Editorial - Universidad Libre

UNIVERSIDAD LIBRE
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ISSN 0124-0021 Revista No.33 Julio - Diciembre de 2010
Editor: Rafael Antonio Ballén Molina
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ISSN 0124-0028
Revista No. 33 Julio - Diciembre de 2010
Los autores son responsables directos de las ideas, juicios,
opiniones y/o enfoques expuestos en la Revista Diálogos de Saberes.
Puede ser reproducuda total o parcialmente citando la fuente.

Contenido
Editorial
Con la tinta fresca 9
Rafael Antonio Ballén Molina, Ph.D
INFORMES DE INVESTIGACIóN
Hacia la excelencia en la Administración Pública colombiana 13
José Rory Forero Salcedo, Ph.D
La pedagogía en los Diálogos de Platón 35
Rafael Antonio Ballén Molina, Ph.D
La ambigua naturaleza del Derecho y la informalidad jurídica 55
Estudio de caso desde la sociología jurídica
Eduardo Rodríguez Martínez, Ph.D
Ordenamiento territorial: problema bicentenario 77
William Guillermo Jiménez, Ph.D
Seguridad global y lucha contra el terrorismo 93
Jorge Enrique Carvajal Martínez, Ph.D
Gobernanza y gobernabilidad ambiental. Estudio comparado
El caso de los alimentos transgénicos y los agrocombustibles 109
Juan Pablo Galeano Rey
El concepto de terrorismo de Estado: una propuesta de Lege Ferenda 129
Henry Torres Vásquez, Ph.D
COLABORADORES ExTERNOS INTERNACIONALES
On the criminality accountability of un officials 149
Camilo A. Enciso Vanegas
Pensar la guerra: el caso colombiano 169
Stephen Launay
COLABORADORES ExTERNOS NACIONALES
DIÁLOGO
Un argumento en contra de la coherencia 199
Andrés Molina Ochoa
La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia 219
María Carolina Estepa Becerra
Estado de Derecho: del modelo formal al sustancial 231
José Germán Burgos, Ph.D
El cine político: un recurso didáctico en la enseñanza del Derecho Constitucional
César Oliveros Aya 245
Rol probatorio del apoderado de las víctimas dentro del incidente
de reparación integral
Norberto Hernández Jiménez 261
Las complicidades del saber-poder en el mainstream de las relaciones
internacionales: una aproximación para abrir el debate
G. Andrés Arévalo Robles 287
La razón del diálogo
Diálogo sostenido por los editores de la Revista Dialogo de Saberes con
303
Carlos Antonio Aguirre Rojas en la ciudad de Mexico 305
Informes de Investigación
Contenido Grupo: Universidad, Pedagogía y Derecho
7

Revista La pedagogía Diálogos
en de los Saberes Diálogos
ISSN de 0124-0021 Platón
Julio-Diciembre
de 2010
Págs. 9-10
Editorial
Con la tinta fresca
Rafael Antonio Ballén Molina
Director Centro de Investigaciones
El trigo ha madurado, es hora de cosecha. Si la primera revista científica –indexada– de la
Universidad Libre arriba a su número 33 es por sí misma testimonio y símbolo de su productividad,
que llega al despuntar la primavera, como el nutricio alimento en los altiplanos
de Latinoamérica, después de germinar, crecer y fructificar. Y lo hace justo en el momento
en que los campesinos se hallan preparados emocional y físicamente para llenar sus graneros.
Coincide la trigésima tercera edición de Diálogos de Saberes, con el tercer aniversario de la
desaparición de este mundo de su inspirador, creador y primer editor, Gustavo Vanegas Torres,
cuya ausencia siempre será sensible. Pero a pesar de ella, decimos que ha madurado el trigo,
porque cualquiera de los miembros del Comité Editorial, está hoy, en capacidad de asumir
como Editor de Diálogo de Saberes y de escribir su prólogo. Y miro en el horizonte promisorio
ese color amarillo-rojizo que toman los trigales para anunciarles a los labradores que ha llegado
la cosecha. No es una ilusión óptica, es una realidad, porque para este número se produjo
una verdadera explosión de artículos: suficientes para esta edición y una buena reserva para
los números siguientes.
Como consecuencia de la solidez intelectual de la revista, a partir del número 33 anunciamos
tres adiciones substanciales, con dos objetivos: en primer lugar, alcanzar algún impacto no
sólo frente a la comunidad académica sino en la sociedad colombiana; y en segundo lugar,
ascender de categoría.
Sin dejar de publicar la cantidad mínima de artículos que exigen los estándares de revista
indexada, las tres adiciones son: primero, incluir al menos dos artículos de investigadores
extranjeros; segundo, abrir la sección Diálogo, y tercero inaugurar la sección Coyuntura. En
la primera sección nueva, los miembros del Comité Editorial de la revista dialogarán –a la
mejor manera socrático-platónica– con una personalidad nacional o extranjera sobre un tema
que se considere importante. En la sección Coyuntura, a partir del número 34, vendrá un
ensayo de temas socio-políticos, colombianos, latinoamericanos o mundiales y lo escribirá
un investigador invitado.
No son pretensiones voluntaristas. Simplemente creemos que Diálogos de Saberes al llegar a
este número, independientemente de que este guarismo contenga la cabalística y la simbología
de culturas y disciplinas milenarias, ha logrado un lugar en el firmamento de las 300 revistas
indexadas que hay en Colombia. Y hoy tiene la madurez suficiente, para continuar su sendero
académico normal, y ascender, buscar y alcanzar la categoría B. Para dar los primeros pasos
en ese ascenso, en este número escriben los siguientes autores: “Hacia la excelencia en la
administración pública”, José Rory Forero; “La pedagogía en los diálogos de Platón”, Rafael
Ballén; “La ambigüedad del derecho y la informalidad jurídica. Estudio de caso desde la
sociología jurídica colombiana”, Eduardo Rodríguez Martínez; “Ordenamiento Territorial:
Problema Bicentenario”, William Guillermo Jiménez; “Seguridad Global y Lucha Contra el
Terrorismo”, Jorge Carvajal; “Gobernanza y gobernabilidad ambiental estudio comparado.
El caso de alimentos transgénicos y los agrocombustibles”, Juan Pablo Galeano; “On the
criminality accountabiliti of un officials”, Camilo A. Enciso Vanegas; “Pensar la Guerra: El caso
Informes de Investigación
Grupo: Editorial Hombre, Sociedad y Estado
9

Informes de Investigación
Editorial Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
10
Rafael Ballén
Molina, Ph.D
colombiano”, Stephen Launay; “Un argumento en contra de la coherencia”, Andrés Molina
Ochoa; “La reparación a las victimas del conflicto en Colombia”, María Carolina Estepa Becerra;
“Estado de derecho: del modelo formal al sustancial”, José Germán Burgos; “El cine político:
un recurso didáctico en la enseñanza del derecho constitucional”, César Oliveros Aya; “Rol
probatorio apoderado de las víctimas dentro del incidente de reparación integral”, Norberto
Hernández Jiménez; “Las complicidades del saber-poder en el mainstream de las relaciones
internacionales: una aproximación para abrir el debate”, Andrés Arévalo Robles, y "El concepto
de terrorismo de Estado: una propuesta de Lege Ferenda", Henry Torres. A todos ellos les
agradecemos, y hacemos extensiva nuestra gratitud a quienes nos hicieron llegar el producto
de sus investigaciones, pero que por razones de espacio no alcanzaron a quedar incluidas en
esta edición que ahora entregamos a la comunidad académica y al público en general.
Hacemos un especial reconocimiento al profesor Carlos Aguirre de la Universidad Nacional
Autónoma de México –UNAM–, quien tuvo a bien inaugurar la sección Diálogo con temas
tan importantes como la integración latinoamericana, el agotamiento del capitalismo y la
relación campo-ciudad como parte de la crisis de la humanidad. Con esta edición en manos
del público, con la tinta todavía fresca y con ese aroma tan difícil de definir como el perfume
de las rosas, los miembros del Comité Editorial de Diálogos de Saberes, y en general todos los
investigadores tenemos una tarea inaplazable: preparar la siguiente edición. Como en material
de artículos hay una buena provisión, centremos nuestra atención en dos grandes invitados:
el dialogante y el ensayista. ¡Queridos investigadores, escuchamos propuestas!

Informes
de Investigación

Revista Hacia Diálogos la
excelencia de Saberes en la
Administración
ISSN 0124-0021
Julio-Diciembre
Pública
de 2010
colombiana
Págs. 13-34
Resumen
En este artículo se plantean recomendaciones
para una Administración Pública en busca
de la excelencia, estudiando temáticas tan
variadas como la disciplina y la función
pública, la ética del servidor estatal, el deber
ser normativo, representado en los valores
de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la
justicia y la dignidad humana; auscultando el
fenómeno de la corrupción administrativa,
en tanto flagelo que atenta contra el Estado
Constitucional, Social y Democrático de
Derecho y planteando el control disciplinario
del Estado y el control ciudadano sobre la gestión
pública, como alternativas supralegales
para combatir la corrupción administrativa.
Abstract
Hacia la excelencia en la Administración
Pública colombiana *
This article recommendations for a Public
Administration in search of excellence,
studying subjects as diverse as the discipline
and the public, the ethics of state server, the
duty to be prescriptive, represented in the
values of freedom, equality, solidarity, justice
and human dignity; analyzing to the phenomenon
of administrative corruption, as
scourge that threatens the constitutional state
social and democratic of Law and posing the
disciplinary control of the State and citizen
control over public management and supralegal
alternatives to combat administrative
corruption.
Palabras clave
Administración Pública, corrupción administrativa,
disciplina, ética, control disciplinario,
control ciudadano.
Key words
Public administration, administrative corruption,
discipline, ethics, disciplinary control,
citizen control.
Introducción
1. Problema
José Rory Forero Salcedo**
Universidad Libre, Bogotá
roryf88@hotmail.com
La crisis del Estado Constitucional, Social
y Democrático de Derecho colombiano es
corolario de las debilidades de su sociedad,
por el desconocimiento, la no apropiación
y materialización de los valores, principios,
derechos, deberes y garantías constitucionales,
derivados de la falta de conciencia,
de sensibilidad social, de humanización,
de solidaridad, de tolerancia, en suma, del
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 20 de 2010
* Producto de la investigación: Fundamentos constitucionales del Derecho disciplinario en España y en Colombia. Línea de
Investigación: Derecho disciplinario y Derechos Humanos. Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la
Universidad Libre de Colombia.
** Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España. Estudios avanzados en Derecho
Constitucional, Universidad Complutense. Especialista en Derechos Humanos, Universidad Complutense
de Madrid. Abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público de la
misma Institución. Tratadista, conferencista y catedrático en la materia. Miembro del Instituto Colombiano
de Derecho Disciplinario y del Colegio de Abogados disciplinaristas. Director del Grupo de Investigación en
Derecho Disciplinario y Derechos Humanos, categoría “C” de Colciencias, adscrito a la Universidad Libre
de Colombia. Servidor Público de la Personería de Bogotá D.C., donde se ha desempeñado como Personero
Delegado para la Segunda Instancia, Director de la Oficina Asesora de Jurídica y actualmente, Director del
proyecto de Educación y Promoción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
13

Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
14
José Rory
Forero Salcedo
respeto escrupuloso a los derechos y del
cumplimiento de deberes fundamentales
de y por parte de su población, amén de la
presencia de fenómenos que atentan contra
su Administración Pública, traducidos en la
ineficacia, ineficiencia, impunidad, es decir,
irresponsabilidad en el ejercicio de la función
pública, por acción, omisión o extralimitación
de funciones de algunos de sus servidores.
Se trata de quiebres institucionales, que tienen
un común denominador, representado en la
corrupción administrativa, por lo que resulta
propicio este espacio académico para analizar
desde la óptica del Derecho comparado esta
problemática y plantear lo que considero
por simple lógica, una estrategia válida,
particularmente en Colombia, en la lucha
contra los flagelos descritos, generadores de
injusticia, desigualdad social y violencia, pues
imposibilitan una verdadera inversión social
por parte del Estado.
2 Metodología
Para afrontar la problemática descrita, planteamos
el control disciplinario del Estado y
el control ciudadano sobre la gestión pública,
como alternativas supralegales para combatir
las sombras descritas y lograr la excelencia en
la Administración Pública, temas estudiados
en una investigación exploratoria, descriptiva
y explicativa, en tanto muestra la importancia
de estas opciones en la lucha contra los
flagelos descritos.
Para tal cometido, acudimos a métodos lógicos
y empíricos; naturalmente, con la ayuda
invaluable de la dogmática jurídica, como
ciencia del Derecho positivo, en cuanto al
análisis de las categorías descritas.
3. Resultado
3.1 De la corrupción administrativa
Antecedente a cualquier disquisición sobre el
tema planteado, se hace imprescindible iniciar
por definir el fenómeno que deteriora la buena
imagen que debe tener la Administración
Pública en sus diferentes órdenes, colocando
trabas en el camino hacia la excelencia. Desde
el punto de vista macro y acudiendo a la
etimología, la expresión traduce putrefacción,
alteración, seducción, vicio o abuso, conceptos que,
aplicados al campo de la función pública,
adquieren unas connotaciones singulares.
En efecto, en una primera aproximación de
orden conceptual, se considera la corrupción
administrativa, como el fenómeno por el cual
un servidor estatal, léase servidor público o
particular en ejercicio de funciones públicas,
actúa de manera diferente al ordenamiento
jurídico establecido, para favorecer intereses
particulares, a cambio de una recompensa;
desconociendo con su actuar, el principio
fundamental del Estado Constitucional, Social y
Democrático de Derecho, según el cual la conducta
del servidor debe estar encaminada siempre
hacia la realización del interés general 1 .
La corrupción administrativa, al igual que
la ineficacia, ineficiencia, impunidad, en sí,
irresponsabilidad en el ejercicio de la función
pública, genera un grave deterioro e inestabilidad
de las instituciones y son flagelos que
conllevan la pérdida paulatina de la confianza
en las instituciones, no obstante la forma
de gobierno democrático establecida en el
ordenamiento supremo 2 .
Las causas de la corrupción son de diferente
índole. Entre las causas inmediatas, podemos
citar el soborno de parte del sector privado, el
gran conjunto de trámites para las actuaciones
públicas, el poder discrecional de algunos servidores
del Estado, la falta de transparencia en
los procesos tributarios, presupuestales y de
contratación administrativa, el despilfarro del
gasto público y el mal manejo en los procesos
de privatización y nacionalización de bienes
y servicios. Entre las mediatas, sobresalen,
la baja remuneración de algunos servidores
1 Relacionado con la temática Romero Rendón,
Carmen Stella. Las causas de la corrupción de los
regímenes políticos según Platón.”La justicia en Platón, un
antecedente de la ética pública”. Procuraduría General
de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio
Público. Lecciones de Derecho Disciplinario. Obra
Colectiva. Volumen 12. 2009. Bogotá-Colombia.
2 También en Sánchez Herrera, Esiquio Manuel.
Estrategias jurídicas en la lucha contra la corrupción.
Procuraduría General de la Nación. Instituto de
Estudios del Ministerio Público. Lecciones de
Derecho Disciplinario. Obra Colectiva. Volumen
12. 2009. Bogotá-Colombia.

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
públicos, principalmente los diferentes al nivel
directivo, la debilidad en correctivos penales
y disciplinarios que castiguen las prácticas
corruptas, el debilitamiento de los controles
institucionales y ciudadanos en cuanto a
la transparencia de la función pública, la
impunidad, en suma, el monopolio, la discrecionalidad
y la rendición de cuentas.
Razón le asiste a los estudiosos del fenómeno 3
cuando afirman que su avance en el campo
político, social y económico, ha venido minando
la capacidad del Estado, pues desestímula el
trabajo honesto y el mérito, produce distorsiones en
el mercado, obstaculiza la prestación de los servicios
públicos y los hace más costosos, alterando la equitativa
prestación de los mismos y la distribución de los
recursos; generando de contera, desigualdades,
desgaste administrativo por el desvío de los
dineros públicos hacia fines particulares, no
solamente porque se aumentan los costos
al generar otros adicionales, sino porque se
debilita el poder del Estado para gobernar,
conllevando per se injusticia, por la imposibilidad
de realizar inversión social, amén de
una posible, ilegitimidad de la organización
política.
Peter Eigen, en criterio que comparto, señala
que la corrupción es un vicio capital de
nuestra época que muestra su desagradable
rostro en todas partes. Indica, que se halla en
la raíz misma del caso, todos los problemas
importantes –o al menos impide su resolución-
y actúa de manera especialmente devastadora
en las regiones más pobres del mundo, donde mantiene
atrapados a millones de seres humanos en la miseria,
la pobreza, la enfermedad, la explotación y brutales
conflictos 4 .
Verdad insoslayable resulta la relación que
existe entre corrupción administrativa, órganos
instituidos por el Estado para combatirla
y control ciudadano sobre la gestión pública.
El anterior planteamiento nos involucra dentro
de la estrategia enunciada, para concluir
3 Revista de la Escuela Superior de Administración
Pública. ESAP. Administración y Desarrollo. 1964. pp
40, y ss.
4 Eigen, Peter. Las redes de la corrupción. La Sociedad
Civil contra los abusos del poder. Editorial Planeta
colombiana S.A. p. 15. 2004.
que el fenómeno debe ser atacado desde
diferentes ángulos.
De una parte, es claro el compromiso de la
sociedad frente al problema, pues resulta
evidente que la tarea moralizadora a nivel de
la Administración Pública, no puede ser consecuencia
de esfuerzos individuales y aislados,
sino que se trata de un desafío colectivo que
debe involucrar tanto a gobernantes como a
gobernados dentro del concepto imperante
en el Código Político de 1991, traducido en
la democracia participativa.
El problema naturalmente involucra a los
órganos instituidos para combatir el flagelo,
que van desde el orden internacional al nacional.
En el primer escenario, se encuentran los
instrumentos internacionales de lucha contra
la corrupción, consagrados en la convención
interamericana contra la corrupción, los instrumentos
de la ONU y la Unión Europea,
la Organización para la Cooperación y el
desarrollo económico, entre otros.
Para el caso del Estado colombiano, se traducen
primeramente en el Ministerio Público,
representado por la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las
Personerías Distritales y Municipales; así como
las Contralorías en sus diferentes órdenes,
entidades respectivamente encargadas de
cristalizar el control disciplinario y fiscal.
3.2 Disciplina y función pública
La anterior aproximación conceptual nos
sirve de referente para explicar el tema de la
disciplina, considerada como la piedra angular
sobre la que debe descansar el comportamiento
ético de los servidores públicos,
para quienes el concepto, de una parte, debe
traducir un imperativo representado en el
acatamiento del ordenamiento jurídico; y de
otra, no debe constituir una forma represiva,
particularmente en cuanto hace al control
disciplinario, es decir no puede mirarse como
un sistema exclusivo de sanciones. A contrario
sensu si acudimos nuevamente a la etimología,
lo que nos enseña es que la acepción viene de
discipulus y significa, en términos generales, la
integración inteligente y leal del servidor público con
los fines de la Entidad a la cual se encuentra adscrito
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
15

Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
16
José Rory
Forero Salcedo
y con los procedimientos establecidos para alcanzar
dichos fines 5 .
En este sentido, comparto la posición de la
Corte Constitucional cuando señala que la
disciplina debe ser entendida como la orientación
reglada hacia un fin racional, a través
de medios que garanticen la realización ética
de la persona. La disciplina, pues, no es fin en sí
misma, sino una vía necesaria para la convivencia
humana elevada a los más altos grados de civilización.
Ella no anula la libertad, sino que la encausa hacia la
perfectibilidad racional. Se trata entonces, de un proceso
de formación del carácter, que tiende a la expresión
humanista y humanitaria en sentido armónico 6
En otras palabras, la disciplina indica la
integración de lo individual con lo colectivo,
acorde con la sindéresis que debe guiar todo
proceso de esta índole, de ahí que dentro de
los principales deberes funcionales 7 del servidor
público está precisamente el de cumplir y
hacer que se cumplan los deberes contenidos
en la Constitución, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demás ratificados
por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las
convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente; y en cuanto a las
prohibiciones 8 , está incumplir los deberes
o abusar de los derechos o extralimitar las
funciones contenidas en la Constitución,
los tratados internacionales ratificados por
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas,
los acuerdos distritales y municipales,
los estatutos de la entidad, los reglamentos
y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas y los contratos de trabajo, amén
de solicitar directa o indirectamente dádivas,
5 Ibíd. p. 2.
6 Sentencia T-578/05.
7 Desde mi primer libro, Vicisitudes del Proceso
Disciplinario. Personería de Bogotá. Primera
Edición 1998. Ob. cit. p. 143.
8 Así en mi texto, De las Pruebas en Materia
Disciplinaria. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
Cuarta Edición 2007. Op. cit. p. 33 ss.
agasajos, regalos, favores o cualquier otra
clase de beneficios 9 .
3.3 La ética del servidor estatal
Así las cosas, se precisa que la corrupción
administrativa atenta contra la ética y la moral,
como valores fundamentales en toda sociedad
civilizada. Cuando el servidor se aprovecha
de su posición oficial para realizar negocios
u obtener ventajas ajenas a las que son inherentes
a su empleo, está desconociendo los
principios detallados en precedencia y por
eso se afirma10 que sólo el hombre guiado
por la moral y la ética, puede llegar a ser un
funcionario honesto11 .
Como se puede apreciar, el estudio del tema
ciertamente comporta la construcción de una
serie de aproximaciones de orden normativo,
que se realizarán en los siguientes acápites
y que nos involucrarán en últimas, dentro
del concepto del control disciplinario como
herramienta fundamental para combatir el
fenómeno de la corrupción administrativa,
a través de la Potestad Disciplinaria encomendada
por el mismo Estado a los órganos de
control y a la administración, capacidad que
se manifiesta en dos fases: La preventiva y la
ejecutiva o correctiva 12 .
4. El deber ser normativo:
Libertad, igualdad, solidaridad,
justicia, participación:
dignidad humana
La Administración Pública, sin duda alguna
ostenta unas fortalezas y unas debilidades.
Las primeras se traducen precisamente en el
marco normativo, guía de la conducta que
ha de asumir el servidor público y particular
en el ejercicio de funciones públicas, por
consiguiente, la legitimidad y credibilidad
9 Medellín Torrres, Pedro. El Retorno a la Política.
La gubernamentalización del Gobierno. TM
Editores – PNUD. Alcaldía de Bogotá – Cider.
Primera Edición 1998. Op. cit. p. 209 y ss.
10 Ibíd. página 2.
11 Ibíd.
12 Tal como lo planteamos en Vicisitudes del Proceso
Disciplinario. Personería de Bogotá. Primera
Edición 1998.

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
del Estado Constitucional, Social y Democrático de
Derecho es consecuencial al cumplimiento y
materialización del ordenamiento supremo 13 .
El marco normativo sobre el cual debe
desarrollarse la actividad de los servidores estatales
se encuentra ínsito en la Carta Política
de 1991. En efecto, el artículo primero de la
Constitución Política consagra como principio
fundamental del Estado colombiano la
prevalencia del interés general; razón por la cual,
cuando el servidor público se aparta de dicho
principio, el Estado no solamente tiene el derecho,
sino que ostenta el deber de cuestionar
su responsabilidad, la cual adquiere diversas
connotaciones derivadas del estatuto que
infrinja por acción, omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones.
Se recuerda que la responsabilidad del servidor
público resulta compleja 14 . Puede ser
política, civil o patrimonial, fiscal, penal y
disciplinaria, derivándose esta última de la
falta disciplinaria, la que traduce la incursión
en cualquiera de las conductas o comportamientos
previstos en la Ley 734 de 2002,
que conlleve incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos
y funciones, prohibiciones y violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses, sin
estar amparado por cualquiera de las causales
de exclusión de responsabilidad contempladas
en el artículo 28, del ordenamiento en
comento, dando lugar a la acción e imposición
de la sanción correspondiente 15 .
Así mismo, en el artículo segundo superior 16
se consagran como fines esenciales del
Estado, servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes
13 En esencia el deber ser constitucional o la teoría
constitucional plasmada en la Constitución de
1991.
14 Basta con observar el contenido de los Artículos
6, 90 y 124 de la Constitución Política de
Colombia.
15 Así en el Artículo 23 del Código Disciplinario Único
en Colombia.
16 Concordancia en mi libro, De las Pruebas en Materia
Disciplinaria. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
Reimpresión 2001.Op. cit. p. 33.
consagrados en la misma; deberes que en el
caso de los servidores estatales se amplifican,
adquiriendo estos un plus de responsabilidad y
adoptando el nombre de deberes funcionales,
de ahí que la falta sea antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación
alguna 17 .
La extrapolación de las normas constitucionales
citadas, al campo de su desarrollo
legal, permite observar cómo el fenómeno
de la corrupción administrativa, se deriva del
desconocimiento de los postulados señalados
y atenta contra los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, eficiencia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad que
deben inspirar la función pública 18 .
Descendiendo al plano normativo en
Colombia, resulta pertinente traer a colación la
Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción, la
Ley 200 de 1995, anterior Código Disciplinario
Único y la Ley 734 del 5 de febrero de 2002,
actual Estatuto disciplinario de los servidores
estatales, entre otras muchas disposiciones.
En efecto, con la Ley 190 de 1995, pretende
el Legislador concienciar a los asociados de
que la corrupción es un problema que nos
compete a todos, erigiéndose el estatuto
en comento, en un instrumento que busca
materializar el control social sobre la moral
pública. Dispone el legislador de 1995 que
todas las entidades públicas al finalizar cada
año, deben dar a conocer su plan de objetivos
para el siguiente con los recursos que se han
de emplear. Así mismo, reglamenta lo concerniente
al establecimiento de las oficinas
de quejas y reclamos y las llamadas líneas
anticorrupción.
Por su parte, la Ley 734 de 2002, se convierte
en un instrumento de vital importancia en la
lucha frontal contra la corrupción administrativa,
con un propósito fundamental que
es dotar a los órganos de Control y a la
propia Administración, a través de los operadores
disciplinarios, de un elemento útil y
17 Se trata de la categoría dogmática propia del
Derecho Disciplinario en Colombia conocida como
la ilicitud sustancial consagrada en el Artículo 5 del
CDU.
18 Acorde con el Artículo 209 superior colombiano.
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
17

Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
18
José Rory
Forero Salcedo
necesario en la búsqueda y realización del
interés general, como principio fundamental
que debe guiar la actividad de todo Estado
Constitucional, Social y Democrático de
Derecho; buscando un punto de equilibrio
con el valor constitucional de la dignidad
humana, en la tensión constitucional que a
diario se observa en la dinámica de la función
pública 19 .
Evidentemente, al consagrar el estatuto
único lo concerniente a los destinatarios
de la Ley disciplinaria –recordemos–, todos
los servidores públicos y particulares
que ejerzan funciones públicas, así como
los correctivos disciplinarios y al definir y
clasificar de manera diáfana el concepto
de falta disciplinaria, consagrando las
causales de impedimentos, prohibiciones,
incompatibilidades, inhabilidades y conflictos
de intereses, desde el punto de vista
sustantivo y la manera de hacer efectiva la
responsabilidad disciplinaria, a través de los
procedimientos ordinarios y especiales, no
se persigue propósito diferente, que el de
combatir dichos flagelos 20 .
5. El fenómeno de la corrupción
administrativa atenta contra el
Estado Constitucional, Social
y Democrático de Derecho
Las conductas de los servidores estatales
contrarias al ordenamiento jurídico, representan
la antítesis del deber ser señalado, que
corresponden a las debilidades propias de la
Administración Pública en el orden nacional
y territorial, generadoras del fenómeno bajo
estudio y que colocan en entredicho, afortunadamente
para una minoría, la credibilidad
y bases de la forma democrática de gobierno,
generando per se ilegitimidad institucional.
Las razones son de variada índole y entre otras
se encuentran las siguientes:
19 En concordancia con mi texto: Estado Constitucional,
potestad disciplinaria y relaciones especiales de sujeción.
Instituto de Estudios del Ministerio Público.
Procuraduría General de la Nación. 2007.
20 En similar sentido en mi obra Manual de Derecho
Disciplinario. Grupo Ecomedios. 2003.
a. El mandato superior según el cual las
autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares, se ha
convertido en un postulado teórico, por
cuanto las autoridades encargadas de
satisfacerlo no cuentan con los recursos
desde el punto de vista físico y humano
suficientes, amén de no desarrollarse los
elementos de solidaridad social e integración
comunitaria, que son conditio sine qua
non para cristalizar tal cometido21 .
b. La falta de conocimiento, información y
capacitación necesaria de los servidores
estatales encargados de elaborar y efectuar
los planes de desarrollo conforme a la
norma suprema contenida en el artículo
339, así como aquellos involucrados en los
procesos presupuestales y de contratación,
origina problemas de gran magnitud para
el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado detallados en el artículo segundo
superior22 .
21 Así se desprende del contenido del artículo segundo
superior colombiano.
22 La falta disciplinaria en la contratación estatal, es
sin duda, una de las temáticas que con urgencia
reclama un desarrollo doctrinal práctico en
Colombia, por la situación de crisis derivada de
altos índices de ineficacia, ineficiencia, impunidad
e irresponsabilidad en el ejercicio de la función
pública, sombras enmarcadas en la corrupción
administrativa. Son fenómenos que en gran medida,
tienen su génesis en la actividad contractual, de
lo cual dan fe las innumerable investigaciones
de diversa índole, que a diario se instruyen y
que deterioran paulatinamente por antítesis, la
excelencia que busca la Administración Pública,
obstaculizando la construcción real de un Estado
Constitucional, Social y Democrático de Derecho,
que clama particularmente, la población menos
favorecida, esto es, la relegada por obra de dichos
flagelos, a la miseria y la pobreza.
En efecto, se trata de actos, conductas o comportamientos
que atentan contra el principio de transparencia
e interés general que deben guiar la actividad
contractual del Estado, en tanto instrumento fundamental
para el adecuado funcionamiento e inversión
de la organización estatal, que ayuda en la materialización
de sus fines y funciones, detallados en el
artículo segundo superior colombiano, máxime que

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
c. La ausencia de la excelencia en la función
pública por falta de calidad y cobertura
en la prestación de los servicios públicos,
no obstante la privatización de algunos
de estos, ha originado escepticismo en la
población, pues los usuarios cada día se
sienten más lesionados y menos favorecidos,
ya que el costo aumenta a diario,
trayendo consigo resistencia de parte de
los contribuyentes a tributar, pues desconfían
de la inversión o destino final de
estos recaudos, estimando algunos, que los
mismos van a ser desviados a otros fines:
burocratización, clientelismo, corrupción
administrativa23 .
d. El proceso de descentralización que
por mandato superior permitiría mayor
autonomía y competencias claras a las
autoridades territoriales, aún es incipiente
y amerita sea articulado con el tema de los
controles efectivos24 .
el ilícito disciplinario originado en la contratación
estatal, constituye una temática inacabable para la
doctrina disciplinarista, pues articula con otras áreas
del conocimiento jurídico y otros temas, como los
presupuestales, a manera de ejemplo.
En consecuencia, dicha actividad demanda un alto
grado de responsabilidad, por quienes manejan
y disponen de recursos públicos para alcanzar
dichos propósitos, por los deberes funcionales
reforzados y de ahí el imperativo para el legislador
disciplinario, al momento de estructurar el injusto
disciplinario contractual, que debe constituir la guía
permanente en el actuar de los servidores estatales,
quienes dada su especial relación de sujeción a la
Administración Pública, se obligan a cumplir de
manera escrupulosa con los deberes funcionales
asignados, previa determinación normativa en el
campo contractual, que están obligados a conocer
y respetar, a través de una debida capacitación,
en tanto derecho-deber, que sin duda ayudaría de
manera preventiva, a superar una de las asignaturas
pendientes en la temática, para que más temprano
que tarde, la actividad contractual del Estado
colombiano, sea tomada en serio, esto es, con un
buen entendimiento de lo que es y representa el
interés general, la legalidad y la moral pública.
23 Y naturalmente se hace nugatorio el deber
constitucional plasmado en el Artículo 95 superior
colombiano.
24 Así en mi artículo: ¿Hacia donde debe orientarse el modelo
territorial en Colombia? Universidad de Cádiz (España)
y Universidad Libre (Colombia). Capítulo de los
municipios. 2007.
e. Si bien es cierto que la Constitución
Política que tiene un gran contenido axiológico25
, consagró un elenco amplio sobre
mecanismos de participación ciudadana,
buscando desarrollar una cultura política en
su población, los cuales efectivamente han
tenido una proyección legal, también lo es
que algunos de ellos se encuentran aún en
el plano del deber ser constitucional.
f. No existe planificación en sentido estricto,
lo que ha generado que el desarrollo del
Estado se proyecte sobre unas bases probables,
más no reales.
g. No se observa una claridad meridiana a
propósito de las relaciones de coordinación
que deben existir entre el nivel nacional
y las diversas entidades territoriales,
lo que genera un desgaste administrativo
desde el punto de vista de recursos físicos
y humanos, que traduce tiempo y esfuerzo
perdidos y de contera falta de continuidad
y proyección de la gestión pública.
h. El exagerado número de disposiciones, ha
generado igual número de interpretaciones
de la norma, lo que conlleva conductas
como el enriquecimiento ilícito, la ineficacia
e ineficiencia, la celebración indebida
de contratos, las comisiones, las dádivas,
las gratificaciones, las recompensas y otra
clase de lucro proveniente directa o indirectamente
del usuario del servicio.
i. El sistema técnico de administración de
personal que tiene por objeto garantizar
la eficiencia de la Administración Pública
y ofrecer igualdad de oportunidades para
el acceso al servicio público, la capacitación,
la estabilidad de los empleos y la
posibilidad de ascenso, se encuentra aún
en proceso de formación, y por la politiquería
reinante, está muy lejos de alcanzar
el deber ser constitucional.
El panorama ciertamente es preocupante, a lo
que se suma, la situación de pobreza y miseria
de gran parte de la población, que dada la
desigualdad social, generada en gran medida
por el saqueo de los recursos públicos por
25 Se trata del núcleo duro del constitucionalismo
contemporáneo: valores, principios, derechos,
deberes y garantías constitucionales.
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
19

Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
20
José Rory
Forero Salcedo
parte de algunos de los servidores del Estado,
no cuenta de manera digna con educación,
salud, seguridad social, vivienda, trabajo,
alimentación, en suma, derechos sociales.
Evidentemente no poseen el mínimo existencial
que debe garantizar el Estado Constitucional,
Social y Democrático de Derecho.
Qué no decir de la violencia que se padece
por la intolerancia de los grupos al margen
de la Ley, circunstancia que genera cada día
mayor miseria y desplazamiento forzado, haciendo
nugatorio el anhelo de paz del pueblo
colombiano, bajo el entendido, que a la paz
como derecho y deber de obligatorio cumplimiento,
solamente se llega por el sendero
de la justicia social.
Lo anterior obliga en el presente espacio
académico, a plantear a manera de aportación,
una estrategia para contrarrestar tan destructor
fenómeno, máxime si consideramos que
las debilidades señaladas, obedecen a que no
se ha logrado estructurar un verdadero poder
moral 26 capaz de atacarlas, el que en mi sentir,
estaría representado por unas eficientes veedurías
ciudadanas e institucionales. Dentro de
estas tiene cabida la estrategia que me permito
plantear en los siguientes apartados.
6. Control disciplinario del
Estado, alternativa supralegal
para combatir la corrupción
administrativa
El control disciplinario 27 , se erige en la clave
de bóveda dentro de la construcción de un
Estado Constitucional, Social y Democrático
de Derecho y para desarrollar este planteamiento
conviene recordar que el Régimen
Disciplinario de los empleados públicos
26 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del
Derecho Disciplinario. En el prólogo escrito por Maya
Villazón, Ex Procurador General de la Nación,
se lee: “… representa en gran medida el lejano anhelo del
Libertador expresado en el Congreso de Angostura, cuando
solicitó la conformación de un poder moral de quienes dentro
del Estado deben ser habilitados para censurar los excesos de
los Servidores Públicos…”.
27 Forero Salcedo, José Rory. Control disciplinario,
clave para un Estado participativo. Guía Laboral y de
la Seguridad Social. Grupo Ecomedios. Colombia,
2001.
contenido en la Ley 7 de 2007 de 12 de abril,
mejor conocida como el Estatuto Básico del
Empleado Público en España y la Ley 734/02
de febrero 5, Código Único Disciplinario de
los servidores estatales en Colombia, constituye
una aproximación al tema a desarrollar,
pues es en este escenario donde se ejerce el
control disciplinario, fundamentado dogmáticamente
en la teoría alemana de las relaciones
especiales de sujeción.
Su finalidad es garantizar la eficacia administrativa,
así como la legalidad, responsabilidad
e imparcialidad, en aras de cristalizar el
servicio a los ciudadanos, materializando
el interés general, pues busca ante todo
mejorar la calidad de los servicios que el
ciudadano recibe de la Administración, y de
ahí la necesidad de conocer preventivamente
y aplicar en tanto derecho-deber, un sistema
sustancial y procedimental que establece, de
una parte, las faltas disciplinarias, las personas
responsables, las sanciones disciplinarias y la
extinción de su responsabilidad, y de otra,
las reglas de juego necesarias para la debida
tramitación del expediente disciplinario, a fin
de que el instructor u operador disciplinario,
una vez tenga certeza sobre la comisión o
no de la falta 28 , emita el correspondiente
juicio valorativo, previa actividad probatoria,
sancionando o exonerando 29 .
Sin embargo, la potestad sancionadora de
la Administración Pública, consecuencia
del régimen en comento, no se puede ejercer
de manera arbitraria, y es así como el
ordenamiento superior español lo prohíbe
expresamente al establecer en su Artículo
9.3 la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos. En este contexto, adquieren
su máxima importancia la categoría de
los derechos fundamentales, verbi gracia, el
debido proceso, como límite y control ante
28 Forero Salcedo, José Rory. De las pruebas en materia
disciplinaria. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez.
Primera edición (2000), reimpresión (2002), segunda
edición (2004), tercera edición (2005); cuarta edición
(2007).
29 Forero Salcedo, José Rory. Vicisitudes del proceso
disciplinario. Editorial. Personería de Bogotá D.C.
Primera edición (1998). Segunda edición (2000).

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
la extralimitación en el ejercicio de la función
disciplinaria, en cuanto garantías constitucionales
en el ámbito disciplinario, que emergen
ante la tensión constitucional permanente, a
que se enfrentan los operadores disciplinarios,
entre la potestad sancionadora de la Administración
Pública que conlleva per se unos fines precisos,
su buena marcha y la dignidad humana del
disciplinado o expedientado, en tanto valor
supralegal.
Así las cosas, surge el control disciplinario,
que desempeña un papel fundamental en el
Estado Constitucional, pues conlleva una
actividad necesaria para el cumplimiento
de sus fines esenciales y es desarrollado en
España directamente por la Administración,
bajo la modalidad de control disciplinario
interno. De esta manera las Cortes al aprobar,
y el pueblo español al ratificar la Carta
Política y constituir a España en un Estado
Social y Democrático de Derecho, que defiende
como valores superiores de su ordenamiento
jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político, está determinando una serie
de principios que constituyen la guía permanente
en el actuar de los empleados públicos,
como conditio sine qua non para materializar
los objetivos propios de la Administración
Pública, traducidos en servir con objetividad
los intereses generales y actuar de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho,
conforme a la normativa contenida en el
Artículo 103 de la Constitución de 1978.
Recordemos que en el Estado colombiano
existen dos modalidades de control
disciplinario: El control disciplinario
externo, ejercido por el Ministerio Público,
representado a su turno por la Procuraduría
General de la Nación y las Personerías
Distritales y Municipales en el orden territorial.
Y el control disciplinario interno, que es
desarrollado por la propia Administración,
a través de las unidades de control interno
disciplinario, asimilándose esta modalidad
al modelo español. El Consejo Superior
de la Judicatura, como máximo ente de la
jurisdicción disciplinaria, ejerce de manera
exclusiva el control disciplinario respecto de
los funcionarios de la rama judicial, sin fuero
constitucional 30 .
Ahora bien, no obstante el mandato superior
que determina el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y
capacidad y existir un estatuto disciplinario
que regula el sistema de prohibiciones, impedimentos,
inhabilidades e incompatibilidades
y las garantías para la imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, la Administración
Pública en el engranaje propio que la caracteriza,
entraña la verificación de una serie de
procesos que en ocasiones desencadenan en
fases de descontrol o anormalidad, por desconocimiento
e infracción de la Constitución,
la Ley y los reglamentos.
Cuando tal circunstancia se verifica por parte
de los servidores estatales, léase servidores
públicos y particulares que ejercen funciones
públicas en Colombia, bien sea por omisión
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones,
nos encontramos en presencia de la
falta disciplinaria, originando flagelos como
la corrupción, ineficacia e irresponsabilidad
administrativa, que traduce ausencia en la
excelencia que debe caracterizar a la función
pública y obliga a que la Administración
demande la responsabilidad del servidor
público sometido a la especial relación de
sujeción, por el incumplimiento de su deber
funcional.
Así, emerge la potestad disciplinaria, como
realización del control disciplinario y capacidad
otorgada a la Administración Pública
en sus diferentes órdenes, que la faculta para
investigar las conductas generadoras de faltas
disciplinarias y para aplicar las sanciones o
correctivos a los servidores responsables
de infringir el estatuto disciplinario, ostentando
un doble carácter: preventivo y ejecutivo
o correctivo 31 .
30 Forero Salcedo, José Rory. Principios y garantías
constitucionales en el ámbito disciplinario de los servidores
estatales. Ediciones Nueva Jurídica. Primera edición
(2003); Manual de Derecho disciplinario de los servidores
públicos y particulares disciplinables. Casa editorial
Grupo Ecomedios. Primera edición (2003).
31 Forero Salcedo, José Rory. Garantías constitucionales
en el ámbito disciplinario de los servidores estatales. Análisis
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
21

Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
22
José Rory
Forero Salcedo
La fase preventiva se concreta dando a conocer
las reglas de juego que existen dentro
del binomio servidor público-administración,
actividad en la que la propia Administración
juega un papel fundamental, para que éste
tenga conocimiento, tome conciencia de lo
que implica el ejercicio de la función pública
y de la ilicitud disciplinaria y entienda que la
omisión o extralimitación en el ejercicio de
sus funciones genera la falta disciplinaria,
derivada del incumplimiento de unos deberes
especiales que asume el servidor público,
dada la especial relación de sujeción que lo
une con la Administración Pública y que ha
de cristalizar, en tanto representa el deber
genérico superior de materializar los fines
esenciales del Estado colombiano, detallados
en el Artículo 2 superior, recordemos:
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo; máxime que
las autoridades de la República por mandato
supralegal, están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.
El carácter ejecutivo o correctivo de dicha
potestad se materializa en el proceso o expediente
disciplinario, actividad que al limitar
derechos fundamentales, hace que se tramite
previo el agotamiento de las etapas consagradas
en los citados estatutos disciplinarios,
respetando las garantías constitucionales
vistas, esto es:
En el ordenamiento constitucional español,
la prohibición a la Administración Pública
de sancionar por acciones u omisiones que
normativo, jurisprudencial y doctrinal desde la óptica de un
Derecho disciplinario autónomo. Procuraduría General
de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio
Público. Lecciones de Derecho Disciplinario. Obra
Colectiva. Volumen 3. 2007. Bogotá, Colombia.
en el momento de producirse no constituyan
falta o infracción administrativa e imponer
sanciones que, directa o subsidiariamente,
impliquen privación de libertad, el derecho al
acceso judicial y a la obtención de una tutela
efectiva contra los actos de la Administración
consecuencia de la potestad disciplinaria, la
prohibición de la indefensión, la presunción
de inocencia, la actividad probatoria, los
derechos de defensa y asistencia letrada en
los expedientes disciplinarios, el derecho a
ser informado de la acusación formulada,
los principios de idoneidad, objetividad e
independencia del operador disciplinario y
el derecho a que se tramite el expediente sin
dilaciones indebidas y con la materialización
de las garantías vistas 32 .
Y en el ordenamiento superior colombiano, a
no ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante Juez o
Tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio,
a que se le aplique la Ley permisiva o favorable,
aún cuando sea posterior, respecto de la
restrictiva o desfavorable, a que se presuma
su inocencia mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable, el derecho a la defensa
y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento, a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra,
a impugnar la sentencia condenatoria y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho,
siendo nula de pleno derecho la prueba obtenida
con violación del debido proceso.
Lo anterior para que las sanciones o correctivos
disciplinarios, que van en España desde
el apercibimiento, demérito, traslado forzoso
con o sin cambio de localidad de residencia,
suspensión firme de funciones o de empleo,
hasta el despido disciplinario del personal
laboral o la separación del servicio de los
funcionarios; y en Colombia, destitución e
inhabilidad general, suspensión en el ejercicio
32 Forero Salcedo, José Rory. Estado constitucional,
potestad disciplinaria y relaciones especiales de sujeción.
Instituto de Estudios del Ministerio Público.
Colección de Derecho Disciplinario. Número 15
(2007). Bogotá, Colombia.

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
del cargo e inhabilidad especial, suspensión,
multa y amonestación escrita, e impuestas
una vez que se compruebe la existencia de la
falta disciplinaria, se entiendan no como una
represalia del Estado Constitucional, sino
como una expresión de la justicia disciplinaria,
ya en sentido formal o material, pero en todo
caso, bien administrada.
Por último, es preciso articular estos comentarios
con la categoría de la responsabilidad
disciplinaria de los funcionarios públicos, de
claro raigambre constitucional, por resultar
consustancial a la función de control disciplinario
del Estado. Es por tal razón, que al
ostentar dicha calidad, la Constitución, fundamento
del Estado Social y Democrático de Derecho
que rige a España y a Colombia, impone a
los funcionarios el deber especial reforzado
de cumplir con honestidad, diligencia, transparencia,
eficacia, igualdad e imparcialidad,
la función pública encomendada, dada la
relación especial en que se encuentran.
De ahí que el ordenamiento superior español
establezca en su Artículo 9, la obligación
para los ciudadanos y los poderes públicos
de estar sujetos a sus mandatos y al resto del
ordenamiento jurídico, garantizando en el
apartado 3º, amén de los principios de legalidad,
jerarquía normativa, publicidad de las
normas, irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos, el principio de responsabilidad.
En Colombia, basta con observar el contenido
del Artículo 6 superior, génesis de tan
importante instrumento dogmático, según el
cual los particulares sometidos a una relación
general de sujeción, sólo son responsables ante
las autoridades por infringir la Constitución y
las leyes, en tanto que los servidores públicos
insertos en una relación especial de sujeción, lo
son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones.
Como se observa, el concepto tiene una
nítida lectura desde el prisma constitucional,
tanto así que el Constituyente de 1991 en
el Artículo 124 superior, establece que la
Ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla
efectiva, de donde se desprende la garantía de
reserva de Ley en materia disciplinaria, que
representa otro de los fundamentos constitucionales
para la formulación de un Código
Único Disciplinario en Colombia, que busca
combatir los grandes flagelos que truncan el
camino hacia una Administración Pública en
busca de la excelencia 33 .
6.1 El cumplimiento de los deberes
funcionales por parte de los
servidores estatales
El Derecho disciplinario que cumple una
función social, fundamentado en las relaciones
especiales de sujeción, protege el deber
funcional ante un desvalor de acción injustificado,
derivado del incumplimiento de los
deberes funcionales que afecta a la función
administrativa como tal, en la medida que el
ilícito disciplinario comporta el quebrantamiento
del deber, pero no de cualquier deber,
sino del deber funcional, y no de cualquier
forma, sino que ha de ser de manera sustancial,
al atacar o poner en peligro o lesión
los fines y funciones del Estado, base de una
Administración Pública que busca la excelencia
y que encuentra en la Ley disciplinaria, un
instrumento de prevención y garantía de su
buena marcha, adquiriendo la antijuridicidad
por tales razones unos matices propios, que la
diferencian de la categoría en materia penal, y
es así como en Derecho funcionarial se aplica
la ilicitud sustancial.
Ahora bien, la autorización constitucional
para exigir el cumplimiento de los deberes
funcionales y estructurar la imputación disciplinaria,
emana de las siguientes preceptivas,
fundamento de la constitucionalización del
Derecho disciplinario en Colombia 34 :
33 Forero Salcedo, José Rory. Alternativas constitucionales
para enfrentar la corrupción administrativa en Colombia.
Procuraduría General de la Nación. Instituto de
Estudios del Ministerio Público. Lecciones de
Derecho Disciplinario. Obra Colectiva. Volumen 12.
2009. Bogotá-Colombia.
34 Planteamiento que se deriva del contenido del
Artículo 4 de la Constitución colombiana de 1991, al
establecer que la Constitución es norma de normas
y que en todo caso de incompatibilidad entre la
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
23

Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
24
José Rory
Forero Salcedo
1. Los servidores públicos al moverse en ese
gran escenario conocido como el Estado
Constitucional, Social y Democrático de
Derecho, deben ser respetuosos de los
valores, principios, derechos y garantías
constitucionales y cumplir igualmente de
manera escrupulosa los deberes asignados,
como única forma de garantizar la materialización
de los fines esenciales del Estado,
esto es, servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución,
así como facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afecten y en la
vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación, defendiendo la
independencia nacional, manteniendo la
integridad territorial y asegurando la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden
justo.
2. Al ostentar la calidad de autoridades públicas,
deben proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y
libertades y asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares,
so pena de que el mismo Estado,
les reclame el principio de responsabilidad,
política, civil o patrimonial, fiscal, penal
y disciplinaria, dada la calidad ostentada,
por infringir la Constitución y las leyes y
además por omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones.
3. Es claro que el servidor público adquiere
un plus de responsabilidad, dado el status
funcionarial adquirido en el momento en que
presta juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que
le incumben, lo que amplifica sus deberes
que adquieren, en consecuencia, el carácter
de funcionales, y le obligan a desempeñar
el cargo observando siempre los valores
constitucionales de la libertad, la igualdad,
la solidaridad, la justicia, la participación y
la dignidad humana; los principios constitucionales
del Estado Constitucional, Social
y Democrático de Derecho, esto es, la
Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se
aplicaran las disposiciones constitucionales.
prevalencia del interés general, la soberanía
popular, la supremacía de la Constitución, la
primacía de derechos, la responsabilidad, la
división funcional del poder, amén de los de
la función administrativa como tal, igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, y por supuesto
respetar escrupulosamente los derechos de
los administrados y materializar las garantías
constitucionales cuando son accionadas.
Para un mejor entendimiento pasemos revista
a las normativas superiores en Colombia,
acorde con la Constitución de 1991:
Hace parte de los deberes reforzados de
quienes se encuentran en una especial relación
de sujeción, que pueden ser demandados
por cualquier ciudadano:
Artículo 2: Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender
la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
Representa esta disposición la base normativa
para distinguir, entre relaciones generales
y especiales de sujeción desde la óptica
de la responsabilidad y los deberes de
los ciudadanos y los servidores públicos,
respectivamente 35 :
Artículo 6. Los particulares sólo son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución y
las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio
de sus funciones.
Constituye el fundamento supralegal de las
relaciones generales de sujeción, en tanto consagra
el núcleo de la libertad de las personas
35 Sin duda un plus de responsabilidad respecto de los
Servidores Públicos en Colombia.

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
y los deberes que emanan de las limitaciones
impuestas a tales derechos:
Artículo 16: Todas las personas tienen derecho
al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de
los demás y el orden jurídico.
Si bien es cierto que el funcionario como
parte integrante de la organización administrativa,
se encuentra en una relación de sometimiento
distinta y más intensa del común
de los ciudadanos, y de ahí el reforzamiento
de sus deberes, también lo es que rige para
él la tutela judicial sobre el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos:
Artículo 86: “...Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que
aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe
o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
Juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días
entre la solicitud de tutela y su resolución.
La Ley establecerá los casos en los que la acción
de tutela procede contra particulares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado
de subordinación o indefensión...”.
Artículo 89: Además de los consagrados en los
artículos anteriores, la Ley establecerá los demás
recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios
para que puedan propugnar por la integridad del
orden jurídico, y por la protección de sus derechos
individuales, de grupos o colectivos, frente a la acción
u omisión de las autoridades públicas.
Artículo 92: Cualquier persona natural o jurídica
podrá solicitar de la autoridad competente la
aplicación de las sanciones penales o disciplinarias
derivadas de la conducta de las autoridades públicas.
En cuanto determina los estatutos especiales,
de los cuales se derivan las relaciones en
cuestión que conllevan deberes reforzados
de los funcionarios públicos 36 :
Artículo 122: No habrá empleo público que no
tenga funciones detalladas en Ley o Reglamento
y para proveer los de carácter remunerado se
requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben (...).
Artículo 123: Son servidores públicos los miembros
de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la Ley y el
Reglamento.
La Ley determinará el régimen aplicable a los particulares
que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio.
De otra parte, pero dentro del mismo orden
de ideas, es claro que los estatutos disciplinarios
deben definir no solamente los derechos
de los funcionarios, sino también sus deberes
funcionales, es decir aquellas cargas que la
Administración Pública puede imponer a los
mismos, en virtud de la relación especial de
sujeción que los ata a aquella 37 .
En el ordenamiento jurídico disciplinario
español, el elenco se encuentra establecido
en el capítulo sexto de la ampliamente citada
Ley 7 de abril 12 de 2007, Estatuto Básico
del Empleado Público, bajo el entendido que
los empleados públicos deberán desempeñar
con diligencia las tareas que tengan asignadas
y velar por los intereses generales con sujeción
y observancia de la Constitución y del resto
del ordenamiento jurídico, y deberán actuar
con arreglo a los principios de objetividad,
integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al
36 Igualmente en el Artículo 124 superior colombiano,
según el cual la Ley determinara la responsabilidad
de los Servidores Públicos y la manera de hacerla
efectiva.
37 En este sentido, Alberto Palomar Olmeda, en
Derecho de la Función Pública, Régimen Jurídico de los
funcionarios públicos. Séptima edición, Dykinson,
2003.
Informes de Investigación
Grupo: Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
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Informes de Investigación
Grupo:Régimen Disciplinario y Derechos Humanos
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Forero Salcedo
servicio público, transparencia, ejemplaridad,
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez,
promoción del entorno cultural y medioambiental,
y respeto a la igualdad entre mujeres y
hombres, que inspiran el Código de Conducta
de los empleados públicos.
En el ordenamiento jurídico disciplinario
colombiano, la Ley 734 de febrero 5 de
2002, establece en el Artículo 34 un catálogo
de 40 numerales, que corresponden a los
deberes que debe cumplir todo servidor
público, iniciando por el de cumplir y hacer
que se cumplan los deberes contenidos en
la Constitución, los Tratados de Derecho
internacional humanitario, los demás ratificados
por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las
convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente, cuyo incumplimiento
da lugar a falta disciplinaria, al tenor del
Artículo 50, ibidem 38 .
Finaliza, con el deber del servidor público
de capacitarse y actualizarse en el área donde
desempeña su función.
7. Control ciudadano sobre la
gestión pública, alternativa
fundamental en la lucha contra
la corrupción administrativa
La calidad de colombianos debe enaltecer a
todos los miembros de la comunidad nacional,
quienes por consiguiente, estamos en el
deber de engrandecerla y dignificarla, acorde
con el mandato contenido en el Artículo 95
superior, resultando esta razón suficiente para
entender, que la lucha contra la corrupción
administrativa, es una tarea que compromete
a todos.
38 Sobre el tema, Clavijo Ramírez, Soraya. El deber
como referente para determinar el agotamiento de la falta
disciplinaria. Línea jurisprudencial. Procuraduría
General de la Nación. Instituto de Estudios
del Ministerio Público. Lecciones de Derecho
Disciplinario. Obra Colectiva. Volumen 1. 2006.
Bogotá, Colombia.
En consecuencia, la mayor aspiración de
la población colombiana dentro del equilibrio
que debe lograr entre interés general
y dignidad humana, debe traducirse en la
materialización de la honestidad como valor
fundamental de toda sociedad civilizada y de
toda organización política que aspire obtener
el calificativo de Estado Constitucional, Social
y Democrático de Derecho, en su realidad
constitucional.
En este sentido, las asociaciones profesionales,
culturales, cívicas, sindicales, benéficas o
de utilidad común no gubernamentales, comunitarias
y juveniles, constituyen verdaderos
instrumentos democráticos de representación
en la vigilancia de la gestión pública; y se
erigen en mecanismos de control por parte
de la ciudadanía, fruto de las bondades que
en materia de participación ciudadana ofrece
la Carta Política y que tienen su génesis, particularmente
en el contenido de los artículos
3, 40 y 103 superiores 39 .
La contribución del Estado colombiano, a
su organización, promoción y capacitación,
acorde con el mandato contenido en los
Artículos 103 y 270 del ordenamiento supremo,
evidentemente representa un avance
importante en la lucha contra la corrupción
administrativa.
7.1 El cumplimiento de los deberes de
la persona y del ciudadano
Al interior de una sociedad políticamente
organizada, existen unos vínculos más o menos
estrechos entre el Estado y su población
dependiente jurídicamente respecto de aquel,
conformada ésta por dos grandes grupos:
los particulares y los servidores públicos
en Colombia, acorde con la clasificación
del Artículo 6 superior, o los ciudadanos y
39 En consonancia con Botero Gómez, Gladys
Aidé, Niebles Álvarez Gloria cecilia, Paz
Zúñiga Sandra, Martínez González, Adriana
Cecilia, Rojas Manrique, Sandra María y Diossa
Peréz, Carlos Mario. Las decisiones disciplinarias
y sus repercusiones sociales. Procuraduría General de
la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio
Público. Lecciones de Derecho Disciplinario. Obra
Colectiva. Volumen 2. 2007. Bogotá-Colombia.

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
poderes públicos de acuerdo con el Artículo
9 superior español.
Pues bien, los vínculos o relaciones de sujeción
adquieren la connotación de generales,
cuando comprometen a todos, es decir, a
cualquier ciudadano y serán especiales, en tanto
insertan al administrado en forma duradera
y efectiva a la organización administrativa;
ejemplo paradigmático son las relaciones
que se predican de los funcionarios, también
denominadas funcionariales 40 .
Llevado el anterior planteamiento a las diferentes
áreas del Derecho, se observa cómo el
Derecho penal se identifica con las relaciones
generales de sujeción, en cuanto que en la conducta
típica, antijurídica, culpable y punible,
puede incurrir cualquier persona, en tanto que
la falta disciplinaria, en principio, solamente
se le puede atribuir al funcionario, de ahí
que el Derecho funcionarial corresponda a
la categoría jurídica de las relaciones especiales
de sujeción.
A propósito de los deberes que se generan en
este ámbito, es claro que por el estándar general
que cobija a los ciudadanos del común,
estas obligaciones adquieren la calidad de
deberes genéricos, a diferencia de los deberes
funcionales o especiales que surgen para los
servidores públicos, por la relación especial
de sujeción que los ata a la Administración
Pública.
40 En voto particular dentro de la STC. nº 132/2001,
de 8 de junio el Magistrado D. Fernando Garrido
Falla, refiriéndose a la categoría bajo estudio
expresa: “...La categoría dogmática de las relaciones
especiales de poder o de sujeción, para referirse a situaciones
jurídicas de los particulares distintas de la relación general
de supremacía que caracteriza –a reserva, claro está, de los
intangibles derechos fundamentales de la persona- la situación
de los administrados con respecto a los poderes públicos, no
deja de ser un concepto doctrinalmente discutido.... Otros
ejemplos los constituyen los militares de reemplazo sujetos a
la disciplina militar, los sometidos al régimen disciplinario
de las Universidades o, en fin, los funcionarios públicos...”.
Y agrega: “...los efectos prácticos de este tipo de relación
jurídico-administrativa, son pues una debilitación en cuanto
a las exigencias propias del principio de legalidad formal;
lo cual, por cierto, no excluye ni la necesidad de norma
(reglamentaria) previa y cierta que tipifique la infracción,
ni la determinación de la sanción correspondiente que
acarrea...”.
En Colombia, el fundamento constitucional
de los deberes genéricos es claro. En efecto,
el artículo 95 superior establece que la calidad
de colombiano enaltece a todos los miembros
de la comunidad nacional, quienes están en
el deber de engrandecerla y dignificarla, por
tanto toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar
de los propios.
2. Obrar conforme al principio de solidaridad
social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan
en peligro la vida o la salud de las
personas.
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas
legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad
nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos
como fundamento de la convivencia
pacífica.
5. Participar en la vida política, cívica y
comunitaria del país.
6. Propender al logro y mantenimiento de
la paz.
7. Colaborar para el buen funcionamiento
de la administración de justicia.
8. Proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación
de un ambiente sano41 .
9. Contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad.
Corolario de lo expuesto
En este sentido y para combatir la corrupción
administrativa, acorde con la estrategia
planteada y lograr la legitimidad y credibilidad
institucional, recobrando los valores fundamentales
propios de toda sociedad civilizada
traducidos en la ética, la moral y de contera
la honestidad, que lleven a un verdadero
Estado Constitucional, Social y Democrático
41 Una de las grandes asignaturas pendientes en
Colombia.
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Informes de Investigación
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Forero Salcedo
de Derecho, como ha venido sucediendo en
España, en el proceso que iniciaron en 1978,
en donde prime la dignidad humana, el interés
general y la justicia social, como punto de
partida, se debe particularmente en Colombia:
a. Crear cultura en los coasociados, principalmente
en los servidores estatales, a través
de un proceso pedagógico para que tomen
conciencia, sobre lo que implica la función
pública encomendada, planteamiento que
traduce la cristalización del control disciplinario
en su fase preventiva.
b. Resulta imperioso materializar el control
interno en sus modalidades gestión y
disciplinario, en las diferentes entidades
estatales conforme a los principios rectores
que lo caracterizan, recordemos: igualdad,
moralidad, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad. Solamente así se podrán
fijar unas políticas que desencadenen
prácticas y procedimientos adecuados para
la corrección de las deficiencias, inconsistencias
y debilidades comentadas.
c. La aplicación e implementación efectiva
de la carrera administrativa, como forma
de seleccionar por el sistema de mérito
el ingreso, la permanencia y el ascenso o
promoción en los empleos de carrera.
d. Buscar los mecanismos necesarios para
una oportuna administración de justicia
en los diferentes campos (civil, laboral,
administrativo, penal y disciplinario),
fortaleciendo el aparato jurisdiccional
del Estado. Sólo así, el Juez del Estado
Constitucional, Social y Democrático de Derecho,
podrá satisfacer las exigencias concretas de
la justicia material.
e. Como quiera que el fenómeno se presenta
también por debilidad en cuanto al control
ciudadano e institucional sobre la gestión
pública, se hace im prescindible el fortalecimiento,
de una parte, de los órganos de
control del Estado colombiano, vale recordar,
Procura duría General de la Nación,
Contra loría General de la República y
Personerías Distritales y Municipales; y
de otra, la participación ciudadana, para
que el ciudadano pueda ejercer verdaderos
controles sobre la gestión pública, principalmente
respecto a la ejecución de los
presupuestos y procesos de contratación
que conlleven un adecuado manejo del erario
público, robusteciendo y acompañando
a las veedurías ciudadanas.
f. Sería aconsejable la consolidación de
herramientas legislativas para prevenir y
luchar contra este flagelo, a fin de materializar
el principio de transparencia que debe
guiar las actuaciones públicas y privadas, en
aras de hacer realidad el derecho colectivo
a la moralidad administrativa establecido
en el Artículo 88 superior colombiano.
Con tal redimensionamiento se logrará una
verdadera veeduría para el correcto manejo e
inversión de los dineros públicos, junto con
el control de resul tados de la gestión estatal y
natural mente, el cumplimiento de las funciones
supralegales traducidas en la adecuada
guarda y promoción de los derechos y deberes
humanos, protección del interés público y
vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas 42 .
Conclusiones
La prevalencia de la dignidad humana y del bien
común, interés público, colectivo, o interés
general, constituye el reto más importante
del Estado Constitucional, Social y Democrático de
Derecho; y la política, se erige como un instrumento
fundamental para su materialización,
dentro de la dinámica propia de la organización
política, escenario que es protagonizado
por gobernantes y gobernados, en quienes
los valores morales deben constituir la guía
permanente de sus actuaciones 43 .
42 Articulación de los controles ciudadanos con los
controles institucionales.
43 Sobre el particular, resulta pertinente tomar el
razonamiento de Francesco Cossiga, quien a
propósito de la política y la restauración de los valores
morales dentro de una sociedad, sostiene: El político
sirve al bien común, que es la forma más alta de bien
temporal. Santo Tomás de Aquino decía que la política
es la más alta de las actividades humanas, porque si la
moralidad de una acción se mide con relación al bien que
persigue, no existe bien temporal mayor que el bien común.
Pero es necesario restaurar los valores morales. No hay cosa

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
Como quiera que el gobernante juega un
papel protagónico en la restauración de tales
valores, debe mostrar resultados concretos
de su gestión, ya que el compromiso y la
responsabilidad por el momento co yuntural
que vive Colombia resulta de una enorme
tras cendencia, especialmente para los servidores
estatales, pues en la medida en que
logren hacer efectivo el control disciplinario
y el control ciudadano sobre la gestión pública,
acorde con la estrategia constitucional planteada,
están construyendo las bases ju rídicas
de un Estado participativo, pluralista, en
donde impere la demo cracia real o sustancial;
y de unas instituciones que se proyectan
en el tercer milenio y que se justificarán y
tendrán razón de ser, si propugnan por una
Administración Pública, honesta, eficiente,
garante de los derechos humanos y del interés
público, donde la conducta de los servidores
estatales consulte siempre la idea de justicia
social, como único camino para lograr la
paz, enmarcada naturalmente dentro de los
valores constitucionales de libertad, igualdad,
solidaridad, justicia, participación y dignidad
humana, como presupuestos básicos para
llegar a la Colombia que todos anhelamos.
Pensar y actuar en contravía de lo manifestado,
equivale a patrocinar la situación
de crisis que en forma directa o indirecta
afecta a la población colombiana y que de
no solucionarse más temprano que tarde y
con el concurso de todos, inexorablemente
aumentará la incertidumbre de un mejor
futuro de su pueblo, quedando la corrupción
y la violencia como únicos legados para las
generaciones venideras.
Ahora bien, desde el punto de vista práctico
y en el ámbito de la función pública, para que
se logren materializar los anteriores postulados
dogmáticos se requiere en Colombia,
partiendo de un Derecho disciplinario autónomo,
la voluntad decisiva por una parte de la
Administración, en tanto extremo dominante
en una relación especial de sujeción y de otra,
de los funcionarios públicos y particulares
que cumplen funciones públicas en cuanto
más notable, necesaria y justa que la política. El hecho de
que existan políticos ladrones es otro tema.
sujetos pasivos, de la adopción entre otras de
las siguientes medidas, que corresponden a
claros mandatos del Constituyente de 1991
y del legislador disciplinario de 2002:
1. Educar a los servidores públicos y a
los particulares que cumplen funciones
públicas, en los valores, principios, derechos,
garantías y deberes encomendados
por expreso mandato constitucional, legal
y reglamentario (artículo 33, numeral
3 del CDU).
2. Capacitar permanentemente a los funcionarios
instructores en el campo del
Derecho disciplinario, en temas como la
potestad disciplinaria y el debido proceso,
máxime que es deber del servidor público
capacitarse y actualizarse en el área donde
desempeña su función (Artículo 34,
numeral 40 del CDU).
3. Materializar el principio de igualdad, en
tanto valor, principio y derecho fundamental,
en la medida que las autoridades
disciplinarias deben tratar de modo igual
a los destinatarios de la Ley disciplinaria,
sin establecer discriminación alguna por
razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica (Artículo 15 del CDU).
4. Remunerar de manera adecuada a
los servidores estatales para que la
Administración pueda exigir con autoridad
el cumplimiento de sus deberes
funcionales44 (Artículo 33, numerales 1,
6 y 9 del CDU).
5. Implementar mecanismos expeditos para
evitar la impunidad en materia disciplinaria,
a fin de agilizar el trámite de los
procesos o expedientes sancionadores, es
decir, robustecer el control y la potestad
44 En relación con los deberes constitucionales
implícitos anota Embid Irujo: “…Pero hay más
deberes constitucionales y aquí entramos en la categoría de los
deberes constitucionales implícitos. Sin duda alguna –y valga
aquí el razonamiento del capítulo anterior– la fidelidad de
los funcionarios a la Constitución es uno de ellos, implícito
en el Art. 103 de la Constitución, en la configuración que
realiza la Administración del funcionariado. Con la sanción
jurídica que puede llegar hasta la separación del servicio por
su incumplimiento y a la que se refiere la legislación ordinaria
(Ley de Medidas y Reglamento de disciplina)…”. (La
fidelidad de los funcionarios… Op. cit. Pág. 164).
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disciplinaria en sus fases preventiva,
ejecutiva y correctiva (Artículos 12 y 94
del CDU).
6. Valorar por parte de los superiores de
la entidad los méritos de los servidores
adscritos a sus dependencias, otorgando
ascensos, capacitaciones, comisiones de
estudio, etc., es decir, cristalizando el concepto
de la meritocracia en el ámbito de
la función pública, con el fin de generar
sentido de pertenencia y compromiso
institucional (artículo 33, numerales 5 y
8 del CDU).
7. La función disciplinaria debe responder
a dos conceptos: el interés general y la
dignidad humana. En consecuencia,
es aconsejable que en tan importante
actividad no existan ingerencias que
afecten su imparcialidad (artículos 1, 2
y 8 del CDU).
8. Realizar una correcta ubicación del recurso
humano en las diferentes entidades
del Estado (artículo 33, numeral 8 del
CDU).
9. Mantener un continuo, permanente y
fluido diálogo entre el nivel directivo
y los demás niveles de la Administración,
escuchando sugerencias, creando y
fortaleciendo la crítica constructiva, no
destruyéndola, máxime que la crítica
sana a la labor de los superiores, no
sólo constituye un ejercicio legítimo
de la libertad de expresión, sino que
materializa el interés general al que los
funcionarios públicos deben servir de
manera prioritaria (artículo 33, numeral
7 del CDU).
10. Finalmente, el mejor espejo para una
Administración Pública en busca de la
excelencia, comienza con el buen ejemplo
del nivel directivo, el que debe demostrar
no solo la autoridad legal para ejercer el
cargo, sino ante todo la autoridad moral
(Artículo 34, numeral 6 del CDU).
Con las características y medidas apuntadas,
el Derecho disciplinario como nueva área
jurídica, puede convertirse en un instrumento
valioso en la lucha contra la impunidad,
ineficacia y la corrupción administrativa, en
aras de despejar las grandes sombras que se
ciernen sobre la Administración Pública en
Colombia, cuyas principales causas podemos
sintetizar así 45 :
La carencia de una verdadera descentralización
en sus distintas vertientes; el debilitamiento
permanente de los órganos de control
encargados de ejercer la potestad disciplinaria;
la indebida elaboración o sostenibilidad de
proyectos macro que combatan la miseria,
pobreza y desigualdad social (planes de desarrollo
coherentes y realizables); la desarticulación
de los planes de acción al interior de las
entidades públicas y la inexistencia de trabajo
en equipo. Por el flagelo de la corrupción, los
presupuestos para materializar los planes de
inversión pública son irrisorios; la estructura
administrativa de algunas entidades, por no
decir la mayoría, es antiquísima y se encuentra
desfasada respecto de los lineamientos de la
Constitución Política de 1991, llevando a su
falta de efectividad.
A lo anterior se suman otros aspectos tales
como el mal entendimiento de los principios
que deben guiar la función pública y administrativa,
entre otras razones por el desconocimiento
de algunos servidores estatales
respecto de cuáles son los valores, principios,
derechos, deberes y garantías supralegales
que sustentan el Estado Constitucional
colombiano. Así como no tener una idea
clara de sus derechos, deberes funcionales,
impedimentos, prohibiciones, inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de intereses,
cuya extralimitación, desconocimiento o
incursión genera la falta disciplinaria.
A propósito de las cuestiones de forma, las
llamadas “reunionitis, actitis, comititis, titulitis y
doctoritis” 46 ; la falta de instalaciones locativas
45 Se trata de percepciones personales derivadas del
ejercicio de la cátedra, comentarios de un sinnúmero
de participantes a los diferentes talleres, foros,
seminarios, congresos nacionales e internacionales
en que he tenido oportunidad de intervenir como
conferenciante.
46 Son expresiones netamente personales que
traducen: Reunionitis: para abordar cualquier tema,
por intrascendente que sea, se convoca una reunión
en la que se levantan sin número de actas (actitis)
sin objetivos precisos. Comititis: cuando no se llega
a un acuerdo o para salir del paso ante una situación

Hacia la
excelencia en la
Administración
Pública
colombiana
y elementos mínimos adecuados para laborar;
el protagonismo de algunas entidades y
funcionarios para desarrollar los proyectos;
la existencia de dependencias en que es tal la
magnitud del trabajo que llegan a colapsarse,
así como otras en que el trabajo es irrisorio
por la carencia de unos repartos competenciales
claros; en fin, la mala distribución del
recurso humano.
Son debilidades, que han servido como
insumo para la construcción de un andamiaje
de burocracia, saturado en ocasiones
por el clientelismo político, en cuyo ámbito
predominan, por inobservancia del principio
democrático y de las bases de un Estado
Constitucional real, unas relaciones especiales
de sujeción, rígidas, intensas, absolutas y
radicales, a ultranza de cuando se originaron
en la Monarquía Constitucional, arquetipo
autoritario decimonónico, influidas por
la concepción del Canciller imperial en la
Alemania Guillermina.
De ahí que Federico Guillermo afirmara en
dicho contexto:
“Se debe servir al soberano con cuerpo
y alma, con haber y poseer, con honor y
conciencia y poner a su disposición todo,
salvo el alma. El alma pertenece a Dios, todo
lo demás a mí” 47 .
En suma:
La Administración Pública debe mostrar resultados
concretos de su gestión, pues el compromiso
y la responsabilidad por el momento
difícil, se crean comités que muchas veces no se
sabe a qué conducen o cuál es su razón de ser.
Titulitis y doctoritis: se exhiben títulos de idoneidad
y a pesar de que todos son “doctores”, la situación
no parece cambiar, principalmente para las clases
menos favorecidas que demandan soluciones
inmediatas de parte de la Administración Pública
en el orden nacional, departamental, distrital y
municipal, debido a la situación de miseria extrema
que les aqueja y que conlleva la vulneración y el
desconocimiento sistemático de sus derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales,
colectivos y del ambiente, así como de las garantías
mínimas de protección constitucional.
47 Nieto García, Alejandro. El mito de la Administración
prusiana. Instituto García Oviedo. Universidad de
Sevilla. 1962. p. 124.
co yuntural que vive Colombia, resulta de una
enorme tras cendencia, particularmente para
los servidores estatales, pues en la medida
en que logren hacer efectivo un Derecho
disciplinario, con las recomendaciones vistas:
1. Estarán construyendo las bases ju rídicas
de un Estado participativo y pluralista,
en donde impere la demo cracia real o
sustancial, según la sabia fórmula del
profesor Ferrajoli48 ;
2. De unas instituciones que se proyectan
en el tercer milenio y que se justificarán
y tendrán razón de ser, si buscan una
Administración Pública, honesta, eficiente,
garante de los derechos humanos y del
interés público;
3. De una Administración Pública, donde
la conducta de los servidores estatales,
consulte siempre la idea de justicia social,
como único camino para lograr la paz,
enmarcada en los valores constitucionales
de libertad, igualdad, justicia y
dignidad humana; como presupuestos
básicos para llegar a la Colombia que todos
anhelamos.
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48 Así en Ferrajoli Luigi. Los fundamentos de los derechos
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Revista La pedagogía Diálogos
en de los Saberes Diálogos
ISSN de 0124-0021 Platón
Julio-Diciembre
de 2010
Págs. 35-54
Resumen
Este artículo estudia los múltiples aportes
pedagógicos –psicología evolutiva, el juego y
el trabajo como instrumentos de la educación,
la educación para beber el vino, etc.– contenidos
en los Diálogos de Platón. Para obtener
la información necesaria, el investigador
principal y los estudiantes recurrieron a
fuentes documentales. En esta investigación
se utilizaron dos métodos: el descriptivo
y el analítico-deductivo. Las conclusiones
más importantes que se obtuvieron, son:
1ª. En los diálogos de Platón se hallan las
ideas básicas de todo lo que han dicho los
grandes pedagogos de los últimos veinticinco
siglos. 2ª. La educación debe preparar al hombre
desde su más tierna infancia para la virtud
y para convertirse en un buen ciudadano.
3ª. El propósito pedagógico de Platón, al fundar
la Academia, fue formar buenos políticos
y gobernantes.
Palabras clave
Política, Estado, educación, Platón, Diálogos,
pedagogía.
Abstract
La pedagogía en los diálogos de Platón*
This paper studies the manifold pedagogic
contributions–about, for instance, evolutionary
psychology, play and work as educational
tools, the proper way to drink wine, and so
forth—contained in Plato’s Dialogues. In
order to attain the required information, the
head researcher and the students resorted
to documentary sources. Two methods
were used in this research: descriptive
and analytic-deductive. The most important
conclusions reached were as follows:
(1) In Plato’s Dialogues, one can find all that
which pedagogues have claimed over the last
twenty-five centuries.
(2) Education must prepare man since his
earliest childhood in order to become a
righteous person and a good citizen.
(3) When founding the Academy, Plato’s
pedagogic purpose was to educate good
politicians and rulers.
Key words
politics, State, education, Platon, Dialogues,
pedagogy.
Introducción
Rafael Antonio Ballén Molina, Ph.D**.
Universidad Libre, Bogotá
Rafaballen@yahoo.com
El mundo académico sabe que la producción
intelectual de Platón está contenida en diálogos
y cartas. La educación y todos los aspectos
afines, anexos y complementarios –psicología
evolutiva, métodos y procedimientos según
la edad del educando, enseñanza-aprendizaje,
etc.– es el tema que palpita desde el comienzo
hasta el final de su obra monumental. He
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010.
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 20 de 2010
* Artículo producto de la investigación terminada Platón. Vigencia de su pensamiento político, que adelantó el Grupo
Hombre, Sociedad y Estado, reconocido y categorizado por Colciencias. El grupo desarrolla la Línea de
Investigación Teoría política y constitucional, y está adscrito al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre, entidad que financió el proyecto.
** Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Abogado especializado en Derecho dministrativo
en la Universidad Libre, Director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Libre, Sede
Principal.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
35

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
36
Rafael Ballén
Molina, Ph.D
ahí, la razón por la cual Platón encabeza la
lista de los grandes pedagogos universales.
En efecto, el pensador ateniense, fundador
de la Academia ocupa el primer lugar, en
la obra colectiva, dirigida por Jean Château,
denominada precisamente así –Los grandes
pedagogos–, y cuyo introito dice: “Antes de
Platón nadie se había dedicado a reconocer
en qué circunstancias se impone la acción
educativa, a qué exigencias ha de responder, y
en qué condiciones es posible: fue el primero
en poseer una filosofía de la educación” 1 .
Se necesitaron, pues, veinticinco siglos para
que llegara este justo y equilibrado reconocimiento.
Así es: antes los intérpretes y
estudiosos se habían ido por las ramas de las
“ideas” y luego por la temática religiosa. Pero
a mediados del siglo xx surgió la interpretación
que recoge la razón de ser de la lucha, de
la obra y de la vida de Platón: la organización
y dirección del Estado. A su vez, la esencia de
ese pensamiento se halla estructurado en la
trilogía “ética-política-pedagogía” 2 .
En sus diálogos Hipias 3 , Filebo 4 , Laques 5 ,
Cármides 6 , Menón 7 y Teeteto 8 se ocupa del tema
pedagógico. Sin embargo, es en el Protágoras,
en la República y en las Leyes donde formula
con mayor fuerza una filosofía de la educación.
La educación es, para Platón, el instrumento
necesario para formar al hombre.
Estudia este asunto con diferentes enfoques.
Para Platón el tema de la educación es vital
en la conducción del Estado. Más que la
economía o la guerra, la educación debe estar
al servicio del Estado, y el Estado debe estar
al servicio de la educación. En el marco de
la conducción del Estado dice en el libro IV
de la República que la educación y la instruc-
1 MOREAU, Joseph. “Platón y la educación”, en
Los grandes pedagogos. México, Fondo de cultura
Económica, 1996, p. 15.
2 REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío. Historia
del pensamiento filosófico y científico. I Antigüedad y Edad
Media. Barcelona, Herder, 1991, t. I, p.125.
3 PLATóN. Hipías, 368b-d
4 PLATóN. Filebo, 55e.
5 PLATóN. Laques, 197 d.
6 PLATóN. Cármides, 163d.
7 PLATóN. Menón, 91a-e
8 PLATóN. Teeteto, 167c.
ción son “la única cosa grande”, y después
se rectifica y agrega: “En lugar de grande,
suficiente”, ya que las demás prescripciones
que se les impongan a los gobernantes “son
de poca monta” 9 .
La extensión y profundidad de la pedagogía
en este diálogo son de tal magnitud, que
su más duro detractor de la antigüedad,
su discípulo Aristóteles, para demeritar la
importancia de la República como tratado de
ciencia política, le endilga vacíos y falencias
por el hecho de ocuparse de la educación:
“El resto de la obra –dice Aristóteles– está
llena de explicaciones ajenas al tema y acerca
de la clase de educación que debe darse a los
guardianes” 10 .
La educación como la concebía Platón incluía
otros asuntos, que sólo con el paso del tiempo
se han ido decantando e individualizando en
el mundo moderno, “tales como civilización,
cultura, tradición, literatura, poesía, música
[…]. Cada uno de estos vocablos se reduce a
expresar un aspecto de aquel concepto general,
y para abarcar el campo de conjunto del
concepto griego sería necesario emplearlos
todos a la vez” 11 . Con esa disciplina, con esa
ciencia que aconsejaba cultivar el maestro
ateniense, “la naturaleza corporal del hombre
y sus cualidades pueden cambiar y elevar sus
cualidades a un rango superior” 12 .
Esa ciencia es la pedagogía, presente una y
otra vez, como un testimonio vivo a través
de los diálogos de Platón. Después de haber
estudiado con atención, esa obra pude encontrar,
al menos, los temas que sintetizo en este
artículo, en los siguientes puntos: concepto
de educación, valores de la educación, el
juego y el trabajo como instrumentos de la
educación, la danza coral como herramienta
de la educación, la educación del niño hasta
los tres años, la educación del niño de los
tres a los seis años, la educación a partir de
los seis años, la educación de los adolecentes,
escuela, padres y maestros, la educación para
9 PLATóN. República, IV, 423e.
10 ARISTóTELES. Política, IV, 1.292a.
11 JAEGER, Werner. Paideia. México, Fondo de
Cultura Económica, 1992, p. 2.
12 Ibíd., p. 3.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
tomar el vino, la formación de jurados de
festivales, y, finalmente, la preparación del
hombre de Estado.
1. Problema
Parte de la crisis de la sociedad contemporánea
es responsabilidad de la escuela y de la
familia; entre los educadores de los diferentes
niveles se tiene la idea de que Platón fue un
gran filósofo y educador de la antigüedad,
pero no se sabe con exactitud cuáles fueron
sus propuestas pedagógicas. Partiendo de esos
vacíos, en esta investigación se pretende resolver
esta pregunta: ¿Cuáles fueron los aportes
pedagógicos de los diálogos de Platón?
2. Metodología
En esta investigación se combinaron varios
métodos, aunque los dos básicos fueron: el
descriptivo y el analítico-deductivo. El descriptivo
fue de gran utilidad para la narración
de los conceptos pedagógicos formulados
por Platón. El método analítico-deductivo
fue determinante para examinar el material
bibliográfico consultado.
3. Contenido
3.1 Conceptos de la educación
Son muchos los conceptos que Platón dio
sobre la educación. La más célebre de sus
definiciones dice: “La buena educación es la
que da al cuerpo y al alma toda la perfección
y toda la belleza de que son capaces” 13 . En
el libro II de las Leyes estudia el tema de la
educación y su relación con la virtud, y, antes
de formular otro de sus conceptos, señala un
principio del cual seguramente partió Freud
para estructurar su teoría del psicoanálisis,
específicamente en el tema relacionado con
el placer y el displacer 14 . “Afirmo que placer
13 JAGOT, Paul C. y NOGUIN, J.G. Enciclopedia
cumbre. Buenos aires, Joaquín Gil-Editor, 1949, t.
II, p. 317.
14 FREUD, Sigmund. Obras completas, 4ª. ed. Madrid,
Biblioteca Nueva, t. III, pp. 2507 y ss. Dice Freud
sobre el tema del placer y el displacer lo siguiente:
Trátase del sector más oscuro e impenetrable de
la vida anímica […]. Hemos resuelto relacionar el
y dolor son la primera percepción infantil, es
en ellos en quienes surge por primera vez la
virtud y el vicio del alma” 15 .
A continuación viene otra de sus definiciones:
“Se llama educación a la virtud que surge en
los niños por primera vez. Si en las almas
de los que aún no pueden comprender con
la razón se generan correctamente placer,
amistad, dolor y odio y si cuando pueden
captar la razón, coinciden con ella en que
han sido acostumbrados correctamente por
las costumbres adecuadas, esta concordancia
plena es la virtud” 16 . Más adelante formula
otra definición de educación: “La educación
consiste en arrastrar y conducir a los niños
hacia la definición correctamente dada por la
ley y que, por experiencia, tanto los más aptos
como los más viejos creen que es realmente
correcta” 17 .
3.2 Valores de la educación
Según Platón, la educación no es una formación
cualquiera sino aquella que prepara
al hombre desde su más tierna infancia para
la virtud, la que lo hace deseoso y amante de
convertirse en un buen ciudadano, que sabe
gobernar y ser gobernado con justicia. “Esta
definición –dice–, al delimitar esta crianza, así
me lo parece, podría querer ahora llamar sólo
a ella educación y decir que la que se centra
en el dinero o en una fuerza o en alguna otra
pericia sin inteligencia ni justicia es servil y no
libre así como indigna totalmente de denominarse
educación”. Así pues, para el pedagogo
ateniense, la educación es el más importante
bien que los hombres pueden adquirir. Y si
alguna vez se desvía y es posible corregirla,
todo el mundo debe hacerlo siempre durante
toda la vida según su capacidad 18 .
La educación, como muchos otros aspectos
de la vida del hombre, se encuentra bajo
una marcada influencia mítico-religiosa que
placer y el displacer con la cantidad de excitación
existente en la vida anímica”.
15 PLATóN. Leyes, II, 653a.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 PLATóN. Leyes, II, 641e-644b.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Rafael Ballén
Molina, Ph.D
Platón desagrega en varios componentes.
En primer lugar, “en la vida de los hombres,
muchos de estos placeres y dolores correctamente
formados que constituyen la educación
se relajan y se destruyen”. Pero los dioses son
generosos “apiadándose del género humano
que, por naturaleza, está sometido a tantas
fatigas”. Para demostrar su nobleza, los dioses
“dispusieron como descanso de las penurias
de los hombre la alternativa de fiestas, y, para
que recuperen su estado originario, les dieron
a las Musas y a Apolo, el guía de las Musas, y
a Dioniso como compañero de sus festivales,
y también la educación que se produce en las
fiestas que celebran junto con los dioses” 19 .
Todo aquello que para muchos padres de
familia y educadores es un insoportable
comportamiento de los niños, para Platón
son cualidades que se deben utilizar para
educarlos, gracias al apoyo de los dioses:
“Prácticamente –dice– ningún joven puede
tener quietos ni el cuerpo ni la voz, sino que
intenta moverse constantemente y hablar,
unas veces saltando y brincando, como si
bailara con placer y jugara al mismo tiempo,
otras profiriendo todo tipo de sonidos”. Estas
características, que se denominan ritmo y
armonía, las tienen los otros animales, pero
éstos no alcanzan a percibir cuando hay
orden o desorden en sus movimientos. Cosa
distinta ocurre en los seres humanos debido
a que están asistidos por los dioses, que “les
han sido dados como compañeros de danza y
otorgan al hombre el sentido del ritmo y de la
armonía acompañada de placer, y los dirigen
en la danza, enlazándolos unos con otros con
cantos y bailes a los que llaman coros porque
el nombre de la alegría pertenece a su naturaleza”.
Por tanto, el que haya recibido una
buena educación deberá ser capaz de cantar
y bailar bien, es decir que estará educado “en
la danza coral” 20 .
Para cerrar el tema de la educación en el libro
II, Platón se refiere a los jóvenes y hace un
símil entre ellos y los potros sin domesticar
que andan en manada: alguno de ellos, “aunque
se encabrite y se enfurezca, le pone su
19 Ibíd., 653d.
20 Ibíd,, 654b-c.
palafrenero particular, lo educa almohazándolo
y domándolo y le da todo lo necesario
para la educación de los niños, por lo que
no sólo será un buen soldado, sino también
uno que puede administrar a un conjunto de
ciudadanos y a una ciudad”. Y agrega que
un joven así educado “hará de la valentía no
como la primera posesión de la virtud, sino
como una cuarta siempre y en todo lugar, no
sólo para el individuo sino también para la
ciudad entera” 21 .
Al entrar en el libro III de las Leyes, trae un
concepto que hace contraste con el símil del
potro encabritado, y que muchos educadores
y psicólogos han repetido por los siglos de
los siglos, sin darle crédito a Platón: “Para
un padre su hijo, aunque uno es un niño y el
otro un hombre maduro, es un amigo” 22 . Y
en un pasaje del libro IV del mismo diálogo
expresa su preocupación por la dificultad que
tiene el legislador para transmitir a una masa
sin educación, el doble mensaje que deben
contener las leyes: persuasión y coacción.
“Frente a esto, ningún legislador parece haber
reflexionado nunca acerca de que para legislar
pueden usar dos instrumentos, persuasión y
coacción, en la medida que sea posible aplicarlos
a una multitud sin educación” 23 .
En el libro VI de las Leyes también hay un
principio que bien podría calificarse de antológico
en cuanto la crianza y la selección
de cualquier especie, y que en el género
humano se convierte en un principio básico.
Conforme lo señala Platón, el primer retoño
de cualquier criatura, si comienza bien, será
el más capaz de contribuir a una culminación
adecuada de la excelencia de su propia naturaleza,
tanto en el caso de las plantas como
de los animales domésticos y salvajes, así
como también en los seres humanos. Y aquí
viene el principio más contundente: “Mas el
hombre, así sostenemos, de por sí manso, a
pesar de que si obtiene una correcta educación
y una naturaleza afortunada suele llegar
a ser el animal más divino y manso, si no se lo
educa suficientemente o no se lo educa bien,
21 PLATóN. Leyes, II, 666b-667a.
22 PLATóN. Leyes, III, 687d.
23 Ibíd., 722b.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
es el más salvaje de todos los que engendra
la tierra” 24 . Y remata con los magistrados
de la educación: hoy serían los ministros de
ese ramo. En el Protágoras Platón también
formula algunos principios pedagógicos de
vital importancia 25 .
3.3 El juego y el trabajo como
instrumentos de la educación
En el libro VII de la República, Platón explica
los métodos con que se debe educar: sin
coerción, con libertad, mediante el juego y el
trabajo. Tanto los estudios de cálculo como
los de la geometría y todas las demás que se
impartan antes de la dialéctica se le deben
enseñar al hombre desde niño, pero sin
hacer compulsiva la forma de la instrucción:
“El hombre libre no debe aprender ninguna
disciplina a la manera del esclavo; pues los
trabajos corporales que se practican bajo
coerción es posible que no produzcan daño al
cuerpo, en tanto que en el alma no permanece
nada que se aprenda coercitivamente” 26 . En
consecuencia, no se debe forzar a los niños en
su aprendizaje, sino que se precisa educarlos
jugando: así se descubrirá más fácilmente
para qué tipo de actividad es naturalmente
apto cada uno. Y a aquel que en todos estos
trabajos y estudios se muestre como el más
ágil hay que seleccionarlo y admitirlo sin
dilaciones 27 .
En el libro I de las Leyes, al momento de
abordar el tema de la educación, Platón dice:
“En primer lugar, pues, definamos, a efectos
de la argumentación, la educación, qué es
y qué efectos puede tener, pues decimos
que el tema que ahora hemos elegido tratar
debe ir a través de ella” 28 . Este anuncio es
supremamente importante, porque significa
que la misma argumentación es un proceso
educativo, ya que a medida que se avanza en
la discusión, los que participan en ella se van
formando, se van educando. A continuación
agrega: “Digo, y sostengo que el hombre que
ha de ser bueno en cualquier cosa debe ejerci-
24 PLATóN. Leyes, VI, 764b-766c.
25 PLATóN. Protágoras, 325d-326c.
26 PLATóN. República, VII, 536e.
27 Ibíd., 537a.
28 PLATóN. Leyes, I, 643a.
tarla directamente desde la infancia, jugando y
actuando seriamente en cada una de las cosas
convenientes al asunto. Por ejemplo, el que va
a ser un buen labrador o un buen arquitecto:
uno debe jugar construyendo alguna de las
viviendas que hacen los niños, el otro, por su
parte debe jugar a labrar” 29 .
Para que cada niño, según sus ideales y sus
sueños, pueda aprender jugando su futuro
oficio, el que lo cría debe proveer es juego y
ese trabajo a cada uno de los niños, dándole
pequeños instrumentos. En especial, los niños
deben aprender todo cuanto sea necesario
saber previamente, como, por ejemplo, en
el caso del carpintero, a medir y calcular y,
en el del que aspira a ser guerrero, a montar
a caballo. En esas condiciones, para que su
proceso de enseñanza sea más convincente,
el instructor o maestro debe intentar volver a
los placeres y deseos de los niños a través de
juegos que los lleven hacia la meta que ellos
mismos alcanzarán cuando hayan madurado.
Platón concluye esta primera parte de su
argumentación, así: “En resumen, decimos
que la educación es la crianza correcta que
conducirá en mayor medida el alma del que
juega al amor de aquello en lo que, una vez
hecho hombre, él mismo deberá ser perfecto
en la especificidad de la cosa” 30 .
3.4 La danza coral, una herramienta
pedagógica
No podrá haber educación completa sin la
danza coral en su conjunto. De ésta, una
parte consistía en los tiempos, y la parte de la
voz se refería a la combinación de tonos. El
movimiento del cuerpo tenía un ritmo común
al movimiento de la voz, pero la postura era
algo autónomo, mientras el movimiento de
la voz tenía melodía. Estas dos expresiones
del arte que constituyen los instrumentos
fundamentales de la educación griega, las
define así Platón: “A la parte de la voz que
llega hasta el alma para la educación de su
virtud la denominamos, a falta de un término
mejor, música […]. La parte del cuerpo es lo
que dijimos que es una danza de los que están
29 Ibíd., 643b.
30 Ibíd., 634d.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Rafael Ballén
Molina, Ph.D
en la edad del juego. Si tal movimiento llega
hasta alcanzar la virtud del cuerpo, propongo
llamar gimnasia a la conducción de éste con
arte” 31 .
Según Platón, si llegamos a conocer lo bello
del canto y del baile, conoceremos al correctamente
educado y al que no lo ha sido. Pero
si ignoramos esas dos artes, no podríamos
saber nunca con claridad si hay una forma
de preservar la educación y dónde la hay. Por
intermedio del ateniense, Platón les propone
a sus otros dos compañeros de diálogo: “A
continuación, por tanto, como si fuéramos
perras rastreadoras, debemos descubrir una
bella postura, una melodía bella, así como
un canto y una danza bellos. Pero si esto
se nos llega a escapar, el discurso acerca de
la educación correcta, sea griega o bárbara,
sería vano”. Y a manera de síntesis señala:
“Para que no nos extendamos demasiado en
todo esto, sean bellas simplemente todas las
posturas y melodías que se atienen a la virtud
del alma o del cuerpo, sea de ella misma o
de una imagen, y las que dependen del vicio,
todo lo contrario vano” 32 .
Platón había investigado muy bien todo lo relacionado
con la pedagogía espartana, donde
había tres clases de coros: el de los jóvenes, el
de los hombres adultos y el de los ancianos.
Con esa información sustentó el contenido
de su diálogo Leyes. En lo que respecta a la
influencia de los coros en la educación dice
a través del ateniense: “Sostengo, pues, que
todos los coros, que son tres, deben encantar
las almas aún jóvenes y tiernas de los niños,
contando todas las cosas hermosas que hemos
referido y que todavía podríamos referir,
pero que lo principal sea lo siguiente: la vida
más placentera y la mejor son la misma” 33 .
¿En qué orden debe actuar cada uno de los
tres coros? Responde así, el director de la
Academia: “En primer lugar, lo más correcto
sería que el coro infantil de las Musas entrara
primero en escena para cantar estas cosas
con toda seriedad y a toda la ciudad; en
segundo término, el de los de hasta treinta
31 PLATóN. Leyes, II, 672e-673a.
32 Ibíd., 654d-655b.
33 Ibíd., 664b.
años, invocando al Peán como testigo de la
verdad de lo que se afirma y rogándole que,
con su persuasión, se muestre propicio para
con los jóvenes”.
Como a los contertulios del Ateniense les
parece extraño el coro de los ancianos, Platón
lo explica así: “También es necesario que
canten, en tercer lugar, los que han superado
los treinta años hasta los sesenta. Pero a los
que han superado esta edad –dado que ya no
son capaces de soportar el esfuerzo que exige
el canto– debemos dejarlos como narradores,
divinamente inspirados, de leyendas acerca
de los mismos caracteres típicos”. Y, como
si este argumento no fuese suficiente, señala
que la naturaleza de todos los jóvenes, al ser
fogosa, no será capaz de tener en calma ni
su cuerpo ni la voz, sino que hablará siempre
de manera desordenada y estará dando
brincos, y que ninguno de los otros animales
percibirá el orden de estos dos, pero que la
naturaleza del ser humano será la única que
tenga esa capacidad. Y como no debe faltar
la protección de los dioses, cada uno de estos
coros tendrá su dios tutelar, en este orden:
las Musas, Peán y Dioniso. Este último, guía
el coro de los ancianos 34 .
Debido a que Platón intuye que establecer un
coro de ancianos puede resultar extraño a la
opinión de los griegos, “al menos para quien
lo escucha de improviso por tener que cantar
y bailar”, señala que hay que desarrollar un
argumento o un principio universal que
resulte razonable. Y ese principio lo formula
así: “Todo hombre y todo niño, todo libre y
todo esclavo, toda mujer y todo varón y hasta
toda la ciudad no cese nunca de encantarse a
sí misma con las cosas que tenemos referidas,
continuamente cambiadas para que tengan
también una gran variación, de modo que
los que cantan no se harten de los himnos y
encuentren placer” 35 .
3.5 Educación del niño hasta los
tres años
Las primeras páginas del libro VII de las Leyes
las dedica Platón a la educación del niño desde
34 Ibíd., 664b-665a.
35 Ibíd., 665c.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
el momento en que nace hasta la edad de tres
años. Lo primero que dice es: “Una vez nacidos
los hijos y las hijas, lo más correcto sería
que a continuación habláramos también de
su crianza y educación”. Sin embargo, no es
simplemente de la educación del niño desde
los cero años sino también de los cuidados
que debe tener la madre durante el embarazo,
de los cuidados de la crianza y de las primeras
orientaciones en la vida del infante. En estas
primeras páginas están las ideas básicas de
todo lo que han dicho los grandes pedagogos
durante los últimos veinticuatro siglos,
así como los conceptos relacionados con el
cuidado que debe tener y los ejercicios que
debe realizar la mujer que lleva en su vientre
una criatura. Es decir, en este aspecto, como
en muchos otros, tampoco se ha dicho nada
nuevo.
“Yo, al menos –dice Platón–, si no fuera a
parecer que bromeo, diría que entre todas las
mujeres es necesario cuidar más a las que lo
llevan en su vientre ese año, para que la embarazada
no sufra muchos placeres frenéticos,
ni tampoco dolores, sino que viva ese período
cultivando la apacibilidad, buena disposición
y pasividad”. Y agrega que todos debemos
evitar en la vida el puro dolor y el puro placer:
siempre se debe buscar el justo medio 36 .
Para el pensador ateniense, la buena crianza
debe ser capaz de producir claramente los
más bellos y los mejores cuerpos y almas.
Esto implica que, para llegar a ser los más
hermosos, los cuerpos deben crecer todo
lo erguidos que sea posible desde la más
tierna infancia. Señala Platón que el máximo
crecimiento de todos los animales se produce
inmediatamente después del nacimiento.
Y en relación con la especie humana dice:
“Después de los cinco años, la estatura del
ser humano no llega a crecer el doble en los
restantes veinte años. Pero cuando se produce
un gran crecimiento sin que se acompañe
de esfuerzos apropiados, con frecuencia se
producen innumerables males a los cuerpos.
En consecuencia, la mayoría de los esfuerzos
es necesaria cuando los cuerpos reciben la
mayor cantidad de alimentación” 37 .
36 PLATóN. Leyes, VII, 792e-793a.
37 Ibíd., 788d-789a.
Para que las enseñanzas sobre el cuidado de
los niños no queden al azar es preciso que
“digamos por medio de leyes –señala Platón–
que la embarazada no sólo paseé, sino que
también moldeé al recién nacido como cera,
mientras es tierno, envolviéndolo en pañales
hasta que llegue a los dos años. Sobre todo,
debemos obligar a las nodrizas, castigándolas
con la ley, a que se las arreglen como sea para
estar acarreando continuamente los bebés,
al campo, a los templos o a las casas de los
parientes hasta que tengan fuerzas suficientes
para estar de pie”. Platón les exige a las nodrizas
esforzarse hasta el agotamiento sólo para
que el niño tenga una buena formación en los
primeros años de su vida: “Hemos de forzar
a las nodrizas a que se agoten acarreándolos
hasta que el niño haya completado el tercer
año, porque al ser todavía pequeños, deben
tener cuidado de que no se les tuerzan los
miembros por la fuerza que ejercen al apoyarse
sobre ellos”. Platón es consciente de que
todas esas exigencias pueden ser incumplidas
por las nodrizas, quienes seguramente se
burlarán de las obligaciones impuestas. “Nos
haremos acreedores a una gran carcajada además
de que probablemente no van a querer
dejarse convencer los caracteres femeninos y
serviles de las nodrizas” 38 .
Nada que no sean buenas maneras para la
crianza y la educación del niño, recomienda
Platón. “Cuando las madres que quieren
dormir a los niños que cogen el sueño con
dificultad, no les ofrecen tranquilidad, sino,
por el contrario, movimientos, agitándolos
continuamente en sus brazos, ni tampoco
silencio, sino una melodía, y justamente
como si encantaran a los niños con música
de flauta, utilizando esta conocida unión de
danza y música en su movimiento”. ¿Para
qué hacen esto las madres? se interroga el
pensador ateniense. Para prevenir los temores
que “existen por un mal estado del alma”. Y
agrega: “Podríamos sostener que la práctica
de la valentía consiste en vencer desde la más
tierna infancia los temores y miedos que nos
atacan. Digamos que el ejercicio físico de los
niños en estos movimientos es, sin duda, un
38 Ibíd., 789d-790a.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Rafael Ballén
Molina, Ph.D
elemento que nos ayuda mucho al desarrollo
de una parte de la virtud del alma” 39 .
A continuación pregunta de qué manera se
pueden implantar el buen y el mal carácter del
alma, y responde así: “Subrayo que nuestra
convicción de que la blandura y disipación
hace a los caracteres de los jóvenes malos,
irascibles y excitados por muy pequeños
asuntos, pero lo contrario a esto, es decir
el sometimiento total y salvaje, al hacerlos
pusilánimes, serviles y misántropos, crea
compañeros de vida inapropiados”. Luego
otra pregunta: ¿Cómo entender a los recién
nacidos para educarlos bien, si aun no hablan?
He aquí la respuesta: todos los animales gritan
al nacer y al género humano, además, lo aflige
el llanto. Y, en adelante, los niños demuestran
que aman u odian algo mediante llantos y
gritos. “Esto dura no menos de tres años, un
lapso no pequeño de la vida para llegar a vivir
mejor o peor” 40 .
Más adelante señala que el mal carácter, “en
absoluto apacible”, se queja constantemente
y por lo general está lleno de lamentos, más
que el carácter bueno. Y agrega: “Si alguien,
durante tres años, intentara aplicar todo tipo de
medios para que el que estamos criando sufra
la menor cantidad posible de dolor, de temor y
de todo tipo de molestias, será de buen talante
y apacible de alma”. Y luego, continuando con
su argumento, formula uno de los grandes
temas de su filosofía, que nadie ha querido
reconocer: el justo medio. “Mi argumentación
–dice– defiende que la vida correcta en absoluto
debe perseguir los placeres, ni tampoco huir
de los dolores, sino que hay que aceptar con
alegría el justo medio”. Y añade que todos los
seres humanos debemos perseguir ese estado:
“Nadie debe abalanzarse en cuerpo y alma a
los placeres, puesto que ni siquiera va a estar
exento de dolor, ni dejar que otro, viejo o joven,
varón o mujer sufra eso mismo y, menos que
todos, en lo posible, el recién nacido, pues en
ese momento, efectivamente, se desarrolla en
todos nosotros con toda su autoridad todo el
carácter a través del hábito” 41 .
39 Ibíd., 790e-791c.
40 Ibíd., 791d-792a.
41 Ibíd., 792b
3.6 La educación del niño de los tres
a los seis años
Continuando con su plan de educación, en el
libro VII de las Leyes Platón señala que si se
llevan a cabo al pie de la letra las enseñanzas
anteriores hasta cuando el niño o la niña
haya alcanzado la edad de tres años y no
se aplican las cosas que dijimos “a salto de
mata, los párvulos que están recibiendo la
educación obtendrán un beneficio que no
será pequeño”. Según Platón, la forma de
ser del alma de los niños tres, cuatro, cinco
y hasta seis años necesita juegos, aunque es
necesario ya aplicar correctivos para que no
se vuelvan caprichosos, pero sin humillarlos.
Al igual que con los esclavos, de acuerdo con
Platón no hay que introducir en el alma de los
sancionados la ira por castigarlos con exceso
ni por dejarlos sin penas, hacerlos veleidosos.
Los niños entre tres y seis años tienen algunos
juegos espontáneos que prácticamente descubren
por sí mismos cuando se juntan.
Dispone Platón que todos los niños de las
aldeas que ya tengan entre tres y seis años deben
reunirse en un templo de sus localidades.
A esa edad, las nodrizas deben cuidar todavía
el orden de los niños e impedir su mala conducta,
pero, para mantener el orden de las
nodrizas y de todo el grupo, los guardianes
de la ley deben designar por un año, para cada
grupo, a una de las doce mujeres seleccionadas
previamente con ese fin. Las encargadas
de la supervisión de los matrimonios harán
la selección previa de una por cada tribu, que
sea de la misma edad que ellas 42 .
3.7 La educación a partir de los seis
años
De acuerdo con Platón, después de los seis
años, los infantes deben ser separados por
sexos; los niños han de pasar el tiempo con los
niños, e igualmente las niñas se relacionarán
entre sí, aunque es preciso que ambos grupos
reciban una formación completa. Los varones
deben tener profesores que les enseñen a
cabalgar, arrojar flechas, lanzar jabalinas y tirar
con la honda, y también las mujeres, en caso
de que estén de acuerdo, deben ir, al menos,
42 Ibíd., 793d-794c.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
hasta completar su instrucción; sobre todo
deben aprender a usar las armas lo mejor
que puedan.
El filósofo ateniense destaca la importancia
de ejercitar ambas manos y ambos pies, pues,
según él, “por necedad de nuestras nodrizas y
nuestras madres todos nos hemos convertido
en una especie de mancos”. En efecto, a pesar
de que, de nacimiento los miembros derechos
e izquierdos tienen casi la misma fuerza, los
hacemos diferentes por hábito al no usarlos
correctamente. En las tareas en que da igual
no hay problema: tomar, por ejemplo, la lira
con la izquierda y el plectro con la derecha,
o viceversa. Pero es casi un disparate utilizar
ese modelo de conducta en casos en los que
no hay que proceder así, como lo demuestra
la costumbre de los escitas, que, al sostener
el arco para disparar las flechas emplean con
igual habilidad ambas manos para ambas
funciones. Platón indica que de este tema se
deben ocupar las magistradas y los magistrados
de la educación. Las primeras deben ser
supervisoras de los juegos y de la crianza, y
los segundos, inspectores de las materias de
aprendizaje, para que todos y todas lleguen a
utilizar con igual habilidad pies y manos, sin
dañar, en lo posible, sus capacidades naturales
con malos hábitos 43 .
En lo que respecta a las materias, además
de las corrientes, Platón exige que las haya
de dos índoles: unas relacionadas con el
cuerpo, como la gimnasia, y otras tendientes
a garantizar el buen estado del alma, como la
música. La gimnasia, a su vez, se subdivide
en dos materias: danza y lucha. La danza
tiene que ver con el buen estado, la ligereza
y la belleza del cuerpo, y para lograrlos los
profesores señalarán lo conveniente para la
flexión y la extensión de los miembros y las
demás partes de su cuerpo, atribuyéndose a
cada una de ellas un movimiento regular que,
además, se ha de distribuir apropiadamente,
en el curso de toda la danza 44 .
En cuanto hace a la lucha, el niño debe aprender
los ardides para librar cuello, manos y
43 Ibíd., 794d-795d.
44 Ibíd., 795e-796d.
flancos de la toma del oponente y practicarlos
con ahínco y a pie firme para obtener fuerza
y salud, acompañadas de una buena figura.
Alumnos y profesores están obligados a tener
en cuenta estos principios: los segundos han
de hacer un don de todas estas cosas con buena
disposición; los primeros han de recibirlos
con agradecimiento. Todos los niños, desde la
más tierna infancia y mientras no vayan aún
a la guerra, deberían llevar armas y caballos
en todas las ocasiones en que hacen desfiles
y procesiones para cada uno de los dioses,
ejecutando en danza y en marcha, más rápidamente
ellos, más lentamente ellas, las súplicas
a los dioses y a los hijos de los dioses 45 .
En lo que respecta a la ubicación de los gimnasios,
Platón señala que éstos deben estar
junto a los edificios de enseñanza común,
los cuales a su vez, deben estar en tres sitios
en el centro de la ciudad, y, afuera, en tres
lugares alrededor de la urbe. Estos últimos
deben tener amplias instalaciones para el
entrenamiento con los caballos y para que
los niños se adiestren en la técnica de uso del
arco y otras armas arrojadizas. “Profesores
de cada una de estas materias, y extranjeros
residentes a los que se ha convencido con
salarios, deben enseñar en cada uno de estos
sitios todas las materias útiles para la guerra
y también dar formación intelectual a los que
acudan” 46 .
Sobre la enseñanza de la música, Platón
formula una serie de reglas. En primer lugar
se deben rechazar las canciones que tengan
que ver con insultos, congojas, hechicerías y
llantos que entristezcan las almas. En segundo
lugar, los cantos deben ser plegarias a los dioses,
para quienes son los sacrificios. En tercer
lugar, los poetas, sabiendo que las plegarias
son solicitudes a los dioses, deben cuidarse
mucho y, por tanto, no pedir inadvertidamente
un mal como si fuera un bien. ¿Por qué hace
esa advertencia Platón? Porque “cuando, en el
texto o en la música, un poeta se equivoca en
eso y compone plegarias erradas, hará quizá
que, en los asuntos más importantes, los ciudadanos
pidan totalmente lo contrario a sus
45 Ibíd., 769a-d.
46 Ibíd., 804c-d.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
43

