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“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional
consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de
la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago
de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales
incluyendo el daño moral”. 101
7.8 El fundamento de la intervención de los organismos públicos de derechos humanos
para solicitar y determinar reparaciones en materia de derechos humanos, la encontramos
en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dispone la
necesidad de que un ente público como es a nivel interamericano la propia Corte, requiera
su satisfacción a nombre de la persona agraviada, toda vez que al producirse un hecho
ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste,
con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación
(cfr). 102 En estos casos, se establecen relaciones de responsabilidad entre Estados e
individuos, donde el único sujeto responsable es el Estado, mientras que los individuos se
constituyen en sujetos pasivos. 103
7.9 Las medidas de reparación que se solicitan en el ámbito de los Derechos Humanos no
pueden ser consideradas como penas, ya que su naturaleza es diferente puesto que más
bien se constituyen en compensaciones hacia la víctima, nunca en medidas
“ejemplarizantes o disuasivas” 104 .
7.10 Es importante aclarar que la reparación del daño no solamente está contemplada en
el derecho internacional de los derechos humanos, también se encuentra prevista, entre
otras disposiciones del derecho interno nacional y local, como en los artículos 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bis de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1910, 1915, 1916, 1927 de la Ley Federal
de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 1928 del Código Civil para el Distrito Federal y
17, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
7.11 En este orden de ideas, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que la responsabilidad del Estado por los daños que cause
en los bienes o derechos de los particulares por causa de una actividad administrativa
irregular, será objetiva y directa. 105 El artículo primero, último párrafo de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, define lo que se debe entender por actividad
administrativa irregular:
101
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de reparaciones y costas de 21
de julio de 1989. Serie C No. 7, Párr. 26; Caso Godínez Cruz. Sentencia de reparaciones y costas de 21 de julio de 1989.
Serie C No. 8, Párr. 24. En el mismo sentido, ver Corte IDH. Caso Cinco pensionistas v. Perú, párrafo 174.
102
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. parr.
223.
103
TORO HUERTA, Mauricio Iván del. “La Responsabilidad del Estado en el Marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos” en MÉNDEZ SILVA, Ricardo (Coordinador). Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
UNAM. 2002. Colección Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Página 666. Página Electrónica en Internet,
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/342/32.pdf
104
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Garrido y Baigorria. Op Cit. parr 44
105
México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 113, párrafo segundo en Cámara de
Diputados (México). Leyes federales. Fecha de actualización 19 de junio de 2007. Página electrónica en Internet,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc
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