Caso Nariño - Observatorio DDR - Universidad Nacional de Colombia

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR –
y Pasto y encontró que, además de padecer por la muerte, desaparición, tortura o
desplazamiento de sus familiares a manos de las Auc, ahora sufren porque no tienen quién los
represente ante los estrados judiciales ni quién defienda sus intereses frente a los victimarios.
El calvario para las víctimas comenzó desde la elaboración de la Ley 975 de 2005, que no fue
clara a la hora de asignar la competencia para la representación judicial de las víctimas en
manos de la Defensoría del Pueblo, como sí lo fue para asignar la tarea de la defensa de los
procesados, es decir, de los paramilitares.
Esta falta de claridad hizo que durante varios meses las víctimas estuvieran en una especie de
limbo, hasta que el procurador general del momento, Edgardo Maya Villazón, emitió una
directiva ordenándole a la Defensoría del Pueblo asumir esa función. Finalmente, el defensor
del Pueblo, Vólmar Pérez, expidió una resolución creando el programa de representación
judicial para víctimas adscrito a la Dirección Nacional de Defensoría, en diciembre de 2006.
Sin embargo, el 10 de enero de 2007, el Procurador volvió a atizar la polémica: ―En desarrollo
de las diligencias de versión libre que se adelantan en Medellín y Cali, el Ministerio Público ha
tenido conocimiento de que numerosas víctimas de estos grupos armados se han presentado
ante la Fiscalía sin contar con representación judicial‖, dijo Maya Villazón en una carta pública.
El defensor Vólmar Pérez reconoce que la entidad tuvo muchos tropiezos para asumir estas
funciones, ya que el Estado no le asignó presupuesto ni ordenó crear una estructura
administrativa como sí ocurrió con la Fiscalía y la Procuraduría, que crearon sus propias
unidades de Justicia y Paz.
La preocupación fue ratificada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR) en su boletín institucional de agosto del año pasado: ―Sólo un aproximado de 11.000
víctimas cuentan con ese servicio por parte de la Defensoría de las casi 138.000 inscritas ante la
Fiscalía de Justicia y Paz‖. Según Álvaro Córdoba, quien dirigió un estudio sobre el tema a
solicitud de la CNRR, afirma: ―Las cifras que tenemos es que cada defensor tiene a su cargo
entre 500 y 600 poderes, lo cual hace totalmente ineficaz su trabajo‖.
Las historias
En Barranquilla, por ejemplo, la mayoría de las víctimas consultadas ignora cuál es el papel del
defensor público y se quejan de la demora en la asignación de éste y de la falta de contacto
personal con él, a quien sólo llegan a conocer cuando coinciden en una diligencia judicial. ―No
contestan el teléfono porque dicen que cada uno de ellos lleva hasta más de 300 casos y les
queda imposible conocernos personalmente‖, comentó una víctima consultada.
w w w . o b s e r v a t o r i o d d r . unal.edu.c o , o b s e r v a d d r_bog@unal.edu.co
B o g o t á D . C . , C o l o m b i a , S u r Améric a
88