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Rafael Ballén
Molina, Ph.D
propias intenciones”. En suma “que el poeta
no componga nada que se aparte de lo que
es costumbre, justo, bello o bueno a los ojos
de la ciudad”. En cuarto lugar, después de
dirigirse a los dioses las plegarias y canciones
laudatorias deben dirigirse a los héroes.
La quinta regla de la enseñanza de la música
señala que convendría “que todos los ciudadanos
que hubieran llegado al fin de su vida,
tras realizar obras bellas y esforzadas en el
ámbito físico o intelectual y habiendo sido
obedientes a la ley, tuvieran sus canciones
laudatorias”. Sin embargo, no se debe tomar
esta regla como absolutamente obligatoria,
pues el propio pensador no está seguro de
que haya que “honrar a los que todavía viven
con odas laudatorias e himnos, antes de que
hayan coronado con buen fin el transcurso
completo de su vida”. De lo que sí está seguro
Platón, es de que “todas las honras deben ser
tanto para los hombres como para las mujeres
que han llegado a ser claramente buenos”.
Las canciones y danzas deben estatuirse teniendo
en cuenta, además, otros aspectos. Se
debe observar que hay muchas composiciones
musicales “antiguas bonitas” y, asimismo,
danzas de semejante calidad de las que sin
problemas se seleccionaría lo conveniente y
adecuado para el orden político instituido. Los
maestros deben interpretar las intenciones
del legislador y organizar según su entendimiento
la danza, el canto y toda la música
coral hasta donde sea posible. Toda práctica
musical desordenada que haya recibido un
orden, aunque no la acompañe música dulce,
es mucho mejor. El placer es común a todo
tipo de música. Pues “si uno vive desde niño
hasta la edad adulta e inteligente criado en un
tipo de música sobria y ordenada, al escuchar
la contraria la odia y la llama servil, pero si se
ha criado en la popular y dulce, dice que la
contraria a ella es fría y desagradable”.
En distintos pasajes de su obra, Platón es
partidario de impartir una formación igual a
hombres y mujeres. Sin embargo, en lo que
respecta a la enseñanza de la música se aparta
un poco de su principio. En efecto, en las
Leyes señala que el legislador debe separar las
canciones convenientes para las mujeres de las
apropiadas para los varones, adecuándolas a
las “melodías y tiempos”. “Es terrible –dice–
desafinar en la melodía o perder el tiempo
del ritmo por no haber asignado a cada una
de las composiciones lo que le corresponde.
Al menos los aspectos fundamentales de
cada uno de estos ámbitos deben regularse
también por medio de leyes”. Al insistir en
un tipo de música para cada género, Platón
señala que es posible atribuir a ambos tipos
de canciones el ritmo y la melodía que la
necesidad exige, aunque hay que distinguir
también claramente la música de las mujeres
de conformidad con la naturaleza específica
de su sexo. “Es evidente entonces que debemos
decir que lo masculino es magnificente
y tiende a la valentía, mientras que lo que se
inclina más al orden y la prudencia habría que
transmitirlo en el texto de la ley como siendo
más femenino” 47 .
3.8 La educación de los
adolescentes
En las primeras páginas del libro V de las
Leyes, Platón pone de presente la arrogancia
de los adolescentes y la necesidad de reprenderlos
para evitar su desfachatez: “Todo niño
–dice–, ni bien ha entrado en la adolescencia,
piensa que es capaz de conocerlo todo y cree
que con loas honra su alma y la anima a hacer
lo que quiere, mientras que es todo lo contrario:
si hace eso la daña y no la honra […]. A
nuestros hijos debemos dejarles en herencia
mucho pudor, no oro. Cuando reprendemos
a los jóvenes su desfachatez creemos que le
dejamos eso en herencia” 48 .
En un apartado del libro VI, su preocupación
se encamina a educar al ciudadano para
que pueda elegir buenos magistrados: “Los
que van a elegir deben estar criados en los
caracteres que proponen las leyes y haber
recibido una buena educación para llegar a
ser capaces de elegir y rechazar a los que son
dignos de ello”. Según el estadista griego,
quienes están juntos hace poco tiempo y no
se conocen entre sí y, además, carecen de
educación, ¿cómo podrán elegir de manera
47 Ibíd., 800c-802e.
48 PLATóN. Leyes, V, 727b-729b.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
intachable las magistraturas? Y agrega que la
supervivencia del Estado se logra si los niños
conocen las leyes, si se crían con ellas, y a la
edad de votar participan de la elección de los
magistrados 49 .
3.9 Escuela, padres y maestros
Al asumir el tema de la escuela, Platón es demoledor
en lo atinente a las obligaciones que
les asigna a padres y maestros. No sólo debe
recibir educación el niño cuyo padre tenga
voluntad de hacerlo, sino que es una obligación
de todos. “No ha de acudir aquel a cuyo
padre se le antoje mientras que abandona la
educación aquel al que su padre no quiere
mandarlo, sino que, por el contrario, lo que
se acostumbra a decir, todo hijo de vecino,
en lo posible, debe recibir obligatoriamente
formación, puesto que pertenecen a la ciudad
más que a sus progenitores”. Este principio
de la obligatoriedad de la educación pública lo
tomó Platón de la institucionalidad de Creta
y Esparta, donde el Estado se hacía cargo de
la educación de los jóvenes desde edad muy
temprana, aunque no se profundizaba en la
formación intelectual.
Después de analizar la utilidad del sueño
para la salud, Platón señala que, tan pronto
como despunte el alba de un nuevo día, los
niños deben dirigirse a sus maestros, “ya que
ningún ganado menor ni ningún otro tipo
de ganado debe vivir nunca sin pastor, ni,
por cierto, los niños sin ciertos tutores ni
los esclavos sin señores”. Luego agrega que
el niño es la más difícil de manejar de todas
las bestias. En efecto, en la medida en que
todavía no tiene disciplinada la fuente de su
raciocinio, “se hace artero, violento y la más
terrible de las bestias”. Por eso es necesario
domar al niño poniéndole muchos frenos a
su infantilismo y niñería, primero, cuando se
separa de su nodriza, su madre y los tutores y
luego también todos los que le enseñen algo,
efecto que igualmente tendría lo que aprende
en cuanto hombre libre.
En sus desvelos por la educación del niño,
Platón formula un procedimiento que hace
49 Ibíd., VI, 751d-752c.
obligatorio para todo ciudadano. Cualquiera
hombre libre que encuentre a un niño incurriendo
en alguna falta “debe castigarlo
como si de un esclavo se tratara […]. Pero
si alguien, al encontrárselo, no le aplicare un
castigo justo, sea pasible, en primer lugar, de
la crítica más despiadada”. De acuerdo con
Platón, el guardián elegido para el gobierno de
los niños debe controlar a los hombres libres
que no castigan a los niños cuando deben
hacerlo o no los castigan adecuadamente,
“pues un magistrado con vista penetrante
y por medio de una dedicación especial a la
educación de los niños debe corregir su forma
de ser, volviéndola siempre hacia lo bueno
según las leyes”.
¿Cómo educar a los educadores? es una
pregunta con la cual algunos pedagogos de
hoy pretenden deslumbrar al público. Sin
embargo, Platón se la formuló hace 2.400
años. “¿Pero cómo nuestra ley podría llegar a
educar suficientemente a ese magistrado?”, es
el interrogante del director de la Academia. Se
refiere al funcionario del Estado responsable
de la educación. He aquí la respuesta: “En lo
posible no hay que omitirle nada, sino que
debemos hacer una exposición detallada de
todo el tema para que él, a su vez, se lo proclame
y eduque a los otros”. “Primero entérate
tú mismo de qué es necesario que aprendan
los jóvenes en este tiempo y los maestros a
su vez enseñen” es la orientación que Platón
les da a los educadores.
También recomienda al guardián de la ley y
al educador obligar a los maestros a aprender
y alabar los escritos de los grandes autores.
A los maestros que sean apáticos a estos
conocimientos no se los puede emplear
para que enseñen y eduquen a los niños. Y
después de formar a los maestros de primeras
letras se debe educar al profesor de cítara.
En la enseñanza de este instrumento, como
en todo lo relacionado con la música, habrá
profesores para los niños y profesoras para
las niñas. Concluye este razonamiento sobre
la formación de los maestros señalando que
“si los jóvenes se educaron y se educan bien
todo nos funciona correctamente” y que “es
menester que haya maestros públicos de todo
eso, que reciban un sueldo de la ciudad”.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
45

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
46
Rafael Ballén
Molina, Ph.D
Asimismo enuncia una serie de temas en
que se deben formar los responsables de la
educación para luego trasmitirlos a los niños:
canciones, danzas y coros seleccionados,
obras en prosa y verso también seleccionadas,
artes marciales, lectora-escritura –“lectoescritura”
la denomina–, lira, cálculo, astronomía,
la organización de la ciudad y la división del
tiempo –años, meses, días y entre éstos los
festivos para honrar a los dioses y las fechas
de celebraciones cívicas, porque hay que
construir una ciudad viviente y despierta–.
De estas materias, las primeras que aborda
Platón son lectoescritura y lira: “El niño de
diez años –dice– debe ir unos tres años a
aprender a leer y a escribir, mientras que un
momento apropiado para comenzar a tocar
la lira es cuando llega a los trece años, y debe
permanecer otros tres años aprendiendo”.
Pero no se debe abusar del tiempo de permanencia
en la escuela y en aprendizaje, aunque
al niño le gusten. “No debe serle posible al
padre o a él hacer, durante más o menos
tiempo, un estudio mayor o menor de estas
materias de lo que especifica la ley, aunque le
guste aprender y no odie ir a la escuela”. En
la primera asignatura, el niño debe empeñarse
hasta que sea capaz de escribir y leer. Pero si
en los primeros años, es decir antes de los
seis, el niño no maduró, es imposible lograr
una buena lectura y escritura, y lo mejor sería
desistir de alcanzar la belleza: “Pero hay que
desistir de perfeccionar la velocidad y la belleza
de aquellos cuya naturaleza no maduró
en los años prescritos”.
Con relación a las obras escritas, según Platón,
no todas deben estudiarse y aprenderse de
memoria: “De las obras escritas por los poetas,
unas en metro, otras sin cortes rítmicos,
los tratados que sólo se recitan privados de ritmo
y melodía, tenemos obras peligrosas que
dejaron algunos de los numerosos poetas […],
pues unos incitan a la seriedad, mientras otros
hacia la risa”. Platón se encara a la discusión
que existe entre aquellos que son partidarios
de obligar al niño a que aprenda de memoria
en su totalidad las obras escritas y quienes
aconsejan que sólo memorice partes de ellas.
Ante esas dos opciones, Platón concluye que
la erudición es peligrosa en los niños. “Cada
una de ellas dice muchas cosas en las que tiene
razón, pero también muchas en las que se da lo
contrario. Si esto es así, afirmo que la erudición
es peligrosa para los niños” 50 .
Estudiadas esas materias básicas, Platón
considera que todavía faltan otras tres
absolutamente indispensables: el cálculo y
los números, la medida de la longitud, de la
superficie y de la profundidad, es decir, la
geometría, y el estudio de las revoluciones
de los cuerpos celestes. Con relación a estas
tres materias, el pedagogo ateniense señala
que no es necesario que se hagan estudios
profundos de cada una de ellas sino tan sólo
los absolutamente necesarios. Con respecto
al alcance del concepto de necesidad dice: “Es
imposible descartar lo que es indispensable
de esas disciplinas, sino que parece que el que
por primera vez hizo un refrán relacionado
con el dios tenía presente esto cuando dijo
que ni siquiera dios lucha jamás contra la
necesidad”.
Para hacer énfasis en el concepto de necesidad,
Platón dice que nunca nadie podrá llegar
a ser, en opinión de los hombres, “ni un dios,
ni un espíritu, ni un héroe capaz de cuidar a
los seres humanos con seriedad, si no practica
o no conoce esas materias en absoluto”.
Estará muy lejos de llegar a ser un hombre
respetable y querido quien no sea capaz de
reconocer ni el uno, ni el dos, ni el tres, ni en
general los números pares y los impares, ni
sepa contar, ni ser capaz de calcular la noche
ni el día, y desconozca las revoluciones de
la luna, el sol y los demás cuerpos celestes:
“Es una gran tontería pensar que todos esos
conocimientos no son indispensables para
el que va a poseer cualquiera de los conocimientos
más hermosos […]. Así pues, lo
estableció por naturaleza la necesidad, con la
que dijimos que ninguno de los dioses lucha
ahora ni luchará nunca” 51 .
Después de dar muchos ejemplos sobre el uso
del cálculo y la geometría en la vida diaria de
las personas y del Estado, Platón se refiere a la
50 PLATóN. Leyes, VII, 804c-813e.
51 Ibíd., 818e.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
última materia de esta tripleta final: la astronomía.
A ésta ya ha dedicado varios apartados del
el libro VII de la República 52 . Al abordar el tema
en las Leyes dice: “A continuación, si nos parece
bien, podemos recomendar a los jóvenes el
aprendizaje de los cuerpos celestes”. Y agrega
que ese aprendizaje no debe ser para “investigar
al dios más grande, el universo entero, ni
molestarse en descubrir sus causas”.
Luego de este introito hace un duro cuestionamiento
de la creencia generalizada entre los
griegos sobre el curso de los astros, que sitúa a
Platón como precursor de las investigaciones
que milenios más tarde realizaría Galileo.
“Estimados amigos –dice–, en la actualidad
prácticamente todos los griegos decimos
mentiras de grandes dioses, de Helios y
también de Selene […]. Decimos que nunca
recorren el mismo camino y también otros
cuerpos celestes con ellos, puesto que los
llamamos errantes”. A pesar de esa realidad,
Platón invita finalmente a todos los ciudadanos
y jóvenes a estudiar a esos dioses celestes
sin proferir blasfemias contra ellos para evitar
malas premoniciones 53 .
3.10 La educación para tomar el vino
En el libro II de las Leyes el filósofo griego
establece una simbiosis entre vejez, canto,
educación y vino, que se puede sintetizar
como sigue. Todo el que llega a viejo está
lleno de dudas respecto al canto, es menos
alegre, más tímido y avergonzado, y “cuanto
más viejo y más prudente sea, tanto más”,
y, en lo que respecta a la actuación, sentirá
todavía más vergüenza de cantar de pie en
el teatro y ante todo tipo de gente. Hay una
solución para que los ancianos se reanimen y
alegren: recurrir al vino. Pero aquí también es
indispensable legislar al respecto, para educar
a los niños y a los jóvenes en el uso del licor
y en el problema de la embriaguez. Hasta los
dieciocho años, los niños no deben probar el
vino porque “no hay que llevar fuego sobre
el fuego al cuerpo y al alma”. Y, luego, los jóvenes
pueden gozar del vino hasta los treinta
años, pero sin llegar a la embriaguez total.
52 PLATóN. República, VII, 527d-530c.
53 PLATóN. Leyes, VII, 817e-821d.
Cuando el hombre llegue a los cuarenta años,
tras haberse alimentado bien e invocado a los
dioses, especialmente a Dioniso, puede recurrir
al vino “como remedio auxiliar contra la
decrepitud de la vejez, para rejuvenecer y, de
la mayor dureza, el carácter del alma se vuelva
más blando por el olvido del desánimo, como
se vuelve el hierro cuando se coloca al fuego y
se vuelve más dúctil”. Pero se necesita otro ingrediente
educativo para los hombres mayores
de cincuenta años, a quienes eventualmente
les corresponde cantar: éstos deben tener
una educación superior a la de los miembros
de los coros, pues han de dominar una buena
percepción de los tiempos de la danza y de
las combinaciones tonales. Esta enseñanza
se hace extensiva a los poetas, quienes deben
poseer una educación que les permita ser capaces
de acompañar los pasos de los tiempos
de danza y las notas de las melodías y disfrutar
de los placeres inofensivos 54 .
Suele suceder que, en las cantinas, en las
güisquerías o en las salas privadas, el licor
entusiasma tanto a los bebedores que éstos
se sienten estadistas y comienzan a resolver
los problemas de sus Estados o del mundo.
La costumbre es muy antigua, pues Platón
se ocupó de ella, y también de su solución:
“Siempre pasa –dice– que, a medida que avanza
la bebida, una reunión semejante se hace
por necesidad más y más ruidosa […]. Cada
uno se hace más ligero y está alegre y lleno
de franqueza y no escucha en tal situación a
sus vecinos, porque juzga que se ha vuelto
un idóneo gobernante de sí mismo y de los
demás”. ¿Qué hacer en una situación como
ésta? En este caso, el moderador de la tertulia
debe obrar como el buen legislador, de quien
emanaron las leyes de las bebidas en común.
Debe lograr que aquel que se haya vuelto audaz,
osado y más desvergonzado de lo debido
y no quiera guardar el orden de intervención
ni respete el turno correspondiente de silencio,
conversación, bebida y música, cumpla
las reglas de la conversación 55 .
Los últimos párrafos del libro II de las Leyes
están dedicados a la virtud de la templanza en
54 Ibíd., II, 665e-670d
55 Ibíd., 671b-d.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Rafael Ballén
Molina, Ph.D
relación con el placer del vino. La conclusión
es que si las leyes y el orden utilizan seriamente
la institución de la bebida en común, como
si se pretendiera “alcanzar la templanza”, se
conseguirá controlar la embriaguez. Platón
cita las costumbres de los cartagineses,
quienes jamás utilizaban el vino en campaña,
en la que durante todo el tiempo tomaban
agua; en la ciudad, ningún esclavo o esclava
probaba el vino jamás, ni los magistrados
durante el año en que ejercían su función, ni
los timoneles, ni los jueces mientras estaban
en actividad, ni quien quisiera pedir un buen
consejo; ni ningún día si no era por ejercicio
corporal o por enfermedades, ni tampoco
de noche cuando un hombre y una mujer
tenían la intención de engendrar un hijo. Así,
ningún Estado necesitaría muchas vides y se
podrían ordenar otros cultivos, pues no habría
necesidad de vino o simplemente se usarían
sólo pequeñas cantidades 56 .
3.11 La formación de jurados
de festivales
La educación cuyo énfasis es formar al legislador
de manera integral tiene un componente
especial: lograr la perfección en el baile como
un espectáculo que deben presentar los jóvenes,
“mientras los viejos, por nuestra parte,
que pensamos que pasamos convenientemente
el tiempo al mirar su espectáculo y disfrutar
con su juego y su celebración, porque ahora
nuestra agilidad nos ha abandonado y como
la deseamos y nos alegramos con ella, organizamos
certámenes, para que los jóvenes nos
empujen en mayor medida al recuerdo” 57 .
En esos certámenes, espectáculos o festivales
de la música y del baile se deben imponer
las agrupaciones o los actores individuales
que más proporcionen alegría y placer o que
hagan reír más al público. “Puesto que en tales
fiestas vamos a permitir la diversión, debemos
honrar más al que hace disfrutar más y al
mayor número. A quien así lo logre, se le debe
dar la victoria”. Pero estos certámenes no
pueden juzgarse a la ligera sino que se deben
clasificar por tipos de expresión artística o
cultural. La educación no puede ser tan laxa
56 Ibíd., 674a-b.
57 Ibíd., 675d.
como para permitir que alguien organice
un certamen cualquiera, sin determinar si
es gimnástico, musical o hípico, sino que,
reuniendo a todos los habitantes del Estado,
el organizador debe proclamar el certamen,
anunciar los premios, invitar a quien quiera
venir a competir por placer exclusivamente y
proclamar que la victoria se concederá a quien
haga disfrutar más a los espectadores, sin que
se esté obligado a hacerlo cumpliendo con
unas determinadas reglas de juego, de modo
que el premio se lo lleve el que haga más de
lo mismo con el argumento de que les dio a
los espectadores más tiempo de placer.
En estos festivales, según Platón, no se trata
de que “uno ejecute como Homero, una
rapsodia, otro una canción acompañada por
lira, otro una tragedia, otro una comedia
y otro más, incluso exhibiera un grupo de
marionetas, creyéndose el vencedor. Entre
todos estos competidores y otros diferentes
que irían por miríadas, ¿podemos decir con
justicia quién es el vencedor?”. El interrogante
tiene su sentido, pues para calificar la
calidad de esos festivales es indispensable
convocar a unos jurados o jueces, y para llegar
a esa situación, Platón razona por boca del
Ateniense así: “Nosotros los viejos, quizá
diríamos que venció por mucho un rapsoda
que hubiera recitado bien la Ilíada, la Odisea o
alguno de los poemas de Hesíodo, porque es
lo que con mayor placer escuchamos […]. Es
evidente que vosotros y yo debemos decir que
vencieron bien los que eligieron los de nuestra
edad. Pues nos parece que la experiencia de
ese grupo de gente es por mucho la mejor
que se puede encontrar ahora en cualquier
ciudad de cualquier lugar” 58 .
En las múltiples convocatorias, concursos
y premios que hoy se realizan alrededor del
mundo no hay jueces lo suficientemente calificados,
honestos y virtuosos para calificarlos.
Bien harían sus promotores y convocantes
en leer este fragmento de las Leyes: “Yo estoy
de acuerdo con el vulgo en que es necesario
juzgar la música por el placer, pero, por cierto,
no por el de cualquiera, sino que me atrevo
a decir, la Musa más hermosa es aquella
58 Ibíd., 658a-e.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
que deleita a los mayores y suficientemente
educados, y, en especial, la que proporciona
placer a aquel único que se distingue por su
excelencia y su educación” 59 .
Aquel que se distingue por su excelencia y
su educación no es otro que el juez, a quien
deben asistir las virtudes de la inteligencia y
de la valentía. “Por eso –dice Platón– sostenemos
que los jueces de tales asuntos necesitan
de la virtud, porque deben ser partícipes de
toda la inteligencia restante y, además, de la
valentía. Pues el verdadero juez debe juzgar
no porque se entera por la platea, aturdido
tanto por el alboroto de la multitud como
por su propia incultura”. Pero el maestro de
todos los maestros que en el mundo han sido
le exige más al juez: “Tampoco, puede, en
una actitud fácil, proferir abiertamente por su
boca, con la que invocó a los dioses cuando
iba a juzgar, un veredicto mentiroso, contra
su buen saber y entender, por debilidad y
cobardía. Pues el juez está sentado no como
alumno, sino más bien como maestro de los
espectadores, como debe ser, para oponerse a
los que dan a los espectadores un placer que
no es ni conveniente ni correcto”.
Según Platón, esa era la calidad de los jueces
“en la antigua costumbre griega, no como la
siciliana e italiana actual, que lo deja al arbitrio
de la muchedumbre de los espectadores y
juzga quién ha vencido por las manos alzadas
y que, por un lado, ha destruido a los poetas
mismos –ya que escriben para el placer de
los jueces, que es grosero, de modo que los
espectadores se educan mal a sí mismos– y,
por otro, corrompió los placeres del teatro”.
¿Por qué ocurre así? “Porque los que escuchan
algo mejor que sus propios caracteres
alcanzan necesariamente un placer mejor,
pero ahora les ocurre todo lo contrario por
su propia culpa” 60 .
3.12 La preparación del hombre de
Estado
Al abordar este tema Platón concibe que “el
ejercicio supremo de gobernar la ciudad se
59 Ibíd., 659a.
60 Ibíd., 569b-c.
halla subordinado exclusivamente, según él,
al hecho de poseer la mejor educación” 61 . No
obstante que en las Leyes, como se ha visto,
hay un programa muy amplio de educación,
la formación del gobernante está contenida
en la República, aunque en este diálogo Platón
también trata aspectos generales de pedagogía.
En el libro IV de la República, explica que,
si están bien educados, los hombres llegan a
ser mesurados y a percibir fácilmente instituciones
que se deben dejar de lado, como
la posesión de mujeres, los matrimonios y la
procreación de hijos, “cosas que según el proverbio,
deben ser todas comunes al máximo
posible” 62 . Pero el estudio de la educación lo
inicia Platón en el libro II de la República. Lo
hace a propósito de un análisis crítico de los
mitos 63 . “Como si estuviésemos contando
mitos –dice–, mientras tengamos tiempo
para ello, eduquemos en teoría a nuestros
hombres” 64 . A continuación se interroga
sobre la clase de educación que habrá de
impartirse y contesta que aquella que ha sido
descubierta hace mucho tiempo: la gimnasia
para el cuerpo y la música para el alma.
Sin embargo, de acuerdo con un pasaje del
libro III, la formación debe ser integral,
pues quienes practican la gimnasia de forma
exclusiva se tornarán más rudos de lo debido,
y los que cultivan sólo la música se vuelven
más blandos de lo que les convendría. La
rudeza es producida por el lado fogoso de la
naturaleza y, si se cría correctamente, puede
llegar a ser valentía, pero, si se somete a una
tensión extrema, se convierte naturalmente
en dureza y brutalidad 65 . De todas maneras,
la educación comenzará por la música, la
cual incluye el discurso. Éste, a su vez, es de
dos clases: verdadero y falso. Los mitos son
discursos falsos, aunque algunos tienen algo
de verdad. Por eso se debe comenzar con la
61 JAENER, Werner. Paideia. Los ideales de la cultura
griega, 2ª. ed. México, Fondo de Cultura Económica,
1992, p. 629.
62 PLATóN. República, IV, 423e-424a.
63 BALLÉN, Rafael. Platón. Vigencia de su pensamiento
político. Bogotá, Temis-Universidad Libre, 2008, pp.
40-49.
64 PLATóN. República, II, 376e.
65 Ibíd., 410d.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Rafael Ballén
Molina, Ph.D
música, sobre todo en alguien que sea joven
y tierno, “porque, más que en cualquier otro
momento, es entonces moldeado y marcado
con el sello con que se quiere estampar a
cada uno” 66 .
En las páginas siguientes Platón se ocupa de
los mitos y de sus autores. Y en uno de esos
pasajes señala que no se puede permitir “que
se haga creer a nuestros jóvenes que Aquiles
haya sido presa de una confusión tal, que
diera cabida dentro de sí a dos enfermedades
opuestas: el servilismo que acompaña al apego
a las riquezas, y el menosprecio tanto respecto
de los dioses como de los hombres” 67 . Y
agrega que se debe obligar a los poetas a decir
la verdad e impedir que intenten persuadir
a los jóvenes de que los dioses engendran
algo malo y no son en nada mejores que los
hombres: “Tales afirmaciones son sacrílegas
y falsas, puesto que hemos demostrado que
es imposible que se generen males a partir
de los dioses” 68 .
En el libro III de la República reitera la importancia
de la educación musical, por cuanto el
ritmo y la armonía son lo que más penetra en
el alma y lo que la afecta más vigorosamente,
trayendo consigo la gracia. Quien ha sido educado
musicalmente como se debe, percibirá
con mayor agudeza las deficiencias y la falta
de belleza tanto en las obras de arte como
en las naturales, alabará las cosas hermosas
regocijándose con ellas y, acogiéndolas en
su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse
en un hombre de bien. Asimismo, quien ha
sido educado en las artes melódicas reprobará
las cosas feas y las odiará desde antes de ser
capaz de comprender la razón de las cosas,
y, cuando ésta llegue, quien ha sido bien
educado le dará la bienvenida, reconociéndola
como algo familiar 69 .
Unas páginas más adelante, Platón señala,
que una prueba de la mala educación pública
consiste en la carencia de médicos y jueces
hábiles, cuyas artes son requeridas no sólo
66 Ibíd., 376d-377b.
67 Ibíd., 391c.
68 Ibíd., 391e.
69 PLATóN. República, III, 401c-402a.
por parte de gente vulgar y de los trabajadores
manuales sino también por quienes se jactan
de haber sido educados de forma liberal. Y ahí
mismo agrega algo que ocurre en Colombia
en este momento: que la educación deficiente
y la falta de justicia y de recursos llevan a muchas
personas a recurrir a otros en calidad de
amos y de jueces 70 . En otro párrafo se refiere
a la necesidad de que los niños se eduquen
desde la más tierna edad para diversos oficios.
Así, por ejemplo, los médicos más hábiles
serán aquellos que, junto al aprendizaje de
su arte, ya desde niños han tenido contacto
con la mayor cantidad posible de cuerpos en
malas condiciones de salud y han padecido,
ellos mismos, toda clase de enfermedades y
no son de constitución muy sana 71 .
El punto de vista de la necesidad de una
educación temprana es reiterado en un pasaje
del libro IV de la República, en el cual, sin mencionar
tales conceptos, Platón hace referencia
a dos elementos básicos de la educación: la
genética y el medio ambiente. Dice el pedagogo
griego que la crianza y la educación tienen
íntima relación y que, si están debidamente
garantizadas, forman buenas naturalezas, y,
a su vez, las buenas naturalezas, asistidas por
semejante educación, se tornan mejores aún
que las precedentes en las distintas actividades
y también en la procreación, como sucede
también con los otros animales 72 . A continuación
vuelve a la música y a la educación
de los niños y jóvenes en lo relacionado con
las buenas maneras y con el comportamiento
cívico: “Cuando los niños –dice– comienzan
debidamente, gracias a la música introducen
en sus juegos un afecto por el orden, que
los acompañará a todas partes y les ayudará
a crecer y a descubrir preceptos, tales como
éstos: que los más jóvenes callen ante los más
ancianos cuando corresponde, que les cedan
el asiento y permanezcan ellos de pie, que
usen el pelo bien cortado y limpia la ropa” 73 .
Y en este apartado remata el tema señalando
que, según hacia dónde uno se dirija, partien-
70 Ibíd., 405b.
71 Ibíd., 408e.
72 Ibíd., IV, 424b.
73 Ibíd., 425a-b.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
do de la educación, de ese modo será lo que
venga después 74 .
En el libro V, a propósito de la “comunidad
de hombres, mujeres e hijos” en la cúpula del
poder, Platón manifiesta una preocupación:
¿cómo será la crianza de los niños cuando
aún son pequeños, en el período intermedio
entre el nacimiento y la educación? Esto,
según el propio pensador ateniense, es lo más
espinoso 75 . Y después de un extenso debate
concluye que los hijos de los mejores serán
llevados junto a institutrices, a una guardería
que habitarán en alguna parte del país separadamente
del resto. “En cuanto a los de los
peores –continúa–, y a cualquiera de los otros
que nazca defectuoso, serán escondidos en
un lugar no mencionado ni manifiesto, como
corresponde” 76 .
En el libro VI, Platón habla de la mala educación,
y de la educación privada. Enseña
que puede haber almas bien dotadas que
tropiezan con una mala educación y se vuelven
especialmente malas, pues los mayores
delitos y la más extrema maldad provienen
no de las naturalezas mediocres sino de las
vigorosas que han sido corrompidas por
la nutrición intelectual que han recibido. Si
una naturaleza filosófica se encuentra con la
enseñanza adecuada, crecerá hasta lograr la
excelencia; pero si, tras ser sembrada, crece
en un sitio inadecuado, ocurrirá todo lo contrario,
a menos que algún dios acuda en su
auxilio 77 . En relación con la educación privada,
la preocupación de Platón no se refiere al
maestro particular que imparte la enseñanza,
pues la Academia del propio filósofo era una
institución privada. Las angustias de Platón
tienen que ver con los fines o propósitos de
esa educación: los sofistas, por ejemplo, no
forman al niño y al joven para la cosa pública
o para conducir y defender el interés general
sino que enseñan lo que la multitud quiere oír.
“Cada uno –dice– de los que por un salario
educan privadamente, los sofistas, no enseñan
otra cosa que las convicciones que la multitud
74 Ibíd., 425c.
75 Ibíd., V, 450c.
76 Ibíd., 460c.
77 Ibíd., VI, 491e-492a.
se forja cuando se congrega, y a lo cual los
sofistas denominan sabiduría” 78 .
Unas páginas después, Platón se ocupa de la
educación del niño, del joven y del hombre
en la filosofía. En el introito a tan importante
materia hay un principio digno de convertir
en paradigma de toda misión esencial del
hombre: “Todas las cosas grandes son arriesgadas,
y las hermosas, realmente difíciles” 79 .
A continuación critica la manera como se
enseñaba la filosofía en Grecia y expone la
metodología que debía seguirse. Según lo
expresa, la filosofía debía ser abordada por
el adolescente tan pronto como salía de la
niñez, y, cuando la materia entrara en lo
más difícil, el interesado debía abandonar su
estudio propiamente dicho y simplemente
se convertirse en oyente de filósofos activos.
Y Platón proponía que a los niños y adolescentes
se les impartieran una educación y una
filosofía propias de esas etapas de la vida: “Y
al crecer en edad, cuando el alma comienza a
alcanzar la madurez, hay que intensificar los
ejercicios que corresponden a ésta; y, cuando
cede la fuerza corporal y con ello quedan
excluidos de las tareas políticas y militares,
dejarlos pacer libremente y no ocuparse de
otra cosa que de la filosofía” 80 .
Antes de terminar el libro VI, Platón vuelve
a tratar el tema de la educación, y lo hace a
propósito de los estudios superiores que debe
realizar el gobernante. En la formación del
estadista, “más allá de la preparación está la
necesidad de saber qué es lo que se quiere
enseñar y para qué se quiere preparar a los
hombres” 81 . El estadista debe “conocer bien
un Estado del mismo modo que el médico
debe conoce la salud” 82 . De ahí que los
estudios superiores para formar el hombre
de Estado, comprenden la justicia, la moderación,
la valentía y la sabiduría. Aún así se
necesita un circuito más largo, para completar
78 Ibíd., 492b-493c.
79 Ibíd., 497d.
80 Ibíd., 497e-498c.
81 SABINE, George H. Historia de la teoría política, 2ª.
ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p.
44.
82 Ibíd., p. 45.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Informes de Investigación
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Molina, Ph.D
el estadio supremo de la educación: “Es
el circuito más largo –dice– el que debe
recorrer el gobernante, y no debe esforzarse
menos en estudiar que en practicar gimnasia;
si no, como acabamos de decir, jamás alcanzará
la meta del estudio supremo, que es el
que más le conviene” 83 .
En el libro VII aborda los dos factores
esenciales del conocimiento, de la educación
y de la vida del hombre en general: la genética
y el medio ambiente. La genética es lo
que el hombre trae al mundo al nacer. Por
supuesto, Platón no utiliza ese concepto,
sino que se refiere a lo que tiene el niño en
su alma. Señala que la educación no es como
proclaman algunos: que cuando la ciencia
no está en el alma, ellos la ponen, como si
se pusiera la vista en ojos ciegos. Y agrega:
“En el alma de cada uno hay un poder de
aprender y el órgano para ello, y así como el
ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las
tinieblas si no gira todo el cuerpo, del mismo
modo hay que volverse desde lo que tiene
génesis con toda el alma, hasta que llegue a
ser capaz de soportar la contemplación de
lo que es, y lo más luminoso de lo que es,
que es lo que llamamos Bien” 84 .
Luego, con dialéctica magistral pero sencilla,
explica el segundo componente del conocimiento:
el medio ambiente, es decir el poder
de la educación. “La educación será el arte
de volver este órgano del alma del modo más
fácil y eficaz en que puede ser vuelto, mas no
como si le infundiera la vista, puesto que ya
la posee” 85 . Más adelante, en el marco de la
enseñanza de las matemáticas, Platón trae a
colación un ejemplo de la correlación que
existe entre la genética y el medio ambiente
en el proceso del aprendizaje y en la adquisición
del conocimiento: “Los calculadores
–dice– por naturaleza son más rápidos, por
así decirlo, en todos los estudios, en tanto
que los lentos, cuando son educados y ejercitados
en este estudio, aunque no obtengan
83 PLATóN. República, VI, 504d.
84 Ibíd., VII, 518d.
85 Ibíd.
ningún otro provecho, mejoran, al menos,
volviéndose más rápidos que antes” 86 .
Avanzando en el estudio de la educación, en
el libro VII hay unos pasajes donde Platón
destaca la importancia de la dialéctica en el
proceso de aprendizaje de los niños, pero
también de los gobernantes, a quienes se
les debe enseñar a preguntar y responder.
“Si alguna vez –dice– tienes que educar en
la práctica a estos niños que ahora en teoría
educas y formas, no permitirás que los
gobernantes del Estado y las autoridades en
las cosas supremas sean irracionales, como
líneas irracionales”. Y a continuación agrega
que se los debe conminar a que participen al
máximo de una educación que los capacite
para “preguntar y responder del modo más
versado” 87 . Luego señala que algunos niños y
jóvenes tienen mayor facilidad para aprender
que otros porque gozan de buena memoria,
son perseverantes y amantes en todo sentido
del trabajo y carecen del más mínimo temor
a los estudios 88 .
¿A qué edad se debe hacer esa selección? Tal
es el tema que aborda Platón en seguida. La
edad depende del momento en que el joven
termine la gimnasia obligatoria, cuya duración
será de dos o tres años, pues durante el tiempo
de gimnasia no se podrá hacer nada más,
porque ésta produce mucha fatiga y mucho
sueño, y éstos son enemigos del estudio. Pero,
al mismo tiempo, los ejercicios de gimnasia
son requisito previo para avanzar en las
demás pruebas. Después de ese tiempo se
escogerá, entre los jóvenes de veinte años, a
los mejores, se los exaltará con honores y se
iniciará para ellos un estudio más selectivo: se
hará una sinopsis de los estudios realizados en
la niñez y se buscarán sus afinidades con los
estudios y la naturaleza de los mismos. Según
Platón, esta instrucción es la única firme en
todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y
es la más grande prueba para distinguir la
naturaleza dialéctica de la no dialéctica, “pues
el dialéctico es sinóptico, no así el que no
86 Ibíd., 526b.
87 Ibíd., 534d.
88 Ibíd., 535b.

La pedagogía
en los Diálogos
de Platón
lo es” 89 . Cumplidos los treinta años, vendrá
otra prueba con tres componentes: estudios
realizados, cuestiones de guerra y las demás
asignaturas prescritas 90 .
Aunque en los demás libros se menciona la
educación, su estudio en la República concluye,
en la parte final del libro VII, señalando la
más exigente de todas las materias, con la
que finaliza la formación teórica y física del
futuro gobernante: la dialéctica. Quien pase
la prueba dialéctica irá acompañado siempre
de la verdad. Quienes sean seleccionados para
cursar dialéctica permanecerán aplicados a
este método de pugilato intelectual de modo
serio y perseverante, sin hacer ninguna otra
cosa, ejercitándose del modo en que antes
se practicaron los ejercicios corporales, pero
el doble del tiempo, es decir un promedio
de cinco años. Terminados los estudios de
dialéctica, el joven tendrá 35 años y estará
listo para descender a la caverna del poder
a desempeñar toda suerte de cargos, pero
sin llegar a la cúpula. Siguen quince años de
experiencia durante los cuales los jóvenes
burócratas deben ser probados “para ver
si permanecen firmes cuando desde todas
direcciones se les quiere atraer”. Los que, a
los cincuenta años de edad, salgan airosos de
esta prueba podrán asumir la dirección del
Estado, los negocios particulares o su propia
vida personal, pasando la mayor parte del
tiempo dedicados a la filosofía 91 .
Conclusiones
Después de haber adelantado un estudio
cuidadoso de las enseñanzas pedagógicas
del fundador de la Academia griega, en
esta investigación se llegó a las siguientes
conclusiones:
1ª. En la obra de Platón se encuentran los
cuidados que debe tener la madre durante
el embarazo, la crianza y las primeras
orientaciones en la vida del niño. En sus
diálogos están las ideas básicas de todo
lo que han dicho los grandes pedagogos
89 Ibíd., 537b-c.
90 Ibíd., 537d.
91 Ibíd., 539d-540b.
durante los últimos veinticinco siglos, así
como los conceptos relacionados con el
cuidado que debe tener y los ejercicios
que debe realizar la mujer que lleva en su
vientre una criatura.
2ª. Para el pensador ateniense, la educación
no es una formación cualquiera sino
aquella que prepara al hombre desde su
más tierna infancia para la virtud, la que
lo hace deseoso y amante de convertirse
en un buen ciudadano, que sabe gobernar
y ser gobernado con justicia. “Esta definición
–dice–, al delimitar esta crianza, así
me lo parece, podría querer ahora llamar
sólo a ella educación y decir que la que
se centra en el dinero o en una fuerza
o en alguna otra pericia sin inteligencia
ni justicia es servil y no libre así como
indigna totalmente de denominarse
educación” 92 .
3ª. En las diferentes etapas de la vida los
métodos educativos se deben aplicar sin
coerción, con libertad, mediante el juego
y el trabajo. Tanto los estudios de cálculo
como los de la geometría y todas las demás
que se impartan antes de la dialéctica
se le deben enseñar al hombre desde niño,
pero sin hacer compulsiva la forma de la
instrucción: “Los trabajos corporales que
se practican bajo coerción es posible que
no produzcan daño al cuerpo, en tanto
que en el alma no permanece nada que
se aprenda coercitivamente”.
4ª. Nada de lo que atañe a la formación del
hombre falta en la obra de Platón: la educación
para beber el vino, para formar a
los jueces de los festivales musicales y deportivos,
y, cómo educar a los educadores,
son temas que ocupan lugar destacado en
sus diálogos centrales de ciencia política
y derechos administrativo: la República y
las Leyes.
5ª. Sin embargo, la conclusión final en el
campo de la pedagogía platónica es esta:
su objetivo general fue la formación del
hombre de Estado. Para eso fundó la
Academia: para formar políticos y gobernantes
y no para buscar la inmortalidad
92 PLATóN. Leyes, II, 641e-644b.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
53

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
54
Rafael Ballén
Molina, Ph.D
del alma ni para hacer elucubraciones
etéreas. Lo hizo después de la siguiente
conclusión, que dejó sentada como nota
autobiográfica: “Al final llegué a comprender
que todos los Estados actuales
están mal gobernados”.
Bibliografía
ARISTóTELES. Política. Hay múltiples
traducciones. En esta investigación me apoyé
en la de Gredos.
BALLÉN, Rafael. Platón. Vigencia de su pensamiento
político. Bogotá, Temis-Universidad
Libre, 2008.
FREUD, Sigmund. Obras completas, 4ª. ed.
Madrid, Biblioteca Nueva, t. III.
JAEGER, Werner. Paideia. México, Fondo de
Cultura Económica, 1992.
JAGOT, Paul C. y NOGUIN, J.G. Enciclopedia
cumbre. Buenos aires, Joaquín Gil-Editor,
1949, t. II,
MOREAU, Joseph. “Platón y la educación”,
en Los grandes pedagogos. México, Fondo de
cultura Económica, 1996.
REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío.
Historia del pensamiento filosófico y científico. I
Antigüedad y Edad Media. Barcelona, Herder,
1991, t. I.
PLATóN. Filebo. Tanto de este como de los
demás diálogos de Platón hay múltiples traducciones.
En esta investigación me apoyé en
Ediciones Gredos y en Ediciones Aguilar.
PLATóN. Laques.
PLATóN. Cármides.
PLATóN. Menón.
PLATóN. Teeteto.
PLATóN. Leyes.
PLATóN. República.
PLATóN. Carta VII.
PLATóN. Protágoras.
SABINE, George H. Historia de la teoría
política, 2ª. ed. México, Fondo de Cultura
Económica, 1992.

Revista La ambigua Diálogos
naturaleza de Saberes del
ISSN derecho 0124-0021 y la
Julio-Diciembre
informalidad
de 2010
jurídica.
Págs. 55-75
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
Resumen
La ambigua naturaleza del derecho
y la informalidad jurídica
Estudio de caso desde la sociología jurídica *
Este artículo quiere estudiar la naturaleza
y la significación social de la informalidad
jurídica dentro del contexto general de
las relaciones sociales de producción. No
siempre la ausencia de juridización de las
relaciones sociales de producción logran ser
plenamente contradictorias a los procesos
de trabajo y a los de valorización capitalista
que se encuentran subyacentes en ellos. Los
grados de formalización o racionalización
que adquiere el derecho en términos de
internalizar los procesos de legitimación
o coerción dentro del orden social visto
como un todo, aunque en principio puedan
presentarse como contradictorios, también
nos señalan caminos por los que transita
la esfera de la regulación socio política del
derecho. Esta tensa ambigüedad puede
también ser entendida más como una unidad
contradictoria susceptible de un proceso de
regulación que oscila entre la legitimación
y la represión, entre la integración y el
control social del trabajo, de forma como el
mismo Max Weber describió las funciones
del derecho moderno. Esta dinámica se
quiere estudiar en este artículo mediante un
estudio de caso de la informalidad jurídica en
Bogotá, haciendo especial énfasis en el tema
de las urbanizaciones informales y de los
trabajadores que históricamente han ocupado
el espacio público de la ciudad.
Palabras Clave
Teoría del Derecho, sociología jurídica, sociología
urbana, informalidad jurídica.
Abstract
Eduardo Rodríguez Martínez**
Universidad Libre, Bogotá
jrodriguezm2@hotmail.com
This article aims to study the nature and
social significance of legal informality general
context of social relations of production.
Not always the absence of legalization of the
social relations of production is able to be
fully contradictory to the work processes of
capitalist valorization and found underlying
them. The degrees of formality or rationalization
that acquires the right in terms of
internalizing the process of legitimization or
coercion within the social order viewed as a
whole, although in principle can be presented
as contradictory, we also point out ways in
which transit the area of regulation political
partner of the law. This tense ambiguity can
also be understood more as a contradictory
unity capable of a regulatory process that
oscillates between the legitimation and
repression, between integration and social
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010.
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 20 de 2010
* Este artículo es la síntesis de un capítulo del proyecto de investigación terminado a finales del 2010, titulado
“Estado, propiedad y subjetividad”, realizado dentro del marco institucional del Centro de Investigaciones
socio jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, entidad que lo financió. El
proyecto está inscrito dentro del grupo de investigación denominado Estado, Derecho y Territorio inscrito y
categorizado en Colciencias.
** Abogado, Magister en Sociología y Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Profesor Asociado
de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia. Director del Grupo de Investigación Estado, Derecho y Territorio de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia.
Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Eduardo Rodríguez
Martínez
control of work, the same way as Max Weber
described the functions of modern law. This
dynamic is to consider in this paper through a
case study of legal informality in Bogota, with
special emphasis on the issue of informal
housing estates and workers who have historically
occupied the public space of the city.
Key words
Theory of law, legal sociology, urban sociology,
legal informality.
Introducción
Aquí nos proponemos examinar el carácter
y significado de las normas jurídicas encargadas
de la regulación de los asentamientos
populares. Quisiéramos hacer unas breves
consideraciones:
El examen que nos proponemos no es estrictamente
jurídico en la medida en que no se
intenta una revisión del estatuto normativo
en cuanto a su coherencia interna como a su
articulación y correspondencia con las normas
de carácter superior. Se trata de observar
el efecto que producen dentro de un contexto
más amplio y quizá más rico: el de la realidad
de los sujetos sobre los cuales ellas quieren
incidir, es decir, de parte del trabajo social
desplegado por actores que no encuentran
formas de validación económica, social
ni jurídica, pero que sin duda contribuyen
activamente en la producción de la riqueza
de la sociedad.
Este tipo de normas tienen una vida relativamente
reciente si las contrastáramos
con la existencia material del fenómeno del
trabajo social que pretenden regular, ya sea
en la esfera de la producción inmediata o
en la de la reproducción. Durante sus años
de existencia lo que ha caracterizado a esta
normatividad es su dispersión y atomización,
como también, el de no revestir un carácter
estrictamente nacional sino, por el contrario,
por ser normas de carácter regional que
regulan situaciones dentro de un ámbito
geográficamente restringido.
No existió hasta 1990, ningún estatuto que
obedezca a una voluntad general, con el
ánimo de homogenizar en todo el territorio
nacional un estatuto jurídico para los asentamientos
populares.
El espacio normativo a estudiar es el que
se refiere a Bogotá. La razón de ser de este
espacio restringido es verdaderamente arbitraria,
pero podemos justificarla diciendo que
Bogotá es uno de los centros mas importantes
de acumulación del país y porque su estudio
puede reflejar de manera tendencial el estado
actual de la situación general del país. En otras
palabras podemos decir que ella constituye
una muestra representativa dentro del universo
nacional que se podría analizar.
Sin duda el ejercicio académico que hacemos
en este artículo está limitado a un período
anterior a la aparición de la ley de reforma
urbana en Colombia que pretendió más que
armonizar, suministrar una política general
de ordenamiento territorial para las ciudades,
aunque posteriormente tuvo algunas modificaciones
con la Ley 388 de 1997. En este
sentido, nuestro esfuerzo debe verse como un
estudio de caso desde una perspectiva histórica
pero que pretende, más que hacer historia
de la regulación urbana, analizar dentro del
campo del derecho y la sociología jurídica los
múltiples significados que puede tener para el
capital la existencia de la informalidad. Hoy
en día este ejercicio parece encontrarse en el
orden del día con relación, por ejemplo, a la
informalidad laboral y su impacto en las finanzas
públicas y el crecimiento económico.
En este artículo, a manera de anexo, se presenta
un listado en orden cronológico de las
normas que sobre urbanización se han expedido.
Han sido clasificadas de conformidad
con su ámbito de aplicación, es decir, ya sea
si se trata de normas de carácter municipal,
departamental o nacional. Así mismo se
describe de forma somera el contenido de
las disposiciones.
1. Problema
El problema de investigación que pretende
estudiarse en este artículo es el de entender,
mediante un estudio de caso, la contribución
que puede llegar a tener la informalidad jurídica
dentro del conjunto de la organización

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
de los procesos de trabajo y de la valorización
del capital. De la misma manera, alcanzar
mayor compresión sobre la significación
social y política de la informalidad jurídica
como mecanismo de integración y control
de los sujetos productivos, pero sin duda
destacando su ambigua función que obliga a
combinar los mecanismos de legitimación y
represión propios del ordenamiento jurídico.
2. Metodología
La metodología empleada en este artículo se
basa en el estudio de documentos y fuentes
primarias, en la observación directa y en el
esfuerzo analítico y reconstructivo del tema
desde una perspectiva propia de las ciencias
sociales críticas.
3. Contenido
3.1 Control, represión, integración:
¿Modalidades de un
crecimiento?
El desarrollo industrial basado fundamentalmente
sobre cuatro ciudades, la instauración
de las relaciones capitalistas en el campo, el
llamado fenómeno de “la violencia”, forma
de describir el proceso de expropiación de
la tierra al campesinado, han constituido las
determinantes de un agudo proceso migratorio
hacia las más importantes ciudades
colombianos, proceso que continúa su curso
sin haber logrado su estabilización.
Bogotá ha sido una de las ciudades que
más ha soportado este proceso, asumiendo
un doble carácter: como receptáculo de la
población migrante expulsada o no y, como
elemento activo que experimenta un desarrollo
industrial enorme, con movimientos
cíclicos de absorción y expulsión de la mano
de obra.
1. Los desarrollos clandestinos. La lucha
por la tierra es de las primeras tareas
que tienen que efectuar estos sectores de
la población como prerrequisito para su
subsistencia.
Los altos costos de los arrendamientos, el
déficit de viviendas que se agudizan en los
sectores de bajos ingresos, constituyen obstáculos
insalvables para que estos sectores
puedan lograr su ubicación en las ciudades.
Hasta 1973 la reglamentación existente para
la urbanización de terrenos contenía una serie
de requisitos en cuanto hacen referencia a
las obras de infraestructura y de habilitación
de los terrenos, como a la titularidad de la
propiedad y a la tramitación de las licencias de
construcción que hacían poco rentable para
el urbanizador la construcción de espacios
habitacionales para ser ofrecidos a estos
sectores poblacionales.
Este tipo de requisitos constituyen costos
adicionales que encarecen el precio de venta
de las viviendas que no permite llegar a ciertos
niveles de demanda.
De igual manera, las zonas de la ciudad destinadas
a este tipo de desarrollos tienen un
obstáculo adicional como lo es el precio de
los terrenos que inciden notoriamente en el
precio de venta de las viviendas.
Por estas circunstancias son casi obligados
los caminos a que se ven abocados estos sectores
de la población: desde la ocupación de
terrenos de manera individual, pasando por la
ocupación de manera colectiva y organizada,
hasta la compra de terrenos a un vendedor,
cuyos títulos de propiedad, a todas luces revisten
dudosa legalidad pero por las condiciones
favorabilísimas como otorgan la transacción
y que se acomodan plenamente a la situación
de estos sectores (cuotas iniciales mínimas,
forma de pago, formalidades, etc.), constituyen
las vías más usuales como estos sectores dan
satisfacción a sus primeras necesidades.
Durante la década de los años 60 y 70 es donde
se observa un auge de las luchas populares,
cuyas principales reivindicaciones estaban
centradas alrededor de la tierra. Si bien es
cierto que existían normas que aunque tienen
fecha de expedición de tiempo atrás como lo
es el Código Nacional de Policía y la Ley 57
de 1905 y el Decreto 992 de 1930, creados en
principio para castigar los atentados contra la
propiedad inmueble en las zonas rurales, no
fueron suficientes para detener este proceso
de crecimiento “clandestino” o informal de
la ciudad.
Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Eduardo Rodríguez
Martínez
El crecimiento “clandestino” o informal
se ubicó principalmente en los lugares que
constituyen la periferia de la ciudad en donde
los precios de la tierra reportan un menor
valor, igualmente, por ser lugares donde
existe un menor control y vigilancia como
por ser terrenos de difícil determinación
de los titulares del derecho de propiedad.
Esta última razón influyo mucho para que
los reglamentos policivos no tuvieran plena
eficacia en su aplicación.
La reglamentación sobre urbanizaciones fue
convirtiéndose en una mera formalidad sin
que en la práctica tuviera aplicación significativa
en la medida en que un gran número
de desarrollos habitacionales fueron extendiéndose
al margen y por fuera de la misma.
2. Finalidades del proceso de legalización
de los asentamientos populares. Los
barrios clandestinos o informales se vienen
generalmente cauterizando a partir del reconocimiento
legal por parte de las autoridades
administrativas encargadas de otorgar los
permisos o licencias de la ocupación, los
loteamientos y/o urbanización de la tierra.
Como es de conocimiento corriente, el
propósito de los procesos de regularización,
normalización y de aprobación de las ocupaciones
es, en términos generales, obligar a los
urbanizadores o a los pobladores a cumplir las
normas establecidas por la autoridad municipal
(en este caso el distrito) , a través de lo cual
se expresa la planeación del desarrollo urbano.
Concretamente, en palabras del informe de
investigación de Fedesarrollo de 1974, “la
tramitación del permiso para urbanizar busca
las siguientes finalidades:
a. Obligar a los urbanizadores a cumplir
las especificaciones de construcción, que
son diferentes según la zona de la ciudad,
en cuanto a los tipos de vivienda, áreas
mínimas de los lotes, densidad máxima de
viviendas y personas por hectáreas, usos
complementarios permitidos, etc.
b. Comprobar previamente que las nuevas
urbanizaciones tienen la posibilidad de
contar con la conexión de los servicios
públicos, lo cual depende de la localización
y altura, las condiciones financieras de las
empresas respectivas y de sus planes de
ensanche de las redes matrices.
c. Garantizar que los urbanizadores construyan
las obras de infraestructura necesaria
para los servicios, según las especificaciones
urbanas.
d. Vigilar que el urbanizador es el dueño
legal del terreno y que éste se halla libre de
hipotecas, embargos y otras limitaciones
de la propiedad, o que, en su defecto, se
compromete a sanear el titulo antes de la
venta.
e. Obligar a los urbanizadores a ceder gratuitamente
la propiedad de las áreas de
uso público al distrito (vías, zonas verdes
y comunales, etc.). 1
De conformidad con este mismo informe,
“las especificaciones urbanísticas establecidas
en 1972 (acuerdos No. 20 y 22 de 1972 del
Concejo de Bogotá y Decreto 1259 de 1973
de la Alcaldía de Bogotá) buscaron reducir
las obras de infraestructura en las zonas de
vivienda popular, con el objetivo de que los
actuales urbanizadores piratas ingresaran
al mercado regular de terrenos, y así, hacer
posible un control, siquiera provisional, del
crecimiento urbano. En términos generales,
las obligaciones de los vendedores quedaron
reducidas a construir vías para vehículos y
peatones, con material de recebo compacto,
pilas de agua conectadas a las tuberías de la
ciudad y cunetas de desagüe. Los compradores
deberían construir individualmente letrinas
en las viviendas, y la comunidad debería
aportar las redes de acueducto y alcantarillado,
siguiendo las especificaciones de la empresa
del ramo, y pagar la red de alumbrado público
y las conexiones domiciliarias, que serian
construidas por la empresa de energía.” 2
De esta forma, continúa diciendo el citado
informe, “el área de los lotes seria de 35 metros
cuadrados cuando se trata de conjuntos
1 Informe de Investigación. Derecho y Desarrollo
Urbano. FEDESARROLLO. Bogotá. 1974. Mimeo
sin publicar.
2 Ibíd.

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
de vivienda y de 65 metros cuadrados en
los demás casos. La densidad, por lo tanto,
deberá ser, como máximo, de 100 lotes y de
850 personas por hectárea. Del total de zonas
verdes el 50% deberá estar en un solo globo
de terreno.”
“…El trámite para obtener la autorización
para urbanizar era, en la práctica, demasiado
largo para el mercado pirata de tierras. Exige
la presentación de un proyecto inicial, que
incluya un plano topográfico con curvas de
nivel y el esquema urbanístico, en el cual se
cumplan las normas mínimas que se acaban
de comentar.
“…El urbanizador debía presentar la escritura
de propiedad del terreno y el certificado de
libertad. Posteriormente, una vez aceptado el
proyecto inicial las empresas distritales elaboraban
sus proyectos de redes de servicios y
expedían una carta de compromiso para su
dotación. Solo entonces podía presentarse el
proyecto definitivo, protocolizando simultáneamente
el plano de la urbanización. En este
momento el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (DAPD) podía autorizar
el comienzo de las obras. Luego, la alcaldía
expedía un decreto, aprobando el proyecto
y señalando las obligaciones del vendedor y
el reglamento del barrio. A continuación, la
Secretaria de Obras Publicas recibía las obras
de infraestructura, conforme a las etapas
previstas en su construcción 3 .
Ahora bien, continuando con la descripción
de los resultados del informe que estamos
comentando, el estudio señalaba que “…El
cumplimiento de lo tramites chocaba con
tres características básicas del mercado pirata
de terrenos, que consisten en la rapidez de
la ventas, el nivel de precios y términos de
financiación de los lotes y en falta de títulos
de propiedad de los urbanizadores. Por esta
razón, los cambios legislativos de 1972 y 1973
no pudieron cumplir, en términos generales,
sus finalidades. Es así que la mayor parte de
las urbanizaciones que se estaban desarrollando
a partir de esa fecha eran clandestinas.” 4
3 Ibíd.
4 Ibíd.
Veamos a continuación la magnitud del problema
del mercado pirata de tierras. En las urbanizaciones
piratas se localizaban, en 1970,
cerca del 45.2% de las familias residentes en
la capital del país, las cuales comprendían el
49.2% de la población de Bogotá 5 .
Según estimativos posteriores la población
que vivía en urbanizaciones piratas ascendían
a 1.682.203 habitantes en 1972 6 , o sea, el 59%
del total de la ciudad...
“…Por otra parte, el área clandestina de la
ciudad, desarrollada en estos barrios ha tenido
una expansión acelerada.
Las primeras normas de urbanización se
dictaron en 1936 y particularmente durante
la década de los cuarenta y continuaron
posteriormente. El área clandestina comprendía
antes de 1958, cerca de 165 hectáreas.
Durante el periodo 1958-1963 se estima una
ampliación de 850 hectáreas, luego se registra
un incremento en la demanda por lotes clandestinos
y se vende un área equivalente a 1082
hectáreas entre 1963-1967. Con posterior al
último año citado el fenómeno se acentúa
de manera significativa y es así como entre
1967-1972 se vende un área mayor (1849 has.)
a la anterior a 1958.” 7
Igualmente, si tenemos en cuenta las áreas
residenciales según el proyecto de acuerdo
de 1977 tendríamos dentro del perímetro
urbano y sanitario (Acuerdo 25 del 75), un
total de 3100 hectáreas con el aparecimiento
de nuevas áreas periféricas susceptibles de
desarrollar por normas mínimas.
“…Teniendo en cuenta los cálculos sobre
las proyecciones espaciales de la población
5 Vernes, Georges. Bogotá’s Pirattes Settlements:
An Opportunity for Metropolitan Development.
Dissertation for Doctor in Philosophy. University
of California, Berkeley. 1972. pp. 25. Tomado del
Informe de Investigación de Fedesarrollo aquí
Citado.
6 Departamento Administrativo de Planeación
Distrital. Mercado de Tierras en Barrios Clandestinos
de Bogotá. Bogotá, 1973. pp. 67-80.
7 Todos los estimativos sobre el área provienen
del estudio del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital. óp. Cit., pp. 65-80.
Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
59

Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
60
Eduardo Rodríguez
Martínez
para Bogotá D.E., total y por estratos socioeconómicos,
en los cuales para el periodo
1975-1980 la ciudad necesita un área de 4.901
hectáreas para alojar a toda su población,
se realizo un inventario de áreas libres que
detectadas en base a aerofotografías de vuelo
de diciembre de 1974 y teniendo en cuenta
las zonas residenciales según el proyecto
de acuerdo de 1977, y el perímetro urbano
(Acuerdo 25 de 1975), encontramos que
la ciudad tenía 3321 has. Para desarrollos
residenciales, dándonos un déficit de 779 has.
para tal uso… y considerando que: en el último
periodo 74-77 han empezado a aparecer
varios desarrollos clandestinos y fuera del
perímetro urbano y sanitario, la realización
de invasiones de terrenos considerables, la
valorización rápida de terrenos urbanos,
la aplicación enérgica de la Ley 66 del 68
contra los desarrollos ilegales, el volumen de
soluciones de las urbanizaciones por normas
mínimas, a pesar de ser significativo es escaso,
es escaso de acuerdo a la demanda existente,
y el hecho de que los precios promedio de
venta son más elevados con respecto a los
precios ofrecidos por los desarrollos clandestinos,
el aumento progresivo de la negación
de servicios por conceptos como el de estar
fuera del perímetro urbano o sanitario o por
estar localizados en zonas con uso diferente
al residencial, nos hace pensar que
“el costo de asentamiento en la ciudad de propietarios
se ha aumentado, permitiendo el acceso a la vivienda
o lote a los grupos de mayor capacidad de compra
dejando como única alternativa para los grupos
de bajos ingresos: algunos sectores de desarrollo
clandestino, la invasión de terrenos lo que es peor el
inquilinato lugar de origen de la mayor inseguridad
social” 8 .
Estas declaraciones del D.A.P.D. son muy
dicientes y reveladoras de la preocupación
y tratamiento que el Estado les da a estos
desarrollos clandestinos. A primera vista
se trataría de un interés de corte altruista
al percatarse de la cruel realidad a la que
son sometidos estos amplios sectores de la
población que están directa o indirectamente
8 Departamento Administrativo de Planeación
Distrital. El Crecimiento de Bogotá de 1890-1980.
Unidad de Mejoramiento y Coordinación de Barrios
(Subrayas fuera de texto).
vinculados a la producción capitalista. Hasta
podría pensarse que van más allá de aquellas
interpretaciones que sobre el mismo fenómeno
hacen los analistas, reclámense o no de
posiciones críticas, sobre la misma realidad.
3. El decreto 2489 de 1980. Este fenómeno
de los desarrollos clandestinos ha puesto de
manifiesto la ineficiencia de los controles
estatales para su erradicación hasta llegar al
punto a que mediante la expedición de los
Decretos 1259 y 1268 de 1973 se acepta, por
parte de la administración, la situación que
antes era considerada como subnormalidad
y cáncer social, en una ajustada a derecho.
Es decir, estos decretos establecen el concepto
de “norma mínima” y “desarrollo
progresivo” como una forma de reconocer
e integrar las formas ilegitimas que adoptan
los asentamientos populares en situaciones
completamente legales.
En la actualidad dichos decretos han sido
derogados por el Decreto 2489 de 1980 por
medio del cual se reglamenta el proceso de
urbanización por desarrollo progresivo.
Veamos de manera sucinta los lineamientos
generales de este decreto:
A. Determina las modalidades como puede
desarrollarse el proceso de urbanización:
por desarrollo normas y por desarrollo
progresivo.
“El proceso de urbanización por desarrollo normal
ese aquel por medio del cual se adelanta un programa
de urbanización previsto de obras de infraestructura
y saneamiento completas de acuerdo a las normas
y especificaciones fijadas para tales efectos por el
departamento administrativo de planeación distrital
y por las empresas de servicios públicos” 9 .
“El proceso de urbanización por desarrollo progresivo
es aquel que se adelanta partiendo de etapas
de fundación hasta alcanzar niveles normales de
urbanización” 10 .
B. En cuanto a los sectores de desarrollo
progresivo, es decir, aquellos que anteriormente
eran considerados clandestinos fruto
de invasiones de terrenos o de urbanizacio-
9 Decreto 2489 de 1980, Art. 3.
10 Decreto 2489 de 1980, Art. 4.

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
nes piratas, pueden ser de dos tipos según
el grado de desarrollo en que se encuentren
las obras de infraestructura, teniendo como
patrón las normas de desarrollo normal.
i. En sectores sin desarrollar: es decir se
trata de sectores que no poseen ningún tipo
de infraestructura como es el caso de los
terrenos recién invadidos o los comprados
a un urbanizador pirata que vende los lotes
para ser construidos.
El proceso de desarrollo progresivo en sectores
sin desarrollar es aquel “por medio del cual
se adelanta una urbanización residencial desde
su etapa de fundación, partiendo de unas
obras de infraestructura y saneamiento básico
que se van completando gradualmente hasta
alcanzar los niveles normales de infraestructura
física”. Pero ¿A que se consideran sectores
por desarrollar? Pues a los sectores en los
cuales no se haya materializado desarrollo
alguno ni adelantado trámites exigidos para el
proceso de urbanización, se hallen localizados
en aras de actividad que contemplen el uso
de vivienda.
ii. En sectores de desarrollo incompleto: Se
trata del caso de las urbanizaciones irregulares
que si bien tienen un mínimo de infraestructura
no cumplen del todo con el límite
exigido para ser catalogado como desarrollos
normales.
Es el caso de muchas urbanizaciones piratas
donde el urbanizador vende los lotes con algunas
obras de infraestructura dejando parte
de ellas a cargo de los compradores.
El proceso de desarrollo progresivo en sectores
de desarrollo incompleto consiste en el
mejoramiento por habilitación, legalización o
regularización al cual deben ser sometidos los
asentamientos en los cuales se dé una o varias
de las circunstancias siguientes:
a. Que el asentamiento carezca de uno o
varios de los servicios públicos mínimos
indispensables para la digna subsistencia
de los habitantes o que la prestación de
aquellos sea insuficiente.
b. Que el proceso de loteo no haya obtenido
aprobación ni licencia de construcción de
obras de urbanismo.
c. Que no gocen a cabalidad de los servicios
señalados por las reglamentaciones de la
ciudad.
Ahora bien, los actores de este proceso de
“recuperación” de los asentamientos populares
hacia su conformación como barrio de
norma normal están determinados por el tipo
o estado en que se encuentren para iniciar su
proceso de plena regularización.
Si se trata de barrios que requieren su mejoramiento
por habilitación (trátese del proceso
tendiente a dotar al desarrollo de servicios
públicos mínimos, provisionales y colectivos y
de acceso vehicular) para que este proceso se
requiere la intervención de la administración
distrital en coordinación con las comunidades
que requieren dicho mejoramiento. En
otras palabras, dicho mejoramiento implica
la intervención de la comunidad, para que
con su trabajo lleven a cabo las obras de
infraestructura requeridas.
Si se trata de barrios que requieren su mejoramiento
por regularización (trátese del
proceso tendiente a la complementación
de los servicios públicos y el equipamiento
comunitario como son los referentes a las
obras de carácter físico, económico y social)
se requiere, igualmente la acción coordinada
entre la comunidad y la administración
distrital.
Si se trata de barrios que requieren su mejoramiento
por legalización (trátese del proceso
tendiente al cumplimiento de las obligaciones
de carácter administrativo, urbanístico y de
saneamiento) se requiere el concurso coordinado
del urbanizador y la administración.
Es indudable que para este caso la comunidad
no participa, pues se trata de la obtención del
permiso de construcción y de aspectos que
tienen que ver con el derecho de propiedad
sobre el inmueble y su titularidad.
De esta manera, se ha producido un cambio
de actitud por parte del estado de manera
radical asombrosa. Antes se entendía que
los desarrollos clandestinos eran fruto de
acciones realizadas por agentes especiales de
marcada peligrosidad, transgresores de la ley
y de la propiedad, cuyas acciones estaban de-
Informes de Investigación
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Informes de Investigación
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Martínez
terminadas por factores de índole individual.
Si mucho se reconocía que en veces eran
grupos constituidos por personas que por
razones de índole cultural y poco familiarizadas
con la vida de las ciudades constituían
la presa fácil de personas inescrupulosas que
se aprovechaban de tal condición.
Sin embargo, la respuesta fue la erradicación
de dichos grupos, en la mayoría de las veces
mediante la utilización de la fuerza, utilizando
las herramientas que proporcionan
los códigos de policía y los decretos que
consagran la ocupación ilegal de terrenos
y que contienen trámites expeditos, de fácil
cumplimiento por parte de las inspecciones
de policía, organismos destinados preferencialmente
al control y vigilancia de estos
sectores de población.
En el caso de que estos sectores lograban,
mediante la fuerza de la organización comunitaria
y la denuncia a la opinión pública, su
estabilidad relativa en los terrenos ocupados
venía el asedio constante y sistemático de
las autoridades de policía para evitar que
estas comunidades pudieran dotarse de los
servicios públicos indispensables como son
la energía eléctrica y el agua potable.
Esta ha sido la situación de la mayoría de los
barrios de Bogotá, quienes han soportado,
bajo modalidades diversas y en diferentes
circunstancias, el continuo asedio y castigo
por causas que han sido llevados a padecer.
El registro de muchos de los delitos o denuncios
de conocimiento de las autoridades,
trátese de atentados contra la propiedad o
de lesiones personales, etc., que engrosan las
cifras de la criminalidad y que tanto sirven
para la legitimación de las políticas criminales
del Estado y de control y vigilancia de
grandes sectores de la población, provienen
de esta situación en que el desarrollo de
las relaciones capitalistas en Colombia ha
puesto un enorme contingente de desposeídos
que engrosan las filas de desocupados
dispuestos a vender su fuerza de trabajo, por
cualquier precio, a las empresas capitalistas,
para poder conseguir lo necesario para su
congrua y proletaria existencia.
Ahora se experimenta un cambio de política
en lo referente al tratamiento administrativopolicivo
que antes se les daba a estos sectores.
La política de la represión ha sido sustituida
por la del control-integración. La subnormalidad
y la legalidad han sido convertidas en
normas mínimas, en desarrollo progresivo.
Frente a estos cambios nace siempre el
interrogante de ¿Por qué estos cambios en
la conducta del estado en lo que se refiere al
tratamiento de estos sectores sociales?
¿Será que el Estado y sus agentes han cambiado
de mentalidad y quieren colaborar en la
solución de problemas que aquejan a enormes
masas de la población aun transgrediendo la
lógica de la producción capitalista?
Son estos interrogantes los que queremos
abordar seguidamente mediante una lectura
crítica de este tipo de disposiciones.
3.2 Una lectura crítica
3.2.1 Crecimiento del Sector Informal:
Características
A partir de 1970 se ha experimentado una
creciente participación del llamado sector
informal dentro de la economía urbana.
A este sector informal urbano pertenecen
empresas de barrio dedicadas a la producción
de bienes como son las zapaterías, carpinterías,
mecánicas, cafeterías y tiendas populares;
pequeñas empresas transportadoras; vendedores
ambulantes y oferentes de servicios
personales como lustrabotas, etc.
Es decir, la actividad del sector informal
se desarrolla a nivel tanto de la producción
de productos como al de la distribución y
circulación de los mismos. Igualmente, este
tipo de producciones son asumidas en la
mayoría de las veces como un trabajo de tipo
familiar, es decir, en donde participan todos lo
miembros de la familia nuclear (padre, madre,
hijos), o de la extensa (tías, primos, cuñados,
abuelos, etc.).
Para dichos sectores de la vivienda constituye
no solo un lugar de habitación, es decir, un
mero espacio de reproducción de su fuerza

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
laboral sino que, de manera simultánea,
adquiere un valor de uso adicional en cuanto
se constituye en el lugar en donde realizan
su actividad laboral. Es el caso corriente de
la tienda popular, del taller de zapatería o de
sastrería, etc. Claro está que esta circunstancia
no es del todo general pues no se puede predicar
lo mismo para los trabajadores dedicados
al comercio (vendedores ambulantes y /o
estacionarios). Sin embargo, para una y otra
categoría de trabajadores su ubicación, tratase
de espacio-habitación o espacio-taller, se caracteriza
por estar relativamente concentrada
en la periferia urbana.
A manera de descripción vamos a presentar
algunos de los rasgos que distinguen a este
tipo de producciones:
1. Son pequeños talleres en donde participan,
de manera preferencial la mano de obra
familiar, sin que esto signifique la no concurrencia
de trabajo asalariado por parte
de ellos. No siempre exigen la dedicación
exclusiva de los miembros del hogar a estas
tarifas pues, por circunstancias diversas,
algunos de sus miembros dedican parte
de su jornada a otro tipo de actividades
que implican la venta directa de su fuerza
de trabajo. Es así, que el ingreso familiar
puede provenir de dos fuentes distintas:
como trabajadores a cuenta propia y como
asalariados.
2. Dichas actividades se realizan con una
tecnología poco avanzada en donde la
utilización de maquinas y herramientas de
trabajo, en la elaboración de los productos,
es poca en relación a la proporción
en que participa la fuerza de trabajo. Es
decir, la producción reviste en carácter
casi artesanal con niveles muy bajos de
tecnificación.
3. No tienen una división técnica del trabajo
de manera desarrollada. De esta manera,
no existe una separación marcada entre
empresario capitalista y trabajadores pues
éste es a la vez trabajador de su propia
unidad.
4. No tienen como dinámica la acumulación
ampliada del capital. Es decir, la producción
tiene como finalidad la consecución
de un fondo necesario para la reproducción
de la fuerza de trabajo empleada y la reposición
de la maquinaria y equipo.
5. Nuestro interés no es en este momento
estudiar los obstáculos que tienen estas
unidades de producción en poder reproducirse
de manera ampliada, solo señalamos
como determinantes de esta situación su
baja productividad. Sus productos aunque
en términos de tiempo de trabajo tienen un
valor muy alto su precio es muy reducido
debido a que la Ley valor-trabajo penaliza
su precario desarrollo tecnológico.
6. La jornada de trabajo es muchísimo
más extensa que la de los trabajadores
vinculados a la producción capitalista. El
trabajador–empresario se impone jornadas
que llegan a las 12 horas diarias y a
trabajar en domingos y feriados. Para él la
interrupción de sus labores implica menor
productividad y, por ende, la reducción
de sus ingresos. Si consideramos a la producción
del “sector informal” como una
entidad propia, con ciertas características
que la distinguen de las producciones
típicamente capitalistas, podríamos aducir
que efectivamente constituye unidades
de producciones atrasadas, que por sus
bajas condiciones de productividad no
han podido ingresar al sector moderno de
la economía. Así, queda abierta la brecha
entre el sector moderno–sector informal
típico de la conceptualización dualista
que tiende a ignorar la relación estructural
entre estas formas de trabajo. De ahí no es
difícil concluir la necesaria desaparición de
esta modalidad de trabajo social al lograr,
mediante su capacitación y tecnificación, su
incorporación a la economía moderna; de
igual manera, al no acusar ningún tipo de
relación, entre estos dos tipos de sectores,
la situación del deterioro físico de la fuerza
de trabajo vinculada al sector informal
y sus reducidos ingresos son entendidos
como resultados necesarios de sus condiciones
de producción, quedando de plano
exonerado de todo tipo de responsabilidad
la economía del sector moderno.
Como reacción al entendimiento dualista
se han dado otro tipo de explicaciones a la
existencia y permanencia de este tipo de pro-
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Informes de Investigación
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Eduardo Rodríguez
Martínez
ducciones “atrasadas”. Dichas explicaciones
parte de la constatación de la importante
contribución que estas “unidades” prestan
al sector moderno contribuyendo a la obtención
de mayores ganancias para la empresa
capitalista. Sobre el particular afirma Ernesto
Parra 11 : La venta de los productos del sector
moderno a precios inferiores a los que el
tendría que pagar en otras circunstancias,
significa para éste un ahorro en los costos de
las materias primas y productos intermedios
que van a engrosar su tasa de ganancia y una
mayor tasas de acumulación de la propia, a
través del servicio de abaratar sus costos de
producción.
De todas maneras estas conceptualizaciones
tienen en común el considerar este tipo de
producciones “informales” como unidades
autónomas y relativamente independientes.
Parece que el hecho de ser el trabajador dueño
de sus herramientas y el no existir de manera
física la persona del empresario capitalista, les
confiere por si mismo dicho carácter.
3.2.2 La caída de la tasa de ganancia
y la necesidad de redefinir la
relación entre capital y trabajo
Habíamos anotado atrás que la competencia
entre las diversas fracciones del capital y la
necesidad de apropiarse cada vez más masas
mayores de plusvalor trae aparejada una baja
tendencial de la tasa de beneficio. De tal
forma, el Capital requiere incesantemente
abaratar los elementos constante y variable
de la producción con el fin de reducir el
tiempo de trabajo socialmente necesario para
la producción de mercancías.
Sin embargo, para la consecución de esta
finalidad el Capital ha encontrado diversas
formas de sometimiento y explotación del
trabajo que no siempre coincide con el tipo
de relación clásica, propia del taller capitalista.
Si bien es cierto que el régimen de la cooperación
se instaura como una fuerza productiva
que brota de la aglomeración de obreros en
un mismo lugar y que es apropiada de manera
11 PARRA, Ernesto. El Sector Informal de la
Economía. Bogotá: CINEP, 1979.
gratuita por el capital, no siempre puede
llegar a constituir la vía más idónea para la
explotación de la fuerza de trabajo.
Veamos pues algunos de los inconvenientes
que el capital encuentra en esta forma
histórica de organización del trabajo para el
capital:
i. A medida que crece la aglomeración
de obreros en un mismo taller nace
igualmente la capacidad de resistencia
de los asalariados frente a la disciplina
y explotación capitalista. Primero esta
resistencia se centro en la excesiva durante
la jornada de trabajo (especialmente en
la denominada época de la subsunción
formal), luego se ha venido desarrollando
en le plano del aumento salarial y el de
mejores condiciones de seguridad social
(salud, educación, vivienda, etc.,). Esta
lucha obrera ha producido un obstáculo
innegable a la determinación del salario
por el simple juego de las leyes del mercado
y ha permitido la asunción por parte del
capital, de ciertos elementos necesarios
para mejorar las condiciones de vida de
la clase trabajadora y que antes estaban
a cargo de los asalariados (el régimen
prestacional, por ejemplo).
ii. El régimen de cooperación, para su
instauración, requiere un cierto nivel de
acumulación que permita la adquisición
de maquinaria y de equipo necesarios
para la producción a gran escala como de
un fondo lo suficientemente grande que
permita el ensanchamiento de un número
determinado de obreros. O sea, el grado de
cooperación depende del nivel de concentración
y centralización del capital.
iii. De la misma forma, esta concentración de
maquinaria y equipo en el taller capitalista
como las erogaciones necesarias para las
instalaciones locativas, es decir, todo lo
referente al capital fijo es un costo muy alto
que tiene que soportar en los momentos
de paro de la producción.
En efecto, las crisis periódicas de la producción
capitalista como los momentos de
interrupción de la misma producidos por las
luchas obreras llevan a una inmovilidad de di-

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
cho capital y, por tanto, la no reproducción del
capital ocasionando cuantiosas pérdidas que
tiene que soportar el empresario capitalista.
3.2.3 La Reducción del Capital Fijo
De tal suerte que la reducción del capital
fijo se convierte en una estrategia del capital
para desviar los efectos nocivos de la crisis
o de la suspensión de la producción, a los
asalariados.
En el caso de los países del centro Sohn
Rethel nos dice que esta modalidad de
reducción de los costos fijos se ha venido
consiguiendo mediante la introducción de
los métodos de la organización empresarial
que se han venido desarrollando a partir de
los estudios de tiempos y de la organización
del trabajo al interior de la empresa capitalista,
cuyas bases se encuentran en los trabajos de
Taylor, Gilbreth y Ford quienes inauguraron
la administración científica y los métodos de
producción en serie.
El objetivo primordial de este tipo de métodos
empresariales consiste en la elevación de
la productividad, ya no mediante la tecnificación
del capital constante, sino mediante la
capacitación de la mano de obra y la organización
empresarial.
Es decir, se busca hacer más productivo el
trabajo sin que ello implique necesariamente
una elevación de la composición orgánica del
capital y, así, evitar el descenso de la tasa de
ganancia. Dicha productividad está centrada
en el desarrollo de las fuerzas productivas
que brotan de la cooperación de la fuerza de
trabajo y de su organización.
En Colombia podemos apreciar que la empresa
capitalista ha introducido nuevas formas
de relación con el trabajo que si bien no se
basan en los métodos de la “administración
científica” si buscan una reducción de los
costes fijos de las empresas. Es el caso de la
Empresa monopólica u oligopólica y de los
oligopsonios:
3.1 La Empresa Monopólica
Las necesidades del proceso de acumulación
del capital exacerbada por la competencia
intercapitalista desarrolla de la misma forma
la división social del trabajo. El desarrollo
clásico ha sido la de una división del trabajo
entre empresas que se especializan en la producción
de mercancías y otras, destinadas a
la comercialización de las mismas.
En la medida en que la empresa comercial logra
gran eficiencia, contribuye notoriamente a
reducir los tiempos de rotación del capital y,
por ende, incide en la ganancia capitalista. La
velocidad en la rotación del capital contribuye
en la ganancia capitalista no porque de ella
se extraiga un nuevo valor que se incorpora
en la corriente económica, sino porque al
colaborar en la realización del plusvalor de la
manera más eficiente, es decir, mediante una
economía de tiempo, reduce el tiempo en que
el capital no está produciendo; en la medida
en que se logra reducir el tiempo en que el
capital no está productivo se logra aumentar
el tiempo en que el capital es productivo, es
decir, el momento de la producción inmediata
en donde se realiza la explotación del trabajo
y la producción del plusvalor.
Pero a medida que la empresa comercial crece
y se desarrolla aumenta de la misma forma
su capacidad de exigir al capital productivo
masas mayores de ganancia. Como la ganancia
comercial no es más que la transfiguración
de parte del plusvalor total que va a manos
del capital comercial, en otras palabras, es un
recorte o amputación de la ganancia capitalista,
su crecimiento incide notoriamente en el
proceso de acumulación del capital.
De tal suerte, si bien la organización del capital
comercial asume la forma de empresa para
lograr una mayor velocidad en la realización
del plusvalor producido, su crecimiento exige
cada vez mas sumas mayores para el pago de
los trabajadores vinculados a él y para cubrir
el monto de la ganancia comercial.
Estas erogaciones que exige esta forma de
realización del plusvalor, ocasionalmente
atenta contra el proceso de producción
capitalista en cuanto a la caída de la tasa
de beneficio se traduce, generalmente, en
insuficiencias de capital-dinero para ser
nuevamente invertido. O sea, el proceso de
acumulación ampliada de capital requiere cada
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Martínez
vez más masas mayores de capital-dinero para
mantener los mismos niveles de la ganancia:
el desenvolvimiento de la ganancia capitalista
en ganancia industrial y ganancia comercial y
su desarrollo contribuyen a acelerar los ciclos
de crisis de la producción capitalista.
Por esta razón, el capital lucha por reducir el
momento en que el capital circula y se encuentra
ocioso, mediante la reducción del tiempo
de rotación de las mercancías o, mediante la
reducción de la ganancia comercial.
En Colombia una de las modalidades para lograr
este acometido han sido la implantación
y proliferación de la venta “callejera” y al por
menor, forma de realización del plusvalor que
entra en plena competencia en el comercio
organizado.
La instauración de este tipo de modalidad
favorece notoriamente al capital productivo
de la siguiente manera:
a) La venta de las mercancías, asumida bajo
la forma del vendedor ambulante, si bien
no contiene para el capital las ventajas que
le proporciona la venta a gran escala si le
proporciona una alternativa favorable en
cuanto hace referencia a la destinación de
sumas significativas de capital-dinero que
se encuentra en la circulación.
En efecto, el comercio minorista no requiere
más infraestructura física que la de un pequeño
espacio para ofrecer sus mercaderías y a lo
sumo de una pequeña y rudimentaria “caseta”
que le permitía la ubicación de sus productos
y su presentación al público.
Las costosas infraestructuras comerciales son
reemplazadas por el “puesto” del vendedor
ambulante, impidiendo que se las masas significativas
de capital-dinero hacia la circulación
de mercancías.
b) Para el capital productivo esta venta al
por menor no se traduce en una prolongación
del tiempo destinado a la rotación
de las mercancía en la medida en que
la existencia de un sinnúmero de estos
micro-comerciantes garantiza un volumen
de ventas muy alto. Lo mismo le da vender
toda la producción a un solo comerciante
que aun número ilimitado de ellos. Por
el contrario, la fuerte competencia que
se produce al interior de este comercio
minorista, su poco o nulo poder de exigir
mejores condiciones en la transacción, su
existencia fraccionada que determina su
inestable y tenue forma de asociarse, etc.,
no permiten a estos sectores reclamar sumas
adicionales constitutivas de ganancia.
Es decir, estos actores sociales son generalmente
individuos que han sido expulsados
de la producción capitalista o que no han
encontrado forma de vinculación a ellas.
Esta forma de comercio constituye la
vía de asegurarse un fondo mínimo de
subsistencia.
Así, la lógica de su trabajo no es la acumulación
de capital sino la forma de acceder a un
salario por la vía de la comercialización de
los productos.
El capital productivo logra reclutar un
número suficiente de mano de obra bajo
modalidades totalmente más ventajosas que
la de sus servidores inmediatos (no existe
contrato de trabajo, no régimen prestacional,
etc.), logrando de esta forma: primero, el no
desenvolvimiento de la ganancia industrial
en ganancia comercial al no reconocer a
estos sectores sino una suma equivalente al
salario; segundo, las modalidades favorables
a la contratación permite la existencia de
trabajadores en condiciones “anormales”
de subsistencia, al no estar regidos por la
legislación laboral.
c) De forma análoga, estos vendedores
ambulantes generalmente se encuentran
en situaciones “anormales” de venta en la
medida en que no pagan arrendamiento
por locales o por el uso del espacio en
que se instalan (están ubicados en lugares
públicos) como tampoco están sometidos
al tributo de la renta urbana (rentas comerciales)
lo que les permite competir con el
comercio organizado. Estas circunstancias
son de óptima favor habilidad para el
capital productivo, pues a su vez no se
ve afectado por el impacto negativo de la
renta del suelo urbano.

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
3.2 La Empresa Oligopsónica
Esta otra modalidad tal vez de mucho mas
incidencia que la anterior la constituyen
aquellas empresas dedicadas a la compra de
mercancías producidas por pequeños productores
como en el caso de la producción
asumida por el sector informal (zapateros,
carpinteros, sastres, artesanos, etc.)
En principio sería difícil afirmar que esta
modalidad de producción por “cuenta
propia” constituye una forma particular de
trabajadores asalariados y, particularmente, si
nos atenemos a su específica relación jurídico
-formal con sus compradores. Sin embargo,
hagamos unas breves anotaciones:
i. Si bien estos productores son propietarios
de sus medios de producción y controlan
su producto, el volumen de su producción,
la calidad, modalidades, etc., están determinadas
por la voluntad de su comprador
quien en últimas es el que decide sobre la
producción del pequeño productor.
ii. Estos sectores se ven atravesados por la
ley capitalista del valor que les impone,
por la vía de los precios, la duración de la
jornada de trabajo que muchas de las veces
llega a ser de 12 o más horas diarias. Si
en la empresa capitalista la intensidad de
la jornada y su organización está en manos
del empresario de manera palpable,
en estos sectores su presencia, control y
dirección se presentan de manera imperceptible,
por medio de hilos invisibles,
que se expresa por medio de la mayor
productividad a que se ven sometidos
para poder obtener los mismos niveles
de ingreso. Se podría decir que estos
sectores se encuentran bajo la modalidad
o etapa de la plusvalía absoluta en cuanto
a su forma de existir está determinada
no por su nivel de tecnificación sino de
extensión de la jornada laboral.
iii. Su bajo nivel de capital no les permite
sino comprar los medios e instrumentos
necesarios para la realización de su trabajo.
Igualmente, esta circunstancia impide la
contratación de mano de obra, condición
para que puedan participar en el proceso
de extorsión de la fuerza de trabajo.
Ellos mismos son propietario-productores
cuya producción no les permite la obtención
de un excedente, por encima del necesario
para la reposición de sus herramientas y
de su propia reproducción, que pueda ser
equiparado a la ganancia capitalista y poder
ser reinvertido de manera cada vez mayor
en el proceso productivo. O sea, estos pequeños
productores no se reproducen ampliamente,
no tienen capacidad de acumular
capital y así transformándose en empresarios
capitalistas.
Frente a esta circunstancia se les ha venido
equiparando a productores regidos por una
lógica de reproducción simple sin llegar nunca
a catalogarlos como vendedores trabajadores
al servicio del capital pero que tienen una
relación especifica.
Se afirma que por no vender su fuerza de
trabajo el capital sino su producto no acceden
al título de trabajadores, ¿pero qué diferencia
podemos encontrar con aquellos trabajadores
considerados como plenamente asalariados
en donde el empresario exige niveles de
productividad para el pago de la jornada?
¿Cambia la forma de relación el hecho de que
la jornada se realice al interior de la empresa
capitalista o por fuera de ella? ¿Acaso estos
sectores no rinden cuentas a la explotación
capitalista y a la producción del plusvalor
mediante sus excesivas jornadas y a la entrega
de un volumen de productos a cambio de una
suma de dinero que nunca es equivalente al
tiempo de trabajo incorporado en ellas?
Se ha tratado de dar explicación a esta
circunstancia mediante la operancía de un
intercambio desigual, pero esto mismo se
puede predicar del propiamente asalariado
en cuanto intercambia su fuerza de trabajo,
que es capaz de producir un plusvalor, por
una suma de dinero que solamente cubre lo
necesario para su reproducción. Este tipo de
trabajadores igualmente intercambia un valor
determinado, en la forma de productos, por
una suma de dinero que está muchas veces
por debajo de los niveles mínimos sociales
de la subsistencia.
Se podría afirmar que son productores que
no asumen la forma de capitalistas porque
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renuncian a la ganancia, pero ¿acaso el obrero
no renuncia al excedente de su trabajo cuando
vende su fuerza de trabajo al capital?
Bajo la apariencia jurídico-formal del productor
por “cuenta propia” esta presencia
del trabajador asalariado con modalidades de
explotación mas agobiantes y angustiosas.
La relación entre capital y trabajo está plenamente
constituida en este tipo de contratación
pero redefinida, readecuada, de manera
camaleónica, a las necesidades del proceso
de acumulación capitalista.
Por el contrario, esta modalidad de la relación
capitalista trae enormes ventajas para el
capital en cuanto:
1. Reduce los costes fijos de la empresa capitalista
en la medida en que es el mismo
obrero el que tiene que adelantar sumas de
dinero para la infraestructura del proceso
productivo: readecua su vivienda como
lugar de producción de mercancías y como
lugar de producción de su propia fuerza
de trabajo.
Es muy diciente el hecho de que algunas de
las empresas que asumen dicha forma den
facilidades de crédito a estos productores
para la compra de sus propias herramientas
de trabajo.
2. Estos trabajadores no gozan de las conquistas
obtenidas por la lucha de los “trabajadores
formales”, ni están amparados
por la seguridad social. La forma atomística
como realizan la producción les impide la
constitución de formas de organización
que impida la situación de competencia
que entre ellos mismos se ven obligados
a realizar.
3. La competencia que al interior de ellos
propicia la empresa Oligopsónica no permite
la sustentación de los precios de sus
productos que tienden a descender.
4. De la misma manera permite ahorrar
una serie de gastos destinados al pago
del personal dedicado a las actividades de
control y supervisión de la producción
en cuanto este trabajador informal tiene
como instancia de control y disciplina a la
ley del valor que mide como juez implacable
y sin piedad sus ritmos de trabajo y
productividad.
5. Otra economía está ubicada en el lugar de
la renta del suelo. Los precios del suelo
urbano tienen un monto menor si se destina
a la construcción de espacios para la
satisfacción de las necesidades de vivienda
de la clase obrera. Si la producción se realiza
en dichos lugares la contribución que el
capital tiene que efectuar a la clase de terratenientes
será mucho menor. Igualmente,
muchos de estos productores solucionan
su problema habitacional por la vía de la
invasión o de las urbanizaciones clandestinas,
como ya lo habíamos mencionado,
lo que permite no adicionarle al producto
el monto ocasionado por la renta del suelo
como sucedería en el caso en que tuvieran
que rendir tributo a los propietarios de la
tierra urbana.
Ahora bien, lo anterior no significa que esta
modalidad de explotación de la fuerza de
trabajo tenga o adquiera un carácter general
en detrimento de la empresa típicamente
capitalista y que se basa sobre la aplicación
de una alta tecnificación.
Si observamos la producción que es asumida
por el “trabajador informal” veremos que se
trata básicamente de productos de consumo
directo y específicamente para las clases
medias en su conjunto. De la misma manera,
los productos de que se encarga el comercio
informal tienen esa misma finalidad. Por
el contrario, la industria tecnificada asume
de manera preferencial aquellos productos
destinados a la reproducción del capital constante
como también de bienes intermedios.
Lo que se observa es una especialización de
la producción de conformidad al destino
final del producto. Los bienes intermedios
y los destinados a la reproducción de parte
del capital constante son asumidos de forma
casi exclusiva por la empresa capitalista; por
el contrario, aquella producción dirigida a la
reproducción del capital variable es asumida
en gran parte por la forma particular del llamado
“trabajo informal”. Y esta circunstancia
no se produce precisamente porque se trata

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
de de producciones que no reportan la tasa
normal de beneficio o la reportan de manera
deficiente sino, por el contrario, es una forma
de producción que se acomoda más a las
condiciones de la valorización en Colombia
en la medida en que los trabajadores de este
sector están por debajo de las condiciones
normales de explotación de la fuerza de
trabajo ordinaria y, porque de esta forma se
puede lograr una reducción considerable en
la producción de capital variable. Se podría
decir que este tipo de producción se adecua a
los niveles de reproducción que socialmente
han sido asignados para la reproducción de la
clase obrera en su conjunto, adecuación que
implica niveles mayores de explotación para
los trabajadores destinados a la producción
de este tipo de bienes.
3.2.4 Las normas mínimas y el
abaratamiento del elemento
variable del capital
A partir de las consideraciones precedentes
podemos hacer unas aproximaciones sobre
el carácter y significado de este tipo de reglamentación
que regula y determina las modalidades
de incorporación de los desarrollos
clandestinos al sistema jurídico-formal.
Si bien es cierto, el espíritu de estas disposiciones
tiene como finalidad el de solucionar,
a los menos temporalmente, el problema
habitacional de la población de más escasos
recursos como el de controlar el crecimiento
anárquico de la urbanización.
Sin embargo, es necesario develar el carácter
técnico-neutral de estas disposiciones y reubicarlas
dentro del conjunto de las relaciones
sociales en que se realizan, constituyéndose
en la vía en que se encarnan esas mismas
relaciones.
Lejos de ser normas que guardan cierta
distancia con los procesos sociales y que
se presentan como normas separadas de
regulación de los mismos, son la forma de
realización y manifestación de las relaciones
sociales capitalistas.
Veamos pues, lo que a nuestro parecer, pretenden
dichas disposiciones que regulan los
asentamientos populares y, en particular, las
normas que establecieron la norma mínima
y el desarrollo progresivo:
1. Dichas normas tienden a contribuir al abaratamiento
del elemento variable del capital
mediante la regulación de las vías alternas
que la clase obrera ha encontrado para dar
salida a su necesidad de subsistencia.
En efecto, la legalización de la urbanización
pirata y de otras formas de rotación de vivienda
implica reconocer los niveles de tugurización
y miseria de un número significativo de
la población y una vía efectiva de convertir lo
que antes era un problema en una solución,
sin que ello implique erogaciones adicionales
para el capital en su conjunto.
El costo de reproducción de la fuerza de
trabajo se disminuye en la medida en que se
rebajan las condiciones mínimas requeridas
para la formación de un asentamiento popular.
Si antes era indispensable la dotación
de servicios públicos, el trazado de calles,
el permiso de construcción, etc., requisitos
que incidían en el precio de las viviendas
populares, ahora, con la norma mínima se
borran todas las molestas condiciones que
implicaban, para dar solución al problema
habitacional, un aumento de los salarios de
toda la población enganchada y carente de
vivienda.
“La reducción de especificaciones urbanísticas
y de servicios disminuyen los costos de inversión
permitiendo la oferta a grupos de bajos ingresos, que
pueden ir desarrollando su vivienda progresivamente
según sus capacidades económicas” 12
De igual manera, los procesos y mecanismos
que contiene el Decreto 2489 de 1980 en lo
que se refiere a las etapas de regularización y
rehabilitación de los asentamientos en donde
intervienen de forma coordinada la comunidad
y la administración es una modalidad de
extender la jornada de trabajo no remunerada,
pues se trata de construir el asentamiento
mediante la autoconstrucción o auto esfuerzo,
que significa que el obrero contribuye con su
12 Departamento Administrativo de Planeación
Distrital. Op. Cit.
Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
69

Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
70
Eduardo Rodríguez
Martínez
trabajo y la empresa capitalista, por la vía del
salario, con los materiales.
2. En la medida en que se vaya dando solución
al problema a bajísimo costo a estos sectores,
se tiende prioritariamente a proteger a
la forma de producción del llamado sector
informal, procurando reducir al máximo
los costos de producción y, garantizando
la extracción de plusvalía absoluta a estos
trabajadores. Antes de extinguir a este tipo
de producciones lo que se quiere es evitar
su disolución, creando las condiciones que
permitan su permanencia de la manera más
ventajosa para el proceso de reproducción
ampliada del capital.
3. De la misma manera, se pretende reducir, a
lo menos parcialmente, el impacto negativo
de la renta del suelo mediante el no pago
de tributo a los “legítimos” perceptores de
renta.
Si miramos con detenimiento la titularidad
de la tierra en Bogotá, podemos constatar
que existe más de un 40% del suelo ocupado
que tiene dificultades para determinar
el titular del derecho de propiedad. Esta
circunstancia es la que ha permitido, con
todas las salvedades, que la urbanización
pirata haya llegado a instaurarse como una
práctica usual.
La mayoría de los urbanizadores piratas no
son propietarios de los terrenos que urbanizan,
sino que se amparan en documentos
que contienen un contrato de venta de la
posesión, o de venta de la propiedad sin
registrar en la oficina de registros públicos
y privados) es decir, donde no se ha efectuado
la tradición), o se trata de escrituras
de dudosa procedencia, sobre un inmueble
que puede llegar a tener dos o más escrituras,
todas con las mismas irregularidades.
Es probable que mucho de los desarrollos
por norma mínima puedan llegar a cumplir
las diferentes etapas que contempla el decreto
ya mencionado, pero lo que no se va
a poder realizar es la etapa que determina la
legalización de los terrenos.
Esto significa en pocas palabras el no reconocimiento
del tributo del suelo urbano
en lo que hace referencia a los propietarios
de terrenos sobre los que se realizan estos
desarrollos progresivos.
4. Otro efecto que quiere lograr esta reglamentación
es el que hace referencia a
la utilización intensiva del suelo y de la
infraestructura urbana.
El Decreto 2489 de 1980 establece una
serie de requisitos arquitectónicos para la
construcción del asentamiento popular
(áreas máximas y mínimas de densidad,
calzadas, zonas verdes y recreativas, etc.) con
el objetivo de lograr una mayor eficiencia del
espacio como de consumo de los servicios
públicos.
Así se logra evitar el desarrollo extensivo de
la ciudad como el denominado uso irracional
del suelo, que no obedece a la lógica de la
rentabilidad del espacio, propio del régimen
de reproducción capitalista. Maximizando el
espacio se logra abaratar las condiciones de
existencia de los asalariados.
En particular es muy ilustrativo el trabajo
que el mismo departamento administrativo
de planeación distrital elaboró con el titulo
de crecimiento de Bogotá, 1890-1980 y, que
en uno de sus apartes dice: “el desarrollo
con normas mínimas logró un uso racional
del suelo, logrando preservar zonas verdes
y comunales adecuadas y logrando en el
tiempo una alta densidad… el sistema de
desarrollo progresivo con normas mínimas
está haciendo uso racional de limitados
recursos existentes como son: lo servicios
públicos, la financiación de las empresas y
la tierra”.
5. Otro efecto, que no brota específicamente
del decreto, pero si de la organización de la
vivienda obrera en forma de barrios, es el
de fomentar y recrear una cultura de barrio
contrapuesta a la de otros asentamientos
populares, muchas veces animada por
un tratamiento diferencial por parte del
estado, produciendo la división de la clase,
asegurando, mediante su desarticulación,
su control.
Para concluir, podemos decir que estas
formas de integración-readecuación de la

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
relación social capitalista no son formas
acabadas y que permanentemente tienden
a reconstruirse de manera diversa; sin que
sean soluciones constituyen paliativos frente
a la crisis permanente en que se desarrolla la
sociedad actual.
Mientras tanto, como lo afirma el trabajo del
Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, la invasión y el inquilinato seguirán
siendo la alternativa para los grupos de bajos
ingresos.
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La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
Anexo
La siguiente es una lista cronológica de las
leyes, decretos nacionales y municipales,
acuerdos y ordenanzas, relacionados con los
barrios piratas.
Esta síntesis ha sido tomada, en la mayoría de
sus partes, del estudio de FEDESARROLLO,
sobre las urbanizaciones clandestinas y que
fue publicado con el título de “La tierra en el
mercado pirata de Bogotá”.
Al citar estos documentos se da título oficial
y, si este no revela por si solo la pertinencia
del documento, se añade entre paréntesis una
brevísima indicación de la misma.
1. Disposiciones legales de nivel
municipal
Acuerdo 10 de 1902: Por el cual se reglamentan
las construcciones que se emprender en
la ciudad, apertura de calles, urbanización de
terrenos, etc.
Acuerdo 6 de 1914: Por el cual se dictan
reglas de urbanización.
Acuerdo 74 de 1925: Por el cual se adopta el
plano de “Bogotá Futuro”, y se dictan algunas
medidas necesarias para su desarrollo.
Acuerdo 28 de 1933: Por el cual se crea el
Departamento De Urbanismo dependiente
de la Secretaria de Obras Públicas (encargado
del planeamiento de la ciudad futura).
Acuerdo 48 de 1934: Por el cual se reglamentan
las urbanizaciones en la ciudad, se aprueba
un contrato y se dictan ciertas disposiciones.
Acuerdo 15 de 1940: Por el cual se fija el
perímetro urbano de la ciudad y se dictan
otras disposiciones sobre construcciones.
Acuerdo 22 de 1940: Por el cual se aumenta
el Impuesto Predial a los Predios no
edificados. (división del perímetro urbano
en zonas).
Acuerdo 221 de 1944: Por el cual se divide
el área urbanizable de Bogotá en varias zonas
de destino y se reglamenta cada una de ellas.
Acuerdo 7 de 1945: Por medio del cual se
modifica el acuerdo 21 de 1944 (normas para
la construcción de la zona cívica comercial y
Avenida Jiménez de Quesada).
Acuerdo 35 de 1945: Por el cual se ordena
la construcción del alcantarillado del barrio
Las Granjas de Techo y se distaron otras
disposiciones (normas sobre extensión de
lotes).
Acuerdo 43 de 1945: Por el cual se adicionan
al acuerdo 15 de 1.940, que fijo el perímetro
urbanizable de la ciudad y se dictan otras
disposiciones.
Acuerdo 88 de 1948: Por el cual se crea la
Oficina del Plan Regulador de Bogotá.
Acuerdo 11 de 1949: Por el cual se señala la
zona urbanizable de la ciudad y se dictan otra
disposiciones.
Acuerdo 63 de 1949: Por el cual se aclara
el Acuerdo 11 de 1949, se modifica el Art.
del acuerdo 20 de 1.940 y se dictan otras
disposiciones (sanciones para iniciación de
obras sin permiso).
Acuerdo 95 de 1969: Se modifica y adiciona
el Acuerdo 88 de 1948 (creación de una
oficina que elabora el plan regulador). Este
acuerdo fue objetado por el alcalde.
Decreto 185 de 1951: Por el cual se adopta
el plan piloto de la ciudad y se dictan normas
sobre urbanismo y servicios públicos.
Decreto 414 de 1951: Por el cual se autoriza la
prestación de algunos servicios públicos municipales
y se dictan normas sobre urbanismo.
Decreto 436 de 1955: Por el cual se amplía
el perímetro urbano.
Acuerdo 53 de 1956: Por el cual se crea la
oficina de Planeación Distrital de Bogotá.
Acuerdo 82 de 1956: Por el cual se faculta
al alcalde para ampliar zonas determinadas
en el Acuerdo 22 de 1940 hasta los límites
del actual perímetro urbano para fines de
Impuesto Predial.
Decreto 705 de 1956: Por el cual se organiza
la oficina del plan regulador de Bogotá y se
denomina Oficina de Planeación de Bogotá
(OPDB).
Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
73

Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
74
Eduardo Rodríguez
Martínez
Acuerdo 30 de 1961: Por el cual se establece
el procedimiento para la aprobación de los
planes relacionados con las loteamientos en
el área del Distrito y se reglamenta la de las
mismas.
Acuerdo 36 de 1962: Por el cual se expide
el Código de Policía para el Distrito Especial
de Bogotá.
Acuerdo 22 de 1963: Por el cual se dictan
unas disposiciones sobre zonificación urbanística
en el territorio del D.E. de Bogotá y
se crea la junta de zonificación.
Acuerdo 65 de 1967: Por el cual se señalan
las normas y el procedimiento que debe
cumplirse para urbanizar terrenos en el área
del Distrito especial de Bogotá y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1119 de 1968: Por el cual se adopta
el plan de zonificación general de la ciudad, se
señala el nuevo perímetro urbano y se dictan
otras normas sobre urbanismo.
Acuerdo 18 de 1972: Por el cual se dictan
normas sobre el proceso de planificación en
el Distrito Especial de Bogotá.
Acuerdo 20 de 1972: Por el cual se modifica
el numeral 4 del Art. 13 del Acuerdo 65 de
1967 y se dictan otras normas sobre urbanizaciones
(normas mínimas para urbanizaciones
de desarrollo progresivo).
Acuerdo 21 de 1972: Por el cual se adopta
un plan de mejoramiento de áreas urbanas de
desarrollo incompleto y se dictan normas de
procedimiento.
Acuerdo 22 de 1972: Por el cual se señala el
procedimiento para urbanizar terrenos en el
Distrito Especial de Bogotá.
Decreto 1259 de 1973: Por el cual se
reglamenta el Acuerdo 20 de 1972, sobre
urbanizaciones de desarrollo progresivo en
su etapa de fundación.
Decreto 1260 de 1973: Por el cual se reglamenta
el Acuerdo 20 de 1972 en sus etapas
de desarrollo progresivo con la utilización
de normas mínimas de urbanización y de
servicio.
Decreto 159 de 1974: Por el cual se impone
en vigencia el proyecto de Acuerdo 1 del 74
por el cual se adopta el plan de desarrollo
general integral para el Distrito de Bogotá
(zonificación, requisitos para urbanizar).
Decreto 1539 de 1974: Por el cual se crea
un comité de colaboración y coordinación
de la Administración Distrital con la
Superintendencia Bancaria y el Instituto de
Crédito Territorial (destinado al estudio de
urbanizaciones clandestinas).
Acuerdo 14 de 1975: Por el cual se dictan
normas orgánicas sobre el plan general de
desarrollo y se establecen las políticas en sus
aspectos físicos.
Acuerdo 25 de 1975: Por el cual se adopta el
perímetro urbano y sanitario para el Distrito
Especial de Bogotá.
Decreto 2589 de 1980: Por el cual se reglamentan
las urbanizaciones por desarrollo
progresivo y se determinan los procedimientos
para la regularización, habilitación y
legalización de dichos asentamientos.
2. Disposiciones legales de nivel
departamental
Decreto 68 de 1933: Por el cual se dictan
algunas medidas de orden público (ocupación
violenta o clandestina de territorios en
Cundinamarca).
Ordenanza 31 de 1935: Por el cual se fijan
y aclaran los límites de la ciudad de Bogotá
y se concede una autorización al Gobierno
Departamental.
Ordenanza 14 de 1936: Sobre el Código
de Policía Vial Terrestre de Cundinamarca
(norma sobre construcciones en vías públicas,
medidas de las calles, disposiciones de construcción
para frente de edificaciones).
Decreto 329 bis de 1952: Por el cual se reglamentan
las urbanizaciones y parcelaciones.
3. Disposiciones Legales a Nivel
Nacional
Resolución 91 de 1929 de la Dirección
Nacional de Higiene: Por la cual se dictan
normas sobre salubridad pública (normas
sobre saneamiento).

