Caso Nariño - Observatorio DDR - Universidad Nacional de Colombia

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR –
En Nariño, las víctimas reconocieron el trabajo de la Defensoría en la entrega de información,
pero la mayoría aún no tiene defensor asignado. La entidad aduce que únicamente tienen
cuatro defensores públicos que atienden, en promedio, 200 casos no sólo de Justicia y Paz.
Uno de los casos más preocupantes es el de Medellín por el alto número de víctimas que
registra la regional. Según datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría, a octubre de
2008, esta entidad tenía más de 13.000 poderes y apenas 25 defensores. Desde allí nuestro
corresponsal reporta el caso de Ofelia, una mujer de 45 años. Su esposo fue asesinado en 1995
por negarse a pagarle vacunas a las Auc y siete años después también lo fue su único hijo,
Ébert, de 17 años.
Ofelia decidió acudir a Justicia y Paz en 2006. ―Del caso de mi esposo llegó respuesta por parte
de la Fiscalía para que fuera a la Defensoría y me asignaran abogado. Sobre el caso de mi hijo
no respondieron. Pasaron dos años y no me volvieron a llamar, nunca tuve contacto con mi
defensor. Hace tres años me dieron su número celular, pero es difícil contactarlo‖, sostiene.
En febrero de 2009 regresó a la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz y le dijeron que de
nuevo se presentara a la Defensoría para que le asignaran defensor público para el caso de su
hijo. Según Ofelia, este proceso es complicado y requiere de paciencia. En Putumayo, donde se
concentra un número importante de víctimas de Justicia y Paz, las personas consultadas se
quejaron de que llevan hasta dos años tramitando sus peticiones sin tener aún defensor
asignado. Además de la falta de información, cuentan que sólo se han realizado dos jornadas
de asistencia, en Puerto Asís y La Hormiga.
Las explicaciones
Alfonso Chamie, director nacional de Defensoría Pública, asegura que su despacho tuvo que
asumir sin recursos y sin funcionarios la representación de las víctimas: ―Inicialmente creamos
grupos en las ciudades donde funcionaban los Tribunales de Justicia y Paz y se hicieron con los
mismos funcionarios que teníamos, a quienes les asignamos esta tarea. Luego empezamos a
contratar personal y ya tenemos 98 defensores en las regionales de Atlántico, Antioquia y
Bogotá, además de 17 abogados para asesorías en Cesar, Chocó, Bolívar, Caldas, Valle,
Magdalena Medio, Caquetá, Magdalena, Sucre y Santander‖ (cifras a diciembre de 2008).
Según el funcionario, la entidad acaba de conseguir una adición presupuestal de $4.000
millones para ampliar la estructura de la Defensoría Pública y contratar a 32 abogados más para
completar 130 representantes judiciales para las víctimas, que serán ubicados preferencialmente
en aquellas ciudades donde se transmitan las versiones de manera satelital.
En este punto, Adolfo Salamanca, ex vicefiscal general, remarca que todas las entidades del
Estado debían volcarse hacia las víctimas, buscarlas y protegerlas porque en su mayoría son
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