RAP 22.indb - Revista d'Arqueologia de Ponent

Eva Parga-Dans, Estructura y desafíos de la arqueología comercial en España. Un proceso de innovación social
formador. En definitiva, hacer las cosas de manera
que no se han hecho hasta ahora para enfrentar
problemas reales que una comunidad o grupo tiene
y esa forma inédita de hacer las cosas tiene un impacto
en la calidad de vida de dicha comunidad o
grupo (Bouchard et al. 1999).
La actual estructura del sector arqueológico español
está directamente relacionada con el desarrollo
normativo y los modelos de gestión establecidos por
el entorno legal/administrativo para dar respuesta a
una necesidad pública: la protección y difusión del
patrimonio. Este modelo tuvo un importante impacto
social y económico a través de la generación de una
nueva actividad comercial y un nuevo mercado de
trabajo vinculado a la arqueología que se desarrolla
en la década de los noventa del siglo pasado y que
se mantiene en la actualidad.
En este artículo estos procesos son analizados a
través de los resultados de la primera encuesta dirigida
a empresas de arqueología en España, llevada
a cabo en el año 2009 y que recoge datos de 212
empresas. Esta información es completada a través de
los resultados de 23 entrevistas semi-abiertas dirigidas
a otros agentes que componen el sector arqueológico
español. Dichas entrevistas dotaron a los resultados
de la encuesta de una perspectiva más cualitativa,
facilitando la interpretación de los mismos.
Figura 1. Fuentes de datos y metodología empleada para la
realización de este artículo. Fuente: Elaboración propia.
Antecedentes: la historia
El marco legal y sus consecuencias
Las primeras referencias legislativas en materia de
protección del patrimonio cultural se sitúan a principios
del siglo xx. Una vez finalizada la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) se comenzó a tomar conciencia
de los desastres acaecidos en esta etapa en la que,
a los más de diez millones de pérdidas humanas, se
sumaron importantes pérdidas materiales (Ballart y
Tresserras 2001). Durante el proceso de reconstrucción
de las zonas afectadas se vislumbra una creciente sensibilización
sobre la necesidad de proteger los vestigios
culturales y patrimoniales, lo cual desembocó en la
Revista d’Arqueologia de Ponent 22, 2012, 87-100, ISSN: 1131-883-X
promulgación de los primeros reglamentos destinados
a proteger el patrimonio cultural.
Es en el contexto europeo donde se regula por
primera vez en materia de protección del patrimonio
cultural. El hito se encuentra en la Constitución
alemana de la República de Weimar (1919) donde se
recoge la titularidad pública del patrimonio histórico.
Posteriormente, en la Constitución austriaca de 1920 y
en la Constitución española de la República de 1932
se resalta el compromiso que debe adquirir el Estado
como institución responsable de la conservación y
protección del Patrimonio Cultural (Ballart y Tresserras
2001). Este proceso regulador desemboca en
la promulgación del primer manifiesto internacional
sobre la conservación del Patrimonio a través de la
Carta de Atenas en 1931.
Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) este desarrollo legislativo se ve paralizado,
pero una vez finalizada la contienda se retoma
el proceso de una manera mucho más palpable y
explícita. En 1956 se formula el primer texto que
recoge la expresión patrimonio arqueológico, a través
de la Recomendación de Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO), sobre los Principios Internacionales que
deberán aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas.
En 1965 se constituye el Consejo Internacional de
Monumentos y Lugares Históricos (ICOMOS), que es
un organismo vinculado a la UNESCO que vela por
la protección de los monumentos, lugares y sitios
históricos, aspectos que se recogen en la Carta de
Venecia (1964) y en la Carta de Atenas (1931). En
1984 el ICOMOS crea el Comité Internacional para
la gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM),
constituyendo el primer organismo de carácter internacional
para la gestión y protección del patrimonio
arqueológico. Posteriormente, en un intento de
integrar las políticas de protección del patrimonio
arqueológico con la normativa sobre el desarrollo
y planificación del suelo, ICOMOS formula en 1990
la Carta Internacional para la gestión del Patrimonio
Arqueológico (Ballart y Treserras 2001; Querol y Martínez
1996; Querol 2010).
En este contexto de promulgación de Cartas y Recomendaciones
para la protección del patrimonio, el
Consejo de Europa y la Unión Europea comienzan a
invertir esfuerzos en la regulación de esta materia. En
1969 se formula el primer documento internacional
sobre patrimonio arqueológico, el Convenio Europeo
para la Protección del Patrimonio Arqueológico (Querol
y Martínez 1996), que es revisado en la Convención
de Malta (1992), donde se introducen, por primera
vez, cuestiones relacionadas con la labor de los profesionales
de la arqueología en las etapas de diseño
y de ejecución de esos planeamientos. Esta convención
es un referente en la actualidad por introducir
cuestiones de gran relevancia para el desarrollo del
sector arqueológico.
Posteriormente se constituye la Asociación Europea de
Arqueólogos (European Association of Archaeologists),
que formaliza su primer encuentro en Santiago de
Compostela en 1995, donde se desarrolló el Code of
Practice para arqueólogos, basado en la Convención
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