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El recurso pesquero, como sabemos, es autorenovable pero susceptible de ser<br />
extinguido si el esfuerzo pesquero aplicado sobrepasa ciertos niveles<br />
biológicos. Es por ello que poro preservarlo, debe regularse su explotación y,<br />
por ende, el ritmo de asignación de factores productivos para que tal<br />
explotación sea verdaderamente racional .<br />
De no existir políticas eficaces de ordenamiento pesquero que regulen el<br />
QCceso, los Qgentes buscarán aumentar la capacidad total de su flota y. por<br />
tanto, del esfuerzo pesquero con el fin de beneficiarse del excedente<br />
económico, generando una presión sobre el recurso. Como la dinámica<br />
poblacional de la especie depende de la tasa de extracción, el incremento en<br />
el esfuerzo pesquero conlleva a una sobreexplotación y, en consecuencia, Q<br />
una reducción de su biomasa .<br />
Cabe concluir que el Estado, por mandato del Artículo 66° de la Constitución<br />
Política, es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales y, en<br />
ningún caso, puede abdicar en su legitima autoridad para regular tal<br />
aprovechamiento. Su soberanía se traduce en la competencia que el Poder<br />
Ejecutivo en general y, el Ministerio la Producción en particular, tienen para<br />
ejercer funciones de administración y manejo de los recursos pesqueros a<br />
nivel nacional, dentro del marco de la ley y los vigentes lineamientos de<br />
política diseñada al amparo de los principios de la pesca responsable, que<br />
plantean la toma de conciencia de una nueva escala de valores en el ámbito<br />
pesquero para alcanzar un desarrollo económicamente eficiente, socialmente<br />
equitativo y ambientalmente sustentable. Buscando formalizar la pesca<br />
marítima y/o acuícola en el interior del país para su buen desarrollo .<br />
Finalmente, es dable reconocer que sin la presencia de los aportes<br />
provenientes de los propios agentes económicos de la actividad pesquera,<br />
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