La ambigua
naturaleza del
derecho y la
informalidad
jurídica.
Estudio de caso
desde la sociología
jurídica
Ley 50 de 1931: Reformatoria de la Ley 127
de 1919 (desarrollo de Bogotá y expropiación
por causas de utilidad pública en la misma
ciudad).
Resolución 270 de 1935 de la Dirección
Nacional de Higiene: Por la cual se fijan
sanciones a quienes anuncian urbanizaciones
que no se han cumplido con los requisitos
sanitarios para aquellos que den a la venta de
zonas de terreno en donde no se hayan hecho
obras de saneamiento prohíbe el registro
de escrituras de ventas de tales inmuebles y
adiciona la resolución 91 de 1920.
Decreto Ley 693 de 1951: Por el cual se
confieren facultades a algunos municipios
para dictar normas sobre planificación y
urbanismo.
Decreto 3640 de 1954: Por el cual se organizo
el Distrito Especial de Bogotá.
Decreto 14 de 1955: Por el cual se dictan disposiciones
sobre prevención social (sanciones
a urbanizaciones piratas).
Ley 81 de 1960: Reorganización del Impuesto
Sobre la Renta (Impuestos dentro y fuera de
la zona urbana).
Decreto 374 de 1962: Por el cual se reglamentan
los artículos 90 a 100 de la Ley 01 de
1960 relativos al impuesto sobre terrenos de
acción urbana (algunas disposiciones sobre
determinación del perímetro urbano).
Decreto 2181 de 1964: Por medio del cual se
señala la dependencia oficial que debe ejercer
el control de las empresas dedicadas a la ejecución
de planes de vivienda, se reglamentan
los artículos 7 de la ley 166 de 1941 y 40 de la
ley 66 de 1947 y se dictan otras disposiciones
para garantizar y proteger la inversión del
ahorro destinado a tal fin.
Decreto 1699 de 1964: Por el cual se dictan
disposiciones sobre conductas antisociales
(deroga 14 de 1955).
Decreto Legislativo 2349 de 1965: Por
el cual se fomenta el ahorro popular, se
encauza hacia la construcción y adquisición
de vivienda, se crea el banco de ahorro y
vivienda, se estimula la inversión y se combate
el desempleo.
Decreto Reglamentario 979 de 1966:
Reglamenta el Decreto Ley 2349 de 1965.
Decreto 980 de 1966: Por el cual se reglamenta
el Decreto Ley 2349 de 1965.
Ley 66 de 1968: Por el cual se regulan las
actividades de urbanización, construcción y
crédito para la adquisición de vivienda y se
determina su inspección y vigilancia.
Decreto 3133 de 1968: Por el cual se reforma
la organización administrativa del Distrito
Especial de Bogotá.
Decreto 219 de 1969: Por el cual se reglamenta
la Ley 66 de 1968 (regula actividades
de urbanización).
Decreto 1250 de 1970: Por el cual se expide el
estatuto de registro de instrumentos públicos
(matricula de propiedad).
Decreto 1355 de 1970: Por el cual se dictan
normas sobre policía (contravenciones que
dan lugar a suspensión, a demolición o construcción
de obras).
Decreto 1380 de 1972: Por el cual se dictan
una medidas reglamentarias sobre inscripción
de parcelaciones y urbanizaciones en el folio de
matricula inmobiliaria de que trata el Decreto
Ley 1250 de 1970 en desarrollo de lo dispuesto
en los artículos 49 y 50 de dicha norma y en el
artículo 5° de la Ley 66 de 1968.
Decreto 2244 de 1972: Por el cual se modifica
y adiciona el decreto 1380 de 1972
(permiso para urbanizar).
Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
75

Revista Ordenamiento Diálogos
territorial: de Saberes
ISSN problema 0124-0021
Julio-Diciembre
bicentenario
de 2010
Págs. 77-91
Resumen
La República colombiana ha ensayado en su
historia diversas formas de Estado tales como
la confederación, la federación y el Estado
Unitario. Al final del siglo XX se adopta un
nuevo modelo: el Estado Regional, que representa
un esquema intermedio entre el unitario
y el federal. Este modelo exige introducir
cambios en la relación del nivel nacional con
los niveles territoriales, mediante un proceso
de ordenamiento territorial que potencie la
descentralización y la autonomía reconocida
a las regiones; pero el proceso apenas está
enunciado y poco desarrollado. El ordenamiento
territorial comprende varios aspectos:
1) División del territorio de la República; 2)
Distribución de competencias y recursos
entre la Nación sus entidades territoriales, y 3)
El ordenamiento, planificación y gestión del
espacio territorial organizando las actividades
humanas y los usos del suelo. Debido a lo
inacabado y confuso del modelo territorial, en
la actualidad se combinan dinámicas propias
del Estado Unitario-centralista con las reivindicaciones
regionales; esto genera la yuxtaposición
y descoordinación de las políticas
sectoriales del nivel nacional con las políticas
territoriales de los niveles subnacionales.
Palabras clave
Ordenamiento territorial:
problema bicentenario *
Ordenamiento territorial, forma de Estado,
políticas sectoriales, lógicas territoriales,
descentralización
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010.
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 24 de 2010
Abstract
The Republic of Colombia has been tested in
its history various forms of state such as the
confederation, federation and the Unitary
State. At the end of the twentieth century
it has adopted a new model: Regional State,
which represents an intermediate scheme
between unitary and federal. This model
requires changes in the ratio of national to
regional levels, through a process of land
management that enhances the decentralization
and the freedom granted to the regions,
but the process is just set and underdeveloped.
Land arrangement includes several
aspects: 1) Division of the territory of the
Republic, 2) distribution of competencies
and resources among the nation its territorial
units, and 3) The ordering, planning and management
of territorial space by organizing
human activities and uses of soil. Due to
incomplete and confusing territorial model,
currently own dynamics combine Unitariancentralist
state with regional demands this
creates the juxtaposition and uncoordinated
sectoral policies of national land policies to
subnational levels.
Key words
William Guillermo Jiménez**
Universidad Libre y ESAP
wjimen@yahoo.com.mx
Regional ordering, form of state, sectoral
policies, territorial logic, decentralization.
* El trabajo hace parte de un proyecto de investigación en curso sobre: “Globalización, regulación jurídica y territorios”,
del Grupo Estado, Derecho y Territorio, categoría C de Colciencias 2010.
** Profesor de la Universidad Libre y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-. PhD en Ciencias
Políticas, Abogado, Administrador Público, Especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Desarrollo
Regional.
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
77

Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
78
William Guillermo
Jiménez
Introducción
El tema del ordenamiento territorial ha sido
una problemática constante de la historia
colombiana. Desde los albores de la independencia,
la tensión centralismo-federalismo
conllevó al enfrentamiento interno por determinar
cuál sería la mejor forma de organizar
el poder político al interior del territorio del
naciente Estado. Así, la primera república
o “Patria boba” (1810-1816), como mal
se le conoce 1 , fue el temprano anuncio del
porvenir del país durante todo el siglo xIx:
las constantes guerras civiles por la disputa
centralismo-regionalismo hicieron que al final
de cada guerra, los triunfadores redactaran
una nueva constitución (o la mantuvieran),
cambiando así el mapa del país, según sus
perspectivas 2 .
1 Antonio Nariño fue quien acuñó el término
“Patria boba” en 1823 en el periódico los Toros
de Fucha, para expresar con cierta amargura la
ingenuidad, inmadurez y obstinación de los
primeros gobernantes de aquella época, que debilitó
a los patriotas frente a la reconquista española. Pero
los motivos de la confrontación no fueron tontos o
de poca monta, por el contrario, se trataba de decidir
la distribución del poder político entre el centro y
las periferias, es decir, de resolver el dilema entre
un centralismo unificador y un federalismo flexible;
problema que entre otras, cosas no se ha resuelto
satisfactoriamente hasta hoy. Para una crítica al
concepto “Patria boba” como expresión simplista
que ha escondido las complejidades del origen de
la república, véase: MEJíA PAVONY, G. “Patria
Boba”, 2010, en: www.semana.com/noticiasespeciales/patria-boba.
Consulta julio de 2010.
2 Se cuentan aproximadamente nueve guerras
civiles durante el siglo xIx: 1) La guerra civil
de la primera república desde comienzos de
1812 hasta finales de 1814, enfrentó al proyecto
centralista encarnado en Cundinamarca y liderado
por Antonio Nariño, contra el proyecto federalista
de las Provincias Unidas, encabezado por Camilo
Torres; 2) La “Guerra de los supremos” en 1840,
en la cual, las tropas gobiernistas dirigidas por
P. Alcántara Herrán y T. Cipriano de Mosquera
derrotan a las tropas de los caudillos regionales
encabezados por José María Obando; 3) La guerra
civil de 1851 entre conservadores encabezados
por Julio Arboleda contra las reformas liberales
y antiesclavistas representadas por José Hilario
López, que se imponen a la postre; 4) La guerra
civil de 1854 contra el dictador José María Melo,
ganan las fuerzas liberales y deponen al dictador;
5) La guerra civil de 1860 enfrentó a T. Cipriano
de Mosquera con apoyo de los liberales radicales,
En el siguiente pasaje escrito hacia 1840,
Florentino González deja ver claramente la
importancia que el ordenamiento territorial
representaba para la organización de la nueva
República:
La buena división del territorio es esencial
para facilitar la administración, y es el medio
de poner en contacto la autoridad con los
intereses que va a manejar. El jefe de la
administración no puede, a un tiempo y por
una acción simultánea suya, mover una gran
sociedad diseminada en un territorio extenso.
Es preciso que su autoridad tenga punto
de apoyo en diferentes partes, y auxiliares
que le ayuden a comunicar el movimiento.
Esto ha hecho necesarias las divisiones y
subdivisiones del territorio, y de la población
que lo habita… 3 .
Desde 1819 prevaleció la concepción unitaria
y centralista hasta mediados del siglo xIx,
cuando sobreviene la “explosión federalista” 4 ,
que dio paso al periodo de predominancia
federal entre 1853 y 1886 con la llegada de los
reformadores liberales 5 . Posteriormente, con
contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez,
esto dará lugar a la aparición de la Constitución
federal de 1863; 6) Guerra civil de 1876 con matiz
religioso, enfrenta a liberales y conservadores; pese
al triunfo de los liberales, estos quedan divididos
entre radicales e independientes; 7) Guerra civil
de 1885 entre el liberalismo radical contra el
movimiento conservador regeneracionista, se
impone la regeneración en cabeza de Rafael
Núñez y aparecerá la Constitución de 1886; 8)
Guerra civil de 1895 o “Guerra de los 60 días”, en
la cual el gobierno conservador de Antonio Caro
derrota a los liberales; 9) “La guerra de los mil
días” ocurrida entre 1899 y 1902, es considerada
la más larga y sangrienta, enfrentó a los generales
liberales Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe y
Justo Durán contra los gobiernos conservadores de
M.A. Sanclemente y J. M. Marroquín, con triunfos
y derrotas de ambos bandos; en 1902 pactan la
paz, pero la consecuencia inmediata es la secesión
de Panamá por la carencia de un ejército nacional
para su recuperación.
3 GONZÁLEZ, Florentino. Elementos de ciencia
administrativa. Comprende el bosquejo de un sistema de
Administración Pública para un Estado Republicano,
Bogotá, ESAP, 1994, p. 86.
4 BALLÉN, Rafael. “El bicentenario del 20 de julio
de 1810 en cuatro tiempos”, en: Diálogos de Saberes
No. 32, documentos número 1, Universidad Libre,
2010, p. 157.
5 BOCANEGRA, Henry y TORREJANO, Rodrigo.
“La independencia del Virreinato de la Nueva

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
la “Regeneración” y durante buena parte del
siglo xx, el asunto se mantuvo controlado
bajo un régimen político bastante cerrado y
centralista que supo convivir con la violencia
política de mediados de dicho siglo. El sistema
centralista se prolongó más allá de su ciclo
de vida natural gracias al advenimiento del
Frente Nacional. Una vez agotado el modelo
al final del siglo XX, el nivel territorial cobró
nuevo protagonismo y será en la constitución
de 1991 (la primera de muchas que no
fue impuesta por el bando ganador) donde se
propondrá una fórmula de solución al tema
del ordenamiento territorial no centralista,
pero tampoco federalista; sin embargo, ya
entrado en siglo xxI sigue pendiente una
solución satisfactoria a las tensiones entre
la racionalidad administrativa, las realidades
poblacionales y los determinantes geográficos,
todos ellos, factores claves para un adecuado
ordenamiento territorial. Al respecto,
Orlando Fals Borda, en un discurso ante el
Congreso en febrero de 2007, manifestó lo
siguiente:
Una meta ha sido la conformación de la
República Regional Unitaria de Colombia
que refleje mejor nuestras ricas diversidades
complementarias. La política de descentralización
debería estar enmarcada en la
organización de Regiones (se proponen
11) y Provincias (se cuentan alrededor
de 150) y no en la obsoleta estructura de
departamentos y municipios. Hay razones
de economía de escala sobre el particular.
También razones de geopolítica y gobernabilidad
(…) Para facilitar la gobernabilidad,
he sugerido reformar los artículos 306 y 307
de la Carta para eliminar su subordinación
a departamentos y flexibilizar sus límites.
Con respeto insistiría en esta medida que
se conecta con la aplicación del olvidado
Artículo 290 sobre revisiones periódicas de
límites internos 6 .
Por otra parte, el carácter centralista de la
descentralización territorial en Colombia (que
Granada: Algunas consideraciones entre lo
moderno y lo premoderno”, en: Diálogos de Saberes
No. 32, documentos número 1, Universidad Libre,
2010, p.142.
6 Intervención recogida en: BORJA, M. y NIETO,
A. M. El gobierno en los Andes Centrales: la metrópoli en
la sabana, Bogotá, ESAP, 2007, p.p. 18 y 19.
se inició a mediados de los años ochentas
del siglo xx), ha hecho que ésta se haya
implementado a través de mecanismos de
homogenización desde el nivel central: las
leyes y demás normas que regulan, son de carácter
general y pretenden aplicarse sin más, a
un universo variopinto, disímil y complejo de
realidades territoriales; éstos deben adaptarse
a los procesos descentralizadores y no a la
inversa. Debido a lo anterior, se observan dos
dinámicas sobre un mismo sector o servicio
que confluyen en un mismo espacio: una de
carácter sectorial a cargo de la Nación (por
ejemplo Sistema Nacional de Salud), y otra
de carácter territorial a cargo de la entidad
territorial (por ejemplo un plan municipal
de salud). Lo paradójico es que en vez de
complementarse se rechacen, o que una visión
termine determinando a la otra.
La tesis a sostener es que la forma de Estado
y el modelo de ordenamiento territorial adoptados
en Colombia son ambiguos y difusos,
y por tanto, se encuentran en construcción y
elaboración actualmente; mientras tanto, las
ambigüedades del modelo se trasladan a los
territorios y allí se manifiestan en las lógicas
sectoriales vs. las lógicas territoriales, las
cuales la mayoría de las veces se contraponen
entre sí.
El artículo aborda los contenidos en tres
apartados. En el primero se plantea la relación
entre forma de Estado y división del territorio,
en el segundo se define y caracteriza al
ordenamiento territorial y sus vínculos con la
descentralización y en el tercero se problematiza
sobre la racionalidad sectorial-central y la
racionalidad intersectorial territorial.
1. Forma de estado y división del
territorio
El ordenamiento territorial está íntimamente
ligado con la forma de Estado que se adopte
en la Constitución pues allí se establecerá
en gran medida, el modelo de distribución y
participación del poder político entre el centro
y los territorios. El concepto “forma de
Estado” es relativamente reciente pues nace
con el constitucionalismo del siglo xVIII.
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
80
William Guillermo
Jiménez
Aunque los conceptos y términos utilizados
en ciencias sociales y humanas no son unívocos,
se puede decir que la forma de Estado
(unitaria, federal, regional) relaciona los tres
elementos básicos del Estado moderno:
población, territorio y poder político: “Si nos
fijamos en cómo se reparte el poder entre los elementos
del Estado, tendríamos autocracias y democracias, y
Estados centralizados y descentralizados” 7 ; de esta
manera, en un sentido más estricto podemos
decir que la forma de Estado hace referencia
a la manera como se distribuye espacialmente
el poder público dentro del territorio: “Las
competencias, recursos y estructuras administrativas
de las divisiones subnacionales determinan la forma
de Estado de un país, el grado de independencia
de la periferia respecto del centro y los niveles de
relación y tutela” 8 . Mientras que otro concepto
cercano la forma de gobierno (presidencial,
parlamentario, de convención) hace referencia,
hoy en día, a la relación y distribución de
poder entre las diversas ramas y órganos del
poder público; así por ejemplo en el sistema
presidencial, rige el principio de separación
armónica entre poderes, en el parlamentario
el de equilibrio o “check and balances” y en el
de convención el principio de subordinación
del ejecutivo al legislativo 9 . La forma de
Estado se refiere entonces, a la distribución
del poder político dentro del territorio de un
7 REVENGA, Miguel. “Las Formas de Estado”, en:
García Ruíz, J.L, et. al. ¿Hacia dónde debe orientarse el
modelo territorial en Colombia?, Bogotá, Universidad
Libre, 2007, p. 33.
8 CORREA HENAO, Néstor R. “El reordenamiento
territorial en la nueva Constitución Política de
Colombia”, en: SARMIENTO ANZOLA, L., et.al.
Colombia, una democracia en construcción, Santa Fé de
Bogotá, Corporación Viva la Ciudadanía, 1992,
p. 169.
9 Se debe mencionar también que existe toda una
tradición de la filosofía política, donde por forma
de gobierno se ha entendido la manera como éste
se encuentra conformado según el número de
personas y las relaciones con el interés general,
todo con el fin de buscar el mejor tipo de gobierno:
gobierno de uno, de pocos y de muchos, con sus
respectivas formas desviadas o degenerativas
(monarquía-tiranía, aristocracia-oligarquía y
democracia-demagogia); también se concibe una
cuarta forma mixta o república. Sobre este tema
véase: BOBBIO, Norberto. La teoría de las formas de
gobierno en la historia del pensamiento político, Bogotá,
F.C.E., primera reimpresión, 1997.
Estado específico, y esto por supuesto, afecta
a la población que allí habita.
El Estado unitario tiene su origen en el jacobinismo
centralizador francés, que concibe un
solo centro de fuente de poder que resulta en
una organización política de carácter único
y con facultad de imponer sus decisiones
sobre todo el territorio del país; el objetivo
es establecer un orden de unidad que se sobreponga
a los particularismos y localismos
regionales. En este sentido se afirma que el
Estado unitario es una continuidad del Estado
Absolutista, centralizador por excelencia de
las particularidades feudales. Un rasgo característico
de este tipo de Estado es que hay una
sola Constitución política y sólo tres ramas del
poder (aunque en la actualidad se han complementado
con otros órganos del Estado)
de presencia nacional; adicionalmente, se
considera que el Estado unitario opera mejor
para países pequeños. Sin embargo, para
que el Estado unitario funcione se requieren
ciertas dosis de delegación, desconcentración
y aún de descentralización que hagan posible
la acción pública estatal; pero siempre será el
poder ejecutivo el que se descentralice ya sea
de manera funcional o territorialmente, por
ello se habla de descentralización administrativa
(nunca descentralización judicial o legislativa).
Así, la constitución puede reconocer ciertos
niveles de descentralización y autonomía en
ámbitos sectoriales o territoriales, pero bajo
el entendido que siempre habrá una jerarquía
política y normativa que proviene del centro
(la autonomía territorial no es sinónimo de
autarquía o soberanía, sino que tiene unos
límites dentro del carácter unitario de la forma
de Estado).
En Colombia, son ejemplos de modelos
de Estados unitarios, los consagrados en
la Constitución de 1811 (Constitución de
Cundinamarca) 10 , y las constituciones de
1821, 1830, 1832, 1843 y la centralista de
1886. Viene a cuento recordar la consigna
10 Esta Constitución parece ser, a todas luces, la
primera constitución escrita en la lengua de
Cervantes; es decir, la primera escrita en castellano
y por ello, anterior a la constitución que surge de
las Cortes de Cádiz en 1812 y anterior también a la
Constitución alemana de 1849, entre otras tantas.

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
de la Constitución colombiana de 1886 que
instauró el Estado unitario-centralista cuando
se proclamó precisamente el principio
de “Centralización política y descentralización
administrativa”. En la Constitución de 1991
quedan rezagos propios de esta concepción
unitario-centralista (arts. 115 inciso final y
209), en los cuales la descentralización se
concibe como una mera técnica de gestión
junto a la desconcentración y la delegación;
esto es, pensada más en términos del mejor
cumplimiento de la función administrativa
del Estado y no tanto, en relación con la
autonomía territorial, tal y como lo expresan
los artículos 1°, 286 y 287 de la Constitución
Política colombiana.
El Estado federal, por su parte nace en 1787
con la Constitución federal norteamericana y
se puede interpretar como la búsqueda de la
unidad a partir de la diferencia. A la anterior
forma centralizada y uniforme, se contrapone
esta forma descentralizada y multiforme. En
efecto, el objetivo es lograr una Unión que
potencie y beneficie a cada uno de los Estados
que se unen, pero que permita a la vez mantener
la autonomía y el poder originario anteriores
a la federación. El hecho histórico es la
existencia previa de esos Estados, los cuales
se fueron independizando de la colonia y que
deciden después, conformar una nueva organización
política 11 . Entre las características
más relevantes están: a) Una sola personalidad
jurídica internacional en cabeza de la federación;
b) Pluralismo constitucional, es decir, la
coexistencia de la Constitución de la Unión
y las demás Constituciones de cada Estado
federado; cada Estado conserva y organiza
a su modo las tres ramas clásicas del poder;
c) Reparto de competencias definido en el
texto de la constitución federal; usualmente
se ceden competencias a la Unión en asuntos
estratégicos (seguridad externa, relaciones
internacionales, comercio exterior…); d) Un
legislativo federal con dos cámaras, una para
la representación de la Unión y otra para la
representación de los Estados; e) Un Tribunal
Supremo con jurisdicción en toda la Unión,
11 Una vez se conforma la Federación o Unión, estos
Estados pasan a ser llamados “Estados federados”
como por ejemplo lo es el Estado de la Florida,
respecto a los Estados Unidos de América.
para dirimir conflictos entre los distintos niveles
y competencias 12 . Como se dijo, el Estado
federal es por esencia descentralizado, por
lo que al interior del mismo es más correcto
hablar de “devolución de competencias” (regresarlas
desde la Federación al Estado federado
originario), antes que de descentralización
propiamente dicha 13 .
Una vez lograda la independencia en
1810, las provincias de la Nueva Granada
(Cundinamarca, Tunja, Cauca, Neiva, etc.) se
fueron conformando como Estados propios
y adoptaron sus respectivas constituciones 14 ,
la mayoría de ellas dentro del esquema
federal; posteriormente, la Constitución
centro-federal de 1853 y la radical de 1863,
representaron el ideario federalista.
Una forma más atenuada de federación es
la Confederación de Estados, y consiste en
acuerdos entre Estados para actuar conjuntamente
en ciertas áreas y servicios específicos,
pero sin afectar de ninguna manera la soberanía
o autonomía de los Estados miembros.
Otras características son: a) los Estados aparecen
unidos como una sola personalidad en el
12 REVENGA, M., op.cit.
13 Para profundizar sobre estos temas véase:
HERNÁNDEZ, Pedro. Descentralización,
desconcentración y delegación en Colombia, Bogotá,
Legis, 1999.
14 En el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810,
La Junta Suprema de Santafé consagró la federación,
como forma de organización del territorio. Se debe
tener presente que las insurrecciones de 1810 no
empezaron en Santafé, pues las primeras juntas
autonomistas (reconocían a Fernando VII, pero
depusieron a las autoridades locales), ocurrieron el
10 de agosto de 1809 en Quito y luego el 19 de
abril de 1810 en Caracas; en la Nueva Granada hay
antecedentes en Cali el 3 de julio, en Pamplona el
4 de Julio y el Socorro el 10 de julio, y luego de
Bogotá siguieron Tunja y Mariquita el 25 y 26 de
julio respectivamente, y entre agosto y septiembre las
demás ciudades conformaron sus Juntas de gobierno
provinciales ente ellas Neiva, Mompox, Santa
Marta, Popayán, Cartagena, Quibdó, Medellín,
Ibagué e Ipiales. No todas se declararon autónomas y
con gobierno propio pues en el caso de Santa Marta,
Popayán y Pasto, continuaron aceptando al Consejo
de Regencia y al rey Fernando VII. La primera
provincia que declara la independencia absoluta de
España (ya sin reconocer al rey) fue Cartagena el 11
de noviembre de 1811.
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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William Guillermo
Jiménez
orden internacional, pero respecto de aquellas
materias objeto del pacto de confederación; b)
consecuentemente, cada Estado conserva su
personalidad jurídica internacional respecto
de las materias que no fueron pactadas. Hoy
en día esta forma está en desuso, entre otras
razones por las nuevas formas de integración
económica y política de la globalización: tratados
de libre comercio, uniones aduaneras,
mercados comunes, uniones monetarias,
entre otros.
En Colombia, el 27 de noviembre de 1811
algunas provincias (Antioquia, Cartagena,
Tunja, Neiva y Pamplona) conforman en
Tunja la Confederación de Provincias Unidas
de la Nueva Granada, curiosamente mediante
un acta de federación, por lo que este tipo de
organización corresponde más a una forma
federal que a una confederada 15 . Con el
triunfo del federalismo sobre el centralismo
a finales de 1814, se ampliará a 22 provincias
y el Congreso de las Provincias Unidas se
reunirá desde 1811 hasta la reconquista en
1816 16 . En 1858 las provincias que se habían
convertido en Estados soberanos crean la
Confederación Granadina, en la cual el gobernador
de cada provincia era de elección
popular directa.
Finalmente, el Estado regional es una modalidad
intermedia entre el Estado unitario y el
federal que se ha establecido fruto de ciertas
experiencias en el siglo xx. Se considera a
la Constitución española de 1931, el antecedente
inmediato de esta forma de Estado,
cuando aparece la categoría de Región como
15 En el Acta de Federación de las Provincias Unidas
de Nueva Granada se reconocía la autonomía
y soberanía de las provincias como iguales e
independientes, autónomas en el manejo de su
administración y en el cobro de ciertas rentas;
cedían al Congreso las funciones militares para
la defensa común, la imposición de rentas para
la guerra y las relaciones internacionales. Luego
del Acta se redactaron las constituciones de cada
provincia, pero no existió un texto o constitución
de la Unión, por lo que debe entenderse que tal
texto corresponde al Acta de noviembre de 1811.
Constaba de 88 artículos, y se constituye en una de
las primeras constituciones escritas en castellano.
16 BORJA, Miguel. Estado, Sociedad y Ordenamiento
Territorial, Bogotá, IEPRI-CEREC, 2000.
forma autónoma de organización políticoadministrativa
dentro del Estado Unitario, y
conformada a partir de provincias con características
históricas, culturales y económicas
comunes. Después la Constitución española
de 1978 recoge estas ideas y las desarrolla en
el llamado “modelo autonómico”, en el cual la
región o comunidad autónoma aparece como
un sujeto político con importantes grados de
autonomía (política, normativa, financiera,
competencial) sobre su territorio, pero en
todo caso, compatible con la concepción
unitaria de soberanía y poder constituyente
del Estado español. También se considera que
Italia adopta la forma de Estado regional a
partir en su Constitución (aprobada el 22 de
diciembre de 1947, entra a regir el 1° de enero
de 1948). Algunos de sus rasgos son: a) Cierta
indeterminación política y jurídica sobre el
alcance del autogobierno de las regiones: “Sus
fundamentos teóricos están cercanos a los del Estado
unitario, pero su práctica política puede llevar la descentralización
hasta niveles perfectamente equiparables
a los del Estado federal” 17 ; esta circunstancia
conlleva al problema sectorial/territorial que
se presenta más adelante, y a unas relaciones
intergubernamentales potencialmente
conflictivas; b) Las regiones se rigen por
estatutos derivados de la Constitución, pero
sometidos a ella; c) La personalidad jurídica
internacional corresponde al Estado central,
no a la región; d) La existencia de diversidad
regional (histórica, cultural, económica),
dentro del territorio; e) El reconocimiento
de la autonomía regional y la presencia de
una considerable descentralización territorial
desde el centro a las regiones, que puede
implicar incluso que éstas asuman la función
legislativa del Estado 18 .
En Colombia, este modelo inspiró en
gran medida la Constitución de 1991 que
estableció la fórmula de una República
unitaria descentralizada con autonomía de
sus entidades territoriales (especialmente los
17 REVENGA, M., op. cit. p. 40.
18 La función jurisdiccional sería la única de las tres
grandes funciones públicas que permanecería
centralizada o unificada en cabeza del Estado; este
sería el límite formal entre la forma federal y la
regional.

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
artículos 1°, 286, 287 y 288); la idea de crear
regiones, de superar los departamentos y
revivir las antiguas provincias son elementos
innegables del Estado regional. Esto implica
un proceso de ordenamiento territorial,
que puede alterar sustancialmente el mapa
político-administrativo del país. El hecho es
que desde 1991 al presente, nos hemos movido
poco en esa dirección: “Las propuestas
de Estado Regional Unitario surgen de la región
sur como una manifestación de la resistencia social,
moral y política al desueto y fracasado esquema
departamentalista, al tiempo que expresan la desobediencia
civil ante una institucionalidad incapaz
de diseñar políticas públicas acordes al momento
histórico y que pretenden mantener el actual estado
de privilegios” 19 .
Tal vez una de las razones del escaso avance
y de los sucesivos fracasos para adoptar la ley
orgánica de ordenamiento territorial (LOOT),
sea el hecho, como lo afirma el tratadista
Vidal Perdomo, que el Estado regional en
Colombia no esté planteado como complementario
sino como alternativa de la fórmula
de descentralización administrativa propia del
Estado unitario: “En esta perspectiva, la región se
convertiría en Colombia en un tercer modelo, intermedio
entre el Estado federal y el Estado unitario,
como se presenta en Italia y España; pero puede ser
difícil eliminar los departamentos, por su arraigo
sociológico y político, caso en el cual la fórmula regional
quedaría como complementaria de la descentralización
administrativa” 20 . Hasta aquí queda claro el
hecho que el ordenamiento territorial ha sido
una preocupación para nuestro país, desde
ya hace doscientos años.
2. El ordenamiento territorial
Las divisiones territoriales han existido
desde antiguo y han quedado condensadas
en mapas y otros documentos que dan fe de
19 LURDUY, José. “Regionalización y Constitución de
1991”, en: BECKER, A., et.al. (comps.), Ordenamiento
Territorial. Reivindicación de la descentralización para el
desarrollo, Bogotá, GTZ-FESCOL, 2003 pp. 109-
110.
20 VIDAL PERDOMO, J. “Región y Constitución”,
en: Pensamiento Jurídico No. 14, Universidad Nacional
de Colombia, 2001, p. 120.
esta circunstancia. “Ordenar” el territorio
implica concretar un modelo de intervención
para delimitar, organizar y dividir el territorio,
ya sea con fines propios de la racionalidad
administrativa, política, económica, militar,
religiosa, judicial, ambiental, humana, etc.
Para la organización y gestión del Estado, el
ordenamiento territorial es un proceso planificador
por excelencia, por ello se ubica dentro
de la racionalidad político-administrativa
y casi siempre ha sido establecido de arriba
hacia abajo.
Por otro lado existen procesos de regionalización
ligados a la historia, la cultura, el clima
y la topografía de las comunidades o pueblos
que habitan determinando territorio; es la
formación social de región de abajo hacia
arriba, que muchas veces no coincide con el
ordenamiento territorial establecido para el
funcionamiento del Estado. La idea es que
uno y otro converjan.
2.1 Noción de ordenamiento
territorial
Existen diversas definiciones de ordenamiento
territorial, vamos a señalar algunas de ellas.
Para Mendoza, el O.T: “Es la distribución espacial
de la nación sobre el territorio, de las configuraciones
geográficas, las comunidades humanas, las unidades
político-administrativas y los usos del suelo, urbanos
y rurales. Comprende regulación técnica, políticas y
jurídica de los elementos que ocupan el territorio” 21 .
Por su parte Planeación Nacional destaca
que: “El ordenamiento territorial es un instrumento
fundamental para el desarrollo. Tiene que ver por una
parte, con la organización político administrativa que
adopte el Estado para gobernar las diversas territorialidades
surgidas de la evolución económica, social,
política y cultural del país y, por otra, con los cambios
en la ocupación física del territorio, como resultado
de la acción humana y de la misma naturaleza” 22 .
21 MENDOZA, Alberto. Ordenamiento territorial:
Oportunidad para organizar a Colombia como un Estado
regional, 2003, p. 2, en: http://www.sogeocol.com.
co/documentos/3otc.pdf. Consulta julio de 2010.
22 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE PLANEACIóN-
DNP, “Ordenamiento Territorial”, 2010,
en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/
Programas/DesarrolloTerritorial/
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
84
William Guillermo
Jiménez
Finalmente el Instituto Agustín Codazzi
señala que: “El O.T es una política de estado y
un Instrumento de planificación, que permite una
apropiada organización político- administrativa de
la Nación, y la proyección espacial de las políticas de
desarrollo social, económico, ambiental y cultural de la
sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para
la población y la conservación del ambiente” 23 . De
lo anterior, podemos sintetizar las siguientes
ideas clave sobre el O.T:
• El ordenamiento territorial es un instrumento
para organizar, territorios, población
y recursos para su mejor gobierno y
administración.
• Es una herramienta de planificación que
integra la racionalidad económica, la política
y la administrativa.
• Su fin último es el desarrollo humano
sostenible dentro de un Estado social
de derecho, como también el desarrollo
equilibrado de las regiones.
• Es política pública, pues significa un
referente importante para la toma de
decisiones y la ejecución de programas de
intervención pública.
• Se relaciona directamente con los procesos
de descentralización territorial y autonomía,
como veremos más adelante.
• Refleja la tensión entre planificación del
territorio y la regionalización (formación
histórico-social de regiones).
2.2 Criterios para el ordenamiento
territorial
Existen varios criterios para realizar los
diseños de ordenamiento territorial. Como
ya ha dicho, el criterio de la racionalidad
político administrativa (gobierno) es uno de
los más importantes; sin embargo, como ya lo
adelantaba el mismo Florentino González, no
se deben descuidar otros criterios o aspectos.
En la actualidad, se considera que tanto la
población (cultura), como el territorio mismo
OrdenamientoyDesarrolloTerritorial/
OrdenamientoTerritorial.aspx. Consulta Julio de
2010.
23 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI, 2007, p. 1, en: www.igac.gov.
co:8080/igac_web/contenidos/plantilla. Consulta
noviembre de 2007.
(geográfico), son criterios necesarios para
realizar un adecuado ordenamiento territorial.
Veamos.
a) Razones Geográficas. El territorio como
aporte de la naturaleza y hecho exterior al
hombre y a pesar del hombre, es el escenario
donde se desarrolla la vida. Las configuraciones
geográficas al reunir ciertos
elementos físicos que le dan unidad (una
selva, un mar, una llanura, una montaña,
etc.), crean regiones naturales. Siguiendo
este criterio, en Colombia existen seis
espacios continentales delimitados por
ecosistemas propios y grupos humanos específicos
(Amazonía, Orinoquía, el espacio
Marabino, el espacio Andino, el Caribe y el
Pacífico). A su vez, se sostiene que estos 6
espacios están compuestos por 32 regiones
que conforman el mosaico geográfico del
país, su ordenamiento natural; sin embargo:
“Colombia tiene 32 departamentos que
no coinciden con las regiones. Cada Espacio
Continental contiene varios departamentos y,
por su variedad, demanda manejo individualizado
según sus características geográficas,
tratamiento específico, ambiental, económico,
administrativo y físico y planificación integral
propia” 24 .
b) Criterios poblacionales. Colombia es un
país multiétnico y pluricultural, compuesta
por diversidad de asentamientos humanos
sobre el territorio, determinando así los espacios
geoculturales que determinan el ordenamiento
étnico cultural de Colombia.
Estos espacios no tienen límites tajantes y
se identifican por los valores, costumbres,
tradiciones, modo de hablar y ciertos rasgos
fenotípicos; muchos de estos espacios
geoculturales no coinciden con los límites
actuales de los departamentos, como es el
caso del grupo “paisa” que está distribuido
entre 5 departamentos.
c) Razones de Estado. Se refieren a los motivos
político-administrativos que hacen
necesaria una división del territorio, con
el propósito de cumplir mejor los fines del
Estado. El gobierno del territorio y la población,
implican procesos de conducción
24 MENDOZA, A., Op.cit., p. 4.

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
política, de construcción de normatividad y
de prestación de servicios. Departamentos,
provincias, cantones, distritos, municipios,
aldeas, parroquias y prefecturas han sido
las divisiones político administrativas
clásicas del Estado. Como se adelantó en
la parte sobre formas de Estado, el modelo
de ordenamiento implica la distribución de
poder político entre los territorios, ceder o
reconocer autonomía y realizar la descentralización
que se necesite. “El Estado Regional
Unitario vendrá en Colombia si reconocemos
la existencia de las regiones geográficas del
país y organizamos su manejo mediante la
asociación de los departamentos que las ocupan.
Esa regionalización partirá de aceptar a
“Colombia como país de regiones”, de reconocer
el potencial humano, político y económico de
cada región y dar paso a la autonomía de
gestión, la descentralización administrativa y
la distribución de funciones” 25 .
2.3 Ordenamiento territorial y
descentralización.
Desde la colonia misma hasta la actualidad
se han propuesto diversos modelos de regionalización
y de ordenamiento territorial
en el territorio de la actual República de
Colombia; se pueden contar más de 20 iniciativas
importantes en los casi 200 años de
historia republicana. Esto demuestra por lo
menos dos cosas: 1) La importancia del tema
para la realidad nacional dado su recurrencia,
y b) la dificultad para establecer un modelo
adecuado que satisfaga los diversos criterios,
intereses y expectativas. Además, se evidencia
un solapamiento o yuxtaposición de diversos
modelos de ordenamiento que coinciden
sobre un mismo territorio de manera puntual,
pero cuyos límites no son coincidentes entre
ellas : modelos político administrativos (provincias,
departamentos, municipios…), con
modelos judiciales (jurisdicciones y distritos
judiciales), de planificación (Corpes), económicos
(polos de desarrollo, regionalización
nodal, zonas económicas especiales de exportación,
zonas de integración fronteriza…),
electoral (circunscripciones, zonas, puestos),
ambientales (Car´s), militares (brigadas), y
25 Ibídem, p. 7.
hasta eclesiásticos (diócesis, parroquias),
entre otros. Esto obviamente causa un cierto
desorden, descoordinación y fragmentación
de la acción sobre los territorios.
La Constitución de 1991 establece un modelo
de ordenamiento territorial a desarrollar, con
las características señaladas más arriba y que
descansa en 6 tipos de entidades territoriales,
4 originarias y 2 derivadas (artículos 286, 306,
307, 321):
Entidades territoriales en Colombia
Entidades territoriales Entidades territoriales
directas
indirectas
Departamentos Regiones
Municipios Provincias
Distritos
Territorios Indígenas
Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, también se establece que
fuera de la división general del territorio,
es decir, las entidades territoriales, habrá
otras que determine ley para cumplir
funciones y servicios a cargo del Estado,
como por ejemplo, las CAR´S, las áreas
metropolitanas y las asociaciones de
municipios (artículos 285 y 288). Esto
quiere decir que se continuará con el
solapamiento defectuoso, a no ser que se
establezcan las medidas de coordinación
y corresponsabilidad pertinentes.
Ahora bien, se pueden establecer varios
aspectos sobre los cuales gravita el ordenamiento
territorial en el país y son los
siguientes:
1. Lo relativo a la distribución de competencias
y recursos entre la Nación y las
entidades territoriales, Leyes 715/01 y
1176 de 2007.
2. El tema del Ordenamiento espacial. Al
respecto, se expidió la ley 338/97 sobre
Planes de Ordenamiento Territorial que
deben adoptar los municipios y distritos,
para orientar y administrar el desarrollo
físico del territorio y la utilización del suelo.
3. La división político-administrativa del
territorio. Es el tema más polémico y
espinoso pues implica una reconfiguración
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
85

Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
86
William Guillermo
Jiménez
de la estructura territorial del Estado, pero
teniendo en cuenta aspectos geográficos,
ambientales, culturales, poblacionales, políticos
y administrativos como ya se indicó.
La diversidad de criterios, los intereses
políticos afincados en los departamentos
(circunscripciones electorales, entre otros)
y la falta de diálogo y concertación, han
hecho que hasta el momento no se haya
aprobado la ley orgánica de ordenamiento
territorial, pese a que se han presentado
cerca de 20 proyectos desde 1991.
De los anteriores, es el punto 1 el que está
más relacionado con la descentralización, si se
entiende por esta como el proceso de traspaso
de competencias, funciones y recursos de un
sector o nivel central, a otro sector o nivel
que posee autonomía propia para asumir
esas facultades. Hay diversos subtipos de
descentralización administrativa.
1) Descentralización funcional o por servicios,
que opera para entregar funciones especializadas
a entidades con personería jurídica,
pero sin ninguna base territorial; la idea
es mejorar el desempeño y administración
de servicios que desde el centro resultaría
poco eficaz y eficiente, y se forman así los
llamados “sector central” y “sector descentralizado”
(ejemplo: los establecimientos
públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de
economía mixta, las sociedades públicas,
entre otras);
2) Descentralización por colaboración, se presenta
cuando un particular u organismo
no público asume funciones públicas
(ejemplo: las cámaras de comercio respecto
del registro mercantil, las notarías respecto
de la Fe pública; las curadurías urbanas al
aprobar licencias de construcción);
3) Descentralización territorial, cuando el ente
que recibe ejerce las competencias dentro
de un territorio y frente a la población
que lo habita. Al interior de la descentralización
territorial pueden operar a su vez,
los otros dos subtipos de descentralización
administrativa. Piénsese en el caso de un
municipio grande que tenga su sector
descentralizado (descentralización fun-
cional) y que además, descentralice en las
curadurías urbanas determinados servicios
(descentralización por colaboración).
La descentralización territorial se realiza entre
la Nación por un lado y las entidades territoriales,
por el otro. La Constitución Política
consagra en su artículo 287 que las entidades
territoriales gozan de autonomía para gestionar
sus intereses, dentro de los límites de la
Constitución y las leyes. La autonomía territorial
se concreta en los siguientes derechos:
1) Gobernarse por autoridades propias (autonomía
política);
2) Ejercer las competencias que les correspondan
(competencial);
3) Administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios (financiera);
4) Participar en las rentas nacionales. Aunque
faltó en la redacción la alusión a la autonomía
normativa (propio de la raíz etimológica),
que en la práctica se da cuando un
municipio expide acuerdos de naturaleza
obligante dentro del territorio, vemos
aquí la necesidad de la descentralización
territorial pues ¿qué sería de la autonomía si
no ocurre el traspaso efectivo de esas facultades?,
sencillamente, sería un enunciado
de papel.
La descentralización territorial se ha venido
desarrollando desde 1991 aunque no de manera
coherente y sostenible. Las leyes 715/01
y 1176/07 establecen las competencias y las
funciones que deben asumir departamentos
y municipios, con los recursos de transferencia.
La idea es que la descentralización esté
acorde con el ordenamiento territorial: si se
busca un Estado regional intermedio entre la
fórmula unitaria y federal, se debe asegurar la
autonomía de las entidades territoriales, y esto
se garantiza a su vez con una efectiva entrega
de competencias y funciones. En los últimos
años se está asistiendo a una recentralización
pues se siente con fuerza el papel del Estado
centralista, y a la par, se ha recortado la participación
de las entidades territoriales en los
recursos presupuestales del nivel nacional 26 .
26 Véase por ejemplo la controversia generada por la
aprobación de los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
3. Lo sectorial y lo territorial
Como se adelantó, el centralismo y el regionalismo
en Colombia son concepciones
y prácticas profundamente arraigadas en
nuestra historia política y administrativa.
Investigaciones recientes muestran cómo la
existencia de un ethos o cultura centralistapaternalista
por un lado, y de una cultura
regionalista con escasa visión de unidad nacional,
son una de las razones que explican las
dificultades para el desarrollo y la autonomía
local en nuestro país 27 .
La opción centralista se justificó en un inicio
para mantener la unidad del país y controlar
liderazgos regionales potencialmente separatistas;
posteriormente, sirvió al proyecto
de ordenar una tributación nacional, regular
procesos económicos, mercados y relaciones
de trabajo correspondientes con una fase de
desarrollo de sustitución de importaciones y
un Estado intervencionista. Sólo era capaz
el Estado central, las regiones y localidades
cumplían un papel marginal. Por su parte, la
opción federalista denunció la imposición
autoritaria del centralismo y reivindicó la
diversidad regional del país a partir de los
pueblos recién emancipados: “La legitimidad, la
gobernabilidad y la estabilidad de las naciones debía
resultar del reconocimiento de fuertes autonomías
territoriales garantizadas por Estados federales” 28 ;
sin embargo, existen algunas posiciones que
desconfían de las verdaderas intenciones del
movimiento federal en el sentido que, con el
pretexto de reivindicar la autonomía regional,
lo que en realidad se estaba defendiendo
era un proyecto continuador del feudalismo
de 2007, que sujetan el monto de las transferencias
a la inflación y no a un porcentaje del presupuesto
nacional como originalmente se concibió. El efecto
final es la disminución neta de los recursos a las
entidades territoriales, pero a la vez genera menos
fluctuación en el monto transferido año a año.
27 JIMÉNEZ, William Guillermo. Derecho y desarrollo.
Regulación Jurídica y desarrollo local, Bogotá, Universidad
Católica de Colombia, 2009.
28 RESTREPO, Darío. “Las fracturas del Estado en
América Latina”, en: RESTREPO, D. (Editor)
Historias de Descentralización. Transformación del régimen
político y cambio en el modelo de desarrollo, América Latina,
Europa y EUA, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, 2006, p. 26.
colonial, representado en los intereses locales
y caciquiles de oligarquías regionales que
se habían hecho fuertes en las provincias 29 .
Una tercera vía, la opción de Estado regional
quedó establecida en el acuerdo de 1991
como resultado de: 1) La emergencia de las
regiones y la revalorización de lo local; y 2)
El agotamiento de un Estado centralizado
con un régimen político cerrado y excluyente,
que se mostraba incapacitado para superar
las agudas crisis institucional, administrativofiscal,
de violencia y en general de legitimidad
del todo el sistema político.
Entonces, por un lado, la racionalidad del
Estado unitario centralista es reacia a perder
poder y control sobre las unidades subnacionales,
esto se refuerza con una tradición política
centralista como se indicó y la existencia
de intereses de grupos que orbitan alrededor
del Estado nacional central; las políticas
públicas sobre el territorio son de carácter
eminentemente sectorial, siguiendo la lógica
de la división de tareas y funciones por ramos
de actividad especializada (salud, educación,
medio ambiente, transporte, industria, obras
públicas, etc). La racionalidad de las políticas
se basa en los requerimientos técnicos, la
uniformidad y la universalidad.
Por otro lado, el ideario del Estado regional
descentralizado, refuerza las pretensiones
autonómicas regionales características de
la realidad colombiana desde sus inicios.
En el modelo de ordenamiento territorial
actual, las entidades territoriales se ocupan
de las competencias y funciones que se les
ha asignado mediante políticas públicas de
carácter integral, diferencial y particular sobre
el territorio. Lo paradójico es que estos
intereses, estas dinámicas y formas de intervención
sobre el territorio se contrapongan,
se anulen o se dupliquen al entrar en contacto
con las políticas de nivel nacional, causando
crisis al interior del modelo y la pérdida de
importantes recursos que podrían estar mejor
coordinados y causar mayor impacto para el
desarrollo.
29 Véase entre otros, BALLÉN, 2010, op.cit. y
MATíAS CAMARGO, 2010, op.cit.
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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William Guillermo
Jiménez
3.1 La racionalidad políticoburocrática
nacional frente a lo
territorial
Luego del fracaso de la primera república
y la reconquista española surgió entre los
patriotas una mentalidad pro centralista y
anti federal, la cual no tuvo cuestionamientos
hasta mediados del siglo xIx: “El voluntarismo,
el utopismo, el federalismo y el localismo, derrotados en
la reconquista española, abrían paso a un pensamiento
político, concordante con la realidad. La necesidad
de la centralización política y militar de las contiendas
y su coordinación continental cambió la dirección del
proceso, pasando de manos de los filósofos a los jefes
políticos y militares, dispuestos a dar y dirigir las
batallas, hasta el triunfo definitivo de la Guerra de
Liberación. Así lo advirtió Bolívar en su Carta de
Jamaica y de igual manera San Martín, en su correspondencia
de 1816” 30 . La necesidad de contar
con un Estado cohesionador y modernizador
que evite el “descuadernamiento” del país, es
la idea central que ha justificado y alimentado
ese ethos centralista a lo largo de la historia de
nuestra república.
La mentalidad centralista, está relacionada
con el paternalismo que significa la creencia
en la superioridad del centro y la minusvalía
de lo local. Para ilustrar tal mentalidad nada
mejor que una cita de un autor crítico sobre
el particular: “Y esta lo que nos dice es que en los
niveles centrales del Estado se concentra el altruismo,
la mayor capacidad técnica la eficiencia fiscal y administrativa
y la moral pública. El centro racionaliza
y representa el proyecto de modernidad y civilización.
En cambio, los gobiernos locales son sinónimos de
corrupción, clientelismo, incapacidad técnica, despilfarro
ineficiencia y el reino de pequeños intereses
mezquinos, intrascendentes y de poco alcance. Lo local
es lo atrasado y premoderno que requiere la vigilancia
tutelar de la Presidencia, sus ministerios y órganos
administrativos para que “hagan bien la tarea” 31 .
30 MATíAS CAMARGO, Sergio. “El pensamiento
independentista de la emancipación
latinoamericana”, en: Diálogos de Saberes No. 32,
Documentos No. 1, Universidad Libre, 2010, p. 99.
31 RESTREPO, Darío. “Paradojas de la
descentralización”, en: RESTREPO, D. (Editor),
20 años de la descentralización en Colombia: Presente y
futuro, Bogotá, RINDE, 2007, p. 369.
Por lo anterior, no sorprende el peso que
han adquirido ciertos organismos del nivel
nacional sobre las entidades territoriales,
como por ejemplo, el DNP, el Ministerio de
Hacienda, el del Interior y hasta la misma
Presidencia de la República. Estas prácticas
se han venido desarrollando desde el mismo
inicio del proceso descentralista y se les debe
conceder algo de razón para su intervención
y control sobre la descentralización, pues muchos
de los municipios carecen de capacidad
administrativa, tecnología y personal calificado;
además la dinámica global hace que los
avances lleguen primero a los grandes centros
urbanos y ciudades capitales. Sin embargo, lo
que debería ser una política de fortalecimiento
municipal y departamental, cede el paso a una
política de mayor control, celo y desconfianza
sobre la gestión regional. Un dato adicional:
luego de iniciada la descentralización, el
tamaño del nivel nacional (en términos del
PIB) no ha disminuido sino por el contrario
ha aumentado su participación; esto señala el
poder de resistencia que tiene el centralismo
en nuestro país.
En este contexto, los organismos de nivel
nacional como Ministerios y Departamentos
Administrativos diseñan políticas en la lógica
del anterior Estado unitario-centralizado;
es decir, mediante políticas sectoriales que
irradian por todo el territorio nacional,
con poca consideración a la coordinación e
integración de las propias dinámicas locales.
Así, las entidades territoriales han terminado
siendo una “recipiente” o contenedor de
políticas sectoriales extraterritoriales, que
deben ejecutar pues la “cascada normativa”
del nivel nacional, a través de leyes y decretos
se los exige.
El sistema de Planeación Nacional encargado
de articular los planes de desarrollo territoriales
y el Nacional, podría ser una alternativa
para encadenar las diversas dinámicas, pero
funciona poco, entre otras razones porque los
planes de desarrollo no son un mero ejercicio
técnico-administrativo de acoplamiento sino
que son el resultado de las diferentes lógicas
políticas (ideológicas) que se concretan en los
diversos niveles de gobierno, muchas veces
contradictorias por naturaleza.

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
Para completar el panorama, la propia
Constitución ha reservado al presidente de
la República la conducción de dos grandes
políticas públicas: la de orden público y la
política económica; de esta manera, el papel
de los gobernadores y alcaldes será la de
ser meros agentes del gobierno nacional en
estas materias (artículos 303 y 315, 2). Hoy
la intervención centralista, es justificada por
sus defensores en tres frentes: la moralidad
(hay corrupción local); la seguridad nacional
(el conflicto armado sólo es abordable desde
el nivel central) y la fiscal (se debe mantener
el equilibrio macroeconómico, cuidando el
desborde regional).
Por lo anterior, se señala “el carácter centralista
de la descentralización”, como una paradoja
del proceso descentralista en Colombia.
3.2 La postura regional frente al
centralismo
El regionalismo en el país de la “paloma”
(atendiendo el origen etimológico de
Colombia) tiene una explicación histórica.
Desde antes del descubrimiento y conquista,
el territorio estaba poblado por diversas
comunidades y grupos étnicos con importantes
diferencias sociales, lingüísticas y de
organización política. Baste citar las guerras
por el control territorial entre los reinos
del Zipa de Bacatá y el Zaque de Hunza.
Durante la conquista y la colonia, el imperio
español no logró en los territorios del nuevo
mundo, imponer un dominio efectivo sobre
el territorio y la población que hiciera posible
la conformación de un Estado moderno centralizado,
con poder político despersonalizado
y abstracto propio del proceso civilizatorio
de occidente 32 . Como se señala en un estudio
reciente: “Así, uno de los grandes problemas
políticos que aquejaban a la monarquía española
era el paralelismo, responsable del corto circuito en
la red de autoridad, tan severo que empezaron a
catalogarlo como un asalto de derecho al poder real
32 GONZÁLEZ, Fernán. “La violencia política y
las dificultades de la construcción de lo público
en Colombia: una mirada de larga duración”, en:
AROCHA, J. y Otros, Las violencias, Inclusión creciente,
Bogotá, CES, Un.- Nacional, 1998.
que dejaba por el piso la imagen de un auténtico
Estado centralizado” 33 .
La disponibilidad de tierras y la necesidad de
la ocupación hizo prolongar el “hidalguismo”
medieval en el nuevo mundo ibérico 34 ;
posteriormente, la dinámica de extracción de
oro y bienes para la metrópoli no requirió
la presencia de un ejército ni de un aparato
estatal complejo, por ello, los poderes locales
y de los señores encomenderos se hicieron
muy fuertes: “la ley se acata, pero no se
cumple”, fue el proverbio utilizado por las
autoridades coloniales frente a una nueva
disposición de Madrid. El resultado fue el
surgimiento de un fuerte regionalismo que
se expresará en un ordenamiento territorial
basado en las provincias desde la independencia
misma: “El país ha estado desde entonces
dominado por las regiones como centros de la vida
social cultural y política, las cuales se recreaban en
sí mismas a través de centros urbanos, haciendas,
resguardos indígenas, y palenques, entre otras
formas de poblamiento; y eran reafirmadas como
tales por la escasez de vías de comunicación y por las
características de la geografía andina, que dificultaban
la instauración de un mercado interregional o
el desarrollo de una vida nacional” 35 . El Estado
raquítico que existió durante el siglo xIx y
gran parte del xx, mantuvo amplios territorios
al margen del control estatal, siendo
esta una de las razones de la pervivencia
del conflicto armado pues la guerrilla ha
controlado parte del territorio, y además
ha surgido toda una parainstitucionalidad
(paramilitares, parapolítica, paraestado) que
desafían la propia acción estatal.
En general, el regionalismo se caracteriza por
la desconfianza y permanente reclamo ante el
centro, y por la reivindicación de la autonomía
fruto de la diversidad y lo autóctono, pero
tiene además un componente de acomodo
estratégico producto del paternalismo y que
consiste en solicitar más apoyo y protección
33 BOCANEGRA y TORREJANO, 2010, Op. cit.,
p. 141.
34 JARAMILLO Rubén. Moralidad y modernidad en
Colombia, Bogotá, ESAP, Cátedra de Colombia,
1998.
35 BORJA, M., op. cit. p. 27.
Informes de Investigación
Grupo: Grupo: Estado, Derecho y Territorio
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Informes de Investigación
Grupo: Estado, Derecho y Territorio
90
William Guillermo
Jiménez
del mismo: “Por otra parte, desde las localidades se
continua con la costumbre de quejarse por el abandono
y el maltrato del centro, a la vez que se le pide mayor
consideración, socorro y protección” 36 .
Frente al ordenamiento territorial y la descentralización,
el regionalismo logró establecer la
idea de las entidades descentralizadas autónomas
y el traspaso de competencias, recursos
y funciones. Para cumplir sus objetivos, el
municipio y el departamento, deben diseñar
y ejecutar políticas públicas en los diferentes
aspectos (agua potable, salud, educación
básica, medio ambiente, obras públicas, etc.),
las cuales se aplican dentro de un territorio
específico. La coordinación de las políticas al
interior de cada nivel es un imperativo, pero
en todo caso siguen una lógica territorial;
es decir están diseñadas en función de las
prioridades políticas, económicas y culturales
establecidas para el desarrollo de la respectiva
región.
En este punto es donde la racionalidad de
las políticas sectoriales-verticales (pensadas
y formuladas desde el nivel central), no se
corresponden con la racionalidad de las políticas
territoriales-horizontales (concebidas en
las propias entidades territoriales).
Conclusiones
La forma de Estado, el ordenamiento territorial
y la descentralización se encuentran
relacionados. Al adoptarse una nueva o
diferente forma de Estado, se hace necesario
un proceso de ordenamiento territorial para
distribuir el poder político entre la nación,
los territorios y la población. Así mismo, la
descentralización territorial le da contenido a
la idea de la autonomía territorial, pues establece
el traslado de competencias, servicios y
recursos a cargo de las entidades territoriales.
El centralismo y el regionalismo han sido dos
opciones antagónicas a lo largo de la historia
colombiana y esto se debe a la heterogeneidad
de la sociedad, a la geografía del país y los
proyectos políticos de las élites gobernantes.
Dicha tensión se ha resuelto la mayoría de las
veces recurriendo a la violencia, a la guerra
36 RESTREPO, 2007, op.cit. p. 370.
y se ha concretado en los diversos textos
constitucionales durante la mayor parte de la
vida republicana de nuestro país. Las primeras
formas de Estado se concibieron federales,
pero muy pronto la polémica ente centralismo
y regionalismo se hicieron evidentes. Por
todo ello, no es de extrañar que en Colombia
se hayan implantado en algún momento de
su historia prácticamente todas las formas
posibles de organización territorial de un
Estado: Federal, unitario, confederación y
Estado regional.
Para el caso del Estado regional que se consagró
en la Constitución de 1991, el ordenamiento
territorial implica la construcción de
un nuevo mapa político que permita la construcción
de unidades político-administrativas
a partir de criterios geoculturales; esto es,
integrando los criterios poblacionales y geográficos
a los tradicionales criterios políticos
y de administración; de esta manera, las regiones
surgirán integrando a los departamentos
y fortaleciendo a las provincias. También,
el ordenamiento territorial requiere descentralización
territorial y fortalecimiento de la
autonomía regional y local, así como formas
de organización y planificación del territorio
al interior de las mismas entidades territoriales
(descentralización intraterritorial). Al respecto,
el actual gobierno nacional ha presentado
al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre
ordenamiento territorial (es el 19° intento
de LOOT que se presenta desde 1991);
proyecto tímido y cauteloso con respecto a
las necesidades del ordenamiento territorial
colombiano pues se dirige fundamentalmente
a promover esquemas asociativos territoriales
a partir de las entidades territoriales ya consolidadas
(es decir, no se toca el mapa político),
todo con el objeto de racionalizar la gestión
de las entidades territoriales dentro del enfoque
de “buen gobierno”. En este contexto se
entiende la propuesta de creación del Fondo
de Compensación Territorial, que manejará
entre otros recursos, los provenientes de las
regalías.
Otro a aspecto a considerar en la discusión,
es la pertinencia de integrar la dimensión
internacional y los procesos de integración y
globalización dentro del ordenamiento terri-

Ordenamiento
territorial:
problema
bicentenario
torial, especialmente el tema de las regiones
y entidades fronterizas. Actualmente se habla
acerca de la “desterritorialización” de las relaciones
sociales y a la vez de la “relocalización”
de actividades comerciales e industriales,
como efectos directos de la globalización.
Sobre el particular, el proyecto de LOOT,
si bien menciona las regiones fronterizas y
la posibilidad que las entidades territoriales
realicen convenios con sus homólogas (algo
que ya se había establecido en la Constitución
y la ley), poco o nada aporta en avances y
novedades sobre la problemática.
En conclusión, no se ha logrado un acuerdo
para construir el nuevo mapa político de la
República y el proceso descentralizador ha
tenido muchos altibajos; por tanto, coexisten
aún las lógicas del unitarismo-centralismo
y las lógicas regionalistas-federalistas que
no logran encontrarse, lo que demuestra
en últimas la inestabilidad del modelo, o al
menos, la dificultad de su implementación.
Sería oportuno aprovechar las efemérides
del bicentenario para realizar un balance al
respecto, proponer y buscar soluciones sobre
la problemática. Por lo pronto, las políticas
sectoriales nacionales, se encontrarán con las
políticas territoriales de carácter más integral.
La tarea de armonización, coordinación,
gestión y lideraje de los diferentes tipos de
acción sobre el territorio (nacionales, locales,
internacionales, públicas, privadas, etc.), se
convierten en un elemento crítico para la gobernabilidad
y gobernanza de los territorios.
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Seguridad Revista Diálogos global
y lucha de Saberes contra el
ISSN terrorismo 0124-0021
Julio-Diciembre
de 2010
Págs. 93-108
Seguridad global y lucha contra el terrorismo
Resumen
El texto tiene como objetivo analizar la
relación que se establece en el campo de la
seguridad desde la perspectiva global impuesta
por los Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo.
En particular se ubican los elementos
discursivos que se presentan con posterioridad
al 11 de septiembre. Se plantea como tesis la
idea de que bajo este modelo de seguridad y
lucha contra el terrorismo se promueve por
parte de los Estados Unidos una nueva forma
de ilegalidad al implementar acciones que en
muchas ocasiones transgreden el marco del
derecho público internacional.
Palabras Clave
Terrorismo, Guerra Fría, ilegalidad y derecho.
Abstract
The article analyzes the relation between
security and fight against the terrorism from
the global perspective imposed by the United
States. Particularly the text located the discursive
elements that are present in politics
after September 11. The hypothesis argues
that under this model of security and fight
against the terrorism imposed by the United
States a new form of illegality is implement
all over the world, and in many occasions
breaks the legality.
Key Words
Terrorism, Cold War, Illegality and Law.
Introducción
Jorge Enrique Carvajal Martínez
Universidad Libre
jecarvajalm@yahoo.com
Generalmente, el terrorismo se entiende
como la amenaza o el uso de la fuerza dirigida
contra la población para causar temor, sin
embargo, este concepto no puede entenderse
fuera de contexto, su uso e intencionalidad
es manipulada indistintamente por quien
sustenta el poder, así, los estados utilizan el
término terrorista para calificar acciones de
los otros quienes no son sus aliados o establecer
enemigos con el fin de canalizar la acción
política (Chomsky: 2003; 8). El terrorismo,
tiene un efecto especial sobre la población
y es el miedo que genera la posibilidad de se
desaten acciones terroristas las cuales pueden
desembocar violencia y muerte. De tal manera
que algunos autores plantean que más allá
del terrorismo lo que se está generando por
parte del poder es un miedo político, la cual se
entiende como una herramienta para gobernar
ocultando de esta manera los conflictos
sociales y políticos existentes en una sociedad.
(Robin: 2009; 40).
El fenómeno del terrorismo no es un tema
nuevo, este se puede remontar a finales del
siglo xVIII, en los orígenes del estado moderno.
En esa situación histórica los gobiernos
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010.
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 29 de 2010.
∗ El artículo es resultado de investigación y se desarrolló en el marco de la línea de investigación Derecho,
Seguridad y Globalización del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios ILAE y la Universidad Católica.
Para el presente artículo estuvo como asistente de investigación el politólogo Andrés Felipe Ortega Gómez,
miembro del grupo de investigación Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia.
∗∗ Docente Universitario, investigador del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ILAE-, Doctor en
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Master en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales IEPRI-UN, Abogado de la Universidad Nacional y Licenciado en Ciencias Sociales.
Docente de Universitario.
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Carvajal Martínez
utilizaron actos violentos contra la sociedad
para garantizar el control social de la sociedad,
de forma tal que las primeras acciones
terroristas provinieron de los estados mismos.
(Chomsky: 2003; 7).
En la segunda mitad del siglo xx, el término
terrorismo se ubicó en el contexto de la
guerra fría, enfrentamiento que se da entre
dos súper potencias, los Estados Unidos y la
desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). En esta circunstancia política,
la dicotomía sobre la cual fundamentó
los Estados Unidos su lucha fue la idea de
“totalitarismo” versus “libertad e igualdad”,
bajo este principio Norte América, señalaba
como enemigo y terrorista a quienes
cuestionaran este imaginario de libertad. Sin
embargo, la guerra fría implicó un escenario
más complejo, fue un enfrentamiento entre
dos modelos ideológicos, políticos, económicos
y sociales.
Con el fin de la Guerra Fría, la última década
del siglo xx se caracterizó por la pretendida
universalización del discurso de la democracia
liberal, la igualdad y del Estado constitucional
de derecho, liderado por los Estados Unidos.
Sin embargo, se construyó un nuevo enemigo
sobre el cual se da una nueva dicotomía
“libertad” frente al “terrorismo islámico”,
Esta situación ha sido hábilmente manipulada
por políticos se aprovechan de este estado
de incertidumbre para promover políticas de
prevención y/o represión que van en contravía
de los derecho humanos, de las libertades
de los pueblos y de las personas.
Muchas medidas han sido lideradas por los
Estados Unidos, debilitando el sistema multilateral
desarrollado después del asegunda
guerra mundial. En particular el término
de “guerra preventiva” y “pax americana”
se han constituido como medio para atacar
militarmente a cualquier país a partir de unos
criterios imprecisos relacionados con la peligrosidad
de un país o grupo, la democracia
o la libertad. El concepto de peligrosidad
y terrorismo ha sido asumido a su vez por
otros países de occidente, situación que pone
en tensión otros principios y valores que se
habían construido al terminar la segunda
guerra mundial liderados por la Organización
de Naciones Unidas.
Se afirma por Norte América que el terrorismo
es el nuevo actor que debe ser combatido
y para ello, se asume como herramienta una
política militar más represiva y de guerra
preventiva. Esto ha motivado, de una parte,
que el discurso internacional reciente promueva
la utilización de cualquier medio para
combatir al enemigo y, de otra, que la idea
de seguridad comience a prevalecer sobre el
sentido de libertad, enfrentando directrices de
organizaciones de derecho internacional. El
debate de fondo es la continuidad del modelo
garantista y el respecto por los acurdes multilaterales
o la implementación permanente
del modelo de seguridad, liderado por los
Estado Unidos.
Nos centraremos en los temas de la seguridad
y el terrorismo relacionados con las dinámicas
internacionales, guerra preventiva y Naciones
Unidas. Elementos constitutivos del actual
discurso que permea el accionar político.
Se analizan las nuevas dinámicas políticas y
discursivas de Norte América, esta vez ligadas
a la globalización, la mirada unipolar, la seguridad
y la lucha contra el terrorismo.
La tesis que se plantea es que los Estados
Unidos so pretexto de mantener la seguridad
y combatir a los enemigos, viene creando
prácticas que limitan el ejercicio del derecho,
en particular los derechos humanos y el
derecho internacional público, esto lleva a
promoción de escenarios de ilegalidad. Para
desarrollar esta afirmación se analiza el impacto
del acontecimiento del 11 de septiembre
de 2001 ocurrido en los Estados Unidos
y la respuesta que este país dio representada
en el Acta Patriota.
1. La Guerra Fría y el surgimiento
del hiperpoder
La guerra fría se desarrolló durante cuarenta
y cinco años entre la explosión de las bombas
atómicas de Hiroshima y Nagasaki (1945)
y el fin de la Unión Soviética (1991). Son
muchas las explicaciones que sobre este periodo
se han presentado, la guerra fría debe
ser entendida como un proceso histórico

Seguridad global
y lucha contra el
terrorismo
complejo y diverso de explicar que implicó
el enfrentamiento de dos superpotencias
los Estados Unidos EE.UU. y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Esta
confrontación terminó por involucrara al
mundo entero.
Los EE.UU y la URSS pretendieron imponer
a escala global su modelo económico,
político y social en ese enfrentamiento la
carrera armamentista y la amenaza nuclear
fue un ingrediente de disuasión entre las dos
superpotencias. Inicialmente entre (1947-
1962), la guerra fría se caracterizó por el
enfrentamiento de dos superpotencias con el
objetivo de mantener el estado de equilibrio
que surgió con el fin de la segunda guerra
en Europa, no implicaba un deseo de ataque
o destrucción del otro, sino el reconocimiento
de las esferas de control de las dos
superpotencias. Sin embargo, la dinámica de
los procesos históricos dio como resultado
un enfrentamiento complejo y diverso que
involucró fronteras más allá del continente
Europeo. La bomba atómica y la carrera
armamentista se convirtieron en el punto más
relevante de este periodo. La primera etapa
de la guerra fría significó más que un riesgo
real de guerra, la creación de un enemigo que
para los Estados Unidos “el comunismo”.
El comunismo , se convertiría en la amenaza
que estaría en contra de los valores supremos
de occidente la libertad y la igualdad. Esta
situación resultada útil en el manejo de su
política interna y para consolidarse como la
mayor potencia económica, política y militar
en el mundo, en este sentido los Estados
Unidos tenían el mayor interés de promover
e impulsar la Guerra Fría.
Sin embargo, la guerra fría no fue únicamente
una propuesta militarista, los Estados Unidos
sabia que para consolidar su hegemonía
política, económica y militar necesitaría de
aliados fuertes de esta manera la reconstrucción
de la economía europea se convirtió
en una meta esencial para EE.UU. que se
logró con la creación de las instituciones de
Bretton Woods y posteriormente creación
de la Comunidad Europea. De forma tal que
Europa occidental sería un aliado de Norte
América y se materializaría con la creación
de la organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN).
La segunda etapa de la guerra fría (1962-
1975), se presentó una paridad nuclear y
aparece China como protagonista en la esfera
internacional. El hecho más importante fue el
rompimiento de las relaciones de China con
la URSS, hecho que aprovecho los EE.UU.
para evitar que el proyecto comunista se consolidara
a escala global. Sin embargo, en este
periodo la guerra fría, a pesar de no tener una
confrontación directa entre Estados Unidos
y la Unión Soviética, tuvo distintos ejes de
disputa de la bipolaridad expresados estos
en la competencia geopolítica, armamentista,
científica y tecnológica, económica y de
propaganda, que no estuvieron ligados a una
territorialidad específica, sino que estuvieron
presentes en los cinco continentes, lo que a su
vez significaba una expansión de los modelos
occidentales el modelo capitalista y el modelo
socialista.
La Unión Soviética se desenvolvió en
dicho contexto de manera contundente,
pues el avance del comunismo le permitió
crear un sistema mundial socialista integrado
por catorce países, a lo que se le
suman varios regímenes con tendencia al
socialismo: Polonia, República Democrática
Alemana, Checoslovaquia, Rumania, Hungría,
Yugoslavia y Albania en Europa; Mongolia,
Vietnam del Norte, Corea del Norte y la
República Popular China en Asia; Cuba en
América (PAREDES: 1999).
Un tercera etapa de desarrollo entre 1975 y
1980 y se desplegó en los países del continente
africano y asiático, que convierten la guerra
fría en una guerra de baja y mediana intensidad
y donde las superpotencias intervienen
de manera activa con armas y desplazamiento
de ejércitos. Este periodo implicó el ocaso de
los imperios coloniales de Europa en Asia y
África, en ese terreno se desarrollaría una fase
de intervención de las potencias por tener
mayor control político y geoestratégico. Los
Estados que lograron su proceso de independencia
se fueron alineando hacia uno u otra
propuesta, la capitalista o la socialista. Los
setenta implicaron el traslado de la rivalidad
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hacia el tercer mundo representado por una
larga lista de revoluciones, en este periodo la
intervención Norte Americana presentó notables
tropiezos representados: Corea, Vietnam
y Cuba ocasionaron el descrédito político al
interior de los Estados Unidos, lo anterior
fortaleció una opinión pública que cuestionaba
las prácticas de sus gobernantes en la
política exterior y en la carrera armamentista,
para los años ochenta esto cambiaría.
La última etapa de la guerra fría, transcurrió
entre 1981 y 1991, para los ochenta la URSS
no representaba un rival real principalmente
porque su economía se encontraba en desventaja
frente a los avances tecnológicos del
mundo capitalista, pese a ello los Estados
Unidos continuaron su política de guerra fría
esta vez con Ronald Reagan quien aumentó
la producción de armas de alta tecnología,
desarrolló la industria bélica y volvió a su
favor la opinión pública con la invasión a
pequeños países que por su debilidad no
opusieron mayor resistencia. En este periodo,
la política del presidente de los E.E.U.U.
Ronald Reagan estaba dirigido no a Moscú,
sino al interior mismo de los Estados Unidos
el objetivo mantener una opinión pública
a favor de las políticas de estado. Por esta
razón fue en el periodo de Ronald Reagan
donde el término “terrorismo internacional”
fue colocado como el centro de atención en
Norte América, incrementando el temor de la
sociedad frente a este fenómeno. (Chomsky:
2003; 12).
Las cumbres de Reykjavik (1986) y Washington
(1987) representaron el ocaso de la guerra fría
que puso terminación a una carrera armamentista
atómica de las dos superpotencias, esto
coincidió con la crisis del modelo económico
soviético y el fortalecimiento del modelo económico
capitalista. El fin de la guerra fría fue
la conclusión de un conflicto internacional
que involucró de diferente manera y grado
a Europa, América, Asia y África, fue un
modelo de confrontación global, dinámico y
que presentó diferentes características en su
desarrollo, en la guerra fría se confrontaron
dos proyectos políticos, económicos y sociales
totalmente diferentes el capitalista liderado
por EE.UU. y el socialista desde la URSS.
De las características de la guerra fría nos
interesa resaltar el manejo que los Estados
Unidos dio a este enfrentamiento, en particular
porque este país quien ganó esta confrontación.
La base sobre la cual Norte América
planteó su confrontación con la URSS fue
la de “totalitarismo” vs “libertad igualdad”.
Sin embargo, en la decadencia de la Unión
Soviética se ubicó como terroristas a estados
débiles como el Salvador y Nicaragua, en
América Latina y el Líbano en Oriente Medio.
Sobre estos escenarios se efectuaron por parte
de Estados Unidos ataques desmesurados
que fueron censurados por la comunidad
internacional.
El fin de la guerra fría, implicó el triunfo del
modelo occidental, como paradigma universal,
el cual se proyectó a todas las esferas del
mundo ya fuera en términos económicos,
militares o políticos, y terminó por imponer
este modelo a países ajenos al proyecto
occidental. La política de Reagan ya había
dejado una enseñanza la utilidad política de
la lucha contra el terrorismo, como elemento
de cohesión social y agenda del poder.
2. De la confrontación bipolar
a la mirada unipolar
En el marco actual de la posguerra fría, la
lucha dejó de configurarse bajo el enfrentamiento
de dos modelos occidentales (comunista
y Capitalista), situación que para algunos
analistas políticos no era otra cosa que la
pretensión de universalizar por los EEUU. o
por la URSS un pensamiento de occidente,
sin tener en cuenta otras opciones.
La caída de la Unión Soviética abrió las posibilidades
de nuevos conflictos que a la luz del
bipolarismo habían pasado desapercibidos: los
movimientos nacionalistas de todo el mundo
cuestionaron el modelo político y económico
de occidente, que con la globalización alcanzó
matices nunca antes observados. Fueron los
movimientos radicales y fundamentalistas
(en su mayor caso apegados a cuestiones
religiosas y nacionales) los que han cambiado
la lógica de la política actual, en términos
de Fernando Vallespín, “el fin de la guerra

Seguridad global
y lucha contra el
terrorismo
fría, lejos de significar el triunfo de los dos
modelos políticos en conflicto, lo que hace
en realidad es el problema
del modelo” (Vallespín: 2000;7).
En este contexto de pos-guerra fría la
política exterior norteamericana continuo
impulsan sus tres importantes principios: la
libertad, la democracia y la seguridad nacional.
Configurando lo que se conoce como
“el destino manifiesto”, entendido como el
destino que tiene EEUU de guiar el rumbo
de la humanidad, “basado en la creencia de
que la modernización, la occidentalización y
la americanización son beneficios absolutos
e íntegramente relacionados, factores necesarios
para el establecimiento de un orden justo
en la sociedad” (PFAFF, 2002: 58).
En orden a lo anterior, EEUU se dispuso
intervenir en la configuración del mundo,
generando un choque con el Islam pues su
“pretensión universalista lo lleva a tratar de
imponer sus valores al resto del planeta, a
mantener su superioridad económica y militar
y a intervenir en los conflictos del mundo musulmán,
generando enorme resentimiento”
(Heine: 2001; 45). Bajo esta dinámica buscó
amigos y aliados que desestabilizaron aún
más la región, motivando nuevas fidelidades
y fundamentalismos que en la actualidad lo
que intentan es distanciar la presencia de
Occidente en su civilización.
El fuerte enfrentamiento de los valores se
enmarca en el proceso de determinar si los
valores de Occidente como civilización pueden
llegar a ser universales o por el contrario
sólo hacen parte de una entidad geopolítica
determinada, en un proceso que a la luz del
análisis de Vallespín resulta factible bajo la
lógica de la globalización: “Se predica lo
global algo que realmente es regional , como
el modelo de capitalismo neoliberal; pero lo
mismo podría decirse de la democracia o los
derechos humanos, supuestamente universales
o universalizables, pero derivados de la
filosofía europea de la Ilustración”(Vallespín:
2000;49). Esta pretensión de occidente no
hace sino negar otras opciones de interpretación
del mundo como el caso del “orientalismo”
o del “sur” que viene saliendo a la
luz a través de corrientes de interpretación
descolonizadoras y que proponen conocer
y compartir experiencias, antes que dividir
(Said: 2008, Santos: 2007).
Luego de la desaparición de la Unión del
Republicas Socialista Soviéticas U.R.S.S., los
Estados Unidos E.E.U.U. se han constituido
como un híper poder en materia militar,
política, tecnológico, jurídico y económico.
Desde esta situación ha pretendido imponer
a todo el planeta, su agenda moral y política,
situación que promueve a partir de una estructura
compleja de promoción de ideología
a través de los medios de comunicación, la
cooptación de cerebros –brain brain-, los tink
tanks, su cooperación internacional o a través
de la fuerza. (Wacquant: 2005;8), (Bourdieu:
2005; 13).
Desde la última década del siglo xx, se asiste
a una reconfiguración del poder en lo político,
social, económico y cultural, liderado por los
Estado Unidos que se convirtió en el único
actor con el suficiente de poder de imponer
a nivel global esta nueva reconfiguración, la
cual tuvo como eje un nuevo modelo económico
neoliberal, basado en el predominio
del sistema financiero y la liberalización de
los mercados.
A partir del nuevo modelo global, se configuraron
las relaciones políticas, sociales y
culturales propias de la llamada “era de la
globalización”. En lo político la reducción del
papel del Estado junto con la implementación
de la democracia liberal, se asumieron como el
único tipo de régimen valido para los Estado
Unidos. La democracia liberal y los ajustes
estructurales del Estado para la adecuación
al modelo neoliberal, fueron los temas de
discusión central en América latina y Europa
del Este, regiones que para ese momento se
encontraban en un proceso de transición de
regímenes autoritarios y totalitarios hacia la
democracia formal. La implementación del
modelo democrático, así como las reformas
del Estado fueron acogidas en América Latina
y en otras regiones del mundo sin que se
hiciera sin ningún tipo de crítica.
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La ausencia de crítica en particular en la
última década del siglo xx, abrió el camino
a la implementación del modelo global, sin
cuestionamientos sobre los efectos sociales,
económicos y políticos. Adicionalmente,
la tecnocracia que acompaño este proceso
excluyó del debate público los temas relacionados
con la economía. El resultado final de
los procesos de transición fue la implementación
de una ideología neoconservadora que
desembocó en lógicas de “seguridad”. Desde
los primeros años de la década de 1990, se
fueron construyendo diversas agendas de
seguridad, la seguridad humana, la seguridad
frente a oriente, la seguridad ciudadana y la
seguridad individual. Esta ideología de la
seguridad unipolar, finalmente incidió en el
comportamiento de la vida humana.
La ideología de la “Seguridad”, como representación
del capitalismo neoliberal, socavará
los valores políticos e ideológicos sobre los
cuales se había fundamentado la agenda de
pos guerra fría, en el ámbito mundial. En
particular en lo relacionado con la idea de
los derechos humanos, la democracia como
referente ético, político y social. La ideología
de la seguridad, fue construyendo una agenda
orientada a cuestionar la idea de los derechos
humanos y la democracia como límite del
poder global, en particular la garantía de
los derechos. Este pensamiento va a tener
un amplio apoyo social ya que va a estará
acompañado de la idea de lucha contra el
terrorismo global.
En este aspecto compartimos la tesis que
plantea Oscar Mejía, quien afirma, que
existe una relación estrecha entre modelo
económico neoliberal y la democracia
formal, democracia que solo permite su
función entorno a los intereses del capital.
“Tenemos entonces que el proyecto político
del neoliberalismo configura la democracia
como una democracia capitalista, expropiada
de sus dimensiones utópicas y normativas
en nombre del mercado y de la eficiencia.”
(Mejía y Jiménez: 2006; 14). A lo político se
le va a despojar del poder de determinar el
rumbo de la economía y se presentará una
subordinación de la política a las directrices
económicas, “el problema de la gobernabi-
lidad, la eficiencia y la estabilidad política
se superponen a las lógicas participativas,
incluyentes de las auténticas democracias
participativas.” (Mejía y Jiménez: 2006; 24).
La política de seguridad global la cual es concomitante
con el modelo económico neoliberal
señala la presencia de una excepcionalidad
al interior de los estados, que ha generado
en un sistema totalitario, “un totalitarismo
sin Estado totalitario” (Bauman:2002; 273),
una excepcionalidad permanente tesis de
Agamben. “El totalitarismo moderno puede
ser definido, en este sentido, como la instauración,
a través del estado de excepción, de una
guerra civil legal, que permite la eliminación
física no sólo de los adversarios políticos
sino de categorías enteras de ciudadanos que
por cualquier razón resultan no integrables
en el sistema político. Desde entonces, la
creación voluntaria de un estado de emergencia
permanente (aunque no declarado en
sentido técnico) devino una de las prácticas
esenciales de los Estado contemporáneos,
aún de aquellos así llamados democráticos”.
(Agamben: 2004; 25). Opinión compartida
por diversos analistas. (Calveiro: 2007; 45)
(Rodriguez: 2007; 87-88).
El neoliberalismo ha postrado al hombre y
lo ha oprimido de diversas formas, al interior
de las sociedades el modelo ha implementado
práctica de represión y explotación incrementando
la desigualdad social y el encarcelamiento.
Quizá el hecho más representativo frente
a lo social ha sido el problema del desempleo.
En lo social se ha presentado un incremento
de los niveles de desempleo y precarización
del mismo, “una gran proporción de los
empleos que se han creado son precarios
o atípicos (a tiempo parcial, temporales,
autónomos, interinos, subcontratados); son
proclives a ser menos seguros, peor pagados
y a garantizar menos prestaciones sociales que
los trabajos a tiempo completo. Desde principios
de la década de 1980, las reducciones
salariales instaron a muchos norteamericanos
a buscar segundos y terceros empleos, hasta
que en 1999 el 5.9% de la población activa
(8 millones de personas) tenían dos o más
trabajos…” (Fantasia: 2005; 17), el trabajo
ya no es un medio de integración social.

Seguridad global
y lucha contra el
terrorismo
Los índices de precariedad social son tan
elevados y generalizados que a esta situación
se la califica como un nuevo fascismo social.
(Santos: 2003: 125, ss)
Con el incremento del malestar social,
muchas veces las medidas adoptadas para
combatir el terrorismo, también son aplicadas
para restringir las libertades públicas, para
enfrentar a la oposición política o social y,
en algunos casos, para promover situaciones
de discriminación, particularmente contra
los inmigrantes, en un contexto donde el
incremento de la xenofobia se ampara en la
defensa de la identidad cultural. En Estados
Unidos la estigmatización de la población
negra y en Europa la xenofobia contra los
inmigrantes han contribuido a señalar a estos
grupos como los causantes de la inseguridad
social, y como consecuencia, sobre ellos ha
recaído el sistema punitivo; lo que se pone de
manifiesto con el incremento considerable
de estos sectores de la sociedad en el sistema
carcelario. (Wacquant: 2000; 183-193).
Este proceso de estigmatización de los grupos
sociales de negros, inmigrantes y opositores
se agudizó con los atentados a las Torres
Gemelas en septiembre del 2001. Después del
11 de septiembre –señala Andreu-Guzmán–
en numerosos países, las condiciones de
algunos grupos humanos se debilitaron y con
frecuencia, se han enfrentado con diversas
dificultades o se han visto afectados por
medidas tomadas en la lucha antiterrorista.
Los defensores de derechos humanos, los
inmigrantes, los solicitantes de asilo, y los
refugiados, los miembros de minorías religiosas
y étnicas, los militantes políticos y
los periodistas, pertenecen a estas categorías
de grupos (Andreu-Guzmán: 2003; 17). La
emergencia del “terrorismo” (con lo difuso de
su definición) como la nueva amenaza global
ha abierto la puerta a una nueva lógica de
seguridad que ha puesto el énfasis en medidas
de índole represiva. Como lo expresa Vivanco
“los actos de terrorismo del 11 de septiembre
han dejado a una abrumadora mayoría de
norteamericanos clamando mano dura contra
los autores de estos salvajes crímenes; léase
carta blanca para el uso de la fuerza militar”.
(Vivanco: 2003; 93)
La seguridad global oculta la desigualdad
social y promueve el pensamiento único e
individualista, ya que el modelo económico
llevó como consecuencia una exclusión social
de carácter estructural, que se refleja en una
inseguridad tanto económica como ontológica,
y que es acompañada por el incremento
del individualismo, el consumo masivo y
el hedonismo. “...es un mundo donde las
fuerzas del mercado que transformaron las
fuerzas de producción y consumo, han desafiado
implacablemente nuestras nociones de
seguridad material y valores no cuestionados.
Tanto unos como otros han sido remplazados
por un mundo de riesgo e incertidumbre de
opciones individuales y pluralismo; de una
precariedad profundamente arraigada, tanto
económica como ontológicamente” (Young:
2003; 9).
El concepto de seguridad se manifiesta como
el modelo ideológico que acompaña al modelo
neoliberal que se impuso desde mediados
de la década de 1980. La seguridad se caracteriza
por el alto grado de excepcionalidad
frente a diversos temas a los cuales busca
dar respuesta. Migración y los centros de detención,
política criminal y la tolerancia cero,
los tratamientos para resolver los conflictos
internos y la lucha contra el terrorismo.
En este sentido cabe resaltar si es preciso un
modelo unipolar en las relaciones internacionales
en la actualidad, o en el cuestionamiento
de la hegemonía de Estados Unidos, sin lugar
a dudas, el carácter simbólico de la caída del
muro de Berlín, la perestroika y el glasnost,
que significaron en la conciencia colectiva del
mundo la derrota del comunismo y significó
la concepción de que sólo el capitalismo
democrático (GRAY: 2004;111) era el sistema
a seguir, pero al mismo tiempo significaba
que ahora Estados Unidos era el regente
del sistema internacional, sin embargo en el
curso de la última década se evidenció que
todo el modelo estadounidense no era totalmente
factible en el mundo, aquello que John
Gray delimitó en la Pax americana (GRAY:
2004;123) y que presupone además que en
el escenario de la política mundial se exige la
existencia de un contrapeso (a semejanza del
bloque soviético) al poder estadounidense,
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los hechos del 11 de septiembre marcaron
no solamente el inicio de una nueva fase en
la política y las relaciones internacionales
sino también un nuevo marco de análisis de
las mismas.
3. La construcción del terrorismo
como enemigo global desde la
mirada unipolar
Si bien es cierto que, el concepto y uso
del terrorismo, se utilizó por parte de los
Estados Unidos en el periodo de la guerra
fría, como un instrumento político para
combatir Estados del tercer mundo aliados
del comunismo. Para el siglo xxI se ubicaron
nuevos enemigos que desde la lógica
seguridad-terrorismo.
El acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre
de 2001, intensificó el modelo de la
seguridad desde la lucha contra el terrorismo,
a partir de este momento, se promovió la
idea de que lo fundamental en la sociedad es
la “seguridad” por encima de los valores de
la misma democracia y de los derechos, esto
se constituye como la principal paradoja del
sistema. La tesis que queremos sostener es
que este modelo de seguridad, construyó una
nueva forma de ilegalidad, los Estados Unidos
como única potencia global implementó esta
nueva forma ilegal en el escenario de la guerra
contra Irak, esto amparado en dos discursos la
legítima defensa y la guerra preventiva, frente
a la lucha contra el terrorismo.
Con los eventos del 11 de septiembre de
2001, la “seguridad”, estará en el discurso
global como parte constitutiva del discurso
de lo político y del poder, en particular los
Estado Unidos promoverán la seguridad
como punto prioritario de su agenda global y
de lucha contra el terrorismo. Siguiendo con
la propuesta de análisis de Giorgo Agamben,
esta política se instituirá en un “estado de
excepción” global, cuyas prácticas políticas
desarrolladas por los EEUU, se expresaran
a continuación y cuya tesis que se plantea es
la construcción de un escenario de ilegalidad
frente al enemigo y la restricción de derechos
a partir de la excepcionalidad al interior del
hiperpoder, presentes en el acta patriótica. Lo
cual fortalece la tesis de estado de excepción
y la idea de totalitarismo contemporáneo. El
totalitarismo moderno puede ser definido, en
este sentido, como la instauración, a través del
estado de excepción, de una guerra civil legal,
que permite la eliminación física no sólo de
los adversarios políticos sino de categorías enteras
de ciudadanos que por cualquier razón
resultan no integrables en el sistema político.
Desde entonces, la creación voluntaria de un
estado de emergencia permanente (aunque
no declarado en sentido técnico) devino
una de las prácticas esenciales de los Estado
contemporáneos, aún de aquellos así llamados
democráticos” (Agamben: 2003; 25).
El 11 de septiembre de 2001, no hizo más
que acelerar las tendencias de excepción y de
nuevo totalitarismo aplicadas por los Estados
Unidos (Wacquant: 2005; 231-233), prácticas
que han sido imitadas por el resto del mundo.
La política de seguridad que tendrá como
característica el de acercarse a la ilegalidad,
esto en otras palabras es un nuevo totalitarismo
global. La ilegalidad se manifiesta en
la forma como se implementan acciones en
los escenarios globales, la mayoría de esta
acciones estarán en contra de la legalidad.
Los Estados Unidos mostrará su expresión
de ilegalidad en tres escenarios: La guerra
contra IRAQ, las torturas en la cárcel de
Guantánamo y Abu Grahib y finalmente, la
implementación de restricciones de algunos
derechos en su mismo territorio. Todo esto
fue posible gracias a las medidas de excepción
que permitió la llamada "Acta Patriotica".
4. Los escenarios de ilegalidad y
excepcionalidad de los Estados
Unidos en la lucha contra el
terrorismo
Como se sabe, desde los fatídicos actos del 11
de septiembre de 2001, el mundo ha sufrido
cambios de diversa índole, entre lo que nosotros
destacamos los de índole geopolítica.
Con los atentados a las torres gemelas, una
nueva manera de entender las relaciones
internacionales y las relaciones de poder
se ha venido abriendo camino tanto en la
teoría como en la práctica. La emergencia del

Seguridad global
y lucha contra el
terrorismo
“terrorismo” (con lo difuso de su definición)
como la nueva amenaza global ha abierto la
puerta a una nueva lógica de seguridad que
ha puesto el énfasis en medidas de índole
represiva. Como lo expresa Vivanco “los
actos de terrorismo del 11 de septiembre
han dejado a una abrumadora mayoría de
norteamericanos clamando mano dura contra
los autores de estos salvajes crímenes; léase
carta blanca para el uso de la fuerza militar”
(Vivanco: 2003; 93.)
Las temáticas de la seguridad y la garantía
de los derechos humanos se han visto, en
algunos casos, como aspectos contrapuestos.
En particular, en los últimos años en donde el
modelo de seguridad que se ha impuesto ha
favorecido la aparición de medidas de corte
coercitivo y represivo que manifiestan una
paradoja: a la vez que vulneran los derechos
fundamentales por vía de medidas arbitrarias
(torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias etc.) estas medidas están
orientadas –al menos en el plano discursivo- a
garantizar la estabilidad institucional y la vigencia
del Estado de Derecho y los principios
democráticos que lo inspiran. Al respecto, el
caso de Estados Unidos y su lucha contra el
terrorismo es ilustrativo.
En efecto, la sociedad ubicó a la seguridad y
la lucha contra el terrorismo como el medio
ideal de cohesión social. Sobre esta base se
construyó una nueva imagen de enemigo
para que la sociedad se mantenga unida –“el
terrorismo” aún a pesar de su indefinición
jurídica y política-. Sobre este nuevo orden
de lectura de lo social, los partidos políticos,
intelectuales neo-conservadores y los medios
de comunicación construirán se unieron. En
el caso de Estados Unidos, la Estrategia de
Seguridad Nacional de 2002 (NSS, por sus
siglas en inglés) afirmaba lo siguiente:
Defender nuestro país de los enemigos es
el primer compromiso fundamental del gobierno
federal. En la actualidad esta tarea ha
cambiado drásticamente. En el pasado nuestros
enemigos necesitaron grandes ejércitos
y grandes capacidades industriales para poner
en peligro a los Estados Unidos de América.
Hoy oscuras redes de individuos pueden
traer a nuestras costas grandes dosis de caos
y sufrimiento por menos de lo que cuesta un
tanque. Los terroristas están organizados para
introducirse en las sociedades abiertas y dirigir
contra nosotros el poder de la tecnología moderna.
Para derrotar esta amenaza debemos
utilizar todos los instrumentos de nuestro
arsenal: la fuerza militar, una mejor defensa
del territorio nacional, la aplicación de la ley, la
recopilación de información y unos esfuerzos
enérgicos para atajar la financiación de los
terroristas. La guerra contra el terrorismo de
alcance mundial es un empeño mundial de duración
incierta. Los Estados Unidos ayudarán
a los países que necesiten nuestra ayuda para
combatir el terrorismo. Y los Estados Unidos
harán responsables a los países involucrados
con el terrorismo, incluidos los que dan refugio
a los terroristas, porque los aliados del
terrorismo son enemigos de la civilización.
Los Estados Unidos y los países que cooperen
con nosotros no deben permitir a los terroristas
el establecimiento de nuevas bases de
operaciones. Juntos, procuraremos negarles
refugio, dondequiera que lo busquen.
Los Estados Unidos de América libran una
guerra de alcance mundial contra el terrorismo.
El enemigo no es un régimen político,
una persona, una religión ni una ideología
concretos. El enemigo es el terrorismo, la
violencia perpetrada contra seres inocentes de
forma premeditada y por motivos políticos.
(Estrategia Nacional de Seguridad de los
Estados Unidos, 2002).
Como bien lo expresa Carlos Gutiérrez, uno
de los logros de la administración Bush fue
la instalación de un discurso polarizante que
dividió al mundo entre los ‘buenos’ y los
‘malos’:
“Este conflicto era la manifestación expresa
de la confrontación entre el bien y el mal,
entre la libertad -representada por el mundo
occidental- y quienes querían acabar con ella.
Así, se imponía un llamado imperativo a tomar
posición con uno o con otro. La exigencia
norteamericana era muy clara: se estaba con
Estados Unidos -por tanto, se le apoyaba en
las medidas tomadas y se generaba iniciativas
regionales en la misma dirección-, o se estaba
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contra él y, en consecuencia, se asumía la categoría
de sostén de los terroristas, corriendo el
riesgo de enfrentar las acciones del gobierno
norteamericano” (Gutiérrez, 2002, 5).
Y es precisamente lo que encontramos en la
cita de la Estrategia de Seguridad Nacional de
2002, en el momento en que se plantea que:
“Los Estados Unidos poseen un poder y una
influencia sin precedentes –ni parangón– en
el mundo. Esta posición, sostenida por la fe
en los principios de la libertad y por el valor
de una sociedad libre, conlleva responsabilidades,
obligaciones y oportunidades nunca
vistas. La fuerza de este gran país debe utilizarse
para fomentar un equilibrio de poder
que favorezca la libertad. Durante la mayor
parte del siglo xx, el mundo estuvo dividido
por una gran lucha de ideas: las destructivas
visiones totalitarias contra la libertad y la
igualdad. Esa gran lucha ha terminado. Las
ideas militantes de clase, nación, raza, que
prometieron la utopía y trajeron el sufrimiento
han sido vencidas y desprestigiadas. Los
Estados Unidos se ven ahora amenazados no
tanto por Estados conquistadores como por
Estados fracasados. Nos vemos amenazados
no tanto por armadas y ejércitos como por
tecnologías catastróficas en manos de unos
pocos amargados. Debemos frustrar estas
amenazas para nuestro país, nuestros aliados
y nuestros amigos.
Nos ha llevado casi una década comprender
la verdadera naturaleza de esta nueva amenaza.
Dados los objetivos de los Estados
delincuentes y los terroristas, los Estados
Unidos ya no pueden seguir confiando en
una estrategia de reacción como hicimos en
el pasado. La incapacidad de contener a un
potencial agresor, lo apremiante de las amenazas
actuales y la magnitud del posible daño
que podría causar las armas preferidas por
nuestros adversarios no permiten tal opción.
No podemos dejar que nuestros enemigos
asesten el primer golpe.
Hoy nuestros enemigos han visto los resultados
de lo que los países civilizados pueden hacer
y harán contra los regímenes que cobijan,
apoyan y utilizan el terrorismo para alcanzar
sus objetivos políticos. Afganistán ha sido
liberado, las fuerzas de la coalición continúan
persiguiendo a los talibanes y Al Qaeda. Sin
embargo, no sólo nos enfrentaremos a los
terroristas en ese campo de batalla. Miles
de terroristas entrenados siguen en libertad
y han establecido células en Norteamérica,
Sudamérica, Europa, África, Oriente Próximo
y Asia.” (Estrategia Nacional de Seguridad de
los Estados Unidos, 2002)
Esta polarización que se abrió con el discurso
estadounidenses luego de los ataques del 11
de septiembre de 2001, marco el precedente
de un nuevo modelo de política del que se
resaltan el marco de las relaciones internacionales,
en términos de generar un discurso
que opuso, como decíamos, a Occidente
(categoría cultural no exenta de críticas) y a
quienes fueron caracterizados por el presidente
Bush como Estados delincuentes, los cuales
cumplían con las siguientes requisitos:
“(1) tratan con brutalidad a su pueblo y esquilman
los recursos nacionales en beneficio
personal de los gobernantes; (2) no muestran
respeto alguno por el derecho internacional,
amenazan a sus vecinos y violan sin escrúpulos
los tratados internacionales que han suscrito;
(3) están decididos a obtener armas de destrucción
masiva, junto con otras tecnologías
militares avanzadas, con el fin de utilizarlas
como amenaza u ofensivamente para lograr
los propósitos agresivos de sus regímenes;
(4) patrocinan el terrorismo en el mundo; y
(5) rechazan los valores humanos básicos y
detestan a los Estados Unidos y todo lo que
éstos representan” (Estrategia de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, 2002).
Es evidente como la lucha contra el terrorismo
global se asumió como el nuevo paradigma
mundial, en una suerte de destino global que
tendría por objeto universalizar los pilares de
la libertad y la igualdad, (en otras palabras, la
democracia liberal clásica) en contraposición
a los “Estados fallidos 1 ” que el mismo docu-
1 De acuerdo a Bilgin y Morton (2004) el término
Estados Fallidos se puso en el debate público
estadounidense tras los ataques del 11 de septiembre
de 2001. Durante el período de las posguerra fría,
lo que los autores llaman un ‘momento universal’
estos Estados eran preocupación de la comunidad
internacional. Sin embargo, el aporte de los autores

Seguridad global
y lucha contra el
terrorismo
mento cita. En orden a lo anterior, EE.UU
se dispuso intervenir en la configuración del
mundo, generando un choque con el Islam
pues su “pretensión universalista lo lleva a
tratar de imponer sus valores al resto del
planeta, a mantener su superioridad económica
y militar y a intervenir en los conflictos
del mundo musulmán, generando enorme
resentimiento” (HEINE: 2001; 136). Bajo
esta dinámica generó amigos y aliados que
desestabilizaron aún más la región, motivando
nuevas fidelidades y fundamentalismos que
en la actualidad lo que intentan es distanciar
la presencia de Occidente en su civilización.
A pesar de los esfuerzos de las diferentes
instituciones de orden multilateral por evitar
los abusos en las medidas que se toman en
la lucha contra el terrorismo y por mantener
como límite el marco internacional de los
derechos humanos, Estados Unidos ha persistido
en construir su propia agenda articulada
en torno a tres aspectos: en primer lugar, la
idea según la cual Estados Unidos tiene el
deber moral de liderar la cruzada mundial
en la lucha contra el terrorismo. Segundo, la
consideración de que la lucha contra el terrorismo
es un problema prioritariamente de
orden nacional y no multilateral. Por último,
la promoción de medidas militares de orden
preventivo más que de cooperación en información
y apoyo de la investigación (Mantilla
y Núñez: 2005;9). Este modelo desconoce o
debilita instancias de orden multilateral como
la ONU y coloca en un plano secundario
el discurso de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario
Si durante la guerra fría la tensión propuesta
por Estados Unidos fue totalitarismo versus
igualdad y libertad. El siglo xxI colocó el
tema igualdad y libertad frente al mundo. La
discusión que desde esta postura totalitaria de
Estados Unidos se plantea en los siguientes
términos: ¿es posible universalizar las prácticas
democráticas, capitalistas que caracterizan
a Occidente en sociedades tribales, o en
se orienta a considera como ese término hace
parte del léxico de la guerra fría que remite a una
“oposición binaria entre Estados fallidos y exitosos”
(2004, 170).
sociedades cuyos ordenamientos jurídicos y
políticos se basan en la religión, o en sociedades
cuyo ordenamiento social no permite
el reconocimiento de la igualdad ante la ley
y/o socialmente?
Ahora bien, es necesario asociar dos categorías
a la idea de terrorismo que ha entrado
en vigencia a partir de los atentados del 11
de septiembre de 2001 en Nueva York. De
un lado lo que puede denominarse una metamorfosis
de la guerra, que pone de relieve los
presupuestos que han cambiado para el estado
nación occidental desde aquel momento,
con el consiguiente cambio de discurso que
ello introdujo en la política de defensa interna
y externa, que comienza particularmente en el
caso de Estados Unidos haciéndose extensivo
por tanto a su esfera de influencia, con el fin
de no permitir que su aparente hegemonía
pierda vigencia y con ella también los valores
de libertad y democracia que rigen el gobierno
internacional.
En segundo lugar, y asociado a lo anterior, lo
que corresponde al concepto de Pax americana,
que se detiene precisamente en el análisis
del carácter hegemónico estadounidense y
la viabilidad de que esta superpotencia se
mantenga en la cima del sistema internacional.
En este orden de ideas, a lo que hace referencia
el concepto de metamorfosis de la guerra,
es a lo que John Gray referencia como una
muestra de que el monopolio de la violencia
dejó de ser atribución del Estado: “Entre los
protagonistas, han adquirido gran importancia
las organizaciones políticas, las milicias
irregulares y las redes fundamentalistas que
no están sujetas al control de ningún Estado”
(Gray: 2004; 105), donde inclusive cabe
como nuevo actor de la guerra, aquello que
Peñas Esteban define como el Estado-Arma:
“Estados atrasados, relativamente pequeños
y periféricos serán capaces de convertirse
rápidamente en amenazas, no sólo a la seguridad
regional, sino a la seguridad mundial”.
A diferencia del período histórico de la guerra
fría, la “guerra contra el terrorismo” ha puesto
nuevas consideraciones. En primer lugar,
existe la intervención directa de Occidente
(o de Estados Unidos principalmente) en
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Grupo: Servicios Públiocos, Derecho y Sociedad
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Carvajal Martínez
los conflictos alrededor del globo, la guerra
incluye cada vez más potencial tecnológico
que la movilización de hombres, pues no sólo
implica una mayor efectividad y precisión,
sino que sus costes políticos y económicos
son menores a la puesta en marcha de tecnologías
militares en combate; Por otro lado,
la lucha ya no incluye el potencial nuclear
en sí, sino que ahora recae en las armas de
destrucción masiva, entendidas estas como
armas químicas y biológicas, que tiene como
gran ventaja su capacidad de daño a gran
escala y su fácil acceso, que en palabras de
Gray se explica porque los miles de científicos
que resultaron desempleados al momento
del derrumbe de la Unión Soviética, en la
búsqueda de medios de sobrevivir, las armas
y la información pasaron a mafias criminales
(Gray, 2004, 108).
Otros factores de esta nueva guerra es que
la guerra no sólo es entre naciones, y bajo
prácticas convencionales, sino que la guerra
pueden ser organizaciones que tienen en el
terrorismo su mejor arma, y que además
tiene influencia inmediata en la conciencia
de las personas como lo constituye el ataque
contra las torres gemelas –donde la rapidez
de la difusión de la información es un aspecto
fundamental, así pues, “el ataque contra las
torres gemelas demuestra que Al Qaeda
entiende que las guerras del siglo xxI son
pugilatos espectaculares en los que la difusión
mediática de las imágenes constituye una estrategia
capital” (Gray, 2004, 109), es fundamental
que el terrorismo difiere mucho como medio
de violencia de la lucha insurgente que fue
realmente característica de la guerra fría como
lo demuestran las revoluciones comunistas
de Cuba, Vietnam y Corea, a diferencia el
terrorismo no está circunscrito a un territorio
sino que es más bien como lo denomina John
Gray, multinacional global, que ya no tiene su
centro de lucha la Liberación Nacional sino
parecería ser que fuera la Liberación Cultural.
Estados como estos son básicamente los que
fueron catalogados como el “eje del mal”
por la administración Bush: Corea del Norte,
Irán e Irak, que a su vez, no sólo representan
nuevos actores de la guerra sino también
unas nuevas lógicas de procedimiento de las
mismas. Sin embargo el hecho de que este
“eje del mal” se centre en Estados específicos
no significa que las formas de la guerra que
conocíamos hasta hace una década sean las
mismas, ya que esta transformación de la
guerra cambia totalmente hacia los conflictos
asimétricos, es decir conflictos entre dos entes
distintos como Coalición vs. Estado como lo
vimos en la dos guerras (1991, 2003) contra
Irak, o una forma más reciente como lo es una
red terrorista contra un Estado superpotencia,
que se ve representado en los atentados
del 11 de Septiembre.
Los grupos neoconservadores norteamericanos
desde el Binomio del “bien y del mal”
califica de manera unilateral quien es su enemigo
o su amenaza. Situación que tiene como
antecedente el señalamiento que el gobierno
de Ronald Reagan hizo a la URSS. como el
“imperio del mal” y que evolucionó hacia el
“eje del mal” compuesto por Corea del Norte,
Irán e Irak y que George Bush (2000-2008),
señaló como los objetivos militares, por la
amenaza que representaba a los EE.UU
(Aguirre: 2003; 237).
Aunque el poderío militar de los Estados
Unidos está comprobado en materia tecnológica,
se puede observar que el desarrollo
militar ha alcanzado niveles tan elevados que
a la hora de coordinar operaciones militares
con sus aliados pueden haber inconvenientes.
La idea de Estados Unidos no es convertirse
en los policías del mundo, ya que esto chocaría
con el ideal de democracia que se busca
propagar por el resto del mundo, y más bien
lo que se puede ver es que los norteamericanos
asumen que todos los países del mundo
comparten sus valores, que a su vez son la
base central de las mismas instituciones que
se buscan implantar en otros países como
una posible solución a los problemas del
terrorismo y el narcotráfico, pero esto resulta
ser totalmente falso ya que por el contrario
los países del medio oriente rechazan en su
totalidad la cultura occidental, pese a estar
inmiscuidos en la lógica internacional que
este hemisferio supone.
Sobre la base de la amenaza terrorista que se
cernía sobre el mundo, EEUU justificó así

Seguridad global
y lucha contra el
terrorismo
las nociones de guerra-preventiva y todo el
impulso militarista que se consolidó sobre el
mundo de las cuales Afganistán e Irak son
sólo los ejemplos más notorios, en una lista
que abarca Abu Grahib, Guantánamo y un
sinfín de hechos que propinaron un duro
golpe a la defensa de los derechos humanos
y la instauración de políticas y decisiones
jurídicas que convertían el abuso en regla en
contra de las disposiciones democráticas que
deberían guiar a los Estados que se asumen
como democráticos. Al respecto el escritor
esloveno Slavoj Zizek nos dice.
Lo que se está dando últimamente es un
desplazamiento fundamental en el funcionamiento
de la democracia. Cuestiones que
hace diez años habían sido impensables en el
inconsciente iluminista hoy forma parte de la
práctica cotidiana. Hablemos de la tortura por
ejemplo. Hace diez, quince años había sido
impensable en occidente discutir públicamente
acerca de la tortura. Como ustedes tal vez
sepan desde el 11 de setiembre, la tortura es
un tema publico en EEUU y no solamente
de publicaciones marginales de la extrema
derecha sino en medios centrales como en
Newsweek o Times donde abiertamente se
discute de que manera y en qué medida hay
que torturar a los sospechosos del 11 de
setiembre. (Zizek, 2003,6).
En efecto, el trasfondo de esta coyuntura
histórica es un desplazamiento no sólo en
el funcionamiento de la democracia como
intuye Zizek, sino también un desplazamiento
de la preeminencia y de la protección de los
derechos humanos y las garantías constitucionales
como salvaguarda a la dignidad
humana y como objeto final de los Estados
hacia un modelo donde el paradigma de la
Seguridad se impone como referente de la
acción política. En ese sentido, se producen
decisiones, narrativas, y prácticas jurídicas,
políticas, sociales, económicas y culturales que
ponen de presente que la defensa del Estado y
del orden establecido atenta contra el sistema
de garantías que edifica a los Estados.
A nivel mundial, muchos países terminan por
emular a los Estados Unidos, el modelo de
la seguridad y de la prevención por encima
del modelo garantista. La nueva política de
seguridad tiene las siguientes características:
En primer lugar, intensifica el control social
por parte del Estado al aumentar las normas
represivas y las funciones de vigilancia. En
segundo lugar, profundiza la injerencia de
los organismos de seguridad del Estado en
la sociedad por medio de medidas preventivas
para controlar situaciones de riesgo 2 y al igual
que la guerra preventiva tiene como pretexto
la realización plena de las libertades públicas,
pero que terminan por generar nuevas formas
de excepcionalidad (CALVO: 2005; 129-132).
En tercer lugar, limita la acción de la administración
de justicia y en algunos lugares
promueve la creación de cortes especiales
o tribunales militares de justicia, medida
que afecta la separación de los poderes 3 . En
cuarto lugar, restringe el Estado de derecho,
particularmente con el debilitamiento del
sistema garantista y del derecho de defensa,
al señalar excepciones al hábeas corpus o
impedir la defensa técnica. Finalmente, en él
prevalece la acción militar y represiva sobre
la investigativa.
Conclusión
La lucha contra el terrorismo es un elemento
que ha sido incorporado desde el comienzo
del estado moderno, como denominador
común el terrorismo son actos o amenazas
dirigidos contra la población civil para causar
miedo. Esta situación ha sido utilizada por
los estados para implementar políticas de
agresión, contra aquellos estados o grupos
sociales que se oponen a formas de dominio,
situación que paradójicamente la respuesta
termina por causar daños a la sociedad.
En el actual contexto de la globalización,
los atentados ocurridos en New York el 11
de septiembre de 2001, ubicaron el tema
de la lucha contra el terrorismo como una
2 El aumento de normas de control y medidas
preventivas es la base de la política de seguridad del
estado Español con la creación de la Ley Orgánica
1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(LOPSC).
3 Este caso se presenta en Egipto. Ver «Observaciones
finales del Comité de Derechos Humanos: Egipto»,
documento de naciones Unidas CCPR-CO-76-
EGY.
Informes de Investigación
Grupo: Servicios Públiocos, Derecho y Sociedad
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preocupación permanente del gobierno de los
Estados Unidos y de la sociedad norteamericana,
hasta el punto de convertirse en una
política de Estado. El manejo de esta situación
puede afectar al mundo entero, teniendo en
cuenta que los Estados Unidos es hoy por hoy
un hiperpoder y como tal pueden imponer
una política de corte autoritaria que afectaría
a un importante grupo de países. De hecho
como se señala en el presente artículo, Norte
América logró imponer un modelo económico
el neoliberal y la democracia liberal a
nivel mundial.
La lucha contra el terrorismo global ha sido
acompañada del discurso de la seguridad y
al amparo de este binomio se los Estados
Unidos han ejecutado sus acciones, muchas
de las cuales desconocen los principios
universales de derechos humanos e inclusive
van en contra vía de las mismas garantías
jurídicas y políticas de Norte América. Bajo
esta lógica se ampararon situaciones de
abusos en contra IRAQ, las torturas en la
cárcel de Guantánamo y Abu Grahib. Nos
encontramos en un escenario de ilegalidad
el cual desconoce buena parte de los avances
alcanzados en torno a las garantías, libertades
y dignidad de los seres humanos.
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Revista Gobernanza Diálogos y
gobernabilidad
de Saberes
ISSN ambiental 0124-0021
Estudio Julio-Diciembre comparado
de 2010
El caso de
Págs. 109-128
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
Resumen
Gobernanza y gobernabilidad ambiental
estudio comparado
El caso de los alimentos transgénicos y los agrocombustibles*
Se analiza comparativamente desde un esquema
estructuralista el componente regulativo y
político acerca de los casos de los alimentos
manipulados genéticamente y de los biocombustibles
basada en productos agrícolas en
Colombia, Perú, Venezuela y Cuba durante el
periodo de estudio 2002-2008. Se determina
en cuales casos se evidencia un esquema de
gobernanza y en el cual de gobernabilidad
tanto ambiental, agrícola y o energética en
aras de determinar en que casos de los cuatro
a comparar se afirman los conceptos de
soberanía alimentaria y/o energética
En el tema de las políticas a comparar los
objetivos son la búsqueda de variables que
explique las similitudes y diferencias de
políticas publicas relacionadas, en el tema
de normatividad se toman los formantes
legales de los países objeto de estudio en el
periodo 2002-2008 con miras a establecer
recepciones y transplantes legales asociados
a dichas políticas.
Se concluye en los casos estudiados la recepción
con transplante desde la perspectiva
ambiental de lo establecido en los tratados
Internacionales sobre la materia a partir
del Convenio de Biodiversidad de Rio 92
así como del Protocolo de Bioseguridad
Cartagena Montreal. En el tema agrícola
asociado al biocombustibles se concluye la
adopción mayoritaria en los casos estudiados
de un modelo de agro-negocios y en el tema
energético un acercamiento al tema de soberanía
energética en el caso venezolano y cubano.
Palabras Clave
Alimentos transgénicos, política pública,
bioseguridad.
Abstract
Juan Pablo Galeano Rey**
Universidad Libre
juanpablogaleano@gmail.com
It compared from a structural scheme the
regulatory and politician component about
the cases of genetically modified food and
biofuels based on agricultural commodities in
Colombia, Peru, Venezuela and Cuba during
the study period 2002-2008.
It determines which cases there is a pattern
of governance and governance in which both
environmental and agricultural interests of
energy I determine which of the four cases
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010.
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 27 de 2010.
* Este artículo es una síntesis del Informe final de la investigación “Gobernanza y Gobernabilidad Ambiental
estudio comparado 2002-2008”; correspondiente a al subproyecto gobernbaza ambiental comparada, que hace
parte del macroproyecto Gobernanza y Gobernabilidad Ambiental un estudio comparado” vinculado con la
línea de investigación en Derecho Publico Económico y Globalización en el Grupo Hombre Sociedad y Estado
y desarrollada en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá Centro de Investigaciones
Socio-jurídicas.
** Docente Investigador de la Universidad Libre. Abogado Universidad del Rosario, Magíster en Estudios
Políticos Pontifica Universidad Javeriana, Candidato a Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas
Universidad Externado de Colombia.
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
109

