La suspensión de la relación de trabajo por motivos disciplinarios

La aceptación de que el trabajador puede modificar sustancialmente las
condiciones de trabajo (arts. 37.4 a 7, 40.3.bis y 23.1.a y b TRET), suspender la relación
de trabajo (arts. 45.1.d y n y 23.1.b TRET) y extinguirla (arts. 41.3.2º y 40.1.4º TRET)
por excesiva onerosidad sobrevenida evidencia que su naturaleza jurídica debe ser la
misma que cuando se trata del empresario (arts. 39.2, 41, 47, 51 y 52 ET). El hecho de
que operen conforme a motivos y requisitos formales distintos no es suficiente como
para entender que su naturaleza es heterogénea.
De la aceptación de este planteamiento se desprenden dos afirmaciones, a
nuestro modo de ver, de gran relevancia conceptual: primera, el poder de dirección y la
libertad de empresa ex art. 38 CE no son suficientes para fundamentar las facultades de
“alteración” empresariales; y, segunda, derivado de lo anterior, la estabilidad en el
empleo, entendida como una manifestación del principio de conservación del negocio
jurídico del Derecho común y constitucionalmente reconocida en el art. 35, es la clave
de bóveda de todo el sistema.
Desde esta perspectiva, las facultades de “alteración” por motivos disciplinarios
ni pueden adscribirse al poder de dirección, porque excede del mismo, ni tampoco a la
estabilidad en el empleo, pues, al no describir un comportamiento deliberadamente
rebelde al cumplimiento, no puede justificar la resolución contractual y, por ende, la
continuidad de la relación de trabajo, por definición, no está comprometida.
Por ello, más allá de los supuestos en los que el empresario ante un
incumplimiento grave y culpable renuncie a la facultad resolutoria y opte por una
medida menos drástica (en cuyo caso, podría entenderse que la estabilidad en el empleo
tiene un cierto margen operativo), debemos entender que el fundamento de las
facultades de “alteración” por motivos disciplinarios y, en particular, de la suspensión
de la relación de trabajo tiene un fundamento estrictamente “ope legis” a fin de
neutralizar los “atentados” al orden de la empresa.
15