Caso Nariño - Observatorio DDR - Universidad Nacional de Colombia

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR –
bandas emergentes‖ del paramilitarismo y también de la subversión, que no son más que
grupos de delincuentes sin ningún objetivo político.
La culpa no solamente debe atribuírsela al Estado, o utilizar estos casos para afianzar la idea
manipulada políticamente de que las desmovilizaciones de las cuales los colombianos fuimos
testigos, no fueron más que una farsa.
Cuando una persona decida volver al margen de la ley debemos cuestionarnos si no fuimos
nosotros mismos, como ciudadanos, empresarios, gobernantes o funcionarios del sector
público o privado los responsables de no haberles dado la oportunidad que ellos reclamaban a
través de la capacitación y el trabajo.
Debemos para ello vencer el síndrome de la desconfianza y considerar que es mucho más
riesgoso contribuir a crear las condiciones adversas para que quienes han querido hacer la paz
sigan haciendo la guerra, que creer en la palabra de una persona que cometió el error de
escoger el camino de la violencia.
Por eso queremos invitar a los empresarios nariñenses a no tenerle miedo a brindarles trabajo a
personas desmovilizadas, menos aún cuando éstas son objeto de un acompañamiento y
seguimiento por parte del Estado y todavía más cuando las empresas que apoyen este loable
proceso tienen derecho a unos estímulos económicos que seguramente les vienen muy bien. La
paz es una responsabilidad de todos.
Diario del Sur (04 de junio de 2010)
Secuestrados a siete pasajeros
Los ex desmovilizados expresan su descontento por el incumplimiento a los acuerdos de Ralito
pactados en el 2004.
Temor ha generado en Pasto la aparición de un panfleto en el que supuestos desmovilizados
de las autodefensas anuncian retomar las armas y ejercer ajusticiamientos contra integrantes de
bandas al servicio del narcotráfico y la delincuencia común en Nariño.
Se trata del ―Bloque Sur Cacique Pipinta‖, grupo al margen de la ley que expresa su
descontento por el incumplimiento a los acuerdos de Ralito pactados en la Ley 906 del 2004,
entre ellos la solución a la situación jurídica de los presos políticos.
Según el comunicado que comenzó a hacer repartido en la capital de Nariño, la guerra a
muerte ha sido declarada contra todas aquellas organizaciones delictivas que están al servicio
del narcotráfico, jíbaros, ladrones, extorsionistas, fleteros, guerrilleros y violadores.
El comunicado fue fechado el 1 de junio del presente año en las montañas de Nariño.
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