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
110
Juan Pablo
Galeano Rey
are affirmed to compare the concepts of food
sovereignty and/ or energy.
On the issue of policies to compare the
objectives are the pursuit of variables that
explain the similarities and differences of
related public policies, regulations on the
subject of legal formants are taken of the
countries surveyed in the period 2002-2008
with a view to establish legal transplants and
receptions associated with those policies
The conclusion in the case studies receiving
transplant from an environmental perspective
to the provisions of international treaties
on the matter from the Rio Biodiversity
Convention and 92 of the Cartagena Biosafety
Protocol, Montreal. In agriculture associated
with the adoption biofuels majority concluded
in the cases studied a model of agro-business
and approach the energy issue to the topic of
energy sovereignty in the case of Venezuela
and Cuba.
Key Words
GMfood, Public, Policy, Biosecurity.
1. Metodología
El paradigma de investigación en que esta
inserto este trabajo es multimodal o cualicuantitativo,
los tipos de investigación desarrollados
son descriptivo, analítico, evaluativo,
y comparativo, las técnicas de recolección de
información son el análisis documental y el
análisis normativo
Desde la comparación el método a seguir
es estructuralista (involucra análisis de formantes
en sitios de producción y recepción
e identificación de transplantes legales que
se evidencien.
El trabajo comparado de las políticas
públicas relacionadas en sitios de producción
y recepción, puede entenderse como una
perspectiva de análisis propia que pretende
explicar tales similitudes y diferencias
observadas; es decir pretende buscar variables
explicativas que den cuentas de las diferencias
entre políticas públicas similares.
Pregunta de investigación: ¿Es la gobernanza
ambiental en los casos de Organismos
Modificados Genéticamente (En adelante
OMG) y los Biocombustibles Agrícolas o
Agrocombustibles asociados a transgénicos,
ejemplos de transplantes jurídicos y políticos
de sitios de producción global (Acuerdos
Multilaterales de Medio Ambiente) a sitios de
recepción Colombia, Cuba, Venezuela y Perú
(normativa y políticas publicas relacionadas)
en donde se deja intacto el espíritu o esencia
consignado en aquellos (sitios de producción
teórico) ?
Hipótesis: En los casos de Colombia, Perú,
Venezuela y Cuba se constata la existencia
de gobernabilidad ambiental consecuente
con el diseño del Convenio de Rio 92 y
del Protocolo de Bioseguridad Cartagena
Montreal 2000 para los eventos que involucra
el uso de recursos naturales usados para
OMG y Biocombustibles agrícolas
Introducción: En este informe se da cuenta
de la investigación adelantada en el marco
del proyecto “Gobernanza y Gobernabilidad
Ambiental estudio comparado 2002-2008”
adelantado en la Universidad Libre Seccional
Bogotá en el periodo académico correspondiente
al año 2010.
En este informe se presenta particularmente
del estudio comparado de las políticas
y regulaciones relacionados con OMG
y Agrocombustibles para los casos de
Colombia, Perú, Cuba, Venezuela y para tratar
de contrastar dos esquemas de tratamiento
sobre las materias, que en principio pueden
estar asociados con políticas neoliberales en
los dos primeros casos y socialistas en los
dos segundos.
Antes de iniciar la discusión de fondo sobre
la materia objeto de estudio, es necesario aquí
establecer en que consiste una comparación
estructuralista, ejercicio este que proviene del
derecho comparado.
1.1 Método comparativo
estructuralista
Propuesto por Rodolfo Sacco y Allan
Watson. 1 considera que los componentes de
1 SOMMA Alessandro “Introduccion critica al
derecho comparado” en http://www.jus.unitn.it/
cardozo/Review/2008/Somma1.pdf

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
un sistema jurídico no se pueden analizarse de
forma separada o autónoma, sino que deben
ser valorados en sus múltiples relaciones recíprocas,
por medio de investigaciones que – en
cuanto valorizan la experiencia – descuidan
el dato «trascendental
El ordenamiento jurídico esta conformado
por una serie de formantes jurídicos a saber:
formantes legales, formante jurisprudenciales,
formante doctrinales que establecen
una estructura que no siempre es coherente,
pues se presentan disociaciones entre estos
elementos (el formante legal puedes estar en
contraposición con el formante jurisprudencial
por ejemplo en el sitio de recepción que
da cuenta del sistema jurídico qie importa
o imita derecho por la vía del transplante
jurídico).
En este sentido es importante determinar
que es un transplante jurídico y cuales son
sus clases:
La comparación implica entonces revisar analíticamente
las asociaciones o disociaciones de
los formantes normativos, jurisprudenciales
y si es el caso doctrínales en los sitios de
producción y recepción de las instituciones
políticas relacionadas. En el método de comparación
estructuralista entonces involucra
que después de haber descompuesto cada
sistema jurídico y haberlo reducido a una
serie de formantes distintos, puede establecerse
cuál es el grado de disociación de los
formantes, “y en que medida, sobretodo, las
fuentes formales de un país, el Derecho allí
aplicado y el conocimiento que los juristas
tienen de su propio sistema se encuentra en
concordancia.
Esta se realiza sobre la base de la imitación,
pues el nacimiento de un modelo original es
un fenómeno más raro que la imitación.
Esta imitación puede a su vez deberse a dos
factores: la fuerza o el prestigio. La fuerza se
da, por ejemplo, en las experiencias en donde
ha habido conflictos armados y se ha impuesto
un determinado sistema jurídico
Por el contrario, la circulación sobre la base
del prestigio se da cuando un modelo jurídi-
co se vuelve líder por méritos intelectuales
propios y llega así a ser considerado por
los estudiosos de otras experiencias jurídicas.
Por ejemplo, el Codigo de Napoleón
también circuló sobre la base del prestigio,
fue la fuente del Código Civil italiano y
español del siglo xIx, y de muchos Códigos
Latinoamericanos.
2. Objetivos
Para el caso de estudio entonces, se revisará
de que manera el modelo gobernabilidad ambiental
asociado al uso de recursos naturales
en la industria agro-biotecnológica y de agrocombustibles,
para tratar de determinar si hay
un influjo o trasplante jurídico ´ppr ejemplo
en los casos de Cuba y Venezuela y Perú y
Colombia en el diseño e implementación de
la políticas y regulaciones relacionadas.
3. Marco teórico
Como ya se había mencionado en la primera
parte de este informe titulado “La gobernanza
y la gobernabilidad ambiental: un estudio
desde el modelo de geografia y desarrollo”
la discusión que se presentan sobre el
binomio gobernabilidad y gobernanza se
reconoce identificando el primero con un
estado de equilibrio dinámico entre el nivel
de las demandas societales y la capacidad
del sistema político (estado-gobierno) para
responderlas de manera legítima y eficaz
como el presentado, y lo que se formulan
desde la gobernanza, al identificar dinámicas
mediante los cuales los actores de una sociedad
deciden sus objetivos de convivencia
-fundamentales y coyunturales- y las formas
de coordinarse para realizarlos: su sentido de
dirección y su capacidad de dirección.
La primera de las concepciones res decir la
gobernabilidad, obedece un modelo estadocéntrico
jerárquico de único timonel y el
segundo, la gobernanza, a un modelo más
participativo por lo meno en el diseño por
parte de la sociedad civil
Desde la perspectiva de la gobernabilidad
se encuentran los trabajos de J OConnor,
Samuel Huntington, Darendorf, Nozick,
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
111

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
112
Juan Pablo
Galeano Rey
Hayek y Edmundo Burke 2 y desde la perspectiva
de la gobernanza Luis F Agiilar y autores
como Pierre Clame. 3
En los casos de los alimentos transgénicos
derivados de los OGM (organismos genéticamente
modificados) o OVM (organismos
vivos modificados), as{i como de agrocombustibles
(bioetanol y biodiesel en donde se
hace uso de insumos agrícolas), el Estado ya
no es el único actor y garante de los procesos
y decisiones políticas, sino que en el proceso
de gobernar intervienen actores y organizaciones
internacionales supraestatales, estatales
y subestatales, actores públicos y privados,
lucrativos o sin ánimo de lucro, ciudadanos/
as individuales… que obligan a los Estados a
posicionarse e interactuar con diversos intereses
y a sus gobiernos a gobernar en un modo
que se ha venido a llamar “gobernanza”.
De acuerdo a lo defendido po Ana Molina 4
no es posible gobernar en gobernanza si no se
consideran aspectos político-institucionales
(gobernabilidad) que van a afectar a esa
gobernanza.
En este sentido, es difícil construir e institucionalizar
modos de gobernanza que articulen
políticas e intereses de diversos grupos de la
sociedad cuando existen disfuncionalidades
institucionales en la estructura que envuelve a
los modos de gobernanza como quiera que se
revelan en este contexto pluralidad de actores
e instituciones.
4. Casos de Estudio:
4.1 El caso de los Organismos
Genéticamente Modificados
El método a seguir en la comparación involucra
los siguientes 5 aspectos como se indica
en el modelo de De Vergottini 5 :
2 GALEANO Rey Juan Pablo “La gobernanza y
la gobernabilidad ambiental: un estudio desde el
modelo de geografia y desarrollo” Revista Dialogos
de Saberes Numero 31 pag
3 AGUILAR Villanueva Luis F “ Gobernanza y
Gestión Pública” pag 69 Fondo Cultura Económica
Mexico 2006
4 MOLINA Ana “Gobernanza sin Gobernabilidad”
en http://www.politicapublica.cl/?p=171
5 De Vergottini Giuseppe “Derecho Constitucional
Comparado editorial universidad Buenos Aires
1. Identificación del tertium comparationis
o problema común
2. Descripción sobre las instituciones jurídicas
vinculadas con la comparación tanto
en los sitios de producción como en los
sitios de recepción Formantes normativos,
jurisprudenciales y doctrinales.
3. Realizar el ejercicio de semejanzas y
diferencias
4. Identificar y explicar conclusiones como
resultado de la comparación consistente
en tipos de transplantes jurídicos
4.1.1 Tertium Comparationis.
El Problema común:
En los casos de estudio existen en los países
que aquí se han tomado innumerables
registros o referencias histórico-jurídicos en
la temática de ciencia y tecnología, pero no
se encuentra en las mismas agrupamiento
sistemático y con unidad de materia todo lo
relacionado a bioseguridad y biotecnología;
sin embargo, deben ser considerados como
esfuerzos de referencia que aunque temáticamente
individuales, se constituyen en
precedentes normativos importantes para el
establecimiento de lo que se ha llamado de
Bioseguridad.
En este sentido la Bioseguridad es la disciplina
que se ocupa de la prevención, manejo,
monitoreo y control de los riesgos. Para
los seres humanos, el medio ambiente, los
animales y las plantas (silvestres, cultivados
o domesticados),
Así mismo implica el desarrollo de actividades
con agentes biológicos y sus productos, especies
exóticas y Organismos Genéticamente
Modificados (OGM). Finalmente se entiende
como el desarrollo e implementación
de instrumentos regulatorios, técnicos y
administrativos y el manejo en actividades
de uso, investigación, ensayo, producción
importación y exportación Instalaciones de
producción o a las áreas de liberación o uso6 .
Argentina 2004 pags 50 a 53. En el mismo sentido
GALEANO Rey Juan Pablo en página Trasplantes
Jurídicos en http://transplanteslegales.blogspot.
com/
6 PARDO Fajardo María del Pilar, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
Por otra parte y en lo que tiene que ver con
los agrocombustibles que se entienden como
aquellos combustibles líquidos que se extraen
a partir de la producción de materias primas
vegetales. Para efectos del presente estudio se
entiende que dichas materias primas vegetales
son objeto de intervención biotecnológica
para maximizar su producción 7 .
La producción de estas materias primas
requiere de:
a) monocultivos a gran escala, en tierras
robadas a los bosques;
b) semillas transgénicas, alto empleo de agua,
fertilizantes y plaguicidas químicos;
c) condiciones de trabajo exigentes en las
plantaciones de caña de azúcar;
Existen dos tipos de agrocombustibles:
1) etanol, que es un alcohol producido a
partir de caña de azúcar, maíz, trigo, arroz o
remolacha, entre otros productos agrícolas y
alimenticios; y 2) agrodiesel, es la producción
de aceite extraída de la soja, la colza o la palma
africana.
4.1.2 Instituciones jurídicas en los
cuatro caso de estudio. Semejanzas
y Diferencias
Para efectos de este aspecto es importante
determinar que lo que se privilegiará en este
estudio son los denominados formantes
normativos como quiera que el desarrollo
jurisprudencial y doctrinal sobre las materias
objeto de estudio no es comparable de manera
que se puedan identificar expresamente
sitios de producción y sitios de recepción de
los mismos.
Es importante advertir por ejemplo que el
desarrollo jurisprudencial es nulo por ejem-
en http://www.bch.org.co/bioseguridad/doc/
talleres/NormativoNacionalMPPardo.pdf
7 Del Potro Noelia Agrocombustibles: Energías
para mantener vivo el capitalismo. Campaña
lucha contra el hambre en http://www.nodo50.
org/lagarbancitaecologica/garbancita/index.
php?option=com_content&view=article
&id=166:agrocombustibles&catid=62:luchacontra-el-hambre-la-fao-isolucion-o-problemaen-defensa-de-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria&Itemid=78
plo en los casos venezolano y cubano y muy
pobre en los casos peruano y colombiano
lo que hace más que difícil la comparación
planteada.
Como ya se ha dicho en el aparte introductorio
de este informe, el método de derecho
comparado usado es el método estructuralista,
que es el que no tiene en cuenta los
contextos de las instituciones jurídicas, sino
tan solo la coherencia o asociaciones y disociaciones
de los formantes identificados, en
este caso los formantes normativos de los
países de estudio.
A. Colombia
Algunas disposiciones a nivel general que
constituyen el Estatuto de Bioseguridad
colombiano son:
- Ley 9 de 1979, mediante la cual se dictaron
medidas sanitarias en materia de alimentos,
entre otros temas.
- Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de
Salud, que reformó la ley 9/79, y regula
todas las actividades que puedan generar
factores de riesgo para el consumo de
alimentos.
- La Resolución 03492 de 1998, mediante
la cual se reglamentan actividades con
Organismos Genéticamente Modificados
(OGMS)9.
- El Acuerdo 0013 de 1998, que crea el
Consejo Técnico Nacional en materia de
Bioseguridad Agrícola.
- El Código Penal de julio de 2001 y sus
reformas, el cual tipifica algunas conductas
relacionadas con el tema.
- Resolución 2935 de 2001, mediante la
cual se reglamenta sobre Organismos
Genéticamente Modificados de uso
Pecuario.
- Acuerdo 00004 de 2002 que crea el
Consejo Técnico Nacional en materia de
Bioseguridad Pecuaria.
- Acuerdo 00002 de 2002 que modifica el
Consejo Técnico Nacional en materia de
Bioseguridad Agrícola.
- El decreto 60 de 2002 del Ministerio de
Salud, que promueve la aplicación del
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
113

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
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Juan Pablo
Galeano Rey
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico en productos alimenticios
– HACCP (sigla en Inglés) – en las fábricas
de alimentos y se reglamenta el proceso de
certificación - Inocuidad de Alimentos.
Ante la ausencia de sistematicidad jurídica sobre
la situación legal de los productos de base
biotecnológica, entre los que se encuentran
los transgénicos, en los distintos países, se
vio la necesidad de la firma de un Protocolo
Internacional se establecieran presupuestos
generales que no sólo buscaran establecer
parámetros comunes en relación al tema,
sino que además fomentaran la creación
de Estatutos propios, dirigidos a que cada
país estableciera un modelo adecuado a sus
necesidades nacionales.
Se suscribe consecuentemente el “El
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología del Convenio de Diversidad
Biológica”. Ley 740 de 2002.
Finalmente se expide el Decreto 4525 de 2005
que reglamenta la Ley 740 antedicha el cual
define los Ministerios que tienen competencia
en materia de bioseguridad, y crea tres comités
técnicos Nacionales. El Decreto atomiza
y dispersa las funciones y las evaluaciones de
bioseguridad que se deben realizar, sin tener
en cuenta los aspectos de manera integral. 8 :
• División de las competencias en
materia de bioseguridad
En el Decreto 4525 de 2005 se asigna como
autoridades competentes de forma separada
al Ministerio de Agricultura (le asigna el
control de las actividades que son exclusivamente
de uso agrícola, pecuario, pesquero,
plantaciones forestales y agroindustriales); al
Ministerio de Ambiente, les asigna el control
las actividades que son exclusivamente para
uso ambiental. Finalmente al Ministerio de
Protección Social, se le asignan las que son
exclusivamente para la salud o alimentación
humana.
8 GRUPO Semillas “El Decreto 4525/05 reglamenta
el uso de transgénicos. El Gobierno pretende
introducir transgénicos en Colombia sin licencia
ambiental”. En http://www.semillas.org.co/sitio.
shtml?apc=c1a1--&x=20154575
No se presenta existe sustento científico alguno
que de lugar al establecimiento especifico
de cuáles son las fronteras que limitan las
competencias en el ámbito agrícola, ambiental
y la salud.
En El caso colombiano se contaría la
tendencia mundial de evaluación integral y
articuladamente estos aspectos. 9
• El trámite de la solicitud y
homologación de estudios
El Decreto 4525 le permite el trámite al
solicitante para introducir un OGM, para investigación
y para liberación comercial, como
quiera que, su solicitud puede presentarse ante
la autoridad competente de acuerdo con el
uso principal que se le pretende asignar a un
determinado organismo modificado genéticamente,
lo cual excluye a estos organismos de
evaluaciones consecuentes en otros aspectos
que son igualmente fundamentales.
Está disposición está elaborada para eximir las
evaluaciones de riesgo, el monitoreo y control
por parte de las autoridades competentes y le
transfiere gran parte de estas funciones a las
mismas empresas que pretenden introducir
estos organismos.
La norma establece que una entidad de
investigación, puede obtener a partir de una
sola solicitud la autorización para el desarrollo
de actividades con fines de investigación de
OVM, que amparen todos los proyectos y
actividades que realicen. Esto desconoce lo
ordenado por el Protocolo de Cartagena y la
normatividad vigente en el país en donde se
establece que las evaluaciones deben ser caso
por caso y paso por paso, y no incluyéndolas
en solo paquete como si todas tuvieran las
mismas características y condiciones para su
desarrollo. 10
• Evaluación y gestión del riesgo
El Decreto establece que para el caso de
OGM de uso agrícola, pecuario, pesquero,
plantaciones comerciales, forestales y
agroindustriales, las evaluaciones y gestión de
9 Ibid
10 Ibid

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
riesgo las realizará el Instituto de Comercio
Agropecuario ICA.
Para el caso de OGM para uso exclusivo en
salud o alimentación humana y/o ambiental,
las evaluaciones y gestión de riesgo será elaborado
por el solicitante o interesado.
De esta manera la autoridad respectiva delega
en el solicitante dicho estudio haciéndolos
juez y parte.
El procedimiento de evaluación y gestión del
riesgo posibilita homologar estudios realizados
en otros países con contextos ambientales
y socioeconómicos diferentes.
Las conclusiones y recomendaciones se
realizan mediante metodologías basadas en la
“equivalencia substancial”, lo que contraviene
el principio de precaución establecido a partir
de la Ley 740 de 2002. 11
• Comités Técnicos Nacionales de
Bioseguridad
El Decreto 4525 establece tres comités técnicos
sectoriales.
1. Uno para OGM o OVM con fines exclusivamente
de uso agrícola y pecuario, del cual
hacen parte el Ministerio de Agricultura,
el Ministerio de Protección Social, el
Ministerio de Ambiente, un representante
de Conciencias, y un representante del
ICA.
2. Un Comité para OVM con fines exclusivamente
ambientales, del cual hacen parte
el Ministerio de Ambiente, Ministerio de
11 El Principio de Precaución es aplicable cuando una
actividad es potencialmente amenazadora para el
ambiente o la salud humana lo que implica que deben
tomarse medidas precautorias aún si las relaciones
causa-efecto no están científicamente establecidas.
Frecuentemente las demostraciones definitivas no
son rápidas; las condiciones que la ciencia requiere
para establecer causalidad son muy exigentes. El
retraso en establecer criterios de precaución permite
la acumulación de daños. El ser humano y el resto
del mundo natural sólo tiene una capacidad limitada
de absorber conductas riesgosas. Para ver más sobre
la materia ver GALEANO Rey Juan Pablo Principio
de Precaución en http://groups.google.com.co/
group/nodo-de-biotecnologia-?hl=es&lnk=srg
Protección Social y un representante de
Colciencias.
3. Y por último un comité para OVM para
uso en salud o alimentación humana exclusivamente,
conformado por el Ministerio
de Protección Social, el INVIMA y
Colciencias.
• Etiquetado y rotulado
El decreto 4525 consagra que la autoridad
competente potestativamente podrá
establecer disposiciones con relación a la
información que se deberá suministrar a los
usuarios y consumidores en las etiquetas y
empaques de los OGM; lo cual queda abierto
a que sólo podrá haber alguna información
relacionada con el contenido de estos cultivos
transgénicos, en los casos que las autoridades
competentes lo consideren necesario.
B. Legislación sobre Bioseguridad en el
Perú
A partir del año 1999 existe una ley en el Perú
que vela por la seguridad del ser humano y
del medio ambiente en lo relacionado a la
biotecnología.
Esta ley 27104 parte de la base que se trata de
una tecnología inherentemente peligrosa.
Perú tiene su ley de bioseguridad proclamada
el 12 de mayo, 1999 (Ley 27104) y desde el
28 de enero de 2003, por Decreto Supremo
108-2002-PCM “actualmente no se pone en
práctica debido a que Reglamentos Sectoriales
Internos deben ser aprobados por tres
Autoridades Nacionales Competentes” 12
Ley 27104 — Ley de Prevención de Riesgos
Derivados del Uso de la Biotecnología. Mayo
de 1999.
Los Decretos legislativos 1080, 1059 y 1060
de 2008 aseguran en los siguientes pasos:
Decreto Legislativo 1059 Lay de Sanidad
Agraria
12 FERNANDEZ Nortcote Enrique N.” Experiencias
y lecciones aprendidas del BCH en el Perú” en
http://www.cbd.int/doc/newsletters/bpn/bpn-
07.pdf
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
115

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
116
Juan Pablo
Galeano Rey
Tiene por objeto la prevención, el control y
la erradicación de plagas y enfermedades en
vegetales y animales que representan riesgo
para la vida, la salud de las personas y los
animales y la preservación de los vegetales;
la promoción de condiciones sanitarias
favorables para el desarrollo sostenido de la
agroexportación; regulación de la producción,
comercialización, uso y disposición final de
insumos agrarios; promover la aplicación del
manejo integrado de plagas. 13
Establece que la autoridad nacional en sanidad
agraria es el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria-SENASA.
Decreto Legislativo: 1060
Regula el Sistema Nacional de Innovación
Agraria
Le da la facultad de promover el uso de
nuevas herramientas como biotecnología.
Participación privada.
Decreto Legislativo: 1080
Modifica la Ley Nº27262, Ley General de
Semillas
En las definiciones se incluye el concepto de
transgénicos. Da el rol a los privados para la
producción de semillas y deja a los reglamentos
las clases y categorías y los reglamentos
específicos por cultivo. 14
Esta normatividad establece que se designa a
INIA el Secretario de la Comisión Nacional
para la Innovación y Capacitación en el
Agro que tiene como principal objetivo el
“promover la biotecnología en todos sus
aspectos” 15 .
La Comisión Nacional para la Innovación y
Capacitación en el Agro está compuesta de
10 miembros de los cuales 5 son nombrados
13 Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República “Informe
Legal sobre los Decretos Legislativos 1090, 1064,
1080, 1081 Y 1089”
14 Ibid
15 LAPEñA Isabel “Transgénicos y Decretos
Legislativos 1059, 1060 y 1080” en http://www.
connuestroperu.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=3503&Itemid=32
por el Ministerio de Agricultura, 1 por el
Ministerio de la Producción, 2 personas
del área científica, y 3 representantes de los
productores agrarios.
Los representantes de las universidades y de la
cooperación económica internacional o nacional
son nombrados por el propio Ministerio
de Agricultura. En esta Comisión no están
representados ni el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA), ni el Ministerio
del Ambiente, ni asociaciones de consumidores,
ni se asegura la presencia de asociaciones
de pequeños productores. La representación
de la sociedad civil es nula. 16
La normativa peruana establece que al INIA
se le conceden facultades normativas para
dictar normas y establecer los procedimientos
para activar el desarrollo de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación.
También se le otorgan potestades sancionadoras
a fin de que pueda imponer multas,
cancelación de permisos, certificados o autorizaciones
correspondientes, destrucción de
productos finales etc. (que son las propias de
una institución que tiene competencias como
Autoridad de Semillas y Autoridad Nacional
de Sanidad Agraria). 17
El Decreto Legislativo 1080 consagra que se
establecerá mediante reglamento los casos en
que los organismos del sector público pueden
producir semillas. Y se le otorga competencias
al INIA en “la producción de semillas, plantones
y reproductores de alto valor genético”.
Se le permite poner en venta los predios
rústicos que son propiedad del INIA.
Igualmente estipula que “quedan exceptuados
de los registros establecidos en la presente ley,
la adquisición importación o uso de semillas
por la Autoridad de Semillas”. Disposición
Complementaria Final Cuarta. Y añade esta
misma Disposición que:
“Esta excepción no alcanza a los aspectos
fitosanitarios, sujetándose las semillas y
cualquier material de propagación de los ve-
16 Ibid
17 Ibid

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
getales a las medidas fitosanitarias que dicte la
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria”. 18
El Decreto Legislativo 1059 Ley General
de Sanidad Agraria quita la competencia a
SENASA en relación con el control sanitario
y fitosanitario de semillas. ¿Para quien
queda esta competencia, entonces?... por vía
reglamentaria se espera que también recaiga
en el INIA.
Lapeña considera que algunas debilidades de
la normativa peruana son 19 :
- Se elimina su competencia de SENASA en
“Establecer medidas fito y zoosanitarias
para la importación, uso y otras actividades
que se realicen con OVMs.” (antiguo Art. 6
r).
- Se elimina una competencia con relevancia
para el tema de transgénicos e importación
de semilla en general y es el que SENASA
o “La Autoridad Nacional en Sanidad
Agraria integrará y participará en el Comité
de Recepción de embarcaciones marítimas,
fluviales y lacustres, que transporten
plantas, productos vegetales, animales
o productos y subproductos de origen
animal.” (antiguo Art. 23.3).
En relación con la Bioseguridad:
- Se excluyen las referencias de las competencias
de la Autoridad Nacional de
Sanidad Agraria para realizar la evaluación
y gestión de riesgos de actividades desarrolladas
con OVM. Segundo Tema:
La nueva Ley de Sanidad Agraria favorece
la entrada y uso de Plaguicidas Químicos
de Uso Agrario mediante la adopción de
las siguientes medidas:
- Se permite la entrada de plaguicidas extremadamente
peligrosos de tipo 1A y 1B (ya
que dice que se restringirá o prohibirá su
uso bajo la condición de que se cuenten
con alternativas técnicas o económicas)
cuando estos plaguicidas deberían estar
prohibidos sin condiciones.
18 Ibid
19 LAPEñA ob cit http://www.connuestroperu.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=
3503&Itemid=32
- Se limitan, una vez aprobados los plaguicidas,
las llamadas Actividades Posregistro y
que se refieren al monitoreo de los mismos,
la realización de estudios de toxicidad
para la salud (intoxicación por plaguicidas,
vigilancia de los niveles de residuos por
plaguicidas en los alimentos) y de estudios
medioambientales. Esto implica contradicciones
con la legislación andina: Decisión
436 de la CAN.
Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad
El Artículo 27 del Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, las
Partes convinieron en que la Conferencia
de las Partes que actuara como reunión de
las Partes en el Protocolo adoptaría, en su
primera reunión, un proceso en relación
con la elaboración apropiada de normas y
procedimientos internacionales en la esfera
de responsabilidad y compensación por daños
resultantes de los movimientos transfronterizos
de organismos vivos modificados (OVM),
y trataría de completar ese proceso en un
plazo de cuatro años. 20
4.1.3 Venezuela
En la legislación venezolana se desprende
la regulación del tema de bioseguridad de la
ley de Diversidad Biológica del 24 de Mayo
del 2000.
La normativa venezolana consagra que cualquier
persona natural o jurídica, nacional o
extranjera que pretenda tener acceso a los
recursos de la diversidad biológica deberá
cumplir con las disposiciones establecidas
en el Artículo 72 de la Ley de Diversidad
Biológica (LDB) y su Reglamento y con el
Régimen Común de Acceso a los Recursos
Genéticos (Decisión 391 del Acuerdo de
Cartagena) y demás normas que sean aplicables
en cada caso. 21
20 PERUBIOTEC en http://www.perubiotec.org/
Contenido3-Lex+Securitas/Lex-BS.html
21 Comisión de Bioética y Bioseguridad BRICEñO
Eva y otros “Código de Bioética y Bioseguridad”
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fondo Nacional
de Ciencia y Tecnología en http://www.miproyecto.
gov.ve/anexos/bioetica.pdf
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
117

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
118
Juan Pablo
Galeano Rey
La autorización o permiso de acceso a los
recursos genéticos se tramitará ante la Oficina
Nacional de Diversidad Biológica (ONDB)
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales (MARN).
2. El Decreto 1.257 del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (MARNR) actual MARN
del año 1996, establece que cualquier
actividad, programa o proyecto que pueda
causar efectos adversos a la diversidad
biológica y sus componentes, sólo podrá
ser autorizado por este Ministerio, previa
la aprobación de un Estudio de Impacto
o una Evaluación Ambiental. 22
3. De acuerdo con el Artículo 50 de la LDB, la
realización de actividades potencialmente
riesgosas para la diversidad biológica estará
sometida al requisito previo de elaboración
de planes de contingencia que garanticen
la seguridad ambiental.
4. El Artículo 51 de la LDB, dispone que
en caso de ocurrir accidentes que causen
graves daños a la diversidad biológica,
inmediatamente se deberá poner en
ejecución los planes de contingencia respectivos,
para controlar y mitigar los daños
ambientales.
De acuerdo con la Ley de Diversidad
Biológica en su Título Ix, Artículo 99, el
Ejecutivo Nacional está en la obligación de
elaborar el Reglamento sobre las normas,
mecanismos y medidas de bioseguridad a
ser aplicadas en la investigación, desarrollo,
producción, utilización, liberación o introducción
de cualquier elemento de la diversidad
biológica, modificado o exótico, a fin de evitar
daños inmediatos y futuros. 23
Dicho Reglamento se encuentra en elaboración,
sin embargo; en este Código se establecen
las siguientes normas que tiene que ver
con bioseguridad en el caso de OMG:
1. Los deberán acatar las normas convencionales
de protección, para laboratorios
que manejan organismos potencialmente
peligrosos en general.
22 Ibid
23 Ibid
2. En relación a la bioseguridad moderna, es
esencial mantener una actitud preventiva
en la realización de experimentos que
involucren el manejo de material genético.
La motivación, el sentido común y el
buen juicio son aspectos esenciales para
el desempeño bioético y bioseguro en la
investigación.
3. En el terma de los riesgos que puedan
ser desplegados por la manipulación de
OMG, agentes b iológicos peligrosos y
organismos exóticos, deben evaluarse y
valorarse caso a caso, con fundamentos
científicos sólidos y de una manera cuidadosa,
profesional y bioética. Se considera
que no existe riesgo cero, por lo tanto,
los efectos adversos potenciales que se
decidan asumir deben ser ponderados en
función de los beneficios ambientales,
sociales y económicos. 24
4. En el proceso de identificación, evaluación
y manejo del riesgo en condiciones
de confinamiento, semi-confinamiento
o campo deberán tomarse en cuenta las
características de los organismos utilizados,
incluyendo todo el material genético
involucrado en la manipulación, así como
los productos del gen, las características del
sitio, el ambiente que lo rodea y las condiciones
de liberación, si fuera el caso. 25
5. Para realizar investigaciones que involucren
OMG, así como otros organismos
que puedan ocasionar efectos adversos
sobre la salud, el ambiente o la producción
agropecuaria, el investigador responsable del
proyecto debe obtener los permisos que se
requieran legalmente. 26
Cuba
Para el caso de la legislación cubana, las
acciones relacionadas con la Bioseguridad,
comienzan a partir de 1984 con la creación
en la Academia de Ciencias de Cuba, de una
Comisión de Bioseguridad.
La organización de la Comisión adquiere
fuerza a partir de 1992, después de la cumbre
24 Ibid
25 Ibid
26 Ibid

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
de Río de Janeiro; y asume carácter institucional
en 1993, al designarse a la ya hoy extinta
Comisión Nacional de Protección del Medio
Ambiente y del Uso Racional de los Recursos
Naturales ( COMARNA), como entidad encargada
de proponer al Estado y al Gobierno
la política a seguir en esta materia. 27
La biotecnología comienza a desarrollarse en
Cuba a finales de los años setenta, cobrando
fuerza a partir del año 1982 con la creación
del Centro de Investigaciones Biológicas
(CIB), institución que acometió la producción
de interferones humanos Alfa y Ganma
por la llamada vía convencional. Al mismo
tiempo, en este Instituto se logró el clonaje
y la producción de estos elementos por vía
recombinante
En el año 1996 se da la creación, del Centro
Nacional de Seguridad Biológica (CNSB), por
parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente, y comienzan a dar los
primeros pasos legislativos en materia de
Bioseguridad, respondiendo a criterios estatales
basados en los principios de la cultura
de seguridad, los cuales establecen un carácter
integral e interdisciplinario, en todo lo que
tiene que ver con instalaciones en donde se
manipulan agentes biológicos como en las
áreas de liberaciones de organismos al medio
ambiente.
Ante los éxitos obtenidos y la necesidad de
lograr una diversificación mayor de las temáticas
de trabajo, surge en 1986 el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB),
como un coloso de la investigación, diez
años más tarde surge como ya hemos dicho
el Centro Nacional de Seguridad Biológica,
esta diferencia en años entre el surgimiento
de los centros de investigación y desarrollo
biotecnológico y la creación del centro regulador,
hace que el CNSB, tenga que enfrentar
en sus inicios, una Bioseguridad, caracterizada
por su dispersión legislativa y práctica, vista
de manera diferente por cada uno de nuestros
centros de investigación, diagnóstico y pro-
27 ACOSTA Giraldo Juan “Cuba en Post de la
Seguridad Biológica” en http://www.ecoportal.net/
content/view/full/21200
ducción, hasta finales de la década de los años
‘90 su manifestación jurídica concreta solo
alcanzaba los niveles de reglamentos internos
en algunas instalaciones que se pronunciaban
sobre este particular. Desde el punto de vista
práctico o funcional existían inspectores de
bioseguridad y en ocasiones se conformaban
comisiones en aquellos centros que, por la
complejidad de su labor así lo ameritaban,
de manera que se hacia necesario preparar
los documentos legislativos, para fortalecer
la actividad y enfrentar el desarrollo de la
biotecnología en Cuba y la creación de nuevos
Centros de Investigación y Desarrollo.
Específicamente se dan para el inicio de
esta década, lo relacionado con el tema del
desarrollo científico con el avance necesario
de la biotecnología, la ingeniería genética,
la producción de medicamentos, vacunas, y
otros productos, donde participan bacterias,
levaduras y células animales y vegetales en
cultivo, cuyo metabolismo y capacidad de
biosíntesis están orientados hacia la fabricación
de sustancias especificas, y que hoy día
constituye uno de los principios en los que
se sustenta la bioseguridad, los resultados
obtenidos en las transformaciones a nivel
de genes en la Agroindustria, la acuicultura,
en animales y productos para uso humano,
comienzan a preocupar, a la comunidad
científica internacional, que ve la necesidad
de regular el avance, a pasos agigantados de
la biotecnología moderna. 28
Así, en el año 1999 se pública en la Gaceta
Oficial el Decreto Ley 190 de la Seguridad
Biológica, que establece los preceptos generales
que regulan en el territorio nacional el
uso; la investigación; el ensayo; la producción;
la importación; la exportación de agentes
biológicos y sus productos, organismos y
fragmentos de estos con información genética
y las liberaciones de estos al medio
ambiente; además de las acciones encaminadas
a garantizar el cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos por
Cuba en materia de seguridad biológica; y la
prevención de accidentes y medidas para proteger
el medio ambiente; la población y otros.
28 Ibid
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
119

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
120
Juan Pablo
Galeano Rey
Este documento constituye la herramienta
legislativa más importante con la que cuenta
el órgano regulador nacional de la seguridad
biológica para hacer valer sus funciones.
Hoy día además del decreto ley 190, contamos
con resoluciones que vienen a fortalecer el
trabajo del CNSB, desde el punto de vista de
organización; ya contamos con un especialista
en bioseguridad por cada provincia, cada
especialista provincial prepara y entrena a los
especialistas en cada uno de sus municipios
en materia de Bioseguridad.
Como parte de la Capacitación necesaria, se
imparten dos cursos nacionales y uno internacional
en bioseguridad, se oferta una maestría
en bioseguridad, y se pueden impartir cursos
de Capacitación dirigidos a determinados
sectores según las necesidades.
Bioseguridad en cubana
La Bioseguridad, se concibe como un sistema
nacional que se estructura desde el gobierno
hasta el trabajador, cada uno de ellos con
objetivos propios y funciones especificas. 29
De acuerdo a la normativa arriba relacionada
el CNSB, como centro regulador nacional
tiene entre sus objetivos de trabajo,
• Organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y
controlar el sistema nacional de seguridad
biológica.
• Organizar, dirigir y controlar las medidas
para dar cumplimiento a las obligaciones
contraídas en instrumentos jurídicos internacionales
sobre bioseguridad.
Dentro de sus atribuciones y funciones
tiene:
• Realizar evaluaciones de riesgo para la
salud humana y el medio ambiente de
aquellas actividades que impliquen riesgo
biológico.
• Organizar y dirigir inspecciones a las instalaciones
biomédicas y biotecnológicas y
áreas de liberación de organismos al medio
ambiente.
29 Ibid
• Otorgar licencias para las transferencias,
las investigaciones y la liberación de organismos
al medio ambiente.
La Bioseguridad según la ley cubana:
De acuerdo a lo establecido en el Decreto
Ley 190 sobre Seguridad Biológica en Cuba,
la bioseguridad es el conjunto de medidas
científico–organizativas, entre las cuáles se
encuentran las humanas, y técnico-ingenieras
que incluyen las físicas, destinadas a proteger
al trabajador de la instalación, a la comunidad
y al medio ambiente de los riesgos que
entraña el trabajo con agentes biológicos o la
liberación de organismos al medio ambiente,
ya sean estos modificados genéticamente o
exóticos; disminuir al mínimo los efectos
que se puedan presentar y eliminar rápidamente
sus posibles consecuencias en caso
de contaminación, efectos adversos, escapes
o pérdidas.
Los principios básicos de la Bioseguridad se
basan en:
• Uso de buenas prácticas
• Diseño de instalaciones
• Equipos de Protección
El marco legal de la Bioseguridad en Cuba
está constituido por:
• Decreto Ley 190 de la Seguridad Biológica
(1999)
• Resolución 38/06 Lista oficial de agentes
biológicos que afectan al hombre, los
animales y las plantas.
• Resolución 8/2000. Reglamento general de
seguridad biológica para las instalaciones
en las que se manipulan agentes biológicos
y sus productos, organismos y fragmentos
de estos con información genética.
• Resolución 103/2002. Reglamento para
el establecimiento de los requisitos y
procedimientos de seguridad biológica
en las instalaciones en las que se hace uso
de agentes biológicos y sus productos,
organismos y fragmentos de estos con
información genética.
• Resolución 180/07: Reglamento para el
otorgamiento de las autorizaciones de
seguridad biológica.

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
• Resolución 112/03: Reglamento para el
establecimiento de requisitos y procedimientos
de seguridad biológica en las
instalaciones en las que se hace uso de
animales y plantas con riesgo biológico.
• Resolución No. 2/2004: Reglamento para
la contabilidad y el control de materiales
biologicos, equipos y tecnologia aplicada
a estos
2. Biocombustibles agrícolas
Atrás se había dicho que como el tema de
Agrocombustibles involucra el uso de biotecnología,
como quiera que los insumos
agrícolas relacionados vi8en siendo objeto de
estas intervenciones. En este aparte es necesari
entonces revisar la normatividad en este caso
energética de los países objeto de estudio.
1. Para efectos de este estudio es determinante
identificar la conformación de marco jurídico
referido a los biocombustibles en el subcontinente
latinoamericano desde el año 2001,
el cual fue afirmando durante los últimos
años. En el caso de Colombia, se registran 3
leyes destacadas: la 693 en el 2001, la 818 en
el 2003, y la 939 en el 2004.
Se establece en la normativa colombiana, la
disminución de la dependencia de combustibles
fósiles e incrementar la autosuficiencia
energética del país.
La declaración de interés de generar empleo
y contribuir a la disminución de la contaminación
ambiental, mediante la producción de
biocombustibles, es coincidente en Colombia
y Perú. 30
Vinculado a la generación de empleo, en
países como Perú y Colombia, de forma más
específica se establece como objetivo de la
Ley el desarrollo del mercado de biocombustibles,
a través del fomento a las actividades
agropecuarias y agroindustriales.
En Perú, uno de los objetivos es ofrecer un
mercado alternativo a los cultivos ilícitos, en
el marco de la lucha contra las drogas
30 GALEANO Rey Juan Pablo “Gobernanza y
Gobernabilidad” Estudio Comparado en http://
gobernanzaygobernabilidad.blogspot.com/
En Colombia se dividen las competencias
entre el Ministerio de Minas y Energía (con
relación a la calidad y mezcla de biocombustibles),
el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (con relación
al fomento de producción de oleaginosas y
registro de nuevas plantaciones). 31
En el Perú se establece que el poder ejecutivo
designará las entidades estatales que deben
ejecutar las políticas generales definidas en
la Ley.
Sin embargo, el reglamento establece que
el Ministerio de Minas y Energía será quien
lleve el registro y control de la producción de
biocombustibles, mezclas y otros 32
En Colombia se fija sólo la obligación de
que en centros urbanos de más de 500.000
habitantes las gasolinas deberán contener
componentes oxigenados (alcoholes carburantes),
pero los porcentajes los determina
el Ministerio de Minas y Energía. En centros
urbanos de menos de 500.000 habitantes
no existe la obligatoriedad, pero se deja a
decisión del Gobierno la posibilidad de implementar
el uso de estas sustancias conforme
su disponibilidad. 33
En Perú se establece para las gasolinas el
porcentaje mínimo obligatorio de 7,8%,
que se alcanzará en forma progresiva y por
regiones a partir de enero de 2006,
hasta cubrir todo el territorio en el 2010. Para
el diésel se establece como mínimo obligatorio
el 5%, igual de forma progresiva y por
regiones, comenzando en enero de 2008 hasta
cubrir todo el país en el año 2010. 34
En Perú se creó una Comisión Técnica
(público-privada) para proponer y recomen-
31 HERNÁNDEZ Evelyn “Estudio Comparativo
de La Legislación Latinoamericana sobre
Biocombustibles” Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo SNV en http://www.
snv-la.org/mm/file/Estudio_Comparativo.pdf
32 Ibid
33 Ibid
34 Ibid
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
121

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
122
Juan Pablo
Galeano Rey
dar normas y disposiciones complementarias
a la Ley. Está integrada por representantes
del Ministerio de Energía y Minas; Ministerio
de Economía y Finanzas; Ministerio de
Agricultura; Agencia de Promoción de
la Inversión; Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas; Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía;
Asociación Peruana de Productores de
Azúcar y Biocombustibles. 35
En Colombia, el biocombustible de producción
nacional para mezclas con ACPM
(Aceite Combustible Para Motor) está exento
del impuesto a las ventas y del impuesto
global al ACPM. 36
En Perú el reglamento define la implementación
de diferentes regímenes de promoción
(sin especificar de qué tipo), que abarcan
varias etapas de la cadena productiva de
biocombustibles:
• Promoción para cultivos alternativos;
• Promoción para proyectos de biocombustibles
en el Mecanismo de Desarrollo
Limpio;
• Promoción para el desarrollo de
tecnologías.
En Colombia el régimen promocional está
dedicado a los productores agrícolas. Éstos
deben registrar sus nuevas plantaciones en el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y llevar registros contables independientes
para solicitar las exenciones determinadas
en la Ley.
En Perú tiene prioridad la región selvática
para promover cultivos alternativos y contribuir
a la lucha contra las drogas. 37
Pueden acogerse a los beneficios establecidos
en el reglamento los productores, comercializadores
y distribuidores de biocombustibles,
previo a la presentación de planes de producción
quinquenales que detallen el volumen de
producción mensual y el área geográfica en
la cual se realizará.
35 Ibid
36 Ibid
37 Ibid
Sustentabilidad ambiental
En Colombia se define que las mezclas de
etanol con combustibles fósiles se harán
de acuerdo a los reglamentos sobre control
de emisiones y los requerimientos de saneamiento
ambiental que, para cada región
del país, establezca el Ministerio del Medio
Ambiente. 38
En Perú se señala que los proyectos de
inversión en cultivos para la producción de
biocombustibles deben cumplir con la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, tomando en cuenta la zonificación
ecológica y económica o la capacidad de uso
mayor de los suelos. 39
Políticas públicas
En Perú, por ejemplo, la Ley define políticas
generales para la promoción del mercado de
biocombustibles, entre ellas:
• Desarrollar y fortalecer la estructura
científico-tecnológica destinada a generar
la investigación necesaria para el aprovechamiento
de los biocombustibles;
• Promover la formación de recursos humanos
de alta especialización en esta materia;
• Incentivar la participación de tecnologías,
el desarrollo de proyectos experimentales
y la transferencia de tecnologías;
• Incentivar la participación privada para la
producción de biocombustibles; impulsar
la comercialización de los biocombustibles
para utilizarlos en todos los ámbitos de la
economía;
• Promover la producción de biocombustibles
en la selva.
Sobre la última política general, la Ley le otorga
facultades al ente rector en la lucha contra
las drogas en Perú (DEVIDA) para que,
conjuntamente con los Gobiernos Regionales
y PROINVERSIóN, elaboren proyectos para
promover la inversión privada en la zona
ceja de la selva, orientados a la obtención de
38 Ibid
39 Ibid

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
biocombustibles, con garantía de compra de
estos productos por parte del Estado.
Cuba
En el caso cubano y frente al reto de conseguir
que los combustibles fósiles sean sustituidos
paulatinamente por fuentes renovables de
energía, los biocombustibles tiene ya gran
parte del terreno ganado, pese a su impacto
en la alimentación y el medioambiente.
En el debate alimentos vs. combustibles Cuba
apuesta por la producción de biodiesel con especies
vegetales no comestibles. La propuesta,
según José A. Sotolongo, Director general del
Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el
Desarrollo Sostenible (CATEDES) es “un
sistema agroforestal: alimento en primer lugar
y luego energía; energía para incrementar la
producción de alimentos.” 40
La Jatropha
En diversas zonas del país se estudian variedades
vegetales de oleaginosas (Moringa
oleifera, Aleurites, microalgas, higuereta),
aunque la de mayor demanda es la Jatropha
Curcas L.
La Jatropha, también conocida como “piñón
botija”, es una planta originaria de América
Central, aunque crece en la mayoría de los
países tropicales. Vive unos 50 años como
promedio y es muy resistente a la sequía,
como ha demostrado en la oriental provincia
de Guantánamo, zona de fuerte desertificación
en sus suelos. 41
Uno de los usos más importantes es la producción
de biodiesel, debido al alto contenido
de aceite de sus semillas (más del 50%). 42
A nivel mundial la Jatropha se sitúa tras la
palma aceitera y el cocotero en cuanto a la
concentración de lípidos en semilla. Le siguen
la colza, el maní, el sésamo y la soya.
40 RODRíGUEZ Guerra Ingrids “Oleaginosas no
comestibles: fuentes potenciales para el desarrollo
energético sostenible en Cuba” en www.cubaenergia.
cu/index.php?option=com_docman&task...3
41 Ibid
42 Ibid
A lo largo del país se investigan diversas
variedades y procedencias del piñón botija,
con el fin de adaptarlas a nuestras condiciones
edafoclimáticas. Aunque existe una variedad
criolla, se hacen estudios en campo e in vitro
con plantas de otras procedencias, donde
tienen experiencias importantes instituciones
como el CATEDES, la Unión Básica de
Producción y Cultivos (UBPC) Carlos Manuel
de Céspedes, la Estación Experimental de
Pastos y Forrajes (EEPF) Indio Hatuey y el
Instituto de Investigaciones Forestales. 43
Además del análisis de variedades, la experiencia
de cultivos y los estudios de factibilidad y
rendimiento, el debate cubano sobre biodiesel
abarca otras aristas: la gestión del conocimiento,
las mezclas con diesel para su uso en
motores de combustión interna, la cinética
de reacción de los aceites, el desarrollo local
y la gestión de proyectos relacionados con la
temática. 44
La higuereta (ricino) se desarrolla de forma
silvestre en toda la geografía nacional y su
aceite se importa para usos cosméticos. En la
guantanamera granja agropecuaria Paraguay
se tienen buenos resultados experimentales de
cultivo, cosecha y extracción del aceite de esta
planta para su conversión en biodiesel. 45
Planta de biogás
Para el año 2009 la ciudad de Cienfuegos puso
en funcionamiento una planta de biogás con
la ayuda de tecnología alemana. El complejo
que provee electricidad a partir de los desechos
del complejo porcino de la localidad de
Palmira, también aporta al grave problema de
tratamiento de residuos orgánicos producidos
por una población de 35.000 cerdos. 46
En Cuba, ya existen 700 plantas de biogás,
aunque estimaciones oficiales aseguran
43 Ibid
44 Ibid
45 Ibid
46 Las Energias Renovables. Cuba y su planta de
biogás en http://www.lasenergiasrenovables.com/
noticias/biomasa/cubainstalaraunaplantadebiogas/
index.html
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
123

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
124
Juan Pablo
Galeano Rey
que sólo la mitad de ellas están en pleno
funcionamiento.
El gobierno cubano ha asegurado que en el
archipiélago pueden llegar a producirse al año
más de 150 mil toneladas de combustible,
como producto de los 78 millones de metros
cúbicos de desechos biodegradables que se
generan. 47
3. Conclusiones y Hallazgos
3.1 Trasplantes Jurídicos del caso
de estudio
Antes de determinar qué tipo de préstamos
o trasplantes legales se hallaron en el caso de
estudio es pertinente recordar sucintamente
que es un trasplante y cuales son sus clases
para así poder realizar la aproximación al
presente estudio
Trasplante Jurídico son normas que son
influenciadas y resultan en cambios legales:
desarrollando íntegramente un sistema con
normas nuevas, trasplantando normas de otro
sistema legal, o desarrollando y modificando
las normas existentes mediante la formalización
de usos presentes, agregando algunas
normas extranjeras o creando parcialmente
nuevas normas. 48
Aquellas formas que versen sobre influencia
externas son los trasplantes jurídicos externos
que en el caso de estudio se evidencian a partir
de la recepción realizada en los países .
Luego de la revisión analítica de los formantes
legales en los países objeto de estudio y teniendo
en cuenta las tipologías de trasplantes
jurídicos de Jonathan Miller y de William
Twining que se dan cuenta a continuación
1. Cost-saving Transplant
El trasplante para ahorrar costos Se trata
de una recepción dirigida a ahorrar tiempo
haciendo lo que otro país ya ha comprobado
y a evitar la necesidad de destinar recursos
desarrollando soluciones autóctonas. Para el
47 Ibid
48 WATSON Allan “Legal Transplant” en Trasplantes
Jurídicos http://transplanteslegales.blogspot.
com/
caso de estudio se trata de la legislación ambiental,
de bioseguridad y energética cubana,
venezolana, peruana y colombiana que recepcionan
el modelo definido en el Convenio de
Biodiversidad de Rio 92 para aminorar los
costos consecuentes de producción agrícola
y energética.
En este tema se advierte de que si bien el
asunto de la biotecnología agrícola es de
alcance transversal al acogerse una visión
estrictamente agrícola y energética se esta
reconociendo un modelo de agronegocios
y de mercados energéticos pasando por alto
política ambientales y de sanitarias que buscan
la sostenibilidad biodiversa y la salud de
consumidores de transgénicos. Estos costos
no se dimensionan de una manera importante
en ninguno de los países de estudio
2. Externally Dictated Transplant
El trasplante impuesto externamente Se trata
de un tipo de recepción ubicuo a través de
todo el mundo, pero particularmente en los
países en vías de desarrollo.
En el caso de estudio no se pudo establecer
3. Transplant as a Vehicle for Individual
Investment
El trasplante como vehículo para la inversión
personal Un claro estímulo para el trasplante
legal es la presencia en el país receptor de
individuos interesados en la estructura legal
foránea de manera de que puedan obtener
beneficios políticos o económicos por ello
En el caso de estudio no se pudo establecer
4. Legitimacy-Generating Transplant
El trasplante como generador de legitimidad.
Miller parte de los tipos de dominación
legítima no basados únicamente en la fuerza
propuestos por Max Weber: la dominación
racional, basada en la creencia en la legitimidad
de las reglas sancionadas y en el derecho
de aquellos elegidos como autoridad bajo
aquellas reglas para emitir órdenes; la dominación
tradicional, en la que la autoridad
descansa en una creencia arraigada en la
santidad de tradiciones inmemoriales y en la
legitimidad de quienes ejercen la autoridad

Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
los alimentos
transgénicos y los
agrocombustibles
bajo éstas; y la dominación carismática, en
que la autoridad reposa en la excepcional
santidad, heroísmo o carácter de una determinada
persona, elevada por sobre sus pares,
quizá debido a su poder militar o a través
de una elección.
En los cuatro casos se busca generar legitimidad
tomando del sitio de producción que es
la ONU/ PNUMA (Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) por parte
de los sitios de recepción Cuba, Venezuela,
Perú y Colombia.
La adopción de estándares internacionales
ambientales por parte de países como los
del presente estudio implica asumir un rango
de legitimidad racional como quiera que el
orden ambiental es una estructura normativa
supranacional que termina recogiéndose en
los países de estudio
William Twining 49
1.Trasplante simple
Tanto el exportador como el importador de
derecho son claramente identificables
El objeto transferido es usualmente un
conjunto de reglas jurídicas y el objeto trasplantado
no sufre ningún tipo de cambio en
el Estado receptor
Frente a las dinámicas del trasplante el intercambio
entre países se da en una sola vía
y el derecho recibido reemplaza al derecho
persistente o llena una laguna que había sobre
la materia en el sistema jurídico receptor.
En el caso de estudio solo se da con la ratificación
del Protocolo de Bioseguridad que
se trata de un Acuerdo Multilateral de Medio
Ambiente, como quiera que lo único que hacen
los países receptores es primero suscribir
y luego ratificar el texto del Protocolo sin que
sea posible por ellos cambiar aparte alguno
del texto en cuestión.
2.Trasplante Complejo
Los derechos que viajan también son diseños
institucionales, formas de redacción de
49 Ibid
documentos jurídicos, ideologías, modelos
teóricos descriptivos o normativos y métodos
de enseñanza o estructuras cuniculares.
En el caso de estudio dichos diseños institucionales
y políticas públicas relacionadas se
advierte que si bien la pricipalística internacional
proviene básicamente del Convenio
de Biodiversidad de Rio, en el caso cubano
el modelo teórico (ambiental, energético,
agrícola y sanitario) se articuló a un modelo
anterior que se venía trabajando en la isla
haciendo de la regulación resultante un producto
más completo.
En los casos colombiano, peruano y venezolano
por su parte, el diseño de política se
inspiro en la normativa internacional sin dar
mayores aportes al respecto.
3.Transplantes Pragmáticos
Los trasplantes son herramientas para solucionar
problemas concretos. El agentes
importador escoge o el agente exportador
impone un conjunto de normas o instituciones
porque en otros contextos enfrentaron
con éxito retos análogos a los que ahora se
enfrentan.
En el caso de estudio tan solo podría pensarse
que el trasplante pudo operar así para el Perú
que es el último país que registra este proceso
de recepción normativa.
4.Transplante Valorativo
Para comprender los trasplantes hay que concentrarse
en los valores, principios e interese
políticos que lo fundamentan y motivan.
Los instrumentos jurídicos que se importan
son relevantes para el análisis, sin embargo
estos son secundarios frente a las categorías
conceptuales y prácticas que les dan origen
y los sostienen.
Este tipo de trasplante está muy cercano
al antedicho trasplante complejo por lo
que se puede decir aquí lo mismo arriba
mencionado
5. Transplante Contextual
Existe una estrecha relación entre el derecho
y la sociedad. El derecho refleja las variables
Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
125

Informes de Investigación
Grupo: Hombre, Sociedad y Estado
126
Juan Pablo
Galeano Rey
culturales, políticas y económicas que caracterizan
la comunidad. Los trasplantes tienen
problemas serios para echar raíces y consolidarse
en los contextos de recepción.
Los contextos de países socialistas como son
Cuba y Venezuela sin duda son incomparables
con países más cercanos a modelos neoliberales
como son Colombia y Perú.
En los dos primeros casos las políticas públicas
y la normativa asociada revelan más
modelos de privilegio del componente de
lo ambiental, lo energético, lo sanitario y lo
agrícola cercanos a una postura de soberanía
y seguridad alimentaria, mientras que en los
casos peruano y colombiano se evidencia un
modelo de agro-negocios y de política energética
asociados a un esquema de desarrollo
puesto al servicio del crecimiento económico.
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Gobernanza y
gobernabilidad
ambiental
Estudio comparado
El caso de
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46. Colombia: Ministerio de la Protección
Social. Decreto No.936: Fecha: 2004-01-21
Por la cual se aprueba el Acuerdo número
008, por el cual se modifica la composición
y funciones de la Comisión Revisora.
47. Colombia CONGRESO DE LA
REPÚBLICA Ley No. 740 Fecha: 2002-
05-24 Por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica”, hecho en Montreal,
el veintinueve (29) de enero de dos mil
(2000)
48. Colombia CONGRESO DE LA
REPÚBLICA Ley No. 740 Fecha: 2002-
05-24 Por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica”, hecho en Montreal,
el veintinueve (29) de enero de dos mil
(2000).

El Revista concepto Diálogos de
terrorismo de Saberes
ISSN de Estado: 0124-0021
Julio-Diciembre
una propuesta
de 2010
de Lege Ferenda
Págs. 129-147
Resumen
No existe un solo terrorismo1 . En medio
de cierta cosmovisión dogmática de brindar
seguridad, sin importar los métodos o los medios
empleados, existen sistemas de gobiernos
criminales que ejecutan múltiples actos
de terror y de terrorismo2 y, sin embargo, no
son estimados sus autores como terroristas.
En este artículo se plantea que el principal
problema se halla en la discusión doctrinaria
y por supuesto legal en torno a sí efectiva y,
legalmente una construcción teórica como es
el Estado, puede cometer delitos. De la misma
manera se recogen diversos planteamientos
sobre el terrorismo de Estado y se propone
el mismo como Lege ferenda.
Palabras clave
Terrorismo de Estado, Antiterrorismo,
Terrorismo, Derechos Humanos.
Abstract
El concepto de terrorismo de Estado:
una propuesta de lege ferenda*
There is not a terrorist. In the midst of
some dogmatic worldview provide security,
regardless of methods or means used, there
are government systems that run multiple
criminal acts of terror and terrorism, however,
are estimates perpetrators as terrorists.
This article suggests that the main problem
lies in the doctrinal discussion and of course
on legal and legally effective and a theoretical
construct such as the State can commit
crimes. In the same manner set out various
approaches to state terrorism and seeks the
same as Lege Ferenda.
Key words
Terrorism of State, Antiterrorism, Terrorism,
Human Rights.
1. El problema de investigación
¿Qué significa el terrorismo de Estado y por
qué de su utilización en el ámbito sociopolítico?,
¿Qué relación existe entre esta clase
de terrorismo y el antiterrorismo?
2. Metodología
Henry Torres Vásquez **
Universidad Libre, Bogotá, D.C.
henrytorresv@yahoo.es
Es una investigación socio jurídica efectuada
en varios países en la que se ha contado con
el apoyo axial del método 1 comparativo 2 para
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010. 1
Fecha de aceptación del artículo: Octubre 25 de 2010. 2
* Artículo que corresponde a un subcapítulo de la tesis doctoral: Análisis del terrorismo de Estado, calificada Cum Laude
por unanimidad en Tribunal presidido por el Doctor Gonzalo Quintero Olivares, con la cual el autor obtuvo el título
de Doctor en Sistema Penal, dentro del doctorado ínter universitario Empresa y Sistema Penal de la Universitat
Jaume I de Castelló, España, 2008.
** Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Empresa y Sistema Penal, de la Universitat
Jaume I de Castelló España. Docente investigador de jornada completa de la Universidad Libre.
1 «Hubo quienes creyeron –erróneamente– que el terrorismo era más o menos un monopolio de grupos de la
extrema izquierda, como las Brigadas Rojas italianas o el Ejército Rojo alemán o varios grupos latinoamericanos.
(Hubo también un terrorismo étnico–nacionalista, como en Irlanda del Norte, pero éste figuraba en forma menos
prominente)». LAQUEUR, Walter, Terrorismo: una reseña histórica, disponible en: http://usinfo.state.gov/**
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Empresa y Sistema Penal, de la Universitat Jaume
I de Castelló España. Docente investigador de jornada completa de la Universidad Libre.
2 En cuanto hace a los aspectos etnológicos del terrorismo se puede consultar a CARO BAROJA, Julio, Terror
y terrorismo, edit. Plaza y Janes, Barcelona, 1989, p. 49 y ss.
Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
129

Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
130
Henry Torres
Vásquez
poder explicar en profundidad el concepto
de terrorismo de Estado. Por su parte ante
el numeroso material bibliográfico consultado,
el método analítico deductivo permitió
analizar con rigor y profundidad el problema
planteado.
3. Resultados
3.1 Introducción
En la dialéctica entre el gobierno que perpetra
actos calificados a priori terrorismo de
Estado 3 y los disidentes u opositores 4 siempre
han estado presentes las divergencias de todo
tipo –fundamentalmente las de orden terminológico–
y por ende las interpretaciones de
las mismas.
Es sabido que el no concretar una definición
legal de terrorismo 5 aunque sea siquiera
local, lo que haces es defender o justificar
las propias, convenientes y convincentes interpretaciones
que usan aquellos Estados en
donde se experimenta un terror en contra
de los ciudadanos de un país. La libre elección
de acuerdo a su acomodo del término
terrorismo o de acto terrorista hace que «los
poderes otorgados para combatirlos sean
susceptibles de amplia utilización con fines
muy distintos» 6 .
Se denota que este tipo de acciones son muy
comunes en los Estados que efectúan actividades
criminales consideradas, terrorismo de
Estado. Así mismo y sin pretender encasil-
3 Hay que especificar en primer lugar que Estado,
es la: «denominación que reciben las entidades
políticas soberanas sobre un determinado territorio,
su conjunto de organizaciones de gobierno y, por
extensión, su propio territorio». Diccionario de la
RAE. Enciclopedia Encarta 2009.
4 Por disidentes se entiende aquellas personas que
se niegan a aceptar la autoridad estatal, por su
parte por opositores se llama a los contradictores
o antagonistas del Estado.
5 Sobre el tema de la indefinición del terrorismo,
léase: TORRES VÁSQUEZ, Henry, El concepto de
terrorismo, su inexistencia o inoperancia: La apertura
a la violación de los derechos humanos. Revista
Diálogos de Saberes Nº 32, Universidad Libre, Bogotá
2010.
6 TERRADILLOS BASOCO, Juan, Terrorismo y
Derecho, edit. Tecnos, Madrid, 1988, p. 49.
lar a ningún país, si se sabe que hay países
que son modelos en cuanto al terrorismo
de Estado; como se ha demostrado en los
tribunales nacionales e internacionales en
los casos sucedidos en décadas pasadas en
Estados como Argentina, Perú, Chile, entre
otros, sin embargo no son pocos los doctrinantes
que disienten de está apreciación, así
LAMARCA PÉREZ considera que el terrorismo
de Estado es un termino pasional o
periodístico pero no es jurídico, por lo tanto
estima que en el proceso Argentino se dan
las siguientes circunstancias: a) en este caso
a quienes se juzga es a personas físicas; b)
estos cometieron sus delitos siendo bandas
militares, organizaciones paramilitares o civiles;
c) antes de llegar al poder el gobierno ya
había previsto llevar a cabo estos delitos; d)
las víctimas eran aquellas que se oponían al
proyecto gubernamental; y e) debido a que en
el terrorismo de Estado no hay la finalidad de
subvertir el orden constitucional, no se puede
decir que hubiese existido en la Argentina 7 .
A pesar de esto somos conscientes que hay
países en los cuales en la actualidad hay terrorismo
de Estado, entre ellos: Sudán, Cuba,
Venezuela, incluso Colombia, encajan perfectamente
en la que Garzón Valdés propone
como definición de terrorismo de Estado:
«El terrorismo de Estado es una forma
del ejercicio del poder estatal cuya regla de
conocimiento permite y/o impone, con miras
a crear el temor generalizado, la aplicación
clandestina, impredecible y difusa, también a
7 Por estas importantes razones concluye diciendo
que: «según doctrina y jurisprudencia, conforman
el delito de terrorismo cuyo elemento subjetivo
característico, la finalidad de subvertir el orden
constitucional supone la utilización de la violencia
al margen de las reglas del estado lo que puede
realizarse tanto desde fuera como desde dentro
del propio Estado como, fundamentalmente, fue
este último el caso de las dictaduras Argentina y
chilena». LAMARCA PÉREZ, El principio de
justicia universal y la competencia de la jurisdicción
española en los casos de Argentina y Chile, en el
libro homenaje al Dr. Marino Barbero Santos,
in memorian, Volumen II, dirigido por Luís A.
Arroyo Zapatero e Ignacio Berdugo Gómez de la
Torre, edit. Universidad de Castilla La Mancha. Y
Universidad de Salamanca, Salamanca 2001, pp.
1107 y 1108.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
personas manifiestamente inocentes, de medidas
coactivas prohibidas por el ordenamiento
jurídico proclamado, obstaculiza o anula la
actividad judicial y convierte al gobierno en
agente activo de la lucha por el poder» 8 .
3.2 La indefinición del terrorismo
de Estado
La complejidad del asunto del terrorismo
de Estado es de tal tenor que es necesario
comprender que no existe un tipo penal que
se denomine terrorismo de Estado, pero
es bien conocido que proliferan medidas
gubernamentales en las que reiterada y
sistemáticamente se efectúan disposiciones
represivas, criminales, en general medidas
de tipo autoritario que son dirigidas contra
los conciudadanos que son considerados
enemigos del Estado. El ciudadano así calificado
es una “verdadera fuente de peligro”
y amerita por tanto su “eliminación” en
virtud de la seguridad colectiva. Y tal como
explícita GONZALEZ CUSSAC bajo esa
orientación «no hay contrapesos ni límites,
habrá de mantenerse el régimen restrictivo o
privativo de derechos del enemigo. De esta
forma la función de la pena ya no será la tutela
de bienes jurídicos sino el mantenimiento de
la seguridad colectiva 9 ».
Ese tipo de acciones contra personas o
grupos que defienden algún derecho o que
hacen parte de algún movimiento que los
reivindica, son interpretadas como maniobras
terroristas por el gobierno; Estas pasan
inadvertidas para todo el mundo, y aunque, las
denuncias pululan ahora por los excesos que
llegan hasta la ejecución de acciones penales
que se incardinan en el delito de genocidio,
por ejemplo en Chile, Argentina 10 , etcétera.
8 GARZóN VALDÉS, Ernesto, Filosofía Política,
Derecho, Colección Honoris Causa, Universidad
de Valencia, 2001, p.147.
9 GONZÁLEZ CUSSAC, José Luís, El renacimiento
del pensamiento totalitario en el seno del estado de
Derecho: La doctrina del derecho penal enemigo,
en Revista La Ley, Nº 19. Huelva, enero de 2007,
2001, p. 69.
10 En el caso de las dictaduras de Argentina y Chile,
los tribunales españoles han llegado a incluir un
concepto de genocidio aplicado a las particulares
condiciones de violencia ocurrida en esos países, es
A pesar de esto, el Estado considera que
no hay ninguna mutación de derechos, que
responde a unas agresiones ilegítimas y que
brindan todos los canales pacíficos para que
los ciudadanos ejerzan su inconformismo 11 .
De otra parte el gobierno al permanecer
momentos coyunturales tiene que combatir a
los delincuentes que con distintas finalidades
como métodos, cometen actos considerados
violentos 12 . Ya se pueda tipificar estos como
un delito de terrorismo y, ya provenga, este
terrorismo de los revolucionarios (hoy considerados
terroristas), o de la delincuencia
común, o inclusive de agentes del mismo
gobierno 13 . Lo que no es una evidencia en el
ámbito social, por lo tanto se guarda celosamente
es que quién saca el mejor provecho
con el terrorismo Estado, mejor dicho con
la indefinición de terrorismo en general, es
el mismo gobierno, es decir, el Estado en sí
mismo considerado.
Es claro que los destinatarios de las acciones
violentas del Estado son muy difusos,
decir: «El concepto social de genocidio vinculado,
fundamentalmente, al ius cogens, que les permite
reivindicar un concepto diferente de grupo nacional,
comprensivo, como se ha dicho, de cualquier grupo
social diferenciado». GÓMEZ BENÍTEZ, José
Manuel. Estudios Penales, edit. Colex, Madrid, 2001,
p. 229.
11 La amenaza, o mejor dicho las “agresiones” pueden
ser reales o aparentes, lo cual no obsta para que los
militares tengan la excusa perfecta para asumir el
poder supremo. De este modo es la consideración
de: CALVERT, Peter, “El terror en la teoría de la
revolución”, en: O” Sullivan, Noel, Terrorismo,
ideología y revolución, edit. Alianza, Madrid, 1987,
p. 60.
12 Sobre las diversas manifestaciones de violencia,
ya sea nacionalista, revolucionaria o anarquista, es
muy interesante el texto: Op. cit. de GARCíA SAN
PEDRO, Terrorismo..., pp. 25 y ss.
13 Lo cual es evidente en Colombia, con las denuncias
y actuales procesos por lo que se ha llamado “falsos
positivos”: en estos casos militares en activo han
asesinado a cientos de personas, e incluso niños,
para luego hacerlos aparecer como guerrilleros,
dados de bajo en combate. Por cada positivo, es
decir por cada guerrillero muerto en combate el
gobierno paga algo así como 1000 euros. Con los
“falsos positivos” los militares se quedaban con esa
paga y con un premio, una medalla o un ascenso en
la escala militar.
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Informes de Investigación
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precisamente por eso se llama terrorismo
de Estado, ya que existe una imprecisión de
los destinatarios, incluso la violencia legitima
del Estado, está dirigida contra cualquier
individuo, sin requerir que haya cometido
algún crimen.
Según GARZóN VALDÉS 14 esta es una
parte esencial de la llamada “eficacia” del
terrorismo estatal 15 . Las violaciones a los
derechos humanos es permanente, aún
cuando han tenido un desarrollo importante
manifestado en los posteriores avances en
materia de defensa de los Derechos humanos
de mitad del siglo pasado, esos derechos
son vulnerados, hoy, mucho más que hace
60 años, cuando se crearon. No obstante,
que ya se tiene instaurado un tipo penal
que recoge la tortura y que por ende, tiene
cobertura internacional legal expresada en la
Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 16 .
14 «Infundir en la población el temor fundado de que, en
principio, nadie está a salvo de la coacción arbitraria
por parte de los órganos gubernamentales», así mismo
expresa que: «La eficacia del terrorismo de Estado se
mediría justamente por la destrucción del «enemigo» y
la adopción de una actitud de obediencia por parte del
resto de la población». Op. cit. GARZÓN VALDÉS,
Filosofía Política..., p. 144.
15 A pesar de que el terrorismo de estado basa su
resultado y su continuidad no sólo en la violencia,
sino en su eficacia, es decir en la capacidad de lograr
el efecto que desea. No obstante puede indicarse que
el terrorismo de estado aparte de ser condenable,
puede resultar también ineficaz, en el sentido de no
tener una larga vida. Hay que recordar que a parte de
la dictadura castrista en cuba, pocos países han tenido
un terrorismo de estado que perdure. Normalmente,
el gobierno que efectúa actos de terrorismo de estado,
se cae por su propio peso.
16 La Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dice:
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención,
se entenderá por el término «tortura» todo acto por
el cual se inflijan intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de castigarla
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario
público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
De tal modo que hoy –en teoría– el ciudadano
se puede defender en “igualdad de armas”
frente al poder del leviatán; sin embargo,
existe un amplio espacio de discrecionalidad
y de tortura evidente y soterrada 17 que se
desprende de la imperiosa necesidad de luchar
contra el fenómeno del terrorismo. Así es que,
hoy es aceptada cualquier cosa, para luchar
contra terroristas, hasta el mismo terrorismo
si es necesario utilizarlo para combatirlos es
válido.
No sucede lo mismo cuando de proteger
el uso y goce de los derechos humanos se
trata, la protección de tan preciados derechos
es nula, ante todo si estas violaciones a los
derechos humanos suceden en el terreno del
terrorismo de Estado 18 . Si ha sido normal
en los numerosos intentos que se han hecho
para definir el terrorismo su falta de concreción,
además que han pasado al ostracismo;
la situación es peor, cuando se habla del
terrorismo del Estado. En ese sentido, tanto
en el ámbito local como internacional se ha
demostrado que la cuestión está cargada de
consideraciones políticas que obstaculizan el
establecimiento de definiciones jurídicamente
satisfactorias y ampliamente aceptables. La
situación tiende a empeorar si además, se
aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores
o sufrimientos que sean consecuencia únicamente
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o
incidentales a éstas.
17 «Frente a la norma que establecía que no servían
las confesiones arrancadas por tormento como no
fuesen confirmadas después voluntariamente, se
hacía notar que ello no importaba pues el tormento
ya se había impuesto; y por lo demás, la posibilidad
de nuevo tormento en caso de retractación posterior,
prácticamente aseguraba la confirmación de la
confesión forzada». GRIMA, LIZANDRA, Vicente,
Los delitos de tortura y tratos degradantes por
funcionarios públicos, edit. Tirant lo Blanc, Valencia
1998, p. 34.
18 «Una sociedad ética cimentada en los derechos
humanos es aquella en la que a todas las personas
se les garantiza un modo de vida decente y digno
de oportunidades para su realización personal, pero
en la que también están garantizadas la libertad
de expresión, de asociación política, de culto,
etc.». GEORGE, Susan, y otros, “¿Globalización
de los derechos?” En: La globalización de los
derechos humanos, edit. Oxford Amnesty Lectures,
Barcelona, 2003, p. 25.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
sabe que, hoy la noción e interpretación
de terrorismo cambia con el transcurso del
tiempo. Últimamente se ha ampliado para
abarcar fenómenos como el ciberterrorismo
y las operaciones financieras transnacionales
ilegales. Mientras no haya consenso sobre
el modo de afrontar ese fenómeno, no es
probable que se llegue a un acuerdo sobre
su definición.
3.3 Las divergencias doctrinales
sobre la existencia del
terrorismo de Estado
Portilla Contreras no está de acuerdo con
la posición de Lamarca Pérez, sobre la
inexistencia de terrorismo de Estado, al
menos en España. La posición de Lamarca
se fundamenta en varias exposiciones de la
autora en referencia al terrorismo de Estado,
ha dicho por ejemplo: «tal cosa no existe ni
puede existir: el Estado puede ser moralmente
perverso, pero no delincuente y, en el plano
del Derecho interno, reitero que hablar de
terrorismo de Estado constituye una metafórica
y retórica desde un punto de vista
jurídico, pues la eficacia y, por tanto, en último
término la validez del orden jurídico reposa en
el propio poder del Estado» 19 . Mientras que
Portilla expresa que: «sí que puede hablarse
de terrorismo de Estado como terrorismo
desde el estado, financiado y ejecutado por
funcionarios del Estado o mercenarios
pagados por el mismo. Que el concepto
como tal, sea útil o no, nada tiene que ver
con su existencia» 20 . Para Lamarca Pérez,
en la dictadura Argentina por la cual se han
juzgado a delincuentes argentinos en España
no ha existido terrorismo de Estado y, sí en
cambio, esas conductas delictivas se adecuan
perfectamente al terrorismo político conven-
19 LAMARCA PÉREZ, Carmen, Sobre el concepto
jurídico de terrorismo, en A.D.C.P., Madrid, tomo
xLVI, 1993.. p. 541.
20 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, Terrorismo
de Estado: Los Grupos Antiterroristas de Liberación
Nacional (G.A.L.), en el libro homenaje al Dr.
Marino Barbero Santos, in memorian, Volumen
II, dirigido por Luís A. Arroyo Zapatero e Ignacio
Berdugo Gómez de la Torre, edit. Universidad
de Castilla La Mancha, y de la Universidad de
Salamanca, Salamanca 2001, p. 504.
cional. Es decir, en cierto modo coincide con
Serrano Piedecasas, quien tampoco cree que
se pueda hablar de terrorismo de Estado en el
seno de la democracia 21 . Mientras que Portilla
Contreras es de igual apreciación que Muñoz
Conde, al considerar que cuando se subvierte
el orden constitucional y se altera gravemente
la paz pública y cuando quien lleva a cabo los
actos de terrorismo son las instituciones del
Estado 22 hay terrorismo de Estado.
Por su quebrantamiento cualquier país
que sea, se le considerará un Estado que
ejercita el terrorismo de Estado, es pues,
un terrorismo que pretende gobernar de
esa forma violenta para lograr entre otras
cosas resguardar el poder, es pues contrario
al terrorismo de oposición al régimen, a las
autoridades legítimamente constituidas en el
que el Estado y más exactamente el Gobierno
o las Instituciones son el principal fin y al que
desean derrocar o fastidiar.
La respuesta del Estado en torno a dar giros
para penalizar determinadas conductas “incomodas”
para el mismo, es más que evidente
en la sentencia de la Audiencia Nacional
(española) sección 3ª, de 20.09.1991 en el
llamado caso Amedo y Domínguez 23 . Allí se
21 SERRANO PIEDECASAS, José Ramón, Emergencia
y crisis del estado social, Barcelona, 1988, p. 165.
22 Así en: Op. cit. PORTILLA CONTRERAS,
Terrorismo de Estado..., pp. 508 y 509.
23 Sobre este mismo caso léase: GONZÁLEZ
CUSSAC, José Luís, Paradojas del caso Amedo.
Poder Judicial 27, 1992, p. 39–53. Igualmente,
de PRADA SOLAESA, José Ricardo, Delitos
relacionados con el terrorismo en el Código Penal
de 1995, en Jueces para la Democracia, marzo de
2006, p. 73 y ss.
En torno a este tema la explicación que nos da
Lamarca es de tal tenor, que hay que exponerla
complemente: LAMARCA Carmen, El principio
de justicia universal en la persecución de los
crímenes contra la humanidad, (20–24 agosto
2001), disponible en: www.abogarte.com
«En nuestro país hubo una sentencia (no creo
que se vuelva a repetir) que dijo sin embargo que
el término “subversivo” limitaba los casos de
terrorismo a aquellos que fueran de pretensión
de cambiar el orden constitucional por otro de
diferente signo, estando presente siempre la idea de
cambio constitucional: pero sin embargo, cuando de
lo que se trataba era del mantenimiento del propio
poder, eso no era terrorismo, era otra cosa. Es
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dijo que los actos practicados por el Grupo
Antiterrorista de Liberación 24 , quienes en
concretamente la famosa sentencia del caso Amedo
y Domínguez, el primer caso que se instruyó por los
GAL; en este caso se dijo no obstante, que Amedo
y Domínguez no pertenecían a los GAL, que si
los del GAL reivindicaban todos los atentados de
Amedo y Domínguez sería porque se llevaban muy
bien –lo dice expresamente la sentencia– pero que
realmente no pertenecían ninguno de los dos a los
GAL. Pues bien, en aquel caso se dijo que si bien
es cierto que lo que intentaban esas personas era
preservar, defender al estado, y aunque eso se hiciera
por medios jurídicamente reprobables, la finalidad
política solo podía ser relevante cuando perseguía
el cambio o la modificación sustancial del régimen
político. Cuando normalmente ese cambio suele estar
encomendado a grupos que podríamos denominar
ideológicamente de izquierdas, porque normalmente
la derecha suele preservar o conservar, pero yo
entiendo que ideológicamente la finalidad política es
irrelevante que sea de un signo o de otro: usted quiere
que se cambie o se perpetúe lo que hay a costa de
los demás. Y lo importante no es la finalidad porque
en si misma es perfectamente lícita, lo importante es
que persigue esos objetivos alterando las reglas del
juego, es decir, por medios que no son válidos. Luego,
me da exactamente lo mismo que usted pretenda
suplantar al juez o pretenda suplantar al legislador,
que es en definitiva lo que se hace según se ejerza
un terrorismo de uno u otro signo. Yo aplico la ley
porque suplanto a los jueces o bien decido la ley
porque suplanto a los legisladores. Yo decido lo que
es o lo que debe ser. Porque en un estado autentica
y verdaderamente democrático, la finalidad política,
por muy radical que ésta sea, es perfectamente lícita:
yo puedo ser republicana, anarquista, neonazi, lo que
quiera, siempre y cuando no detenga, no mate, no
lesione, etc.; Pero, evidentemente, ideológicamente
puedo pertenecer al partido, al grupo o a la tendencia
que quiera y esa sería una autentica libertad de
expresión en un estado verdaderamente democrático.
El programa de un grupo político normalmente es
revolucionario, transformador. Por qué? Porque la
defensa de los postulados políticos tradicionales
normalmente ya corre a cargo del propio aparato del
estado. Pero nada impide conceptuar como terrorista
a un grupo políticamente conservador, incluso a un
grupo contrarrevolucionario que lo que hace es que
la violencia sea como un obstáculo al cambio. Pero
un obstáculo al cambio legítimo en una sociedad
democrática o un obstáculo al cambio revolucionario
me es indiferente, lo importante es que impide la
evolución, impide que se desarrolle políticamente ese
país». Sobre el caso Amedo comparado con el caso
Marey, léase: Op. cit. PORTILLA CONTRERAS,
Terrorismo de Estado..., pp. 518 y ss.
24 La política antiterrorista, (que se discute si es o
no terrorismo de Estado), en el caso español ha
tenido como premisa fundamental la represión
los años 80 efectuaron distintos actos criminales
con el fin de eliminar a integrantes y
colaboradores del grupo terrorista ETA, esas
acciones fueron terroristas y no subversivas,
en atención a que los delitos cometidos no tenían
como objetivo subvertir la Constitución.
En cambio, eran delitos efectuados con el fin
de mantener la Constitución, defendiendo la
estabilidad política, aunque para tal efecto
cometieran asesinatos, secuestros, lesiones y
todos los demás hechos que también hacen
las bandas terroristas. Serrano Piedecasas
argumenta que en Argentina y Chile hubo una
serie de delitos de genocidio, pero no hace
uso de la expresión terrorismo de Estado para
nombrar la situación criminal allí vivida. No
obstante y con mucho acierto, indica que si el
terrorismo proviene de los aparatos estatales,
dicha responsabilidad hace que se pueda
intervenir con la justicia supranacional 25 .
El problema principal del terrorismo y en
especial del terrorismo objeto de estudio es
la demarcación de su concepto. Y es obvio
como explica García Aran para ella, el terrorismo
de Estado depende del contenido que
se le atribuya al concepto, y en este sentido no
hay lugar a discusión, pero sin olvidar que el
mismo término terrorismo está en proceso de
ensamble, sí es que algún día se ha intentado
su construcción, pues el problema no es sólo
indiscriminada, y la guerra sucia, en este aspecto no
han sido muy efectivas las medidas, ya que hubo una
«acción antiterrorista violenta e ilegal, amparada desde
ciertos sectores de la administración, que causó en
total varias decenas de víctimas entre terroristas de
ETA, simpatizantes de la organización y personas
totalmente ajenas a ella. Atentados reivindicados
por los GAL (...). El principal objetivo de los GAL
parece haber sido forzar al gobierno francés a tomar
una actitud más firme contra los terroristas de ETA».
AVILÉS, Juan, “El declive de ETA”, pp. 100 y ss,
en: El desafío de la seguridad, COSIDó, Ignacio,
Coordinador, edit. FAES, Madrid, 2003. El autor habla
de concesiones en la política antiterrorista española,
destaca, intentos de negociación y tolerancia hacía
el entorno de ETA. Todos ellos sin embargo los
consideran equivocados.
25 Así: SERRANO PIEDECASAS, José Ramón,
La calificación de los actos contra los derechos
humanos conforme a la ley española, en: García
Arán, Mercedes y López Garrido, Diego, (Coords),
Crimen internacional y jurisdicción universal, edit.
Tirant Lo Blanc, Valencia 2000, p. 128.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
del terrorismo de Estado sino del terrorismo
en general. Su reflexión en cuanto a: «Sí el
terrorismo es un comportamiento en contra
del orden estatal establecido (por tanto), no
puede llevarse a cabo desde ese mismo orden
estatal» 26 , debo añadir que es acertado en
algún tipo de sociedades, pero no en todas,
ya que hoy por hoy existen muchas seudo
democracias, en las cuales es difícil, encontrar
un “orden estatal” que guarde los mandatos
universales y que tenga un respeto escrupuloso
por derechos fundamentales, o por los
derechos humanos. García Aran, añade que
es habitual que se niegue la subsunción del terrorismo
de Estado en las definiciones legales
de terrorismo. Para el efecto sostiene al igual
que Mestre Delgado 27 que: «quien ostenta el
poder en un orden democrático de derecho
pueda utilizar la violencia de manera indiscriminada
contra sectores de población» 28 , lo
cual parece a todas luces una contradicción,
pero es indubitable que no lo es. La violencia
legítima del Estado se tiene que usar por que
así emana de la Constitución, por otra parte,
la violencia ilegítima del Estado es anticonstitucional.
Es decir aquella en la que «los
funcionarios estatales, actuando como tales y
con la cobertura institucional de los órganos
a que pertenecen», actúan en contra el orden
establecido llevando a cabo acciones ilegales
para eliminar la disidencia política. Y en esa
orientación es totalmente posible, hablar de
terrorismo y cuando sus autores son agentes
del Estado mismo, es un terrorismo de
Estado. De facto lo es; pero, principalmente,
es y debe ser punible. La discusión es según,
nuestra opinión, no tan estéril como parece;
lo que pasa es que hay que concretar que el
fin último del terrorismo de Estado, no es
precisamente, la obstaculización, destrucción,
etc., del Estado sino la perpetuación de los
privilegios de quienes gobiernan ese Estado.
26 GARCíA ARÁN, Mercedes y LóPEZ GARRIDO,
Crimen internacional y jurisdicción universal, edit.
Tirant Lo Blanc, Valencia 2000, p. 134.
27 MESTRE DELGADO, Esteban, Delincuencia
terrorista y Audiencia Nacional. Madrid, 1987,
p. 31.
28 Op. cit GARCíA ARÁN, Crimen internacional...,
p. 135.
García Aran, concluye que no se puede
negar la existencia del terrorismo de Estado,
aunque aclara que lo importante es castigar el
terrorismo sin importar su denominación 29 .
Otro aspecto no menos importante, es la
situación que se presenta cuando se trata de
combatir a grupos subversivos. En la llamada
guerra antisubversiva (que se confunde con
el antiterrorismo), parece que no hay reglas,
debido a las peculiaridades de los integrantes
de los grupos subversivos, quienes se organizan
en células y en algunas ocasiones no usan
uniforme, con lo cual, quienes los combaten
que no son otros que los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado llegan a consideraciones
tan extremas que para combatirlos eficazmente
hay que emplear la llamada guerra sucia 30 .
Así pues acertadamente Muñoz Conde,
nos dice que: Frente al terrorismo contra el
Estado hay también un «terrorismo desde
el Estado», que a veces utiliza, en la “guerra
sucia” contra el otro terrorismo, medios
violentos como asesinatos o secuestros que
igualmente deben ser castigados» 31 .
3.4 El terrorismo de Estado como
lege ferenda
Con el objetivo de dar la mayor claridad
posible en el tema tratado, lo que se pretende
es crear una ficción de un delito que no existe
(pero que se puede llegar a crear); bajo tal ficción,
se hacen comparaciones con la doctrina
y jurisprudencia que sobre el tema genérico
de terrorismo existe, y en algunos casos sobre
las consideraciones que algunos tribunales
del mundo han tenido sobre el terrorismo de
Estado, pero siempre, aclarando que no existe
29 ídem, 136.
30 Los militares en Argentina hacían lo mismo que
los subversivos, es decir no usaban uniforme y
actuaban en células, lo que permitía violar los
derechos humanos sin mayores problemas, así:
MOYANO, María José, “Argentina: Guerra civil
sin batallas”, en: WALDMANN, Peter y Reinares
Fernando (compiladores). Sociedades en guerra
civil. Conflictos violentos de Europa y América
Latina, edit. Paidós, Madrid, 1999. p. 248.
31 MUñOZ CONDE, Francisco, Derecho penal,
parte especial, edit. Tirant Lo Blanc, Valencia 1995,
p. 862.
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Henry Torres
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un delito en el mundo que se llame terrorismo
de Estado. Sin embargo, de Lege ferenda se hace
necesario considerar como delito de terrorismo
de Estado, aquellos ilícitos que van ligados
a una forma de gobernar en el Estado, es
decir el Estado efectúa una serie de conductas
delictivas que son de reproche constante y
desde hace mucho tiempo en la ley penal
internacional, muchos de esos delitos son de
competencia universal, debido a su carácter
de ofender a la comunidad internacional, es
decir, son crímenes contra la humanidad. El
crimen contra la humanidad de la cual hace
parte el terrorismo político convencional,
en opinión de GARCíA ARAN, que es una
«definición abierta, construida sobre unos
hechos contra los derechos humanos (...), que
pasan a integrarse en el concepto de crimen
contra la humanidad cuando se les añade una
nota específica: la persecución de la disidencia
política o ideológica 32 ».
Cuando se cometen delitos de terrorismo de
Estado que son considerados de lesa humanidad,
con la ejecución de esos delitos por
parte de gobiernos, se inicia una campaña de
terror que implica posteriormente una falta
de seguridad jurídica, cuando esta se pierde
o se difumina la garantía para el ciudadano
frente al poder punitivo del Estado se quiebra.
Es decir el terror se aplica a unos sujetos
concretos que el Estado estima contrarios
al interés general, esto es a determinados
ciudadanos que pertenecen o comulgan con
tesis contrarias, se les quitan las posibilidades
de defensa cometan o no delitos. Se les separa
del orden jurídico legalmente establecido; y
en su lugar se les sanciona con una serie de
normas ilegales a toda luz, pero que, con visos
de legalidad imperan en el Estado.
3.5 La ficción del delito de
terrorismo de estado, una
necesidad frente al poder
punitivo del Estado
Como el terrorismo de Estado como delito
no existe, las definiciones sobre el mismo
32 Op. cit. GARCíA ARÁN, y LóPEZ GARRIDO,
Crimen internacional y jurisdicción universal..., p.
130.
pasan por ser sociológicas y muy pocas o
ninguna de ellas jurídica. Estas definiciones
aunque no se encuentran explícitamente
en resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas, no obstante, al examinarlas,
allí se instan a los Estados a no cometer actos
de terrorismo de Estado.
A pesar de ello, en estas resoluciones, no se
afirma evidentemente que es un acto de terrorismo
de Estado. Es claro que si no existe una
definición palmaria sobre lo que es un acto de
terrorismo, me refiero al terrorismo político
común, mucho menos la puede haber sobre
terrorismo de Estado. Aún pensando en que
existiera una definición, habría de crearse una
ley penal que incluya una conducta típica y
culpable, y cuando esa conducta sería antijurídica.
Se dice esto, en razón de que es claro
que, no sería antijurídica, si hoy se intenta
condenar a cualquier persona por terrorismo
de Estado, esa conducta, que para nosotros,
debido a la costumbre o a las interpretaciones
sociológicas que hemos dado en llamar –terrorismo
de Estado–, (definición con la que
se puede estar absolutamente de acuerdo),
esa conducta y su resultado no es violatoria
de ninguna ley penal. En consecuencia, pena
como tal, no habría lugar a imponerse, lo que
se puede imponer es una sanción al Estado
que como culpable podrá ser sancionado
económica, o políticamente, pero no más. Lo
que se hace es castigar individualmente las
conductas delictivas como sería por ejemplo
el genocidio 33 . En este caso, una vez hallada
la responsabilidad penal de un individuo y
se imponga la pena correspondiente a tal
delito. A otros si hay lugar a ello, se les puede
imputar estar incursos en terrorismo estatal, y
en consecuencia el castigo podría ser político.
En este aspecto es necesario puntualizar, un
aspecto importante, esto es: «el genocidio
es un asesinato a gran escala, pero la intimidación
no es una condición necesaria del
mismo. En cambio, el terrorismo de Estado
puede, desde el punto de vista estadístico,
provocar un número reducido de víctimas
sin por ello, dejar de serlo, siempre y cuando
33 Al respecto: Op. cit. GóMEZ BENITEZ, Estudios
Penales, p. 229.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
satisfaga la condición de intimidación 34 ».
Consecuentemente, la intimidación a la población
es un aspecto de suma importancia
para los Estados que efectúan terror estatal,
hay que repetir que mientras el genocidio
es un delito estipulado en el Código Penal
colombiano (artículo 101), el terrorismo de
Estado no es un delito, es simple y llanamente
un concepto sociopolítico, lo cual no obsta,
para que se estudie en la dimensión de Lege
ferenda.
En esa perspectiva, sí se encuentra que los
autores de crímenes como genocidio, desplazamiento
forzado, desaparición forzada,
ejecuciones extrajudiciales etc., actuaron
por mandato o lo hicieron con la aquiescencia
del Estado o por cualquier otra de las
modalidades de responsabilidad penal que
admita el código penal. La responsabilidad
al menos, es política para el Estado, siempre
que se pruebe la acción o su omisión en los
crímenes referidos.
3.6 El terrorismo desde la vertiente
de su procedencia y desde sus
efectos
Para un mejor entendimiento del tema del
terrorismo de Estado, es de aceptar que: un
“terrorista” es un agente no estatal que atenta
contra objetivos civiles para sembrar el terror
en el corazón de la comunidad del enemigo.
Un “terrorista de Estado” es un funcionario
o un individuo –o cualquier grupo que estos
integren–, que con la anuencia, o aquiescencia
del Estado, efectúan actos de terrorismo 35 .
Para mayor claridad, hay que tener en cuenta
dos tipologías de terrorismo el primero de
ellos es el que proviene de grupos guerrilleros,
de rebeldes, que practican el terrorismo
como método de lucha y de grupos terroristas
que practican terrorismo. En estos casos el
accionar terrorista se dirige contra personas
o bienes con un interés marcadamente de
aterrorizar, en algunos casos el derrocamiento
o al menos la alteración de las funciones del
34 GARZóN VALDÉS, Ernesto, Calamidades, edit.
Gedisa, Barcelona 2004, p. 154.
35 MANN, Michael, El imperio incoherente. Estados
Unidos y el nuevo orden internacional. Edit. Paidós,
Barcelona 2004, p. 185.
Estado es secundaría a su verdadero fin;
aunque causan terror, pánico, zozobra etc.,
en algunas oportunidades con gran efecto
mediático, ese fin puede ser inherente al ataque
terrorista, pero su finalidad seguramente,
no estará definida de tal forma que quiera o
incluso pueda asumir el poder.
El segundo tipo de terrorismo es el que proviene
del Estado. Caso en el cual, el Estado
emprende una serie de acciones que producen
terror, terror que se masifica. Es un tipo de
violencia terrorista en algunos casos muy
soterrada pero exageradamente letal. Hay un
uso sistemático, por parte del gobierno, de
amenazas y represalias, no obstante ese tipo
de violencia aún siendo terrorista es considerado
necesaria. También hay que destacar
que aunque se considerará ilegal las acciones
llevadas a cabo por el Estado, incluso, dentro
de su propia legislación, estas se estiman por
la sociedad como legales, mediante el uso de
una agresiva campaña mediática. Todas estas
medidas tienen el fin de imponer obediencia
y una colaboración activa a la población.
Debido a que todas las actuaciones del terrorismo
de Estado se cubren bajo el manto de
la impunidad, es difícil de identificar.
Los efectos del terrorismo nos brindan la
posibilidad de llegar a clasificarlo, así pues,
teniendo en cuenta sus efectos, hay dos clases
de terrorismos: uno en el que sus efectos por
más dañinos que sean, serían legales, en otros
términos el considerado terrorismo legal y,
otro terrorismo en el que sus efectos, por más
que provengan de causa en teoría legitima es
un terrorismo ilegal. El método de utilización
del terror en ambos casos seguramente es
clandestino.
Cuando el terrorismo es ilegal tiene que ser
perseguido por el Estado, ya que en todas las
legislaciones del mundo se considera como
execrable el terrorismo, y hay que castigarlo,
por lo tanto es considerado como delito. El
llamado terrorismo legal se ejercita desde las
instituciones del Estado y en consecuencia es
asimilado al terrorismo de Estado.
En esta clase de terrorismo se excede lo
estipulado en la norma en cualquiera de las
interpretaciones jurídicas posibles, de la misma
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manera sirve para que con ellas se defienda al
Estado de los detractores de los delitos que ha
efectuado el Estado. BERISTAIN, entiende
como “terrorismo legal” el practicado por
los poderes establecidos, que se manifiestan
a través de «leyes injustas, economía injusta
y pedagogía y vida social privada de valores
y excesivamente represiva 36 ». No ocurre igual
cuando el terrorismo es ilegal, ya que en ese
caso el Estado mismo no se va combatir,
lo cual es frecuente en países donde existe
terrorismo de Estado.
En cuanto a su justificación, en el terrorismo
ilegal, sobre todo el que llevan a cabo
determinados grupos que buscan mejorar
las condiciones sociales de su pueblo, o los
que se apoyan en la libre determinación de
los pueblos, a este tipo de terrorismo se le
considera necesario debido a la desigualdad
entre los grupos guerrilleros y el Estado 37
mismo o sus instituciones, sean estas legales
o ilegales. A este terrorismo se le considera
como “el arma de los débiles” o “el arma de
los oprimidos”, y se interpreta por algunos
de manera que es la única alternativa que les
queda para superar problemas sociales acuciantes
y generalizados desde tiempo atrás 38 .
En ambas situaciones de terrorismo legal o
ilegal, la cooperación de la comunidad inter-
36 BERISTAIN es recordado por MESTRE
DELGADO, Esteban, Delincuencia terrorista y
audiencia nacional, Ministerio de Justicia, Madrid
1987, p. 31.
37 Estos grupos consideran que se ven abocados a tal
decisión violenta, ya que no queda otra alternativa,
ya que la vía democrática es eliminada de cuajo,
así que: «Cuando Allende ganó las elecciones, e
incluso antes de que jurara el cargo, las empresas
estadounidenses le declararon la guerra a su
administración». KLEIM, Naomi, La doctrina del
Shock. El auge del capitalismo del desastre, edit.
Paidós. Barcelona 2007, p. 97. Se debe añadir que
tal posición “imperialista”, afianzó la lucha popular
y la posterior militarización de la misma.
38 Este argumento resulta rebatible en extremo,
ya que países tan pobres como Haití o Cuba en
los que no hay actos de terrorismo. Ergo, no
creo en el terrorismo como medio para lograr
el establecimiento de una economía estable, al
contrario, la experiencia nos ha demostrado con
creces que se empobrecen más, tal es el caso de
Nicaragua.
nacional, de todas formas es muy necesaria
e importante, ya que mediante el apoyo y los
instrumentos jurídicos actuales, junto a los
mecanismos institucionales se avizora posible
que se puede combatir el terrorismo legal e
ilegal, desde el prisma de la legalidad.
3.7 La permanencia en el poder
como premisa fundamental de
los gobiernos terroristas.
El terrorismo de Estado ha tenido la facultad
de servir a variadas situaciones en muchos
Estados a lo largo de la historia de la humanidad
39 , eso sí, de manera oculta, luego, la exigencia
es unidireccional respecto a la responsabilidad
de los subyugados y no del Estado 40 .
Al amparo, de esta situación, la característica
más importante, es que en común, su fin
último es la preeminencia y permanencia del
gobierno del Estado en cualquier situación
de anormalidad o en la misma normalidad,
inclusive. Existen una serie de factores que
determinan la subsistencia de gobiernos
practicantes de terrorismo, entre los cuales
principalmente están las grandes empresas
«el terror estatal, además, suele involucrar a
toda una burocracia (policía, fuerzas arma-
39 «El Terrorismo de Estado se da cuando el Estado
mismo se convierte en agente de terror, ya sea porque
conduce un conflicto, guerra o conmoción interna sin
ceñirse a las normas del “Derecho en la Guerra”, ya
sea porque a través de sus estructuras, instituciones,
procedimientos o prácticas, coloca bajo amenaza los
valores fundamentales: vida, integridad o libertad de
sus ciudadanos, creando campos ambiguos donde la
seguridad o el riesgo están sometidos a la arbitrariedad,
o señalando campos de riesgo no ambiguos pero
inspirándose en principios irracionales o anti–éticos».
Martes 23 de noviembre de 2004, GIRALDO
Javier, El Terrorismo de Estado, en http://www.
javiergiraldo.org/
40 «El desarrollo del concepto de comunidad
internacional como sujeto activo en la protección de
intereses que le son propios, requiere, paralelamente,
la consolidación de instrumentos jurídicos de
exigencia de responsabilidad que, como el propio
concepto de comunidad internacional, también
suponen un avance respecto de los conceptos
tradicionales de soberanía estatal y territorialidad».
GARCíA ARÁN, Mercedes, “El principio de
justicia universal”, en: Crimen internacional y
jurisdicción universal. El caso Pinochet. GARCíA
ARÁN/LóPEZ GARRIDO (coords.), Valencia,
Tirant lo Blanch, 2000, pp. 63 y ss.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
das, órganos de inteligencia, policía secreta,
control de inmigración y de la información
etc.) que, en esencia, es la administración del
terror (directa o indirectamente) ejercida por
un gran número de ciudadanos 41 ».
Es habitual el anquilosamiento de las elites
de los grandes conglomerados económicos
para conservar su poderío: uno de los principales
objetivos de gobiernos terroristas
es la permanencia en el poder. Aún cuando
para el efecto el nombre se le cambie, esto
es: se hable no de terrorismo de Estado, sino
de su nombre más bonito “antiterrorismo”,
aquí hay que recordar que «no cuesta mucho
trabajo imaginar a ciertos funcionarios de los
gobiernos haciendo más por destruir la democracia
en nombre del antiterrorismo que
lo que, por el momento, pudieran conseguir
los propios terroristas 42 ». La perpetuación en
el mando con mecanismos democráticos es,
nos guste o no, legal y no estaríamos hablando
de terrorismo de Estado. En cambio si el
método utilizado es terrorista su objetivo será
ilegal. Es decir la perseverancia en el poder,
en cuanto a legalidad o ilegalidad del gobierno,
es directamente proporcional al método
o métodos empleados, de tal modo que el
objetivo será terrorista si el método lo es.
El tema del terrorismo de Estado y todas
las facetas que se quieren analizar, en primer
lugar pasan por entender que este terrorismo
seguirá aumentándose. En segundo lugar, por
comprender que el terrorismo de Estado es
un terrorismo a “gran escala” 43 ya que produce
más víctimas que cualquier otra clase de terrorismo.
Según FERRAJOLI: «un Estado que
mata, que tortura, que humilla a un ciudadano
no solamente pierde cualquier legitimidad,
sino contradice su razón de ser, poniéndose
41 WARDLAW, Grant, Terrorismo Político, teoría táctica
y contramedidas, ediciones Ejército, Madrid, 1986, p.
44.
42 25 Op. cit. WARDLAW, Terrorismo Político... p. 146.
43 CHOMSKY, Noam, y DIETERICH, Heinz,
Hablemos de terrorismo, edit. Txalaparta. Tafalla,
1998, p. 88. aquí Nos recuerda el autor que en el
Salvador el terrorismo de Estado en seis años dejó
sesenta mil muertos. Con lo cual es una cifra que está
por encima de cualquier otra clase de terrorismo.
en el mismo nivel que los delincuentes 44 ».
En tercer lugar y como consecuencia de lo
expresado, hay que proponer la creación de
un nuevo tipo penal en el que tenga cabida el
terrorismo que proviene del Estado y junto a
él esperar a que algunos Estados no sigan con
el maquiavélico plan de mantener los niveles
de violencia e inseguridad que maneja y que
el mismo crea. Por consiguiente, de forma
cotidiana se sabe que, bajo el amparo de la
persecución de otro tipo de criminalidad
se da vía libre al terrorismo de Estado. Sin
embargo, no esta lejos de erradicarse si se
dan un mínimo de condiciones. Muchos de
los países en vías de desarrollo en los que
existe terrorismo estatal 45 activo u omisivo,
puedan mejorar sus derechos humanos, tan
sólo si se erradica la ayuda externa para el
mantenimiento del conflicto, de esa forma se
pueden mejorar o erradicar los terrorismos de
Estados. Aunado a esto, sí en lugar de implantar
actos de terror, se restablecen o se aplica
la legislación internacional que en materia de
protección de los derechos humanos existe
hoy, se mejora la situación de vulneración de
derechos. Ahora bien, si se crea un tipo penal
que estime necesario penalizar el terrorismo
de Estado; de esa forma sí serán castigadas
conductas que hasta ahora son atípicas o han
quedado impunes 46 .
44 FERRAJOLI, Luigi, Direito e Razão. Teoria do
Garantismo Penal. Trad. Ana Paula Zomer, Fauzi
Hassan Choukr, Juárez Tavares e Luiz Flávio
Gomes, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002, p. 318.
45 «Camboya y Ruanda son los casos más notorios
del terrorismo de Estado». BARKER, Jonathan,
El sinsentido del terrorismo, edit. Fundación
Intermón, Barcelona, 2004, 82.
46 En la Resolución de la Comisión de Derechos
Humanos 2002/35 (abril de 2002)de la ONU,
se «Insta a los Estados a que intensifiquen
la cooperación regional e internacional en la
lucha contra el terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones, de conformidad con las
obligaciones internacionales pertinentes dimanantes
de los instrumentos de derechos humanos
y el derecho internacional humanitario, con
objeto de eliminar el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones, y a que intensifiquen
la cooperación para llevar a los terroristas ante la
justicia».
Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
139

Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
140
Henry Torres
Vásquez
3.8 La violencia institucional, en las
dictaduras y en las democracias
La violencia 47 mayoritariamente cuando se
convierte en terror estatal, está dada por la
naturaleza de las acciones de gobiernos de
Estados “quebrados”. En estos se institucionaliza
el terrorismo hacía sus súbditos, por lo
tanto no hay consenso social. Aún cuando no
siempre hay disenso, incluso en sociedades
democráticas 48 y, que obviamente en el terrorismo
de Estado el disenso político se asume
de forma negativa y se amplia el concepto
a toda manifestación no institucional 49 . Por
fortuna en Estados garantistas hay lugar a
mayores posibilidades de disentir. Cuestión
que no sucede, en gobiernos totalitarios.
El consenso es entendido como la aceptación
de normas esta dado como el mínimo ético
necesario para la convivencia social. El aceptar
las normas no significa que se esté conforme
con ellas y, por tanto, de allí surge el disenso
que es la no-conformidad con dichas normas.
En ambos casos la convivencia pacífica no se
ve alterada ante el disenso, este hace parte del
juego político, sí se convierte en problemático
es en razón de la aplicación de la violencia
institucional. El terrorismo de Estado puede
estar presente igualmente en democracias o
en dictaduras. Para NORBERTO BOBBIO
las democracias son distintas de las dictaduras,
en «las primeras existe un consenso, el cual,
contentándose con ser el consenso de los más
o de la mayor parte, basado en las reglas del
47 Para López Rey, «La violencia es una manera de
actuar que puede ser deliberadamente escogida y a
menudo nada tiene que ver con los instintos que se
estima eficaz para resolver una situación, imponer
una manera de pensar o hacer, realizar un negocio
y un sin fin de cosas, una buena parte de ellas
de índole criminal cuando el grado de aquella es
excesivo o el fin perseguido significa una violación
grave de los derechos humanos». LÓPEZ REY Y
ARROJO, Manuel, Criminalidad y abuso de poder,
edit. Tecnos, Madrid, 1983, p. 70 y 71.
48 «El Estado democrático garantiza a todos los
ciudadanos la posibilidad de disentir políticamente».
Op. cit. MESTRE DELGADO, Delincuencia
Terrorista..., p. 47.
49 GARCíA RIVAS, Nicolás, La rebelión militar en
derecho penal ediciones de la Universidad de Castilla
la Mancha, Madrid 1990, p. 32.
juego, admite una disensión de los menos o
de la minoría; mientras en las segundas hay un
consenso que no admite la disensión porque
es o pretende ser el consenso de todos 50 », pese
a esto es obvio que, tanto en democracias al
igual que en dictaduras con algún grado de
consenso o sin él, el Estado comete delitos
enmarcados en el terrorismo de Estado. En
países dónde no existe terrorismo de Estado
como Italia, Alemania y España el disenso
político se penaliza por mostrar de forma
pública su desavenencia contra el gobierno
del Estado. Esto unido a que delitos como
la rebelión es una figura delictiva usada para
lograr incriminar a los diferentes detractores
del Estado 51 , nos demuestran que tanto se llega
a penalizar el disenso, inclusive en algunos
países como Colombia se castiga de manera
muy severa por la vía legal y, más severamente
aún, por la vía ilegal, en donde se paga con la
vida tal dosis de heroísmo.
Aunque se considere que a mayor consenso
menos autoritarismo, ese consenso en medio
del terrorismo de Estado está manipulado.
Esto en cuanto, a estimar igual autoritarismo
y totalitarismo. HANNA ARENDT, entiende
el totalitarismo como una forma moderna
de tiranía, «un gobierno ilegal manejado por
un solo hombre», pero además va más allá y
estima «el temor como principio de la acción,
es decir, el temor del dominador al pueblo y el
temor del pueblo al dominador, por otro lado,
han sido las características de la tiranía a lo
largo de nuestra tradición 52 ». El totalitarismo,
pues, sería más perjudicial para la sociedad si
no se protege por la comunidad internacional
a un pueblo de la violencia del terrorismo de
Estado, el Estado como valor absoluto, se ha
demostrado hasta la saciedad, es más violador
50 BOBBIO, Norberto, As ideologías e o poder em
crise, Brasília, Universidade de Brasília, Brasília, 1998,
p. 48.
51 La cuestión aquí es que no hay un sitio exclusivo
en el que se confundan los delitos de rebelión y de
terrorismo, por tanto la acotación en esta misma
dirección de GARCíA RIVAS, es muy acertada.
Op. cit. La rebelión militar en derecho penal…,
Madrid 1990, p. 20.
52 Arendt, Hanna, Los orígenes del totalitarismo,
Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 596.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
de todos los derechos, que por supuesto, un
Estado democrático 53 .
Con todo ese tipo de Estados terroristas le
brinda al termino “democracia” un matiz
especial, ya que en aras de defender el Estado
mismo no les importa que estas acciones
vayan en parte acompañadas de actos de terrorismo
dirigidos contra ciudadanos inermes
y, por lo tanto, quedan en el ostracismo, la
locución democracia en su sentido estricto.
El vocablo democracia, no es totalmente
aplicable en todos los países que se “precian”
de serlos. BALTAZAR GARZóN alega
que la democracia es el: «crisol de todos los
valores supremos del ser humano –tanto en el
campo ético como político, económico o doctrinal–
54 »; resta agregar que en Latinoamérica,
se emplea el término sólo para mantener las
relaciones internacionales bajo ese nombre,
y que en el panorama internacional no se vea
como lo que son: dictaduras disfrazadas como
regímenes democráticos, es decir, dictaduras
democráticas. “Dictaduras democráticas”
que utilizan técnica de terrorismo de Estado,
es decir, utilizan los medios coactivos del
53 Milosevic cuando gobernó a Serbia llevaba a cabo
«un totalitarismo de tipo nacionalista o racista, se
trata de eliminar al pueblo que se niega a integrarse
o simula su integración (armenios, gitanos, judíos,
musulmanes bosnios y tutsis) con el fin de alcanzar
la figura del Pueblo libre de toda fractura biológica
o étnica. El genocidio se concibe, así, como una
forma radical de poner fin al conflicto, es decir, a
la política maldita, y unir a la sociedad en torno a
un ideal unitario». BRUNETEAU, Bernard, El siglo
de los genocidios. Violencias, masacres y procesos
genocidas desde Armenia a Ruanda, edit. Alianza,
Madrid, 2006, p. 249.
54 GARZóN REAL, Baltasar, Justicia penal
internacional, derechos humanos y terrorismo,
conferencia pronunciada en la Sala Ginastera del
Teatro Argentino de La Plata al recibir el doctorado
Honoris Causa, de la Universidad Nacional de La
Plata (Argentina). Diciembre de 2001. De forma
muy amplia este Juez de la audiencia Nacional, dirige
su discurso a favor de una Justicia Internacional,
en la que se propenda por «la democracia, sistema
que alcanza su verdadero sentido en la medida
que garantiza y protege aquellos derechos porque
permite una mejor identificación de los violadores
de los mismos y la persecución y castigo de los
culpables. Esta democracia es incompatible con la
impunidad porque la erradicación de ésta es la mejor
defensa que puede tener aquélla».
Estado en contra de la legalidad establecida
para imponer una forma de conducta a sus
propios ciudadanos. Olvidando que cualquier
Estado tiene la obligación de garantizar a las
personas el disfrute y respeto de sus derechos
fundamentales, conforme a su Constitución
Política, y a los demás instrumentos internacionales
suscritos y ratificados por ese Estado.
Es este pues, un terrorismo institucionalizado,
en donde las instituciones están fuera
de control, inclusive para los organismos
internacionales que a pesar de sus súplicas
o requerimientos no son atendidos y es tan
institucionalizado el terrorismo de Estado
que no hay siquiera un equilibrio de poderes,
es decir, algunos poderes, como el ejecutivo
por ejemplo, actúan de una manera tal que
se asimila en sus acciones a una dictadura,
por tal cúmulo de razones, surge un terrorismo
de contestación, o contraterrorismo
de índole subversivo, que no es nihilista ni
fanático sino “casi” necesario. El gobierno
dada la situación, los toma como enemigos 55
y hacia ellos dirige sus acciones violentas
o en el mejor de los casos, los trata como
adversarios en un plano jurídico en donde
se intenta crear normas en las que se quite
el contenido político a algunos delitos como
la rebelión, sedición y asonada, para ello se
crea un desprestigio social amplio sobre esas
organizaciones consideradas de izquierda.
Para algunos sectores de países temerosos
de las presiones políticas –sobre todo los
políticos de derechas– los insurrectos ponen
en crisis, todos los consensos estipulados
en la Constitución, así que la insurrección
preocupa enormemente a la clase política; si
esta insurrección pasa a ser armada preocupa
55 En opinión de Pinochet su acción violenta
(terrorista) no fue un «golpe de Estado sino una
guerra», esto demuestra que la guerra contra la
llamada izquierda latinoamericana era el culmen
del combate contra un “enemigo interior”. El
anticomunismo apoyado por la CIA era una política
que se iniciaba en Chile y que duraría varios años, en
el que los militares «se convirtieron en el autentico
enemigo doméstico, dispuestos a volver sus armas
contra la población que habían jurado proteger».
Op. cit. KLEIM, Naomi, La doctrina del Shock.
El auge del capitalismo del desastre, edit. Paidós,
Barcelona 2007, p. 110.
Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
141

Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
142
Henry Torres
Vásquez
también a la ley, pero si esta insurrección es
además de violenta, una violencia terrorista,
obviamente, tiene que preocupar a la humanidad
entera.
La persecución del crimen insurreccional está
construido sobre una base lícita, inclusive
lícitas penales, que aunque problemáticas son
consideradas necesarias para el desarrollo del
programa estatal 56 . Son entonces todo un
arsenal de métodos y medidas de represión
que empleadas en la real dimensión en la que
fueron creados y son considerados internacionalmente,
son necesarios en el estado de
derecho, el inconveniente radica en el uso
indebido e ilegal de los mismos, lo que nos
lleva por senderos equivocados en cuanto a
protección de derechos en el mundo.
3.9 Algunas características del
terrorismo de Estado
Cuando se dan actuaciones arbitrarias de
los poderes públicos en los que hay un
uso de métodos represivos ilegítimos en
contra de la ciudadanía en general, también
cuando existe un uso legítimo de la fuerza,
o se pone en peligro la libertad y seguridad,
o bien cuando se violan otros derechos y
bienes constitucionales de la persona –vida,
integridad física, intimidad, inviolabilidad del
domicilio, etc. –, estamos ante un terrorismo
de Estado.
En este terrorismo no se puede decir que no
exista organización como tal, la organización
es el Estado mismo. Sus fines: serán la preservación
de unos valores éticos y morales
que para ese Estado son valiosos; es decir, es
un Estado que a través de unos individuos
persiguen atemorizar a toda una población o
colectivo para favorecer sus fines, eliminando
valores constitucionales que, como el respeto
a la vida o a la dignidad de las personas o la
56 Tal es el caso de las medidas contra terroristas
que, además de todas las bondades que se indican
por los gobiernos, tiene en su «ideología tiene un
objetivo positivo: la expansión de la democracia»,
así: CALLINICOS, Alex, Los nuevos mandarines
del poder americano, Alianza editorial, Madrid,
2004, p. 36.
propia libertad deben ser objeto de la máxima
protección 57 .
En el terrorismo de Estado la finalidad, no es
la de subvertir el orden constitucional, sino
en teoría preservarlo, a pesar de expresar que
las medidas coercitivas son para tener cierto
grado de paz aceptable, la verdad es que está
presente en su accionar alterar gravemente
la paz pública y, de ese modo establecer
unas políticas de terror, en contra de los que
supuestamente, han socavado la paz pública.
En esa dinámica, ulteriormente lo que se
desea es la preservación del sistema a toda
costa. En la implantación de esas medidas, se
llega al extremo de incurrir en maniobras de
terrorismo estatal, las que llevan aparejado un
castigo, lo que explica DURKEHIM 58 como
parte de la función del Estado de castigar el
crimen y de preservar el mismo Estado.
Lo que sucede en el terrorismo de Estado
es que siempre hay necesidad de aplicar
castigos que llegan incluso a ser no sólo
sumarios, sino colectivos y lamentablemente
siempre se indica la necesidad de aplicarlos
e inexplicablemente el “lavado de cerebro”
con la respectiva ayuda mediática, llega al
punto de que la sociedad a que se dirigen tales
criminales acciones las acepta amablemente y
sin contradicciones.
El fin del Estado: es mantener el control
social, también, es cierto, que el Estado
mismo, es el que se lucra de la permanencia
57 De algún modo es de resaltar que en Latinoamérica
hay una nueva corriente doctrinaria a fin de tener
como derecho humano el derecho a saber la verdad.
La jurisprudencia que apoya este criterio es la:
Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú,
Expediente 2488–2002–HC/TC (caso Genaro
Villegas Namuche), del 18 de marzo del 2004, Este
alto Tribunal ha reconocido el derecho a la verdad
como un nuevo derecho fundamental, por cuanto
se deriva del principio de la dignidad de la persona,
del Estado democrático y social de derecho, y de la
forma republicana de gobierno.
58 Traído a colación por Garland, señala que: «el
castigo es una cuestión del ejercicio del poder
y no solamente de administración», lo que en
últimas justifica el castigo como necesidad social.
GARLAND, David, Castigo y sociedad moderna.
Un estudio de teoría social. Siglo xxI editores,
Barcelona 1999, p. 79.

