BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S - AMV.

Página N° 24 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 7. Resolución Nº 05 de 2009.
a que la conclusión de la auditoría no pueda tenerse como fiable, pues
desconoció una parte de los hechos que se sucedieron el 22 de enero de
2007.
3.5 CONCLUSIÓN
Como se puede apreciar del análisis adelantado, para la Sala existe evidencia
probatoria cierta e inequívoca sobre la vulneración por parte del señor Alejandro
Lucio Chaustre del precepto contenido en el artículo 72 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero conforme al cual los administradores, directores,
representantes legales y demás funcionarios de las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia deben abstenerse de utilizar
indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.
Y, la transgresión salta a la vista cuando se observa que el señor Lucio Chaustre -
en ausencia de autorización legal o contractual – transmitió a personas ajenas al
Banco para el cual trabajaba información que hacía parte de la reserva de la
entidad y respecto de la cual estaba en el deber de salvaguardar su
confidencialidad en tanto que consistían en datos propios de la función que debía
cumplir como responsable del manejo de la estrategia de negociación de la deuda
pública colombiana.
La cuestión, por otra parte, no es menor si además se tiene presente que la clase
y calidad de la información que el investigado divulgó o suministró a terceras
personas les pudo haber representado ventaja frente a sus pares en el mercado,
en detrimento, principalmente, de la entidad para la cual laboraba el señor Lucio
Chaustre.
En ese contexto, y si bien para la Sala de Decisión “7” no es ajeno que los
operadores del mercado de valores suelan cometer imprudencias en cuanto hace
a la entidad y calidad de la información que suelen compartir con sus pares, algo
va entre una imprudencia y la revelación de datos, elementos y demás clase de
información que por sus características u origen están protegidos legalmente por
un deber absoluto de confidencialidad y reserva.
En ese sentido, para la Sala no es deseable que se tenga por una práctica
generalizada y aceptada el que los operadores del mercado se transmitan entre sí
datos o elementos que sólo pueden ser conocidos por las personas o entidades a
quienes están referidos – como ocurre, por ejemplo, en el caso de quienes tienen
la calidad de empleados en relación con los asuntos propios de sus funciones, o,
respecto de los intermediarios que ejecutan ordenes para sus clientes -, pues, es
muy posible que esa conducta por sí misma, y en cada caso, pueda ser observada
como violatoria del deber de abstención general al que se refiere el literal j del art.
72 del EOSF, prueba de lo cual es la valoración de las pruebas recaudadas en la
presente investigación.
A juicio de la Sala, los operadores del mercado en tanto sujetos profesionales
deben actuar con la máxima prudencia en todas y cada de sus conversaciones,
procurando no revelar ni divulgar información, datos o elementos que estén
amparados por los deberes generales de confidencialidad y reserva a los que
comúnmente se encuentran sometidas las transacciones financieras.