Caso Nariño - Observatorio DDR - Universidad Nacional de Colombia

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR –
la región del Urabá son otras de las zonas más afectadas.
La organización internacional HRW retomó cifras de la Policía Nacional de
Colombia según las cuales las organizaciones ―herederas de los paramilitares‖ tienen
más de 4.000 miembros en aproximadamente 173 municipios. Dentro de la
organizaciones que identifica el informe, se encuentran Los Urabeños, Los
Rastrojos, el Erpac, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación y el grupo de
Magdalena Medio y Renacer.
HRW criticó al gobierno por afirmar que los grupos de Autodefensas se acabaron,
por no invertir suficientes recursos en las unidades de policía encargadas de
combatir esas organizaciones armadas ilegales (OAI), por no emprender acciones
efectivas para proteger a la población civil de los ataques de las OAI y por no dedicar
los fondos suficientes al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
La organización también criticó la corrupción de los organismos de estado la cual
impide el rastreo y juzgamiento de las OAI.
Miembros de la fuerza pública lanzaron volantes desde helicópteros en las zonas
rurales de las poblaciones de Tumaco, Roberto Payán, Barbacoas y Magüí, invitando
a integrantes de las FARC-EP y ELN que operan en la zona a desmovilizarse y
reintegrarse a la vida civil. De la misma manera, se ofreció recompensa por la
captura de los jefes de estas OAI y se invitó a los mayores de edad de esta región a
incorporarse a la vida militar.
Sociedad y comunidades
Según Reporteros de Colombia, las víctimas de delitos cometidos por las
Autodefensas en el departamento de Nariño han manifestado su inconformidad con
el proceso de Justicia y Paz, pues no cuentan con representación ante las audiencias
de versión libre de los desmovilizados de esa OAI. Según el director del Sistema
Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, Alfonso Chamie, su
despacho debió afrontar, con escasos recursos y sin funcionarios, la representación
de las víctimas en varios departamentos del país.
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