El concepto de
terrorismo
de Estado:
una propuesta
de Lege Ferenda
de ese control. No saca provecho en la misma
proporción, la sociedad en su conjunto,
sino, a lo sumo, una parte muy mínima de la
misma. En ocasiones la manera de mantener
el control social, se nutre de violencia pura y
dura y en otras, para minimizar su impacto
adquiere formas más benévolas, produciendo
normas penales, que son derecho penal
del enemigo «tratando a los infractores no
como ciudadanos... sino como enemigos,
como meras fuentes de peligro que deben
ser neutralizadas del modo que sea, cueste lo
que cueste. Mediante este tipo de normas –ya
existentes en el ordenamiento jurídico actual–
el Estado no habla con sus ciudadanos, sino
amenaza a sus enemigos 59 ». En esta contextualización
seguramente encontramos todas
las características del terrorismo de Estado a
las cuales se hace exhortación en extenso en el
siguiente capítulo, desde la configuración del
paradigmático caso de Colombia y siguiendo
la concepción de terrorismo de Estado de
GARZóN VALDÉS 60 .
Lo primero que existe es la necesidad de llevar
a cabo acciones de terrorismo de Estado, luego
está el fin, en ese sentido, las instituciones
estatales, no necesariamente, están implicadas
con el programa criminal, en algunos casos
se han van inmiscuyendo en la medida de los
buenos resultados para el Estado, de ese tipo
de crímenes. Huelga decir, son muy pocos los
estamentos que no entran a participar activa o
59 CANCIO MELIA, Manuel, “Derecho Penal del
enemigo y delitos de terrorismo”, en Jueces Para la
Democracia, julio de 2002, p. 20.
60 De momento es de señalar solo tres de las
características que Garzón estima tiene el terrorismo
de Estado: «a) afirmación de la existencia de una
«guerra vertical» con un enemigo infiltrado en
todos los niveles de la sociedad, que suele actuar
como agente de una confabulación internacional
cuya finalidad es la eliminación de valores
aceptados como absolutos por quienes detentan
el poder»; «b) delimitación imprecisa de los hechos
punibles y eliminación del proceso judicial para la
determinación de la comisión de un delito»; «c)
imposición clandestina de medidas de sanción
estatal prohibidas por el orden jurídico oficialmente
proclamado ( torturas y homicidios, entre otras)».
El gran jurista, doctor Honoris Causa de la
Universidad de Valencia, hace un generoso análisis
del terrorismo de Estado en: Op. cit. GARZóN
VALDÉS, Filosofía..., pp. 134 y ss.
pasivamente del terrorismo estatal. Entonces,
la premisa fundamental y, por tanto, inherente
a cualquier país, en el que se ha llevado o se
lleva o se va a practicar esa clase de terrorismo
es la de:
Concebir, planear y poner en marcha la
ejecución y el control de un plan criminal
secreto, con acciones legales e ilegales, para
la represión de cualquier modo de personas o
grupo, contempladas como un problema para
los fines estatales; esto es, para la existencia y
permanencia de la seguridad de los gobernantes
y sus mentores, padrinos, patrocinadores,
etc., más cercanos al poder y de todo su poder,
durante el mayor tiempo posible.
Conclusiones
Considerar al Estado como delincuente, no
un exabrupto, bien podría darse para poder
ejercer presión internacional que lleve al restablecimiento,
o a diseñar un modelo de Estado
verdaderamente democrático y respetuoso de
los derechos fundamentales 61 .
El problema de llegar a considerar el terrorismo
sólo desde sus causas, sin mirar sus
consecuencias puede traer, y de hecho las ha
traído, que se equipare una acción violenta
con una acción terrorista. Con mucho acierto,
el Magistrado del Tribunal Supremo español
GIMÉNEZ GARCÍA, afirma que: «Por ello
cualquier aproximación reduccionista a este
fenómeno que parta de la identidad de los
efectos para concluir en la identidad de las
causas, parte, a mi juicio, de un grave error de
valoración con directa incidencia en el error
de diagnóstico y, por tanto, de remedios para
acabar con él. Que los efectos sean iguales:
(la imposición de sus postulados mediante la
atemorización social que se deriva de su actividad
mortífera para doblegar a la sociedad),
no impide que las causas sean diferentes 62 ».
61 TORRES VÁSQUEZ, Henry, Justicia penal
universal, delitos de lesa humanidad y terrorismo
de Estado. Editorial del magisterio, Bogotá 2006,
p. 25.
62 El voto particular del Excelentísimo Sr. Magistrado
del Tribunal Supremo: D. Joaquín Giménez García,
del 19/01/2007, respecto de la Sentencia Nº
50/2007 de fecha 19 de enero de 2007, recaída en
Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
143

Informes de Investigación
Grupo: Derechos Humanos, Derecho Penal y Garantías Judiciales
144
Henry Torres
Vásquez
Dichas causas, son todavía más alejadas del
contexto real cuando hay terror estatal y es allí
dónde, el gobierno emplea un método jurídico
a su propio terrorismo. Así que en muchos
casos de terrorismo de Estado, constitucionalmente,
el poder judicial interviene y en general
es muy respetuoso de la legalidad; y de manera
soslayada, pero muy efectiva el poder ejecutivo
interviene esquivando la legalidad.
Hay cierto grado de involución en el ejercicio
del terrorismo, hoy se sabe que el Estado,
cumple con creces los postulados del terror de
Estado al igual que sucedió en los albores de la
revolución francesa, que como paradigma de
revolución y de ejemplo de democracia, lo fue
también en cuanto a como llevar a cabo actos
de terrorismo practicados por el Estado, para
mantener el gobierno sin mayores problemas
de orden social. Es pues la vuelta al arquetipo
deontológico del contrato social en el que
unidireccionalmente el individuo es objeto de
victimización por la arbitrariedad estatal. Hoy
en muchos Estados parece se ha vuelto por
sus fueros, y cometen una especie al parecer
mejorada de terrorismo que perpetra desde
el Estado.
Por último, hay que recordar varios significados
de terrorismo de Estado en opinión de
García San Pedro: «terrorismo gubernamental,
«régimen o reinado del terror», «terror de
coacción» y «terrorismo represivo», por tanto
el terrorismo de Estado» es el ejercido por los
que detentan el poder político 63 ».
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el recurso de Casación Nº 1841/2005, interpuesto
por Olatz Carro Boado y otros, así como por parte
del Ministerio Fiscal y de la Asociación Víctimas
del Terrorismo como Acusación Particular, contra
la sentencia dictada el 20 de junio de 2005 por la
Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional.
63 GARCíA SAN PEDRO, José, Terrorismo:
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Internacionales

Revista On Diálogos the
criminality de Saberes
ISSN accountability 0124-0021
Julio-Diciembre
of un officials
de 2010
Págs. 149-168
Resumen
On the criminality accountability
of un officials *
Este ensayo plantea la problemática derivada
de no contar con un sistema penal que busque
sancionar a los funcionarios o agentes de la
Organización de las Naciones Unidas que
abusen de su posición o influencia, para
obtener privilegios o cualquier tipo de ventaja
social, política o económica.
Los funcionarios de dicha organización cuentan
con una vía libre a la impunidad debido
a la falta de un sistema penal mundial que
los juzgue por los crímenes cometidos en
ejercicio de su cargo.
Ejemplos de esto son (i) la violación masiva
de mujeres en el Congo por parte de los
Cascos Azules, o (ii) los negocios de los
cuales se lucraron numerosos funcionarios de
la entidad en desarrollo de acuerdos ilegales
con el gobierno de Irak, relacionados con
el acuerdo de Petróleo por Comida pactado
con dicho país.
Finalmente, se argumenta a favor de la necesidad
de crear un nuevo sistema penal para
los funcionarios o agentes de las Naciones
Unidas, y se sugieren algunas ideas preliminares
sobre cómo alcanzar dicha meta.
Abstract – Master´s Thesis
This work introduces the problems derived
from the inexistence of a criminal law system
aimed at punishing the officials and agents of
the United Nations Organization, that abuse
their position or influence, in order to obtain
privileges or any type of social, political or
economic advantage.
The officials of said organization have a green
light to impunity, due to the lack of a global
criminal law system that may judge them for
crimes committed during the term of exercise
of their position.
Examples of this are (i) the massive sexual
abuse of women in Congo by UN
Peacekeepers, or (ii) the deals with the Iraqi
government related to the Oil for Food
Program, through which several officials
enriched themselves.
Finally, the paper argues in favor of the
creation of a new criminal law system for
officials or agents of the United Nations, and
It suggest some preliminary ideas of how to
reach that goal.
Palabras clave
Naciones Unidas, Oficials, Delincuencia
de Cuello Blanco, Corrupción, Corte
Penal Internacional, Governanza Global,
Excepcionalismo, Petróleo por Comida,
Competencia, Cooperación, Republicanismo,
Derecho Penal, Coautoría y Participación,
Estado de Derecho, Abuso de la Posición
Oficial.
Key words
Camilo A. Enciso Vanegas**
camiloencisov@yahoo.com
United Nations, Officials, White Collar
Crime, Corruption, International Criminal
Court, Scandal, Liability, Global Governance,
Exceptionalism, Oil for Food, Competence,
Cooperation, Republicanism, Criminal Law,
Aiding and Abetting, Rule of Law, Color of
Office.
Fecha de recepción del artículo: Septiembre 6 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Octubre 5 de 2010
* This article is product of the research of the author at Colombia university, and is based on the Master Thesis
"On the criminality accountability of UN officials
* Master of Laws (LL.M.), Columbia Law School.
Colaborador Internacional
149

Colaborador Internacional
150
Camilo A. Enciso
Vanegas
Introduction
The expanding role and growing importance
of the United Nations poses the need of
creating norms, mechanisms and institutions,
designed to hold UN officials criminally
accountable for committing or aiding and
abetting white collar crimes.
The current system of diplomatic immunities,
added to the difficulty, and many times,
impossibility, for domestic courts, to try UN
officials, for that type of crimes constitutes an
unjustified status quo that fosters and tolerates
corrupt practices within the UN system.
The victims of UN corruption are the constituents
of a global public sphere, namely
(i) global citizens and UN member states, on
the one hand, and (ii) the citizens and states
deemed to benefit from UN activities and
funding.
The preservation of that status quo severely
undermines the credibility and legitimacy
of the UN. In many cases it jeopardizes the
possibility of achieving peace and security in
areas of intervention. Also, it puts at risk the
feasibility of successfully achieving the goals
pursued by myriad of UN activities.
This problem is even greater, if we consider
that the most egregious corruption episodes
involving UN officials have taken place in
countries and regions with huge humanitarian
catastrophes, such as Iraq, Kosovo, Darfur,
and Rwanda.
Below I aim to show, in the first place, the
seriousness and extension of the problem
of white collar criminality by UN officials,
and will argue for the need of criminal accountability
as a means to combat and punish
corruption.
Second, I will argue that the main victims
of these abuses are the abovementioned
constituents.
Third, I will assert that preserving the current
status quo is a mistake, and that reform proposals
aimed at fostering criminal accountability
by member states under traditional
jurisdictional norms does not contribute to
solve the problem.
Fourth, I will try to make the case for the
need of counting with criminal accountability
institutions at the international level with the
capacity and competence to hold accountable
UN officials involved in corruption scandals.
I also elaborate on some of the crimes that I
believe should be punished.
Lastly, I will mention some ideas of institutional
design that might be useful as a means
to achieve the construction of a system of
criminal accountability of UN officials.
1. The Problem
1.1 General Remarks
Corruption is generally viewed as one of the
most common and serious crimes by citizens
worldwide and by state governments. 1 In 2004
the World Bank estimated that more than
$1 trillion –the equivalent to 3% of gross
world product– is paid in bribes every year. 2
Corruption has been defined by the World
Bank as the abuse of public office for private
gain. 3 In furtherance of the fight against
corruption, Transparency International prepares
annual reports whereby respondents
give their view on the levels of corruption
in nation-states around the globe. 4 Only
recently, however, a real concern with regard
to the grave impact of corruption within
the context of the United Nations (UN) has
started to grow.
An extremely naïve perception that prevailed
during years assumed that UN officials were
1 See Conclusions of the meeting of the G8 Foreign
Ministers’ Meeting. Miyazaki, Japan, 13 July, 2000.
“We therefore call for the adoption of the United
Nations Transnational Organized Crime Convention
and Related Protocols by the end of this year.
Corruption also undermines democratic institutions
and accountability, economic development and
international cooperation. We call for the ratification
and effective implementation of the OECD Anti-
Bribery Convention”.
2 Bhargava, Vinay. Curing the Cancer of Corruption.
In: Global Issues for Global Citizens. Chapter 18,
341-370, 343.
3 Id. at 341.
4 2009 Global Corruption Barometer, Transparency
International. 2. www.transparency.org

On the
criminality
accountability
of un officials
immune to the temptation of corruption. That
perception has been progressively dismantled
during the past two decades. Egregious cases,
such as the oil-for-food program, just to mention
one, triggered a strong alarm about this
type of corruption. However, the measures
undertaken by the UN in reaction to those
cases seem insufficient, when compared
to the gravity of the conducts and to the
extent of the problem. It is my contention
that criminal accountability is needed in that
type of cases.
UN officials’ corruption is particularly serious
given (a) the importance of the mission of the
UN to achieve peace, international security
and human development, (b) the universal
trust that states and global-citizens deposit on
it, (c) the huge impact that its action has over
countries with harsh conditions of violence
or social backslash, and (d) the direct effect
that it has as a combustible of domestic
corruption, whereby the revenues of corruption
are thereafter monopolized by corrupt
government officials, their family members or
cronies, or brokers and middlemen. 5
The General Assembly, aware of the need
of preventing and fighting corruption at
all levels, in the 2005 World Summit Outcome
Document, resolved to:
“24. (c) To make the fight against corruption
a priority at all levels and welcome all actions
taken in this regard at the national and
international levels, including the adoption
of policies that emphasize accountability,
transparent public sector management and
corporate responsibility and accountability,
including efforts to return assets transferred
through corruption, consistent with
the United Nations Convention against
Corruption. We urge all States that have not
done so to consider signing, ratifying and
implementing the Convention;” 6
The Convention itself, however, is insufficient
to address the need of punishment of
UN officials involved in conducts typically
considered to be criminal in modern states.
5 Bhargava, Vinay. Supra, 343.
6 A/60/L.1. September 15, 2005. World Summit
Outcome. P.7.
At most, the UN imposes a duty on states to
fight against corruption and adjudicate corruption
cases, but that doesn’t seem to be a
feasible solution.
The lack of teeth of the UN to fight corruption
within its own personnel is a major
problem. As it also occurs with UN peacekeepers
accused of sexual exploitation and
harassment 7 , the UN lacks of legal authority
to prosecute wrongdoers in corruption cases.
The best it can do is impose administrative
or disciplinary sanctions, and repatriate the
wrongdoers to the countries of origin, with
the hope that they will be prosecuted by a
local court, which is almost never the case. 8
Below I will exemplify the gravity of the
problem by providing an oversight to the
General Reports of the Office of Internal
Oversight Services of the UN, and by presenting
a general picture of corruption of
UN officials in the context of the intervention
in Iraq. 9 Other cases left unaddressed
here, among many others, are misconduct
of UN official in Kosovo, South Lebanon 10 ,
7 Schaeffer, Brett. Critical Reforms Required for U.N.
Peacekeeping. September 8, 2009. P. 1. http://www.
heritage.org/Research/Reports/2009/Critical-
Reforms-Required-for-UN-Peacekeeping
8 Murphy, Ray (2006) ‘An Assessment of UN Efforts
to Address Sexual Misconduct by Peacekeeping
Personnel’, International Peacekeeping, 13: 531-546,
532.
9 Generalized misconduct also occurred in the UN
intervention in Congo. The UN Office of Internal
Oversight Services (OIOS) played a vital role in
the investigation for accusations of misconduct
against UN officials. Its report centered on an
extended behavior of sexual crimes committed by
UN peacekeepers and civilians, in detriment of the
persons they were deemed to protect. In May 2005
it was reported that 152 peacekeeping personnel
and 5 UN staff members had been summarily
dismissed. Despite those actions, a widespread
perception prevails in the sense that peacekeeping
personnel crimes remains in impunity (…) It is
very important that such conducts are not left
criminally unaddressed, particularly as they are
unintended, yet almost inevitable, consequences of
UN peacekeeping operations. This is also the case
for corruption involving UN officials. Bhargava,
Vinay. Id. at 352.
10 Murphy, Ray (2006). Supra, 543. (Asserting that
in September 2005 the UN announced “it would
Colaborador Internacional
151

Colaborador Internacional
152
Camilo A. Enciso
Vanegas
Somalia and Darfur, where the contingents
also had a role in corrupt practices.
In this section I will not elaborate on the
specific mode of the corruption-related-crimes
committed by UN officials. For now, it should
be enough to say that those crimes involved
activities defined by criminal legislations
around the globe as (i) abuse of color of
office (traffic of influences or undue abuse
of official position), (ii) money laundering,
(iii) illicit enrichment, (iv) bribery, (v) scheme
to defraud, and even (vi) insider trading, by
extra-neus agents.
In section V I elaborate further on some
specific crimes for which I think UN officials
should be held accountable. I also elaborate
there on some important distinctions that
must be made with regard to (a) the specific
role displayed by UN officials in the crimes
which they allegedly commit, and (b) the mens
rea element with which they ought to act with
regard to the specific crimes above mentioned,
all of which shall be taken into account in
determining their criminal liability and the
gravity of their conduct.
1.2 General Reports of the Office
of Internal Oversight Services
The Office of Internal Oversight Services
(OIOS) of the UN and the defunct UN
Procurement Task Force unmasked some
of the most egregious cases of fraud, mismanagement,
and corruption by UN officials.
An OIOS audit concluded that in 2005 of
$1 billion in Department of Peacekeeping
Operations (DPKO) procurement contracts
approximately “$265 million was subject to
waste, fraud, or abuse”. 11
In 2007, after reviewing a large number of
contracts adding up to $1.4 billion dollars, a
different OIOS report concluded that at least
40% of them were tainted by corruption. 12
replace the Ukraine contingent part of the UN
force in South Lebanon due to ‘significant financial
misconduct’.)
11 Schaeffer, Brett. Supra, 4.
12 Schaeffer, Brett. Supra, 4.
After several inquiries and similar investigations,
in 2008 the head of OIOS, Inga-Britt
Ahlenius said:
“We can say that we found mismanagement
and fraud and corruption to an extent we
didn’t really expect.” 13
In 2009, the annual Report of OIOS portrayed
the case of a fraudulent scheme aimed
at misappropriating UN fund originally allocated
for a humanitarian project.
“The former OIOS Procurement Task
Force (PTF-R009/08) substantiated claims
that a staff member participated in a scheme
to defraud the United Nations and embezzle
funds of the United Nations Development
Fund for Women. The funds had been
allocated for a humanitarian project aimed
at assisting the people of Iraq. The evidence
showed that the fraudulent scheme was
achieved by steering $350,000 allocated
for the project to a preferred vendor and
subsequently assigning a substantial part of
this amount to the personal use of the staff
member. The matter is pending outcome of
the internal disciplinary process.” 14
That same year the Report emphasized the
need of acting steady fast in the recovery of
almost $15,000,000 of over costs that had
been paid to two contractors as of 2005.
As late as 2009 those funds had not been
recovered.
“6. In its review of the supply of rations to the
United Nations Transitional Administration
in East Timor/United Nations Mission of
Support in East Timor (AP2005/682/06,
issued in November 2005), OIOS recommended
that the Procurement Division,
in conjunction with the Office of Legal
Affairs, take action to recover $7.9 million2
in excess payments to a contractor.
Subsequently, as part of its comprehensive
management review of procurement by the
Department of Peacekeeping Operations
(AP2005/600/20, issued in January 2006),
OIOS recommended that the Department
address accountability for the $7.3 million
overpayment for transportation costs. (…)
13 Schaeffer, Brett. Supra, 5.
14 OIOS, A/64/326(Part I) (24 Aug 2009) http://
www.un.org/Depts/oios/pages/annual_
reports.html

On the
criminality
accountability
of un officials
Delays in addressing the issue may result in
further losses.” 15
Further, in the General Report of OIOS of
2010, the following conclusion was made:
“56. In UNOCI, OIOS investigated a
report of fraudulent claims for reimbursement
of travel expenses by various United
Nations officials. It was further reported
that the budget allotted to official travel
had been overspent for the previous five
years (…) The Advisory Committee on
Administrative and Budgetary Questions
expressed concern about the high level of
travel expenditure. OIOS found deficiencies
in the reimbursement process for the travel
allotment resulting in over expenditures for
years 2004 to 2007. For example, the initial
budget allocation for fiscal year 2006/07 was
set at $256,000; however, the total expenditure
amounted to $2,033,000.” 16
Aside from the importance of having auditing
mechanisms that aid to control the budget
and expenditures of UN officials or missions,
and of imposing disciplinary sanctions for
mismanagement, it is apparent from the conclusions
of OIOS’ Reports that something
beyond bad management have taken place
in several occasions. For example, spending
$2,033,000 when the allocated funds for that
expenditure were $256,000, seems criminal on
its face. An over cost of $1,777,000 is simply
too much, considering that the resources
spent were almost eight times the resources
allocated.
Even though OIOS audits did not necessarily
picture criminal behavior but also pictured
poor and/or negligent management, an
important number of reported anomalies
involved fraudulent, deceptive or abusive
conducts, worthy of criminal punishment.
Iraq
The Iraq oil-for-food scandal is probably the best
well known scandal of corruption implicating
15 OIOS, A/64/326(Part I)/Add.1 (26 Aug 2009)
http://www.un.org/Depts/oios/pages/annual_
reports.html
16 OIOS, A/64/326(Part II) (23 Feb 2010) http://
www.un.org/Depts/oios/pages/annual_reports.
html
UN officials. Vinay Barghava summarizes the
facts of the oil-for-food scandal as follows:
“In 1996, Iraq agreed to the UN-Supervised
Oil-for-Food Programme, which allowed
the Iraqi government to sell oil as long as it
used the revenue to buy humanitarian goods
for its citizens. When the program ended
following the U.S.-led invation in 2003, over
$64 billion worth oil had been sold, of which
$39 billion had been used to purchase food.
However, reports started surfacing that the
Iraqi government had been imposing surcharges
on the oil and collecting kickbacks
from companies supplying the humanitarian
goods. A U.N. investigation in 2005 found
that $.1.8 billion in illicit payments had been
diverted from the program and that much
of the purchased food was unfit for human
consumption. More that 2,200 companies
were involves (figure 18.2). Illicit kickbacks
came from companies and individuals from
66 different countries, and illicit surcharges
were paid by companies from around 40
countries.” 17
Further, an Independent Inquiry Committee,
headed by Paul Volcker, former chairman of
the Federal Reserve Bank of the United States,
prepared a report on the abuses committed
during the implementation of the oil-for-food
program. 18 The Committee was created by
initiative of UN Secretary General Kofi
Annan. It was endorsed afterwards by the
UN Security Council by means of Resolution
1538, 2004. 19 The Committee counted with
17 Bhargava, Vinay. Supra, 343.
18 http://www.britannica.com/bps/
additionalcontent/18/23307545/THE-
ACCUSATIONS-AGAINST-THE-OIL-FOR-
FOOD-PROGRAM-THE-VOLCKER-REPORTS
May 11, 2010.
19 SC/1538, 2004. “The Security Council, Expressing
the desire to see a full and fair investigation
of efforts by the former Government of Iraq,
including through bribery, kickbacks, surcharges on
oil sales, and illicit payments in regard to purchases
of humanitarian goods, to evade the provisions
of resolution 661 (1990) of 6 August 1990 and
subsequent relevant resolutions, Concerned
by public news reports and commentaries that
have called into question the administration and
management of the Oil-for-food Programme
(hereinafter the Programme) established pursuant
to resolution 986 (1995) of 14 April 1995 and
subsequent relevant resolutions, including
allegations of fraud and corruption, Affirming
Colaborador Internacional
153

Colaborador Internacional
154
Camilo A. Enciso
Vanegas
over 60 permanent staff members and its
estimated functioning cost in furtherance of
all the investigation reaches $30,000,000! 20
The Committee concluded that Iraq benefited
from a scheme whereby a surcharge was
collected from each oil barrel sold. The surcharge
was, of course, illegal. By means of an
elaborate scheme, revenue collected from the
surcharges would be finally allocated to the
Iraqi central bank, to Iraqi officials, foreign
officials, individuals and contractors. Further,
the Committee concluded that Iraq had most
prominently benefitted from kickbacks paid
by contractors selected to provide humanitarian
aid and food. The Committee adds that
Iraq received around 1.5 billion from those
kickbacks. 21
The scheme to defraud the oil-for-food program
worked as shown in the charts below.
Chart 1. Source: Volcker Report 22
that any illicit activity by United Nations officials,
personnel and agents, as well as contractors,
including entities that have entered into contracts
under the Programme, is unacceptable (…)
Affirming the letter of its President of 31 March
2004 welcoming the Secretary-General’s decision
to create an independent high-level inquiry to
investigate the administration and management
of the Programme and taking note of the details
relating to its organization and terms of reference,
1. Welcomes the appointment of the independent
high-level inquiry (…)”
20 http://www.iic-offp.org/about.htm#6.%20
How%20many%20people%20work%20in%20
the%20IIC
21 Independent Inquiry Committee into the United
Nations Oil-For-Food Programme, Report on
Programme Manipulation, Chapter One, Summary
of Report on Programme Manipulation. (Volcker
Report).
22 Id.
Chart 2. Source: Volcker Report 23
I will not elaborate further on the details of
the fraudulent scheme here. It is explained in
depth in the Volcker Report.
Against all odds, some high UN officials and
businessmen involved in the oil-for food scandal
were charged and/or tried by US officials for
their criminal activity. 24 United States’ courts
were competent to try those cases because
the defendants had used bank accounts in
the US to receive revenues of their activities.
Furthermore, the over broad and highly
criticized mail fraud statute 25 served as a fish
net to indict the defendants for using (e)mails
within US soil in furtherance of schemes to
defraud.
Three cases are particularly noteworthy.
Alexander Yakovlev
Yakovlev, a Russian citizen, was the first UN
official to be convicted for crimes related to
the oil-for-food scandal.
After the release of the conclusions of
the Volcker report, Kofi Annan waived
Yakovlev’s immunity and he was tried by a
US court. According to the Volcker report,
23 Id.
24 http://www.msnbc.msn.com/id/10741998/
May 11, 2010, and http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2007/01/16/
AR2007011600706.html May 11, 2010.
25 Enciso Vanegas, Camilo Alberto. Burn! Chopping
Down the Inquisitor’s Stake, Arguments against the
Mail Fraud Statute.

On the
criminality
accountability
of un officials
Yakovlev had tried to bribe Societe Generale
de Surveillance S.A., in connection with an
oil inspection contract under the oil-for-food
program. 26
The Committee also came across evidence
proving that he had received at least $950,000
in kickbacks from corporations that had been
selected as contractors in transactions adding
up to $79,000,000. 27 Yakovlev was accused
of wire fraud and money laundering for accepting
approximately $1,000,000 in bribes
from UN contractors. He pleaded guilty in
2005. 28
Benon V. Sevan
As of January 16, 2007, Benon V. Sevan,
Chipriot national, was indicted by a Manhattan
prosecutor for taking $160,000 in bribes,
abusing of his position as head of the oil-forfood
program. 29 Mr. Sevan intended to block
efforts to review and investigate corruption
accusations under the program. He allegedly
instructed his staff that complaints about
illegal payoffs should be filed before the
whistleblower’s country. 30
However, Mr. Sevan was never tried in court.
He fled to his native Cyprus, and never faced
the charges raised against him by a US prosecutor.
31 Obvious reasons make apparent that
he will not stand trial in the future for his conduct
in the oil-for-food program. Of course,
Mr. Sevan’s has a right to a presumption of
innocence, and I do not make any claim on his
innocence or guilt. Yet it seems plainly wrong
that Mr. Sevan can turn away and ignore the
serious accusations against him, by flying back
home. Likewise, it doesn’t seem probable that
26 http://www.foxnews.com/story/0,2933,165164,00.
html
27 Id.
28 Id.
29 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2007/01/16/AR2007011600706.
html May 11, 2010.
30 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/
article583823.ece May 11, 2010.
31 http://www.heritage.org/Research/
Reports/2009/02/Oil-for-Food-Revisited-The-
UN-Should-Not-Pay-Benon-Sevans-Legal-Fees
a Chipriot court will prosecute Mr. Sevan for
his role in the oil-for-food program.
The story does not end here, however. I will
come back to Mr. Sevan in Section 4 below.
Tongsun Park
South Korean businessman Tongsu Park was
arrested in Houston, United States, in 2006.
He had been indicted for receiving bribes
from Iraq in the oil-for-food program. In July
he was convicted on conspiracy charges. He
was the first person convicted in relation to
the oil-for-food scandal. 32
Mr. Park admitted taking more than $2,500,000
from Iraq government to bribe senior UN officials.
His objective was to persuade them to
ease economic sanctions against Iraq after the
Gulf War. 33 His trial also unveiled a network
of businessmen and politicians that aimed to
ease UN sanction against Iraq after Kuwait’s
invasion, in 1990. The efforts of that group
apparently led to the oil-for-food program.
Mr. Park “funneled hundreds of thousands
in cash from the South Korean government
to influential members of Congress. After
the case broke, Park fled to South Korea.
But after bribery charges against him were
dropped, he agreed to return to the United
States and testify before Congress about his
activities.” 34
Mr. Park’s conviction is just one of the many
cases of corruption involving corporate
managers. 35 However, the scope of this paper
32 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2007/02/22/AR2007022201650.
html?sub=AR
33 Id.
34 Id.
35 Regardless of its accuracy, Wikipedia summarizes
some of the major corruption cases of corporate
managers in relation to the oil-for-food program,
as follows: “On April 1, 2010, Daimler AG plead
guilty to bribery charges brought by the US Justice
Department and the U.S. Securities and Exchange
Commission and will pay $185 million (US) as
settlement, but remains subject to a two-year
deferred prosecution agreement and oversight by
an independent monitor. The German automaker
of Mercedes-Benz vehicles was accused of
Colaborador Internacional
155

Colaborador Internacional
156
Camilo A. Enciso
Vanegas
does not reach criminal liability of contractors
or outsiders. That topic could be matter
of a later essay. Mr. Park’s case, however, is
relevant to show some of the problems arising
from corruption of UN officials and the
extent of corruption within the UN.
After reviewing the cases mentioned above, it
is relevant to ask what would have happened
had US prosecutors and courts not exercised
their jurisdiction against the defendants.
Furthermore, what would have happened if
no territoriality nexus with a country with a
strong judicial system had been present in
those cases? Moreover, what would have happened
if the individuals charged had fled the
country filing the indictment, as it occurred
in Mr. Sevan’s case? I believe that the most
reasonable guess is to say that nothing would
have happened. The persons charged would
be out of the reach of justice.
One last issue is worth mentioning. The corruption
in Iraq influenced also the internal
violating the terms of the United Nations’ Oil for
Food Program with Iraq by including kickbacks
10 percent of the contract values to the Iraqi
government. The SEC said the company earned
more than $4 million from the sale of vehicles
and spare parts. The SEC case was sparked in
2004 after David Bazzetta, a former auditor at
then DaimlerChrysler Corp, filed a whistle-blower
complaint after he was fired for raising questions
about bank accounts controlled by Mercedes-Benz
units in South America. Bazzetta alleged that he
learned in a July 2001 corporate audit executive
committee meeting in Stuttgart that business units
“continued to maintain secret bank accounts to
bribe foreign government officials,” though the
company knew the practice violated U.S. laws. The
investigation for the case also revealed that Daimler
made some $56 million in bribes related to more
than 200 transactions in 22 countries that earned
the company $1.9 billion in revenue and at least
$91.4 million in illegal profits. “Using offshore
bank accounts, third-party agents and deceptive
pricing practices, these companies [Daimler AG
and its subsidiaries] saw foreign bribery as a way
of doing business,” said Mythili Raman, a principal
deputy in the Justice Department’s criminal division.
“It is no exaggeration to describe corruption and
bribe-paying at Daimler as a standard business
practice,” Robert Khuzami, director of the SEC’s
enforcement division, said in a statement. Judge
Richard J. Leon of United States District Court
in Washington, approved the plea agreement and
settlement, calling it a “just resolution.”
affairs of the country, and in a certain way
legitimized what has been a common practice
for centuries, but aggravating it, namely corruption.
The Iraqi Deputy Prime Minister
Barham Salih stated:
“Uncontrolled levels of corruption in Iraq
are fuelling the country’s sectarian conflict
and creating a political economy of violence.
The political economy of this conflict is
very much rooted in the alarming levels of
corruption we are dealing with. A lot of the
money from many sectors of the economy
is diverted to sustain the violence.” 36
Unfortunately, the lack of legitimacy of
the UN after the oil-for-food program makes
it very difficult for the UN to advocate for
transparency in that context, without looking
hypocritical.
1.3 Additional Funds, New
Responsibilities, Greater Risks
The foregoing cases of corruption by UN officials
are probably only the tip of the iceberg
of a major and increasing problem. The general
impunity surrounding those cases, as well
as many others, is a huge incentive to engage
in additional illegal activities, in a world where
UN action is increasingly necessary.
For example, in between 1945 and 1990,
despite myriad of conflicts that evidently put
at risk international peace and security, the
UN only established 18 peace operations. 37
In contrast, after the end of the cold war,
the UN was resumed a broad range of activities.
In the 2005 World Summit Outcome
document, the General Assembly stated
that the mobilization of financial resources
for development of poor countries or with
economies in transition was central to a global
partnership for development, in furtherance
of the Millennium Development Goals. 38 In
the same document, the GA assured:
36 Cited by Looney, Robert E., Reconstruction and
Peacebuilding Under Extreme Adversity: The
Problem of Pervasive Corruption in Iraq. P. 1.
37 Schaeffer, Brett. Supra, 2.
38 A/60/L.1. September 15, 2005. 2005 World Summit
Outcome. P.5-6.

On the
criminality
accountability
of un officials
“a) We are encouraged by recent commitments
to substantial increases in
official development assistance and the
Organization for Economic Cooperation
and Development estimate that official
development assistance to all developing
countries will now increase by around $50
billion a year by 2010, while recognizing
that a substantial increase in such assistance
is required to achieve the internationally
agreed goals, including the Millennium
Development Goals, within their respective
time frames; b) We welcome the increased
resources that will become available as a
result of the establishment of timetables by
many developed countries to achieve the target
of 0.7 per cent of gross national product
for official development assistance by 2015
and to reach at least 0.5 per cent of gross
national product for official development
assistance by 2010 as well as, pursuant to the
Brussels Programme of Action for the least
developed countries, 0.15 per cent to 0.20
per cent for the least developed countries by
no later than 2010, and urge those developed
countries that have not yet done so to make
concrete efforts in this regard in accordance
with their commitments; (…) h) We resolve
to operationalize the World Solidarity Fund
established by the General Assembly and
invite those countries in a position to do
so to make voluntary contributions to the
fund;” 39 (emphasis added)
In addition, the document states:
“103. We request the Secretary-General to
establish a multi-year standing Peacebuilding
Fund for post-conflict peacebuilding, funded
by voluntary contributions and taking
due account of existing instruments. The
objectives of the Peacebuilding Fund will
include ensuring the immediate release of
resources needed to launch peacebuilding
activities and the availability of appropriate
financing for recovery.” 40
Whereas that huge amount of resources
provides a magnificent opportunity to aid
countries in extreme situations of violence,
poverty, transitional justice proceedings, or
analogous situations, it is also provides global
cronies with a major opportunity to make
business and defraud funds and projects des-
39 Id.
40 Id. at 26.
tined to benefit those societies and individuals
at risk. A strong message of zero-tolerance
against UN officials engaged in corruption
schemes should be sent as soon as possible.
According to Brett Schaeffer by the end
of June 2009 the UN DPKO was directing
and providing support to sixteen peacekeeping
operations and two peace building
operations. 41 The size of those operations is
breathtaking. By 2009 they involved approximately
93,000 uniformed personnel from 118
countries, more than 20,000 volunteers, and
more that “2,000 military observers, police,
international and local civilians, and UN
volunteers are involved in the two political
or peace building missions.” 42 Moreover,
according to Schaeffer the budget of the
DPKO from July, 2009 to June, 2010, was
of $7.75 billion!
Summarizing, the responsibilities and resources
of the UN have grown from
monitoring cease-fires, demilitarized zones
and post-conflict security, to much more
complex peace operations such as “complex
military interventions, civilian police duties,
human rights interventions, reconstruction,
overseeing elections, and post-conflict
reconstruction.” 43
Those interventions create the appropriate
ground where a corrupt bureaucracy can
flourish 44 , and provide almost unlimited funds
that make the dreams of any crony come true,
unless determined action is taken.
2. Victims and the Global Public
Sphere
2.1 General Remarks
Mark Philip has described public corruption
as a triadic relation. Three main actors are
41 Schaeffer, Brett. Supra, 3.
42 Id. at 3.
43 Schaeffer, Brett. Supra, 2.
44 Id. at 4. According to Schaeffer: “This stress [of
current level of UN activity] has contributed to
serious problems of mismanagement, misconduct,
poor planning, corruption, sexual abuse by
U.N. personnel, unclear mandates, and other
weaknesses.”
Colaborador Internacional
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Colaborador Internacional
158
Camilo A. Enciso
Vanegas
involved in the unlawful activity. The first
party is the occupant of the public office; the
second party is the intended (lawful) beneficiary
of that office; and the third party is the
actual beneficiary of the particular exercise
of that office. 45
In the context we are analyzing the first party
would be the UN official abusing of its office;
the second party would be the contractor,
state agent, or any other third party benefiting
from an unlawful behavior of the UN official;
and the third party, the victim, would have
a triple nature. Firstly, global citizens that
trust in the work and transparency of the
UN, and that rely on its effective work as an
effective mechanism to preserve international
peace and stability. Secondly, the immediate
citizens of the host country or countries
supposed to benefit from the role of the
corrupt official. Thirdly, member states of
the UN that contribute to the UN system,
relying on the transparency of its officials,
are also deceived.
2.2 Citizens of the host state
The citizens of the host state are stakeholders
of UN activity. In many occasion UN interventions
need to be done without express
authorization of the host state. Moreover, it
is not possible to ask the citizens of the host
state if they do agree with the intervention. In
occasions there is no time for that. Imminent
risks need to be addressed quickly in order
to prevent humanitarian catastrophes. This is
more likely in an era in which the notion of
responsibility to protect has gained importance
in the international community. 46
Citizens of the intervened countries have a
right to benefit from the funds and projects
allocated and designed from their benefit.
Corruption of UN officials obstructs the
exercise of that right, and in many occasions
even worsens the actual situation of the
persons that UN activity is supposed to help.
45 Philip, Mark (2008) ‘Peacebuilding and Corruption’,
International Peacekeeping, 15: 3, 310 – 327, 315.
46 Outcome Document of the 2005 UN summit.
http://www.un.org/summit2005/documents.
html
For example, in the Iraq case studied above,
one of the non intended consequences of
UN intervention has been massive and futile
expenditure in infrastructure. That infrastructure
has become an easy target for rebels and
a financial drain for the United States, the
UN and the Iraqi government. 47 As a consequence,
rebel groups have benefited from
stealing oil and other hydrocarbon from the
weak infrastructure, thus literally fueling their
illegal activities. Finally, and more importantly,
Iraqi citizens have suffered detriment as the
resources from the oil within their territory
has been used to fill the pockets of corrupt
officials and not to invest in projects aimed
at benefiting the life quality of Iraqis.
The corruption of UN officials has also
paved the road for a pervasive, structural, and
extended corruption in Iraq. That situation
fosters criminal networks that may become
important actors in the struggle for power,
and that, of course, may affect in a negative
way the rule of law, international relations,
and regional stability. 48 The right to peace of
individuals of Iraq is therefore endangered.
This is likely to occur also in other settings
in which UN corruption tacitly or explicitly
endorses corruption.
2.3 Global demos
Complex theoretical and philosophical
debates are currently in vogue with regard
to the existence and nature of a global demos.
I will not elaborate on this particular issue
here. I assume that that global demos exists, and
that it has rights and duties, which it owes
to individuals and communities around the
globe, and even to individuals that haven’t yet
been born, i.e. ecological duties. That global
demos interacts in a global public sphere with
sovereign states, international organization
and even NGOs.
47 Looney, Robert E., Reconstruction and
Peacebuilding Under Extreme Adversity: The
Problem of Pervasive Corruption in Iraq. P. 1.
48 Holt, Victoria K. and Boucher, Alix J. (2009)
‘Framing the Issue: UN Responses to Corruption
and Criminal Networks in Post-Conflict Settings’,
International Peacekeeping, 16: 1, 20 -32.

On the
criminality
accountability
of un officials
I believe, however, that the global demos has
two different facets. The first is the politically
organized group of nation-states, and the
second is the demos composed by citizens
of those states, understood as universal multitude.
49 That multitude does not respond to a
centralized source of power nor to any government
or power structure. That multitude
is composed by global citizens. The global
demos as a key player of the international
arena will become increasingly important in
the years to come, if proposals by scholars
and politicians such as the creation of a global
parliament move forward. 50
I believe that corruption of UN official jeopardizes
the goal of preserving international
peace and security, and consequently harms
the rights and interests of the global demos. As
the UN is an almost entirely universal organ,
guided by common values accepted by its
member states (who act as agents of their
own nationals), grave harm to such values by
UN officials must be punished. One form of
grave harm to the UN values is corruption.
The delegation and participation models of
authority 51 become relevant when analyzing
UN power and accountability issues. Whereas
some believe that the UN reports to its member
states under a delegation model, I believe,
that the UN and its officials are directly
accountable to the people affected by their
actions, under the participation model.
As not only the immediate victims of corruption
cases are affected by them, but also
the global public sphere composed by global
citizens is harmed, I believe that the UN as
visible organ of the global demos should hold
corrupt officials under its own jurisdiction,
49 Virno, Paolo. A Grammar of the Multitude. For an
Analysis of Contemporary Forms of Life. 2004.
Virno, Paolo. Multitude: Between Innovation and
Negation. 2008.
50 Falk, Richard and Strauss, Andrew. ‘On the Creation
of a Global Peoples Assembly: Legitimacy and the
Power of Popular Sovereignty’, Stanford Journal of
International Law, Volume 36, Number 2, 3-31.
51 Aoi, Chiyuki et Al. Unintended Consequences of
Peacekeeping. Centre for International Political
Studies. University of Pretoria. P. 13.
imposing on them appropriate criminal
sanctions.
The global demos is thus also a stakeholder of
UN activity, and its rights should be protected
with the strongest tool that the rule of law
has at its disposal: criminal law. 52
2.4 Member States of the UN
Member States are the third type of victim of
corruption by UN officials. The largest part
of the funds of the UN comes from member
states of the organization. The constituents
of the UN, therefore, have a legitimate expectation
that the funds allocated by them
to the UN will be used lawfully and for the
purposes for which the funds were disbursed.
One could expect, therefore, that member
states would be the most interested parties in
creating an international system of criminal
accountability for UN officials.
However, this is not necessarily true.
Paradoxically, the member states that contribute
with more resources to the functioning
of the UN are at the same time states with a
strong proclivity toward judicial exceptionalism.
The United States, for example, have
repeatedly rejected the possibility of having
US citizens tried by foreign or international
courts. 53 Therefore, it seems apparent that
several obstacles must be overcome in order
to have the United States support a new
system of criminal accountability for UN
officials. This is particularly true, when those
officials are US citizens or residents.
The problem of this is that when US citizens
or residents get involved in corruption cases,
the likeliness of a successful prosecution and
adjudication of the case at hand relies almost
entirely in the discretion of the United States
President and his Attorney General. In sensitive
cases for political actors, contractors or
donor of political campaigns, political inter-
52 Megret, Frederic. ‘The vicarious responsibility of
the United Nations’, pp. 250-267, in Aoi, de Coning
& Thakur, footnote 2.
53 Goldsmith, Jack. The Terror Presidency: Law And
Judgment Inside The Bush Administration, New
York: W.W. Norton & Company, 2007. Chapter 1.
Colaborador Internacional
159

Colaborador Internacional
160
Camilo A. Enciso
Vanegas
est may lead to a deadlock where nobody is
investigated for the unlawful activities.
The important thing is that nation-states
have a legitimate expectation that their contribution,
and the contribution of all other
states to the UN will be used for legitimate
purposes, with transparency and strong accountability
mechanisms.
3. Consequences of Preserving the
Status Quo
3.1 General Remarks
The preservation of the Status Quo regarding
criminal conducts by UN officials is
unacceptable. That Status Quo may be better
characterized as a situation that preserves a
vacuum of power that is abused by corrupt
agents in their own benefit and at the expense
of the global demos, citizens of host states,
and the international community.
Vacuum of power generally leads to corruption,
violence and anarchy. Recalling Plato’s
Ring of Gyges tale, introduced to the reader
in the voice of Glaucon in The Republic, in
an overwhelming number of cases individuals
will engage in criminal conducts unless they
are constrained by the fear of punishment,
or unless their ethical standards stand particularly
high. 54
Vacuums of power are very likely to be present
in cases where the UN is deemed to act,
pursuant to peacekeeping/peacebuilding/
responsibility to protect interventions, in
connection with humanitarian catastrophes.
As a consequence of the vacuum of power,
a permissive environment for all types of
violence and criminality arises. This is par-
54 Plato. The Republic. Chapter 2. “For all men believe
in their hearts that injustice is far more profitable to
the individual than justice, and he who argues as I
have been supposing, will say that they are right. If
you could imagine any one obtaining this power of
becoming invisible, and never doing any wrong or
touching what was another’s, he would be thought
by the lookers-on to be a most wretched idiot,
although they would praise him to one another’s
faces, and keep up appearances with one another
from a fear that they too might suffer injustice.”
ticularly true for post-conflict conditions,
where the breakdown of social and cultural
norms, law and order, and socio-economic
infrastructure 55 , have been severely eroded,
thus allowing international and domestic
corruption.
The UN General Assembly has repeatedly
manifested its concern on the issue of domestic
and international corruption. Pursuant
to the defeat of that cancer, the UN enacted
the UN Convention Against Corruption,
UNCAC, which might be considered the first
anticorruption convention. It aims to promote
reforms within states directed to prevent
corruption, criminalize and enforce legal
norms and decision against persons engaged
in criminal conduct, promotes international
cooperation in the fight against corruption,
and fosters measures aimed at assuring assets
recovery. 56 UNCAC, however, does not solve
in any the jurisdictional problems addressed
in this paper (corruption by UN officials).
It only intends to solve problems related to
the transnational asset recovery provision,
which was a ground breaking development
in the fight against private and public
corruption. 57
Other interesting efforts in the fight against
corruption have been made through the
enactment of the OECD Antibribery
Convention, 58 which makes it a crime to
offer, promise or give a bribe to a foreign
public official in order to obtain or retain an
international business deal 59 , and the creation
of the Financial Action Task Force on Money
Laundering, whose purpose is to develop
and promote national and international policies
to fight money laundering and terrorist
organizations financing. 60
55 Aoi, Chiyuki et Al. Supra, 2.
56 Bhargava, Vinay. Supra, 356.
57 Bhargava, Vinay. Supra, 357.
58 The OECD Convention on Combating Bribery
of Foreign Public Official in International
Transactions.
59 In the United States, the Foreign Corrupt Practices
Act complies a similar purpose.
60 Bhargava, Vinay. Supra, 357.

On the
criminality
accountability
of un officials
In any case, the preservation of the Status
Quo proves to be an undesirable state of
things for preventing corruption by UN officials.
The Status Quo fosters (a) impunity,
(b) endangers international peace and aggravates
non intended consequences of UN
interventions in host states, and (c) fosters
additional corruption.
3.2 Impunity
Presently, there are only two types of responses
against corrupt activities by UN officials:
First, the imposition of disciplinary and
administrative sanctions against the involved
party; second, the waiver of UN immunity
and the prosecution and adjudication by a
domestic court against the official. None of
these alternatives seems to be convenient.
On the contrary, I believe that both leaven
an open leeway for corruption, as it will be
explained in a subsection below.
3.2.1 Insufficiency of disciplinary/
administrative sanctions
It is often contended that the only possible
and desirable sanction against UN officials
for corruption cases is the imposition of
disciplinary and/or administrative sanctions.
I contend here that if those sanctions are
effectively imposed, the overall reputation
and public image of the person involved
is harmed, and in some cases a part of the
misguided or misappropriated assets of the
UN are recovered, but further than that
nothing really happens. Those sanctions are
effective from a disciplinary standpoint, but
completely ineffective to deter and punish the
wrongdoing. The harm done by the official
remains unpunished, the credibility of the
UN is destroyed, and impunity triumphs.
The Kantian call for justice is thus ignored,
and harm to other individuals and the society
as a whole takes place and remains without
sanction.
“The penal law is a categorical imperative;
and woe to him who creeps through the
serpent-windings of utilitarianism to discover
some advantage that may discharge
him from the justice of punishment, or even
from the due measure of it, according to the
Pharisaic maxim: “It is better that one man
should die that the whold people should
perish”. For if justice and righteousness
perish, human life would no longer have
any value in the world.” 61
In addition, disciplinary and administrative
proceedings can easily fireback against the
UN. Above I said that I would retake below
the case of Mr. Sevan. Now is the time.
According to the Heritage Foundation,
Sevan’s lawyers are seeking $880,300 plus
interest from the United Nations for legal
fees incurred by Mr. Sevan in furtherance of
his defense for his activities as UN official in
the oil-for-food program. 62 Recently, the United
Nations Administrative Tribunal 63 ordered
the United Nations to pay “all reasonable
legal fees” to Benon Sevan for issues relates
to the disciplinary he faced before the UN.
The UN confirmed that the organization
would abide by the tribunal’s decision. It’s
a huge contradiction that while Mr. Sevan
is facing criminal charges before a US court
for his activity as a UN official, at the same
time he is awarded by the UN highest administrative
tribunal with a sum aimed to
indemnify him for damages pursuant to his
legal expenses. 64
61 Kant, Immanuel. The Philosophy of Law. W. Hastie
tr. 1887. Cited by Kadish, Sanford H. et al. Criminal
Law and Its Processes, Cases and Materials. Eight
Edition. P. 80.
62 http://www.heritage.org/Research/
Reports/2009/02/Oil-for-Food-Revisited-The-
UN-Should-Not-Pay-Benon-Sevans-Legal-Fees
63 The Administrative Tribunal, composed by seven
members, was created by the General Assembly
in 1950 to deal with employment related disputed
between UN staff and the organization.
64 http://www.heritage.org/Research/
Reports/2009/02/Oil-for-Food-Revisited-The-
UN-Should-Not-Pay-Benon-Sevans-Legal-Fees
The indignation of right wing scholars for the
decision of the UN administrative tribunal was
expressed as follows: “The U.N.’s decision to pay
Sevan his legal costs is an affront to American
taxpayers, who currently give over $5 billion a year
to the United Nations and deserve accountability
and respect for the rule of law. For the United
Nations to even consider paying what could amount
to nearly $1 million in legal fees is a disgrace and
is yet another stain on the reputation of the world
body.”
Colaborador Internacional
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Colaborador Internacional
162
Camilo A. Enciso
Vanegas
3.2.2 Domestic investigation and
adjudication
Different corruption schemes and scenarios
are possible at the international level. Let us
take a look, as an example, to one of them:
UN corruption in states with harsh humanitarian
crises. In those states, the vacuum of
power and low level of respect for the rule of
law in the host countries of the intervention
makes it almost impossible to reasonably
believe that domestic courts will have the
capacity, autonomy and interest in prosecuting
UN cronies.
In spite of decisions of the General Assembly,
such as those made in the sixty second and
sixty third sessions, whereby the GA strongly
urged states to undertake in their domestic
criminal laws, cooperative investigations
against UN officials and experts-on-mission
engaged in criminal activity, effective prosecution
is not probable. 65
The reasons for that conclusion are, among
others, (i) lack of interest of domestic prosecutors
or courts to investigate and adjudicate
cases against the persons involved 66 , (ii) lack
of prosecutorial capacity to collect evidence
against wrongdoers, (iii) lack of awareness
and knowledge to identify and uncover
complex schemes to defraud and perform international
corruption, (iv) high vulnerability
of domestic courts to bribes and kickbacks in
furtherance of trials pursued in local courts,
(v) political implications of prosecuting
nationals from other countries, that might be
seen as putting at risk the national interest of
the host country, (vi) difficulties deriving from
diplomatic immunity and lack of extradition
treaties between countries. 67
65 A/64/100.
66 See Furham, Johannes. Legal problems concerning
the lack of accountability of UN peacekeeping
forces. Raizes Juridicas. Curitiba, v.2, n.2 jul./dez.
2006. P. 29-42. P. 32 (signaling similar problems
for UN peacekeepers involved in cases of sexual
abuse)
67 Furham, Johannes. Supra, 33. Similar problems arise
in connection with immunity granted in Status of
Forces Agreements (SOFAs) for personnel working
in peacekeeping operations, involved with sexual
abuse crimes.
All this factors contribute to impede the
prosecution and adjudication of criminal
charges of corruption against UN officials,
and leaves the door open for additional
criminal conduct.
An additional difficulty that must be mentioned
in this context, is the lack of legitimacy
deriving from unequal sentencing practices
of different member states. While US courts
could sentence individuals to several decades
of imprisonment, it is highly probable that
courts of several other countries could sentence
individuals for exactly the same conduct
to only a year or little more than that; not to
mention the option that they would have to
apply to parole or other type of privileges.
That does not seem fair from any perspective.
In that scenario, UN officials accused
of mismanagement or corruption could go
forum shopping, looking for the jurisdiction
with the most lenient punishment for the
crimes committed. That practice must not
be tolerated.
3.2.3 Danger to international peace and
security and aggravation of nonintended
consequences
The intervention of the UN in countries
in conflict is likely to have non intended
consequences. As countries in conflict are
highly complex systems, it is logical to expect
responses to interventions in “a nonlinear
fashion.” 68
One of the non intended consequences is
the exacerbation of corruption, bolstered by
the financial aid provided by the UN. 69 The
UN can, indirectly and unconsciously end up
financing local corrupt lords, and persons and
organizations engaged with organized crime,
if it doesn’t count with strong management
controls over the disbursement and use of the
funds provided, and even worse, if its officials
engage in criminal conduct with others aimed
at defrauding UN aid.
Moreover, when corruption is used as a
means to prevent violent disintegration, and
68 Aoi, Chiyuki et Al. Supra, 2.
69 Aoi, Chiyuki et Al. Supra, 2.

On the
criminality
accountability
of un officials
counts with additional resources disbursed by
the UN, in the context of peacebuilding or
peacekeeping operations, the whole reform
agenda is severely undermined, and it may
even become the “crutch” on which corrupt
leaders rely to stay on power in an anarchic
environment. 70 This situation aggravates if we
take into consideration the fact that corrupt
governments lack political legitimacy, fact
that can lead to violence by people frustrated
by the “venality of public officials” 71 or by
organized crime oriented to usurp power.
The 2005 World Summit Outcome Document
implicitly recognizes the intrinsic relation between
transnational crime and corruption:
“111. We express our grave concern at the
negative effects on development, peace
and security and human rights posed by
transnational crime, including the smuggling
of and trafficking in human beings, the
world narcotic drug problem and the illicit
trade in small arms and light weapons, and
at the increasing vulnerability of States to
such crime. We reaffirm the need to work
collectively to combat transnational crime.
112. We recognize that trafficking in persons
continues to pose a serious challenge to
humanity and requires a concerted international
response. (…)
113. We urge States that have not yet done
so to consider becoming parties to the relevant
international conventions on organized
crime and corruption and, following their
entry into force, for them to implement
them effectively, including by incorporating
provision of those conventions into national
legislation and by strengthening criminal
justice systems.” 72
All the above has, therefore, a close relation
not just with problems of lack of social and
economic progress, but particularly, with the
creation and preservation of conditions likely
to undermine key social institutions and political
stability. 73 Unfortunately, the UN system
70 Rose-Ackerman, Susan (2008) ‘Corruption and
Government’, International Peacekeeping, 15: 3,
328-343.
71 Rose-Ackerman, Susan (2008), Supra, 332.
72 Furhmam. Id. at. 27.
73 Bhargava, Vinay. Id. at 346.
lacks teeth to impose criminal accountability
over officials involved with corruption scandals,
even in the worst cases.
4.2.4 Fostering of additional corrupt
practices and harm to the
legitimacy of the UN
Preserving the status quo and tolerating impunity
will only serve as an incentive to corrupt
officials to further engage in criminal activity.
It is a fact that corruption and impunity call
for more corruption.
Furthermore, the lack of criminal accountability
of UN officials negatively impacts
UN legitimacy. 74 Just as corruption scandals
in sovereign states parliaments undermine
democracy and legitimacy of the state, endangering
in many occasions the existence of
the state itself, at the global level, corruption
of UN officials undermines its every day
expanding role as a new world Leviathan.
For those who believe that the UN represents
the promise of a new world government,
legitimacy should be nursed as the most valuable
living creature. The UN has repeatedly
insisted in its goal of fostering democracy not
only within states, but also at the international
level. 75
It would therefore be certainly incoherent
to say that the goal of achieving democratic
governance does not apply to the organization
itself, but only to its member states.
Therefore, a new type of criminal accountability
is required against UN officials. Below
I further elaborate on this issue and draw
some initial thoughts on how the construc-
74 See Schaeffer, Brett. Supra, 2. (in the same line of
thought, but specifically directed to the need of
reform to prevent abuse of peacekeepers in UN
operations).
75 See Pettit, Philip. Two-dimensional Democracy,
National and International. IILJ Working Paper
2005/8 (History and Theory of International Law
Series, www.iilj.org (discussing a consideration
of what “democracy should require in the
international domain: in the context of international
organizations and, more generally, cooperation
among national governments”)
Colaborador Internacional
163

Colaborador Internacional
164
Camilo A. Enciso
Vanegas
tion of that type of accountability could be
achieved.
4. Criminal accountability over
egregious corruption cases
4.1 General Remarks
In Section 2 I pointed out the growing scope
of action of the UN in current world affairs.
That growth signals the construction process
of a new global Leviathan, namely the United
Nations. The question we should ask is
whether the UN and its officials should have
unfettered power, or whether the institutional
design should intend to control the exercise
of such power under the limits of the rule
of law.
The General Assembly stated in the 2005
World Outcome Summit document:
“15.We pledge to enhance the relevance,
effectiveness, efficiency, accountability and
credibility of the United Nations system.
This is our shared responsibility and
interest. 76 (…) Recognizing the need for
universal adherence and implementation
of the rule of law at both the national and
international levels, we: 134. (a) Reaffirm our
commitment to the purposes and principles
of the Charter and international law and to
an international order based on the rule of
law and international law, which is essential
for peaceful coexistence and cooperation
among States;” 77
It seems very clear that the General Assembly
has recently renewed its vows, in the same line
of the original Charter of the UN, pursuant
to the promotion of the rule of law and
democracy.
“11. We acknowledge that good governance
and the rule of law at the national
and international levels are essential for
sustained economic growth, sustainable
development and the eradication of poverty
and hunger.” 78
76 Id.
77 Id. at. 30.
78 A/60/L.1. September 15, 2005. World Summit
Outcome. P.2.
It is my contention that criminal accountability
of UN officials is a necessary means
to enhance the rule of law and the checks and
balances system of the UN. Only through
criminal accountability, UN officials would
have a real deterrent to engage in criminal
conduct, by the fear of investigation and
severe criminal punishment. At the same time,
punishment would reinforce the validity of
the UN legal framework. 79
4.2 UN Jurisdiction over its own
officials
The UN should ensure the creation of
criminal accountability that would enable
the organization to prosecute and adjudicate
cases of white collar crime. The UN should
assume competence over the most egregious
crimes of its own officials, by promoting
the adjudication of jurisdiction to the ICC
of crimes such as those contemplated in
the document of the UN Action Against
Corruption in Bribery.
In that document, the most serious corruption-related
offenses are deemed to be:
bribery, fraud, speed money payments, illicit
political contributions, abuse of power, color
of office and/or breach of trust, misappropriation
of public funds, and conflict of interest
80 ; to which I would add illicit enrichment,
money laundering, and insider trading. 81
79 A clarification must be made at this point.
Criminologist and criminal lawyers have
discussed throughout centuries the issue of
the real deterrent effect of criminal laws. Some
assure that criminal laws are useless pursuant
to such end, and others assert the contrary.
Pursuant to this article I assume as a given
that criminal law does work as a deterrent of
corrupt behavior of UN officials, and that,
moreover, it is necessary not just because
of its deterrence effects, but also because
punishment is a fair and just response to the
abuse of power and of color of office.
80 United Nations Crime Prevention and Criminal
Justice Division. United Nations Action against
Corruption and Bribery. September 1997. P. 8-11.
81 This crime takes place when a public official cannot
justify the source of any income or asset within its
patrimony.

On the
criminality
accountability
of un officials
Pursuant to this proposal, the ICC could endeavor
to prosecute only the most egregious
corruption cases, based on wide prosecutorial
discretion. Rationales to define when a case
is egregious could be the amount of money
involved in the transactions, the scope of the
damage of the unlawful activity, the number
of persons involved in the conspiracy to
commit the crime, and/or the ranking of the
officials involved.
4.3 Complicity
The competent prosecutor should have
the right to indict the alleged wrongdoers
as principals or aiders and abettors of the
criminal activities. Further, it would be possible
to adopt the United States Model Penal
Code, that finds that aiders and abettors
are equally liable for the crimes committed
by the principal as their own. However, the
distinction between the two categories of
participants would be useful pursuant to
sentencing issues.
4.4 Required mens rea element of
specific crimes
The specific crimes for which the ICC
should assume jurisdiction should obviously
require a specific mental state. The
required mens rea element could be present,
depending on the nature of each crime,
when the agent commits the actus reus with
purpose, intent, recklessness, or negligence.
Of course, however, the nature of the mens
rea element present on each occasion would
have an important impact on the sanction
to be imposed in each case. But this could
be subject of a different paper.
4.5 Punishment
The punishment system for UN officials
could work in exactly the same way as it does
for criminals under Section x of the Rome
Statute. No reform would be needed in that
regard. Therefore, the sanction imposed
would be enforced in a member state that
previously manifested to the ICC its availability
to receive convicted parties. 82
82 Rome Statute. Article 103 and following.
5. Institutional Reform of the
ICC
5.1 Enhancing competence of the
International Criminal Court
The competence of the ICC could be
enhanced through article 123 of the Rome
Statute. According to such article, after seven
years of the entry into force of the statue,
the Secretary General of the UN must invite
member states to a conference whereby
amendment proposals to the statute will be
evaluated.
According to article 123, the review of the
Rome Statute may comprehend the crimes
listed under article 5, but is not limited to
them. Therefore, if the proposal of centralizing
criminal accountability of UN officials
obtained widespread approval by member
states, that kind a accountability could be
included in the Rome Statute.
Schaeffer argues against what I hereby propose.
He asserts that:
“The abusers and their governments must
face real consequences to create incentives
for effective enforcement. The remedy
should not involve countries yielding jurisdiction
over their personnel to the U.N.
or to a non-national judicial authority, but
it should entail commitments by member
states to investigate, try, and punish their
personnel in cases of misconduct.” 83
Schaeffer contention is naïve. It is simply not
reasonable to believe that member states will
comply with the “obligation” to try and convict
UN officials within its territory. This is
particularly true in countries with non liberal
governments or high corruption levels.
I believe, on the contrary, that the ICC could
play a significant role, as I have stated, in the
promotion of the rule of law, checks and
balances, and democratic global governance.
In a certain way, it can do something similar
to what has been achieved by the ICJ at other
level:
83 Schaeffer, Brett. Supra, 12.
Colaborador Internacional
165

Colaborador Internacional
166
Camilo A. Enciso
Vanegas
“134. (f) Recognize the important role of
the International Court of Justice, the principal
judicial organ of the United Nations,
in adjudicating disputes among States and
the value of its work, call upon States that
have not yet done so to consider accepting
the jurisdiction of the Court in accordance
with its Statute and consider mans of strengthening
the Court’s work (…)” 84
The role of the ICC could be facilitated by
a cooperative relationship with OIOS. The
highly specialized knowledge that OIOS has
developed in the process of auditing UN
work can prove particularly useful for ICC
prosecutors and courts.
“12. Aside from the overall structure of
the Investigations Division, OIOS has
also begun to further develop its capacity
to conduct specialized investigations. The
primary consideration in this has been the
distinction between the two main types
of cases investigated by OIOS, namely
sexual exploitation and abuse and financial,
economic and administrative cases, and
the need to ensure that qualified teams
investigate these cases effectively. The skills
and experience required for these types of
cases vary significantly, and the experience
of OIOS over the years provides a compelling
argument for concentrating specialized
investigators within three regional centres:
New York; Vienna; and Nairobi.
13. In addition, the Investigations Division
focused on ensuring that the competencies
and knowledge developed by the Procurement
Task Force were incorporated into the knowledge
base of the Investigations Division. In
particular, the Division conducted a survey
of the Procurement Task Force best practices
and lessons learned.” 85
This is important because it would substantially
reduce the cost of creating a new bureaucracy
of prosecutors and judges deemed
to adjudicate corruption cases. What could
be done is to compartmentalize internally
the ICC so personnel with specific knowledge
on international corruption could focus
84 Id. at. 30.
85 A/64/326(Part I) (24 Aug 2009), P. 9.
on that type of cases, whereas personnel
involved with international humanitarian
law violations could focus on those more
traditional kind of violations to international
criminal law.
5.2 Complementary and Subsidiarity
This is a complex issue that would need to
be addressed in a later work.
Conclusions
Summarizing, it is apparent that corruption
of UN officials is one of the most serious
problems faced by the international community
today. None of the existing mechanisms
to sanction the officials involved in wrongdoing
of that kind seems strong or effective
enough to address the problem and punish
the parties responsible.
The victims of the wrongdoing are citizens
of host countries, the global demos, and the
member states of the UN system. Those
parties are deprived of the honest services
of the corrupt officials, and regional and
international peace and security are put at risk.
Strong measures should be imposed to deter
that kind of wrongdoing and to punish the
individuals responsible. Criminal liability is
one of the most important types of measures
that need to be adopted.
The most convenient thing to do in furtherance
of the creation of criminal accountability
institutions and mechanisms appropriate
to combat corruption, is to enhance the
competency of the ICC. The crimes for
which the ICC should assume competency
are the most relevant conducts to which UN
cronies have resorted in furtherance of their
unlawful activities. The punishment imposed
by a sentence of the ICC could be enforced
in state members of the Rome Statute, as
provided under Chapter x of the statute.
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Pensar Revista la Diálogos guerra:
de el Saberes caso
ISSN colombiano 0124-0021
Julio-Diciembre
de 2010
Págs. 169-191
Abstrac
Pensar la guerra: el caso colombiano
A scientific thought about the Colombian
internal war took a long time to appear.
However, since the nineties, accurate studies
written by Colombian and Foreign investigators
began to be released. They share the
fact that they develop their reflections upon
a resolute liberal philosophical infrastructure, not
without nuances from one to another. Their
pace is as well analytical and synthetic as it
is normative insofar that they articulate with
prudence the examination of the events, of
their transformations, with the formulation
of a political and moral judgement, that
places further apart the ideological temptation.
Thus, they could avoid the myths,
particularly those related to the revolution.
These studies could also pave way for a clear
distinction between the action and the comprehension
to the benefit of the latter: the illegal
violence of direct action becomes a subject
matter and is no more a medium transformed
into an end. This evolution presupposes an
appreciation of the inedited and the permanence
of a history altered by the homogenisation
of its development and by fatalism that impedes
the intellection of the nuances. Then,
the Colombian “civilist” tradition is also
emphasized, which constitutes a fundamental
aspect of the Colombian political culture that
counterbalances the idea of violence inherent
to the Colombian being and that leaves open
the intellectual and practical possibility of an
exit from the armed conflict by the establishment
of confidence.
Key words
Colombia, war, civilist tradition, political
thought.
Resumen
Stephen Launay*
launaystephen@yahoo.fr
El pensamiento de la guerra interna de
Colombia tardó en aparecer. Sin embargo,
desde los años noventa, estudios rigurosos
de investigadores colombianos y extranjeros
salieron a luz. Estos estudios tienen en común
desarrollar su reflexión sobre una infraestructura
filosófica resueltamente liberal, con matices
importantes entre ellos. Su aproximación es
tanto analítica y sintética como normativa,
en la medida en que articulan con prudencia
el examen de los acontecimientos y de sus
transformaciones, con la formulación de un
juicio político y moral; lo que las distancian
de la tentación ideológica. Evitan así los
mitos, en particular el mito revolucionario.
Pasan, por eso, por una distinción nítida entre
la acción y la comprensión en beneficio de esta
última: la violencia ilegal de la acción directa
se vuelve un objeto de estudio dejando de ser
un medio convertido en fin. Esta evolución
Fecha de recepción del artículo: Septiembre 6 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 20 de 2010
* Doctor en ciencia política. Habilitación a Dirigir Investigaciones (EHESS, Paris). Profesor en la Université
de Paris-Est. Autor de La Pensée politique de Raymond Aron (El Pensamiento político de Raymond Aron), Paris, PUF,
1995; de La Guerre sans la guerre. Essai sur une querelle occidentale (La Guerra sin la guerra. Ensayo sobre una querella
occidental), Paris, Descartes et Cie, 2003; de Chávez-Uribe, deux voies pour l’Amérique latine? (Chávez-Uribe, ?Dos
vias por América Latina?), Paris, Buchet-Chastel, 2010, y de numerosos artículos en francés, español e inglés en
relaciones internacionales y en pensamiento político. launaystephen@yahoo.fr
Agradezco, por sus observaciones generales y de traducción, a Yann Basset, Magali Carrillo y Gloria Robles.
Pero el texto es de mi sola responsabilidad.
Colaborador Internacional
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170
Stephen
Launay
pasa también por la distinción entre inédito y
permanencia en una historia alterada por la homogeneización
de su curso y por un fatalismo
que impide la intelección de los matices. La
tradición civilista colombiana es, entonces,
puesta de relieve, este aspecto fundamental
de la cultura política colombiana que contrapesa
la idea de una violencia inherente al
ser colombiano y deja abierta la posibilidad,
intelectual y práctica, a una salida del conflicto
armado basada en el establecimiento de la
confianza.
Palabras clave
Colombia, guerra, tradición civilista, pensamiento
político.
1. Contornos
Pensar la guerra es una actividad reciente
en Colombia. Si bien han habido escritores
y políticos que han hecho este ejercicio,
frecuentemente sin embargo, se hizo de una
manera partidista que era testimonio de la
tensión política (politics) presente a través de
la historia del país desde su Independencia.
La dificultad de liberarse de la tendencia principalmente
polémica venía por lo menos de
dos factores: la problemática estabilización de
la escena política desde la mitad del siglo xIx
(ella misma ligada a una presencia desigual
del Estado sobre el territorio) y el numero de
guerras internas, en relación con el fenómeno
precedente; y en las ultimas décadas, el trastorno
de la escena conflictiva con la llegada
del narcotráfico y la dimensión tomada por
el secuestro. Este último momento radicaliza
la violencia hundiéndola en un sin sentido
político; la paz de compromiso que el país
ha conocido frecuentemente (en particular
con las amnistías) ya no tenía sustento para
desarrollarse. El narcotráfico y el secuestro
tenían razones que para la razón política era
difícil enmarcar 1 .
1 A pesar de la dificultad de extraer un sentido
propiamente político de la actividad de los
grupos armados ilegales, hemos escogido el
termino de “guerra” porque lo que nos detiene
aquí es la violencia política armada, entonces
organizada, la cual puede ser políticamente
pensada por todos los actores en liza, cada
La vida intelectual colombiana, sin embargo,
ha conocido, desde sus principios, una
actividad desbordante (Monsivá, 2007: 16) 2 ,
mezclando los debates sobre la herencia española
y las discusiones que atañen a la forma
y los limites del Estado. Las ideas liberales se
emanciparon de la cortapisa de la tradición
ibérica, sin necesariamente rechazarla en
bloque, y trataron de limitar los conflictos a
los argumentos sin llegar siempre a su meta
(Jaramillo, 2003). Gerardo Molina insistía, al
inicio del segundo volumen de su obra, Las
ideas liberales en Colombia, sobre la importancia
de las ideas para evitar “hundirse en la ciénaga
de la improvisación, lo cual es un modo de
perder el camino y de ser desgraciados.”
(Molina, 1988: 12) Ahora bien, pese a la extrema
dificultad de liberarse del resurgimiento
de la guerra y de su fortalecimiento durante
la década de los ochentas, la reflexión sobre
la guerra se ha afirmado paulatinamente.
Miradas originarias de Colombia o del exterior
se han enriquecido mutualmente y han
dado un sentido colombiano a la palabra
comprensión.
Quisiéramos aquí proponer algunos elementos
de este resurgimiento o de este impulso
intelectual gracias al esbozo de su esquema
intelectual lo cual nos parece decididamente
liberal. Entendida en su sentido filosófico, la
palabra liberal no se confunde con la corriente
política y partidaria existente en Colombia. La
referencia que se hace es a la tradición filosófica,
plural, nacida en Europa y difundida en
el conjunto de los países occidentales.
Esta tradición expresa un sentido de los
límites de la comprensión y se presenta como
profundamente política: toma en serio lo
político y el debate de las ideas, y los opone
a la violencia sin reglas y a los efectos de
la destrucción sistemáticamente del Otro.
La guerra es, por lo tanto, un momento del
pensamiento liberal porque lo es de la realidad
uno teniendo o habiendo tenido una doctrina,
una ideología y proyectos de transformación
radical o no del sistema político y, finalmente,
del régimen mismo.
2 Carlos Monsivá subraya: « la complejísima historia
intelectual de Colombia y Venezuela ».

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
histórica. Desde Locke hasta Aron, hace parte
integrante de la historia y, por tanto, de la
intelección de esa historia. Contrariamente a
un lugar común sacado de algunas frases de
Montesquieu y de Constant y del enfoque
sobre la “vulgata smithiana”, el pensamiento
político liberal no niega la importancia de
la guerra bajo sus diversas formas: hace de
ella un aspecto decisivo de su análisis y de su
filosofía, aunque lo haga bajo el auspicio de la
Idea de la razón la cual guía la mente hacia la
pacificación de las relaciones sociales (Launay,
1995: 3ª parte; y 2003: Introducción).
De aquí surge una cara polémica no-partidista
muy presente en las obras de los principales
autores liberales a la cual se añade el momento
de la construcción: la razón que desconfía
y la razón que construye, para retomar los
términos de Albert Thibaudet. Citemos
ejemplos: Locke inicia desmenuzando los
fundamentos de la doctrina paternalista del
monarquista Robert Filmer antes de desarrollar
su concepción de las instituciones
liberales en la segunda parte de su Tratado
del gobierno civil; Benjamín Constant denuncia
la ilusoria necesidad histórica del Terror
(durante la Revolución francesa) antes de
poner los términos positivos de su teoría
política; Raymond Aron no cesó de analizar
y denunciar los mitos políticos de su época,
elaborando al mismo tiempo su filosofía
política de pluralismo y de “los límites de
la objetividad histórica”. El rechazo de los
mitos políticos se derivó del rechazo de la
politización integral de la vida humana así
como de la caricatura de la realidad.
Se encuentra también, en esta razón crítica
liberal, una “razón histórica” que articula
la continuidad y el cambio, lo inédito y lo
permanente (Aron), como dos aspectos de
un mismo espíritu. El revolucionarismo es
su antónimo exacto por cuanto busca la
“transformación súbita de una sociedad y
comenzar de nuevo la historia […].” (Ortega
y Gasset, 1999: 67) En efecto, la comprensión
no presupone el trastornamiento del mundo
pero sí la aclaración de sus tendencias y accidentes.
El pasado es tan delicado de entender
como el futuro difícil de enmarcar y prever.
“Hace demasiado tiempo que los filósofos
han tratado de transformar el mundo, se
trata ahora de interpretarlo.” (Raynaud, 2003)
Esa observación del filosofo político francés
entra en resonancia con los problemas de
interpretación (o de falta de interpretación)
que Colombia conoció hasta hace poco tiempo.
Pues, para iniciar la interpretación de los
fenómenos de violencia armada, es necesario
comenzar por aceptar pensar la guerra como
un momento de la política, momento crucial
seguramente, pero no como el todo de la
política.
Para llevar a cabo esta presentación de algunas
miradas sobre la guerra y de sus rasgos
filosóficos liberales, hemos escogido unos
autores que siguen los elementos presentados
arriba. La escogencia es inevitable; además,
las diferencias son pruebas de la diversidad de
los intereses intelectuales y políticos. Sin embargo,
se destaca una unidad epistemológica
y normativa y por tanto filosófica. El período
considerado es el de las tres últimas décadas,
principalmente las dos ultimas teniendo en
cuenta que en este período, por un lado, la
guerra ha tomado un giro particular y, por
otro, los escritos abarcados han tomado una
viso científico. Además, un intercambio de
ideas entre autores europeos, reconocidos
como filósofos liberales, y los observadores
de Colombia es necesario para mostrar a la
vez la herencia del pensamiento liberal europeo
y los rasgos específicos de las obras sobre
el conflicto interno colombiano.
Inicialmente, trataremos de mostrar en qué
los autores se aproximan al conflicto armado
colombiano para, posteriormente, abordar: la
difícil e indispensable distinción entre acción
y comprensión en el trabajo del intelectual;
después, la tarea de articulación del inédito y
del permanente que despliegue la conciencia
histórica. Observaciones sobre la confianza
y sus condiciones de advenimiento cierran
estas reflexiones.
2. Pensar la guerra en Colombia
Hay dos escollos cuando se trata de pensar
la guerra, o la violencia política, en particular
en Colombia: el primero consiste en negar
que exista el menor conflicto armado, y el
segundo consiste en extrapolarlo al todo de
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172
Stephen
Launay
la vida colectiva colombiana desde décadas,
incluso desde la Independencia.
La negación de la guerra puede ser doctrinaria
o estratégico-política. La negación doctrinaria
hace referencia a la dificultad más general de
reconocer el enemigo político y a concebir
miradas diferentes sobre el interés general.
Esta negación no es liberal, en el sentido de
la modernidad filosófica (Jouvenel, 1994:
425-6); concierne nuestro tema sólo como
punto de contraste. En cuanto a la negación
estratégico-política, es una posición política
en el sentido de que no quiere abrir el camino
para un reconocimiento nacional e internacional,
lo cual tendría efectos jurídicos. Esta
posición insiste sobre las consecuencias de
las exacciones más que sobre las intenciones
(difíciles de definir) para apreciar el carácter
político o no de los delitos considerados
(Obdulio Gaviria, 2006: 83). Es una posición
estratégica también en un contexto de fuerte
debilitamiento del enemigo armado con el
cual el Poder legal considera que ha agotado
las formulas de negociación de tal manera
que aceptarlo como “enemigo” oficial sería,
en este caso, reconocerle una potencia real y
simbólica perdida, al darle el estatuto de un
igual. La “política de seguridad democrática”
del presidente Uribe, tal como está puesta en
práctica, presenta este aspecto. En estos dos
últimos casos, se trata de una política peculiar
que tampoco atañe directamente a nuestro
propósito.
El historiador Eduardo Posada Carbó se
enfrenta con el segundo escollo cuando dibuja
el hilo rojo que va de la identificación de
Colombia como país esencialmente violento
e intolerante (intolerante a fuerza de violencia
y violento por intolerante) al desprecio de
la política, de sus instituciones, de sus funcionarios,
pasando por una autoflagelación
colombiana desarrollada en un “discurso
erudito” que se condensa hasta formar una
“culpabilidad colectiva” criminalizando la
nación (Posada, 2006: 279, 27, 34). Se trata
de un lugar común negativo difícil de superar
pero que es indispensable criticar para lograr
el propósito positivo de la descripción de la
cultura política colombiana (Ibíd.: 48). Es
difícil y necesario superarlo por tres razones:
difícil porque es transmitido por hacedores de
opinión, periodistas, intelectuales, universitarios;
porque tiene la apariencia de la verdad
en la medida en que parece corresponder
exactamente a la multiplicidad de guerras
regionales o nacionales en Colombia desde
su Independencia. Pero es también necesario
superarlo porque este discurso transmite una
epistemología rápida completamente resumida
en un “discurso ligero de la intolerancia”
(Ibíd.: 73) que no da cuenta de los diferentes
tipos de guerra, de las discontinuidades, de
la dificultad de identificar sus causas. Este
discurso, además, traza una línea continua
entre una supuesta intolerancia y la ineluctabilidad
de la guerra aunque las sociedades
intolerantes no son necesariamente las más
belicosas. Y, finalmente, este discurso olvida
“la triste constancia de la guerra en la historia
de la humanidad, su presencia universal (Ibíd.:
68; cita: 54); desdeña entonces el espíritu de
comparación. Obstáculo epistemológico, este
discurso impide la comprensión del alcance
y de los límites de la guerra en Colombia,
sus sucesivas significaciones políticas, o
ausencia de significación política, debilita
los fundamentos de una comprensión de la
política colombiana enmarcándola en una
supra-historia, la del “peligroso espanholismo”,
expresión retomada por Posada de los
Brasileños (Ibíd.: 55).
Por lo tanto, Posada subraya a la vez los pocos
fundamentos y los peligros de la idea de
una permanencia ineluctable de la guerra en
Colombia. Teme, así mismo, la puesta en duda
de la tradición “civilista” muy arraigada en la
historia del país. “¿Qué tan validas son estas
lecturas de la historia colombiana donde la
presencia dominante de la guerra parece opacar
los esfuerzos por civilizar la política, hasta
desconocer sus significados? ¿Obedecieron
todas las guerras civiles del siglo xIx a unas
mismas causas? ¿Fue la Violencia una mera
continuación de las guerras civiles decimonónicas?
¿Es el conflicto actual, a su turno, otra
manifestación de aquella Violencia inconclusa?
¿Será cierto, en fin, que la guerra ha sido
entre nosotros “la cosa más auténticamente
nacional” 3 ?” (Ibíd.: 53)
3 La cita en la cita es de Gonzalo Sánchez.

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
Sin embargo, el dialogo polémico que este
historiador entabla con su colega Gonzalo
Sánchez manifiesta las posibilidades de salida
del “peligroso espanholismo” que surgen
del meollo de un discurso pesimista que no
renuncia a las armas de la critica ni al espíritu
de matiz. En 1982, Sánchez defiende la tesis
según la cual Colombia vive una “guerra
permanente”. El historiador retoma su idea
en un capitulo de 1986 reeditado sin cambios
en 2007 escribiendo que “[…] Colombia ha
sido un país de guerra endémica, permanente » y
que es necesario sopesar « los mecanismos
ideológicos de ocultación de los procesos reales
en este país. », « mecanismos ideológicos »
que parecen relacionados con la idea de una
Colombia « paradigma de democracia y de
civilismo en América Latina. » (Sánchez, 2007:
17) La dimensión ideológica esta, entonces,
introducida no solo como velo echado sobre
la realidad pero también afirmada como aspecto
decisivo de la manera como el conflicto
esta captado por la población. En efecto, en
2003, en Guerras, memorias e historia, Sánchez
desarrolla consideraciones sobre la necesidad
de la memoria relacionada con la cuestión
de la identidad colombiana, es decir con las
ideas que cada uno y todos tienen sobre su
existencia colectiva (Sánchez, 2006: 21). La
cuestión, y la tensión que contiene, remiten
entonces al problema de la relación entre
la importancia numérica de los conflictos
armados y la tradición jurídica arraigada:
“Pese a su tradición guerrera, hasta los años
cuarenta del siglo xx, Colombia alardeaba
de civilismo, constitucionalismo y republicanismo.”
(Ibíd.: 30)
Sánchez profundiza su reflexión, más que la
contradice, enfrentándose con la tensión entre
estas dos postulaciones históricas que no
dejan de plantear problemas en la definición
de la identidad colombiana: Colombia como
país de guerras endémicas y Colombia como
país de derecho y, además, civilista. Explica
el pesimismo de la época en estos términos:
“El comprensible esfuerzo, pienso yo, por
llamar la atención sobre las dimensiones del
conflicto que estaba incubando a comienzos
de la década de los ochenta, me llevó
quizás a dramatizar un tanto los aspectos
guerreros, minimizando los rasgos civilistas
y las conquistas de la historia colombiana
en otros órdenes, que también se habían
exagerado, hasta silenciar una real historia
de confrontaciones y de exclusiones.” (Ibíd.:
31-2) Eso puede decirse del libro publicado
en 1983, Bandoleros, gamonales y campesinos, en
el cual, si bien la especificad del bandolerismo
esta subrayada, no deja de ser inscrita en una
(semi) continuidad que lleva a la “violencia
revolucionaria” (Sánchez, 1985: 42, 15).
Sánchez no renuncia exactamente a considerar
la guerra como intrínseca a la historia
colombiana llegando a hablar de “cultura de la
violencia, y precisa: “no necesariamente en el
sentido de una naturaleza violenta del hombre
colombiano sino al menos de una tendencia
históricamente identificable, explicable y recurrente
de la guerra.” (Sánchez, 2006: 33)
La tensión en la explicación llega a su cumbre
en la medida en que Sánchez presentaba, en
el momento mismo que afirmaba la permanencia
de la guerra en Colombia, una neta distinción
entre “etapas de la guerra” que ponía
en duda el singular atribuido al fenómeno y,
sobre todo, la continuidad subyacente a este
singular. En efecto, distingue varias guerras
y habla de “etapas”: una primera etapa (la
de las guerras civiles del siglo xIx hasta la
Guerra de los Mil Días) caracterizada por una
dirección ideológica y una dirección políticomilitar
las dos entre las manos de fracciones
de las clases dominantes; en la segunda
etapa (la de la Violencia) la dirección militar
escapa a estas últimas clases; en el curso de
la tercera etapa (a partir de los sesentas) las
dos se les escapan en beneficio de miembros
de la población o del “pueblo” (Sánchez,
2007: 17-19)
Podemos sugerir una cuarta etapa, o más
bien guerra, iniciando con las negociaciones
del gobierno Betancur, afirmándose bajo la
presidencia Pastrana e imponiéndose durante
los mandatos del presidente Uribe con una
diversificación de los actores armados (en
particular con la aparición oficial de las AUC
en 1996-7), el fortalecimiento del narcotráfico
y la afirmación de la autoridad del Estado:
la dirección político-militar así como la dirección
ideológica esta retomada por la elite
estatal en la medida en que, en particular, las
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Stephen
Launay
guerrillas no tienen eco en el conjunto de la
población sino influencias muy localizadas.
Todos los autores citados aquí no comparten
la noción de “cultura de la violencia”, la cual
puede designar un período más o menos
largo, pero la fórmula subraya un rasgo
fundamental de la identidad histórica de una
población que García Márquez presenta en
la boca de Bolívar en estos términos: “todas
las ideas que se les ocurren a los colombianos
son para dividir.” (cita en Ibíd.)
Ahora bien, pensar la guerra remite a definir
sus dimensiones (¿absorbe toda la realidad?)
y su sentido político, es decir ¿invade toda la
sociedad y las diferencias políticas al punto
de hacerlas derivar hacia la “brutalización”
(Pécaut, 2003a: 122) 4 y tal vez la lucha armada
o, más bien, esta delimitada de tal manera que
su significación política pueda ser debatida y
entonces que un fin (orientación-dirección,
meta, término) pueda ser proyectado?
Un comienzo de respuesta provocadora ha
sido dada por el historiador británico Malcolm
Deas cuando escribió, en un texto de 1994:
“Colombia ha sido, a veces, un país violento.
No es fácil precisar qué tanto.” (Deas, 1999:
15) Las discontinuidades son afirmadas sin
reticencias porque la violencia vivida por
Colombia no hace de ella una tierra con
esencial vocación a la violencia (Ibíd.: 20-25).
El historiador estadounidense David Bushnell
sigue la misma apreciación en su Colombia.
Una nación a pesar de si misma (Bushnell, 1996:
15, 344). Por lo tanto, un doble problema
aparece: la cuestión de la forma de la guerra
y la de los factores provocadores de, o propicios
a, la guerra. La respuesta influye en la
denominación. En este marco, para Deas, las
versiones simplistas del “razonamiento desde
la tradición” que insisten sobre la injusticia social,
la marginalidad, el descontento agrario, el
café, no pueden sino estimular la frustración y
no la inteligencia de la situación (Deas, 1999:
37, 59). La idea federativa de las explicaciones
plausibles queda en la primacía de lo político, sea
4 Pécaut retoma la palabra del historiador
George Mossé quien la aplica al período entre
las dos guerras mundiales en Europa.
por las ramificaciones conocidas por la lucha
ínterpartidaria o por el tipo de presencia y de
ausencia del Estado:
“Yo sostengo que “la política” estuvo en la
base de la violencia en Colombia, una “política”
irreducible a términos que le parecieran
más aceptables a cierto tipo de académico,
como tenencia de tierras, pobreza relativa o
marginalidad. Una vez que los conflictos entre
partidos se inician, muchos otros factores entran
a tomar parte : el robo, el bandolerismo,
la apropiación de tierras (en su mayoría (…)
llevada a cabo por medianos propietarios),
actos de venganza privada, incluso revolución
marxista. Así, la política de partido original,
de liberales contra conservadores, evoluciona
hacia una política en que otros elementos, sindicatos,
estudiantes, campesinos, indígenas,
adquirirán más prominencia.” (Ibíd. : 60).
Al dar primacía a la política como actividad
y estructuración, lo político se afirma como
el camino de intelección privilegiado porque
da su sentido principal a la vida colectiva de
una población, local o nacionalmente. En
este marco, se imponía el “lugar común”
negativo de la ausencia del Estado como
propiciadora de la violencia. Deas no niega
la parte que corresponde a esta ausencia; subraya
la complejidad de la idea de ausencia del
Estado y sobre todo de la realidad que supone
describir, porque el Estado no estuvo totalmente
ausente, construyendo vías, servicios,
escuelas aunque, sin embargo, el orden y la
justicia se mantuvieron débiles. No obstante,
esta situación de semi-presencia ha podido
provocar en la cultura política colombiana
lo que el historiador Marco Palacios llama un
“liberalismo por omisión”, es decir un liberalismo
que “hace caso omiso de su propio
fundamento, según el cual la seguridad, es
decir, el derecho a la vida, honra y bienes es
la garantía sine qua non de las demás libertades
individuales y sociales.” (Palacios, 1999: 235)
Si bien este “liberalismo por omisión” no
explica sino tangencialmente los territorios
abandonados a la violencia, señala en la obra
de este observador también la importancia
que se tiene que dar a la primacía de lo político
para entender los actores y las situaciones. Un
tal cantidad de límites, entonces, impuestos

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
por la primacía de lo político (como conjunto
de prácticas y como cultura o ideas difusas) es
retomado por Palacios con acentos lockeanos,
límites llevados a las explicaciones tradicionales
o que subrayan la determinación de lo
político por otras instancias que, además,
arriesgan nublar la vista de los posibles. Más:
sólo esta primacía permite comprender la
desmovilización de varias guerrillas, la cual
señala la dificultad de afirmar la ineluctable
permanencia de la violencia armada ilegal
(Ibíd.: 81, 96).
Esta prioridad de lo político en la comprensión
de la guerra había sido afirmada, con
algunos matices, por el sociólogo francés
Daniel Pécaut en 1987 en su obra que se
volvió un clásico Orden y violencia, la cual concernió
el periodo 1930-1953. En ella, el autor
se preocupó de las formaciones políticas de
lo social sin reducir lo político a las luchas
partidarias y sin aislarlo de lo social porque el
autor mostró las imbricaciones de estos dos
planos: “La tesis que pretendemos sostener
es que la unidad de la Violencia no puede ser
analizada sino en referencia con lo político.”
(Pécaut, 1987: 339) Ahora bien, aunque la
atención a lo político valoriza la difusión y
la repartición general y generalizada de la
violencia, ella resalta también sus límites, lo
que viene a retomar lo que podríamos llamar
“la querella de las denominaciones”. Dando
un nombre y un sentido al conflicto armado,
lo político le asigna límites. Pero, esta asignación
no existe sin ambigüedades cuando
uno se refiere a la reflexión de Carl Schmitt.
En efecto, éste especifica lo político por “la
relación amigo-enemigo”, lo que hace que,
al mismo tiempo que se destaque como nostálgico
del “derecho de gentes europeo” - el
cual enmarcaba la guerra gracias, en particular,
al reconocimiento del Otro, reconocimiento
del cual era histórica e intelectualmente
portadora – se compromete en una vía antiliberal
en la medida en que su definición de
lo político corre el riesgo de confundirlo en
su conjunto con lo estratégico (Launay, 2008).
En este contexto de referencia, cómo seguir
un análisis político de la guerra que entre en
el marco de la corriente interpretativa liberal
presentada aquí?
El mismo Pécaut que hacía referencia a
Schmitt en 1987 (Pécaut, 1987: 364 et passim)
nos da una respuesta en 2002 considerando la
situación del momento. Según él, la relación
amigo-enemigo se ha diseminado a tal punto
que ya no puede más definir la configuración
en su conjunto. La “despolitización”
de las violencias proviene, primero, de la
renuncia por parte de los actores ilegales a
todo proyecto social o político en las zonas
que dominan por el único beneficio de la
búsqueda de recursos y de la dominación
de las poblaciones y de las localidades. Las
actividades se reducen entonces a “juegos
estratégicos”, en particular a interacciones
entre enemigos (Pécaut 2003a: 20-24). Así,
pues, el sociólogo tiene la posibilidad de
preguntarse si la reducción de lo político a lo
estratégico no borra lo primero:
“Las estrategias de los protagonistas de la violencia,
que anteriormente se definían como
“políticos”, pueden ser esclarecidas a través
de esta conceptualización. Dichas estrategias
comprenden transacciones, alianzas, acuerdos,
confrontaciones, regulaciones fluidas y
todo eso es supremamente útil a este respecto.
Pero lo político no se reduce a estos juegos de
influencias así como la acción colectiva no se
puede limitar a una “movilización” de recursos
; lo político remite a otro plano donde nos
encontramos con las decisiones en el sentido
fuerte, lo no negociable, las instituciones, la
legitimidad concebida como algo más que el
producto de las transacciones.” (Ibíd. : 25)
La dificultad de encontrar, ahora, un sentido
político a estas interacciones estratégicas de
poca amplitud hace que el relato de conjunto
se vuelva casi inalcanzable. ¿Por lo tanto,
porque hablar de “guerra civil”? ¿O cómo
nombrar este conflicto? En efecto, Pécaut
sugiere, en el texto citado, la dificultad de una
formación del relato de conjunto. Subraya
una cosa sobre la cual Deas insiste a su manera:
“El enemigo, el objetivo político, no es
siempre el enemigo obvio, el Estado.” (Deas,
1999: 37) ¿Tenemos entonces que atenernos
a la apelación de “guerra prolongada” caracterizada
por una “involución política” debida
en particular a la generalización del secuestro?
(Sánchez, 2004: 43) ¿O tenemos que dejar
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Stephen
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abierta la cuestión tan difícil de zanjar como
lo muestran las dudas de Pécaut quien prefiere
a veces hablar de “fenómenos heterogéneos
de violencia” y que precisa:
“No [es] una guerra civil “clásica”, en la cual
una gran parte de la población se identifica
con un campo o con el otro. Tampoco es
una guerra alimentada por antagonismos
religiosos, étnicos o regionales. Más bien
una de esas guerras civiles contemporáneas
interminables, en las cuales los protagonistas
se definen cada vez más por los recursos
financieros que manejan, y por la tendencia
a desligarse más y más de la población que
pretenden representar.” (Pécaut, 2004 : 82-
83 ; también: Pécaut, 2008 : 10)
En cuanto a los textos del mismo autor que
tratan, en la misma época y en el 2008, del
nacimiento y desarrollo de las guerrillas,
rechazan la idea de una “guerra civil que
existe desde hace cuarenta anos” porque las
confrontaciones son regionales y no dejan
entrever “perspectivas de ruptura [política]”
(Pécaut 2003a: 74; 2008: 157). Pécaut prefiere,
en un momento, usar la expresión de “violencia
generalizada” que designa el crecimiento
del conjunto compuesto de “violencia organizada”
y de “violencia cotidiana”, y recordar la
“cultura política transaccional” de Colombia
(Pécaut, 2003b: 28, 202).
En resumen, la o las guerras de Colombia
pueden ser vistas como un conjunto pero
algunos autores subrayan diversas dificultades
de esta visión. En efecto, la crítica
se enfoca en el desplazamiento de sentido:
desde la tentativa difícil de un relato global a
la de discernir en la historia colombiana un
hilo continuo de violencia ininterrumpida
que pone su marca sobre la cultura política
colombiana para hacer esencialmente de ella
una cultura de la violencia y de la guerra.
Esta lectura presenta un doble riesgo: él de
homogeneizar la historia y las guerras que ha
vivido el país; y él de impedir pensar la salida
de la violencia armada.
En efecto, la guerra que va desde los sesenta,
con su honda transformación de los noventa,
no es una guerra civil. Pécaut precisaba ya
desde 1999 que tiene rasgos de guerra civil
porque implica una parte importante de la
población, pero que “la inmensa mayoría de la
población no se identifica de ninguna manera
con uno u otro protagonista. La sociedad
está sobre todo tomada como rehén.” Lo
que hace que “La guerra no sea civil, sino
contra la sociedad.” (Pécaut, 1999a: 27, 29;
2008: 10) Los matices en las denominaciones
impiden una categorización general y remiten
a lo especifico.
Se puede añadir con Posada que es necesario
partir de la naturaleza del Estado colombiano,
subrayando su carácter democrático y no
cayendo en modas, a veces inútiles, de ver en
este Estado un “Estado fallido o colapsado”.
Este Estado ha desarrollado un andamiaje
institucional, ha establecido lazos sociales, ha
construido infraestructuras públicas y conducido
políticas de reformas con resultados.
De esto se deriva la inadecuada utilización
de las nociones de “guerra civil” y de “violencia
generalizada” porque la violencia toca
directamente a una parte y no el conjunto
de la población, que poca gente se identifica
con los grupos ilegales y que, last but not least:
el conflicto armado y la presencia de grupos
violentos son los que debilitan o debilitaban
el Estado; no es necesariamente la debilidad
del Estado el que es el origen del conflicto
(Posada, 2001: 35-37, 40).
3. La acción y la comprensión
La tarea intelectual y académica no se aparta,
entonces, de la prudencia analítica y también
política ya que el rechazo a la violencia hace
cuerpo con el espíritu de mesura, lo cual no
confunde la atención a la historia tal como
ocurre con la mente partidista y la acción a
todo precio.
El pensador liberal español José Ortega
y Gasset tuvo una importante acogida en
Colombia cuando apareció en 1930 su Rebelión
de las masas (Palacios, 1995: 157). Este autor
presintió en ese entonces los perjuicios de los
trastornos políticos europeos y que provocaban
o revelaban la debilidad de los regimenes
parlamentarios y de la paz. El análisis del
filósofo español acentuaba una oposición
fundamental: la de la “acción directa” y la

