampliar la educación familiar, comunitaria<br />
y formal para garantizar condiciones adecuadas<br />
de protección, cuidado y buen trato, en particular en<br />
las etapas de formación prenatal, parto y lactancia.<br />
d. Fomentar acciones integrales de prevención<br />
del trabajo infantil, de la participación de niños y<br />
niñas menores en actividades de delincuencia, del<br />
maltrato familiar y sus otras formas y de la falta de acceso<br />
a educación, fortaleciendo las defensorías comunitarias<br />
y la rehabilitación familiar.<br />
53
Anexo 2<br />
PROCESO DE UNA DEMANDA DE ALIMENTOS 1<br />
Tiempo Legal<br />
(Término)<br />
2 días<br />
Art. 35<br />
10 días<br />
Art. 35<br />
3 días<br />
Art. 40<br />
<br />
Tiempo Legal<br />
(Término)<br />
2 días Recepción<br />
Art. 35<br />
CALIFICACION<br />
DE LA DEMANDA<br />
10 días<br />
Art. 35<br />
3 días<br />
Art. 40<br />
10 días (desde la recepción)<br />
Art. 41<br />
10 días (desde la recepción)<br />
Art. 41<br />
<br />
PRESENTACIÓN<br />
DE LA DEMANDA<br />
Art. 35.-<br />
Fija pensión provisional.<br />
Dispondrá la citación (boleta única)<br />
Evacúa las pruebas.<br />
Ordena medidas cautelares<br />
CITACIÓN<br />
<br />
AUDIENCIA UNICA<br />
Juez fija la pensión definitiva<br />
Art. 37.- Si no se ha practicado<br />
el examen de ADN, se suspende por<br />
de 20 días.<br />
Art. 38.- Se puede diferir por 3 días.<br />
Art. 37.- Si no comparecen<br />
las partes la pensión provisional<br />
se convierte en definitiva.<br />
RECURSO DE APELACIÓN<br />
(Corte Provincial de Justicia)<br />
RESOLUCIÓN<br />
Recepción de la resolución<br />
en el Juzgado<br />
<br />
<br />
PETICION DE LIQUIDACIÓN<br />
2 meses de no pago de la pensión<br />
Art. 22.<br />
<br />
Juez solicita la certificación de la cantidad <br />
que se pagará (Oficina de Liquidaciones).<br />
Oficina de Liquidaciones, emite informe<br />
CORRE TRASLADO<br />
<br />
<br />
48 horas para alegar, pago o acordar<br />
formas de pago.<br />
En caso de NO PAGO, el defensor<br />
solicita el apremio.<br />
APREMIO<br />
<br />
<br />
30 días: 1a.vez<br />
<br />
60 días: reincidencia<br />
<br />
90 días: 3a. vez<br />
<br />
180 días: 4a. vez<br />
<br />
De no estar completa<br />
la demanda el juez solicita<br />
al abogado<br />
la complete en 3 días.<br />
Envío del expediente del juzgado a la Corte<br />
5 días Art. 40.<br />
Envío del expediente del juzgado a la Corte<br />
3 días Art. 41.<br />
1 Agradecemos al Ing. Giovani Veintimilla Director de Gestión de la Fiscalía de Pichincha quien amablemente nos facilitó esta información junto a otros datos.<br />
54
Anexo 3<br />
ESQUEMA SOBRE LA FUNCIÓN JUDICIAL 2<br />
<br />
<br />
FUNCIÓN<br />
EJECUTIVA<br />
Órgano<br />
de Control<br />
Administrativo<br />
Consejo<br />
de la Judicatura<br />
(Controla a todos los otros<br />
órganos)<br />
<br />
<br />
FUNCIÓN<br />
LEGISLATIVA<br />
<br />
Órganos <br />
Jurisdiccionales<br />
Corte<br />
Nacional<br />
<br />
Cortes Provinciales<br />
<br />
Tribunales<br />
(Penal,<br />
Contencioso<br />
y Administrativo)<br />
<br />
Justicia Indígena<br />
<br />
ESTADO<br />
FUNCIÓN JUDICIAL<br />
FUNCIÓN<br />
ELECTORAL<br />
Órganos Autónomos<br />
<br />
Fiscalía<br />
<br />
Defensoría<br />
del Pueblo<br />
<br />
Juzgados:<br />
*Jueces Ordinarios (Ej. Juez de lo Civil).<br />
*Jueces Especiales (Ej. Juez familia, niñez y adolescencia).<br />
FUNCIÓN<br />
CONTROL SOCIAL<br />
<br />
Órganos<br />
Auxiliares<br />
<br />
Notarías<br />
<br />
Defensorías<br />
<br />
2 Esquema basado en la charla realizada por la Dra. Mariana Yépez para el taller metodológico de la presente investigación, y elaborado por la Asesora Metodológica<br />
Kattya Hernández (Febrero, 2011).<br />
55
Anexo 4<br />
PERFIL DE LAS MUJERES CONSULTADAS<br />
A continuación se presentan tablas de frecuencias<br />
y gráficos con información socio-demográfica de<br />
las mujeres usuarias que participaron en el presente<br />
estudio. La información que se presenta es sobre su<br />
estado civil, edad, número de hijos, número de hijos<br />
hombres, número de hijas mujeres, ciudad, provincia,<br />
nivel de escolaridad, identificación étnica cultural,<br />
condición de actividad y tipo de trabajo.<br />
Gráfico N°2<br />
Estado civil<br />
16%<br />
3%<br />
Tabla N° 3<br />
13%<br />
9%<br />
Mujeres entrevistadas por ciudad<br />
3%<br />
Soltera<br />
Casada<br />
Separada<br />
Divorciada<br />
Unión Libre<br />
Viuda<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,<br />
2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
Ciudad Número Porcentaje<br />
Ibarra 8 25,0<br />
Cuenca 8 25,0<br />
Portoviejo 8 25,0<br />
Quito 8 25,0<br />
Total 32 100,0<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,<br />
2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
56%<br />
56%<br />
56<br />
Gráfico N°3<br />
Rango de edad (años)<br />
16%<br />
9%<br />
3%<br />
3%<br />
31%<br />
38%<br />
19-25<br />
26-33<br />
34-40<br />
41-47<br />
48-54<br />
55-59<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,<br />
2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
Gráfico N°4<br />
Número de hijos<br />
19%<br />
31%<br />
10%<br />
3%<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,<br />
2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
3%<br />
34%<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
7
Gráfico N°5<br />
Nivel de escolaridad<br />
7%<br />
7%<br />
Tabla N° 4<br />
7%<br />
Tipo de trabajo<br />
22%<br />
11%<br />
Número de Mujeres Porcentaje % Porcentaje Acumulado<br />
Ama de casa 1 3,1 3,1<br />
Empleada pública 1 3,1 6,3<br />
Vendedora 3 9,4 15,6<br />
Trabajadoras del hogar 1 3,1 18,8<br />
Estudiante 4 12,5 31,3<br />
Trabajo profesional independiente 1 3,1 34,4<br />
Costura 1 3,1 37,5<br />
Ayudante de cocina 1 3,1 40,6<br />
Cajera 1 3,1 43,8<br />
Secretaria 1 3,1 46,9<br />
Madre comunitaria 1 3,1 50,0<br />
Otros 16 50,0 100,0<br />
Total 32 100,0<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011.<br />
ELABORACIÓN PROPIA.<br />
32%<br />
14%<br />
Educación básica completa<br />
Educación general básica incompleta<br />
Bachillerato completo<br />
Bachillerato incompleto<br />
Universidad incompleta<br />
Sin escolaridad<br />
Estudiante universitaria<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
57
Gráfico N°6<br />
Etnicidad<br />
7%<br />
10%<br />
3%<br />
6%<br />
74%<br />
32%<br />
Mestiza<br />
Blanca<br />
Montubia<br />
Mulata<br />
Indígena<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA,<br />
2011. ELABORACIÓN PROPIA.<br />
Gráfico N°7<br />
¿A qué se dedica?<br />
69%<br />
58<br />
9%<br />
22%<br />
Trabajo doméstico no remunerado<br />
Trabajo remunerado<br />
Desocupada<br />
FUENTE: ENCUESTA, OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES -PROJUSTICIA, 2011. ELABO-<br />
RACIÓN PROPIA.
Anexo 5<br />
FICHAS SOBRE CAUSAS DE PENSIÓN DE ALI-<br />
MENTOS EN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y<br />
LA ADOLESCENCIA DE ECUADOR<br />
Perfil causas/demandantes<br />
Provincia Ciudad<br />
Provincia Ciudad<br />
Nº de<br />
juzgado Tipo de causa<br />
Nº de<br />
causa<br />
Fecha de<br />
ingreso<br />
Fecha de<br />
egreso Sexo Edad Estado civil<br />
Movimiento de causas<br />
acumulado al<br />
Ubicación Juzgado al año…. 1 2 3 4 total 1 2 3 4 total año….<br />
(deberá crearse una por cada materia; juicio de alimentos, permiso de salida, patria potestad,<br />
tenencia, otras)<br />
TOTAL<br />
59<br />
Nivel<br />
socioeconómico Escolaridad<br />
Autoidentificación<br />
étnico-cultural<br />
Nº de<br />
juzgado<br />
Pendiente<br />
Tipo de causa<br />
acumulado<br />
Nº de<br />
causa<br />
Ingresadas<br />
Fecha de<br />
ingreso<br />
trimestres<br />
Fecha de<br />
egreso<br />
Resueltas<br />
Sexo Edad Estado civil<br />
trimestres<br />
Saldo<br />
Saldo juzgado estadístico<br />
Nivel<br />
Autoidentificación<br />
acumulado al<br />
socioeconómico Escolaridad étnico-cultural<br />
pendiente año… Diferencia<br />
Pendiente Ingresadas Resueltas Saldo juzgado<br />
acumulado trimestres trimestres pendiente<br />
acumulado al<br />
Ubicación Juzgado al año…. 1 2 3 4 total 1 2 3 4 total año….<br />
TOTAL<br />
Saldo<br />
estadístico<br />
acumulado al<br />
año… Diferencia