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
de la “acción indirecta”. El pensamiento
liberal adhiere a la segunda, no a la primera.
Se opone a “un tipo de hombre que no quiere
dar razones ni quiere tener razón, sino que, sencillamente,
se muestra resuelto a imponer
sus opiniones.” (Ortega y Gasset, 1999: 126)
Esto significa también y sobre todo que tiene
desconfianza de la politización de la vida o de
lo que Ortega y Gasset llama “El politicismo
integral, la absorción de todas las cosas y de
todo el hombre por la política.” (Ibíd.: 60) La
confianza política esta condicionada por una
desconfianza hacia el todo-político porque
es el crisol de la violencia ilimitada (el medio
se vuelve fin).
Ortega y Gasset saca de esto lecciones esenciales
para la aclaración del espíritu liberal y de
sus expresiones. En efecto, la comprensión de
la democracia liberal, el rescate de un sentido
que fue o hubiera podido ser pensado por
los actores requiere atender a los matices
y procedimientos que la hacen vivir, y a la
manera en la cual se arraigan en la conciencia
colectiva. Pasa lo mismo en lo que concierne
a las relaciones de este régimen con la guerra.
Tradicionalmente – la democracia ha retomado
este rasgo del fin de la Edad Media y
de la modernidad naciente – la violencia era
concebida como “el medio al que recurría el
que había agotado antes todos los demás para
defender la razón y la justicia que creía tener.”
La afirmación hace referencia, evidentemente,
a una tendencia, y no a la historia coyuntural
la cual, decía Kant, esta marcada por el
maquiavelismo. Pero, subraya la importancia
de los valores de una cultura reinante de los
límites de la violencia y en consecuencia de
la guerra; sale a la luz el homenaje así rendido
a la “razón exasperada”, esta razón que toca
los límites de su posible realización buscando
no superarlos para evitar auto-aniquilarse
(Ibíd.: 127).
Ahora bien, las obras que seguimos aquí se
confrontan con “fenómenos heterogéneos de
violencia” que exigen una comprensión que
no se confunda con la “acción directa”, pues
si se confundiera, se condenaría al oscurantismo
de la defensa del acto puro y de pura
violencia que acaba con toda posibilidad de
superarla. Escribe Ortega y Gasset:
“Ahora, empezamos a ver esto con sobrada
claridad, porque la “acción directa” consiste
en invertir el orden y proclamar la violencia
como prima ratio, en rigor, como única razón.
Es ella la norma que propone la anulación de
toda norma, que suprime todo intermedio
entre nuestro propósito y su imposición. Es
la Carta Magna de la barbarie. » (Ibíd.)
El pensamiento del filósofo español se dirige
prioritariamente a los intelectuales. Apunta a
la responsabilidad del observador quién no
puede adherir a una conducta sin norma, pues
si así lo hiciese dilapidaría su capital intelectual
y minaría su propia posición y su misión. Esta
responsabilidad exige una distancia crítica
verdadera que implica contradecir una estrategia
de imposición que destruye los matices
y la complejidad de las intermediaciones
intelectuales. La humanidad misma se niega a
la renuncia de la “razón histórica” o crítica. La
adhesión política combatiente representa un
riesgo demasiado grande para no rechazarla.
El intelectual no es un político. La severidad
del pensador español en cuanto a los políticos
(él que participó activamente en la vida
política de su país) se equipara a su voluntad
de no confundir el orden de las cosas, de las
actividades. El intelectual arriesga mucho
si agrega a la exigencia de clarificación que
es la suya, la confusión a la cual puede conducir
“la vocación de político”, como decía
Weber. Se entiende, entonces, la advertencia
de su “prologo para los Franceses” de 1937,
advertencia escrita en época de extremismos
pero que sigue siendo válida en general, y en
particular cuando los analistas se ocupan de
la violencia:
“Ser de la izquierda es, como ser de la derecha,
una de la infinitas maneras que el hombre
puede elegir para ser un imbécil : ambas, en
efecto, son formas de la hemiplejia moral.
Además, la persistencia de estos calificativos
contribuye no poco a falsificar más aún la
“realidad” del presente, ya falsa de por sí,
porque se ha rizado el rizo de las experiencias
políticas a que responden, como lo demuestra
el hecho de que hoy las derechas prometen
revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.”
(Ibíd. : 60)
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Stephen
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La figura del intelectual, un poco transfigurada
desde el “asunto Dreyfus” vivida en Francia
entre 1894 y 1906, ha parcialmente velado
la finalidad del trabajo de interpretación
histórico-política, sin hablar de los múltiples
asuntos en los cuales algunos escritores
franceses se comprometieron desde el siglo
xVIII. Como si el trabajo del intelectual
(cuyo nombre nació con el primer asunto
citado) debiera en adelante concentrarse en
la intervención en la sociedad.
Tocqueville había presentado un retrato
de los “hombres de letras” del siglo xVIII
quienes se tomaban por políticos pese a
su ignorancia de las cuestiones políticas de
su país: racionalismo impenitente, falta de
cohesión entre el pensamiento desarrollado y
la realidad; estaban alejados del pragmatismo
de los Ingleses y de la torre de marfil de los
Alemanes. La “ignorancia” era la razón misma
de la concepción abstracta (de la “teoría
pura”, escribe Tocqueville) de una sociedad
nueva y del ardor empleado para hacer de
esta novedad una “pasión política” y para difundirla
en la población. Escribe Tocqueville:
“Parecía que hubiera que soportar todo o bien
destruir todo en la constitución del país.”
(Tocqueville, 1983: 233) La alta aristocracia,
vencida en su papel de directora de la opinión
o de protectora de los que la hacían, había
dejado el campo libre a esta “teoría pura” y
su difusión. La vía estaba abierta a la creencia
que la razón estaba al punto de construir,
sin sacudidas, un nuevo edificio social:
“Espectáculo espantoso! Puesto que lo que
es calidad en el escritor es a veces vicio en el
hombre de Estado, y las mismas cosas que a
menudo han hecho escribir hermosos libros
pueden conducir a grandes revoluciones.”
(Ibíd.: 240)
Según Ortega y Gasset la voluntad, o para
decir mejor la acción de borrar toda distancia
entre las edificaciones intelectuales, o las
simples opiniones, y lo real es la señal de
la barbarie. Así, la posición de intelectuales
extranjeros en favor de la violencia revolucionaria,
sobre todo cuando tenía lugar en
América Latina, como por ejemplo “figuras
como Jean-Paul Sartre, a pesar de su profunda
ignorancia sobre la región”, dejaba ver “la
guerrilla colombiana como algo natural.” A
los Colombianos, en particular, les faltaban
“defensas teóricas” frente a un discurso
llegado de las metrópolis. Deas añade:
“Ciertamente, ése ha sido un factor que
contribuye a la violencia revolucionaria en
América Latina.” (Deas, 1999: 38-9)
El “demonio de la abstracción”, como decía
Chesterton, con frecuencia proyectó su
utopía sobre las tierras del “buen salvaje”
vuelto “buen revolucionario” (Rangel,
1992), develando de nuevo la frustración del
intelectual respecto a la acción descrita por
Tocqueville, escondida bajo las apariencias
de una puesta en forma estratégica y de una
grandilocuencia política que los hechos y
las acciones de los “revolucionarios” no
reflejaban. Marco Palacios presenta un
balance sin concesiones de esta situación en
un texto de 1999 que termina en un llamado
al escepticismo, al “desencantamiento de
los héroes”. En un comentario del libro
de 1967 de Regis Debray, ¿Revolución en la
revolución?, muestra sus aporías prácticas
resumidas en una frase sentencia: “El
concepto de liberación nacional, tomado
de la ola anticolonial de Vietnam y Argelia
y de la Revolución china, no correspondía
a la realidad colombiana.” La explicación es
sencilla y sale de la observación: “Aunque se
soñaba con la intervención militar abierta
(como la de la República Dominicana en
1965), el imperialismo no toma la forma
de una invasión y ocupación yanquis.” El
resultado, poco seguro, es entonces que “la
liberación nacional tuvo que circunscribirse
a la guerra civil revolucionaria […].” El todo
ofrecía, por lo tanto, una visión “ahistórica”
ciega a la realidad de que “la lucha ha
sido prolongada pero no ha sido popular.”
(Palacios, 2001: 180-1; 183-4)
El problema, en el caso de Colombia, tiene
desde luego múltiples facetas, pero sobre el
plano de las ideas, se ubicaría en el arraigamiento
de la conciencia histórica en el siglo
XIX que ya no refleja más la historia que
se hace al fin del siglo XX. El desfase del
espíritu público encuentra ecos y relevos en
la literatura misma del país como se ve, nos
dice Palacios, en la novela más conocida del

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
autor colombiano más famoso: Cien años de
soledad. La obra de García Márquez, estaba
marcada por una cierta visión de la violencia
política; fue publicada en 1967 que “fue el
punto cenital del nacionalismo revolucionario
latinoamericano.” (Ibíd.: 181) Pero además,
aunque la historiografía progresaba, el retraso
memorial se confirmaba, según el mismo
Palacios, con El general en su laberinto que, en
1989 seguía a su manera el culto a Bolívar y
ratificaba los “maniqueísmos” predominantes.
La ira contenida de Palacios no encuentra
salida sino en el llamado a una forma de
escepticismo que pasa por el desprendimiento
“con civilidad” de los “héroes tutelares” y la
defensa de una historiografía crítica que sería
“un precipitado de afirmaciones dispuestas a
abrirse en interrogaciones.” (Ibíd.: 189)
La adopción de una filosofía liberal encuentra
obstáculos que vienen a veces a tejer
las huellas subconscientes de la ideología
todavía de moda en algunos círculos académicos
de Colombia o extranjeros. La nefasta
influencia que apuntaba Deas a propósito
de los mensajes llegados del otro lado del
Atlántico echó verdaderamente raíces a partir
del inicio del siglo xx. Así tenemos la del
escritor socialista francés, talentoso, Georges
Sorel quien hacía, en 1902, la apología de la
violencia proletaria contra la fuerza empleada
por la minoría guardiana del orden social.
Este autor confirmó en 1908 su “Apología
de la violencia” considerando que “ […] el
socialismo no sabría subsistir sin una apología
de la violencia” porque “la huelga es
un fenómeno de guerra.” (Sorel, 1950: 257,
433-4) Pero se olvidaron las limitaciones que
Sorel ponía en su filosofía de la violencia
ampliamente difundida, su rechazo al “odio
creador” defendido por Jaurès, su “horror de
toda medida que golpea al vencido bajo un
disfraz judicial.” (Ibíd.: 435)
Medio siglo después, Sartre radicaliza la posición
descrita arriba, sin las aprehensiones de
Sorel, pasando “De la libertad a la violencia”
– para retomar el título de un capítulo de Aron
en un libro consagrado a su antiguo “pequeño
camarada”. La presentación hecha por Aron
de su propio liberalismo es significativa; no
rechaza la violencia en toda ocasión: “Lo
que odio, no es la escogencia hic et nunc, en
tal coyuntura, a favor de la violencia y contra
el acomodamiento, sino una filosofía de la
violencia en y para sí misma, no la violencia
en tanto que medio, a veces necesario, de
una política racional.” Aron precisa a continuación
(y casi a contrario) lo que comprende
como “liberalismo”, dando así una lección a
la vez de historia de las ideas filosóficas y de
comportamiento personal en consonancia
con esa filosofía. Recordando que siempre ha
“querido reducir el volumen de la violencia”
en cada uno de los episodios de crisis vividos
por Francia, señala que lo ha hecho “no
por liberalismo a menos que éste designe el
rechazo del maniqueísmo, a la puesta fuera
de la ley del vencido, y la voluntad, jamás
plenamente cumplida, de ver el mundo con
los ojos del otro.” Es sobre este ritmo que cae
la apreciación más decisiva sobre el filósofo
y apóstol de la violencia en que se convirtió
Sartre quien no se ensucia las manos: “Así
definido, [el liberalismo] no conviene mucho
a las almas blandas; en cuanto a la dialéctica
de la violencia, practicada con la pluma en
mano, en un cuarto y no en la clandestinidad
y a la sombra de la posible tortura, prefiero no
juzgarla ya que peno en comprenderla, quiero
decir imaginar del interior la experiencia
vivida por él que la desarrolla en palabras.”
(Aron, 1973: 218, 219)
Hubo, entre Sorel y Sartre, la subida de esta
“barbarie” denunciada por Ortega y Gasset
que no se detiene en matices. Para unas corrientes
intelectuales y políticas, la violencia
pudo llevar su sentido en sí misma sin otra
justificación que una ideología instrumentalizada
que siguió sirviendo, lo que ya no
es más el caso de las guerrillas colombianas
(si es que lo ha sido), como lo subrayan las
obras citadas. Sin embargo, el riesgo queda
pendiente de ver cierta indulgencia superar
la sola tentativa de comprensión de la acción
violenta porque la opinión que uno se hace
de tal gobierno es negativa. Los niveles de
apreciación y de juicio académico y político se
mezclan para confundir la crítica necesaria de
las políticas ejecutadas con la deslegitimación
de un Estado y la puesta sobre el mismo plano
de las violencias ilegales y de la violencia legal
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Stephen
Launay
de Estado en una presentación que tiene de
objetividad sólo la apariencia 5 .
Las transformaciones del lugar del intelectual
y de su papel pueden constituir una aclaración
parcial pero no explican todo. El cuadro que
presenta Sánchez en un artículo de 1998
muestra una cierta congruencia temática con
lo que pasó en Europa, aunque las fechas no
coincidan exactamente. Clérigos, letrados,
críticos, formadores, profetas y finalmente
defensores de la democracia, los intelectuales
no están por vocación destinado a oponerse
al Estado aunque una cierta desconfianza respeto
al Poder este ampliamente compartida y
haga parte del bagaje del interesado (Sánchez,
1998). Pero si los intelectuales quieren y
saben participar en comisiones nacionales
de reflexión controladas por instituciones
estadistas (Sánchez, 1993), es que no es cierto
que, como lo escribe Sánchez, su papel se
despliegue “no a partir del Estado, sino de
la sociedad misma”, por lo menos si se hace
de esta distinción un absoluto (Sánchez,
1998: 119). En efecto, el estatuto mismo de
la universidad pública es ambivalente: hace
parte de las instituciones del Estado y toca,
al mismo tiempo, a la sociedad civil. ¿La
responsabilidad del intelectual no es, pues,
reconocer que, ni consejero del Príncipe, ni
“orgánicamente ligado a uno de los polos
de la estructura social, ni “intelectual comprometido”,
tampoco “critico especifico” a
la manera de Foucault, aún menos experto
5 Es así que Orlando Fals Borda continuó, en 2008
como en 1967, a preconizar una sociología de la
subversión que no distingue entre la interpretación
y el compromiso (de tipo, además, sartriano) y que
debe desembocar en la instauración del “Socialismo
Raizal”, aún denominado “neosocialismo”, a través
de una “lucha universitaria” (Fals Borda, 2008: 19)
de la cual el parangón es Camilo Torres Restrepo.
El resultado es, para hoy en día, una sociología
partidista que toma posición en contra de lo que
considera como, por lo menos, la inspiración
paramilitar del gobierno Uribe y a favor de la
actividad de las guerrillas (Ibíd.: 260-5), sociología de
la cual el argumento puede resumirse de la manera
siguiente: la subversión es el motor del cambio
social (pues de la historia), por lo tanto el trabajo
de las guerrillas es meritorio. Ver, entre otros, la
referencia muy rápida a la doctrina de la “guerra
justa” (Pág.262) y a la “histórica misión de cambio
social” de las guerrillas (Pág.264).
(Sánchez, 1999: 36), puede ocupar por turno
o al mismo tiempo un poco de todas estas
funciones y también legitimar su tarea por el
rigor de las interpretaciones que propone y
por la atención a las condiciones de posibilidad
de sus sugestiones, los datos políticos
siendo lo que son?
La pluralidad inherente a la corporación, que
Sánchez apunta, es inevitable si se observan
los hechos y se sale del mito de la unicidad
del intelectual, pues de una figura homogénea
y en todas partes similar y que debe ser así,
más aún si se quiere evitar descalificar la posiciones
consideradas como atípicas (Posada,
2006: 213-4). Entonces, si no existe una única
misión del intelectual, su responsabilidad
asumida lo compromete por lo menos en
defender de manera analítica y prudente pero
firme el régimen que lo tolera mejor, a saber
la democracia liberal. Ahora bien, Posada
subraya que numerosos fueron los que han
menospreciado la democracia en Colombia
(Ibíd.: 215-17): ¿demasiado prosaica para ser
objeto de una admiración reservada a los
regímenes tiránicos, como lo sugería Aron?
La tarea que se da Posada de estudiar las elecciones
colombianas no conviene, en efecto, a
los espíritus en busca de entusiasmo.
Sin embargo, se desprende de los escritos
presentados aquí una doble intención del
intelectual – a pesar de la diversidad de sus
figuras sociales: la de la comprensión de un
lado, intención de pensamiento y por lo tanto
también de observación empírica destinada
a aclarar de los conceptos y las categorías
utilizadas para analizar las situaciones tanto
guerreras o polemógenas como pacificas;
la, del otro lado, más normativa o moral, de
rechazo a la violencia sin reglas y sin finalidad
razonable porque ésta entra en contradicción
con la primera.
El discurso que desvaloriza la definición
procesal de la democracia no discierne que
hace parte intrínsecamente de la historia real
de Colombia. Este discurso no pertenece sólo
a la herencia marxista; es también el hijo de
los “maquiavélicos” quienes, de Mosca hasta
Pareto, han reducido más o menos la definición
de este régimen a una pura y sencilla
lucha de poder. Sin embargo, cualquiera que

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
sea su origen, en un caso o en el otro, evita
las dificultades de la comprensión porque
desatiende lo que los actores, población,
elites piensan o hubieran podido pensar de su
acción y de la situación en la cual lo han ejecutado.
El resultado puede ser, entonces, un
discurso de “a fuera”, “de arriba” o también
“sabio” que no se compromete con la dificultad
de reflexionar sobre la naturaleza y los
contornos de las opiniones emitidas en la sociedad
y de sus transformaciones. El fatalismo
se desarrolla así, continuando su labor de zapa
y se mezcla, aquí o allá, con una reivindicación
de trastorno, en particular constitucional
pero no sólo de este tipo, mitificado como la
vía de salida por excelencia de un mundo en
perdición. Este fatalismo fue el discurso de
los reaccionarios desde la Revolución francesa
hasta las horas de estabilización republicana.
El estilo de pensamiento del Francés Edouard
Drumont quien escribió El fin de un mundo al
final del siglo XIX encuentra ecos tanto en
los discursos de Laureano Gómez como en la
literatura “revolucionaria”. Sería preciso conducir
un estudio de la palabra “revolución”,
de sus usos y de los sentidos que toma desde
la Independencia de la Nueva Granada hasta
los albores del siglo xxI en Colombia.
Este fatalismo esta criticado en la mayoría
de los trabajos citados aquí. Por ejemplo, en
el capítulo consagrado a los “Intelectuales
en tiempo de crisis”, Posada subraya la frecuente
presencia de un “lenguaje degradante
de la política” (Posada, 2006: 231) que no
conviene ni a la inteligencia de lo real ni a la
defensa de su propia libertad de pensamiento
por el intelectual. Esta posición de profeta
de la desgracia impide la crítica de los mitos
políticos porque es el marco mismo de su
producción. Lo que no falta en mostrar el
mismo autor en su crítica de la posición de
García Márquez cuando, en los ochenta, éste
contestaba a una “historia oficial” silenciando
el advenimiento de una verdadera nueva
historia, particularmente con Jaramillo Uribe,
y transformando de manera significativa los
detalles de “la matanza de las bananeras” en
Cien años de soledad, lo que resultó problemático
sabiendo la difusión dada a su tesis en las
escuelas (Ibíd.: Cáp.8 y 9).
Finalmente, ya que sea el análisis sociohistórica
de Sánchez en lo que atañe a las
posiciones que ocupan y deben ocupar los
intelectuales con respecto al Poder, o la crítica
hecha por Posada a los estereotipos y mitos
que deslegitiman la democracia colombiana,
se desata la necesidad de acotar la posición
crítica y formadora del intelectual que Pécaut
resume con una clara simplicidad a propósito
del historiador Darío Betancourt Echeverri
entonces “desaparecido” (y asesinado en
septiembre de 1999), escribiendo que a él le
debía “una mayor comprensión de la historia
de este país […]” (Pécaut, 1999: 30).
4. Lo inédito y lo permanente
La clarificación razonable es, en efecto, obra
civilizadora. Se opone a lo que Ortega y
Gasset definía como “barbarie”, es decir al
desprecio del pasado que arrastra el cierre del
porvenir. La dialéctica de lo inédito y de lo
permanente esta inscrita en las paginas anteriores:
el pasado no es más homogéneo que
el futuro. La ilusión retrospectiva de fatalidad
mina la comprensión del pasado tanto como
la proyección de una concepción lineal de la
historia por venir destruye los fundamentos
del conocimiento. Al contrario, la complejidad
de la historia pasa por la categoría de
probabilismo que deja abierta la comprensión
de la relativa libertad humana. La filosofía
del pensador español lo expresa a su manera.
No esta constituida por un optimismo de la
voluntad sino por la precisión del diagnóstico
y el lugar dejado a la vitalidad humana que se
ubica en el corazón de su dignidad. Pues un
elemento fundamental de su dignidad yace
en la capacidad de pensar libremente, y por
lo tanto en el rechazo del determinismo que
obstruye esta libertad. La libertad histórica
inicia aquí:
“No creo en la absoluta determinación de la
historia. Al contrario, pienso que toda vida
y, por lo tanto, la histórica, se compone de
puros instantes, cada uno de los cuales está
relativamente indeterminado con respecto al
anterior, de suerte que en él la realidad vacila,
piétine sur place, y no sabe bien si decidirse por
una u otra entre varias posibilidades. Este
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Stephen
Launay
titubeo metafísico proporciona a todo lo
vital esa inconfundible cualidad de vibración
y estremecimiento.” (Ortega y Gasset, 1999 :
129-30)
Hemos ya iniciado el tema de la dialéctica de
lo inédito y de lo permanente examinando
la puesta en duda por los textos de la idea
de continuidad, continuidad ineluctable además,
de la violencia armada y organizada en
Colombia. Por lo tanto ha sido criticada con
firmeza la idea de una colombianidad esencialmente
violenta. El fatalismo no aparece
pues sino como una renuncia al pensamiento.
Su primo hermano – el mito de una violencia
o de una subversión necesariamente salvadora
– atañe por parte a la misma critica con un
elemento más a su carga: quiere hacer pasar
en los hechos lo que no es sino una postulación
y acabar con lo que considere como las
argucias de la democracia liberal. En los dos
casos, la violencia es vista como imparable,
en el segundo como necesaria.
Ahora bien, regresemos a lo que escribe
Malcolm Deas sobre la discontinuidad en la
violencia política colombiana. En su texto
de 1994, el historiador británico presenta su
argumento en estos términos: “Aquí quiero
controvertir la versión generalizada y sencilla
del razonamiento tradicional colombiano
en el que Colombia, habiendo sido un país
violento políticamente, está, por sólo esta
razón, condenado a continuar siendo un
país violento en términos políticos.”(Deas,
1999 : 32) Este razonamiento esta denunciado
como tachado por una falta al sentido de la
historicidad.
El rechazo del fatalismo, versión moral (o
amoral?) del determinismo, se encuentra pues
sobre un nivel doble: el rechazo a la ineluctabilidad
(plano epistemológico) y el rechazo a
la condena (plano moral o normativo). Dicho
de otro modo, al lado de la critica epistemológica
de la ilusión retrospectiva de fatalidad
(extendida hasta el futuro) se impone, vamos
a verlo, una crítica moral que hace de la acción
para encauzar y tal vez suprimir el conflicto
armado el meollo de su argumento a, por
lo menos, la culminación del análisis. La
intención de este tipo de compromiso tiene
que ver, lo hemos visto, con el rechazo a la
violencia armada e ilegal y en primer lugar con
el rechazo de la violencia como vía y medio
de resolución de los problemas en la medida
en que, muy frecuentemente, se vuelve fin
de sí misma.
El rechazo de la ineluctabilidad se despliega
cuando Posada sugiere la urgencia de
desarrollar los estudios históricos sobre las
elecciones. Pone así de relieve un aspecto
de la “tradición civilista” que remite a lo
que se puede denominar “la libertad de los
Modernos”, para retomar la expresión de
Benjamín Constant quien la distinguió de
“la libertad de los Antiguos” (y no opuso
la una a la otra como se cree todavía). En
una conferencia de 1819, Constant define
“la libertad de los Antiguos” como “la
participación activa y constante en el poder
colectivo” mientras que la de los “Modernos”
se enfoca la adquisición de los medios para
“la independencia individual […], primera de
las necesidades modernas.” Sin embargo, esta
“independencia individual” es indisociable
de la libertad política. Por eso, la combinación
de las dos es y debe ser la marca de “la
libertad de los Modernos”. El sistema representativo
permite ejercer “nuestro derecho
de repartición en el poder político” que es
la condición del ejercicio del goce privado
y del “perfeccionamiento” humano por la
extensión de “nuestras luces”: “la libertad
política sometiendo a todos los ciudadanos,
sin excepción, al examen y el estudio de sus
intereses más sagrados, amplia su espíritu,
ennoblece sus pensamientos, establece entre
ellos todos una manera de igualdad intelectual
que hace la gloria y la potencia de un pueblo.”
(Constant, 1997: 602, 608, 617)
¿Ahora bien, en que medida la “tradición
civilista” colombiana señala la entrada a “la
libertad de los Modernos”, alianza pues de
atención a la esfera privada y de participación
en los asuntos públicos?
Dos tendencias se dibujan, en nuestros textos,
en lo que concierne esta cuestión. La una considera
dicha tradición como el fondo esencial
de la cultura política colombiana y la ve como
antídoto por excelencia contra la violencia

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
política, mientras que la otra tendencia le da
un lugar a veces secundario o, por lo menos,
la menosprecia en la vista de la predominancia
de la violencia en la historia del país. Nos
atendremos a la primera en la medida en que
la segunda fue abordada en el primer punto
con la valorización de una historia colombiana
principalmente guerrera, lo que dejaba
poco lugar a la dicha tradición.
La primera tendencia, pues, esta bien ilustrada
por Deas y Posada quienes consideran que la
tradición civilista se ubica en el corazón de la
vida colectiva colombiana, no sin una mezcla
explícita, sobre todo en la obra del historiador
colombiano, de constatación factual y de largo
plazo (con sus estudios sobre la elecciones
del siglo xIx) así como de deber no solo
de memoria sino también de valorización de
un rasgo para continuar o reiniciar a cultivar
por lo mejor de lo que puede producir. El
deber de impulso y desarrollo de un conocimiento
tal tiene su punto más alto en un
antifatalismo que retoma lo permanente en
la cultura política colombiana para volverlo
inédito, es decir, sobre el plano intelectual o
de la comprensión, para abrir un tipo de investigación
histórico-política poco estudiado
y, sobre el plano político-moral, para volverla
el fundamento de una revisión o reforma de la
manera de pensar la sociedad colombiana. La
libertad así puesta en valor y reencontrada del
investigador y del político conjuga una moral
y una política para poner una moral política
que nos recuerda lo “político moral” de Kant,
en una lógica un poco trastornada respecto al
filósofo alemán. Aunque para Kant lo político
moral era el único faro humano posible sobre
el camino de la paz perpetua (el adjetivo
envolviendo el sustantivo) 6 , Posada parece
nutrir la idea eminentemente historiadora
de una moral política efectiva, en la cual la
articulación de los dos términos autónomos
de moral y de política le permite encontrar
6 Lo “moral político”, en cuanto a él, no es concebido
para Kant sino como la moral intrínseca a lo
político, pues cae en el maquiavelismo. Hay que
recordar también que la paz perpetua es una Idea de
la razón para Kant; uno no puede lograrla sino de
manera asintótica. Guía la razón pero no se puede
realizar en si.
su punto de conexión en el meollo de la
historia política colombiana. Ninguna de las
dos palabras anula la otra pero se instala en
dialogo con ella 7 .
La tradición civilista dibuja, entonces, los
contornos de una moral política poniendo de
relieve “el gobierno de las leyes” (moral liberal
por excelencia) como uno de los orígenes
decisivos de la vida política colombiana con
su figura tutelar en la persona del general
Francisco de Paula Santander (Posada, 2006:
104). La impregnación fue tal que aún conservadores
como Miguel Antonio Caro (en
el siglo xIx) y Laureano Gómez (en el siglo
xx), mientras critican a Santander, aceptaron
el principio de la separación de los poderes.
Debates numerosos, gracias a diarios activos,
han afirmado esta tradición por su práctica
misma y han testificado, por la intermediación
de ciertas plumas, de su oposición a las tesis
antiliberales. Un ejemplo paradigmático es
el de una polémica de 1920 que opone al
director del Tiempo, Eduardo Santos, con el
Venezolano Vallenilla Lanz, autor y defensor
del Cesarismo democrático (Ibíd.: 136-8).
El otro aspecto de esta tradición esta ubicada
por Posada en lo que atañe a una historia de
las elecciones en Colombia, como lo hemos
citado antes, historia bien desatendida, lo que
tuvo “nefastas consecuencias en la ciencia
política y en la sociología contemporáneas,
manifiestas por lo menos en la proliferación
de falsos estereotipos y lugares comunes sobre
el sistema político […].” (Ibíd.: 151) Este
estudio (o su escasez) no existe sin repercusión
política produciendo una doble moral:
la específica al esclarecimiento académico
indispensable para un buen conocimiento
de la historia colombiana, así como la lección
a sacar para el tiempo presente frente a un
enfoque permanente sobre las guerras de
cuyo numero e intensidad no han borrado el
sustrato civilista del país. En efecto, incluso
si el sufrago masculino universal no existe
antes de 1853 (fecha la más avanzada de
América del Sur), y que las mujeres tienen este
7 Sacamos nuestra interpretación de los capítulos 3 y
4 intitulados: “Ni césares ni caudillos” y “El poder
del voto” (Posada, 2006).
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Launay
derecho sólo en 1957, no sólo las elecciones
son numerosas a partir de 1830 sino hacen
que Colombia no tenga nada que envidiar a
numerosas democracias. Por lo tanto, una
idea “inclusiva” de la república se desarrolla
temprano, lo que permite entender el importante
arraigo que los dos partidos de entonces
( el Liberal y el Conservador) van a conocer
rápidamente (Ibíd.: 156-9). La abstención misma
frecuentemente hizo figura de estrategia
electoral “de anticipación de la derrota” o “de
arma de protesta” hasta el corazón del siglo
xx (Pág.163). El conjunto desarrollaba un
espíritu de competencia electoral que tocaba
hasta los barios citadinos más aislados. Los
archivos muestran, además, la intensa actividad
de denuncia de prácticas desviadoras
en el ejercicio del sufragio desde los años de
1830 (Pág.174, 176). Últimos estereotipos
designados por Posada: el mito de una ruptura
casi absoluta con el asesinato de Gaitán el 9
de abril de 1948 y el de un Frente Nacional
(1958-74) antidemocrático (Pág.182s., 187s.).
En los dos casos, el sistema político no se
cerró. La abstención bajo consigna de los
partidos, uno después de otro, en los años 40
y 50, fue nefasta para la democracia pero “la
competencia electoral no desapareció – muy
por el contrario, se intensificó con mayor
frecuencia durante esos años.” (Pág.184) Fue
lo mismo bajo el Frente Nacional en lo que
atañe a la intensidad de las movilizaciones
electorales, a lo cual se añade la creación de
varios partidos políticos y la participación
remarcada del PC en 1968 (Pág.190). Para
terminar con el periodo actual (desde los años
90): no solo varios partidos fueron creados
sino que grandes ciudades están dirigidas
por personas que no pertenecen a la “clase
política tradicional”.
Retomando una definición clásica y operatoria
de la democracia liberal (el aspecto
liberal se confunde con la limitación del
poder y el aspecto democrático “con el
poder de las mayorías, expresado a través
del voto” (Pág.206)), Posada muestra que
los dos aspectos estuvieron fuertemente
presentes en Colombia aun cuando, con
respeto a la dimensión “fragmentación del
poder”, los poderes locales fueron demasiado
idolatrados (Pág.142) y que la democracia y
sus prácticas electorales fueron despreciadas
por numerosos intelectuales. Tratando,
pues, de manera equilibrada, de reconocer
el lugar fundamental de la tradición civilista,
Posada evita caer en el defecto de oponer un
estereotipo al otro: la de la determinación
exclusivamente democrática de Colombia. En
cambio, nos muestra el fondo permanente de
la cultura política colombiana que la violencia
viene a golpear de frente. El fondo del asunto
es entonces que “la consolidación de una
cultura política liberal y democrática exige
deslegitimar todos los discursos justificativos
de la violencia (Pág.286).
El acuerdo con Deas es lógico. El Británico
utiliza, con su estilo, de una argumentación
equilibrada que no deja en la sombra los
aspectos criticables que pueden salir de la tradición
civilista. La ubica en su lugar político,
de cultura política, mientras para terminar le
asigna su limite central. En efecto, en una síntesis
deslumbrante que hizo en 2004 el mismo
Deas, y sin utilizar la expresión, ve en esta la
manifestación de uno de los dos aspectos de
“la libertad de los Modernos” en la medida
que se centra sobre los asuntos civiles. El rasgo
más permanente es una cierta marginalización
de lo militar que encuentra seguramente sus
cartas credenciales en la situación aparentemente
paradójica de Santander, hombre
y general de fuerte carácter quien, aunque
no tuvo la gloria posmortem de Bolívar “no
puede quitarle el gran mérito de su diagnostico:
la Nueva Granada, Colombia tenía
que ser gobernada por coaliciones de civiles
[…]” (Deas, 2005: 36-7). El militarismo era
rechazado así como el autoritarismo. Pero, si
el civilismo, y la civilidad por la cual se expresa
en la vida política cotidiana, “es una fortaleza”
(Pág.41), esta tradición no va sin debilidades.
La primera, resultante de una mirada general
de dos siglos de existencia del país, viene de
lo siguiente: que el poco número de guerras
contra los vecinos “contribuye a la persistente
conflictividad interna y a la debilidad histórica
de la fuerza pública.” (Pág.38) Además – y esta
vez en lo que concierne el comportamiento de
los políticos mismos – “Un civilista verdadero
sabe que debe poner limites a sus odios y

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
ambiciones en aras de la preservación de la
civilidad y del sistema civil.” Lo que no era
siempre el caso, en particular en los años
1940 que además no conocían de instrumento
militar “capaz de contenerlos.” (Pág.41-2) En
total – llegamos aquí a esta noción de límites
tan importante en la filosofía liberal, límites
no tomadas en un sentido despreciativo, sino
para enmarcar el territorio de pleno desarrollo
del objeto indagado – el diagnostico no es
optimista sino impregnado de una atención
particular a esta fuerza:
“Colombia tuvo la suerte […] de no tener
alternativa diferente a sistemas de colaboración
civil, frente a la tarea de gobernar. Así se
iba formando paulatinamente una tradición
de gobierno por transacción, por compromise,
en la palabra inglesa, por argumento, por
persuasión, por las artes políticas en su
sentido noble, una tradición que comprende
un profundo rechazo a la arbitrariedad y al
autoritarismo. Es una condición necesaria
para la existencia del buen gobierno, pero,
y siempre toca recordarlo, no suficiente ; un
medio, no un fin 8 . » (Ibíd. : 43)
La reconquista plena y entera de este medio
es una condición normativa de la marginalización
de la violencia. Lo inédito aparece en
el retorno a plena luz de este permanente.
La violencia ilegal fascina, sin embargo, al
intelectual al punto que a contracorriente de
lo que ofrece la diversidad de las experiencias
colombianas, la condición de su elevación
al rango de referente supremo se debe a la
deslegitimación del Estado que no acepta su
perpetuación.
Es exactamente el riesgo que apuntan tanto
Deas como Posada, en particular cuando
este último, en un pequeño e incisivo ensayo
valoriza no solo la difusión del discurso
deslegitimante del Estado colombiano sino
también el hecho de que los más altos
representantes del Estado “ellos mismos
son los blancos de sus propias criticas” y
que este discurso se encuentra con el de las
guerrillas porque viven ideológicamente de
la negación de toda legitimidad del Estado.
8 Subrayamos (S.L.).
Si bien existe un cambio, como durante el
ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe, las
nuevas autoridades desvalorizan el pasado
para mejor poner en relieve la importancia
del cambio querido (Posada, 2003: 31-4). Así,
aunque este discurso de “autoflagelación”
puede volverse a favor de los enemigos del
Estado, desborda estas consecuencias para
llegar a una confusión sobre el pasado y el
porvenir del país rechazando toda posibilidad
de investigación seria que ponga a la luz las
responsabilidades, culpabilidades y causalidades,
para retomar la distinción de Aron
(Aron, 1989). Aquí también encontramos
la figura de García Márquez quien, diciendo
que la política siempre lo ha repelido, toma
posición a favor de la revolución cubana
pues, en los años 70 y 80, en plena crisis pos
Violencia, desprecia la democracia liberal hasta
presentar un retrato de Colombia, en 2003,
heredado de un pasado desfigurado (Posada,
2006: 227-8).
Pues, si la promoción de la acción violenta
erradica toda posibilidad de comprensión
fuera de un esquema amigo-enemigo simplificado
a ultranza, la promoción del discurso
de la deslegitimación conduce, por lo menos,
a insuperables contradicciones 9 , contradicciones
no asumidas que evitan la labor larga y
difícil de investigación cuyo carácter prosaico
es despreciado en actos (por la naturaleza
de los escritos o discursos citados), por lo
menos implícitamente. Ahora bien, el hecho
de negar la existencia de una democracia
en Colombia, en particular la importancia
del sufragio, vuelve a negar la importancia
de los procedimientos a favor de la única
democracia social, distinguida de lo político
y considerada, ella y sólo ella, como sustancial
(Ibíd.: 152). Recordemos que Tocqueville subrayaba
la importancia de la definición social
de la democracia a partir del caso de Estados
Unidos, distinguiéndola analíticamente de la
definición política sin separar, sin embargo,
estas dos caras de la democracia liberal.
9 Posada lo muestra en el caso de Wiliam
Ospina quien hace la apología de la “condición
mestiza” mientras denigra a su propio país
mestizo (Ibíd.: 229).
Colaborador Internacional
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Colaborador Internacional
186
Stephen
Launay
De ahí vemos, entonces, que las obras citadas
aquí no han cesado de ejercer su juicio político,
indisociable del análisis riguroso. Este
juicio es, además, el resultado normativo cuya
aclaración permite al “científico” evitar caer
en las redes de la ideología que se ignora a
sí misma o que se esconde en el meollo de
un discurso que se pretende neutral axiologicamente.
Por tanto, la importancia dada a
los valores que vehiculan los discursos y las
instituciones es proporcional a la sensibilidad
al “buen gobierno” simbolizado hoy día
por la democracia. El intelectual se define
ampliamente por la relación con los valores
y, en particular, con la democracia y según la
manera que tiene de presentar esta relación.
Es preciso que una de las lecciones de la
filosofía liberal yazga en la conciencia de la
distinción necesaria del análisis y del juicio,
pero también en intrincación estrecha, y
en la obligación de aclarar la trama de esta
combinación.
El llamado a la tolerancia mezcla, entonces,
estrechamente la exigencia académica de
apreciación rigurosa con el compromiso
filosófico en los asuntos de la ciudad. Se trata
de un compromiso en la cresta de la inquietud
frente a los movimientos intempestivos y a
las sacudidas de las relaciones políticas en
Colombia.
Posada ha dado numerosos ejemplos de esto.
Recientemente, hizo uno llamado, en las
columnas de El Tiempo, a la aparición de una
“generación del Bicentenario” que seguiría
la del Centenario tal como fue ilustrada por
Carlos Arturo Torres (1867-1911). Posada
resume esta filosofía en estos términos:
“Entre todos los valores difundidos por los
centénaristas, los más pertinentes hoy siguen
siendo el civilismo y la tolerancia, bases para
construir una sociedad libre, justa y en paz.
(…) tantas dificultades, llegaron a constituir
una tradición política en el país: la búsqueda
constante del imperio impersonal de la ley y
las instituciones, contra la voluntad arbitraria
de los caudillos.” (Posada, 2008)
Este llamado, bajo forma históriana, contiene
también una necesidad de memoria. Posada
participa implícitamente en este deber de
memoria tan difundido hoy en día incluso en
Colombia, país que no había hecho de este
deber una actividad dominante hasta estos últimos
años, a la diferencia de las democracias
salidas de dictaduras pero no automáticamente
de los problemas que ellas han generado. La
referencia a la generación de los centenaristas
significa que el historiador es también un
hombre que ha vivido experiencias que ha
sentido directamente por el relato de épocas
que sus estudios hacen revivir.
La reflexión sobre la memoria conserva,
sin embargo (y afortunadamente), el rigor
adquirido en el estudio histórico como lo
muestra Sánchez en Guerras, Memoria e historia.
El juego de lo inédito y de lo permanente
esta reinvertido de un sentido particular, en
lo que atañe a Colombia, en la medida en
que este país no ha conocido las dictaduras
del resto de América Latina y que el trabajo
de memoria ha sido tardío y más discreto
que en otros lugares: “ En Colombia, […]
las formas de terminación de las guerras han
dejado sin resolución el contencioso de memoria.”
(Sánchez, 2006: 88) El olvido, sobre
todo expresado por las amnistías, invade un
espacio que ni la memoria personal del autor
ni su carga académica de historiador pueden
aceptar. La clara articulación del análisis y
del juicio político y moral le hace denunciar
la confusión de la amnistía y de la paz, esta
paz que, dice citando a Kant (pág.58), debe
ser verdaderamente instaurada y no solo
postulada. Y si la memoria se distingue de la
historia-ciencia como “la presencia viva del
pasado en el presente” de “la racionalidad discursiva”
(pág.22), el historiador, que se hace
también defensor de la institucionalización de
la memoria y del reconocimiento por parte
de todos los actores de sus responsabilidades,
pone condiciones sine qua non a la vitalizacion
de la memoria: que la guerra tome fin de manera
más clara, más inédita en Colombia, “para
recuperar nuestra memoria perturbada.”
(pág.99) y que sea reconocido que “no se trata
de un régimen pretoriano.” (pág.81)
Las dificultades colombianas para el establecimiento
de una memoria asegurada pueden,
sin embargo, desembocar en un triple diagnostico:
“la imposibilidad de la memoria, la

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
imposibilidad del olvido y la imposibilidad
de la historia.” (Pécaut, 2003a : 117) ¿El
pensamiento del pasado y la acción que abre
el porvenir están, por lo tanto, enfrascadas en
un pantano de autoflagelación y de “presentismo”
impenitente? 10
El sociólogo francés subraya la pérdida del
hilo de la memoria a través de una multitud
de relatos de actores sin vínculo los unos con
los otros y con sí mismos, lo que suscite una
“memoria atemporal” o también “memoria
mítica […] construida como la repetición
permanente de lo mismo y […] basada en
la percepción de una contraposición entre
fuerzas impersonales […].” (Ibíd. :121) Hay
razones para eso: una Violencia iniciada dentro
de la relación amigo-enemigo y convertida en
“una miríada de masacres” sin orden aparente;
un fin de la Violencia que no era tal (por
falta de tribunal y de comisión de la verdad);
y “una conceptualización implícita de la historia
colombiana según la cual el desorden,
la injusticia, la impotencia, la violencia, lejos
de ser la consecuencia de acontecimientos,
existen con anterioridad a ellos y comandan
su desarrollo.” (Ibíd. : 123)
Es comprensible, entonces, que ésta “memoria
mítica” esté en estrecha relación con una
“vulgata histórica” que la fortalece e impide la
emancipación de la memoria colectiva gracias
a la fragmentación del recuerdo individual,
fragmentación espacial como histórica. Lo
que llega a una historia ahistórica: “El relato
que construye se encuentra en el mismo nivel
de la memoria común.” (Ibíd. : 130, 131) Las
fronteras del conjunto histórico-memorial,
y al interior mismo de ese conjunto, se
encuentran borradas hasta, por ejemplo, ya
no distinguir el relato común de aquel de
las FARC: “Se trata de un relato teleológico
en el cual cada episodio es un paso hacia el
desenlace final ; un relato interpretativo que
hace de la injusticia social y del autoritarismo
político el motor de la acción de la guerrilla ;
un relato globalizante puesto que sugiere que
la acción de la guerrilla no es de hecho más
que una parte de una vasta “guerra civil”. Y,
10 Ce mot est emprunté par Pécaut au politiste français
Zaki Laïdi.
como si hubiera que insistir, Pécaut agrega:
“A pesar de la animadversión que experimenta
una gran parte de la opinión pública contra
las FARC, es interesante observar que este
relato ha terminado por ser más o menos
aceptado en amplios medios como si fuera
un reflejo de la realidad histórica. » (Ibíd. :
130, 131, 132)
5. Confianza
El probabilismo, equivalente epistemológico
de la prudencia en política, pone las
condiciones de la confianza: confianza
respecto al trabajo de estos investigadores
cuyas aserciones están acompañada de mil
precauciones; confianza, entonces, en un
juicio político ponderado que puede ser común
al intelectual y al político, y obstaculiza
a la precipitación en la “acción directa”. Esa
confianza, de la cual los grandes autores
liberales han hecho la piedra angular de la
arquitectura política, rechaza en el almacén
de las antigüedades las presentaciones binarias
de la realidad histórica (lugares comunes
negativos, estereotipos, mitos políticos),
sin por eso desatender el estudio: él de las
patologías que socavan tanto la investigación
como la acción. Entender o trastornar el
orden de las cosas: la alternativa ya no puede
practicarse a la lectura de los pensadores
de la guerra en Colombia que destaca su
infraestructura filosófica liberal. Además, el
posible distanciamiento de la falsa alternativa
que presentan esos dos antónimos remite al
estudio detallado del tipo de transición que
Colombia conoce hoy en día, lo cual parece
responder a la Idea de la razón kantiana hacia
una superación de la tristeza que contiene
el espectáculo inmediato de la historia colombiana,
tristeza que expresa Sánchez de
la siguiente manera: “Dolorosa experiencia,
pues, la de este país que de vez en cuando
descubre al “otro” por la vía del pacto y del
derecho, pero que más regularmente se ha
ido descubriendo a sí mismo (sus fronteras,
sus aborígenes, sus comunidades negras) a
través de las rutas de la violencia. » (Sánchez,
2004: 27-28)
Pécaut va aún más bien lejos cuando, en Les
FARC, une guérilla sans fins?, ofrece su diag-
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Stephen
Launay
nostico a propósito de la situación presente
en estos términos:
“La degradación bien real de la guerrilla ya
no aparece más que como una faceta de
una degradación más general que afecta a
las instituciones y a amplios sectores de la
sociedad. Más que nunca la economía de
la droga y sus efectos se encuentran en el
corazón de la problemática colombiana.”
(Pécaut, 2008: 152)
La relación, además contradictoria o sibilina,
entre estas dos “degradaciones”, conduce a
una previsión política pesimista, escuchada
precisamente porque pesimista y correspondiendo
con una Colombia deshecha. ¿El pesimismo
no está en contradicción con el esfuerzo
de clarificación más necesario aun en un
periodo de transformaciones profundas que
provienen tanto del poder de Estado como
de las instituciones públicas, en particular
judiciales 11 , y de las instigaciones forenses 12 ?
¿El tono sin concesiones no ahoga el probabilismo
para rehundirnos en el fatalismo? ¿La
pasión política logra, finalmente, suspender
el juicio analítico y político moderado de los
años precedentes? (Pécaut, 2003b)
Sin lugar a dudas: “No resulta empresa
fácil acercar entre sí a unos ciudadanos que
durante siglos han vivido como extraños o
como enemigos y enseñarles a ocuparse en
común de sus propios asuntos. Fue mucho
más fácil dividirlos que unirlos ahora de nuevo.
» (Tocqueville, 1982 : 123) ¿Pero, como
no ver los cambios, parciales y sin embargo
reales, logrados estos últimos años? Tal vez la
famosa “ley de Tocqueville” aparece aquí, ley
extraída del historiador francés y que dice que
11 Con paradojas y matices, en el campo judicial, que
están expuestas con precisión en Uprimny, 2006.
12 La insistencia de Pécaut, en esta obra, sobre la
corrupción y sobre todo la “parapolitica” (los
vínculos de políticos con grupos de las AUC) como
fenómenos característicos del Estado, después de
haber abordado rápidamente, en su “prologo”, la
cara democrática del régimen político, conduce
el autor a olvidar variar su punto de vista: si
varios políticos son indagados por la justicia, es
también y tal vez primero porque las instituciones
judiciales funcionan mejor, o menos mal, que
anteriormente.
cuando una situación mejora, las esperanzas
son más agudas.
De todas maneras, las líneas citadas de
Tocqueville se aplican perfectamente a
Colombia. La confianza, si seguimos a
Tocqueville, no puede establecerse sino por
un trabajo de las elites contra el desligamiento
de la sociedad por la instauración de privilegios.
El imperativo del trabajo unificador
de la sociedad de parte de estas elites no se
separa de su moralidad y de la labor de esa
moralidad en las instituciones (Hall, 1998).
Pues, la tradición civilista colombiana viene
asentar el régimen democrático en la duración
por la instauración de la autoridad del Estado
sobre la base del consentimiento popular y
del reconocimiento, de parte del Estado, de
las aspiraciones de la población expresadas
con libertad.
De manera general, la arquitectura de la confianza
es bien conocida y se deduce tanto de la
tradición liberal como de los trabajos citados:
confianza vertical que viaja de la sociedad civil
hacia las instituciones estatales y viceversa, de
la cual la legitimación, siempre en proceso, es
el resorte; confianza horizontal que constituye
el hilo de Ariana de la convivencia cada día
reconocida, que adquiere la seguridad de la
permanencia, en particular con la ayuda de
la separación de los poderes que incluye el
conjunto social 13 ; confianza interna, por tanto,
que articula lo vertical y lo horizontal para
establecer los rasgos específicos de la unidad
socio-política; y confianza externa que se expresa
en la capacidad de afirmación desplegada
hacia el extranjero tan frecuentemente presente,
confianza que encuentra su energía en
los recursos endógenos del país.
La comprensión es el resorte intelectual del
acuerdo claramente establecido; los matices
de lo duradero y de lo imprevisto resaltados
por la interpretación sostienen el descubrimiento
de la identidad colectiva. El conjunto
así compuesto estimula la conversión del
conflicto violento en conflicto pacificado.
13 Se puede recordar que la distinción de los poderes
en la obra de Montesquieu no es solo un mecanismo
constitucional pero incluye también la sociedad a
través de la actividad de los partidos políticos.

Pensar la guerra:
el caso
colombiano
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Nacionales

Revista Un argumento Diálogos
en de contra Saberes de la
ISSN coherencia 0124-0021
Julio-Diciembre
de 2010
Págs. 193-217
Un argumento en contra de la coherencia
Metodología Utilizada
La metodología utilizada es el análisis de
conceptos. En este sentido, se descomponen
los diferentes conceptos de una tradición
teórica para poder hallar un mejor entendimiento
de un problema filosófico específico.
El análisis es utilizado para descubrir qué es
aquello que se afirma cuando se utiliza la
coherencia como un valor apto para justificar
leyes y decisiones judiciales. El análisis de
conceptos es una metodología típica en la
filosofía del derecho. Para una discusión
reciente de su empleo y de sus límites puede
verse, por ejemplo: Bix, Brian: “Joseph
Raz and Conceptual Analysis” American
Philosophical Association Newsletter on
Philosophy and Law, primavera, 2007. Leiter,
Brian: Legal Realism, Hard Positivism, and the
Limits of Conceptual Analysis en Coleman, Jules:
“Hart’s Postscript” Oxford: University Press.
2001. pp. 351-370.
Resumen
El artículo intenta probar que estatutos diversificados
y sentencias coherentes pueden
ser justificados desde el punto de vista de la
filosofía política y de la posibilidad de encontrar
repuestas morales correctas. En primer
lugar, se distingue la coherencia de otros
conceptos similares como la consistencia.
Posteriormente, se analiza la justificación de
la coherencia en relación con casos fáciles y
difíciles. Finalmente, se discuten las ventajas
de leyes y sentencias incoherentes en el marco
de una democracia pluralista.
Palabras Clave
Coherencia, Consistencia, Integridad,
Interpretación Jurídica, Democracia Pluralista,
Ronald Dworkin, Robert Alexy.
Abstract
The article proves that checkerboard statutes
and incoherent jurisprudences may be
justified from the perspective of political
philosophy and the possibility of finding
a right moral answer. Fist, it distinguishes
between coherence and similar concepts
such as consistency. Subsequently, it analyzes
whether coherence is justified when judges
solve easy and hard cases. Finally, it discusses
the advantages of incoherent laws and
jurisprudences within the framework of a
pluralistic democracy.
Key Words
Andrés Molina Ochoa
andres.molina.1974@gmail.com
Coherence, consistency, integrity, legal interpretation,
pluralistic democracy, Ronald
Dworkin, Robert Alexy.
Fecha de recepción del artículo: Marzo 15 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Julio 12 de 2010
* Este artículo es el resultado final de una subproyecto realizado dentro del grupo de investigación
de derecho privado de la Universidad del Rosario sobre valores constitucionales y derecho privado.
El objetivo general es comparar los diferentes principios constitucionales con instituciones básicas
del derecho privado para ver cómo los justifican o son contradictorios con los mismos.
** Abogado de la universidad del Rosario. Profesor de planta en las cátedras de Introducción al Derecho y Teoría
Jurídica en la misma Universidad. Es candidato a doctor y tiene Maestría en Filosofía de la Universidad de
Binghamton en Nueva York. Ha sido profesor invitado en la misma universidad en las cátedras de Filosofía
y Derecho, Derecho y Justicia, y Ética, Mercados y Derecho.
Colaborador Nacional
193

Colaborador Nacional
194
Andrés Molina
Ochoa
1. Situación Problemática
El artículo intenta responder a la pregunta
sobre la justificación de la coherencia como
un valor constitucional ¿En qué consiste
este valor? ¿Puede considerarse justificado
el empleo de este valor en la resolución de
conflictos legales y jurisprudenciales?
Sólo seis meses después de la promulgación
de la Constitución de 1991, algunos profesores
solían caracterizar a la nueva carta política
como un “tutti fruti constitucional”, una
colcha de retazos jurídicos que jamás podría
alcanzar la coherencia y sobriedad de la Carta
Política de 1886. 1 Bastaba leer, según ellos, los
primeros artículos de la Constitución para encontrar
una mezcla irracional de principios, 2
una colección de enunciados normativos
claramente contradictorios. 3
1 Esta posición no es unánime y está lejos de
ser la mayoritaria en la doctrina constitucional
colombiana. El tratadista Manuel Fernando
Quinche, por ejemplo, defiende el pluralismo de
principios de la Constitución por considerarla
necesaria para garantizar la paz en una sociedad
“[…] con fuertes rasgos de diferencia racial, cultural
y socioeconómica.” Ver: Manuel Fernando Quinche
Ramírez: “Derecho Constitucional Colombiano
de la Carta de 1991 y sus Reformas”. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario, Grupo Editorial
Ibáñez Editores. 2008. p. 42. en igual sentido ver
Roberto Pineda Camacho: La Constitución de 1991
y la perspectiva del multiculturalismo en Colombia. En:
“Alteridades” 1997. Vol 7. p. 107-129
2 En un igual sentido se manifiesta Jesús Vallejo
Mejía: “De hecho, la constitución adhire a un
sincretismo ideológico. De igual manera como algunos
predecesores de Constantino rendían culto privado
a todas las divinidades de los pueblos del imperio,
incluyendo a Jesucristo; la Constitución hace suyo
el concepto de politeísmo de los valores, que acuñó Max
Wever para significar que en una sociedad pluralista
no hay un solo valor supremo, sino constelaciones de
los mismos. De ahí que la Constución sea suceptible
de lecturas liberales, conservadoras, socialistas,
neoliberales, populistas y hasta gnósticas.” Ver: Jesús
Vallejo Mejía: Reflexiones Críticas Sobre la Constitución de
1991 en: “La Constitución por Construir” Bogotá:
Centro Editorial Universidad del Rosario. 2007.
p. 15
3 El mismo argumento era usado por el profesor
Luis Carlos Sáchica para criticar algunas reformas
hechas a la Constitución de 1886. Ver: Luis Carlos
Sáchica Aponte: “7 Estudios Constitucionales”
Bogotá: Ediciones Rosaristas. 1986
La crítica hecha se fundamentaba en una virtud
que, como adivierte Joseph Raz, 4 está en
voga, la coherencia. Céteris Páribus, una constitución
coherente parece más valiosa que una
que no lo es. Un teórico podrá preferir a la
Constitución del 91 sobre las anteriores por
su carácter garantista, sin embargo, deberá
reconocer que sería una mejor norma si sus
principios fueran jerarquizados de una forma
más coherente.
Pese a ser calificada de incoherente, la
Constitución, en sus artículos 89 y 241, explícitamente
reconoce a la integridad 5 como
un importante valor que debe ser defendido
por el sistema judicial colombiano. De hecho,
la Corte Constitucional ha justificado
la obligatoriedad de los precedentes en la
necesidad de garantizar la coherencia y unidad
del ordenamiento jurídico: 6
“Además, de lo contrario –es decir, de
escindirse la norma de la ratio que le fija
su significado para asegurar su aplicación
efectiva y la concreta para precisar sus alcances–
se rompería la unidad del ordenamiento
jurídico y se resquebrajaría su coherencia
en desmedro de la seguridad jurídica, de la
aplicación igual de las normas a casos iguales
y de la confianza legítima de los habitantes
en que el derecho será aplicado de manera
consistente y predecible.” 7
4 “Coherence is in vogue [...] Coherence explanations
of morality and of law are a newer breed.” Joseph
Raz: The Relevance of Coherence en “Boston University
Law Review” Marzo 1992, p. 273
5 Como se explicará posteriormente, la integridad - al
menos en la concepción desarrollada por Dworkiny
la noción de coherencia usada en este artículo son
equivalentes. El uso indistinto de estas expresiones
es común en los estudiosos de la obra de Dworkin.
Así, por ejemplo, Pérez Bermejo caracteriza las tesis
de Dworkin como un “sistema coherentista.” Ver:
Juan Manuel Pérez Bermejo. Madrid: Marcial Pons.
2006. Capítulo II.
6 De igual forma, la Corte ha justificado el control
constitucional en la defensa de la integridad
del ordenamiento jurídico: “[…] es claro que el
control constitucional configura una garantía básica
dentro del Estado de derecho con el fin de hacer
efectivo precisamente, el principio de integridad
y supremacía de la Constitución” Ver: Corte
Constitucional, Sentencia C-1290/01. M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
7 Corte Constitucional Sentencia SU-1219/01
Expediente T-388435. M. P. Manuel José Cepeda.

Un argumento
en contra de la
coherencia
La aprobación casi unánime 8 de la coherencia
no la justifica necesariamente. Por esta razón,
vale la pena preguntarse por la validez o no
de este valor; ¿en qué sentido puede afirmarse
que un orden jurídico coherente es mejor
que uno que no lo es? ¿cuál es el ámbito de
aplicación de la coherencia? ¿Por qué debe
preferirse una decisión judicial coherente?
El objetivo de este artículo es ofrecer un
argumento en contra de la coherencia. El
argumento tiene varias limitaciones; en primer
lugar, se circunscribe a una democracia
liberal, al menos en el sentido rawlsiano de
una sociedad en la cual existen competitivas
visiones omnicomprensivas. 9 En segundo
En igual sentido ver las sentencias: T-021/ 2002
Expedientes T-266.282, T-300.149 y T-308.716
MP. Álvaro Tafur Galvis. T-623/02 Expediente
T-463.020. M. P. Álvaro Tafur Galvis.
8 Importantes excepciones son: Ken Kress: “Why
no Judge Should be a Dworkinian Coherentist”
en Texas law Review (77) Mayo 1999. Joseph Raz:
The Relevance of Coherence... p. 273-319. Andrei
Marmor: “Coherencia, holismo e interpretación:
el fundamento epistémico de la teoría jurídica
de Dworkin” en Interpretación y Teoría del Derecho.
Barcelona: Gedisa. 1992. pp. 87-116. Para Juan
Ramón Capella, “[…] una representación de
la realidad falsa pero coherente en sí misma, […] es
ideológica”. Ver: “Fruta Prohibida” 1997. Madrid:
Trotta. p. 22 En este sentido, para Capella, la
coherencia no sólo no es un valor jurídico, sino que
es una herramienta teórica opresiva al servicio de
las clases dominantes.
9 Según Rawls, una concepción moral es
comprensiva si “[...] incluye concepciones de lo
que es el valor en la vida humana, e ideales de
amistad y de relaciones familiares y de asociación,
y otros muchos elementos que conforman nuestra
conducta y, en última instancia, nuestra vida en su
totalidad.” El liberalismo político se caracterizaría,
entre muchas otras cosas, por suponer la existencia
de “[...]muchas doctrinas comprensivas razonables
y conflictivas, cada una con sus concepciones del
bien, cada una compatible con la plena racionalidad
de las personas, hasta donde es posible afirmar
esto con los recursos de una concepción política
de la justicia.” John Rawls, “Liberalsimo Político”
México: Fondo de Cultura Económica. 1995. p.
138 Con base en el artículo 1 de la Constitución,
especialmente en la cláusula que define a Colombia
como una sociedad pluralista, puede afirmarse
que Colombia es un Estado liberal en sentido
rawlsiano. Es decir, Colombia es un Estado en el
que existen diferentes visiones comprensivas del
bien, pero el Estado no apoya ninguna de ellas
como la única válida que deba ser aceptada por
lugar, el objetivo del argumento no es probar
la inoperancia o irrelevancia de la coherencia
en todos los casos, sino limitar el ámbito de
aplicación de este valor a aquellas instancias
en las cuales es más plausible que pueda ser
correcto su uso por los diferentes operarios
legales. Finalmente, por motivos de espacio,
no se discuten algunas de las más importantes
razones que han sido propuestas para
justificar la coherencia. 10 En este sentido,
este artículo debe entenderse simplemente
como la presentación de un problema que
deberá responderse con mayor profundidad
posteriormente.
Antes de evaluar la posible justificación de
la coherencia, es importante aclarar cuál es
el valor sujeto a consideración. El término
coherencia no es unívoco ni en la jurisprudencia
colombiana, ni en la doctrina jurídica. En ocasiones,
la oscuridad en el uso de los conceptos
hace de la discusión entre teóricos un diálogo
de sordos. Por esta razón, el primer paso
antes de cuestionar la coherencia es definirla.
El objetivo no es, sin embargo, proponer un
concepto basado en los paradigmas principales
a los que suele referirse este término. 11 La
todos los ciudadanos. La Corte Constitucional,
por ejemplo, ha manifestado que “[a]hora bien,
en Colombia, las políticas perfeccionistas se
encuentran excluídas, ya que no es admisible que
en un Estado que reconoce la autonomía de la
persona y el pluralismo en todos los campos (CP
arts 1º, 7º, 16, 17, 18, 19 y 20), las autoridades
impongan, con la amenaza de sanciones penales,
un determinado modelo de virtud o de excelencia
humana. En efecto, esas políticas implican que el
Estado sólo admite una determinada concepción
de realización personal, lo cual es incompatible con
el pluralismo.” Corte Constitucional, C-309/97
M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver también:
C-087/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
10 Quizás el argumento más importante que se omite
en este artículo es el de la obligatoriedad de las
normas jurídicas. Para Dworkin, la coerción sólo es
justificable si las normas pueden entenderse como
partes de un todo coherente. Ver: Ronald Dworkin:
“El Imperio de la Justicia” Barcelona: Gedisa 1992.
Una crítica a dicho argumento puede encontrarse
en Joseph Raz, The Relevance of Coherence. .
11 Sobre el papel de los paradigmas en la teoría jurídica
ver: Timothy A. O. Endicott: “Herbert Hart and
the Semantic Sting” en Coleman, Jules ed. Hart’s
Postscript. Oxford: Oxford University Press. 2001
p. 39-59
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Andrés Molina
Ochoa
nomenclatura propuesta en este artículo se
justifica, únicamente, en la contribución que
pueda hacer para un mejor entendimiento del
problema. En otras palabras, la importancia
de definir el término coherencia está dada por
la posibilidad de referirse a cierto valor que es
usado para legitimar algunas decisiones judiciales
y legislativas, aunque algunos autores y
la misma Corte Constitucional lo denominen
de otra forma. 12 En este sentido, el objetivo
no es ni hacer una profilaxis del lenguaje,
ni establecer el uso correcto de las palabras
coherencia y consistencia. Únicamente se pretende
clarificar el uso que se dará a estas expresiones
para poder analizarlas correctamente.
2. Coherencia y Consistencia
Aunque en muchas ocasiones los términos
coherencia y consistencia suelen usarse indistintamente,
son nociones diferentes. Por
consistencia se hace referencia a la necesidad
de que los ordenamientos jurídicos sean libres
de contradicciones en sus partes relevantes; 13
por coherencia, en cambio, se hace referencia
a un orden axiólogico que debe respetar el
ordenamiento legal. 14 Un sistema jurídico, en
este sentido, será coherente si las reglas que
lo conforman pueden subsumirse en uno o
más principios no contradictorios. 15
12 La nomenclatura usada en este artículo es, como se
verá a continuación, mayoritaria entre los principales
autores que discuten el problema de la coherencia.
No obstante, tampoco se pretende afirmar que las
definiciones propuestas son correctas porque así
son usadas por la mayoría.
13 Ver: Torben Spaak: “Guidance and Constraint: The
Action-Guiding Capacity of Neil MacCormick’s
Theory of Legal Reasoning” en Law and Philosophy
(2007) 26 p. 352 En igual sentido, Manuel Atienza
define a la consistencia como el principio: “[...]
según el cual las decisiones han de basarse en
premisas normativas y fácticas que no entren en
contradiccion con normas válidamente establecidas
o con la información fáctica disponible” Ver: “Tras
la Justicia” Barcelona: Ariel. p. 137
14 Atienza define la coherencia como el principio
según el cual: “[...]las normas deben poder
subsumirse bajo principios generales o valores que
resulten aceptables, en el sentido de que configuren
una forma de vida satisfactoria.” Ver Ibid p. 137
15 Torben Spaak, ob. cit. p. 353
La consistencia se refiere a aquellas reglas
de la lógica formal que prohiben el uso de
proposiciones contradictorias. Así las cosas,
es posible hablar de consistencia conceptual entendida
como la necesidad “[…] de atribuir
a los mismos conceptos siempre los mismos
significados”, 16 o de consistencia argumentativa,
entendida como ausencia de contradicciones
entre los argumentos del ente legislador. 17
Aparentemente, no es necesaria mayor
argumentación para justificar la consistencia.
Un ordenamiento jurídico inconsistente
será incapaz de lograr los fines del derecho,
cualesquiera ellos sean. En su famoso texto,
Ocho Formas de Fracasar en la Creación del
Derecho, 18 Fuller sugiere que los súbditos del
personaje imaginario Rex, desesperados por
la inconsistencias de las órdenes del monarca,
manifestaron su incapacidad de seguir las
leyes en un letrero que afirmaba, 19 “Esta vez
el Rey ha sido claro — en ambas direcciones”. 20 La
consistencia, en este sentido, no se justifica por
valores morales externos al ordenamiento
jurídico, sino por los requisitos internos del
derecho. Así como los habitantes de la socie-
16 Carlos Bernal Pulido: “El Derecho de los Derechos:
Escritos sobre la aplicación de los Derechos
Fundamentales”. Bogotá: Universidad Externado
de Colombia. 2005. p. 64
17 Ibíd. p. 64
18 Lon L. Fuller: “La Moral del Derecho”. México:
Trillas. 1967.
19 Ibíd. p. 67.
20 Fuller describe ocho tipos de fracaso en la creación
del derecho, cada fracaso está relacionado con un
requisito esencial de todo ordenamiento jurídico.
Dos de esos errores en la creación del derecho se
refieren a lo que aquí se denomina como consistencia.
Para Fuller, un sistema jurídico fracasa por “[…] la
falta de congruencia entre las reglas conforme se
promulgaron y su verdadera administración.” Lon
L. Fuller. Op. cit. p. 44. La creación del derecho
también fracasa si toda decisión es ad hoc y no se
puede generalizar a partir de las decisiones tomadas.
El problema reseñado aquí por Fuller, no es que
el derecho se cree a partir de decisiones judiciales
-el derecho pretoriano puede ser un ejemplo de
ordenamientos jurídicos creados a partir de fallos
individuales-; el problema es que los asociados no
logran descubrir ningún patrón en las decisiones
de los jueces. Si los fallos fueran consistentes, los
asociados podrían descubrir parámetros generales
y Rex no habría fracasado.

Un argumento
en contra de la
coherencia
dad imaginaria de Fuller no logran entender
lo ordenado por Rex, los ciudadanos de un
Estado en el que el derecho sea críticamente 21
inconsistente no podrán entender lo que las
leyes demandan de ellos.
Un ejemplo propuesto por el mismo Fuller
puede ayudar a ilustrar aún más la anterior
afirmación. No es posible ser carpintero si
no se siguen unas reglas mínimas. Para usar
un computador es necesario seguir una serie
de reglas y procedimientos; es necesario, por
ejemplo, grabar los documentos de cuando
en cuando, usar un antivirus actualizado,
no abrir archivos que lleguen en correos de
cuentas cuyo remitente desconocemos. Esas
reglas son necesarias porque si no se siguen
no se puede usar el computador, independientemente
de los fines que se quieran
logar mediante su uso. Aprender a usar el
teclado es tan importante para quien escribe
un panfleto incitando al crimen como para
quien desea redactar un llamado a la paz.
De igual forma, la consistencia es necesaria
para logar cualquier tipo de fin que se quiere
con el derecho; sin ella, las normas jurídicas
carecerían de significado y, por tanto, no sólo
serán incapaces de guiar la conducta de los
ciudadanos, sino que no podrán entenderse
propiamente como leyes.
La mayoría de teóricos jurídicos han reconocido
a lo que aquí se llama consistencia
como un elemento esencial del derecho.
Para Kelsen, por ejemplo, un ordenamiento
jurídico se caracteriza, entre otras cosas,
porque puede ser descrito “[…] mediante
proposiciones no contradictorias.” 22 En este
sentido, “[…] dadas dos normas, una de las
cuales determina como debido el contenido A
y la otra el contenido no-A, ambas no pueden
21 Es importante aclarar que para Fuller la satisfacción
de los ocho requisitos esenciales para la creación
del derecho puede darse en diferentes grados. Así
las cosas, un sistema altamente inconsistente será
inviable, pero uno con pequeñas inconsistencias
podrá subsistir. El único requisito que no admite
niveles de cumplimiento es el de la promulgación
de la ley. Ver Ibid p. 44 y ss.
22 Hans Kelsen: “El Concepto del Orden Jurídico”
en: Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho. México:
Fontamara. p 100.
ser consideradas simultáneamente válidas.” 23
De igual forma, Bobbio define a un sistema
jurídico como aquel en el que “[…] no pueden
existir normas incompatibles.” 24
La Corte Constitucional, en algunas de sus
sentencias, parece referirse a la consistencia
con el término coherencia interna. En la
sentencia C-530-93, por ejemplo, la Corte
afirmó que la racionalidad hace referencia a
la lógica formal y a la coherencia interna. 25 En
23 Ibíd. p. 100
24 Norberto Bobbio: “Teoría General del Derecho” 3.
ed. Bogotá: Temis. 2006. p. 186 Bobbio, sin embargo
sostiene que existe un caso en el cual las normas
jurídicas pueden ser incompatibles: “[cuando
dos normas] del mismo nivel y contemporáneas,
son ambas válidas.” En los demás casos, “[e]n
un sistema jurídico la admisión del principio que
excluye la incompatibilidad de dos normas, tiene
como consecuencia, en caso de incompatibilidad
de dos normas, la caída no ya de todo el sistema,
sino solo de una de las dos normas, o a lo sumo
de ambas.” Ver. Ibídem p. 187 Para Perelman,
“[…] la aseveración de una proposición y de su
negación, es decir, de una contradicción, hace que
el sistema sea incoherente [en nuestra terminología
inconsistente] y por consiguiente, no utilizable.” Ver,
Chaїm Perelman, “El Imperio Retórico” Bogotá:
Norma. 1997. p. 82 Con un ejemplo similar al de
Füller, Robert Alexy sostiene que un sistema en el
cual “[los miembros de un grupo armado] imparten
a los dominados órdenes en parte contradictorias,
siempre cambiantes y en parte incumplibes […] no
es, por razones conceptuales, un sistema jurídico.”
Alexy, sin embargo, al igual que Bobbio, acepta
que algunas normas puedan contradecirse entre sí.
Ver: Robert Alexy: “El Concepto y la Validez del
Derecho” 1997. Barcelona: Gedisa. p. 38 y ss.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-530/93.
M.P. Alejandro Martínez Caballero: “Se
observa que las semejanzas y diferencias entre
racionalidad y razonabilidad son manifiestas,
según se desprende de las siguientes líneas:
- Mientras que la RAZONABILIDAD hace
relación a lo constitucionalmente admisible, la
RACIONALIDAD hace relación a la conexidad; -
La primera apunta a una finalidad legítima mientras
que la segunda apunta a una finalidad lógica; - Una
-la primera- hace alusión a la coherencia externa,
esto es, con los supuestos de hecho; la otra -la
segunda- hace alusión a la coherencia interna, es
decir, es un fenómeno estructural;- Por último,
lo razonable es de la esfera de la lógica”. En igual
sentido, en sentencia C-037/00, la Corte afirma que
la jerarquización de normas, -es decir el hecho de
que las normas de “[...] inferior categoría, deben
resultar acordes con las superiores”- garantiza la
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otras ocasiones, la Corte se refiere a la unidad
temática cuando utiliza la expresión coherencia
interna; en este sentido, uno de los requisitos
de la coherencia sería la unidad temática de
las normas. 26
El concepto de unidad temática, sin embargo,
tiene poco que ver con lo que aquí se denomina
como consistencia. Una ley puede tener unidad
temática pero ser inconsistente. Es posible
que todos los artículos de una ley se refieran,
por ejemplo, al derecho de habeas corpus, pero
que se contradigan entre sí. De igual forma,
es posible encontrar una ley consistente pero
que carezca de unidad temática; una ley cuyas
normas no se contradigan podrá tratar sobre
temas diferentes. Siguiendo un ejemplo de
Andrei Marmor, las proposiciones: ‘Siempre
se debería obedecer a la ley’ y ‘Todos los
cisnes son blancos’, son consistentes aunque
obviamente no tienen unidad temática. 27
3. Coherencia
Si a la coherencia se le quiere dar cierta relevancia,
entonces debe significar algo más
que la simple consistencia. Cuando se resalta
la coherencia en una decisión, se está valorando
algo más que la no contradicción de
sus conceptos o la congruencia lógica de sus
coherencia interna del ordenamiento jurídico; esto
es, la congruencia entre las diferentes normas.
26 Ver Corte Constitucional C-025/93 M:P: Eduardo
Cifuentes Muñoz: “La Corporación ha destacado
que el principio de unidad de materia propende por
la racionalización y la tecnificación de todo el proceso
normativo y contribuye a darle un eje central a los diferentes
debates que la iniciativa suscita en el órgano legislativo.
Luego de su expedición, el cumplimiento de la norma,
diseñada bajo este elemental dictado de coherencia interna,
facilita su cumplimiento, la identificación de sus destinatarios
potenciales y la precisión de los comportamientos prescritos...,
todo lo cual redunda en la cabal observancia de la
seguridad jurídica tan cara a los postulados del Estado
Social de Derecho.” En igual sentido, ver: Corte
Constitucional C-290/00 M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa. C-1344/2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
C-1712/00 M.P. Cristina Pardo Schlesinger (e)
27 Ver: Andrei Marmor: Coherencia, holismo... p. 88
Norberto Bobbio ofrece un ejemplo similar: “Dos
proposiciones como: La pizarra es negra y El café es
amargo son compatibles, [consistentes] pero sin que
se impliquen mutuamente.” Norberto Bobbio, ob.
cit. p. 186
argumentos. 28 La coherencia, a diferencia de la
consistencia, hace referencia a la justificación
axiológica de las diferentes normas, a aquel
valor según el cual un conjunto de reglas (o
una decisión judicial, o un ordenamiento jurídico...)
pueden juzgarse como casos de uno o
más principios generales que justifican dichas
reglas. 29 Una regla que ordene a los vehículos
amarillos un límite de velocidad de treinta
kilómetros por hora es consistente con otra
que ordene a los vehículos azules un límite
de velocidad de 70 kilómetros. 30 Sin embargo,
como afirma MacCormick, “[…] no puede
darse ninguna razón basada en principios
que justifique tal diferencia.” 31 Al no poder
justificarse esta diferencia, las dos normas,
pese a ser consistentes, son incoherentes.
Algunos autores distinguen, además, entre
dos tipos distintos de coherencia. Por coherencia
monista, entienden el valor según el cual “[…]
el derecho existente (o al menos las fuentes
del derecho) puede ser derivado de un solo
principio.” 32 A este tipo de coherencia se
refieren fundamentalmente las críticas hechas
a la Constitución del 91 y la defensa de la
28 Según Andrei Marmor: “[…] por lo general, con la
noción de coherencia se intenta designar algo más
que la mera consistencia lógica. Pero no está claro
(y rara vez se explicita) aquello que precisamente se
considera que es esta característica adicional.” Ver:
Andrei Marmor, ob. cit. p. 88.
29 Ver: Spaak, ob. cit. p. 353. En igual sentido, ver:
Manuel Atienza, ob cit. p. 137: “[...] principio de
coherencia, según el cual las normas deben poder
subsumirse bajo principios generales o valores que
resulten aceptables, en el sentido de que configuren
una forma de vida satisfactoria (coherencia
normativa).” En algunas jurisprudencias, la
Corte Constitucional ha usado esta concepción
de coherencia: “[d]e esta manera, la expresión
demandada no guarda coherencia alguna con los
fines, principios, derechos y valores en que se
fundamenta nuestro Estado Social de Derecho”
Corte Constitucional. Sentencia C-1369/00 M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
30 El ejemplo es tomado de Neil MacCormick: “Legal
Reasoning and Legal Theory” Oxford: Clarendon
Press. 1978 p. 106 y ss. Ronald Dworkin utiliza un
ejemplo similar para ilustrar las llamadas “leyes
diversificadas” (checkerboard statutes) Ver: Ronald
Dworkin: El Imperio... pp. 134 y ss.
31 Ob. cit. p. 106.
32 Ken Kress, Ob. cit. p. 1384.

Un argumento
en contra de la
coherencia
Carta Política del 86. La Constitución de
Caro y Nuñez sería más coherente porque
sus normas pueden derivarse de un principio
único que legitima y explica la totalidad del
ordenamiento jurídico. 33
La coherencia pluralista, en cambio, “[...] está
constituida por una arquitectura interna
entre principios, normas y fuentes del
derecho.” 34 Quienes defienden la coherencia
pluralista afirman que el derecho es justificado
por una serie de principios que son irreducibles
entre sí. Esta visión de coherencia
es la defendida por Ronald Dworkin, para
quien: “[…] debemos intentar entender los
valores holísticamente e interpretativamente,
cada uno a la luz de otros, organizados no
jerárquicamente sino en la forma de una
cúpula geodésica.” 35 Este tipo de coherencia
es, quizás, la usada por Quinche y Pineda
Camacho para defender la Constitución del
91. 36 La nueva Carta Política reconocería el
carácter pluralista de la sociedad (y de los
valores en general), pero aun así seguiría
siendo coherente, puesto que la coherencia
no se refiere necesariamente a un valor
fundamental—como sugeriría Sáchica y
Vallejo— sino a una miríada de valores que
se integran mas no se jerarquizan entre sí.
El término integridad propuesto por Dworkin
equivale a lo que se ha definido en este artículo
como coherencia. 37 Según Dworkin, “[l]a
integridad requiere que las normas públicas
de la comunidad sean hechas y vistas, hasta
donde sea posible, como expresando un solo
esquema coherente de justicia y equidad en la
proporción correcta.” 38 La coherencia, según la
nomenclatura propuesta por Dworkin, exige
que las decisiones presentes no contradigan
33 Ver Sáchica, Luis Carlos “Del Preámbulo y algo
más” en El Espectador. Abril 1 de 1991 y Jesús Vallejo
Mejía, ob. cit.
34 Ken Kress. Ob. cit. p. 1384
35 Ronald Dworkin: “Hart’s Postscript and the
Character of Political Philosophy” en Oxford
Journal of Legal Studies. Marzo, 2004
36 Ver Supra n.1.
37 Por esta razón, cada vez que use la palabra integridad
deberá entenderse como coherencia.
38 Ibíd. p. 160
las pasadas, la integridad no necesariamente.
En Brown v. Board of Education, 39 la decisión
más coherente -en la terminología de este
artículo, la más consistente- era continuar con
la segregación en las escuelas; sin embargo,
la opción más íntegra era repudiar el precedente.
Brown es incoherente con las decisiones
pasadas, pero es más fiel a los principios
fundamentales del derecho estadounidense,
según Dworkin.
Según la terminología sugerida en este ensayo,
la coherencia en sentido dworkiniano sería consistencia.
El tipo de contradicción prohibido
por la noción de integridad de Dworkin y
por la definición de coherencia que hemos
propuesto, no es lógico o formal, sino que
es axiológico. Brown y Plessy se contradicen
lógicamente, 40 mientras una sentencia ordena
acabar con la discriminación, la otra la
permite. Brown, sin embargo, no vulnera la
integridad porque se fundamenta en el mismo
39 Brown v. Board of Education fue la sentencia que deregó
a Plessy v. Fergusson y que declaró inconstitucional
a la segregación racial en las escuelas públicas.
Brown modificó un precedente judicial de más de
58 años.
40 Aunque es posible argüir que ambas sentencias son
consistentes porque se refieren a órbitas diferentes
-Plessy, el transporte público, Brown, la educación-,
fueron aplicadas contradictoriamente de Plessy y
Brown.
Tanto Plessy como Brown fueron usadas para permitir
o suprimir la segregación en ámbitos diferentes a
los cuales trataron. En el caso de Brown, la Corte
usó el precedente para prohibir la discriminación
en espacios o facilidades públicas. Ver Garner v.
Louisiana 368 U.S. 157 (1961), Wolfe v. North
Carolina, 364 U. S. 177 (1960), Watson v. Memphis,
373 U.S. 526 (1963) Johnson v. Virginia, 373 U.S.
61 (1963) De igual forma, Plessy fue utilizado como
precedente de sentencias que iban más allá de
autorizar la segregación en el transporte. En Gong
Lum v. Rice, la Corte utilizó a Plessy, por ejemplo,
para justificar la discriminación en el campo de
la educación. Ver: Gong Lum v. Rice, 275 U.S.
78 (1927). Aún más, los magistrados de la Corte
que decidieron Brown sabían que su sentencia era
inconsistente con Plessy y que estaban cambiando
un precedente, por eso afirmaron: “[c]ualquier cosa
dicha en Plessy v. Ferguson contraria a este hallazago
es rechazada.” Para un estudio del contexto en el
cual se tomó Brown y su relación con Plessy ver: Peter
Irons: “Give me the Colored Doll” en A People’s
History of the Supreme Court. New York: Penguin
Books. 2000. pp. 383-394
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Ochoa
principio que Plessy, la igualdad. La diferencia
entre ambas sentencias no está en el principio
que las justifica, sino en la mala interpretación
de la igualdad que hizo el juez en Plessy. Desde
el punto de vista de los valores que justifican
una y otra decisión, Brown no contradice a
Plessy, corrige, en cambio, el error interpretativo
del juez de la época.
En el salvamento de voto a la Sentencia SU-
047/99, Eduardo Cifuentes Muñoz define
la consistencia con un ejemplo similar al
usado por Dworkin para ilustrar su noción
de coherencia. Para el magistrado de la Corte
Constitucional:
“Lo anterior podría apresurar una conclusión
errónea consistente en afirmar que el
respeto por el precedente - es decir por la
universalidad y la consistencia de la jurisprudencia
- conduce necesariamente a petrificar
la jurisprudencia. Sin embargo, no es ese el
propósito del anotado mecanismo. Lo que
éste determina, por el contrario, es que un
cambio en el sentido de la jurisprudencia
esté fundado en muy buenas razones, de
manera tal que la quiebra de los principios
de consistencia y universalidad, resulte
suficientemente justificada.” 41
Al igual que Dworkin -cuando se refiere a la
coherencia-, Cifuentes manifiesta que la consistencia
limita la posibilidad de contradecir
previas decisiones de la Corte Constitucional;
sin embargo, este principio puede ceder ante
otros que integran el ordenamiento jurídico
y que, por tanto, le den mayor coherencia -o
integridad en la terminología de Dworkin-.
En realidad, toda esta sentencia utiliza la
distinción que se ha realizado entre consistencia
y coherencia. Mientras la posición mayoritaria
defiende la necesidad de que las decisiones
judiciales sean consistentes, 42 Cifuentes defiende
41 Corte Constitucional, Sentencia SU 047/99
M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez
Caballero. Ver también: Sentencia C-700/99 M.P.
José Gregorio Hernández
42 “Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado,
todo tribunal, y en especial el juez constitucional,
debe ser consistente con sus decisiones previas[...]”
SU-047/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero.
la obligación de apartarse del precedente con
base en la coherencia. 43
En este artículo, en este artículo se discute la
coherencia tal como la entendió la Corte en
la sentencia SU-047/99. Es decir, por coherencia
se entiende el valor jurídico según el
cual las decisiones judiciales y las diferentes
normas jurídicas, deben fundamentarse en
valores -o en un valor único en el caso de la
coherencia monista- que no se contradigan entre
sí. Por consistencia, en cambio se entiende el
requisito intrínseco al derecho que restringe
las decisiones y normas contradictorias.
Ahora bien, la coherencia, a diferencia de la
consistencia, no puede justificarse únicamente
en la técnica jurídica. En otras palabras, dado
que un sistema incoherente puede seguir siendo
jurídico, la coherencia debe fundamentarse
en algo distinto a los requisitos internos del
derecho. 44 Es precisamente esta justificación
la que se discute en el siguiente acápite.
43 “En casos como el planteado, es de tal dimensión
la afectación a la legitimidad de la Corte, que
no resulta exagerado afirmar que se amenaza la
existencia misma del control constitucional. Por
eso, los que apenas somos servidores transitorios
de la tarea magnifica de defender la Constitución,
no podemos alegremente apartarnos de principios,
como el de coherencia y universalidad, de cuyo
respeto depende por entero la legitimidad de la
función que nos ha sido encomendada. Para ello, y
esto no sobra recordarlo a quienes pueden olvidar
la trascendencia histórica de su función, el juez debe
sustraerse de las presiones coyunturales y postergar
de sus propias vanidades, para no incurrir en el
imperdonable error de preterir principios como
el de coherencia y universalidad y decidir un caso
conforme, simplemente, a sus propios intereses.”
Salvamento de Voto. SU-047/00 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
44 En varios ordenamientos jurídicos, la discusión sobre
la coherencia es interna al sistema jurídico en cuanto
esta se encuentra consagrada constitucionalmente.
Cuando se afirma que la coherencia demanda
una justificación externa, no se quiere negar esta
posibilidad, únicamente se afirma que un sistema
jurídico puede existir, al menos en teoría, sin ser
coherente. En este sentido, mientras no es posible
elegir entre un ordenamiento jurídico consistente
y otro inconsistente, sí es posible hacerlo entre
uno coherente y uno que no lo es. Dado que en
el caso de la coherencia podemos escoger, cabe
la pregunta, ¿qué razones tenemos para elegir al
sistema coherente? Esta apreciación fue sugerida
por el profesor Juan Jacobo Calderón.

Un argumento
en contra de la
coherencia
4. Justificación
Antes de cuestionar la coherencia, 45 es necesario
hacer otras dos precisiones. En primer
lugar, la justificación que se discute en este
artículo no es instrumental sino sustantiva.
Es apenas obvio que si un sistema jurídico
pretende alcanzar o respetar 46 ciertos prin-
45 Como se ha manifestado, el objetivo del artículo es
cuestionar la coherencia como un valor jurídico, no
preguntar por su existencia. Existe una importante
tradición en la filosofía del derecho que afirma que los
sistemas jurídicos son esencialmente incoherentes.
Para el realismo jurídico norteamericano y para los
estudios críticos del derecho, los ordenamientos
jurídicos, lejos de ser coherentes, están llenos de
contradicciones y lagunas. El derecho es usualmente
caracterizado como una colcha de retazos, en la
que cada retazo representa un movimiento o un
interés económico diferente. La coherencia es,
por tanto, intrínsecamente imposible en todos los
ordenamientos jurídicos. Dado que el objetivo
de este artículo es cuestionar normativamente el
valor de la coherencia, no se discuten las razones
dadas por estas escuelas. En otras palabras, el
objetivo no es probar la existencia o inexistencia
de la coherencia, sino cuestionarla normativamente.
Para una descripción general del movimiento de
los Estudios Críticos del Derecho ver: Juan A. Pérez
Lledó: “El Movimiento Critical Legal Studies”.
Madrid: Tecnos, 1997. Mark Kelman: “A Guide
to Critical Legal Studies”. Cambridge: Harvard
University Press. 1987. Sobre la coherencia y los
Estudios Críticos del Derecho, ver en especial: César
Rodríguez: “Una Crítica contra los Dogmas de la
Coherencia del Derecho y la Neutralidad de los
Jueces.” en Kennedy, Duncan: Libertad y Restricción
en la Decisión Judicial. Bogotá: Ediciones Uniandes.
1999. Para una visión crítica de la métafora de la
colcha de retazos, ver: Andrew Altman: “Legal Realism,
Critical Legal Studies, and Dworkin” en Philosophy
and Public Affairs. (1986) 15, no. 3.
46 Se utilizan los verbos alcanzar o respetar para
dar cuenta de las dos concepciones de principios
más influyentes en la teoría jurídica. La primera
concepción, desarrollada principalmente por
Robert Alexy, sostiene que los principios jurídicos
son “[…] normas que ordenan que algo sea
realizado en la mazor medida posible, dentro de
las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por
lo tanto, los principios son mandatos de optimización
[…]” Para la segunda tradición, cuyo representante
más importante es Ronald Dworkin, los argumentos
basados en principios se diferencian de aquellos
basados en directrices. Los primeros justifican una
decisión política resaltando el hecho de que ella
respete o asegure los derechos de una persona o
un grupo. Las directrices, en cambio, protegen un
bien colectivo de la comunidad. Para la tradición
de los principios como criterios de optimización
cipios, las decisiones judiciales y las normas
que crea no podrán vulnerarlos. Si un Estado
pretende respetar el derecho a la libertad de
expresión, no podrá crear leyes que censuren
la prensa. La coherencia, desde el punto de
vista instrumental, será tan importante o relevante
como sean los principios en los que se
basen las decisiones judiciales o las diferentes
normas jurídicas. En un sistema cuyo fin sea la
justicia, la coherencia contribuirá a la creación
de un ordenamiento moralmente correcto.
En cambio, en un sistema depredatorio, 47
la coherencia ayudará a la corrupción del
ordenamiento jurídico. Dada la múltiplicidad
de fines que puede tener un sistema legal, 48
la pregunta por la justificación instrumental
de la coherencia no podrá hacerse abstractamente,
deberá realizarse dependiendo del tipo
de sistema frente al cual nos encontremos.
La justificación por la que se indaga en este
artículo, por tanto, no es instrumental sino
sustantiva. Si la coherencia tiene algún valor,
ella debe justificarse no sólo en los casos en
los cuales contribuye a la realización de otros
principios jurídicos, sino en los que colisiona
con ellos. Esta precisión, sin embargo, puede
ver: Robert Alexy: “Teoría de los Derechos
Fundamentales” Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales. 1997. pp. 87 y ss. Para la segunda
tradición ver: Ronald Dworkin: “Hard Cases”
en .Taking Rights Seriously Cambridge: Harvard
University Press. 1977. pp. 81-130. “The Models of
Rules I” en Ibid p.p. 14-45. Para una introducción
general a la noción de principios ver: Juan Ruíz
Manero: “Principios Jurídicos” en Ernesto Garzón
Valdés y Francisco Laporta: El Derecho y la Justicia.
Madrid: Trotta. 1996. pp. 65-76. En el presente
artículo no se sigue ninguna concepción particular
sobre el concepto principio; en otras palabras, todo
lo dicho acá puede encuadrarse bien en la tradición
de Alexy o la de Dworkin.
47 Un sistema depredatorio, según Alexy, tiene
las siguientes características: (1) Existe cierta
organización interna; esto es, prohibición de
violencia y jerarquía de mandos. (2) Existe un
sistema normativo. (3) El sistema no presume su
moralidad; es decir, pretende no un fin legítimo sino
la explotación de sus víctimas. Ver: Robert Alexy,
El Concepto y la Validez.... p. 39
48 Algunos autores sostienen que todo sistema jurídico
presume ciertos fines morales. Si esta tesis es válida,
la coherencia instrumental nos garantizará, por lo
menos, la moralidad de todos los ordenamientos
jurídicos. Ver: Ibid p. 65 y ss.
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generar alguna duda. Podría pensarse que por
definición es imposible una contradicción
entre la coherencia y los valores que ella
pretende. En efecto, si por coherencia se hace
referencia a los principios que justifican las
reglas y las decisiones judiciales, ¿cómo puede
afirmarse que el test para juzgar este valor
se da precisamente cuando entra en contradicción
con los principios que lo justifican?
¿Si una decisión es coherente cuando está
justificada por un determinado principio,
cómo se puede analizar la validez de la coherencia
precisamente cuando la norma entra
en contradicción con él?
El ejemplo de MacCormick discutido con
anterioridad puede ayudar a ilustrar mejor la
justificación sustantiva de la coherencia que
se discute en este artículo. Supongamos que
un legislador tiene que escoger entre dos
diferentes leyes:
a. El límite de velocidad en la ciudad X será
de 35 kilómetros por hora.
b. El límite de velocidad en la ciudad X será
de 60 kilómetros por hora para los carros
que no sean azules o rojos. Los carros
azules tendrán un límite de 48 kilómetros
por hora y los rojos de 35.
En X, las condiciones de tránsito hacen que
el límite de velocidad justo sea el de 60 kilómetros
por hora. 49 Desde el punto de vista de
la justicia, el legislador debe elegir la ley (b),
porque en ella menos derechos serán vulnerados;
sin embargo, la coherencia nos exige
rechazar esta opción. 50 (a) puede justificarse
en la necesidad de controlar el tráfico en una
ciudad, pero la discriminación hecha por (b)
carece de alguna justificación racional. 51 (b)
49 Aunque es difícil entender en qué sentido una ley
de tránsito puede ser o no justa, puede pensarse que
en este caso la decisión más justa será la que respete
los derechos de circulación de los conductores.
50 Como se explicó con anterioridad, (b) sería
incoherente porque no existe un principio que
logre explicar la diferencia entre los carros rojos y
azules.
51 Es posible cuestionar aún más el ejemplo y sugerir
que aunque tanto (b) como (a) realizan el principio
de justicia en el tránsito, (b) lo hace más óptimamente
porque niega a un número menor de personas el
logra mejor los fines que se pretenden con
la norma —la regulación del tráfico— pero
aun así, se debe preferir (a) porque es más
coherente.
Ronald Dworkin sugiere un ejemplo similar
al de MacCormick para ilustrar el valor de
la integridad. Supongamos que un crítico
del aborto tiene que elegir entre una ley
que lo permite y otra que sólo lo prohibe
a las mujeres nacidas en días pares. Según
Dworkin, esta persona preferirá las leyes
permisivas porque las demás carecen de un
principio que justifique la diferenciación entre
mujeres por su fecha de nacimiento. Este tipo
de leyes, llamadas diversificadas, aparecerán
repulsivas al crítico del aborto por cuanto
derecho a manejar a determinada velocidad. Dicho
de otra forma, (a) sería más incoherente que (b)
por cuanto no existe ningun principio racional
que justifique un límite de velocidad tan bajo.
Ante esta posible objeción existen tres respuestas.
En primer lugar, el ejemplo de MacCormick es el
típico caso usado por los doctrinantes defensores
de la coherencia para ilustrar en qué consiste este
valor. Si los ejemplos de coherencia sugeridos
por los mismos doctrinantes no son instancias de
las definiciones que ellos mismos proponen, la
coherencia es entonces un extraño valor que puede
definirse, pero que no puede discutirse en ningún
caso real. En segundo lugar, en el mejor de los casos,
la objeción implicaría que se tendría que modificar
un poco la definición y añadir un nuevo elemento.
La coherencia sería aquel valor según el cual las
decisiones judiciales, las leyes y demás normas
jurídicas deben fundamentarse en valores, de forma
tal que no hagan ninguna discriminación que no
pueda ser justificada racionalmente. Quizás sea ésta
la mejor formulación del valor de la coherencia;
no obstante, no se incluye para no modificar la
definición usada por los principales doctrinantes
que se discuten en este artículo y porque dicha
modificación no añade ningún elemento esencial a
la discusión principal sobre el valor de la coherencia.
Finalmente, los problemas que existen en definir
el valor de la coherencia pesan en contra de quien
quiere justificar este valor y no en contra de quienes
lo cuestionan. Es difícil creer que una virtud que no
ha podido ser definida correctamente pueda estar
justificada. Hablando sobre la integridad, Dworkin
manifestó que ella se asemejaba a Neptuno, los
astrónomos podían predecir su existencia antes de
saber exactamente qué era. Quizás Dworkin debiera
comparar a la coherencia con Plutón y no con
Neptuno, los astrónomos creían que era un planeta,
pero luego de clarificar los términos descubrieron
que era sólo un objeto transneptuniano. Ver: Ronald
Dworkin, El Imperio de la Justicia pp. 165 y ss.

Un argumento
en contra de la
coherencia
violan el principio de integridad (en nuestra
terminología coherencia).
Para quien critica al aborto, la regla que lo
restringe es más justa que aquella que lo
permite sin ningún tipo de limitaciones. 52 Si
se aplicara la ley diversificada, se vulnerarían
menos derechos, puesto que abortarían
menos mujeres. Si la descripción hecha por
Dworkin es válida, entonces aquí habría una
justificación sustantiva de la coherencia. Se
podría afirmar que ella se justifica, independientemente
de los valores o principios que
pretende alcanzar. En el caso de MacCormick,
se tuvo que elegir una ley que regulara menos
eficientemente el tráfico; en el caso sugerido
por Dworkin, una que a los ojos del crítico
del aborto, vulneraba más derechos ¿Existe
alguna razón para preferir la coherencia en
estos casos? ¿Qué justificación existe para
rechazar las leyes diversificadas? Cuando se
formulan estas preguntas, se indaga por la
justificación sustantiva de la coherencia.
Muy posiblemente, varios de los lectores
rechacen la descripción del ejemplo de
Dworkin, muchos de ellos considerarán que
es preferible la ley diversificada sobre la ley
permisiva y encontrarán, en este sentido,
que el ejemplo no sirve para justificar la
coherencia. Esta objeción apunta a la segunda
aclaración necesaria antes de discutir el
problema de la justificación sustantiva de la
coherencia, la diferencia entre casos fáciles
y difíciles. Como explicaré a continuación,
la coherencia tendrá un papel diferente en
el sistema jurídico dependiendo del tipo de
decisión que se tome.
5. Casos Fáciles
Por casos fáciles se entiende en este artículo
aquellos en los cuales existe una respuesta
legal o moral correcta que podemos encontrar
en los límites temporales de un proceso judicial
o de los debates legislativos anteriores a la
creación de una norma. Los cásos difíciles, en
52 Por justicia aquí se entiende simplemente el valor
que consiste en el respeto de los derechos de las
personas. Aunque existen múltiples y complicadas
teorías sobre la justicia, se sigue esta noción por ser
la usada por Dworkin en El Imperio de la Justicia.
cambio, son aquellos en los cuales es imposible
hallar una respuesta correcta y, por tanto,
personas razonables pueden diferir sobre la
mejor solución al caso en disputa.
Por casos fáciles no sólo se entienden aquellos
que se pueden resolver sencillamente en un
sistema jurídico, sino aquellos que aunque
difíciles de resolver para el derecho no lo
son moralmente. 53 En este sentido, lo que se
entiende por casos fáciles es mucho menos
restringido a lo que ha sido tradicionalmente
comprendido bajo este término.
Supongamos, por ejemplo, que en un Estado
existe una norma que ordena enviar a los
hombres a las cárceles masculinas y a las
mujeres a las femeninas. Una jueza en este
Estado tiene que decidir a donde enviar a un
prisionero que es considerado hemafrodita.
Para solucionar el caso, la jueza acude donde
una médica que le indica que el paciente
es, desde el punto de vista biológico, mitad
hombre y mitad mujer ¿A qué prisión debe
enviar la jueza al prisionero?
Es posible entender este ejemplo como un
típico caso difícil. La fuente del problema
jurídico estaría en la textura abierta de la
norma, 54 en el hecho de que el lenguaje no
expresa cuál es la voluntad del legislador para
decidir el caso. En la nomenclatura usada en
este ensayo, sin embargo, éste no es un caso
difícil. Si bien la regla no resuelve el problema,
53 En este sentido, este artículo debe entenderse
circunscrito a aquella tradición filosófica que acepta
la existencia de respuestas morales correctas. Este es
un tema polémico que aquí no se pretende aclarar.
Los argumentos en favor de una respuesta moral
correcta, sin embargo, parecen más plausibles
dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos
que han hecho parte esencial del derecho al discurso
de los derechos humanos. Dentro de la innumerable
bibliografía sobre la relatividad de la moral, ver en
especial: Mary Midgley: “Trying Out One’s One
Sword” en . Heart and Mind : The Varieties of Moral
Experience. London: Routledge. 1983 pp. 80-88.
Thomas Nagel: “Ethics” en The Last Word Oxford:
Oxford University Press. 1997. pp. 101-126
54 H. L. A. Hart: “El Concepto de Derecho” Buenos
Aires: Abeledo-Perrot. 1963. Capítulo. VII. Ver
también: Frederick Shauer: “Playing by the rules”
Oxford: Clarendon Press. 1991. Capítulo 2.
David Lyons: “Moral Aspects of Legal Theory”
Cambridge University Press. pp. 150 y ss.
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existe una respuesta moral correcta. La mejor
decisión quizás esté dada por el principio del
in dubio pro reo —incluso si éste no ha sido
reconocido en el ordenamiento jurídico— y
deba enviarse al prisionero a la cárcel que más
garantías le ofrezca. 55 La clasificación usada,
en este sentido, es diferente a otras porque
no se basa en la dificultad que pueda tener el
legislador o el intérprete en hallar la respuesta
correcta desde el punto de vista del derecho,
sino que comprende además la posible ayuda
que la moral pueda dar para subsanar las diferentes
lagunas o contradicciones que existen
en los ordenamientos jurídicos.
Una vez esté claro lo que se entiende por
casos fáciles, aparecerá obvio que en ellos la
coherencia es irrelevante o inoperante. Para
ilustrar esta tesis, pensemos en un caso similar
al propuesto por Dworkin. Supongamos que
tenemos que elegir entre una ley aberrante y
diversificada, y otra moralmente correcta:
1. La tortura está prohibida.
2. Únicamente las personas nacidas entre
enero y junio podrán ser torturadas.
Entre estas dos opciones, (1) es la correcta,
mas no por su coherencia sino porque es la
55 Afirmar que pueden existir casos jurídicos cuya
decisión depende de principios morales no
significa necesariamente tomar posición respecto
a la discusión entre positivistas y defensores del
derecho natural. Incluso la versión más radical del
positivismo -aquella que sostiene que las normas
sólo hacen parte de un ordenamiento jurídico
en virtud de su origen o su pedigree- admite la
posibildad de utilizar principios morales para decidir
casos difíciles. La diferencia no estaría en el uso que
los jueces puedan o deban hacer de los principios
jurídicos, sino en la tesis, adoptada por el positivismo
excluyente, según la cual los principios morales que
utilizan los jueces para resolver los casos son extra
jurídicos. Ver especialmente: Joseph Raz: “Authority,
Law, and Morality” en Ethics in the Public Domain.
Oxford: University Press. 1994. pp. 210-237.
Andrei Marmor: “Exclusive Positivism” en Jules
Coleman y Scott Shapiro ed. Oxford Handbook of
Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford University
Press. 2003. pp. 104-123. Una descripción sobre la
forma como el positivismo excluyente explica el
uso de principios jurídicos en la justificación de sus
sentencias puede verse en: Andrés Molina Ochoa:
“La Intrascendencia del debate entre positivismo y
iusnaturalismo: las normas de ius cogens” en Revista de
Estudios Sociojurídicos. 2009. Vol 1 (12) pp. 239-250.
única que respeta el derecho a la integridad
física. Si se describiera el problema jurídico
en el caso en cuestión, se haría mal en afirmar
que hay un debate entre el derecho a la integridad
física y la coherencia. Dada la importancia
del derecho vulnerado por la ley (2), la coherencia
o no de esta norma es prácticamente
irrelevante para el caso en estudio.
Es posible afirmar que la opción (1) es la
más correcta por ser la más coherente con
los principios morales. Esta parece ser la
posición de Atienza, 56 al menos en lo relativo
a la coherencia normativa. Si esto es lo que se
entiende por coherencia, entonces Atienza
simplemente está afirmando que lo coherente
es lo moralmente correcto; es decir, que la
coherencia es precisamente lo que permite
reconocer el valor ético de una determinada
acción de modo que no seríamos capaces de
hallar la inmoralidad de (1) o (2) sin apelar a
la coherencia.
Aunque muchos autores que defienden la
coherencia en el marco jurídico afirman que
esta no es suficiente en el plano ético, 57 se
podría aceptar en virtud del argumento que
ésta, y no las otras teorías que compiten en la
ética normativa sobre el factor que determina
a una acción como correcta, es la virtud necesaria
para hallar la respuesta a los diferentes
problemas morales. No obstante, esto no
significa que sea relevante o importante en
el mundo jurídico ¿No basta simplemente
comparar el artículo 12 de la Constitución
Política 58 para señalar que la opción (1) y (2)
es inconstitucional?
Sustituyamos el ejemplo de la tortura por otro
sugerido también por Dworkin. En El Imperio
de la Justicia, Dworkin afirma que la historia
56 Ver Manuel Atienza, ob cit. p. 173
57 Dworkin por ejemplo afirma que: “Elegante y
exquisitas teorías coherentes de moralidad política
pueden ser falsas, incluso repulsivas. No buscamos
la coherencia por sí misma, sino tanta coherencia
y convicción como podamos alcanzar.” Ronald
Dworkin: “Hart’s Postscript and the Character of
Political Philosophy” p. 10.
58 Colombia. Constitución Política. Artículo 12:
“Nadie será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.”

Un argumento
en contra de la
coherencia
de las leyes diversificadas en Estados Unidos
ha sido la de componendas famosas por su
carácter inmoral:
“Los estatutos diversificados son las violaciones
más dramáticas del ideal de integridad,
y no son desconocidos en nuestra
historia política. La Constitución de los
Estados Unidos contenía en su nacimiento
ejemplos particularmente repugnantes;
el problema de la esclavitud se vio comprometido
al contar con tres quintos de
los esclavos del Estado al determinar la
representación estatal en el Congreso y al
prohibir al Congreso que limite el poder
original del Estado para importar esclavos,
pero sólo antes de 1808.” 59
Ahora bien, ¿qué quiere decir Dworkin con
el anterior ejemplo? ¿quiere decir, acaso,
que la infame sección 9 del artículo 1 de
la Constitución de Estados Unidos 60 es repugnante
moralmente por ir en contra de la
integridad y no por ser una clara violación a
la dignidad humana? ¿Acaso afirma Dworkin
que si fuera verdad la tesis según la cual,
la única opción del norte era aceptar esta
componenda —porque de lo contrario el
Estado se habría acabado en una guerra civil
similar a la que tendría en 1861 61 —, las partes
debieran rechazar este compromiso y aceptar
la esclavitud sin ningún tipo de restricción,
por ser esta la opción más íntegra? ¿No es el
sufrimiento humano, la conculcación extrema
de los derechos de las y los esclavos, razón
suficiente para condenar este estatuto sin
necesidad de apelar a la coherencia?
Es posible que Dworkin sólo haya querido
afirmar que los estatutos diversificados son el
producto de caracteres inmorales, o al menos
sugieren un carácter moral deficiente. Sin
59 Ronald Dworkin, El Imperio.... p. 137
60 Constitución de Estados Unidos, Artículo 1,
sección 9, cláusula 1: “El Congreso no podrá
antes del año 1808 prohibir la inmigración o
importación de aquellas personas cuya admisión
considere conveniente cualquiera de los estados
ahora existentes; pero se podrá imponer un tributo
o impuesto a tal importación que no excederá de
diez dólares por persona.”
61 Esta tesis es defendida, por ejemplo, por Joseph
Ellis. Ver: “The Founding Fathers”. New York:
First Vintage Books Edition. 2002.
embargo, si esto es cierto, ¿por qué Dworkin
ofrece sólo un ejemplo histórico? ¿No es más
prueba del carácter inmoral de una persona
el que esté dispuesta a aceptar o tolerar la
esclavitud? 62
En los dos casos estudiados, la coherencia
parece ser un valor irrelevante; en ninguno de
ellos produce alguna diferencia notable en la
decisión que debe tomarse. Si ya se considera
una acción como extremadamente inmoral,
no se entiende en qué pueda añadir algo que
una norma sea considerada, además, incoherente.
Ahora bien, así como la coherencia
es irrelevante en aquellos casos fáciles en los
cuales tenemos que escoger entre una norma
incoherente y la decisión que favorece la
moral, la coherencia es inoperante en aquellos
casos en que debemos elegir entre una acción
inmoral y un estatuto incoherente.
Siguiendo con el ejemplo sugerido por
Dworkin sobre la esclavitud, imaginemos
que tenemos que elegir entre las siguientes
normas:
3. Todas las personas no blancas pueden
ser esclavizadas.
4. Únicamente podrán ser esclavizadas,
aquellas personas nacidas con anterioridad
a los 20 años de entrada en vigencia
de la presente norma. Después de 30
años de vigencia de esta Constitución, la
esclavitud quedará abolida.
Muy probablemente, la reacción frente a
estas normas será rechazar ambos estatutos y
sugerir otra ley que proscriba definitivamente
la esclavitud. Sin embargo, si se tuviera que
elegir entre ambas leyes, la decisión correcta,
o la menos inmoral, 63 será la del estatuto
62 De hecho, como se explicará posteriormente,
aceptar un estatuto diversificado puede indicar
no una falla moral, sino una virtud. Quien acepta
un estatuto diversificado puede hacerlo porque
reconoce la incapacidad de encontrar una respuesta
correcta en un caso específico y porque tolera otras
visiones morales.
63 Quizás, la forma más adecuada para describir este
caso sería a través del concepto de dilema moral,
en el sentido en que ninguna de las alternativas
es correcta. La mejor opción es la (4), porque
muestra menor irrespeto por la dignidad de los
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diversificado, la de aquella norma que vulnera
la integridad. Incluso, si se rechazan las dos
opciones, 64 aún la coherencia sigue siendo
inoperante. Si se rechaza tanto a (3) como a
(4) la coherencia no pesa lo suficiente para
inclinar nuestra decisión hacía una u otra
alternativa. Aun si se admite que la coherencia
pudiera hacer más tolerable a la opción (3),
aún así, el peso no sería lo suficiente como
para preferirla sobre la opción (4).
Si se ha descrito correctamente los ejemplos
dados por Dworkin para ilustrar en qué casos
opera la coherencia, parece necesario afirmar
que ésta no es un valor determinante en lo
que he denominado casos fáciles. Quizás la
respuesta a la pregunta sobre la coherencia
pueda hallarse en los casos difíciles. De hecho,
a primera vista, parece que la coherencia
tiene más sentido en aquellas decisiones cuya
respuesta se ignora; si no se sabe qué hacer al
menos se puede ser coherente con los valores
que se defienden.
6. Casos Difíciles
¿En qué casos puede afirmarse que existen casos
difíciles? Recuérdese que no sólo estamos
afirmando que el caso no tiene una solución
correcta en el derecho, sino que no es posible
una respuesta correcta según la moral. En
otras palabras, el problema no es únicamente
encontrar aquellos casos en que los sistemas
jurídicos no ofrecen una respuesta adecuada,
sino aquellos en los que la moral no puede
seres humanos; sin embargo, ello no significa,
necesariamente, que sea una decisión correcta. Es
inmoral aceptar una ley que permite que otros seres
humanos sean tratados como objetos. La existencia
o no de dilemas morales es un tema discutido
ampliamente en la filosofía moral contemporánea,
por ello una defensa o crítica de esta tesis sobrepasan
el tema de este artículo. En todo caso, difícilmente
podría admitirse que (3) es una mejor opción porque
es una ley más coherente. Para una defensa general
de la existencia de dilemas morales ver: Bernard
Williams: “Ethical Consistency,” en Proceedings of
the Aristotelian Society, 1965, supp, vol. 39 : 103-124
64 Ésta sería la opción, por ejemplo, para Finnis,
para quien en ninguna circunstancia se justifica
moralmente un acto que atente contra los fines
esenciales del hombre. Ver: John Finnis: “Natural
Law and Natural Rights” Oxford: Clarendon Press.
1980. 442 pp.
subsanar las fallas, las contradicciones y las
lagunas que existen en todo ordenamiento
jurídico. 65
Dado que es imposible una enumeración
taxativa de todas las instancias en las que
pueda darse un caso difícil, en este artículo
se analizarán sólo algunas de ellas y se intentará
discutir si en estos casos tiene alguna
relevancia la coherencia como valor jurídico.
Para ello, se usará la descripción que John
Rawls en su libro Liberalismo Político ofrece
de las cargas del juicio; es decir, de las causas
que explican las razones de disputas entre
personas razonables. 66 Aunque Rawls describe
seis diferentes cargas del juicio, por razones de
espacio solo se describirán dos.
Según Rawls, la primera carga del juicio surge
cuando “[l]a evidencia -empírica y científica-
que se presenta en el caso es conflictiva
y compleja, y por tanto difícil de establecer
y valorar.” 67 Supongamos que Pablo posee
una fábrica que arroja desechos químicos a
un río que pasa cerca 68 de la finca de Paula.
En la comunidad donde viven ellos existe una
norma que indica que es prohibido arrojar
desechos químicos peligrosos para la salud de
las personas o del medio ambiente. La jueza
encargada del caso solicita un concepto sobre
la toxicidad de los desechos a un laboratorio
experto en estos temas. El dictamen de los
peritos es que existen grandes posibilidades
de que los desechos sean tóxicos, sin embargo
hay estudios muy serios que indican que
dichas substancias no sólo no son tóxicas,
sino que son benéficas para la salud humana y
65 Otra forma de entender esta afirmación es a
partir de la tesis de Alexy según la cual: “[…] el
decisor se debe orientar en un sentido jurídicamente
relevante de acuerdo con valoraciones moralmente
correctas.” La pregunta es entonces, ¿en qué casos
podemos afirmar que la moral no puede ofrecer
valoraciones que indiquen la decisión correcta al
legislador o al juez? Ver: Robert Alexy: “Teoría
de la Argumentación Jurídica” Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales. 1997. p. 30
66 Ver: John Rawls. Liberalismo Político. p. 73
67 Ibíd, p. 73
68 El ejemplo es tomado de Larry Alexander y Emily
Sherwin: “The Rule of Rules”. Durkham: Duke
University Press. 2002. p. 20 ss.

Un argumento
en contra de la
coherencia
para el ecosistema del río. 69 ¿Qué debe hacer la
jueza? En este caso, la limitaciones científicas
impiden encontrar la solución correcta.
Otra carga del juicio que puede generar casos
difíciles se presenta cuando existen: “[…]
diferentes clases de consideraciones normativas
y de diferente fuerza en ambos bandos
de una disputa, y se dificulta hacer una valoración
de conjunto.” 70 Supongamos que en
el caso pasado las dudas empíricas han sido
solucionadas. La ciencia ha demostrado que
los desechos químicos son propicios para
69 Casos en los cuales desconocemos la información
empírica o científica relevante para encontrar una
decisión correcta son innumerables. Por ejemplo,
cuál es la mejor solución para la actual crisis
económica o qué acción debe tomarse frente al
calentamiento global. Científicos de la talla de
Freeman Dyson han sostenido, verbi gratia, que
el planeta le debería dar prioridad al desarrollo
de países con graves problemas económicos
antes que a la disminución del CO . El dióxido
2
de Carbono, en últimas, podrá ser absorbido por
árboles modificados genéticamente. Supongamos
que un cuerpo legislativo tuviera que decidir con
base en los conceptos dados por Dyson, y visiones
opuestas como la de David Goodstein ¿Cuál sería la
solución correcta en este caso? ¿Se debe privelegiar
el desarrollo económico de los países a costas de un
cataclismo universal, o se debe condenar a millones
de personas a la miseria por una catástrofe que
jamás ocurrirá? Para una descripción general de las
dos posiciones ver: Nicholas Dawidoff: “The Civil
Heretic” en The New York Times. Marzo 29, 2009.
Magazine. David Goodstein: “Out of Gas” New
York: W.W. Norton & Co.
70 John Rawls, Ob cit. p. 74. Rawls se refiere aquí
expresamente a lo que ha sido denominado
pluralismo fundacional; esto es, la teoría ética liderada
recientemente por Thomas Nagel según la cual
no existe una única aproximación que explica los
fundamentos de la ética. Rawls, sin embargo, rechaza
la descripción hecha por Nagel por considerarla
una “posición filosófica controvertible.” Al
igual que Rawls, en este articulo no se defienden
necesariamente las tesis de Nagel. Es plausible
afirmar que las diferentes valoraciones normativas
pueden, en algún momento dado, subsumirse en
un último factor fundacional. Para una defensa
del pluralismo fundacional, ver, Thomas Nagel: “The
Fragmentation of Value” en Mortal Questions.
Cambridge University Press. 1991. pp. 106-127.
“Value” en The View From Nowhere.. Oxford:
Oxford University Press. 1986 pp. 164-188. Para
una descripción general del pluralismo fundacional
ver: Shelly Kagan: “Normative Ethics” Boulder:
Westview Press. 1998. pp. 294-299.
el ecosistema del río, pero pueden generar
algunas alergias menores y esporádicas en la
familia de Paula. Para que la fábrica suspenda
la emisión de desechos químicos, tendrá que
endeudarse de forma tal que dejará de ser
competitiva frente a otra que se encuentra
unas cuantas millas más al norte. La jueza
encargada de definir el caso se ve ante dos
tipos de aproximaciones normativas aparentemente
irreconciliables; por un lado, existen
valoraciones consecuencialistas —mejorará el
empleo, el ecosistema del río, la economía del
sector...— que privilegian la acción de la empresa.
Por otro lado, existen constreñimientos
morales que impiden realizar acciones que
vulneren directamente los derechos de Paula.
Incluso, la jueza puede encontrar consagraciones
y desarrollos normativos de cada una
de estas valoraciones. Es posible imaginar
que, por ejemplo, las consideraciones consecuencialistas
se hallan consagradas en
mandatos dados al ejecutivo para desarrollar
la economía, en tanto que las valoraciones
deontológicas pueden hallarse consagradas
como derechos o como restricciones a la
actuación del Estado.
Un defensor de la coherencia monista podría
pensar que este tipo de casos difíciles no existe
en el sistema jurídico defendido por él. En
efecto, si todo el derecho puede ser derivado
de un solo principio y si las diferentes normas
puden ser organizadas jerárquicamente,
difícilmente puede pensarse en un conflicto
de valoraciones normativas. No obstante, aun
en un sistema con coherencia monista, existen
casos difíciles. Piénsese en un ordenamiento
jurídico que hace suyo el principio de utilidad,
según el cual una acción será correcta si maximiza
la mayor felicidad para el mayor número
de personas. En este ordenamiento, todas las
instituciones se fundamentan y se justifican
según el principio de utilidad; los derechos
humanos son protegidos en tanto y cuanto
protegen la mayor felicidad para el mayor
número de personas, 71 y las principales institu-
71 Varios autores han defendido versiones utilitaristas
de los derechos. Así, por ejemplo, Mill sostenía que:
“Tal como yo lo entiendo, pues, tener derecho es
tener algo cuya posesión ha de serme defendida
por la sociedad. Si quien presenta objeciones
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Ochoa
ciones políticas se definen según las máximas
utilitaristas. Ahora bien, aun en este ordenamiento
jurídico pueden originarse casos difíciles
por diferentes valoraciones normativas;
no ya porque existan diferentes fundaciones
éticas, sino porque la valoración del bien que
se quiere maximizar, en este caso la felicidad,
puede ser objeto de diferentes concepciones
éticas. Por ejemplo, la famosa discusión entre
Bentham y Mill sobre la naturaleza de los
placeres puede entenderse como un debate
sobre la valoración normativa del bienestar. 72
La famosa sentencia de Mill, según la cual,
continúa preguntando por qué debe ser así, no
puedo ofrecerle otra razón que la utilidad general.”
John Stuart Mill: “Utilitarismo” Barcelona: Altaya.
1994. p 118. Para una defensa contemporánea de
una interpretación utilitarista del derecho ver: L.
W. Sumner: “The Moral Foundation of Rights”
Oxford University Press. 1987. 240 pp.
72 Rodrigo Uprimny sugiere otro caso difícil que
bien podría darse en sistemas normativos que se
caracterizan por ser coherentes monistas: “[…]
supongan ustedes que un periodista publica un libro
en donde revela detalles sobre la vida de una persona
llamada Juan que vive en un pueblo. Supongan
entonces que Juan interpone acción de tutela o
amparo porque considera violado su derecho a
la intimidad. Por su parte el escritor alega que la
publicación es legítima, pues es expresión de la
libertad de expresión. No parece posible solucionar
la tensión entre estas normas constitucionales con las
reglas clásicas para la eliminación de las antinomias.
[…]” Es posible que el sistema jurídico considere
como principal valor el de la dignidad humana,
entendida como el respeto a los derechos básicos
del ser humano ¿Cuál es el límite de la intimidad
o el de la libertad de expresión? Aun cuando el
ordenamiento prefiera a un derecho sobre el otro, la
respuesta al problema depende de diferentes teorías
sobre el valor que debe dársele a cada derecho. Es
posible imaginar, por ejemplo, un sistema jurídico en
que el derecho a la intimidad prime jerárquicamente
sobre el de la libertad de expresión; sin embargo, de
éste solo hecho no puede deducirse que en todos
los casos la libertad de expresión deba ceder ante el
principio superior. Si este fuera el caso, la expresión
quedaría tan restringida que difícilmente pudiera
considerarse como un derecho. La respuesta sobre
las instancias en que deberá primar la intimidad o
la libertad de expresión depende de las diferentes
valoraciones normativas que puedan darse sobre el
caso en estudio. Ver: Rodrigo Uprimny: “Estado
Social de Derecho y Decisión Judicial Correcta: Un
intento de Recapitulación de los Grandes Modelos
de Intepretación Jurídica” en AAVV. Hermenéutica
jurídica. Bogotá. Universidad del Rosario. 1997, p.
128-129.
“[…] mejor ser un Sócrates insatisfecho que
un cerdo satisfecho;” 73 es una fuerte crítica a
la noción cuantitativa del placer de Bentham.
Iguales discusiones podrían presentarse al
tratar de solucionar un caso como el arriba
planteado. Frente a una respuesta jurídica que
defienda permitir a Pablo arrojar desechos
químicos con base en la mayor felicidad que
obtendrían los habitantes, podría objetarse
una noción diferente de bienestar que proteja
los derechos de Paula. El caso no sería díficil
por no saber cuáles serán las consecuencias
de las acciones, o por estar en desacuerdo en
el principio que debe juzgar cuál es la acción
correcta. El caso se torna difícil porque ambas
partes tienen concepciones diferentes del
valor de bienestar que debe maximizarse en
el caso en estudio.
La existencia de diferentes valoraciones normativas
es, quizás, lo que esté en el fondo de
la necesidad de complementar los principios
constitucionales mediante subreglas. En este
sentido, Mauricio García Villegas manifesta
que: “[u]na Constitución compuesta no
sólo por reglas sino también por principios
normativos necesita ser complementada y
recreada con una jurisprudencia que defina,
en cada caso, las órdenes de prevalencia de
principios.” 74 Cuando la Corte se halla frente
a un caso como el de Pablo y Paula, la decisión
que toma se convierte en una subregla
constitucional que define cuál valoración
prima para casos similares. Si vía tutela, el caso
llega a la Corte Constitucional y ésta afirma
que en eventos similares deben prevalecer
los constreñimientos morales y, por tanto,
a Paula se le está vulnerando su derecho, la
Corte habrá creado una regla que ordena que
las consideraciones deontológicas primen
sobre las consecuencialistas, al menos en
casos parecidos al de Paula y Pablo.
Ahora bien, teniendo claro al menos algunas
instancias de lo que hemos llamado casos
difíciles, se puede volver a la justificación de
la coherencia ¿Tiene algún sentido aplicar la
integridad para la solución de este tipo de
73 John Stuart Mill, ob. cit. p. 51
74 Mauricio García Villegas: “Las Fronteras del
Derecho” en Pensamiento Jurídico. 1997. No. 8. pp.
35 y ss.

Un argumento
en contra de la
coherencia
conflictos? ¿Para los casos difíciles, es mejor
una solución coherente que una que no lo
es? Como se afirmó al inicio de este artículo,
no se pretende dar una respuesta definitiva
a estas preguntas. Existen diferentes tipos
de valores que han servido para justificar la
coherencia y cuya importancia no se discuten
aquí por problemas de espacio y tiempo.
Hay, sin embargo, razones para dudar de la
importancia de este valor en casos difíciles.
Los argumentos en contra de la coherencia
serán analizados en el siguente acápite.
7. La Justificación de la
Coherencia en Casos Difíciles
¿Qué hacer cuando nos encontramos frente
a un caso difícil? ¿Es correcta la aplicación
de un estatuto diversificado? ¿En qué sentido
puede afirmarse que estas soluciones
son mejores a aquellas justificadas por la
coherencias? Existen, al menos, dos tipos de
consideraciones que pueden ayudar a justificar
una decisión incoherente. La primera
es política y se basa en la necesidad de una
mejor distribución ética en las diferentes instituciones
jurídicas, la segunda es epistémica
y se fundamenta en la capacidad del derecho
de generar discusiones argumentativas que
contribuyan a encontar soluciones éticas
correctas.
8. Las Facciones y la Coherencia
El argumento fundamental aquí es que la
coherencia puede contribuir a la creación de
facciones y a la desestablización de la democracia
en casos difíciles. Quizás pueda pensarse
que esta afirmación es exagerada, pero no
lo es para aquellos casos que suscitan grandes
pasiones y gran reacción en el público.
James Madison definió las facciones como
“[…] un número de ciudadanos, bien sean
mayoría o minoría, que están unidos por
algún impulso, pasión o interés adverso a
los derechos de otros ciudadanos, o a los
permanentes y agregados intereses de la
comunidad.” 75 Aunque las causas de las fac-
75 James Madison: “Federalist Paper No. 10. The Same
Subject Continued.” et al: “The Federalist Papers”
London: Penguin. 1987. 122-128
ciones son múltiples, muchas de ellas nacen
por controversias generalizadas sobre casos
difíciles.
Supongamos que en el caso de Pablo y Paula,
la Corte decide en favor de Pablo. La sentencia
se convierte en un precedente judicial seguido
siempre en la comunidad. Ahora bien, Paula
decide trasladarse a otro lugar para poder vivir
sin el problema de las alergias, sin embargo,
donde quiera que vaya encuentra fábricas
que producen alguno de los elementos que
la fábrica de Pablo arrojaba al río.
Es posible que Paula entienda que las decisiones
judiciales están justificadas. Muy probablemente
medite sobre la crisis económica
de la región donde habita, sobre los empleos
que perderán amigas y amigos si mayores
restricciones son impuestas a las fábricas de
la región. No obstante, Paula también sentirá
que el sistema siempre la convierte en perdedora.
Si Paula encuentra otras familias que
sufren del mismo tipo de problema, creará
grupos de presión que se manifiesten por un
cambio del precedente judicial.
Una jueza en este caso en estudio, si sigue
el principio de la coherencia, deberá fallar
siempre en contra de Paula. Desde el punto
de vista de la justicia -recuérdese que es un
caso difícil-, la jueza no sabe cuál posición es
la correcta; es decir, no hay ninguna razón que
la lleve a preferir la posición de Paula sobre
la de los dueños de fábricas similares a la de
Pablo. Desde la perspectiva de la coherencia,
la jueza deberá continuar dándole la razón a
los propietarios de las empresas que arrojen
desechos químicos en una forma similar a
la de Pablo ¿Qué razón tendría la jueza para
apartarse del precedente judicial? ¿Qué principio
podría justiciar la discriminación entre
el caso de Pablo y sus sucesores?
Una forma de evitar que el grupo de Paula
se sienta perdedora en todos los casos, es
permitirle que gane de vez en cuando. En
otras palabras, si la jueza rompe con la coherencia,
el grupo de Paula sentirá que sus
intereses también son tomados en cuenta y
que no siempre está excluído de las decisiones
tomadas por los poderosos.
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Es posible pensar que el ejemplo propuesto
es demasiado abstracto e irreal como para
sugerir algún argumento sólido en contra
de la coherencia; sin embargo, la historia y
la ciencia política proveen ejemplos que lo
respaldan. Entre las muchas razones que
generaron la guerra de los mil días está el
hecho de que “[e]ra difícil, sin embargo, para
los pacifistas liberales defender su línea de
pensamiento cuando el gobierno les negaba
toda concesión.” 76 Un sistema político que
autoriza los compromisos entre los diferentes
grupos de opinión permite que las líneas más
pacifistas de cada partido tomen las riendas
y eviten de este modo confrontaciones
innecesarias. 77
Robert Dahl llegó a una conclusión similar
luego de estudiar los 22 Estados democráticos
más estables desde 1950 ¿Cómo es posible
para países tan diversos como Holanda o
Suiza lograr cierta estabilidad entre grupos
tan antagónicos? Dahl sugiere varias razones
por las cuales estos países han logrado
cierta estabilidad; una de ellas, es el hecho
de que tienen democracias proporcionales
y no mayoritarias. 78 Este tipo de sistemas,
según Dahl, permite llegar a compromisos 79
aceptables y facilita la creación de gobiernos
76 Malcolm Deas: “Colombia, c. 1880-1930” en Bethel,
Leslie: Historia de América Latina. Barcelona: Crítica.
1992. p. 287
77 Para un estudio empírico sobre las razones que
llevan a las facciones a nacer y a polarizarse ver: Cass
Sunstein: “Going to Extremes: How Like Minds
Unite and Divide” Oxford: Oxford University Press.
2009
78 Esto es, democracias en las cuales el senado es
repartido proporcionalmente y no exclusivamente
al partido que obtiene la mayoría.
79 La palabra compromise en inglés tiene dos acepciones.
En un sentido, compromise puede traducirse como
compromiso; es decir, como una obligación
contraída. En otro sentido, compromise puede
entenderse como componenda, esto es, como un
acuerdo inmoral. Cuando Dworkin habla de los
estatutos diversificados productos de compromisos,
parece referirse a la segunda acepción de la palabra.
En cambio, Dahl parece referirse a la primera
acepción. Ver. Ronal Dworkin, El Imperio de la
Justicia, pp. 134 y ss. Robert Dahl: “How Democratic
is the American Constitution?” New Haven: Yale
University Press. 2002. pp. 104 y ss.
consensuales. 80 Lo que Dahl sugiere, es que un
sistema participativo, en el que ningún grupo
domina y en el que cada partido tiene, al menos,
alguna representación en la distribución
del poder, tendrá más posibilidades de éxito
que uno en el cual sólo un grupo gobierna.
Según Dahl:
La razón parece ser que la proporcionalidad
resulta en menos perdedores […] En un
sistema mayoritario, los únicos ganadores
en las elecciones son los ciudadanos que
logran la mayoría; todos los demás, al ser
una derrotada minoría, son perdedores. Por
el contrario, en un sistema proporcional con
gobiernos consensuales, cada uno —bueno,
al menos casi todos— pueden ganar, si
bien no todo lo que quisieran, al menos lo
suficiente para quedar satisfechos con su
gobierno.” 81
El argumento de Dahl es a favor de los sistemas
proporcionales y no de los estatutos
diversificados, sin embargo, los argumentos
usados también son aplicables para el caso
de la coherencia. Un ordenamiento jurídico
que siempre favorezca a un grupo o facción
en todas las decisiones judiciales terminará
haciendo que los demás sean consistentemente
perdedores en aras de la coherencia.
Una Corte Constitucional, un congreso que
decida todos sus casos difíciles según los
principios de la moral dominante creará un
sistema jurídico perfectamente coherente.
Todas las decisiones se encuadrarán en los
principios básicos de la moralidad elegida y
no existirá ninguna discriminación irracional
o injustificada. Incluso, es posible pensar que
este sistema es tolerante y respetuoso de los
derechos básicos de las minorías; las y los
ciudadanos pueden expresarse libremente y
nadie es perseguido por sus opiniones. No
obstante, los grupos perderores -usando la
expresión de Dahl-, es decir, aquellos que
siempre ven que las normas reflejan una
posición contraria en todos los casos difíciles,
se sentirán alienados del sistema. Pensarán,
con razón, que el ordenamiento jurídico no
expresa su conmovisión del mundo, que la
única moral relevante es la de una élite que
80 Ver. Robert Dahl. ob. cit. p. 105
81 Ibid p. 107-108.

Un argumento
en contra de la
coherencia
tiene el poder de decidir cuál es la solución
correcta a todos los casos difíciles. Un sistema
incoherente, en cambio, los hará sentir ganadores
en algunas circumstancias; al menos
las suficientes para que, como advierte Dahl,
“queden satisfechos con su gobierno.”
Una dificultad que hace difícil comprender
la importancia de los estatutos diversificados
está en los ejemplos hasta ahora ofrecidos. Por
un lado, es difícil imaginarse una facción de
defensores de los carros azules, en el ejemplo
sugerido por MacCormick. Por otro lado, una
facción que defienda la esclavitud, en el caso
propuesto por Dworkin, será tan condenable
moralmente que difícilmente encontraremos
razones para crear una ley que proteja sus
intereses. No obstante, existe un famoso
ejemplo de un compromiso que generó una
ley diversificada que fue indispensable para la
supervivencia de un ordenamiento jurídico.
En la elaboración de la Constitución de los
Estados Unidos, los Estados grandes, liderados
por Virginia, querían un parlamento
integrado por dos cámaras con representación
proporcional según la población de cada
Estado. El plan de los Estados pequeños, liderados
por Nueva Jersey, proponía la creación
de una Cámara, en la que cada Estado tuviera
un solo voto. El resultado final fue una mezcla
entre los dos tipos de planes, una Cámara con
representación proporcional y otra en la cual
cada Estado tuviera derecho a un voto.
El compromiso entre estados grandes y
pequeños es un estatuto diversificado en
cuanto discrimina los derechos electorales
de las personas sin justificación alguna. En
las elecciones para escoger senadores, el voto
de quien vive en California valdrá menos que
el de quien vive en Oregón, así sean estados
límitrofes. Esta discriminación, sin embargo,
no es negativa. La justificación de este
estatuto diversificado está en su capacidad
de evitar que una de las facciones se sienta
siempre perdedora. Sin esta salvaguardia, 82 es
muy probable que los Estados pequeños hu-
82 Las circunscripciones especiales contenidas en la
Constitución Nacional se justifican en la misma
necesidad, en el deseo de proteger a los grupos
minoritarios a través de la participación política.
biesen desaparecido, incluso si sus derechos
hubieran sido respetados. 83
Ahora bien, es posible que un defensor de la
coherencia sugiera que los ejemplos mencionados
no ofrecen una verdadera crítica dado
que las reglas electorales no son estatutos
diversificados, sino normas que discriminan
según una virtud política, la equidad. Si por
equidad se entiende, con Dworkin, “[…]
hallar los procedimientos políticos (métodos
para elegir funcionarios y hacer que sus
decisiones sean responsables para el electorado)
que distribuyen el poder político de la
forma adecuada.”, 84 los supuestos estatutos
diversificados no lo son propiamente. En
materia electoral, al menos, existe un principio
que explica las diferentes discriminaciones
entre los ciudadanos; ellas no son producto
del capricho de los legisladores, sino de su
intento por hacer que la ley concuerde con
las opiniones de los ciudadanos.
Esta descripción de la coherencia puede
ser correcta; sin embargo, si se admite
que la equidad —al menos como la define
Dworkin— es un principio que puede explicar
racionalmente la discriminación de los
estatutos diversificados, entonces se debe
aceptar que la coherencia es un principio
irrelevante. Por cada situación contenida en
un posible estatuto diversificado, es posible
hallar una norma que la contenga. 85 En este
sentido, por cada norma que pudiera considerarse
como una ley diversificada, bastaría
83 Aunque es cierto que la Constitución de los
Estados Unidos puede describirse como un pacto
entre blancos terratenientes para conservar el
poder, también lo es que el compromiso entre los
Estados pequeños y grandes tuvo consecuencias
revolucionarias para la época. Gracias a este
compromiso, por ejemplo, los nuevos territorios
conquistados no fueron tratados como colonias
subyugadas, sino Estados en igualdad de condiciones
con las colonias originarias. Para esta posición, ver:
Edmund S. Morgan: “The Birth of the Republic”
3. ed. Chicago: The University of Chicago Press.
1992.
84 Ronald Dworkin, El Imperio... p. 124
85 Como afirmó Wittgenstein, “[...] una regla no podía
determinar ningún curso de acción porque todo
curso de acción puede hacerse concordar con la
regla.” Wiittgenstein, PI §201.
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hallar suficientes personas que la respaldaran
para considerarla justificada. Esto nos llevaría
a una extraña conclusión, la coherencia sólo
funciona cuando los casos son difíciles y no
importan a nadie. Incluso, en el ejemplo de
los carros sugeridos por MacCormick, uno
podría pensar que no existe propiamente
un estatuto diversificado siempre y cuando
existan suficentes personas que apoyen o
no la decisión. Es decir, en frente de una
ley que establezca un límite de velocidad
diferente para los carros azules y los rojos, la
norma sería coherente si, al menos, discrimina
proporcionalmente a los propietarios de este
tipo de vehículos.
Es posible pensar que existe una diferencia
fundamental en el caso electoral y el de los
carros, en tanto sólo el primero se refiere a
la repartición del poder en un Estado. Sin
embargo, si la existencia de comunidades
diferentes es razón suficiente para repartir
los puestos electorales según los grupos de
interés que conforman una sociedad, ¿por
qué no es también un principio válido para
determinar cómo debe ser la aplicación de
una norma en casos difíciles? Si la discriminación
en un aparente estatuto diversificado se
justifica por la necesidad de permitir que no
haya grupos marginados en materia electoral,
¿qué nos impide justificar un estatuto diversificado
por la necesidad de que diferentes
versiones morales participen en la creación
normativa y en la decisión judicial de los
casos difíciles? Un grupo minoritario no sólo
es marginado por un sistema electoral que le
impida participar políticamente, también lo es
por un sistema jurídico que coherentemente
imponga una visión moral del mundo.
No obstante, la mayoría de teóricos, entre
ellos Dworkin, considera que son diversificados
aquellos estatutos que discriminan con
base en la representación de los grupos de una
comunidad. En otras palabras, la equidad no
es un principio que justifica la discriminación
de una norma, sino un valor juídico que en
ocasiones colisiona con la coherencia. En
este sentido, una regla que discrimine con
base en la representación política de los
asociados no será coherente, será una norma
que privilegie la equidad sobre la integridad.
Desde esta interpretación de los estatutos
diversificados, la crítica que se ha hecho de
la coherencia podría ser considerada como
irrelevante, toda vez que únicamente estaría
reconociendo algo que ya se había aceptado,
las posibles contradicciones entre el valor de
la coherencia y la equidad.
Muy probablemente esta defensa de la
coherencia sea correcta y hasta ahora, simplemente,
se haya resaltado la importancia
de la equidad; sin embargo, todavía no es
claro en qué situaciones y por qué razones
la coherencia sigue considerándose un valor
importante. De hecho, la misma crítica hecha
con anterioridad podría usarse ahora. Si la
coherencia es irrelevante para los casos fáciles,
si es inoperante para los casos difíciles en que
existen fuertes grupos de opinión, parece que
la coherencia es importante cuando los temas
no importan.
Una última defensa de la coherencia podría
basarse en la distinción entre las funciones legislativa
y judicial. 86 En la labor del Congreso,
la equidad tendría una mayor preponderancia,
mas no así en la función de los jueces, quienes
en sus decisiones deben caracterizarse
por hacer uso de la coherencia para poder
dar cuenta de los principios que justifican el
ordenamiento jurídico como un todo.
Así las cosas, pareciera que la coherencia
no sólo es fundamental en la interpretación
judicial sino que es justificada la pretensión
de muchos autores de reivindicarla como la
virtud central del pensamiento jurídico. No
obstante, más allá de clarificar que una debe
ser la función judicial y otra la legislativa, todavía
no existe una clara órbita de aplicación
de la coherencia, todavía se desconoce cuáles
son los casos en los que es determinante para
resolver un problema jurídico.
Para comprobar cuál sería el ámbito de aplicación
de la coherencia, elimínense aquellos
casos en los cuales es irrelevante. Ya se estudió
que en los casos fáciles la coherencia es
irrelevante o inoperante; en los casos difíciles
86 Dworkin hace uso explícito de esta estrategia.
Ver: Ronald Dworkin: Hard Cases y El Imperio de la
Justicia.

Un argumento
en contra de la
coherencia
importantes que se discuten en el legislativo
tampoco se puede hacer uso de este valor,
porque aquí parece que la equidad es una
virtud más relevante ¿Cuál sería entonces el
ámbito de aplicación de la coherencia?
Una primera posibilidad sería el Control
Constitucional. Dado que los magistrados
constitucionales no son elegidos popularmente,
su labor no estaría guíada por el
deber de obedecer equitativamente a los
diferentes grupos de presión, sino por decidir
los casos según los principios que integran
el ordenamiento jurídico. 87 Más allá de los
problemas para justificar una institución tan
compleja como el control constitucional, la
coherencia sigue siendo en estas situaciones
inoperante o irrelevante. Si la norma que se
juzga inconstitucional lo es por violar un
derecho fundamental, entonces, como se
explicó en el acápite dedicado a los casos
fáciles, la labor de la Corte no necesitará
ayuda de la coherencia para hallar la respuesta
correcta. Para decidir, por ejemplo, que
una ley que penaliza el homosexualismo es
inconstitucional, no es necesario acudir a la
coherencia, basta con apelar al artículo 13 de
la Constitución Nacional. Ahora bien, si la ley
no sólo no vulnera ningún derecho sino que
refleja un acuerdo entre los diferentes grupos
de interés, ¿por qué la coherencia obliga a
la Corte a rechazar este pacto? Este sería,
87 La idea de la coherencia como una virtud especial
que identifica a la actividad judicial ha sido usada
por varios doctrinantes para defender el control
constitucional. Si es cierto que los jueces desarrollan
la coherencia como una virtud propia de su
actividad, entonces ellos tendrían un tipo de pericia
que no poseerían necesariamente los legisladores
y que les permitiría encontrar con mayor facilidad
las posibles contradicciones entre la ley y los
valores constitucionales. Para esta defensa, ver
especialmente: John Arthur: “Democracy, Judicial
Review and the Special Competency of Judges”
en Bellamy, Richard: Constitutionalism, Democracy
and Sovereignty: American and European Perspectives.
Aldershot: Abebury Publishing. 1996. Existen, sin
embargo, varias críticas a la forma en que deciden
los jueces, lo que hace poco plausible la atribución
a ellos de una virtud como la coherencia. En
Colombia, ver: Claudia López: “No Nos Vamos a
Callar” en El Tiempo. edición 16 de febrero, 2009.
Cecilia Orozco Tascón: “¡Qué Vergüenza de Sala!”
en El Espectador. Edición 10 de febrero, 2009.
precisamente, uno de los casos en los cuales
la equidad debiera primar en el ordenamiento
jurídico. Una decisión de la Corte en contra
del acuerdo logrado por los grupos de interés
sería la imposición de la moral de uno de los
grupos dominantes sobre los demás.
Si la anterior descripción es correcta, la única
aplicación de la coherencia en el derecho recae
sobre casos como el de los carros descrito
por MacCormick. No obstante, incluso en
ellos, uno podría pensar que la coherencia
es irrelevante. Para rechazar un estatuto que
discrimina sin ninguna razón justificada en
el límite de velocidad, bastaría con apelar al
principio de igualdad ante la ley. Las dueñas
de los carros azules, sin apelar a la coherencia,
podrían retirar al estatuto diversificado del
ordenamiento jurídico, haciendo uso únicamente
de su derecho a la igualdad. 88 Quizás
todo lo que quiera decirse con la coherencia
es que los ciudadanos tienen derecho a un
trato igual, en casos iguales y a uno desigual,
en casos desiguales. Si ésta es la respuesta
correcta; si éste es el único ámbito de aplicación
posible de la coherencia, entonces, todos
los textos que deifican este valor únicamente
están cambiando el nombre de un principio
tradicional en la teoría jurídica.
9. La Incoherencia y la Moral
Hasta ahora se ha investigado el valor que
pudiera aportar la coherencia para resolver
casos difíciles; sin embargo, se podría investigar
la importancia de la coherencia desde otro
punto de vista ¿qué papel puede desempeñar
la integridad en la labor de encontrar una respuesta
correcta para un caso difícil? ¿pueden
justificarse los estatutos diversificados en su
labor de hallar respuestas correctas para el
derecho?
Supongamos que nos encontramos ante un
caso difícil porque no se posee información
empírica suficiente; es decir, se está frente al
primer caso de la carga del juicio que se explicó
con anterioridad. En estos eventos, pareciera
que es más razonable proponer un estatuto
88 Joseph Raz llega a una conclusión similar. Ver
Joseph Raz The Relevance of...
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Andrés Molina
Ochoa
diversificado porque se nos permite analizar
diferentes consecuencias y hallar así la mejor
solución posible.
Esta hipótesis es aceptada aun por Dworkin,
quien hace uso de ella para justificar la desobediencia
civil: “[s]i la pregunta es si una
regla particular produciría consecuencias
indeseables, o si esas consecuencias tendrían
limitadas o amplias ramificaciones, entonces,
antes de que el tema sea decidido, es útil saber
que es lo que realmente sucede cuando la gente
actúa según la regla.” 89 Según Dworkin, los
desobedientes civiles son útiles para la sociedad
porque actúan como un test de moralidad
de las reglas jurídicas. La desobediencia civil
permite evaluar las diferentes consecuencias
de las normas, lo que contribuye a juzgar más
adecuadamente la moralidad de las reglas. De
igual forma, un estatuto diversificado permite
apreciar diferentes aplicaciones de una norma
y evaluar con mayor información cuál es la
decisión correcta.
En el caso de Pablo y Paula, un estatuto
diversificado permitiría conocer cuáles son
las consecuencias que produce tanto permitir
arrojar a una fábrica ese tipo de desechos
químicos, como las consecuencias económicas
de prohibir esta acción. Ahora bien, si el
posible peligro de los desechos químicos es
tan serio como para amenazar la vida o la integridad
física de Paula y su familia, entonces el
estatuto diversificado no sería justificado, mas
no por ser incoherente sino porque este es un
caso fácil; son inmorales aquellas prácticas
que ponen en peligro la vida o integridad de
otras personas.
En el segundo tipo de cargas del juicio que se
analizó, también podemos encontrar una
ventaja, aunque tal vez menor, de los estatutos
diversificados sobre la coherencia. Las diferentes
valoraciones que puedan hacerse sobre
una norma en particular, podrán apreciarse
mejor si se estudian en el momento de aplicarla
a un caso concreto. En otras palabras,
aun si un estuatuo diversificado no ofrece
la perspectiva necesaria para encontrar la
89 Ronald Dworkin: “Civil Disobedience”. en Taking
Rights Seriously Cambridge: Harvard University Press.
1977. pp. 206-222
solución correcta a un caso difícil, es plausible
suponer que ofrecerá mayores perspectivas
que la de una norma coherente. La aplicación
de la norma diversificada permitirá, por lo
menos, apreciar cómo las diferentes valoraciones
cobran vida en la aplicación de la regla.
Si bien no se puede exagerar en la posibilidad
que brindan los estatutos diversificados de
hallar respuestas correctas en derecho, se
debe reconocer que ellos no necesariamente
representan componendas inmorales.
Conclusión
En el presente artículo, se ha definido el concepto
de coherencia en contraposición con
nociones similares como la consistencia. Se
ha analizado la pertinencia o no de este principio
en casos fáciles y difíciles. Finalmente,
se han propuesto argumentos que defienden
sistemas diversificados con base en consideraciones
políticas y epistemológicas.
Las normas y decisiones judiciales incoherentes
no son inmorales o perjudiciales para
el derecho, sino que en ellos se expresa la
necesidad de abrirse a la posibilidad de otras
moralidades distintas a las nuestras, y el deseo
de encontrar respuestas que puedan ser satisfactorias
para todos los grupos de presión
en un Estado.
Al inicio del artículo, se mencionaba cómo
los profesores de derecho constitucional
criticaban a la Carta del 91 por considerarla
un “tutti fruti” jurídico. Quizás tengan razón
en su descripción, sin embargo, no es éste un
motivo para la alarma o para añorar otros textos
normativos. Muy al contrario, en la posible
incoherencia de la constitución hay, quizás, un
intento de representar equitativamente cosmovisiones
distintas de grupos sociales muy
diversos. En la aparente versión desordenada
de principios, en la caótica enunciación de
postulados normativos muy probablemente
no se halle más que un deseo honesto de encontrar
respuestas correctas para una situación
política tan compleja como la colombiana. Si la
Constitución es una norma diversificada, ella
tiene, al menos, la virtud de ayudar a buscar
las respuestas que puedan conducir a un mejor
ordenamiento jurídico.

Un argumento
en contra de la
coherencia
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Revista La reparación Diálogos
a las de Saberes víctimas
ISSN del conflicto 0124-0021
Julio-Diciembre
en Colombia
de 2010
Págs. 219-229
Resumen
La Justicia Transicional, implementada en
las sociedades que pretenden superar un
conflicto armado, establece el deber esencial
de los Estados de fortalecer el respeto a las
víctimas de las graves transgresiones de los
derechos humanos y las infracciones al DIH,
cometidas dentro de su territorio, lo cual
conlleva a la identificación de los responsables,
la imposición de sanciones y el aseguramiento
a las victimas de su derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación. En consecuencia
la finalidad es lograr simultáneamente la
implementación de mecanismos que cumplan
con su deber de reparar limitados en el
tiempo en concordancia con los lineamientos
del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, al cual pertenece el Estado
colombiano, por desarrollo constitucional
consagrado en el Articulo 93 que constituye
el Bloque de Constitucionalidad.
Palabras claves
La reparación a las víctimas
del conflicto en Colombia*
Cuando el derecho olvida el sufrimiento de la persona que aparece
frente a él, en nombre de la igualdad formal y la consistencia razonada,
los derechos humanos denuncian su inmoralidad.
Derechos humanos, víctima, justicia, verdad,
reparación.
Abstract
Transitional Justice, implemented in societies
that seek to overcome an armed
conflict, provides the essential duty of
States to strengthen respect for the victims
of serious human rights violations and
breaches of international humanitarian law
committed within its territory, which leads
to the identification of those responsible,
impose sanctions and provide the victims
of their right to truth, justice and reparation.
Consequently, the aim is to ensure
the implementation of mechanisms simultaneously
fulfill their duty to repair limited
in time in accordance with the guidelines
of the American System of Human Rights,
to which belongs the Colombian state for
constitutional development as enshrined in
Article 93 that Constitutionality is the block.
Keywords
Costas Douzinas.
El fin de los derechos humanos.
María Carolina Estepa Becerra **
carolinaestepa@gmail.com
Human rights, victim, justice, truth,
reparation.
Fecha de recepción del artículo: Abril 12 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 22 de 2010
* El presente artículo surge, dentro del grupo de investigación de Derechos Humanos como resultado del
subgrupo de investigación Justicia Transicional dentro del grupo “Viabilidad y efectividad de la utilización de
los mecanismos alternos de solución de controversias en los procesos de trasgresión de los Derechos Humanos
en Colombia”, desarrollada al interior del grupo de investigación en Derecho y Justicia de la Universidad
Manuela Beltrán, Bogotá D.C. Categoría “D” Colciencias.
** Abogada UPTC. Especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos- UPTC, con Maestría en Derecho
Contractual Publico y Privado USTA, miembro del grupo de investigación en Derecho y Justicia de la
Universidad Manuela Beltrán, Bogotá D.C.
Colaborador Nacional
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Colaborador Nacional
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María Carolina
Estepa Becerra
Introducción
El proceso de transición desarrollado en
el marco legislativo de la llamada “Ley de
Justicia y Paz” despliega los diferentes derechos
de las víctimas, en especial para los casos
de las recientes condenas impuestas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
en contra del Estado Colombiano (Huertas
Díaz, et al.2006) 1 , los que se desarrollan fundamentalmente
en tres principios básicos, a
saber: El Derecho a la Verdad, El Derecho a
la Justicia y el Derecho a la Reparación.
El Derecho a la Verdad, consiste en el libre acceso
de la victima al conocimiento cabal de la
realidad material del abuso o del crimen como
caso previo para el castigo y la reparación
(Valencia. 2003). Este derecho vincula por
una parte a las victimas directas y a su familia
en su derecho individual y por otra parte
vincula a la sociedad en su colectividad en
función del conocimiento a la historia propia
de su nación, en aras a “que la sociedad en su
conjunto conozca la verdad de lo ocurrido así
como las razones y circunstancias en las que
los delitos aberrantes llegaron a cometerse, a
fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir
en el futuro” 2 , así, el elemento característico
de este derecho es el deber de recordar.
El Derecho a la Justicia, incluye la investigación,
la sanción y la reparación, dentro de la distribución
de la jurisdicción sobre las violaciones
de Derechos Humanos, entre la nacional,
la extranjera y la internacional. El derecho
a la Justicia, incluye el deber del Estado de
investigar, dentro de los límites del debido
proceso y sancionar, con penas adecuadas
a los responsables; a su vez el derecho de
las victimas a contar con un recurso judicial
efectivo.
El Derecho a la Reparación, desde el punto de
vista individual, es el que poseen las victimas
1 En el mismo sentido véase el Capitulo V “Caso de
la Masacre de Mapiripan” (2005); Capitulo VI “Caso
de la Masacre de Pueblo Bello” (2006) y Capitulo
VII “Caso de la Masacre de Ituango” (2006).
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“Informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre el proceso de
desmovilización en Colombia” Párr. 17.
a solicitar y obtener mediante el ejercicio
de acciones de recursos eficaces, medidas
individuales de restitución, indemnización
y rehabilitación (Pachón. 2005). Y desde
el plano colectivo la adopción de medidas
dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar
los derechos de las colectividades o comunidades
directamente afectadas por las
violaciones graves del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario (Fundación
Social. 2004).
1. Problema de investigación
Abordar el sentido de la reparación en términos
generales comprende las diferentes
formas de cómo un Estado puede hacer
frente a la responsabilidad internacional en
que ha incurrido al producirse un hecho ilícito
imputable a él. Así, la obligación de reparar
establecida por los tribunales internacionales,
que se rige por el derecho internacional en
todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades
y determinación de beneficiarios,
no pueden ser modificados por el Estado
declarado responsable con el consecuente
deber de reparación y el deber de hacer cesar
las consecuencias de la grave violación, bajo
la invocación de normas del derecho interno.
El cumplimiento del Estado declarado vulnerante
debe examinar la inclusión de las víctimas
en la toma de decisiones que las vincula
en su reparación, lo que constituye un gran
paso al verdadero sentido de su memoria,
sin embargo el camino se está construyendo
y la meta solamente se podrá vislumbrar en
las próximas generaciones que reconozcan el
sentir de la vulneración sufrida cruelmente
por sus conciudadanos.
2. Metodología
La metodología general utilizada se basa en
un trabajo investigativo mixto, éste inicia con
una exploración conceptual de la reparación
en donde el Estado ha sido declarado responsable,
con la directa descripción de qué es una
victima; seguida de un análisis descriptivo,
analítico y explicativo en el contexto del
Derecho Colombiano frente a los fallos de

La reparación
a las víctimas
del conflicto
en Colombia
la Corte Interamericana, con técnicas de
recolección de información consistente en
análisis documental y jurisprudencial nacional
e internacional.
3. ¿Qué es una víctima?
Víctima es una voz de origen latino que
significa “persona destinada a un sacrificio religioso”,
actualmente el término es usado para
designar al individuo agraviado por el delito
o el abuso de poder o, lo que es lo mismo, al
sujeto pasivo del crimen o de la violación de
derechos humanos (Valencia. 2003).
En la Declaración sobre los principios fundamentales
de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder 3 , en donde se
describieron las víctimas como “personas
que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los
derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros,
incluida la que proscribe el abuso de poder”.
La expresión “víctima”, añade la Declaración,
“incluye además, en su caso, a los familiares o
personas a cargo que tengan relación inmediata
con la víctima directa y a las personas
que hayan sufrido daños al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir
la victimización” .
Veinte años después, en los Principios 4 y
directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario, se incluyó en la definición
aquellas personas que hayan sufrido daño
“como consecuencia de acciones u omisiones
que constituyan una violación manifiesta
de las normas internacionales de derechos
humanos o una violación grave del derecho
3 Adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre
de 1985.
4 Adoptados por la Asamblea General de Naciones
Unidas en su Resolución 60/147, de 16 de diciembre
de 2005.
internacional humanitario”. Esta resolución,
como su nombre lo indica, fijó los principios
básicos sobre el derecho de tales víctimas a
interponer recursos y obtener reparaciones.
El Derecho Penal Internacional, por su parte,
las definió en las Reglas de procedimiento
y prueba para la aplicación del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional 5 (regla
85) como aquellas “personas naturales que hayan
sufrido un daño como consecuencia de la
comisión de algún crimen de la competencia
de la Corte”, así como “las organizaciones o
instituciones que hayan sufrido daños directos
a alguno de sus bienes que esté dedicado a la
religión, la instrucción, las artes, las ciencias
o la beneficencia y a sus monumentos históricos,
hospitales y otros lugares y objetos que
tengan fines humanitarios”.
Ahora bien, en el orden constitucional colombiano,
no se hizo mención a las víctimas
sino hasta la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 03 de 2002 6 , norma que reformó la
Constitución Política en varias disposiciones
e introdujo el sistema penal acusatorio en el
país. En el texto superior se las menciona
como sujetos merecedores de un trato especial
por parte de la Fiscalía General de la
Nación, al señalar como funciones del ente
acusador, entre otras, la protección de la
comunidad, “en especial, de las víctimas”,
la efectividad de los derechos de éstas y la
garantía de su participación en el proceso
penal (Art. 250, núm. 1, 6 y 7).
En la ley colombiana se define a la víctima de
forma similar a como se hace en el Derecho
Internacional. En la Ley 906 de 2004 7 se
entiende por víctimas (Art. 132) “las personas
naturales o jurídicas y demás sujetos de
5 Informe de la Comisión Preparatoria de la Corte
Penal Internacional, reunida en Nueva York, del 13
al 31 de marzo de 2000 y del 12 al 30 de junio de
2000.
6 Acto Legislativo 03 de 2002. (Diciembre 19).
“Por el cual se reforma la Constitución Nacional”.
Publicado en el Diario Oficial 45.040, de 20 de
diciembre de 2002.
7 Ley 906 de 2004. (Agosto 31). “Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal”. Publicada en
el Diario Oficial 45.657, de 31 de agosto de 2004.
Colaborador Nacional
221

Colaborador Nacional
222
María Carolina
Estepa Becerra
derechos que individual o colectivamente
hayan sufrido algún daño como consecuencia
del injusto”, condición que tienen “con independencia
de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al autor del injusto e
independientemente de la existencia de una
relación familiar con este”.
En principio, la ley prescribía que el daño
padecido debía ser “directo” con relación al
ilícito. Esta exigencia, sin embargo, fue excluida
de la norma por la Corte Constitucional al
considerar que esta condición a la calidad de
víctima demandaba un elemento propio de la
imputación del juez y, de esta forma, resultaba
restrictiva de la posibilidad de intervención de
la víctima en el proceso penal y de su derecho
a un recurso judicial efectivo 8 .
Este mismo tribunal, siguiendo la tendencia
del Derecho Internacional, se ha pronunciado
en diversas oportunidades sobre el alcance
del concepto de víctima, precisando que son
víctimas los sujetos perjudicados con el delito
que hubiesen sufrido un daño real, concreto
y específico, cualquiera que sea su naturaleza
9 . Este criterio lo ha sostenido tanto en el
ámbito de los procesos penales de la justicia
ordinaria como en el contexto de la justicia
transicional y de la justicia internacional.
En el terreno de la justicia ordinaria, si bien
en vigencia de la Ley 600 de 2000 10 , la Corte
definió a la víctima como la persona respecto
de la cual se materializa la conducta típica,
a diferencia de la categoría “perjudicado”
que tiene un alcance mayor en la medida en
que comprende a todos los que han sufrido
un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia
directa de la comisión del delito.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-516 de 2007.
M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional. Sentencias C-228 de 2002.
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett; C-370 de 2006. M.P.: Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández; C-578 de 2002. M.P.: Manuel José
Cepeda Espinosa; C-516 de 2007. M.P.: Jaime
Córdoba Triviño, entre otras.
10 Ley 600 de 2000. (Julio 24). “Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal”. Publicada en
el Diario Oficial 44.097, de 24 de julio de 2000.
“Obviamente, la víctima sufre también un
daño, en ese sentido, es igualmente un
perjudicado” 11 .
En el marco de la justicia transicional, la
Ley 975 de 2005 12 , por su parte, recoge la
definición de la Resolución 40/34 de 1985
de Naciones Unidas al indicar que la víctima
(Art. 5) es “la persona que individual o colectivamente
haya sufrido daños directos tales
como lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva),
sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo de sus derechos fundamentales”.
Aclara la ley, sin embargo, que tales daños
deben ser consecuencia de acciones que
hayan transgredido la ley penal, “realizadas
por grupos armados organizados al margen
de la ley”.
Al igual que sucede en la legislación internacional,
el concepto colombiano de víctima
incluye a la familia de quien padeció el daño:
al cónyuge, compañero o compañera permanente,
familiar en primer grado de consanguinidad
o primero civil de la víctima directa,
aunque sólo en el supuesto de habérsele dado
muerte o desaparecido forzosamente a la
víctima en cuestión (Art. 5.2.).
Una variación importante en la caracterización
de las víctimas viene dada por el
reconocimiento de tales a los miembros de la
Fuerza Pública que hayan sufrido daños como
los antes descritos, como efecto de acciones
realizadas por grupos del mismo carácter
(Art. 5.4.), así como a sus familiares, cuando
aquellos han “perdido la vida en desarrollo de
actos del servicio, en relación con el mismo,
o fuera de él”, como consecuencia de actos
ejecutados por grupos organizados al margen
de la ley (Art. 5.5.).
11 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2002.
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett.
12 Ley 975 de 2005. (Julio 25). “Por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución
de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios”. Publicada en el Diario
Oficial 45.980, de 25 de julio de 2005.

La reparación
a las víctimas
del conflicto
en Colombia
Esta implicación de los familiares del afectado
en el concepto de víctima fue analizada y declarada
exequible por la Corte Constitucional,
entre otras disposiciones, en el entendido
que la presunción allí establecida considera
como víctimas a otros familiares que también
sufrieron un daño como consecuencia de
una violatoria de la ley penal cometida por
miembros de grupos armados al margen de
la ley 13 . En esta ocasión, las consideraciones
de la Corte estuvieron inspiradas en la jurisprudencia
interamericana, siempre incluyente
en sus decisiones de los familiares de las
víctimas como “parte lesionada” y por ende
“beneficiarios” de los mismos derechos que
corresponden a las víctimas 14 .
Según la jurisprudencia constitucional, la
calidad de víctima debe estar plenamente
acreditada, lo cual se logra mediante la prueba
del daño concreto padecido: “Se requiere
que haya un daño real, no necesariamente de
contenido patrimonial, concreto y específico,
que legitime la participación de la víctima o
de los perjudicados en el proceso penal para
buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser
apreciado por las autoridades judiciales en
cada caso” 15 .
Agrega el tribunal que no es necesario que
en la demanda se persiga un interés patrimonial,
pues puede presentarse la misma
con el interés en que se haga justicia y se
sepa la verdad, pero en este supuesto, debe
igualmente acreditarse el daño aunque éste
no haya sido económico.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006.
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 del
julio de 2004, Serie C No. 109. Par. 274 y ss.; Caso
de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia
de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134. Par.
256 y ss.; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia,
Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C No. 143.
Par. 235 y ss.; entre otras.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006.
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández.
4. La reparación
La reparación puede definirse como el conjunto
de medidas adoptadas para intentar
resarcir los daños que sufren las víctimas
como consecuencia directa de los distintos
crímenes. En contextos donde se busca hacer
justicia a las víctimas de violaciones masivas
y sistemáticas a los derechos humanos y al
derecho humanitario, la reparación expresa
también el reconocimiento a quienes han
sufrido violaciones a sus derechos, para así
contribuir a la constitución de una nueva comunidad
política democrática e incluyente y
darles razones a las víctimas para que vuelvan
a confiar en el Estado 16 .
Las medidas que incluye la reparación de
acuerdo con el Derecho Internacional, son
de cuatro tipos: restitución, compensación,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional
–CPI-, más conocido como Estatuto de
Roma, promulgado por la Conferencia
Diplomática de Naciones Unidas en 1998, 17
explicita la indivisibilidad del derecho al
acceso a la verdad, la justicia y la reparación,
entendiendo que no es posible aplicar los
principios relativos a uno de estos aspectos
sin aplicar el conjunto de principios comprendidos
en los otros dos.
Sobre el derecho a la reparación integral, el
principio 33 18 del conjunto de principios para
16 Documento realizado con base en los textos Justicia
y reparaciones, de Pablo de Greiff, director de
Investigaciones del ICTJ, y Las reparaciones en la
teoría y la práctica, de Lisa Magarrell, directora de
la unidad de reparaciones del ICTJ. 2009.
17 La CPI es el tribunal internacional encargado
de investigar y procesar a aquellos individuos
acusados de cometer genocidios, crímenes contra
la humanidad y crímenes de guerra. La CPI tiene
jurisdicción sobre actores estatales y no estatales,
tales como grupos rebeldes y organizaciones
paramilitares.
18 Determina que “toda violación de un derecho
humano da lugar a un derecho de la víctima o de
sus derechohabientes a obtener reparación, el cual
implica el deber del Estado a reparar y el derecho
a dirigirse contra el autor”.
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María Carolina
Estepa Becerra
promoción y protección de derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad,
así como el principio 36 establece que la
reparación deberá abarcar todos los daños y
perjuicios sufridos por la víctima. En síntesis,
la reparación integral comprende un grupo de
medidas orientadas a eliminar los efectos de
las violaciones cometidas, aunque se entiende
que la mayoría de los daños causados son
irreversibles.
Este es entonces el estándar más alto establecido
por la norma internacional vigente
para la reparación integral, que tiene una
dimensión colectiva y una individual. En la
perspectiva individual la reparación a las víctimas
de violaciones de derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario adquiere
las siguientes dimensiones: 1) restitución de
las condiciones iniciales en que se encontraba
la persona antes de ser vulnerados sus
derechos; 2) indemnización, referida a las
acciones por parte del Estado para enmendar
los daños o perjuicios causados a la víctima;
3) rehabilitación, que comprende programas
o políticas específicas enfocadas a garantizar
el proceso de recuperación de la salud mental
y física que enfrentan las víctimas y sus
familiares; 4) satisfacción y 5) garantías de
no repetición.
Se resalta la importancia del carácter público
de la verdad, como requisito esencial para hacer
posible la reparación integral. El carácter
simbólico y restaurador del esclarecimiento
de los hechos de violencia, la identificación
y sanción de los culpables, el perdón y arrepentimiento
como procesos implícitos en la
búsqueda de la verdad. Toda clase de medidas
tomadas en este aspecto adquieren relevancia
política cuando su fin es la reparación colectiva
de las víctimas. Si se considera la necesidad
de sanar las heridas del pasado para alcanzar
una convivencia pacífica y un nuevo pacto
social para avanzar hacia la reconciliación
nacional, estos procesos adquieren una fuerza
histórica esencial.
Este tipo de medidas pretenden mejorar
los niveles de satisfacción y garantizar que
la sociedad civil no permitirá que se repitan
los hechos dañosos del pasado: “(…) la sa-
tisfacción, como medida reparatoria, incluye
una multiplicidad de aspectos, entre los que
cabe destacar la verificación de los hechos y
la difusión pública y completa de la verdad,
la búsqueda de las personas desaparecidas
y de los cadáveres de las personas muertas,
las disculpas públicas que reconozcan los
hechos y acepten las responsabilidades, la
aplicación de sanciones judiciales o administrativas
a los responsables y las conmemoraciones
y homenajes a las víctimas”(Botero,
et al.2005), así, la importancia simbólica
consiste en que los derechos humanos
inscriben en el derecho una temporalidad
futura (Douzinas. 2008).
Para las medidas de prevención y garantías
de no repetición de violaciones de derechos
humanos e infracciones al DIH, se cuenta la
limitación de la jurisdicción de los tribunales
militares, el fortalecimiento de la independencia
de la rama judicial, la reforma de las leyes
que permitan o contribuyan a la violación de
derechos humanos, entre otras.
5. Clases de reparación
La siguiente clasificación corresponde a la
dada por los sistemas de protección de los
derechos humanos bajo la modalidad de reparatoria
que en general, siguen las pautas dadas
por el Derecho Internacional. Sin embargo,
existen particularidades en cada uno de los
sistemas que los caracterizan.
En el Derecho Internacional de los derechos
humanos se han pensado diferentes formas
de compensación o reparación frente a su violación.
En efecto, los tipos son muy variados
y comprenden categorías distintas. Ellas son,
siguiendo el esquema de Shelton 19 :
Declaración de condena. Es como se establece
la responsabilidad del Estado frente
a una violación a los derechos humanos. La
declaración es decidida por alguno de los
diferentes órganos que monitorean el cumplimiento
de los mismos.
19 Shelton, Dinah. Remedies in international human rights
law. OUP. Oxford. Págs. 255-260.

La reparación
a las víctimas
del conflicto
en Colombia
Reparaciones no monetarias:
a. Restitución y rehabilitación.
La restitución, busca volver a la situación
original antes de la violación. No comporta
excluir las otras formas de reparación como
la indemnización.
La rehabilitación busca evitar el deterioro
en la situación de las víctimas y otorgarles
apoyo síquico y físico para que puedan
volver a insertarse en su familia, comunidad
y sociedad.
b. Satisfacción.
Es la necesidad que sienten las víctimas de
conocer la verdad de los hechos que se vinculan
con la violación y, además, que existan
formas de “compensación” en relación con
los perpetradores de los mismos.
c. Garantías de no repetición.
Se relacionan con el punto anterior y, en
muchos casos, suponen la idea de juicio y
eventual castigo a los violadores de los derechos
humanos.
Compensación:
a. Daños pecuniarios.
- Pérdida de vida y daños corporales.
- Privación de libertad.
- Pérdida o daño a la propiedad.
b. Daños no pecuniarios.
- Empeoramiento de la vida y lesiones
personales.
- Violaciones procedimentales.
- Proyecto de vida.
- Causalidad y presunto daño.
- Puniciones o daños ejemplares.
c. Responsabilidad empresarial.
d. Premios o castigos.
- Forzamiento a la realización de juicios.
- Otros (las violaciones sistemáticas y
masivas y las reparaciones por injusticias
históricas).
En lo que se refiere al sistema interamericano,
en particular de la Corte, en la determinación
de las formas de reparación frente a casos
en los que han sido violados los derechos
humanos se resaltan en jurisprudencia, las
siguientes:
Reparaciones “stricto sensu”. Es la reparación
que persigue la plena restitución del
derecho. Esta sólo puede realizarse de no
haberse producido la aniquilación del derecho
o su completa desnaturalización.
Reparaciones sustitutivas. Es la reparación
que comprende varias alternativas y que se
relacionan, con formas de indemnización que
cubre tanto el daño material como el moral,
cubriendo por tanto:
Indemnización a la víctima,
Indemnización a los parientes legítimos, en
especial frente a la desaparición forzada de
personas o bien la muerte de la víctima,
Indemnización a los parientes de hecho o
que no tienen vínculos “hereditarios”, por
ejemplo las uniones de hecho pero también a
varias mujeres aceptando la poligamia 20 .
Reparaciones sustitutivas del daño material
y moral. Este tipo de reparaciones se
encuentra con el difícil problema de la determinación
precisa del daño, tanto material pero
incluso mucho más problemático, el “moral”,
vinculado con aspectos “extrapatrimoniales”.
No existen, por tanto, criterios claros y definidos
de cuantificación de este tipo de daño y
por tanto la casuística, tal como suele suceder
también en los ordenamientos nacionales, es
variada y cambiante. En algunos casos, de
todos modos, se ha usado la cuantificación
del daño con fines “ejemplificadores”.
6. Sujetos de repararción
Como quiera que la idea de reparación surge
y se basa en un carácter compensatorio para
la o las víctimas de una violación de derechos
humanos pero no necesariamente punitivo
en relación con el victimario puesto que la
20 Corte Interamericana Aloebete y otros. Vs. Surinam,
Reparaciones del 10 de septiembre de 1993.
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María Carolina
Estepa Becerra
cuestión punitiva, puede suceder según el
ordenamiento interno en particular, como
uno de los efectos precisamente compensatorios
para las víctimas. Así, los sujetos son
activos y pasivos.
Sujeto Activo. Son los sujetos titulares o
beneficiarios de las reparaciones, se pueden
distinguir dos aspectos. Uno en referencia
con quién puede efectuar el reclamo o pedido
de reparación y otro es el de quién puede ser
reparado. La víctima es, siempre que exista, la
beneficiaria de la reparación. Ella es la persona
que, individual o colectivamente, sufre un
daño. Pero también pueden ser consideradas
víctimas, y por tanto beneficiarios de la
reparación, los miembros de la familia 21 , sus
sucesores o incluso otras personas que hayan
sufrido por el daño como pueden ser los
dependientes o bien toda una comunidad.
Sujeto Pasivo. Es el responsable directo
de la reparación, en la óptica del Derecho
Internacional es el Estado. Esto no quiere
decir, que sea éste el que realiza la conducta
transgresora, pero en él recae la responsabilidad
de hacer cumplir, respetar, promover y
garantizar los derechos humanos e intervenir
cuando ello no sucede.
7. El sistema interamericano de
derechos humanos y su enfoque
en la reparación
El uso del término reparación se afianza en
el campo del Derecho Internacional de
los derechos humanos y en forma notable
en el ámbito regional americano. Por lo
tanto, reparación se entiende, como los
diferentes métodos y formas mediante
las cuales los Estados reparan o compensan
el incumplimiento de las normas
del Derecho Internacional (posición del
Derecho Internacional 22 ), puede incluir
21 Por ejemplo, así lo ha considerado el Comité de
Derechos Humanos, Caso 186/87, Cowan vs.
Tresor Public (1989)
22 Para La Corte Internacional de Justicia: “El
principio general que está implícito en el concepto
de acto ilícito (...) es que en la medida de los
posible, la reparación debe anular todas las
todos los actos que sirven para compensar
el daño producido a individuos por violación
de derechos humanos, como la restitución, la
compensación, la satisfacción o las garantías
de no repetición. Por otra parte el término
es usado para referirse, exclusivamente, a la
compensación pecuniaria frente a la violación
de derechos humanos (posición restricta
del Derecho Internacional de los derechos
humanos).
En el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, dentro de los principios del
Derecho Internacional, se ha establecido la
obligación de reparación, que se constituye
en una plena restitución, lo que incluye el
restablecimiento de la situación anterior y la
reparación de las consecuencias que la infracción
produjo y el pago de una indemnización
como compensación por los daños patrimoniales
y extrapatrimoniales, incluyendo el
daño moral 23 .
La puesta en marcha de la justicia, determina
que la reparación, es la satisfacción a las víctimas
y sus familiares, con la garantía de no
repetición de los hechos lesivos, el propósito
de la inadmisibilidad del olvido y el rechazo
de la indiferencia, como una manifestación de
solidaridad de la sociedad no violenta. “Son
los lazos de solidaridad que unen los muertos
a sus sobrevivientes, como si estuvieran
aquellos diciendo a éstos: no hagan con otros
lo que hicieron con nosotros y con nuestros
padres sobrevivientes, para que puedan ellos
consecuencias del acto ilícito y restablecer la
situación que probablemente hubiera existido de
no haberse cometido dicho acto. Restitución en
especie o, si ello no es posible, pago de una suma
equivalente al valor que tendría la restitución en
especie, otorgamiento de ser necesario, de una
indemnización por los daños sufridos que no
hayan sido reparados por la restitución en especie
o por el pago en efectivo: tales son los principios
que deben servir para determinar el monto de una
indemnización por un acto contrario al derecho
internacional” en el Caso Fábrica Chorzow. Serie
A. No. 17, párrafo 47 (1928).
23 CIDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras,
Indemnización Compensatoria (Art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Sentencia de Julio 21 de 1989. Párr. 25-26.

La reparación
a las víctimas
del conflicto
en Colombia
y sus hijos seguir teniendo una vida sencilla
y feliz, quizás sin saberlo” 24 .
La naturaleza jurídica de la Reparación para
el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, está constituida por la restitución,
la indemnización y la satisfacción. Ubicando
en esta última, la reparación del daño moral
de la ofensa a la dignidad de las victimas y sus
familias, por lo tanto dentro del modelo de
satisfacción se encuentran la reconstrucción
de la memoria histórica, la construcción de
estatuas y la misma Sentencia condenatoria
en contra del Estado.
8. Reparaciones colectivas e
individuales
Las reparaciones pueden estar dirigidas tanto
a personas individuales como a colectivos,
tales como comunidades, grupos o regiones.
Las reparaciones individuales, exigen una
identificación precisa de las personas que
tienen derecho a ellas, así como una manera
de entregar beneficios concretos a los beneficiarios
individuales. Reparar a individuos,
acentúa el valor de cada ser humano y su
condición de titular de derechos. Lo cual evita
considerar a las víctimas conjuntamente, de
una manera que corre el peligro de minimizar
el daño cometido, o hace que el significado de
las reparaciones sea indeterminado.
Por otra parte, las medidas individuales dependiendo
de su modalidad, son selectivas,
de manera que, en un grupo o comunidad
determinados, algunas víctimas tendrán
derecho a reparaciones individuales mientras
otras, bien sea víctimas o conciudadanos, no
lo tendrán.
Las reparaciones colectivas, son la entrega
de beneficios a personas que han padecido
violaciones de derechos humanos como
grupo. Las medidas de reparación colectiva,
pueden estar dirigidas a violaciones que
haya tenido por objetivo aterrorizar a una
población entera, afectando sus medios de
subsistencia, desmantelando organizaciones,
24 CIDH, Caso Bulacio Vs. Argentina, Sentencia de
Septiembre 18 de 2003. Párr. 39.
o destruyendo la confianza pública entre sus
residentes, las reparaciones colectivas pueden
ofrecer una respuesta efectiva frente a los
daños ocasionados a la comunidad y se puede
ejercer mediante proyectos comunitarios que
ayuden a localizar personas desaparecidas,
o todas las medidas que garanticen a la
comunidad afectada una nueva oportunidad
de vida.
Las reparaciones colectivas (Magarrell, sf.
1-16) tienen sus propios retos. No son fáciles
de implementar, y corren el riesgo de que las
víctimas individuales se opongan a ellas, porque
no responden al carácter, con frecuencia
bastante íntimo e individual, de las violaciones
y el sufrimiento. A menudo, resultará
difícil definir las comunidades que deben ser
beneficiadas, o justificar el beneficiar a unas
y excluir a otras. Más aún, el proceso puede
ser utilizado para obtener ventajas políticas,
y las medidas adoptadas pueden confundirse
con las políticas de desarrollo a las que estas
comunidades tienen derecho.
Conclusiones
Según lo descrito, la reparación NO es un
acto de caridad del Estado o de funcionarios
en particular, esta confusión ha contribuido el
carácter de ‘reparación’ que se les ha querido
dar a los programas de atención a víctimas,
aunque han sido útiles para atenderlas, pero
su transformación en medidas de reparación
es problemática, porque no va acompañada
de un mensaje de reconocimiento de
responsabilidad.
Los actores deben hacerse participes de las
medidas de reparación, la víctima, debe ser
escuchada, con el fin de que recupere la
tranquilidad y la paz y sea compensada por los
daños sufridos. Y que tenga la oportunidad de
participar en la resolución del conflicto que le
afecta, siendo parte protagonista del proceso.
La participación de la víctima en este proceso,
dota al mismo de todo su sentido educativo,
preventivo e integrador, al posibilitar la toma
de conciencia de quién es el otro, cuáles son
sus circunstancias, cómo ha vivido el conflicto
y su manejo para superarlo.
Colaborador Nacional
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María Carolina
Estepa Becerra
Solamente el tiempo y la memoria las víctimas
podrán dar respuesta a la efectividad de la
reparación brindada por el Estado.
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de Derecho: Saberes
ISSN del modelo 0124-0021
Julio-Diciembre
formal al
de 2010
sustancial
Págs. 231-244
Resumen
El presente artículo presenta la discusión
acerca de las dos versiones dominantes respecto
del contenido del Estado de Derecho.
En tal sentido, define los términos de lo que
se ha entendido por un Estado de Derecho
formal, identificando sus limitaciones y
planteando que la noción sustancial de
Estado sujeto al derecho, según las vertientes
constitucional y democrática del mismo, es el
modelo más completo y finalmente vigente
en este debate.
Palabras clave
Estado de Derecho, Constitucionalismo,
Derechos.
Abstract
Estado de derecho:
del modelo formal al sustancial *
This article shows the discussion about the
two dominant visions on rule of law. In
that sense defines the formal understanding
of the rule of law, raising its limitations.
Secondly, does an overview of substantial
analysis of rule of law, which includes its
democratic and constitutional dimensions.
Key words
Rule of law, Constitution, Rights.
Introducción
José Germán Burgos Ph.D**
burgosile@yahoo.com
En sentido general, el concepto de Estado
de derecho (ED) hace referencia al movimiento
en el que el derecho hace del poder
un objeto de control, limitación jurídica y
despersonalización. 1 En este marco, el poder
del Estado debe estar limitado por normas
jurídicas de tal forma que el gobierno de los
hombres dé paso al gobierno de las leyes.
En otros términos, “no más rex facit legem,
sino lex facit regem”. 2 La dinámica del derecho
hacia el poder, crea además el marco desde
el cual la acción del Estado se presenta y
entiende como legítima. 3
El Estado de derecho es, con todo, uno de
esos conceptos utilizados para fines muy
diversos, ligado a ideologías diferentes y
Fecha de recepción del artículo: Marzo 15 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 25 de 2010
* Artículo proveniente de investigación doctoral realizada en la Universidad Nacional de Barcelona.
** Licenciado en Derecho-grado de Honor Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho del
Comercio Internacional Universidad de Barcelona. Especialista en Ciencia Política Universidad de Barcelona.
Doctor en Derecho Universidad de Barcelona. Profesor Universidad Libre y Nacional de Colombia y Profesor
Visitante Universidad Andina Simón Bolívar. La Paz Bolivia.
1 Para la enunciación de tal movimiento del derecho hacia el poder, Vid. Bobbio, Norberto, Contribución a la
teoría del derecho, Madrid, Editorial Debate, 1990, 2da edición, a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, p. 362. Una
aproximación que discute con el positivismo jurídico acerca de la diferenciación entre poder y derecho puede
encontrarse también en Peña Freire, Antonio Manuel, La garantía en el Estado constitucional de derecho, Madrid, Ed.
Trotta, 1997, pp. 41-51. Una valoración crítica y esclarecedora sobre el sentido profundo de la despersonalización
del poder político y su separación de la esfera económica a través del ED puede verse en Barcellona, Pietro,
Posmodernidad y comunidad, Madrid, Ed. Trotta, 1989, pp. 45-51.
1 Vid. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Madrid, Ed. Trotta, 1997, p. 21.
3 Para una referencia en tal sentido vid. Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1996, p. 237.
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con múltiples y variadas ascendencias en la
historia del pensamiento político. 4 En efecto,
normativamente, el control jurídico del
Estado y los fines de las limitaciones sobre
él colocadas, han sido objeto de diversas
comprensiones provenientes de ideologías
políticas en algunos casos contrapuestas, así
como de distintas nociones y teorías sobre
el derecho, el poder y el contenido y peso de
los derechos. 5 Es tal la variación del concepto,
que para algunos autores hacer referencia
hoy a la expresión “Estado de derecho”
resulta inexacto en comparación con otras
denominaciones alternativas como “Estado
constitucional” o “Estado de los derechos”. 6
Dadas sus variadas filiaciones políticas y
teóricas, existen múltiples definiciones sobre
lo que se puede considerar por Estado de
derecho. Es así como algunas conceptualizaciones
están basadas fundamentalmente en
las características formales de la producción
y aplicación de las leyes. Otras concepciones
se fundan predominantemente, sobre la garantía
y realización de determinados derechos
fundamentales constitucionalmente protegidos.
Cada una de ellas, por su parte, plantea
variaciones institucionales especialmente en
lo referente al papel del poder judicial y las
relaciones de éste con el legislativo. 7
4 Vid. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del
garantismo penal, Madrid, Ed. Trotta, 1995, p. 855;
Baratta, Alexandro, “El Estado de derecho. Historia
del concepto y problemática actual”, Sistema, no.
17-18, 1978, p. 14; y Grote, Rainer, “Rule of Law,
Rechsstaat and ‘État de Droit’”, Christian, Starck
(ed.), Constitutionalism, Universalism and Democracy. A
Comparative Analysis. Baden-Baden, Nomos, 1999,
p. 305.
5 Vid, Baratta, 1978, op. cit., p. 13. Sobre la
aproximación al ED desde la Teoría de la justicia
puede verse De Asís, Rafael, Una aproximación a los
modelos de Estado de derecho. España, Ed. Dykinson,
1999. Especialmente el capítulo III.
6 Vid. Grote, op. cit., p. 305.
7 Para De Asís: “Los modelos [de Estado de
derecho] difieren, entre otros aspectos, por la
distinta justificación que acompañan a los rasgos
sistemáticos que mantienen, por los contenidos
de moralidad que incorporan y por la forma de
entender la separación de poderes y, en concreto,
la relación juez-parlamento”. Vid. al respecto De
Asís, Rafael, op. cit. p. 104.
La multiplicidad de definiciones al respecto
ha sido agrupada en distintos tipos de clasificaciones
que buscan dar algún orden a una
realidad más que abigarrada. Según algunos
planteamientos, se puede hablar de concepciones
instrumentales e intrínsecas del Estado
de derecho. De acuerdo con las primeras éste
es, ante todo, un medio que está ligado a un
conjunto amplio de fines, como la igualdad
ante la ley, la justicia, etc. 8 En términos de lo
segundo se sostiene que el Estado de derecho
es un valor en sí mismo.
Otra de las clasificaciones más utilizadas
afirma que existen modelos formales y sustanciales
de Estado de derecho. Los primeros
se refieren centralmente a la forma en que
las leyes son promulgadas (si fueron por la
persona autorizada, en la manera autorizada y
apropiada), a la claridad de la norma a seguir
(si es suficientemente clara para guiar una
conducta individual capacitando a la persona
a planear su vida) y a la dimensión temporal
de promulgación de las mismas (si es prospectiva
o retrospectiva). Dichas concepciones
formales, sin embargo, no juzgan el contenido
de las leyes en sí mismas, de tal manera que
cualquier consideración sobre su carácter
justo resulta irrelevante.
Un modelo sustancial, por su parte, incorpora
gran parte de los atributos de los conceptos
formales, pero sujeta las leyes y acciones
administrativas a la garantía y realización
de determinados derechos fundamentales
constitucionalmente previstos. 9 En términos
de un Estado de derecho sustancial se
responde a la pregunta sobre “qué” puede
o debe mandarse en una sociedad. 10 Antes
que las formas que caracterizan a las leyes, lo
8 Vid. Santos, Álvaro: “The World Bank Uses of the
Rule of Law Promise in Economic Development”,
The New Law and Economic Development. Cambridge
University Press, 2006. También Kleinfeld, Rachel,
“Competing Definitions of the Rule of Law”,
Promoting the Rule of Law Abroad. In Search of
Knowledge. Carnegie Endowment for International
Peace, 2006.
9 Vid. Kriele, Martin, Introducción a la Teoría del Estado,
Buenos Aires, Ed. Depalma, 1980, pp. 140-141.
10 Vid. Sanchís Prieto, Luis, “Ley, principios y
derechos”, Cuadernos Bartolomé de las Casas, no. 7, Ed.
Dykinson. Universidad Carlos III, 1998, p. 35.

Estado de
Derecho:
del modelo
formal al
sustancial
importante es su contenido, el cual se debe
medir según el respeto y garantía efectiva de
una serie de derechos. 11
El presente texto, pretende ubicar los dos
modelos básicos en que se pueden agrupar
los diversos entendimientos del Estado de
Derecho. Se ubican así, los llamados enfoques
formalistas caracterizados por promover
límites de tipo estrictamente procedimental.
Luego se establecen los conceptos de tipo
sustancial, asociados a la defensa de un
catálogo de derechos. El artículo está organizado
en torno de estos dos entendimientos,
para lo cual se hará una referencia general
al concepto de Estado de derecho como
categoría relacionada con los límites al poder
político y se establecerán también los puntos
de encuentro entre los modelos sustanciales
y formales particularmente en materia de la
división de poderes y el origen democrático
de las leyes.
1. Problema de investigación
El presente documento es ante todo un
estado del arte de tipo teórico en torno al
concepto de Estado de Derecho. Así visto,
pretende responder la siguiente pregunta: qué
entendimientos sobre el Estado de Derecho
se pueden considerar como dominantes y
modélicos en lo que ha sido el desarrollo de
este arreglo institucional desde el siglo xIx
hasta la segunda posguerra mundial? Es claro,
como se indica en la pregunta, que se trata
de identificar marcos analíticos dominantes
antes que hacer un repaso completo en torno
de este concepto.
11 Otros autores como Zelsnick proponen la división
entre conceptos positivos y negativos de ED.
De Asís, por su parte, defiende la existencia de
modelos finalistas y funcionalistas. Bobbio se
refiere a entendimientos débiles y profundos. Vid.
al respecto Selznick, Philip, “Legal Cultures and
the Rule of Law”, Krigier and Czarnota Adam
(eds.), The Rule of Law after Communism. MPG
Books, 1999, p. 23; Bobbio, Norberto, Liberalismo y
democracia, Breviarios, Fondo de Cultura Económica.
Reimpresión Argentina, 1992; De Asís, op. cit.,
cap. I. y Stephenson, Matthew, The Rule of Law as
a Goal of Development Policy. Documento disponible
en Internet: http:// www1.worldbank.org/
publicsector/legal/ruleoflaw2.htm.
2. Método
Como todo estado del arte, el presente trabajo
se basa en la consulta y sistematización
de información secundaria, la cual proviene
en buena parte de literatura especializada en
inglés y castellano.
3. Resultados
3.1 El Estado de derecho como
conjunto de límites al poder
político
A primera vista, todo Estado moderno podría
entenderse como un Estado de derecho en
la medida en que actúa y regula su acción
a través de normas producidas de acuerdo
con los criterios formales preestablecidos.
Así, en términos de Kelsen, el Estado no es
sino el orden de una sociedad organizada
políticamente y este orden se identifica con
el derecho:
Ya sean las normas jurídicas creadas
autocráticamente o las surgidas por vía
democrática las que determinan el uso del
poder, el Estado será siempre “autoritario”,
por que en todo Estado ha de haber una
autoridad; y será al propio tiempo, Estado
de derecho, por que es el orden jurídico el
que determina el titular de la autoridad y
la forma de ejercerla; quien debe mandar y
quien debe obedecer. 12
En realidad, con un concepto como éste, el
Estado de derecho pierde toda referencia
como limitación jurídica del poder del Estado.
El Estado aquí se funde en el derecho de forma
que no tiene sentido la referencia misma
al Estado de derecho, considerada, a lo sumo,
como una tautología o un pleonasmo. 13 Aún
12 Vid. Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, trad.
Legaz y Lecambra, México, Ed. Nacional, 1979,
p. 142. En sentido similar, Mayer, citado por
Palombella, sostiene que un Estado de derecho es
tal “sólo si la administración pública está sometida
a la ley y se expresa a través de actos formales”. Vid.
Palombella, Gianluigi, Filosofía del derecho. Moderna y
contemporánea, Madrid, Ed. Tecnos, 1999, p. 116.
13 La valoración de una concepción como ésta en
términos de una tautología es enunciada por Raz,
Joseph, La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho
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más, bajo esta identificación es posible integrar
y finalmente legitimar, como ya ha ocurrido,
diversos tipos de regímenes políticos
con independencia de su carácter autoritario
o democrático, de su respeto o violación de
los derechos y libertades básicas. 14
En realidad, el Estado de derecho es un
concepto normativo que postula la existencia
de un variado conjunto de mecanismos
institucionales dirigidos a limitar o controlar
el poder político. Su pretensión central es
la de generar un ambiente de garantías que
hagan posible el reconocimiento y goce de
las libertades individuales en sus dimensiones
negativa y positiva. En otros términos, el
Estado de derecho sería la forma más adecuada
de organizar el poder estatal con el fin de
hacer posible la libertad, evitando los riesgos
generados por el monopolio de la fuerza que
modernamente lo ha caracterizado:
De acuerdo con su significado fundamental,
y siempre que no se lo deforme ideológicamente
o se lo instrumentalice, el Estado de
derecho busca siempre limitar y restringir el
poder y el dominio del Estado a favor de la
libertad del individuo y realizar el derecho
material. El primado del derecho (legal) frente
a la política se presenta como un postulado
que reaparece una y otra vez en la reflexión
sobre el Estado de derecho. 15
y moral, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1982, p. 266. Por su parte la referencia a
un pleonasmo está en Peña Freire, op. cit., p. 41.
14 Una buena parte de los analistas del Estado de
derecho, vinculan a Kelsen con esta definición
restringida del ED. Así, de manera contundente,
lo hacen Hayek, Friedrich, Los fundamentos de
la libertad. trad. Jose Vicente Torrente, Madrid,
Unión Editorial, 1991, p. 260; Reynolds, Noel B.,
“Grounding the Rule of Law”, Ratio Juris, vol. 2,
no. 1, marzo de 1989, p. 1; Palombella, op. cit., p.
116; Peña Freire, op. cit., p. 42. Con todo, es un
terreno de discusión la consideración aislada de esta
valoración de Kelsen a la luz de toda su obra. Asís,
por ejemplo, sostiene que, para Kelsen, el derecho
tiene contenidos de justicia pero no es posible
especificar cuáles son en todos los derechos. Vid.
De Asís, op. cit., p. 50.
15 Vid. Bockenforde, Ernst, Estudios sobre el Estado de
derecho y la democracia, Madrid, Ed. Trotta, 2000, p.
44.
En cuanto a la existencia de límites al poder
político, el Estado de derecho integra de
manera preeminente la noción de imperio de
la constitución y de la ley. Es así como antes
que la voluntad directa y circunstancial de los
gobernantes o de los asociados, las acciones
del Estado y de la sociedad están regidas
por lo previsto en las normas establecidas
en la constitución y en la ley y producidas
mediante el procedimiento democrático. Este
imperio es el fundamento de la legalidad de la
administración y, por tanto, de la pretensión
de que toda acción del poder público esté
previamente establecida y controlada por la
legalidad democrática.
Ahora bien, la pretensión de imperio de la
constitución y de la ley con fines de preservar
la libertad no se logra meramente por un
proceso de postulación de su superioridad
normativa. Para que este imperium sea parte
del Estado de derecho, la normatividad
de cualquier orden debe estar sujeta a un
conjunto diverso de características que hacen
posible el cumplimiento de su función
como límite. Ellas se refieren, en primer
lugar, al respeto de un grupo de referentes
semánticos o formales relacionados con
su proceso de producción y aplicación.
En segundo lugar, las normas imperantes
deben responder a aspectos de contenido
que establecen un conjunto de valores, los
cuales deben ser reconocidos y respetados
por cualquier norma. Finalmente, este tipo
de límites deben ser complementados con
la existencia de un régimen de división y
control entre los poderes. En tal sentido,
las constricciones jurídicas a la acción del
Estado que conforman el concepto normativo
del Estado de derecho, se pueden
diferenciar entre formales, sustanciales y de
fragmentación interna del poder.
3.2 Las limitaciones formales en el
Estado de derecho
De manera indicativa, las características formales
de una normatividad constitucional o
legal propia de un Estado de derecho hacen
referencia a su generalidad y abstracción, a
su aplicación igual, a su carácter prospec-

Estado de
Derecho:
del modelo
formal al
sustancial
tivo antes que retroactivo y a su claridad y
publicidad. 16
De acuerdo con Hayek, la generalidad de la ley
es la esencia de un Estado de derecho. 17 Ésta
representa la oposición a la particularización
en cuanto a los sujetos y acciones previstas
en las leyes. Por ende, las leyes no deben
mencionar casos o personas determinadas,
de tal forma que sean aplicables a todos los
eventos e individuos sin consideraciones
de orden específico. 18 En sentido amplio, la
generalidad de la ley no significa la exclusión
absoluta de cualquier referencia particular en
la misma. Ésta es posible, a condición de que
esté guiada y sujeta por normas superiores,
claras, estables y generales. 19
La generalidad así entendida tiene un vínculo
sustancial con la igualación de los individuos
ante la misma. 20 Esta se refiere, al tratamiento
sin diferencias de aquellos casos considerados
similares a la luz de las normas vigentes. En
este plano, no son permisibles, por tanto,
excepciones ad hoc, dispensas o inmunidades
secretas. 21 Sin embargo, el tratamiento igual
de casos iguales ante la ley no excluye la
presencia de discriminaciones de diverso tipo
basadas en la raza, el sexo, la religión, la clase
social o las convicciones políticas. 22 Como
16 Aunque tal diferenciación no es siempre clara, las
formas descritas son aplicables tanto a las leyes de
origen parlamentario como a las normas de orden
constitucional.
17 Así, para Hayek: “El carácter de protección de la
ley, su propia raison d’être, ha de encontrarse en su
generalidad”. Vid. Hayek, op. cit., p. 266.
18 Vid. Neumann, Franz, The Rule of Law, Reino Unido,
BERG, 1986, p. 212.
19 Vid. especialmente Raz, op. cit., p. 269. En el
mismo sentido se expresa Waldron, quien prefiere
hablar de normas universales antes que generales.
Vid. Waldron, Jeremy: “The Rule of Law in
Contemporary Liberal Theory”, Ratio Juris, vol. 21,
no.1, marzo de 1989, p. 81.
20 Así lo considera Neumann, quien asocia el sentido
igualador de la ley general como su valor ético. Vid.
Neumanm, op. cit., 213. También Zagrebelsky, op.
cit., p. 29.
21 Vid. Allan, T.R.S., “The Rule of Law”, The New
Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Peter
Newman, Ed. London, Macmillan, 1998, p. 375.
22 Sobre tal confusión en un plano estrictamente
formal, vid. Fogelklou André, “Principles of Rule
bien aclara Raz, discriminaciones de cualquier
orden son compatibles y frecuentemente
institucionalizadas por normas generales. 23
Al mismo tiempo, sólo en los términos de
la igualdad ante la ley esta última se hace
suprema al no existir, en principio, jerarquías
formales ni poderes que se sitúen por encima
de la misma. Éstos no dejan de existir en la
práctica, sino que son ocultados en virtud de
una igualación formal. 24 La igualdad formal
permite, por tanto, situar la ley por encima
de todo: 25
Es la supremacía de la ley en el sentido de
primacía de la ley formal, la ausencia de
privilegios legales de unas personas designadas
autoritariamente, lo que salvaguarda
aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto
al gobierno arbitrario. 26
Adicionalmente a las anteriores caracterizaciones
formales de la ley, ésta debe ser
clara y, por ende, carente de ambigüedades,
imprecisiones y vaguedades que puedan
generar confusión en los destinatarios de la
misma. 27 En el mismo sentido las leyes deben
procurar la ausencia de contradicciones y la
estabilidad legal en el tiempo, de tal forma que
existan condiciones para la congruencia entre
lo previsto en la ley y la acción del gobierno y
de las personas. 28 Finalmente, las leyes deben
ser prospectivas y, especialmente en el marco
of Law and Legal Development”, Sevastik, Per (ed.),
Legal Assistance to Developing Countries. Suecia, Kluwer
Law International, 1997.
23 Vid. Raz, op. cit., p. 270.
24 Neumann afirma con precisión: “la ley general tiene
una función de ocultamiento. En una sociedad de
clases y en un sistema económico competitivo,
una ley general encubre la realidad”. Neumann,
op. cit., p. 213. En sentido claramente crítico y
desmitificador del fetichismo de la igualdad ante la
ley, vid. Barcellona, op. cit., p. 50.
25 Vid. Barcellona, op. cit., p. 48.
26 Vid. Hayek, Friedrick A., Camino de servidumbre,
Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1946, p.
82.
27 Vid. Raz, op. cit., p. 268. También Pérez Luño,
Antonio E., “Seguridad jurídica”, Garzón Valdez,
Ernesto (ed.), Derecho y justicia, Madrid, Ed. Trotta.
1996, p. 484.
28 Vid. Fuller, Lon, The Morality of Law, New Heaven,
Yale University Press, 1964, cap. 2.
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del derecho penal, es preciso que garanticen
el debido proceso y el acceso a la justicia. 29
Como producto de la caracterización formal
de las leyes, se puede lograr simultáneamente
dificultar la arbitrariedad estatal y ofrecer condiciones
de seguridad jurídica. Con respecto a
lo primero, una enunciación general de la ley
y su aplicación formal permiten dificultar la
persecución de intereses individuales o particulares
por los gobernantes, manera ésta con
la que se identifica especialmente la posible
acción arbitraria del Estado: 30
El uso arbitrario del poder para provecho
personal, fuera de la venganza o el favoritismo,
se manifiesta muy comúnmente, en
la creación de órdenes jurídicas particulares.
Dichas posibilidades se encuentran
drásticamente limitadas por una estrecha
adhesión al Estado de derecho”. 31
En materia de seguridad jurídica, el formalismo
de las leyes y en particular su carácter claro,
prospectivo y público facilita la existencia de
un marco legal y judicial cierto y predecible,
desde el cual los sujetos individuales puedan
planear sus propios proyectos personales sin
intromisiones del Estado y/o de otros individuos.
Las leyes conforman así un conjunto de
29 Vid. Raz, op. cit., p. 272.
30 Tal correspondencia es reconocida por Summers:
“Esto es, los requisitos institucionales para una
teoría formal del Estado de derecho y el proceder
arbitrario son, en la práctica, incompatibles en un
alto grado”, Vid. Summers, Robert S., “A Formal
Theory of the Rule of Law”, Ratio Juris, vol. 6. no.
2, julio de 1993.
31 Vid. Raz, op. cit., p. 274. Haciendo referencia al
contenido justo de la ley, Hayek plantea: “A veces
se afirma que la ley, además de general e igual,
dentro del Estado de derecho, también debe ser
justa (…) Verdad es que tal ley puede ser mala e
injusta, pero su formulación general y abstracta
reduce este peligro a un minimum”. Hayek, op. cit.,
p. 266. Fuller, desde un ámbito de neutralidad moral
expresa también su confianza especial en las formas
de la ley: “La simple demanda de que el Estado de
derecho esté expresado en términos inteligibles
significa que será éticamente neutral respecto de
los fines que el derecho pueda perseguir (...) Si el
legislador pretende remover algunos de errores de
la ley y no puede fácilmente identificar el objetivo
respecto del cual la reforma es dirigida, es obvio
que le será difícil crear una ley que sea clara”. Vid.
Fuller, op. cit., p. 159.
reglas de juego que constituyen instrumentos
de acción en manos de los sujetos antes que
un medio de acción del Estado. Al obedecer
la ley, el individuo persigue sus propios fines
y no los del legislador. La seguridad jurídica
es, pues, el segundo gran eje de sentido de
una limitación formal del Estado: 32
Lo importante es si el individuo puede
prever la acción del Estado y utilizar este
conocimiento como un dato para establecer
sus propios planes, de lo que resulta que el
Estado no puede intervenir el uso que de su
mecanismo se hace y el individuo sabe con
exactitud hasta dónde está protegido contra
la interferencia de los demás, o si el Estado
está en situación de frustrar los esfuerzos
individuales. 33
Ahora bien, aun cuando las características
con que se ha pretendido definir la producción
del derecho han cumplido un papel
de limitación del poder, como ya se ha
anticipado, su vigencia no siempre ha sido
coherente con la defensa de un catálogo de
derechos considerados como fundamentales
y con la inclusión de vínculos con criterios
de justicia, particularmente en términos
sociales. En realidad, más allá de la garantía
formal de un ámbito de acción del sujeto
individual y de la posibilidad de predecir
la acción del gobierno, una concepción
como la hasta ahora planteada, tiene serios
problemas para contar con un compromiso
en términos de derechos:
32 Para Pérez Luño, “el principal objetivo de la
estructura técnico formal es la creación de un clima
de seguridad jurídica en el desarrollo de la actividad
estatal”. Vid. Pérez Luño, Antonio E., Derechos
humanos, Estado de derecho y constitución, Madrid, Ed.
Tecnos, 1994, p. 243; También De Asís, op. cit., p.
63; Golding Martin, “Transitional Regimes and the
Rule of Law”, Ratio Juris, vol. 9, no. 4, diciembre
de 1996 y Fernández García, Eusebio, “Hacia
un concepto restringido de Estado de derecho”,
Sistema, no. 138, 1997, p. 112.
33 Vid. Hayek, op. cit., p. 84. Raz es también claro
al respecto: “Esta es la intuición básica de la que
deriva la doctrina del Estado de derecho: El derecho
tiene que ser capaz de guiar el comportamiento de
sus súbditos. Es evidente que esta concepción del
Estado de derecho es una concepción formal”. Vid.
Raz, Op. cit., p. 267.

Estado de
Derecho:
del modelo
formal al
sustancial
El Estado de derecho puede ser, sin embargo,
otro modo de protección de la libertad
personal. Pero no tiene nada que ver con la
existencia de esferas de actividad libres de
la interferencia gubernamental y es compatible
con amplias violaciones a los derechos
humanos. 34
Esta ausencia de un vínculo cierto con los
derechos fundamentales permite entender
la compatibilidad teórica e histórica entre la
igualdad formal ante la ley y la institucionalización
de discriminaciones de diverso tipo.
En efecto, como se puede observar en el
caso de Estados Unidos, la estructuración
de la discriminación contra las poblaciones
negras se realizó mediante leyes formalmente
impecables, es decir, generales, impersonales,
abstractas, públicas y proactivas. 35
Por tanto, ante estos límites de las constricciones
de tipo formal sobre la acción del Estado,
el desarrollo histórico de este concepto ha
incorporado límites de orden sustancial, los
cuales pretenden ahora afectar el contenido
mismo, antes que la forma de expresión del
Estado.
34 Vid. Raz, op. cit., p. 276. Por su parte, Hayek
comparte de manera excesivamente cauta el
establecimiento de un catálogo de derechos,
siendo la generalidad de la ley la mejor defensa
contra la intromisión del Estado en la libertad
individual: “En úsltima instancia, las garantías
legales de ciertos derechos fundamentales no son
otra cosa que parte de la salvaguarda de la libertad
individual que proporciona el constitucionalismo
y no pueden dar mayor seguridad contra las
infracciones legislativas de la libertad que las
propias constituciones”. Vid. Hayek, op. cit., pp.
273 y 274. Valverde sostiene que, en realidad,
Hayek está más interesado en la libertad de acción
que en la libertad como atributo personal. Vid.
Valverde, Caridad, Hayek: una teoría de la justicia, la
moral y el derecho. Madrid, Ed. Civitas. U de Navarra.
Fac. de Derecho, 1994.
35 En términos históricos, Zelsnick documenta
como las cortes en Estados Unidos sostuvieron
la prohibición de los matrimonios entre negros y
blancos basados en el principio de aplicación igual
de la ley. Vid. Zelsnick, op. cit., p. 30. En igual
sentido se expresa Sanchís Prieto: “Pues con leyes
únicas, claras, abstractas y generales, es obvio que
se pueden cometer tantas inequidades como con
el viejo derecho feudal o consuetudinario”. Vid.
Sanchís Prieto, op. cit., p. 9.
3.3 Las limitaciones sustanciales en
el Estado de derecho
El Estado de derecho adiciona a las limitaciones
formales sobre la acción del Estado
límites de orden sustancial identificados con
derechos, los cuales circunscriben y dirigen
la acción de todos los poderes públicos.
Estos derechos adquieren generalmente una
primacía de orden constitucional, desde la
cual las leyes, su aplicación y la acción de la
administración quedan sujetas a la revisión de
su contenido. Son, entonces los contenidos
de la ley en términos de derechos, antes que
sus formas, los que permiten establecer la
existencia o no de un Estado debidamente
sujeto a la juridicidad. 36
Con el reconocimiento de límites sustanciales,
se acepta que el Estado de derecho cuenta con
los atributos formales mencionados antes. No
obstante, existen ciertos derechos sustantivos
que deben ser reconocidos, respetados y
garantizados por las leyes y que afectan tanto
el contenido de estas últimas como el apego
absoluto a las formas anotadas. Una comprensión
sustancial plantea entonces la:
(…) funcionalización de todos los poderes
del Estado al servicio de la garantía de los
derechos fundamentales de los ciudadanos,
mediante la incorporación limitativa en su
Constitución de los deberes públicos correspondientes,
es decir, de las prohibiciones
de lesionar los derechos de libertad y de
las obligaciones de dar satisfacción a los
derechos sociales, así como de los correlativos
poderes de los ciudadanos de activar
la tutela judicial. 37
El reconocimiento constitucional de derechos
fundamentales y su garantía efectiva, antes
que la sola generalidad de la ley, constituyen
aquí el fundamento del Estado de derecho. 38
Se trata entonces de determinar los conte-
36 La presentación sobre los límites sustanciales aquí
incluidos se basa en los trabajos ya citados de Ferrajoli,
Zagrebelsky, Grote y, sin incluirlo propiamente bajo
un rótulo de estado constitucional, los recientes
aportes de Jürgen Habermas, especialmente en
Facticidad y validez, op cit.
37 Vid. Ferrajoli, op. cit., p. 857.
38 Vid. Capella, op. cit., 1997, p. 150.
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nidos del ejercicio del poder del Estado en
una sociedad, los cuales son el presupuesto
fundamental, formal y sustancial del sistema
jurídico y de la acción estatal. 39 Si, como
se afirmaba, los límites formales permiten
predecir las reglas del juego, los límites sustanciales
permiten establecer cuáles son las reglas
preliminares que hacen posible el desarrollo
del juego. 40 Estas últimas remiten finalmente
a la garantía de los derechos individuales y/o
los derechos económicos y sociales.
Las garantías individuales se refieren claramente
a las prohibiciones dirigidas hacia el
Estado y tutelables frente a él para conservar
la vida y las libertades civiles y políticas. 41
Estos derechos, en cuanto deberes públicos
negativos, garantizan aquel ámbito individual
que en las concepciones formales sólo se
afincaba en la semántica de la ley. Por su
parte y de manera concurrente, los derechos
económicos y sociales incorporan deberes
de acción del Estado frente a la población.
De acuerdo con las opciones en materia de
derechos encarnadas en la Constitución, un
Estado puede ser de derecho según énfasis
diversos. Estos énfasis generalmente están
relacionados con la determinación de cuáles
son los derechos fundamentales garantizados
bajo la supremacía constitucional y/o los
criterios según los cuales se atribuye el contenido
democrático de las leyes que enmarcan
la acción del Estado. Surgen así los modelos
de un Estado de derecho liberal, un Estado
de derecho social o un Estado democrático
de derecho. 42
Esta integración de los derechos, sin embargo,
no siempre es compatible con el alcance de
las limitaciones formales antes indicadas. En
particular, el reconocimiento de los derechos
sociales ha exigido que el Estado asuma un
39 Vid. Sanchis Prieto, op. cit., p. 35.
40 Referencia realizada por Bobbio y citada por
Ferrajoli, op. cit., p. 893.
41 Vid. Ferrajoli, 1995, p. 860.
42 Ibidem, p. 861. En un sentido diferente, De Asís,
enuncia más no desarrolla la idea de que pueden
existir modelos de Estado liberal o social que no
son necesariamente constitucionales. Vid. De Asís,
Op. cit., p. 84.
papel proactivo para su progresiva garantía.
Para ello, ha debido crear un conjunto de
reglamentaciones legales y administrativas
que pretenden dirigir o regular situaciones
específicas. Con ello, por ejemplo, se ha morigerado
el nivel de abstracción y generalidad
con el que se pretendía caracterizar a las leyes.
Otro tanto ha ocurrido con la claridad de las
normas, la cual se ha hecho más difícil de
alcanzar en la medida en que hoy incorpora
conceptos más abiertos y, por tanto, sujetos
a la discrecionalidad del aplicador. De esta
forma:
La ley, un tiempo medida exclusiva de todas
las cosas en el campo del derecho, cede así,
el paso a la Constitución y se convierte ella
misma en objeto de medición. Es destronada
en favor de una instancia más alta (…)
Hoy día ya no se mantienen los caracteres
liberales de la ley, concebida como límite a
la situación de libertad natural (…) la ley
ha perdido el sentido de la orientación,
haciéndose temible por lo imprevisible de
su dirección. 43
De esta manera, en el contexto de los límites
sustanciales del Estado de derecho, se incorporan
las dimensiones propias de su definición
formal pero a costa de su redefinición. 44
La ley aparece sujeta a fines relacionados con
una variedad de derechos que ya no pueden
ser garantizados meramente por la generalidad,
la abstracción y la aplicación formal de
la misma.
Un cambio en otro sentido es el que ocurre
respecto del criterio de validez del derecho.
En virtud de las limitaciones sustantivas, una
norma será válida si es producida por la autoridad
facultada y de la manera formalmente
43 Vid. Zagrebelsky, op. cit., pp. 36, 37 y 40. También
vid. Sanchís Prieto, 1998, op. cit., cap I.
44 Con todo, también es cierto que algunos aspectos
formales del Estado de derecho se mantienen
incólumes. El interés por su publicidad, claridad, no
retroactividad, garantías procesales e independencia
judicial son muestra de ello. Habermas ha planteado
que aún bajo un paradigma jurídico de Estado de
bienestar es posible mantener sin incompatibilidad
algunos de los atributos formales de la ley. Vid.
Habermas, op. cit. También Scheuerman, William:
“The Rule of Law and the Welfare State: Toward
a New Synthesis”, Politics & Society, vol. 22, no. 2,
junio de 1994.

Estado de
Derecho:
del modelo
formal al
sustancial
prevista, más también debe satisfacer condiciones
de justicia sustancial, referidas a los derechos:
“La estricta legalidad, subordina todos
los actos, incluidas las leyes a los contenidos
de los derechos fundamentales, coincidiendo
con su legitimación sustancial”. 45
El alcance efectivo de las limitaciones formales
y sustanciales y la relación entre ellas está,
a su vez, supeditado a un arreglo institucional
adicional que, por lo demás, constituye otro
límite al poder del Estado, a saber, la división
y control entre los poderes. Como se verá, su
configuración varía según el peso otorgado al
tipo de constricciones antes indicadas.
3.4 La división de poderes
En sí misma, la división de poderes es una
manera de debilitar el poder del Estado en
la medida en que dificulta su abuso. Bajo los
principios liberales clásicos, la mejor forma
de evitar un uso arbitrario del poder consiste
en no permitir su concentración en pocas manos.
Para ello, es preciso fraccionar el poder
público en diversas instancias encargadas del
desarrollo de distintas funciones, de las cuales
las más fundamentales son las legislativas, las
ejecutivas y las judiciales.
Ahora bien, la relación entre estos poderes
varía notablemente según el peso que se otorgue
a las limitaciones formales o sustanciales
arriba indicadas. En el primero de los casos,
se ha postulado una muy escasa relación
entre dichos poderes y, por el contrario, se
ha defendido una clara separación orgánica
y funcional entre quien promulga la ley y
quien la aplica. 46 Por tanto, el poder legislativo
se ha considerado la fuente privilegiada
de la normatividad y el poder público en la
medida en que es depositario de la soberanía
popular. El poder ejecutivo desempeña un
45 Vid. Ferrajoli, op. cit., pp. 358 y 857; Peña Freire,
op. cit., p. 58.
46 Así lo afirma Hayek: “Sería humanamente imposible
separar de modo efectivo la promulgación de nuevas
normas generales y su aplicación a casos particulares,
a menos que dichas funciones fueran realizadas por
cuerpos o personas distintas (...) Ello exige jueces
independientes y ajenos a los transitorios objetivos
de la acción del poder público”. Vid. Hayek, op.
cit., p. 267.
papel fundamental como administrador
de esa legalidad en sentido general. Por su
parte, el juez cumple la particular función de
resolver conflictos con base en la aplicación
cabal de la ley a los casos específicos. Además
de su apego a la ley, el poder judicial debe ser
independiente de toda autoridad externa y, en
especial, del poder legislativo y ejecutivo. 47
Se trata de evitar cualquier intromisión que
desvíe la aplicación correcta de lo previsto
en las leyes generales. De acuerdo con esta
concepción, el sistema de justicia restringe
su papel a la realización de la ley en el caso
concreto, pero tiene muy poco que decir en
términos de la capacidad de control de éste
sobre el ejecutivo y el legislativo:
Los tribunales deben tener poderes de
revisión sobre la implementación de los
otros principios. Esto incluye la posibilidad
de revisar tanto la legislación ordinaria y
parlamentaria, así como la acción administrativa;
pero en sí misma constituye una muy
limitada revisión –meramente para asegurar
la conformidad al Estado de derecho–. 48
En términos de las limitaciones formales
el principio de separación de poderes tiene
una justificación funcional, necesaria para
que el derecho, contemplado como sistema
normativo, sea eficaz. 49
Sin embargo, con la incorporación de los
límites sustanciales de tipo constitucional,
las leyes producidas por el legislativo quedan
limitadas por un catálogo de derechos. En
otros términos, se colocan límites al ámbito
legislativo del poder soberano, lo cual relativiza
su otrora papel supremo. En adelante,
todos los poderes públicos deben respetar
los límites expresados en los derechos,
pero su papel respectivo frente a éstos será
diferente.
47 Vid. al respecto, Gascon, Marina y García Alfonso,
La argumentación en el derecho. Lima, Palestra, 2005, p
23.
48 Vid. Raz, op. cit., p. 272. Hayek reconoce poderes
de revisión judicial respecto del ejecutivo sólo
en los casos de abuso de la coacción estatal y
especialmente cuando se produce una posible
afectación de la propiedad. Vid. Hayek, op. cit., p.
268.
49 Vid. De Asís, op. cit., p. 47.
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José Germán
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En lo que concierne al poder legislativo,
éste conserva sus atribuciones como fuente
privilegiada de generación de derecho y como
expresión central de la voluntad ciudadana.
Con todo, el poder del pueblo encarnado
en el parlamento, deja de ser soberano para
convertirse en un poder jurídico limitado por
el derecho.
El poder ejecutivo, por su parte, adquiere un
renovado papel protagónico. Dado que las
limitaciones sustanciales le imponen unos
deberes positivos, la administración construye
y desarrolla un conjunto amplio de políticas
que le exigen, entre otras cosas, interpretar
de manera más o menos discrecional los
objetivos y medios necesarios para avanzar
en los derechos sociales.
Finalmente, el poder judicial asume una
función muy diferente de la mera aplicación
de la ley. Se espera de éste la defensa última
de la Constitución y de los derechos allí establecidos.
El imperio de la Constitución sobre
la ley y de los derechos respecto de cualquier
orden normativo y de los demás poderes
públicos es, por tanto, la tarea central del
poder judicial. 50 Por esta vía, el poder judicial
se convierte en el órgano de cierre que hace
posible en buena parte la vigencia última del
Estado de derecho.
La división de poderes, en cuanto característica
del Estado de derecho, constituye entonces
un límite adicional al poder estatal mediante el
proceso mismo de división del poder en tres
ramas autónomas. Complementariamente,
en ésta descansa la vigencia de los límites
formales y sustanciales. En particular, es
en el poder judicial donde deben radicar las
facultades para garantizar que el legislativo y
el ejecutivo respeten los requisitos de forma
y contenido que deben tener las normas, a fin
que cumplan su papel como límites.
El último aspecto que se debe considerar
con el fin de construir la noción de Estado
de derecho en cuestión, es el origen de la
50 Vid. Carreras, Francesc: “El Estado de derecho
como Sistema”, Cuadernos y Debates, Serie Minor,
no. 1, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1996. También Grote, op. cit., p. 286.
normatividad que pretende delimitar la acción
estatal. Esto tiene que ver con la relación entre
democracia e imperio de la Constitución y la
ley, la cual, a su vez, permite entender el importante
papel del poder judicial como límite
respecto del legislativo y el ejecutivo entendidos
como poderes de origen democrático.
3.6 Estado de derecho y democracia
Las normas que limitan la acción del Estado
no sólo deben contar con los requisitos formales
y de contenido ya identificados, sino
que deben ser el producto de la voluntad
democrática de los ciudadanos. La primera
razón de esto se refiere a los estrictos términos
de legitimidad del orden jurídico así como
del Estado. Para que el derecho y el Estado
al que rige sean considerados legítimos, el
primero debe fundarse en procedimientos
democráticos de discusión y construcción:
La idea de Estado de derecho exige que las
decisiones colectivamente vinculantes del
poder estatal organizado a que el derecho
ha de recurrir para el cumplimiento de sus
propias funciones , no sólo se revistan de
la forma de derecho, sino que a su vez
se legitimen ateniéndose al derecho legítimamente
establecido. (...) Y en el nivel
postradicional de justificación, sólo puede
tenerse por legítimo el derecho que pudiese
ser racionalmente aceptado por todos los
miembros de la comunidad jurídica en una
formación discursiva de la opinión y la
voluntad comunes. 51
A las razones de legitimidad del derecho que
sustentan el origen democrático del mismo
se deben agregar los argumentos relativos a
su finalidad. En principio, una forma idónea
para reconocer y garantizar las libertades individuales
consiste en que la población que las
ejerce participe en el proceso de construcción
de los límites que permiten su reconocimiento
y defensa. Es muy poco probable que se
garanticen los derechos fundamentales al
margen de la existencia de un procedimiento
democrático. 52
51 Vid. Habermas, op. cit , p. 202. También Bockenforde,
op. cit., p. 22.
52 De acuerdo con Castoriadis: “La autonomía de
los individuos es inconcebible sin la autonomía de
la colectividad. En realidad, ¿qué significa, cómo

Estado de
Derecho:
del modelo
formal al
sustancial
Si bien, en buena medida, la legitimidad y
finalidad del Estado de derecho descansan
hoy en su origen democrático, esto no
siempre ha sido así. Históricamente, en sus
inicios, la idea del Estado de derecho no
estuvo acompañada de la de democracia.
Las primeras monarquías constitucionales
limitaron su poder en ausencia y sin mayor
reconocimiento de los parlamentos. Por su
parte, el carácter excluyente de los primeros
estados representativos, permitió la creación
de un Estado de derecho dirigido por y para
las clases burguesas.
Sería con la universalización del derecho al
sufragio que se consolidaría la relación entre
ambos extremos, dando surgimiento a la idea
del Estado Democrático de Derecho. Sin
embargo, este proceso ha traído aparejado
el surgimiento de importantes tensiones
entre el principio de mayorías y las libertades
defendidas mediante un Estado sujeto a la
juridicidad.
Este conflicto está relacionado con el temor
que suscitan los abusos del principio de mayoría
propio de la democracia. Es perfectamente
posible que, en razón de la voluntad popular
expresada democráticamente, se puedan
negar los derechos, la división de poderes
incluso, el mismo principio de representación.
Esta realidad no es meramente hipotética si se
tiene en cuenta que la experiencia del nazismo
y el fascismo contaron con cierto apoyo popular
o si se constata que en América Latina
las denominadas democracias delegativas han
permitido poderes ejecutivos casi omnímodos
fundados en la voluntad del pueblo. 53
es posible, qué presupone la autonomía de los
individuos? ¿Cómo se puede ser libre si se está
colocado obligatoriamente bajo la ley social? Existe
una primera condición: es necesario que se tenga la
posibilidad efectiva de participar en la formación de
la ley (de la institución). No se puede ser libre bajo
una ley si no se puede decir que esa ley es propia, si
no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar
en su formación y en su institución (incluso cuando
las preferencias propias no han prevalecido)”.
Vid. Castoriadis, Cornelius, “La democracia como
procedimiento y como régimen”, Iniciativa Socialista,
no. 38, febrero de 1996, p. 5.
53 Vid. Ferrajoli, Luigi, “Sobre la definición de
democracia. Una discusión con Michelagelo
Bovero”, Isonomía, no. 19, octubre de 2003, p. 229.
Ante tal situación, es necesario repensar la
misma noción de democracia procedimental
implícita en el anterior planteamiento, según
la cual ésta es ante todo la expresión de la
mayoría mediante el ejercicio del voto libre.
Esta noción de democracia es inaceptable
pues, lógica e históricamente, hace posible la
abolición de la misma como producto de su
puro ejercicio. Por tanto, para que un:
(…) sistema sea democrático se requiere al
menos que a la mayoría le sea sustraído el
poder de suprimir el poder de la mayoría.
Pero este es un rasgo sustancial que tiene
que ver con el contenido de las decisiones
y que por lo tanto contradice la tesis según
la cual la democracia consistiría básicamente
en un método. 54
Por tanto, para que se pueda hablar de un
Estado democrático de derecho, es preciso
poder reconocer jurídicamente las reglas del
juego de construcción de mayorías, así como
los derechos que la hacen posible. Por esta
razón, en las normas propias del Estado de
derecho deben estar claramente definidos
los procedimientos idóneos para tomar
decisiones garantizando la voluntad libre de
las mayorías. Adicionalmente, para que éstos
tengan lugar es necesario el debido respeto
de los derechos políticos, pero también de los
civiles, de los cuales dependen mucho de los
primeros. Finalmente, los derechos sociales
son ineludibles, puesto que por medio del
principio de integralidad hacen posible el ejercicio
pleno de las libertades individuales. En
otros términos, los derechos sociales ofrecen
las condiciones materiales necesarias para el
ejercicio de las libertades individuales.
La particularidad de este reconocimiento en el
marco de un Estado democrático de derecho
conlleva, sin embargo, la imposibilidad de
su disposición por la voluntad mayoritaria.
Así se conforman los denominados cotos
vedados o esferas de lo indecidible respecto
de los cuales la democracia procedimental
no puede intervenir, en la medida en que son
éstos los que permiten la existencia misma
de la democracia en todo sentido. Debido a
este reconocimiento, la democracia deja de
54 Ibidem, p. 229.
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ser meramente procesal y se convierte en
sustantiva, dando lugar a lo que hoy se conoce
por democracia constitucional. 55
El Estado de derecho tiene entonces por
finalidad asegurar el ejercicio efectivo de la
autonomía política de los ciudadanos que
permita el surgimiento del poder comunicativo,
el cual debe expresarse en las leyes,
en su aplicación y en su ejecución. 56 Así, el
Estado de derecho garantiza los derechos individuales
y sociales en ausencia de los cuales
resulta imposible el ejercicio de la democracia.
Bajo estas consideraciones, la primacía de la
Constitución sobre la actividad legislativa y
su producto es por entero compatible con
esta concepción pues una Constitución que
interpreta y desarrolla el sistema de los derechos
no contiene “otra cosa que principios
y condiciones del ineludibe e insuprimible
proceso de producción legislativa”. 57
A partir de lo visto y como último elemento
constitutivo de la noción de Estado de
derecho, es preciso defender que el derecho
que limita la acción del Estado debe ser el
producto de la voluntad democrática. Hoy
no es posible pensar, como en el pasado, en
un desligamiento total o relativo de estos dos
conceptos normativos. Si bien los límites
jurídicos deben provenir de la democracia,
el Estado de derecho contribuye a la misma,
colocándole límites que dificulten al máximo
la destrucción de sus fundamentos como
producto de la voluntad popular. Por este
medio, el poder del pueblo se convierte
claramente en un poder jurídico, en cuanto
limitado igualmente por el derecho. El Estado
de derecho permite que la democracia deje de
ser un procedimiento e integre fines ligados
con los derechos y la autonomía humana. 58
55 Es necesario tener en cuenta que este planteamiento
ha generado muchas discusiones teóricas. Algunos
autores consideran que el papel del Estado de derecho
y el constitucionalismo como límites al principio de
mayoría son claramente antidemocráticos. Vid.
Ruiz, Miguel Alfonso, “Constitucionalismo y
democracia”, Isonomía, no. 21, octubre de 2004.
56 Vid. Habermas, op. cit., p. 245.
57 Ibidem, p. 258.
58 Retomando a Castoriadis, “los procedimientos
democráticos constituyen una parte, ciertamente
importante, pero sólo una parte, de un régimen
Conclusión
El Estado de derecho es ante todo un concepto
normativo con el que se hace referencia a aquel
Estado que pretende actuar de manera limitada
en la medida en que busca sujetar su poder
a normas de origen democrático, de rango
constitucional y legal en las cuales se incorporan
derechos individuales y/o económicos
y sociales; igualmente, busca el respeto de la
publicidad, proactividad, claridad y generalidad
de las normas y la garantía de un régimen de
división de poderes. Los fines principales de
un Estado como éste son la libertad humana
y la garantía de los principios y las condiciones
que hacen posible la democracia.
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democrático. Y deben ser verdaderamente
democráticos en su espíritu (…) La democracia
como régimen es, por tanto, al mismo tiempo, el
régimen que intenta realizar, tanto como resulta
posible, la autonomía individual y colectiva, y el bien
común tal como es concebido por la colectividad
considerada”. Vid. Castoriadis, op. cit., p 3.

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243

El Revista cine Diálogos político:
un de recurso Saberes
ISSN didáctico 0124-0021 en
Julio-Diciembre
la enseñanza
de 2010
del derecho
Págs. 245-260
constitucional
El cine político: un recurso didáctico en
la enseñanza del derecho Constitucional
Resumen
Este artículo estudia la relación que existe entre
el cine político y el Derecho Constitucional.
Es el resultado de una investigación terminada
en el año 2008, que sirvió como trabajo de
grado del autor, en la Maestría en Docencia
e Investigación Universitaria realizada en
la Universidad Sergio Arboleda, y que fue
catalogado como meritorio. Explica el primer
capítulo del referido trabajo a partir del análisis
documental de libros técnicos sobre cine
y derecho y algunas publicaciones periódicas
nacionales e internacionales. La investigación
utilizó, principalmente, cuatro métodos: descriptivo,
comparativo, analítico y deductivo.
Las conclusiones más importantes fueron:
1) La enseñanza del Derecho necesita buscar
nuevas estrategias didácticas para una formación
en competencias. 2) El cine es un recurso
innovador en el estudio de temas prácticos. 3)
El cine político motiva a conocer los temas
básicos del Derecho Constitucional. 4) Los
filmes políticos de diferentes países hacen
posible una reflexión crítica y contextualizada
de la relación entre Poder, Estado y Sociedad.
Palabras clave
Cine, Derecho, Política, Poder, Estado,
Sociedad, Interpretación, Pedagogía,
Didáctica.
Abstract
This paper shows a deep study about the
relationship between the political cinema
and Constitutional Law. It is the result of a
meritorious Teaching and Research Master
thesis, finished in Sergio Arboleda University
at 2008. In this paper is explained the first
chapter of that work with a documentary
analysis of technical books about film and
law. The research was done using four
methods mainly: descriptive, comparative,
analytical and deductive. This paper has
allowed deducing that: 1) Legal education
needs to seek new strategies for teaching skills
training. 2) The film is an innovative resource
in the study of practical issues. 3) The political
cinema motivates to learn about the basics
of constitutional law. 4) The political films
from different countries allow contextualized
critical reflection of the relationship between
Power, State and Society.
Key words
Cinema, Law, Politics, Power, State, Society,
Interpretation, Pedagogy, Teaching
Introducción
César Oliveros Aya
oliverosaya@yahoo.es
Abordar temáticas de corte artístico, en
función del conocimiento jurídico, no resulta
formalmente aceptable en muchos ámbitos
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 21 de 2010
* Este artículo es parte del proyecto de investigación, que con el mismo nombre se adelanta en la Maestría de
Derecho Administrativo en la Universidad Libre.
** Abogado de la Universidad Libre; Especialista en Derecho Constitucional, Magíster y Especialista en
Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda; Candidato a Magíster en Derecho
Administrativo de la Universidad Libre; Experto en Historia del Cine, Lenguaje Cinematográfico y Creación
de Guión. Actualmente funge como docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre,
orientando el curso de Hermenéutica y Argumentación Jurídica y en la Universidad Militar Nueva Granada,
vinculado al Área de Derecho Político
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César
Oliveros Aya
del Derecho, sobre todo para quienes defienden
en cierto modo la puridad de éste como
base para considerarle un campo científico.
Empero, nuevos enfoques pedagógicos
logran aproximar –e incluso involucrar- una
correspondencia didáctica entre la literatura,
el cine y la televisión frente a saberes en
principio estimados con la seriedad rígida e
inflexible de la erudición.
Por ejemplo, asumir que el entorno contemporáneo
refleja una visión demasiado simplista
y esquemática de la educación, es continuar
creyendo que los saberes manejan, por sí
mismos, ‘visiones de túnel’ de sus objetos
de estudio, como compartimentos estancos
que no se entrecruzan o, como afirma Edgar
Morin, argüir que “vivimos bajo el imperio
de los principios de disyunción, reducción
y abstracción, cuyo conjunto constituye lo
que llamo el ‘paradigma de simplificación” 1 ;
situación que no se compadece con la postura
oficial de formar integralmente al individuo
en términos de desarrollo humano.
Los modelos pedagógicos fundados en la teoría
del pensamiento complejo redundan en la
búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y,
aún más, didácticas para viabilizar el proceso
enseñanza – aprendizaje, superando la insulsa
vacuidad del conocimiento estrictamente
teórico.
En este punto, vale la pena seguir a Morin:
“¿Qué es la complejidad? A primera vista
la complejidad es un tejido (complexus:
lo que está tejido en conjunto) de constituyentes
heterogéneos inseparablemente
asociados: presenta la paradoja de lo uno
y lo múltiple. Al mirar con más atención,
la complejidad es, efectivamente, el tejido
de eventos, acciones, interacciones, retroacciones,
determinaciones, azares, que
constituyen nuestro mundo fenoménico.
Así es que la complejidad se presenta con
los rasgos inquietantes de lo enredado, de
lo inextricable, del desorden, la ambigüedad,
la incertidumbre… De allí la necesidad,
para el conocimiento, de poner orden en
los fenómenos rechazando el desorden, de
1 MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo.
Gedisa, Barcelona, 9ª reimpresión, 2007, p. 29
descartar lo incierto, es decir, de seleccionar
los elementos de orden y de certidumbre,
de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir,
jerarquizar… Pero tales operaciones, necesarias
para la inteligibilidad, corren el riesgo
de producir ceguera si eliminan a los otros
caracteres de lo complejo, y, efectivamente,
como ya lo he indicado, nos han vuelto
ciegos” 2 .
El panorama expuesto resulta coherente
cuando el enfrentamiento entre lo teórico y
lo práctico no responde a un saber integrado,
y lo aprendido se reduce a un pensamiento
formulario que no dice nada, no expresa
nada, pero da la sensación de firmeza cuando
sólo se trata de información fragmentada
que intenta, sin conseguirlo, articularse al
contexto.
Téngase en cuenta, afirma el autor citado,
que “conocer es producir una traducción
de las realidades del mundo exterior. Desde
mi punto de vista, somos coproductores del
objeto que conocemos; cooperamos con el
mundo exterior y es esa coproducción la
que nos da la objetividad del objeto. Somos
coproductores de la objetividad” 3 .
Es necesaria la justificación del saber, esto es,
que el estudiante –en la ciencia jurídica- logre
traducir la carga informativa transformada
en conocimiento racional, sí y sólo si puede
dar cuenta de ello: “hoy en día, la ciencia se
ubica en el corazón de la sociedad” 4 ; por lo
tanto, y en esa perspectiva, es claro afirmar
que “la razón se define por el tipo de diálogo
que mantiene con un mundo exterior que le
opone resistencia; finalmente, la verdadera
racionalidad reconoce a la irracionalidad y
dialoga con lo irracionable” 5 .
En consecuencia, la confrontación permanente
con la vivencia del saber es el factor que
acicatea la necesidad de buscar nuevas formas
de alcanzar la destreza teórico – práctica de
una ciencia como el Derecho, pues de nada
vale solidificar una información si se mantiene
2 ídem, p. 32.
3 Ibídem, p. 154.
4 Ob. Cit., p. 157.
5 Ob. Cit., p. 162.

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
velada y nunca en consonancia con la realidad
social que, en últimas, legitima su validez.
Buscar en la literatura, en la novela, en la
pintura o en las imágenes en movimiento,
motivos para encauzar un conocimiento no
resulta fácil, a veces pareciera que se diluye la
intencionalidad de lo científico y no se logra
percibir la meta de la ciencia o disciplina que
afronta; empero, “la cuestión fundamental en
este caso radica en que, faltando a los hombres
una comprensión crítica de la totalidad en que
están, captándola en pedazos en los cuales
no reconocen la interacción constitutiva de
la misma totalidad, no pueden conocerla, y
no pueden porque para hacerlo requerirían
partir del punto inverso. Esto es, les sería
indispensable tener antes la visión totalizada
del contexto para que, en seguida, separaran
y aislaran los elementos o las parcialidades del
contexto, de cuya escisión volverían con más
claridad a la totalidad analizada” 6 .
Ese enfoque problematizador de la educación
hace posible que se presente a los estudiantes
un conjunto de dimensiones significativas
de su realidad y a través del análisis crítico
les permita reconocer la interacción de sus
partes 7 . Así, “el análisis mítico de una dimensión
significativo – existencial posibilita a los
individuos una nueva postura, también crítica,
frente a las ‘situaciones límites” 8 , con lo cual
se capta y comprende la realidad insertando
al ser humano en la aprehensión del mundo,
enfatizando en un pensamiento crítico del
mismo 9 .
En términos de complicidad con esas visiones
prospectivas, el presente artículo se ocupa de
algunos matices didácticos del cine político,
como pre-texto para abordar el ejercicio académico
del Derecho Constitucional, ora en el
aprendizaje, ora en la actividad docente.
Con ese propósito, se explica el concepto de
cine político como una suerte de ubicación,
a guisa de género, en el constructo clasifica-
6 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo veintiuno
editores, 2ª edición, México, 2005, p. 129.
7 ídem.
8 Ibídem.
9 Ob. Cit., p. 130.
torio –siempre pretencioso-, del arte fílmico.
Seguidamente, se establece la relación entre
este tipo de cine y el conocimiento básico del
derecho constitucional, pasando luego a revisar
una metodología que dinamice la actividad
académica al respecto. Para terminar, se hará
un breve recorrido por los enfoques del cine
político en diversos países, recomendándose
algunas películas que, a lo largo de la historia,
se han ido ganando un lugar significativo
como íconos del cine político y otras nuevas
que han entrado con fuerza a buscar un lugar
meritorio en dicho género.
1. Problema
¿Cómo puede utilizarse el cine político, en
tanto recurso didáctico, para la formulación
de problemas jurídicos en el estudio del
derecho constitucional general?
2. Metodología
La investigación que da origen al presente
artículo, se forjó a partir de la concurrencia
de diversos métodos. En primer lugar, se
fundamentó en la investigación socio jurídica,
de carácter descriptivo, comparativo
y explicativo, para centrarse en el método
analítico – deductivo. El método descriptivo
y explicativo fue necesario para cimentar la
claridad en lo que concierne al cine político
como género cinematográfico y el rol del
derecho constitucional como punto de
partida de la formación jurídica. El método
comparativo permitió correlacionar derecho y
cine como ejes centrales de una nueva forma
didáctica para la enseñanza y aprendizaje del
primero. El método analítico – deductivo
posibilitó formular una propuesta de aplicación
didáctica y la inserción de diferentes
obras fílmicas en la tipología temática del
derecho constitucional y examinar el material
bibliográfico estudiado.
3. Contenido
3.1 La naturaleza del cine político
Entendido como un referente artístico
que transversaliza la historia del cine en
sus diferentes épocas, el cine político es la
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César
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denominación genérica de aquel grupo de
películas que, en su desarrollo argumental,
a partir del guión, enfatiza en la interacción
del poder con determinadas manifestaciones
socio culturales en naciones específicas.
Se trata de un campo cinematográfico en el
cual la narración fílmica cobra sentido discursivo
en tanto se atreve a cuestionar y, aún
más, a criticar la coherencia (o incoherencia)
de las estructuras de poder y autoridad que
direccionan la convivencia de los grupos. En
tal sentido, explora a través de la semiótica
del lenguaje audiovisual la asunción reflexiva
de un criterio de verdad que permita enfocar
al actor social (el espectador) a una posición
problémica de su entorno, desde la identificación
y proyección de vicisitudes que contraponen
la dinámica del individuo en tanto
sustrato de la colectividad y la entronización
adaptativa de su condición en el contexto que
le corresponde 10 .
El cine político oscila entre la información
reflexiva, la denuncia y el discurso abiertamente
ideológico 11 buscando, directa o
10 Esta dinámica hermenéutica concuerda directamente
con la intencionalidad del teatro de Bertolt
Brecht, aplicando la técnica que llamaba de
“distanciamiento”, en su constante búsqueda por
formar críticamente al público.
11 Para ejemplificar estos extremos, téngase como
indicadores películas al estilo de La toma de la
embajada (2000), de Ciro Durán, El Chacal de
Nahueltoro (1969), de Miguel Litín, basada en
un suceso real acaecido en la región sureña de
Chillán en 1960, relata la historia de un campesino
analfabeto que, en estado de embriaguez, asesinó
a la mujer con quien mantenía relaciones y a sus
cinco hijas; y la filmografía de Pier Paolo Passolini –
títulos como Pocilga (1969); que aborda dos historias
sin demasiada conexión narrativa entre ellas: en una
(ambientada en un pasado remoto), un hombre con
tendencia a comer seres vivos es aislado y castigado por
sus semejantes, en la otra (ambientada en la Alemania
de post-guerra) el hijo de un empresario desarrolla
un progresivo asco por las personas y se vuelca a una
piara de cerdos, con los que intima en diversos niveles
(www.bazuca.com) y Pajaritos y pajarracos (1969), Totò,
agricultor de profesión, y su hijo Ninetto se ponen
en camino, en los alrededores de Roma, para pedir
una moratoria para solventar una deuda que pesa
sobre su finca. Durante el camino, los dos hablan
de vida y de muerte con un insólito personaje,
un cuervo que habla. Éste dice ser un intelectual
marxista de la vieja guardia y sustenta la teoría de
indirectamente poner el dedo en la llaga en
algún tema que causa escozor en el momento
de analizarlo, ya sea por cuestiones meramente
formales como la incidencia de un
grupo político en un momento específico de
la historia, o el lastre que aún se carga y que
una sociedad no puede olvidar por errores
y/o ambiciones desmedidas en su devenir,
o la figura protagónica de un líder caído en
desgracia, o los aportes de ideas que terminan
contradiciéndose con el fin último del poder,
el contraste entre el deber ser, los ideales y la
manifestación cruenta de la realidad, etc.
Todos esos matices temáticos necesitan un
componente que permita adobar la conexión
con el público, sin importar que esté formado
o no en la cultura cinematográfica: el
desconocimiento o vulneración de derechos
humanos. Ese elemento ha sido, de manera
acostumbrada, el acicate para llamar la atención
y lograr la adhesión distante o no del
colectivo hacia el cual se dirige la narración.
A partir de esa vinculación, el cine horada
en lo emotivo para llegar a una especie de
identificación que procure establecer en la
asunción del conocimiento de quien aprecia
un filme la expresión “tiene razón”.
Las formas de expresión fílmica pueden entronizar
otros géneros: hallar en la comedia un
estilo para caricaturizar el evento o el personaje
central de la historia 12 , el drama que con su
fuerza emotiva logra poner al espectador en
los zapatos de quien sufre 13 ; el western, para
que la humanidad se divide en dos parcelas: la que
habitan los pajarracos y la que alberga a los pajaritos
(www.filmaffinity.com)-.
12 Como es el caso del film La Ley de Herodes, de Luis
Estrada, México, 1999, que aborda el tema de la
corrupción y presenta en términos generales, una
tragicomedia de la idiosincrasia latinoamericana a
mediados del siglo xx.
13 La maestra de escuela (interpretada por Norma
Aleandro), protagonista de La Historia Oficial, de
Luis Puenzo, película argentina de 1985, vive en
carne propia las funestas consecuencias de los
desaparecidos, al ser esposa de un militar vinculado,
por supuesto, al régimen. Se ubica en Buenos Aires,
año 1983. En lo últimos años de la dictadura militar
argentina, una acomodada profesora de historia
comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en
los años previos. Las sospechas sobre los oscuros

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
ejemplificar la contraposición del orden y el
desorden en una nación 14 ; el terror, como una
novedad del espectáculo para reflexionar en
torno a esas taras casi patológicas que pululan
en el sentir de un pueblo 15 .
Esa pretensión se reduce a lograr una especie
de identificación con el público para enfatizar
el mensaje que se esboza desde las primeras
imágenes.
Se ha entendido, a partir de los estudios
sobre Cine y Derecho, liderados por los
profesores Benjamín Rivaya y Pablo de Cima,
de la Universidad de Oviedo en España,
que “el Derecho es un fenómeno político,
aunque esta dimensión fundamental suele
ocultarse tras el tecnicismo legalista propio
de la Jurisprudencia. Como dice Alf Ross,
no hay ‘un poder desnudo, independiente del
Derecho y de su fundamento’; ambos están
necesariamente relacionados” 16 .
Con base en esta premisa, es posible dilucidar
la estrecha relación del Derecho con el arte
asuntos de su esposo y la aparición de una Abuela
de la Plaza de Mayo en busca de su nieta son los
motivos que se la hacen replantearse “la historia
oficial” y darse cuenta de lo verdaderamente
acontecido en su país (www.filmaffinity.com).
14 El devenir profesional del jurista Abraham Lincoln,
encarnado por el magistral Henry Fonda en la
película El Joven Lincoln, de John Ford. Está basada
en los años juventud del posterior presidente de los
Estados Unidos Abrahan Licolm, cuando luchaba
por prosperar como abogado y empezó a destacar
por la defensa de los derechos de los más humildes.
Nominada al Oscar como mejor guión original en
1939 (www.filmaffinity.com).
15 Situación que se vislumbra en la inquietante cinta
Aparecidos (2007), donde el director Paco Cabezas
apuesta por una reconceptualización del tema
de los desaparecidos en la Argentina, con una
situación ambientada en la actualidad. Cuenta
como una noche dos hermanos (Malena y Pablo)
viajan a través de Argentina y descubren el diario
de unos crímenes cometidos veinte años atrás. Esa
misma noche, el pasado y el presente se mezclan
y contemplan como una familia es perseguida,
torturada y asesinada del mismo modo que años
atrás (www.aullidos.com).
16 RIVAYA, Benjamín y DE CIMA, Pablo. Derecho y
cine en 100 películas: una guía básica. Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2004 (citando a Alf Ross en su libro Sobre
el Derecho y la Justicia, 1994, Eudeba, Buenos Aires,
1994, p. 57); p. 35.
fílmico, máxime cuando se circunscribe a la
connotación de las relaciones sociales. De
ahí que se pueda hablar, incluso, de cine
jurídico, concepto en el cual concurren
diversas perspectivas en todas la disciplinas,
pues existen películas que enfocan temas
de Derecho Penal, Derecho Internacional,
Derecho Civil, etc.
En consecuencia, “el cine jurídico, por tanto,
es político y, a la inversa, el cine político también
lo es jurídico. Lo que ocurre es que a este
rótulo de cine político le sucede lo mismo que
al otro, que todo cine es político, en tanto que
inevitablemente narra hechos o toma opciones
que tienen relevancia política 17 , aunque no
todos las películas son políticas en idéntico
sentido 18 . La pertenencia a este género, al
igual que al jurídico, no dependería tanto de
que aparecieran asuntos políticos cuanto de
la intensidad de éstos en la trama” 19 .
3.2 El cine como didáctica para la
enseñanza jurídica
Cuando una persona se introduce en la
formación jurídica, suele llevar consigo el
interés de no conformarse con la asunción
meramente teórica de las figuras y los temas
sino, por el contrario, buscar la aplicación de
los mismos como soportes para la solución
de problemas; en otras palabras, de hallar la
eficacia de la ciencia jurídica en su realidad.
En la actualidad, se buscan nuevos modelos
que permitan un avance respecto a la clase
magistral simplificada como única manera
de impartir los conocimientos, sobre todo
en la formación jurídica que peca de excesiva
rigurosidad y formalidad aún exegética en el
estudio de las fuentes del Derecho.
A partir de esa pretensión, huelga mencionar
que “la utilización de los modernos procedimientos
difusorios hace que el arte se
17 ídem (citando a Pedro Uris, a partir de su obra
360º en torno al cine político, Badajoz, Diputación de
Badajoz, 1999, p. 353).
18 Ibídem (citando a Mike Wayne, Political Film. The
Dialectics of the Third Cinema, London, Pluto Press,
2001, p. 163).
19 Ob. cit.
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vincule estrechamente a la comunicación de
masas, campo que comprende la totalidad de
métodos y órganos destinados a la aplicación
del progreso tecnológico con vistas a una más
rápida y amplia propagación de ideas y de
noticias, mediante el concurso de la radiotelefonía,
el cinematógrafo, la prensa, la televisión
y otros dispositivos similares” 20 .
Es así como se intentan poner en evidencia,
como referentes académicos, las situaciones
que pluridimensionan la realidad con el saber
teórico a efecto de lograr una formación
integral cimentada en competencias; lo ideal
de los datos contenidos en esa comunicación
masiva es que se proporcione de manera
imparcial y objetiva, con lo cual prestaría un
valiosísimo servicio educativo, no solamente
informativo sino también como recurso eficaz
para guiar a la opinión pública 21 . Empero,
“en la práctica, las más de las veces este ideal
es desvirtuado, de modo que la ‘comunicación
de masas’, a causa del enorme influjo
colectivo que puede ejercer, se convierte en
un vehículo de propaganda –ya sea comercial
o política- que aprovecha su ascendiente
colectivo para persuadir al público mediante
una exposición de los hechos que en muchas
ocasiones llega a ser tendenciosa, para lo
cual se vale de múltiples tácticas emotivas
que van de la exageración más estridente a la
simulación de equidad o a la omisión absolutamente
preconcebida, sin excluir numerosas
gradaciones intermedias” 22 .
Será en este aspecto donde el docente debe
tener especial cuidado en la selección de la
información que permita adecuar la temática
sin manipulación alguna del criterio que se
intenta forjar.
Así las cosas, “de todos los mecanismos
empleados con propósitos difusorios, el que
exige una consideración artística más seria y
detenida es el cinematógrafo. Pese a las reticencias
de algunos críticos, es quizá el único
20 REST, Jaime. Arte, literatura y cultura popular.
Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y
comunicación., grupo editorial Norma, Bogotá,
2006, p. 26
21 ídem.
22 Ob. cit., p. 26 – 27.
de los dispositivos aportados por la tecnología
actual que fuera de toda duda ya puede ser
considerado un arte por sí mismo. Sus obras
más recordadas responden satisfactoriamente
a las exigencias de autonomía, unidad formal
y trascendencia significativa que caracterizan
al objeto estético; importantes capítulos de
su historia documentan su participación en
la búsqueda de nuevas dimensiones creativas,
en pie de igualdad con las artes tradicionales;
sus piezas clásicas han dado motivo a
importantes estudios y el hecho de que se
las exhiba periódicamente en instituciones
especializadas ha estimulado la creación de
cinematecas, la compilación de ‘fichas técnicas’
y copiosas filmografías, la constitución de
entidades consagradas a la difusión del cine
considerado como arte; Henry Agel inclusive
ha propiciado reiteradamente la creación, en
la enseñanza secundaria, de cátedras sobre
historia y estética del cine, destinadas a formar
desde la adolescencia un público capaz
y exigente” 23 .
De acuerdo con el texto anterior, el cine ha
ido posicionándose no sólo como pasatiempo
sino como medio que permite contextualizar
facetas de la realidad que ameritan estudiarse
a guisa de ejemplificación del entorno.
Llegados a este punto, valga recalcar que “…
las opiniones que se han formulado acerca
del cine varían enormemente: por ejemplo,
Paul Válery, con desdén, lo consideraba una
suerte de memoria epidérmica ‘dotada de
perfección mecánica’ 24 ; en el otro extremo,
Sergei Eisenstein, con entusiasmo, anunciaba
que ‘el cine es el arte representativo de la
actualidad, así como la pintura lo fue del
pasado’, opinión a la que Vselvold Pudovkin
añadía que ‘el cine sonoro es potencialmente
el arte del futuro” 25 .
Por supuesto, el constructo iconográfico y
semiótico que comporta cada obra fílmica
23 ídem, p. 82.
24 Ibídem, citado en Siegfried Kracauer, Theory of Film,
p. 285 [Teoría del cine. La redención de la realidad física,
Barcelona, Paidós].
25 Ob. cit., referidos a partir de Raymond Spottiswoode,
A Grammar of the Film, p. 311 [Gramática del Cine,
Buenos Aires, Nueva Visión], p. 83.

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
no puede, en manera alguna, soslayarse ni
obviarse o subvertirse, máxime cuando “en
esencia, el cine puede ser definido como un
arte ‘visual’ capaz de captar el movimiento (ya
sea el de su propia cámara filmadora o el de
los efectos luminosos o figuras registrados)
y dotado de una libertad casi ilimitada para
desplazarse en el espacio (posibilidad que se
ve obstaculizada en el escenario teatral)” 26 , lo
que le otorga una relevancia social y cultural
necesaria para la comprensión del ser humano
en la variedad de roles que asume.
Aunado a lo anterior, se trata de “…un
medio óptimo para enunciar las condiciones
de la vida contemporánea, con sus múltiples
vicisitudes que han venido a desembocar en
una etapa crítica de conmoción y cambio;
según Siegfried Kracauer, el cine es un valioso
instrumento para indagar el desamparo ideológico
que sufre el hombre en nuestro tiempo,
estemos o no dispuestos a suscribir esta tesis,
resulta evidente que el cine se ha integrado
con bastante eficacia en los acontecimientos
de los últimos cincuenta años” 27 y continúa
vigente en tanto se erige como pre – texto
para direccionar el enfoque de una ciencia
o disciplina cuando se recurre, por ejemplo,
al estudio de casos o a la configuración de
una situación hipotética para el criterio del
estudiante.
Desde otro punto de vista, también el cine
“… ha respondido eficazmente a las concepciones
temporales de Bergson, en grado no
menor que la novel experimental de la stream
of consciousness, en su época muda, se prestó
sobremanera para la relación épica exclusivamente
centrada en la imagen de las masas
humanas en movimiento, como convenía a
los testimonios de la revolución rusa de 1917,
según fue reconstruida con fuerza plástica y
ánimo documental en Octubre, de Eisenstein,
participó en igualdad de condiciones, junto
a las artes tradicionales, en el apogeo del
superrealismo y de corrientes afines, a cuyo
desarrollo aportó valiosas piezas de avantgarde,
como Entracte o Un chien andalou…
reflejó sin sentimentalismos el espíritu de
26 Ob. cit., p. 84.
27 Ob. cit., p. 84 – 85.
confraternidad en una época de conflicto
y desasosiego, según claramente lo enuncia
Jean Renoir en La grande illusion; finalmente,
el problema existencial en un período de
valores inestables –tal como es el nuestro,
en la posguerra de 1945- ha encontrado eco
en el cine a través de Ingmar Bergman, de
Robert Bresson, de Michelangelo Antonioni,
creadores que reúnen una gran lucidez intelectual
y una notoria aptitud para examinar
–con firmeza, pero sin crueldad- las evasivas
y las búsquedas de una sociedad perpleja y
desarraigada” 28 , circunstancias que permiten
equipararlo a una especie de conciencia crítica
sumada al devenir histórico, susceptible de
reconsideración y valoración permanente
como conjunto de documentos referenciales
para aproximarse a la realidad, en términos de
tópicos cuestionables y cuestionadores.
Es así como “esta suma de circunstancias
obliga, necesariamente, a reconocer los valores
artísticos del cinematógrafo, pese a las
frecuentes caídas que sufre su nivel cuando la
posible significación estética es desvirtuada,
ya sea mediante la chabacanería de vacuos
despliegues espectaculares, ya mediante una
engañosa pretensión de ‘audacia’ que sólo
busca satisfacer el esnobismo de cierto público,
ya mediante tantos otros procedimientos
falaces, superficiales o inauténticos” 29 ,
que desdibujan la interpretación crítica y
desdibujan la pretensión de enfoque aleccionador,
sustituyéndolo por espejismos de
la realidad.
Volviendo al aspecto pedagógico, tradicionalmente
la enseñanza magistral ha llegado
a equipararse a una especie de conferencia
cotidiana 30 . Siguiendo de nuevo a J. R. Capella,
se trata de “un monólogo de unos tres cuartos
de hora de duración (a menudo no cerrado
en sí mismo sino con prolongación en una
o varias clases posteriores), impartido a centenares
de personas a la vez, ininterrumpido
28 Ob. cit., p. 85.
29 Ob. cit., p. 85 – 86.
30 PRESNIO LINERA, Miguel Ángel y RIVAYA,
Benjamín (coordinadores). Una introducción
cinematográfica al Derecho. Cine y Derecho, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2006; p. 19.
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salvo excepcionalmente (lo que no lo vuelve
dialógico dado el número de asistentes),
seguido en ocasiones, al acabar la clase, de
aclaraciones y consultas por parte de alumnos
interesados y peloteo de los que quieren
hacerse ver” 31 .
Vale aclarar que no se repudia el aporte de
la clase magistral que sea amena, edificante
y constructora de pensamiento, sino cuando
aquella se erige como único mecanismo de
enseñanza, y se transforma en algo aburrido,
falto de creatividad y abstracto.
Para evitar redundar en la esquematización
tradicional de la enseñanza jurídica, hay que
pensar en el componente didáctico, que no
es otra cosa que la aptitud para motivar a
los estudiantes y aprovechar su presencia de
manera participativa, interactiva y consonante
con la finalidad de la formación contemporánea:
generar competencias interpretativas,
argumentativas y propositivas.
En ese orden de ideas, propender por lo
novedoso implica reconceptualizar el rol del
docente en Derecho, la formación universitaria
debe ser más exigente en la búsqueda
de las competencias precitadas, no quedarse
en la mera información sino apuntar a la formación,
a la creación de carácter profesional,
de criterio jurídico más allá de la recitación
memorística de las fuentes sino y, con innegable
prevalencia, su cuestionamiento, su
problematización hacia el debate, hacia la
hermenéutica y la argumentación.
En España, por ejemplo, el cine se ha comenzado
a entender bajo la premisa de un
recurso didáctico pertinente para asumir el
conocimiento del Derecho, habida cuenta que
además de ser innovador por cuanto se centra
en el aprendizaje del alumno, mejora la calidad
de la enseñanza y potencia la interdisciplinariedad
que caracteriza a la ciencia jurídica y
ayuda a la formación permanente 32 .
31 ídem, citando a Juan Ramón Capella a partir de su
libro El aprendizaje del aprendizaje, Madrid, Trotta,
1995, p. 114.
32 Ibídem, p. 21.
Ello no significa que se rechace la metodología
tradicional, pero sí coadyuva a mejorarla,
pues “la pedagogía jurídica habrá de seguir
siendo básicamente literaria: las habilidades
que ha de llegar a tener el futuro jurista
consisten en saber leer (la selección y el aprovechamiento
de la lectura), saber escribir (la
expresión correcta de lo que se pretende por
medio de la palabra hablada) y saber escuchar
(la comprensión y el aprovechamiento de lo
que se escucha)” 33 .
De tal suerte, el vademécum cinematográfico
resulta vasto e interdisciplinar para escoger
temas singulares que puedan analizarse a
partir de narraciones fílmicas.
Así las cosas, el tema de la adopción, en el
derecho de familia, bien puede cuestionarse a
partir de El chico, de Charles Chaplin y filmada
en 1924; el derecho laboral colectivo en la
película La huelga (Sergei Eisenstein, 1924);
las vicisitudes del jurado y las técnicas de argumentación
jurídica en Doce hombres en pugna
(Sidney Lumet, 1957); la letra de cambio en
un clásico español como Plácido (Luis García
Berlanga, 1961); la pena de muerte en Dead
man walking (Tim Robbins, 1995); el fraude
a la ley en Matrimonio por conveniencia (Peter
Weir, 1990); el divorcio y la patria potestad en
Kramer contra Kramer (Robert Benton, 1979);
el desempleo y su incidencia jurídica en Los
lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002);
el concepto de Derecho en M el vampiro de
Düsseldorf (Fritz Lang, 1931) o en El asunto
del día (George Stevens, 1942); la diferencia
entre ley y costumbre en Una cuestión de honor
(Luigi Zampa, 1965), La balada de Narayama
(Shohei Imamura, 1982) o El campo (Jim
Sheridan, 1990); el devenir del debido proceso
en Anatomía de un asesinato (Otto Preminger,
1959); la dialéctica entre el galantismo y el
autoritarismo jurídico, en Senderos de gloria
(Stanley Kubrick, 1957) o Rey y patria (Joseph
Losey, 1964); el pensamiento de Thomas
Hobbes, en El señor de las moscas (Harry Hook,
1989) y el de John Locke en El hombre que
mató a Liberty Balance (John Ford, 1962);la
discriminación y el derecho a la igualdad, a
partir de Amistad (Steven Spielberg, 1997),
33 Ob. cit., p. 23.

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
Grita Libertad (Richard Attenborough, 1987)
o Atrapa el fuego (Philip Noyce, 2004); la vida,
la seguridad y la libertad en Desaparecido (Costa
– Gavras, 1981) o Agenda oculta (Ken Loach,
1990); la presunción de inocencia en Furia
(Fritz Lang, 1936); el derecho a la intimidad
en El show de Truman (Peter Weir, 1998); la
libertad de expresión en El escándalo de Larry
Flynt (Milos Forman, 1996), entre otras 34 .
En virtud a esa dimensión formativa, es indiscutible
que el ejercicio académico a partir
del visionado de una película, “pretende la
participación intelectual del espectador, con
lo que si se consigue una actitud activa, se fomenta
su creatividad, ya que el alumno ha de
lograr interpretaciones que aúnen la reflexión
cinematográfica con la reflexión jurídica,
política, moral, etc. y su perspectiva crítica” 35 .
En consecuencia, trátase de una modalidad
de “aprendizaje experimental”, que permite
pasar de la información conceptual abstracta
a situaciones reales, abriendo la posibilidad
de comprender a partir de la aplicación de la
imaginación jurídica 36 .
No puede ignorarse que “el análisis de las
imágenes vehiculadas por los medios de
comunicación revela la existencia de dos estereotipos
contradictorios: uno representativo
de una visión idealizada de los profesores
y otro que no tiene en cuenta más que sus
aspectos problemáticos (…) Los dos estereotipos
puestos en evidencia corresponden
a dos momentos sucesivos de la representación
que los enseñantes se hacen de su
identidad profesional. Se identifican primero
con ‘ideales pedagógicos no realizados y sin
duda no realizables teniendo en cuenta los
límites impuestos’; ideales que son reforzados
por el espíritu que anima la mayor parte de
las formaciones iniciales de los enseñantes.
Esta representación idealizada será puesta
duramente a prueba mediante el contacto con
la realidad. El profesor descubre entonces
que su actividad pedagógica encuentra nu-
34 Ob. cit. p. 24 y 25.
35 Ob. cit., p. 26, citando a GREENFIELD, Steve y
OSBORN, Guy: “The Living Law: Popular film as Legal
Text”, The Law Teacher 29, 1995, p. 33 – 42, p. 33.
36 Ob. cit., p. 27.
merosos obstáculos: penuria de medios y de
material didáctico, presupuestos insuficientes,
relaciones tensas o demasiado débiles con los
colegas y superiores jerárquicos, etc. Todos
estos elementos son retomados, amplificados
y generalizados por los media que presentan
el estereotipo del conflicto” 37 .
Asumir tal connotación del cine, no quiere
decir que el espectador sea un actor pasivo
ante el film, sino que “los sentimientos y
reacciones que experimenta difícilmente encuentran
una vía de expresión” 38 ; por lo tanto,
la tarea del profesor consiste en dar cabida a la
posibilidad de articular la opinión impregnada
en la conciencia de la narrativa visualizada y
adecuarla a los propósitos formativos 39 .
De todas formas, el entronque entre cine y
derecho no deja de ser una opción infravalorada,
que poco a poco va estimándose con
miras a superar estructuras anacrónicas de
la pedagogía. El reto está en comprenderlo
y utilizarlo.
3.3 Derecho constitucional y cine
político
Para quien se adentra en el conocimiento y
la formación jurídica, la primera disciplina
específicamente ligada a la razón de ser del
Derecho es la concerniente a la temática
constitucional.
Esta disciplina, inserta en la categoría de
Derecho Público –que da cuenta y sentido
de esa misma expresión-, toma como soporte
basal el problema del poder aunado a la construcción
de la sociedad, sus interacciones,
afinidades o repudiaciones, contradicciones
y conflictos, mediatizados por la injerencia
del factor institucional y la distribución del
primero en las ramas legislativa, ejecutiva y
jurisdiccional.
37 ESPELT, Ramón. Jonás cumplió los 25: la educación
formal en el cine de ficción, 1975 – 2000. Laertes, 1ª
edición, Barcelona, 2000, p. 19 – 20; citando La
imagen de los enseñantes en los medios de comunicación de
masas, de Esteve y Frachnia, 1984.
38 Ob. cit., citando a FERRO, Marc: Cine e Historia,
Barcelona, Gustavo Gili, 1980, p. 175.
39 Ob. cit.
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253

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254
César
Oliveros Aya
Según Juan Ramón Capella, “la fuerza neutralizadora,
para contener o limitar el conflicto
interno de la sociedad, fue el poder político
(supremamente detentado por la institución
llamada ‘estado’…). Que tiene, entre otros, el
instrumento jurídico: el derecho. La violencia
militar fundacional de este tipo de sociedades
se metamorfosea en instituciones de coerción
que aseguran la reproducción de la sociedad
tal como está organizada” 40 .
Nótese la inserción correlativa del Derecho en
la Política, en su condición de ciencias sociales
y en su rol de convencionalismos permutadores
de la manifestación desenfrenada de la
violencia como vía de hecho, hacia la idea de
lo legítimo y lo legal.
No obstante, Capella arguye que “las ciencias
sociales son todavía muy permeables a la
ideología. La reflexión moderna sobre el
derecho ha tendido a contemplarlo como
cerrado en sí mismo –esto es, tratando de
hacerlo enteramente calculable de antemano,
respondiendo así a la exigencia de seguridad
del capitalismo concurrencial-, y a considerar
‘lógica’ la evolución del derecho, como si la
suya fuera una historia autónoma, para la
que los aspectos no jurídicos de la sociedad
resultaran irrelevantes. Introducirse en la
comprensión crítica del derecho, en cambio,
exige referirlo constantemente, sin perder de
vista su especificidad, a su complejo entramado
con otros aspectos de la vida social” 41 .
“Si hubiera que establecer el ‘vocabulario
mínimo’ del relato –las palabras especiales
indispensables para contarlo-, constaría
de: ‘individuo’, ‘estado de naturaleza’, ‘esfera
pública y esfera privada’, ‘soberanía’,
‘derechos’, ‘pacto’, ‘ciudadanía’ ‘pueblo’ y
‘representación’ 42 .
Así mismo, habría que incluir las nociones
de poder, autoridad, gobierno, administración,
derechos fundamentales y derechos
colectivos.
40 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida: una
aproximación histórico – teorética al estudio del derecho y
del estado. Trotta, Madrid, 1997, p. 46.
41 ídem, p. 25.
42 Ibídem, p. 107.
Frente a esa postura temática, más allá del
cine que se moldea sobre las bases del llamado
“final feliz”, el cine político obliga al
espectador a no estancarse en la indiferencia,
pues sus imágenes suelen ser provocadoras y
enfáticas; “en el cine político la mirada sobre
la realidad posee un fuerte compromiso
ético y una empatía con los personajes que
soportan distintas situaciones de injusticia, de
desprecio y marginación, por ello el político
es un cine que no renuncia al mensaje, lo que
suele producir ciertos rechazos entre cinéfilos
y críticos que consideran que el cine no debe
instrumentalizarse al servicio de ninguna
causa. Postura que no deja de ser también
una posición política, como la tan mentada
frase postmoderna del fin de la historia o la
de la muerte de las ideologías 43 .
Por manera, es necesario considerar el papel
activo de los realizadores, en tanto directores,
camarógrafos, editores, etc., pues en el cine
político no se quedan en el simple rol de
artistas sino también como historiadores
y políticos; “de modo que todo acontecimiento
no llega al espectador sino después
de pasar por un ‘filtro’ cinematográfico, un
determinado montaje. Entendido éste como
la selección objetiva: proceso de escoger,
ordenar y empalmar lo filmado, o sea como
la base estética y política de un film” 44 .
La ventaja de la película, al entrar en consonancia
con bases académicas a partir del
contenido del Derecho Constitucional, “consiste
en que da al espectador la sensación de
que está siendo testigo ocular de los acontecimientos,
pero ése es también el peligro
que conlleva este arte, pues dicha sensación
es ilusoria. El director manipula la experiencia,
y no sólo le interesa lo que realmente
sucedió, sino también contar una historia
que tenga una determinada estructura. En
este sentido todo film es político, y un vívido
recordatorio de la tensión existente entre la
idea de drama y la de documento, entre el
anticlímax y el carácter cuestionable del pasa-
43 Cine político: la reivindicación de la memoria, por Hector J.
Freire, www.topia.com.ar/articulos/memoria-freire.
htm
44 ídem.

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
do, y la necesidad del director de adoptar una
determinada forma. El argumento esencial es
que todo cine político constituye un acto de
interpretación, como todo film histórico es
una interpretación de la historia. Recordemos
que el término historia remite a los hechos
pero también al relato de los mismos. No hay
historia sin relato de la historia. Desde esta
perspectiva la función del “cine político” es
un proceso de construcción de sentidos. Al
producir un efecto de reconocimiento, pero
no necesariamente de mímesis, el cine político
proporciona un modelo de reflexión a la vez
estético e ideológico 45 .
Visto así, el cine político podría muy bien
complementar la historiografía de lo jurídico
a partir de la incidencia de la norma superior
en el desarrollo de la vida social; “extraer sentidos
y definir un horizonte donde la elección
de valores sea una posibilidad abierta: esto es,
elaborar un “contrapoder” simbólico – discursivo
en relación con el orden establecido
del poder y con el discurso reprimido de los
deseos colectivos. Considerado desde esta
perspectiva, el cine político diseña su espacio
en un proceso de simbolización y construye
una particular relación de autonomía – heteronomía
como uno de los rasgos claves de
la práctica cinematográfica. Especialmente
en períodos históricos sombríos donde se
ha suprimido, el cine político propone una
restauración de la diferencia y de la identidad.
Allí residiría la posibilidad de reparación
de zonas profundas de la simbolización y
construcción de valores sobre los espacios
ocupados por el olvido impuesto por el
poder, cuya única verdad se presenta como
indiscutible. En este punto, es indudable que
el cine político contesta a la política de olvido
con una reivindicación de la memoria, y la
movilización de valores significativos. De
ahí que todo cine político es en cierta forma
axiológico. Lo esencialmente político del
cine, será aquello que conmueva las certezas
construidas a lo largo de la historia. Una eficaz
denuncia contra el proceso de institucionalización
de las representaciones 46 .
45 Ibídem.
46 Ob. Cit.
Puede revisarse la historia del siglo xx, para
demostrar el aporte hermenéutico del cine
a la definición de los hechos coyunturales
derivados de las manifestaciones de poder y
autoridad, “ya en los años 20, la vanguardia
soviética apuesta por la capacidad movilizadora
del cine. Las películas deben estar
al servicio de la causa revolucionaria y han
de contribuir a la educación política de las
masas. Esta misma perspectiva es la del cine
proletario alemán de la República de Weimar,
impulsado por sindicatos y partidos de
izquierda. En la Francia de los años 30 también
hay películas con la misma concepción
de propiciar el cambio social. En Estados
Unidos el cine político de Frank Capra trata
de preservar los valores democráticos y las
libertades cívicas” 47 .
En la década de los años 60, el protagonismo
del cine político es coyuntural “tanto en países
industrializados como en el Tercer Mundo
que emerge con fuerza desde la lucha anticolonial
(Argelia) y contra la pobreza secular
(Latinoamérica) 48 . Baste posar la mirada en el
llamado neorrealismo italiano que denuncia
la corrupción política, el surgimiento y el
efecto de las actividades mafiosas, problemas
sociales como la emigración, la vivienda, los
paros, la delincuencia, etc. 49 .
En Francia, a partir de los hechos del mes
de mayo de 1968, hace surgir una pléyade de
directores como Jean – Luc Godard, Karmitz,
Marín Paul, Rivette y Alan Resnais, que se
ocupan de indagar en las luchas obreras,
siendo muy originales en los planteamientos
narrativos 50 .
Amerita atender a lo que Gilles Deleuze ha
comentado en torno a la película La guerra ha
terminado (1966): Resnais “es innegablemente
el más grande cineasta político de Occidente
en el cine moderno. Pero, curiosamente,
no es por la presencia del pueblo, sino, al
contrario porque sabe mostrar que el pueblo
es lo que falta, lo que no está” 51 ; pues aquí
47 Ob. Cit.
48 Ob. cit.
49 Ob. cit.
50 Ob. cit.
51 Ob. cit.
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César
Oliveros Aya
surge la principal diferencia entre el cine
político tradicional y el nuevo. En el primero,
John Ford, Frank Capra y Sergei Eisenstein,
por ejemplo, muestran al pueblo oprimido,
sojuzgado, engañado, aspectos que enarbola
el cine soviético y americano en los años
previos y coincidentes con la guerra; “los
rodeos de la lucha de clases y el choque de las
ideologías en el soviético, y el combate contra
los prejuicios morales, la crisis económica
que determinan la toma de conciencia de un
pueblo en el americano. En ambos casos, el
pueblo está presente, real antes de ser actual,
ideal sin ser abstracto. De ahí la idea de que
como arte de masas el cine puede ser el arte
revolucionario o democrático por excelencia
haciendo de las masas un auténtico sujeto” 52 .
Y en ese contraste, si se hablara oficialmente
de un cine político vigente, con la misma
fuerza del clásico, argumentaría que el pueblo
ha desaparecido, no hay identidad, pertenencia
y rigor patriótico para comprenderse, o
aún no se acerca a ese deber ser: “el pueblo
falta. Esta afirmación de Deleuze a partir del
film de A. Resnais, está fundada en el hecho
de que en el cine político moderno se comprueba
una conmoción en la representación,
y una ruptura en la linealidad de la narración
cuando no la ausencia de un hilo narrativo.
Se podría establecer entonces, con carácter
de provisoriedad, una cierta relación: a mayor
hegemonía en lo político-ideológico en las sociedades,
mayor es el esfuerzo que las artes en
general y el cine en particular deben realizar
por desprenderse de semejante pregnancia y
poder plantear algo nuevo, alternativo” 53 .
4. Una propuesta metodológica
Cuando se ve una película, el nivel de vinculación
del público con la misma tiende a
quedarse en la forma, esto es, en el rol de los
personajes, los eventos espectaculares que
redundan en no perder la atención, los efectos
especiales, los aconteceres triviales, en fin,
52 Ob. cit.
53 Ob. cit., citando a PILNIK, Olga, Nuevas
aportaciones teóricas para una definición del Cine
Político. Desvelando imágenes. Libros del Rojas.
Eudeba, Buenos Aires, 1998.
todo aquello que se queda en la superficie, el
cascarón del filme.
Pero cuando se aprecia e interpreta un filme,
el asunto va más allá de lo formal, cada
escena, cada detalle, cada diálogo puede
contener una intención, una pista, una razón
para justificar ya sea el título, el argumento,
o bien situaciones que en principio desafían
lo racional, lo lógico.
En tal sentido, habrá que percatarse del
contenido semiótico del filme y del lenguaje
que da lugar a las posiciones de cámara, el
contraste y la mezcla de colores, la puesta en
escena, los gestos, etc.
Así las cosas, lo que aparece en la película,
cada componente, cada toma, cada escena y
secuencia tienen un por qué, una razón fundante
que permite ir condensando la intencionalidad
de los cineastas. No debe olvidarse
que el director de un film es quien orquesta
la labor de múltiples realizadores, pues habrá
alguien encargado de la elaboración del
guión, otro de la dirección de cámaras, de la
fotografía, de la ambientación o escenario, del
vestuario y en el ámbito formal, del montaje,
de la edición, la música, etc., de donde se colige
que cada componente enunciado juega un
papel preponderante en la comunicabilidad
del mensaje que contiene la obra.
Ahondar en ese común denominador que
circunscribe a la película en una temática
determinada o en un género en particular,
depende de la perspectiva o punto de vista
o propósito del mismo espectador. Por
ejemplo, si se atiende a la conformación de
ciclos fílmicos por parte de cine clubes, dicha
organización de películas para proyección
depende del enfoque que pretenda manejarse.
En ese sentido, en una película pueden muy
bien concurrir diversas manifestaciones de
los géneros multicitados.
Para hablar de cine político habrá, entonces,
que considerar los componentes propios de
lo político y los puntos de conexión que se
evidencian con mayor connotación frente a
la ciencia jurídica. Esos puntos, resultan ser
aspectos conniventes en su mayoría con la
temática fundamental del derecho consti-

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
tucional, en lo que se identifica como parte
general del mismo.
Por manera, es preciso identificar una metodología
que permita organizar, en un sentido
pedagógico y, sobre todo, didáctico, el manejo
de temas que pueden representar dificultad
en su enseñanza y aprendizaje.
De acuerdo con los objetivos del programa,
la misión y la visión de la institución donde
se imparta, de las condiciones de acceso al
material fílmico y de las estrategias y destrezas
del docente que lo oriente, pueden ubicarse
múltiples y variados títulos que sirvan como
pre-textos, no como clase en sí misma, para
que a través del divertimento reflexivo, se
logre alcanzar la comprensión del tema
abordado.
Atendiendo a dichas razones, se formula una
propuesta metodológica que parte de los
lineamientos cineclubistas para confrontar el
preludio temático del film con el constructo
disciplinar propio de la formación académica,
y que se sustenta en los siguientes aspectos:
Antes de abordar el tema, es recomendable
manejar una información preliminar de la
película que se tomará como referente de análisis,
circunscrita al modelo de la llamada ficha
técnica. Este instrumento permite condensar
información estricta de la obra como el título
original, el título comercial, el director, los
realizadores, el año de producción, la sinopsis
del argumento, género, contexto, temática
principal y secundaria, relación con otros
campos del conocimiento, detalles de rodaje,
percepción del público, críticas, análisis, etc.
Pueden sugerirse lecturas complementarias
para la preparación del ejercicio académico.
En síntesis, la información que pueda servir
como base para abordar elementos temáticos
de manera directa o indirecta, es una guía u
orientación para hallar sentido interpretativo
y argumentativo en el film.
Ponderación temática. Se entiende como
una fase preparatoria bajo responsabilidad
exclusiva del docente que consiste en analizar
detalladamente la información del filme,
ubicando escenas, secuencias, tomas, movimientos
de cámara, personajes, diálogos, etc.,
que permitan consolidar puntos de discusión
y "picos altos de atención" o momentos climáticos
de la narración que denotan fuerza en
la conexión con el espectador, atendiendo a
los propósitos de un aprendizaje significativo.
Puede recurrirse a establecer una “escaleta de
escenas” que, en el momento de la proyección
pueden servir como guía para evaluar reacciones
del público, destacando las situaciones
convenientes para el análisis académico y a
juicio del docente.
Presentación y proyección de la película. Es
recomendable minimizar el nivel de distractores
para el momento en que el estudiante
se confronta con la narración fílmica. En
consecuencia, se procura generar un ambiente
adecuado, pues la visualización de un film resulta
ser, en últimas, una experiencia personal
desde la perspectiva de la entronización de la
información. Para la actividad académica se
aclara que, siendo difícil el acceso frecuente
de los grupos a la experiencia cinematográfica
propiamente dicha, se intenta recrearla
con base en los espacios audiovisuales
que proveen las instituciones educativas, y
recursos como video beam, televisor lcd o
led, reproductor de dvd y auditorio cómodo.
En esta fase, el docente debe atender a las
reacciones de los estudiantes de acuerdo
con la “escaleta de escenas” que ha diseñado
previamente. Ello es aconsejable, en la medida
en que permite evidenciar “picos altos de
atención” como manifestaciones de interés
para aprovecharlas en el foro y debate sobre
la experiencia fílmica.
Cine foro. Es el ejercicio de socialización que
se efectúa una vez observada la película. A
partir de esta actividad se aborda el aspecto
formal, las primeras impresiones de lo visualizado,
para ir relacionando puntos de vista
con el tema de fondo. Puede plantearse un
eje problémico que permita retroalimentar el
contenido fílmico, generar debate o discusión
sobre detalles para ir moldeando “criterios de
verdad” en cuanto a lo que se quiere estudiar.
Fijación de saberes. Esta fase redunda en el
aprovechamiento del material fílmico estudiado
que debe evidenciarse en la producción
académica de los estudiantes bien a través
de un ensayo, un artículo de reflexión, una
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César
Oliveros Aya
sustentación verbal, etc. Resulta ser la parte
evaluativa del ejercicio.
A manera de ejemplo, considérese la película Z
del gran director Constantin Costa – Gavras,
ícono del cine político por excelencia 54 que,
como corriente oficial, se instaura a mediados
de los años 60 y lleva consigo la caracterización
de cuestionar regímenes y reclamos
sociales 55 . Así, el realizador de origen griego
ha plasmado su ideología política aproximándose
a los diversos conflictos surgidos en el
siglo xx, a saber: “el colaboracionismo del
gobierno norteamericano en el golpe de estado
de Chile (Desaparecido), la Checoslovaquia
estalinista (La confesión), la Francia del régimen
de Vichy (Sección especial) o la problemática
palestino-israelí (Hanna K.). No obstante,
la película que dio fama internacional a este
autor fue Z (1969), que abordaba el asesinato
del líder pacifista Grigoris Lambrakis como
causa inmediata de la dictadura de los coroneles
griegos” 56 .
La información precedente bien puede
utilizarse como antecedentes biográficos del
director que permitan enmarcar el contexto
de la película para ir ubicando detalles complementarios
a la apreciación de la obra.
Seguidamente, puede señalarse el conjunto
de razones que llevaron a Costa – Gavras a
tomar la historia:
“La novela de Vassili Vassilikos que recoge
este hecho fue a parar a manos de Costa-
54 Así como lo son también Gillo Pontecorvo,
con la excelente La batalla de Argel (1965),
reconstrucción del conflicto bélico que llevó a
Argel a su independencia de Francia, repleto de
espectaculares secuencias bélicas (www.decine21.
com) y Francesco Rosi con Cristo se detuvo en Éboli
(1979), que cuenta cómo el médico italiano Carlo
Levi (1902-1975) es detenido en 1935, debido a sus
actividades antifacistas y confinado en el pueblo
de Cagliano, un lugar totalmente aislado en las
montañas. Durante su estadía, Levi descubrirá una
nueva forma de vida, mediante el conocimiento del
sufrimiento y la resignación de sus habitantes, que
lo hará madurar humana y políticamente (http://
en.scientificcommons.org/8765354).
55 Z: obra pionera del cine político, por Carlos Giménez Soria,
en http://www.eldigoras.com/eom03/2004/2/
fuego27cgs14.htm
56 ídem.
Gavras gracias a la recomendación de su
hermano. Tras el golpe de estado en Grecia,
el cineasta sintió la necesidad de trasladar la
historia a la gran pantalla y, para ello, contó
con la inestimable ayuda del escritor Jorge
Semprún. La colaboración de ambos dio
como resultado un guión que recogía con
detalle las desafortunadas circunstancias
que condujeron a la muerte del diputado
Lambrakis, sin aludir específicamente al país
natal de Costa-Gavras. De todos modos, si
bien esta indeterminación geográfica fue una
decisión voluntaria, no fue menos deliberada
la idea de corroborar la implicación política de
los autores mediante el siguiente rótulo que
aparece durante los títulos de crédito:
Cualquier parecido con acontecimientos
reales, personas vivas o muertas,
no es fruto del azar. Es voluntario.
Costa-Gavras y Jorge Semprún”
En ese sentido, aprovechando la frase que
ha llegado a identificar la obra del cineasta,
ya el público puede deducir las implicaciones
sociales del filme; así, puede ahondarse en los
detalles del antecedente histórico, reseñando
el atentado que tuvo lugar el 22 de mayo de
1963 y la repercusión política que tuvo en
Grecia, no solamente como circunstancia del
momento sino hacia el futuro.
De igual manera, es menester enfatizar la
utilidad académica de la película, que se dirige
a explicar, como figura político jurídica,
“el advenimiento del régimen fascista como
reacción a la actitud de protesta liberadora del
pueblo” 57 , agregando el aporte del realizador
que se sustenta en la forma de mostrar los
hechos a partir de una estructura dramática
que revela la conspiración política, como si
el espectador asistiera a una investigación
vivencial 58 .
El pluriperspectivismo que revela las distintas
declaraciones de los testigos transmite una
57 Ibídem.
58 Más adelante, otros cineastas han “copiado” el
estilo de Z en películas que pretenden ser denuncias
políticas, tales como Oliver Stone en JFK (1991) y
Hoffa (1992), de Danny De Vito y el chileno Patricio
Guzmán en los documentales El Caso Pinochet (2001)
y Salvador Allende (2004).

El cine político:
un recurso
didáctico en
la enseñanza
del derecho
constitucional
rápida sensación de inestabilidad política que
se transforma en una visión amenazadora del
entorno. La sensación de caos e inseguridad
dentro de la Grecia del momento está reflejada
en Z de un modo escalofriante que impacta
inicialmente en el espectador para producirle,
al término de la película, un sentimiento de
solidaridad hacia las naciones oprimidas por
regímenes dictatoriales 59 .
Así, la película cobra un valor didáctico
significativo, para ser estudiada, analizada,
cuestionada y criticada con los estudiantes,
empleando la técnica del cine foro 60 , que
permite introducirse progresivamente en la
complejidad de la estructura fílmica como
pretexto para identificar los referentes teóricos
que al docente le interesa enfatizar.
Conclusiones
El lenguaje de las imágenes en movimiento ha
pasado del mero entretenimiento a un espacio
comunicativo que incide en los cambios de
perspectiva que el hombre contemporáneo
ha ido desarrollando. El cine ha trascendido
fronteras y forma parte del proceso globalizador
de la información.
Por ende, las generaciones actuales no conciben
su formación sin la presencia necesaria
de las imágenes, lo que ocasiona inminentes
transformaciones en las diferentes esferas del
conocimiento. El Derecho, por supuesto, no
se halla exento de tal responsabilidad, siendo
en su enfoque pedagógico y didáctico donde
debe comenzar a implementar nuevas estrategias
que conecten el ámbito teórico con la
realidad práctica.
Como se ha explicado a lo largo de este documento,
la relación entre Derecho y Cine permite
que el segundo nutra al primero en esos
referentes casuísticos susceptibles de análisis
e introducción práctica al conocimiento que,
otrora, por la misma razón de su densidad,
59 Ob. Cit.
60 En la página web http://www.mincultura.gov.co/
index.php?idcategoria=7417, aparecen algunas
recomendaciones para el ejercicio práctico de dicha
técnica.
tendía a traducirse en ejercicios memorísticos
y mecánicos sin estimar el contexto.
En ese orden de ideas, abordar el estudio
jurídico con nuevos recursos didácticos
conlleva a generar actitudes interpretativas
de carácter semiótico y hermenéutico desde
las áreas jurídicas básicas, como es el caso del
Derecho Constitucional cuya matriz política
se evidencia en una extensa filmografía a lo
largo y ancho del cine mundial.
Precisamente el género fílmico denominado
“cine político”, que para muchos autores
especializados en el tema resulta un subgénero
del “cine jurídico”, contiene los matices
requeridos para coadyuvar en la formación
constitucional, en tanto enfatiza en temas
como el poder, la autoridad, el orden, la
organización, los derechos humanos y la
sociedad, entre otros; soportes basales para
la forja del perfil abogacil actual, proyectado
hacia el reconocimiento simultáneo de lo
justo, lo válido y lo eficaz en el ejercicio de una
profesión que se sustenta en la clara solución
de problemas y no en la vacua formalidad de
los saberes.
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Revista Rol probatorio Diálogos
del de apoderado Saberes
ISSN de las 0124-0021 víctimas
Julio-Diciembre
dentro del
de 2010
incidente de
Págs. 261-286
reparación
integral
Resumen
Rol probatorio del apoderado de
las víctimas dentro del incidente
de reparación integral
El papel de las víctimas dentro del proceso
penal ha dejado de ser una figura representativa
y limitada en procura de obtener la
reparación pecuniaria de los perjuicios ocasionados
por la ocurrencia del delito, entendido
este último como fuente de las obligaciones,
pasando a ocupar un papel preponderante en
el esclarecimiento de los hechos, la declaratoria
de responsabilidad penal y la consecuente
imposición de la pena.
El legislador del año 2004, inspirado en criterios
globales de protección a las víctimas,
pretendió dotarlas de instrumentos para estos
fines, pero ante la insuficiencia normativa, la
Corte Constitucional ha complementado el
ámbito de tutela, habilitando su actuación en
otros escenarios que prima facie se encontraban
vedados para su intervención, pudiendo incluso
inmiscuirse en las diligencias adelantadas
por la Fiscalía General de la Nación, desde
la etapa de indagación, aportando elementos
materiales probatorios y evidencia física útiles
para la investigación, así como suministrando
información que conduzca a una eventual
formulación de imputación.
A pesar de la anterior crítica normativa (insuficiencia)
y el reproche que podría erigirse
contra la Ley 1395 de 2010 como retroceso
en el amparo de la efectividad de los derechos
de las víctimas, la institución legal rotulada
incidente de reparación integral, se constituye
en un escenario innovador y formidable, para
obtener el resarcimiento de los perjuicios, no
solo desde su perspectiva dineraria, existiendo
la posibilidad de formular pretensiones que
desbordan el ámbito material y que se constituyen
en medios idóneos para satisfacer los
intereses personales de la víctima.
Para efectivizar lo anterior, resulta
indispensable la labor demostrativa del
apoderado de las víctimas para obtener la
declaratoria de responsabilidad civil derivada
del delito, ofreciendo al lector en estas
breves líneas, algunas reflexiones teórico –
prácticas que habilitan la consecución del fin
perseguido.
Palabras Clave
Victimas, incidentes de reparación, sistema
acusatorio.
Abstract
Norberto Hernández Jiménez*
hernandez29@uniandes.edu.co
The role of victims within the criminal
process is no longer a representative figure
and limited attempts to obtain financial compensation
for the damage caused by the occurrence
of crime, the latter being understood
as a source obligations, occupying leading
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: 30 de septiembre de 2010
** Abogado y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Candidato a Magister en
Derecho Penal con énfasis en Derecho Sustantivo y Derecho Procesal de la misma Universidad. Especialista en
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña
como Asesor Docente del Área Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes
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Norberto
Hernández Jiménez
role in clarifying the facts, the declaration of
criminal responsibility and the subsequent
sentencing.
The legislature of 2004, inspired by global
criteria for protection of victims, tried to
provide them with instruments for these
purposes, but failure to legislation, the
Constitutional Court has supplemented the
scope of protection, enabling its performance
in other scenarios that are prima facie were
forbidden to intervene, and may even interfere
with the proceedings conducted by the
Fiscalía General de la Nación, from the stage
of inquiry, by adducing evidence and physical
evidence material useful for research as well as
providing information leading to an eventual
formulation of complaint.
Despite the criticism above rules (failure)
and the blame that could be erected against
the Law #1395 of 2010 decrease in the
protection of the realization of the rights of
victims, the legal institution labeled full compensation
incidents, becomes a innovative
and formidable stage, to obtain compensation
for damages from his perspective not only
cash, with the possibility of making claims
that go beyond the substantive scope and
that constitute appropriate means to satisfy
the personal interests of the victim.
To effectuate the foregoing, it is essential
to the work demonstration by the attorney
for the victims to obtain the declaration of
civil liability in respect of crime, offering the
reader, in these few lines, some theoretical
reflections - practices that enable the achievement
of the aim pursued.
Key words
Victims, incident of repair, acusatory system.
Problema de investigación
El problema de la investigación se resume en
las siguientes preguntas:
• ¿Qué clase de daños pueden reclamarse
por la víctima de una conducta punible?
• ¿Cómo se prueban estos daños?
• ¿Se debe probar el daño moral o en todos
los casos este se presume?
• ¿Cómo se liquidan los perjuicios derivados
de estos daños?
• ¿Cómo debe construirse la pretensión
indemnizatoria?
Generalidades. Con ocasión de la entrada en
vigencia del sistema de enjuiciamiento acusatorio
consagrado en el Acto Legislativo
03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de
2004, no solo se modificó la tramitación del
rito procesal tendiente a conllevar al Juez de
conocimiento hacia el espectro intelectivo en
el que adopte una de las tesis planteadas por
las partes, ora por certeza racional 1 , ya porque
no se logró disipar cualquier incertidumbre y
perplejidad acerca del delito y la responsabilidad
penal del acusado, sino también aquella
inherente a la responsabilidad civil derivada
del delito.
Resulta diáfano pregonar que aun cuando este
nuevo método legalmente determinado para
administrar justicia, se erige bajo el pilar de
una confrontación adversarial entre el Estado
como titular del ius puniendi y el acusado, representado
para estos fines por su defensor,
contando ambos extremos con igualdad de
armas para lograr su cometido y limitándose
los pronunciamientos judiciales a las solicitudes
de los intervinientes en el juzgamiento 2 ,
no puede el Juez de conocimiento desconocer
las reglas del debido proceso, debiendo actuar
en todo caso bajo los parámetros de árbitro,
aspecto este fuertemente irrigado por el sistema
acusatorio –eficientismo-, sin dejar de lado
la atribución de ser el garante supremo de las
prerrogativas del ciudadano sometido a juicio
y en general de la comunidad –garantismo-,
acorde con los lineamientos de un Estado
Social y Democrático de Derecho, como
1 Cfr. sentencia del 5 de diciembre de 2007, Radicado
(en lo sucesivo Rad.) 28432, Rama Judicial del
Poder Público de Colombia – Corte Suprema de
Justicia (en lo sucesivo CSJ), Sala de Casación Penal,
M.P. María Del Rosario González de Lemos
2 Cfr sentencia del 16 de marzo de 2006, Rad. 24530,
CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. Álvaro Orlando
Pérez Pinzón.

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
fórmula de organización iuspolítica adoptada
por el constituyente del año 91.
Ahora bien, el enfrentamiento entre el principio
de permanencia de la prueba que gobierna
las actuaciones procesales sujetas a la Ley 600
de 2000 y el de producción probatoria en el
juicio que rige en la Ley 906 de 2004 3 , no es
ajeno a esta temática, ya que la fluctuación del
escenario probatorio para efectos de demostrar
la ocurrencia de los perjuicios, implica
igualmente en la actualidad, una concentración
e inmediación del funcionario judicial,
dentro de unas diligencias sui generis que el
legislador denominó “incidente de reparación
3 Cfr sentencia C-591/05, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. “En efecto, las modificaciones introducidas
al proceso penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002
inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción
de la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se
abandona el principio de permanencia de la prueba, según
el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía General de
la Nación desde la indagación preliminar tienen validez
para dictar una sentencia, por aquello de concentración
e inmediación de la prueba practicada en el curso de un
juicio oral, público y con todas las garantías.”. También
auto del 7 de noviembre de 2006, Radicación
11001600001520050170502, Tribunal Superior de
Bogotá, Sala de Decisión Penal, M.P. José Joaquín
Urbano Martínez. “3. En este contexto, es fundamental
que se entiendan las implicaciones probatorias del nuevo
proceso penal colombiano. Y ello no siempre es fácil pues
se viene de un sistema procesal en el que regía lo que se
denominó permanencia de la prueba, el que permitía que
el fallo proferido por el juez tuviera como fundamento la
prueba practicada por la fiscalía, de manera unilateral, en
la indagación preliminar o en la investigación, y en el que
imperaba una visión exclusivamente formal del principio de
inmediación pues no obstante su consagración expresa, nunca
se dudó de la legitimidad de las sentencias basadas únicamente
en las pruebas practicadas por la fiscalía durante la etapa
instructiva o aún en momentos preprocesales.”
“No obstante, debe comprenderse que el panorama probatorio
ha cambiado sustancialmente pues cuando hay lugar al
trámite del juicio, la sentencia proferida por el juez sólo
puede tener como fundamento las pruebas practicadas en
la audiencia de juzgamiento, con respeto de los derechos
fundamentales y con estricto acatamiento de los principios
y deberes constitucionales que rigen su práctica.” Nota:
Las referencias que dentro de este texto se hagan
a las providencias precedidas por los literales C- y
T- corresponden a sentencias de constitucionalidad
y de tutela, respectivamente, proferidas por la
Corte Constitucional, organismo perteneciente a
la Rama Judicial del Poder Público en Colombia,
Corporación a la que el constituyente primario le
confió la guarda de la integridad y supremacía de
la Carta Política.
integral”, a diferencia de lo que ocurría en el
sistema mixto con tendencia inquisitiva, en el
que el recaudo probatorio con este fin, podía
adjuntarse desde el inicio del proceso y hasta
la clausura del ciclo probatorio.
Precisamente en días pasados se desarrolló
en la Universidad Libre un foro relacionado
con la preponderancia del papel de las víctimas
dentro del nuevo orden adjetivo penal;
recurriendo a los aportes allí expresados y
atendiendo las inquietudes de mis estudiantes,
que igualmente pueden ser recurrentes en
el Consultorio Jurídico de mi alma mater, el
objetivo principal de este trabajo es indicar
cómo la prueba es la “piedra angular” para
obtener una condena en perjuicios, por el
vínculo jurídico originado con ocasión de la
conducta disvaliosa –imputable al penalmente
responsable y que en materia de responsabilidad
civil adquiere la calidad de deudor- que
se refleja en un resultado negativo –a favor
de la víctima y que bajo la misma temática se
erige como acreedor 4 -.
Lo anterior no implica que el objetivo, en
cuanto a los pretendidos destinatarios de este
texto, se limite a los estudiantes de derecho,
ya que de manera ambiciosa se encuentra
dirigido a todos los estudiosos de las leyes,
interesados en el tema, los cuales deben
reconocer de manera inevitable el papel
importante que ha venido recuperando la
víctima, cuyos postulados de protección se
encuentran someramente enunciados tras la
superación del paradigma de la escuela clásica
en la que el hombre observaba al derecho,
mientras que desde la escuela positivista
italiana se dio un giro con el objetivo que el
derecho observe al hombre, aun cuando su
estudio – el de la víctima - resultara insuficiente
en virtud del interés por la comprensión
4 “La obligación opera siempre como reflejo o correlato del
derecho subjetivo. La deuda de una parte no es más que lo
que es debido a la otra parte y que ésta se le garantiza. Lo
que para el acreedor es un derecho, desde el punto de vista
del deudor es una obligación. La categoría jurídica se agota
lógicamente sólo donde incluye al portador y al titular de los
derechos que no son, en sustancia, más que las obligaciones
garantizadas en su confrontación” Evgeni B`, Pasukanis,
Teoría General del Derecho y Marxismo, Presentación
y traducción de Virgilio Zapatero, Moscú, 1976, p.
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Hernández Jiménez
del actuar errado desplegado por el hombre
antisocial, siendo enfatizado este campo del
conocimiento a partir de 1937 por parte del
profesor Benjamín Mendelsohn.
En materia de reparación integral la víctima
dispone de una amplia gama de posibilidades
frente a la reclamación, las cuales van desde
las distintas acciones ante la Jurisdicción
ordinaria hasta escenarios internacionales,
en especial ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. También puede
beneficiarse de mecanismos de reparación
en sede administrativa 5 , que por ser ajenos
a la temática propuesta, no serán analizados
en este texto.
Constantemente, la literatura jurídica sobre
victimología enfoca su estudio con base en las
grandes trasgresiones de derechos humanos y
las repercusiones internacionales como consecuencia
indirecta de la reparación del daño.
Estos referentes son ineludibles para la construcción
dogmática del derecho penal desde
5 “Así, en principio, las reparaciones en sede administrativa
son generalmente diseñadas en el marco de un programa más
amplio, que a su vez tiene lugar en un contexto de políticas
adoptadas por los gobiernos, en períodos de transición o
posconflicto, para hacer frente a violaciones masivas de los
derechos humanos. Como consecuencia de ello, el universo
de destinatarios de estos programas es mucho mayor del que
suele presentarse en sede judicial. Ahora, si bien el propósito
esencial de estos programas es restituir los derechos de las
víctimas, reconocer su condición de ciudadanos con plenos
derechos –lo que implica necesariamente una transformación
de su situación de vulneración– y recuperar el tejido social,
los programas de reparación ponen mayor énfasis en los
componentes de restitución, compensación y rehabilitación.
En consecuencia, estos programas se alejan en la práctica de
su propósito de restablecer el tejido social y de restaurar la
confianza entre los ciudadanos y entre éstos y las instituciones
del Estado, lo cual necesariamente requiere la implementación
de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Por
este motivo, como ha sido afirmado por Pablo de Greiff,
es importante que los programas de reparación posean
coherencia tanto interna como externa, a fin de que se
satisfagan en mayor medida las expectativas de las víctimas y
en consecuencia se generen lazos de confianza en el Estado.”
Aura Patricia Bolívar Jaime, Mecanismos de reparación
en perspectiva comparada, artículo publicado en la
obra Reparar en Colombia: Los dilemas en contextos de
conflicto, pobreza y exclusión. Editado por Catalina Díaz
Gómez, Nelson Camilo Sánchez y Rodrigo Uprimny
Yepes, Agosto de 2009, Págs. 75 - 76. Disponible
en internet: http://dejusticia.org/interna.php?id_
tipo_publicacion=5&id_publicacion=652
la perspectiva de las víctimas, sin embargo, en
este texto se pretenderá abordar el problema
desde una perspectiva más individual y al
detalle, sin omitir los aportes transnacionales
a esta disciplina y comparando sucintamente
la conjunción de leyes procedimentales ocurrida
con la expedición del nuevo estatuto que
celebra en este anualidad y específicamente en
este Distrito Capital, respecto a su aplicación
y vigencia, su quinto aniversario.
A diferencia de lo que ocurría en el anterior
sistema de enjuiciamiento penal que coexiste
con la sistemática adversarial actual, el
apoderado de la víctima tiene un terreno
abonado a su favor, comoquiera que al encarar
la pretensión indemnizatoria, ya cuenta
con la declaración judicial de existencia de
la obligación - sin demeritar la labor que en
pretérita oportunidad pudo haber realizado
tendiente a que el sentido del fallo fuera de
condena, satisfaciendo así unas eventuales
pretensiones de verdad 6 y justicia 7 , que
6 Desde el ámbito internacional y en relación
con violaciones de los Estados a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, tenemos
que “(…) el derecho a la verdad se encuentra subsumido
en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los
hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes,
a través de la investigación y el juzgamiento que previenen
los artículos 8 y 25 de la Convención” (Caso Bámaca
Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000.
Serie C No. 70, párr. 201) citado en la sentencia
del 14 de marzo de 2001 (Fondo), Caso Barrios
Altos Vs. Perú, Corte Interamericana de Derechos
Humanos
7 “El derecho a la justicia es entendido como un ciclo que incluye
la investigación, la sanción y la reparación. Aborda igualmente
la distribución de jurisdicción entre la nacional, la extranjera y
la internacional, estableciendo que normalmente los tribunales
nacionales tienen jurisdicción sobre las violaciones de derechos
humanos, pero que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción
concurrente cuando la nacional no ofrezca garantías de independencia
e imparcialidad o esté funcionalmente incapacitada de actuar.”
“En el marco de estos principios, el derecho a la justicia implica
la obligación de combatir los obstáculos a su aplicación mediante
la restricción o exclusión, según el caso, de medidas tales como las
amnistías, los indultos, la prescripción, los tribunales militares,
etc.” Intervención del señor Michael Frühling, Director
de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en casos
de graves violaciones a los derechos humanos”. Encuentro
para las regiones de Bogotá y Cundinamarca del grupo
de trabajo que propende al esclarecimiento del caso de

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
igualmente se afianzarán en la sentencia con
la imposición de una pena justa- debiendo
dirigir su actividad, dentro del incidente de
reparación integral, hacia la demostración
fehaciente de la afectación dineraria padecida
por su representado, o los demás medios
de reparación ocasionalmente perseguidos,
logrando la concurrencia del aforismo da mihi
factum ego tibi jus 8 .
Al efecto señala el artículo 97 del Código
Penal, que los daños materiales deben
probarse.
Algunos sectores, de los cuales me aparto
en el presente planteamiento, sin perjuicio
de aceptar ciertas presunciones pretorianas
al respecto - elaboradas con base en lo establecido
en el artículo 42 Constitucional-,
consideran que por sustracción de materia, el
legislador dejó abierta la facultad discrecional
para que el Juez de conocimiento infiera en
todo caso la existencia de los daños morales.
Esa postura llevó a erigir en cabeza del
funcionario judicial un poder absoluto, para
condenar por este concepto, aun frente a la
ausencia de constatación de su ocurrencia y,
aunque en cierta medida se justificaba por
la falta de contacto que aquel tenía con la
víctima en el procedimiento penal anterior,
en un sistema fuertemente irrigado por los
principios rectores de oralidad e inmediación,
esta facultad no encuentra asidero, máxime
cuando la discrecionalidad del Juez se encuentra
limitada en todo caso por el principio de
legalidad 9 , con miras a evitar arbitrariedades
la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, por la realización de los derechos
a la verdad y a la justicia, y por el reconocimiento de
una reparación integral. Bogotá, 10 de febrero de 2004.
Disponible en el siguiente link: http://www.hchr.org.co/
publico/pronunciamientos/ponencias/po0435.pdf
8 Dame las pruebas que yo te daré el derecho
9 “Demasiada dicha es que la necesidad en la que se encuentra
el juez de instruirse, de investigar, de profundizar las
cuestiones que se le ofrecen no le permitan olvidar jamás
que, si hay cosas que quedan al arbitrio de su razón [que
correspondería a la tasación del perjuicio moral], no
las hay que queden puramente al de su capricho o voluntad
[demostración del daño].” Jean Etienne Marie
Portalis, Discurso preliminar al Código Civil francés,
Introducción y traducción de I. Cremades y l.
Gutierrez-Masson, Madrid, 1997, p. 39. Nota: Los
en las decisiones por carencia de fundamento
jurídico, resultando viable, una vez demostrada
la ocurrencia del perjuicio, la tasación
racional por parte de aquel, de ese valor
directamente proporcional al pretium doloris.
De antaño nuestro Tribunal de Casación
había sentado esta postura de la siguiente
manera:
“Para que el juzgador pueda hacer uso de la facultad
discrecional prevista en el artículo 106 del Código
Penal (en armonía con lo establecido en el 55 inciso
segundo del Código Procedimiento Penal), se requiere
demostrar que el perjuicio moral realmente existió,
que su causación se encuentra acreditada en el
proceso, y que solo resta cuantificar su precio, pues
no se trata, como parece entenderlo el demandante,
de dejar al arbitrio del juzgador el reconocimiento
de la existencia del perjuicio, sino solo de permitirle
tasar racionalmente su valor dentro de los límites
que la misma norma establece.” 10 (Subrayas fuera
del texto)
A su vez, en la sentencia C-916 de 2002, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, se resaltaron
tres criterios orientadores que se deben
tener en cuenta para la indemnización de
perjuicios:
“(i) la indemnización integral de los daños ocasionados
por la conducta punible incluye tanto los
daños materiales como los morales, como quiera
que el objetivo de la reparación es que, cuando no
es posible que las cosas vuelvan al estado anterior a
la ocurrencia del delito, 11 se compense a las víctimas
y perjudicados por los daños sufridos;”
“(ii) la liquidación de los perjuicios ocasionados por
el delito se debe hacer de acuerdo con lo acreditado en
el proceso penal, como quiera (sic) que la acción civil
dentro del proceso penal depende de que la parte civil
apartes entre corchetes no corresponden al texto
original y son de interpretación del suscrito.
10 Sentencia de 29 de mayo de 2000, Rad. 16441. CSJ,
Sala de Casación Penal, M.P. Fernando E. Arboleda
Ripoll. La misma Corporación, en providencia del
15 de diciembre de 2008, Rad. 30665, M.P. Alfredo
Gómez Quintero, hizo referencia a las pruebas
analizadas por el Tribunal Superior de Medellín
para estructurar el daño moral, advirtiendo que la
tasación de los mismos corresponde al Juez como
perito de peritos, toda vez que dichos sentimientos
no tienen precio.
11 Ley 599 de 2000, Artículo 94. y Ley 600 de 2000,
artículo 21.
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muestre la existencia de los daños cuya reparación
reclama y el monto al que ascienden; 12 ”
“(iii) cuando no es posible la valoración de los perjuicios,
se acude a criterios, tales como la magnitud
del daño y la naturaleza de la conducta, puesto
que el legislador orientó la discrecionalidad del juez
penal frente a este tipo de daños, cuyo quantum sólo
puede ser fijado con base en factores subjetivos; 13 ”
(Subrayas fuera del texto)
Por último, el profesor Fernando Velásquez 14
refiere al respecto:
“(…) si está establecida la existencia de los perjuicios
morales, pero no se sabe cuál es su monto
o cuantía, parece obvio que la disposición le da al
juez la posibilidad de acudir al marco señalado en
el inc. 1ª –entre uno y mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes – (“el juez podrá señalar como
indemnización”), esto es, acorde con lo dispuesto
en el art.97. Cabe decir que, cuando se trate de
los llamados perjuicios morales subjetivos, el juez
debe acudir a la tabulación legal, pues su monto no
es susceptible de ser probado, a cuyo efecto deberá
obrar con “el buen juicio, el prudente criterio y el
uso adecuado de la discrecionalidad otorgada…
cuyo límite según lo advertido está constituido por
la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño
causado y nada más” 15 ”
Nótese que lo anterior, permite ratificar que
la discrecionalidad radicada en cabeza del
Juez se limita a la actividad de tasación de
perjuicios y no a la declaración metafísica de
existencia del dolor.
Adicionalmente es preciso enfatizar que no
basta con la actitud pasiva del apoderado de
las víctimas, que en la demanda de parte civil
y los alegatos de conclusión o en las alegaciones
del incidente de reparación integral,
respectivamente para los procesos regidos
por la normatividad anterior y la actual, se
limitaba a poner a disposición del fallador
la tasación de los perjuicios morales, sino
que le impele la necesidad de demostrar su
ocurrencia y porqué no, sugerir el monto de
los mismos, sin exceder los parámetros de
12 Ley 600 de 2000, Artículos 48 y 56.
13 Ley 600 de 2000, Artículo 56. inciso 4.
14 Derecho Penal, Parte General, Medellín, 2009, p. 1221
15 Cfr. sent. de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, de doce diciembre 2005,
radicado: 24011.
racionalidad y proporcionalidad, teniendo
en cuenta lo que efectivamente reconocería y
condenaría el petente, en caso de desempeñar
el papel de Juez, lo que en términos hartianos
se traduce en la teoría del punto de vista
externo del observador con base en una regla
de adjudicación.
Es indudable que dependiendo de la tarea
encomendada (defensor - apoderado de la
víctima) el ideal es sacar avante una tesis
beneficiosa para los intereses de su representado,
pero esta postura no debe obviar
que el funcionario judicial que va a adoptar
la decisión definitiva es docto en la materia,
con diferencia a lo que ocurre en un sistema
acusatorio puro, en el que el veredicto definitivo
–en materia de responsabilidad penal- es
adoptado por el pueblo representado por un
jurado de conciencia y en donde la tarea de
argumentación puede inclinar la balanza hacia
la pretensión de cada extremo enfrentado en
el proceso, por lo que el desbordamiento de
los criterios de racionalidad y proporcionalidad
en las peticiones que se eleven ante él, se
tornan ingenuas e incluso perversas, debiendo
en todo caso sustentarse lo pedido con las
pruebas obrantes en el proceso.
Ahora bien, con miras a preservar una correspondencia
etimológica entre los conceptos
de daños y perjuicios, no se debe olvidar que
los segundos son la compensación que se
exige por la ocurrencia de los primeros, es
decir, entre ellos existe una relación de causa
y efecto que para efectos de reparación debe
resultar directamente proporcional.
Se procederá a continuación a hacer una
lacónica exposición sobre el derecho de
las víctimas y las generalidades del trámite
incidental, para abordar con posterioridad
el estudio de las clases de perjuicios y su demostración,
con base en dos casos prácticos,
en los que se denoten las particularidades
probatorias de cada ítem, culminando con una
breve recapitulación y conclusiones de los
aspectos puntuales de esta disertación.
Derechos de las víctimas. A voces del artículo
132 del Código de Procedimiento Penal,
ostentan la calidad de víctimas, tanto las

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del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
personas naturales como las jurídicas que
hayan padecido un daño como consecuencia
de un comportamiento reprochable bajo la
óptica penal 16 .
A su vez, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia ha entendido que
la víctima es
“aquella persona que ha sufrido un daño real, no
necesariamente patrimonial, concreto y específico con
la comisión de la conducta punible y la vulneración
del bien protegido, que lo legítima para buscar la
verdad 17 , la justicia 18 y la reparación 19 al interior
del proceso penal, sin importar si de igual manera
procura la obtención del reparo patrimonial por
dicho daño.” 20
16 En los numerales 1, 2 y 3 de la Declaración sobre
los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución
40/34) adoptada por la Organización de Naciones
Unidas el 29 de noviembre de 1985 se consagra la
siguiente delimitación de las víctimas:
“1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual
o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera
o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder.”
“2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo
a la presente Declaración, independientemente de que se
identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador
y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además,
en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan
relación inmediata con la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima
en peligro o para prevenir la victimización.”
“3. Las disposiciones de la presente Declaración serán
aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea
de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad,
opinión política o de otra índole, creencias o prácticas
culturales, situación económica, nacimiento o situación
familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.”
17 El derecho que se tiene de conocer lo que realmente
sucedió y buscar la correspondencia entre la verdad
procesal y la verdad real.
18 El derecho que se tiene a que el hecho objeto del
proceso no quede impune.
19 El derecho que se tiene de obtener una reparación
de daño causado por la comisión de la conducta
punible a través de una compensación económica.
20 Sentencia del 18 de julio de 2007, Rad. 26255, CSJ,
Sala de Casación Penal, Ms.Ps. Jorge Luís Quintero
Milánes y Julio Enrique Socha Salamanca
Ahora bien, dentro de la evolución de las
facultades a favor de la víctima en el proceso
penal, podemos reseñar una primera etapa,
en la que se limitaba su satisfacción al éxito
de la pretensión indemnizatoria; sin embargo
esta concepción, acorde con los estándares
internacionales, evolucionó y se hizo extensiva
a los derechos de verdad y justicia (que a
propósito sirven de soporte para intitular una
ley que rompe con el paradigma de generalidad
21 y abstracción que pregona Don Andrés
Bello al hacer referencia a la declaración de la
voluntad soberana -en lo que no se ahondará
y reconociendo su motivación transicional-)
y que no necesariamente se satisfacen dinerariamente,
como se anticipó con anterioridad.
Es así, como acorde con la adopción por
parte del constituyente de la fórmula Estado
Social de Derecho que efectivamente no
constituye una “muletilla retórica que proporciona
un elegante toque de filantropía a la idea tradicional
del derecho y del Estado” 22 , se radicó en cabeza
de la Fiscalía General de la Nación la protección
especial de las víctimas, procurando el
restablecimiento del derecho y su reparación
integral –numerales 1, 6 y 7, artículo 250
Constitucional-, ya que respecto de aquellas
también debe propenderse por la salvaguarda
de unas garantías, tales como las que son
otorgadas al ciudadano sometido al ejercicio
del ius puniendi, por resultar actualizado en su
contra el objeto de tutela penal.
En consecuencia, se insiste, sus derechos
dentro del proceso penal no se limitan a la
indemnización de perjuicios, sino también al
esclarecimiento de los hechos en procura de
evitar la impunidad 23 .
21 “En efecto, la ley estatuye para todos; considera a los hombres
en masa, nunca como particulares; no debe ocuparse de
los hechos individuales ni de los litigios que separan a los
ciudadanos” Portalis, Ob. Cit., p. 44
22 Sentencia T-406/92, M.P. Ciro Angarita Barón
23 “En ese contexto de justicia con sustrato en los deberes del
Estado de sancionar adecuadamente a los autores y partícipes
de los punibles y de disponer para las víctimas un recurso
judicial efectivo, la impunidad debe entenderse no sólo como la
ausencia de sanción de los delitos, sino además como el castigo
inadecuado de los mismos, por ello en términos de la Comisión
de Derechos Humanos al adoptar en febrero 8 de 2005 el
Conjunto de Principios actualizado para la Protección y la
Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha
Colaborador Nacional
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Norberto
Hernández Jiménez
En este sentido, en salvamento de voto a
la sentencia C-293/95, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, los Magistrados Antonio Barrera
Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz,
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón
Díaz expresaron:
“(…) el derecho procesal penal no sólo debe regular
y controlar el poder sancionador del Estado en
beneficio del acusado -esto es en función de quien
padece el proceso- sino que debe también hacer
efectivos los derechos de la víctima -esto es de quien
ha padecido el delito-. “
“(…)
“(…)el Estado tiene el deber de adelantar una
investigación de los delitos, no sólo para proteger en
abstracto bienes jurídicos de particular importancia
para la vida en sociedad sino para hacer justicia,
en concreto, al perjudicado por el ilícito, pues la
víctima es verdaderamente la encarnación viviente
del bien jurídico que busca ser protegido por la
política criminal.”
Esta tesis fue posteriormente adoptada en
algunas sentencias de la misma Corporación,
entre las cuales se relacionan las siguientes:
T-694/00, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
“Los derechos de participación y de acceso a la
administración de justicia, le confieren a la parte
civil en el proceso penal una serie de derechos y obligaciones
similares, en principio, a los que ostentan
los restantes sujetos procesales. En consecuencia,
debe entenderse que desde el momento en el cual una
persona es reconocida como “parte civil”, adquiere
el derecho a participar activamente en todas las
diligencias que se realicen, lo cual implica, entre otras
cosas, el derecho a solicitar las pruebas que considere
conducentes para el esclarecimiento de la verdad o
para demostrar la responsabilidad del sindicado, así
como el derecho a recurrir las decisiones que afecten
sus intereses.”
contra la Impunidad, por ésta “se entiende la inexistencia,
de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte
de los autores de violaciones, así como de responsabilidad
civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a
toda investigación con miras a su inculpación, detención,
procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena
a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño
causado a sus víctimas” Sentencia del 21 de octubre
de 2009, Rad. 31342, CSJ, Sala de Casación Penal,
M.P. Alfredo Gómez Quintero
C-740/01, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
“Dentro del proceso penal militar la actuación de la
parte civil se establece de manera precisa, limitando
su actuación al impulso procesal para contribuir
a la búsqueda de la verdad de los hechos y que el
tema del resarcimiento de perjuicios se concentra en
la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo,
excluyendo expresamente la competencia de la
justicia penal militar en este campo”.
C-1149/01, M.P. Jaime Araujo Rentería.
“El derecho de las víctimas y perjudicados con el
reato a intervenir en el proceso penal constituyéndose
para ello en parte civil, se justifica en cuanto como
sujetos procesales colaborarán con la administración
de justicia en procura de obtener la verdad de los
hechos y la responsabilidad penal del sujeto activo
del delito, no sólo en cumplimiento del deber impuesto
por el constituyente, sino por el interés particular de
obtener la reparación del daño.”
SU-1184/01, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
“Las víctimas de los hechos punibles tienen no
sólo un interés patrimonial, sino que comprende el
derecho a que se reconozcan el derecho a saber la
verdad y a que se haga justicia. El derecho a saber
la verdad implica el derecho a que se determine la
naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron
los hechos y a que se determine los responsables de
tales conductas. El derecho a que se haga justicia o
derecho a la justicia implica la obligación del Estado
a investigar lo sucedido, perseguir a los autores y,
de hallarlos responsables, condenarles. De ahí que
ostenten la calidad de sujetos procesales. En directa
relación con lo anterior, debe entenderse que el complejo
del debido proceso –legalidad, debido proceso
en sentido estricto, derecho de defensa y sus garantías
y el juez natural- se predican de igual manera para
la parte civil. En punto al derecho a la justicia y
a la verdad resulta decisivo establecer si un hecho
punible atribuido a un militar es un acto relacionado
con el servicio, pues la responsabilidad derivada de
la existencia o no de la mencionada relación será
distinta. Así mismo, el primer elemento para conocer
la verdad de lo acaecido y establecer quienes son los
responsables depende, en buena medida, de que se
determine si el acto reunía dichas calidades. Así, la
Corte estima que le asiste a la parte civil un interés
–derecho- legítimo en que el proceso se tramite ante
el juez natural.”
T-1267/01, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
“Nuestro ordenamiento jurídico prevé que las
personas afectadas por un hecho punible pueden
constituirse como parte civil en el proceso penal

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
respectivo con el fin de lograr el reconocimiento y
pago de la indemnización por los perjuicios que le
fueron ocasionados. Es cierto que la regulación legal
confiere a la parte civil una pretensión esencialmente
indemnizatoria, pero ello no excluye que ésta pueda
apelar una sentencia absolutoria, por las siguientes
dos razones: de un lado, las víctimas de los delitos
tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que
desborda el campo de la simple reparación que es
relevante para interpretar el alcance de los derechos
constitucionales. Por ello, los derechos de las víctimas
trascienden el campo puramente patrimonial. De
otro lado, incluso si se considera que la parte civil
tiene una vocación puramente indemnizatoria, es
obvio que ella puede apelar una providencia absolutoria,
ya que sólo logrará su pretensión mediante
una sentencia condenatoria.”
C-228/02, Ms.Ps. Manuel José Cepeda
Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
“El derecho de las víctimas a participar en el proceso
penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad
humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero
de la Constitución, que dice que “Colombia es
un Estado social de derecho fundado en el respeto de
la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados
por un hecho punible pueden exigir de los demás un
trato acorde con su condición humana. Se vulneraría
gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados
por hechos punibles, si la única protección que se les
brinda es la posibilidad de obtener una reparación
de tipo económico. El principio de dignidad impide
que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos
protegidos por el derecho penal para promover la
convivencia pacífica de personas igualmente libres
y responsables, sean reducidos a una tasación
económica de su valor. El reconocimiento de una
indemnización por los perjuicios derivados de un
delito es una de las soluciones por las cuales ha optado
el legislador ante la dificultad en materia penal
de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y
bienes jurídicos violentados en razón de la comisión
de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho
menos la que protege plenamente el valor intrínseco
de cada ser humano. Por el contrario, el principio
de dignidad impide que la protección a las víctimas
y perjudicados por un delito sea exclusivamente de
naturaleza económica.”
C-916/02, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
“En desarrollo del artículo 2 de la Carta, al adelantar
las investigaciones y procedimientos necesarios
para esclarecer los hechos punibles, las autoridades
judiciales deben propender el goce efectivo de los
derechos de todos los residentes en Colombia y la
protección de bienes jurídicos de particular importancia
para la vida en sociedad. Esta Corporación ha
reconocido que dicha protección no se refiere exclusivamente
a la reparación de los daños que le ocasione
el delito, sino también a la protección integral de sus
derechos a la verdad y a la justicia.”
C-451/03, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
“conforme a la doctrina desarrollada por las sentencias
C-228 de 2002 y C-004 de 2003, entre otras,
los cargos del actor están llamados a prosperar. En
esas sentencias la Corte precisó que las víctimas de
los delitos tienen derecho a la verdad, a la justicia y
a la reparación. Por ello, específicamente consideró
que si bien la ley podía establecer la reserva de la
investigación previa, a fin de proteger la eficacia de
la justicia, así como los derechos a la intimidad
y el buen nombre del imputado, sin embargo no
podía excluir a la parte civil, pues estaría afectando
desproporcionadamente los derechos de las víctimas”.
C-570/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
“Al ejercerse dentro del proceso penal, la acción
civil se amolda a la mecánica del primero, ya que
las oportunidades ofrecidas por dicho procedimiento
son aprovechadas por la parte civil, al punto que su
participación en aquél se ejecuta de conformidad con
el esquema diseñado por el Código de Procedimiento
Penal. El ejercicio de la acción civil dentro del
proceso penal no implica detrimento de las garantías
procesales de la parte civil. Por el contrario,
dichas garantías se encuentra aseguradas como
consecuencias de la preponderancia que el afectado
y la víctima tienen en el trámite del proceso penal.
El hecho de que el impulso del proceso penal esté a
cargo del Estado, por disposición de la Constitución
y la ley, implica que la parte civil del proceso penal
tiene una posibilidad directa y concreta de recibir
los resultados de la investigación para satisfacer sus
propias pretensiones.”
C-775/03, M.P. Jaime Araujo Rentería.
“Los principios adoptados por la comunidad
internacional propenden por el respeto hacia los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
que se reconocen a las víctimas de los delitos graves
según el derecho internacional. En este sentido, la
verdad, la justicia y la reparación se erigen como
bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un
orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales
median relaciones de conexidad e interdependencia,
de manera tal que: No es posible lograr la justicia
sin la verdad. No es posible llegar a la reparación
sin la justicia.”
Colaborador Nacional
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Norberto
Hernández Jiménez
C-899/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
La víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene
derecho a la reparación económica de los perjuicios
que se le hayan causado, trátese de delitos consumados
o tentados, sino que además tiene derecho a que
a través del proceso penal se establezca la verdad y
se haga justicia.”.
C-823/05, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
“En ese orden de ideas la Corporación ha precisado
que la protección que la Carta de 1991 reconoce
a las víctimas no se refiere exclusivamente a la
reparación de los daños que les ocasione el delito
-aspecto tradicionalmente considerado[30]-, sino
también a la protección integral de sus derechos a
la verdad y a la justicia[31].”
C-209/07, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
“Los derechos de la víctima del delito a la verdad,
la justicia y la reparación integral también se encuentran
protegidos en el sistema penal con tendencia
acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero
dicha protección no implica un traslado automático
de todas las formas y esquemas de intervención en los
que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema
procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000,
sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse
de manera compatible con los rasgos estructurales
y las características esenciales de este nuevo sistema
procesal, así como con las definiciones que el propio
constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar a
las víctimas como intervinientes especiales a lo largo
del proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en
los términos que autónomamente fije el legislador
(artículo 250, numeral 7 C.P.).”
A su vez y comoquiera que este trabajo se enfoca
en la actividad probatoria del apoderado
de las víctimas, con miras a obtener una condena
en perjuicios, igualmente se enunciarán,
desde la perspectiva del derecho comparado,
los siguientes instrumentos internacionales
que regulan el tema:
Literal a del numeral 3° del artículo 2° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Ley 74 de 1968)
Artículos 1°, 2°, 8° y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Ley 16
de 1972)
Artículo 32 del Protocolo Adicional I de
1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949
Numerales 4, 5, 6 y 7 de la Declaración sobre
los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso de poder
(Resolución 40/34 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas), adoptada el 29 de
noviembre de 1985.
Artículos 8° y 9° de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura (Ley 406 de 1997)
Artículos 4°, 5° y 6° de la Convención contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes (Ley 70 de 1986)
Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas (Ley 707/01)
Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio (Ley 28 de 1959)
Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4 del Estatuto
de la Corte Penal Internacional (Ley 742 de
2002)
Oportuno resaltar que acorde con la evolución
dentro del ámbito de internacional,
de los derechos de las víctimas, en especial
por conductas punibles que se traducen en
trasgresiones de los derechos humanos, se
constituyen como medios y exigencias idóneas
de reparación 24 , adicionales a la indemnización
de perjuicios, las siguientes medidas
de satisfacción: (i) restitución –restitutio in
íntegrum - (que se traducen en restablecer los
derechos de la víctima en el sentido de que
vuelva, en lo posible, a la situación en la que
se encontraba con anterioridad a la comisión
del punible), (ii) readaptación (atención psicológica
y psiquiátrica), (iii) garantía de no
repetición (adopción de medidas estatales
para la prevención del delito, procurando
disolver grupos al margen de la ley, derogando
disposiciones que atenten contra las víctimas,
destituyendo a los agentes de la estructura
gubernamental que auspicien, patrocinen
o consientan las violaciones de derechos
humanos), (iv) solicitud de perdón (ofreci-
24 En este sentido se puede consultar el informe final
elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación
de la decisión 1996/119 de la subcomisión de
prevención de discriminaciones y protección de
las minorías de la ONU, titulado “La cuestión de
la impunidad de los autores de violaciones de los derechos
humanos (civiles y políticos)” y conocido como
“Principios de Joinet”

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
miento de disculpas por parte del agente), (v)
conmemoración y homenaje a las víctimas
(por ejemplo mediante la construcción de
monumentos) y (vi) enseñanza y difusión de
la verdad histórica (impartición de seminarios,
foros, talleres o cátedras).
El proceso penal con tendencia acusatoria no
es ajeno a esto, y por ello paulatinamente, con
ayuda de nuestro Tribunal Constitucional, se
han venido habilitando escenarios para que se
busque la satisfacción de los derechos de las
víctimas dentro de las tres grandes esferas ya
reseñadas, siendo importante para el objetivo
propuesto en este escrito, lo que atañe a la
reparación dineraria y la forma práctica para
liquidar los perjuicios 25 .
Ahora bien, es importante señalar que para
garantizar la efectividad de la condena en
perjuicios, la actividad del apoderado de las
víctimas no debe limitarse a la tramitación
del incidente de reparación integral, ya que
su participación – respecto a la pretensión
civil dentro del proceso penal- debe pretender
garantizar de manera antecedente el pago
de los perjuicios, para lo cual el legislador
brindó mecanismos de protección como
la prohibición de enajenar bienes sujetos a
registro que opera ipso jure desde la diligencia
de formulación de imputación (artículo 97
del Código de Procedimiento Penal) e igualmente
le otorga la posibilidad a la víctima, de
acudir ante el Juez de Control de Garantías,
desde la precitada audiencia, para solicitar
medidas cautelares tendientes a proteger la
indemnización de perjuicios ocasionados
por el delito.
Algunas referencias al trámite incidental. Una
vez en firme la sentencia condenatoria 26 ,
por solicitud de la víctima, el ente acusador,
el representante de la sociedad o incluso a
25 No se abordará entonces el estudio de algunos
medios de reparación simbólica (ver por ejemplo
sentencia del 17 de marzo de 2009, Rad. 30978,
CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. Yesid Ramírez
Bastidas) o aquellos que se traducen en obligaciones
de hacer y no hacer.
26 De conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Ley 1395 de 2010
solicitud del procesado 27 , se declarará abierto
el incidente de reparación integral y se
convocará a audiencia dentro de los 8 días
siguientes.
A su vez, establece el artículo 197 del Código
de la Infancia y la Adolescencia que en tratándose
de un fallo adverso a los intereses
del acusado, cuando la víctima sea un niño
o adolescente, se traslada en cabeza del Juez
de conocimiento una carga oficiosa de iniciar
el mismo.
A continuación se relacionan las diligencias
que se desarrollan ante el Juez de conocimiento,
junto a su principal contenido, y que culminan
con la declaratoria de responsabilidad
civil y la respectiva tasación de perjuicios, o
en su defecto, como ocurre en gran medida
por la deficiente labor probatoria del apoderado
de las víctimas, con la absolución del
declarado penalmente responsable, por este
concepto (Tabla 1).
En todas las audiencias se invita a las partes
al diálogo, con la finalidad de que lleguen a
un acuerdo de sus diferencias mediante el
mecanismo de la conciliación y se castiga la
inasistencia injustificada de aquellas, con los
efectos del desistimiento (víctima) o el acogimiento
a las resultas del proceso (declarado
penalmente responsable), practicándose la
prueba ofrecida por los asistentes.
La trilogía anteriormente relacionada respecto
a la tramitación incidental, guarda cierta
correspondencia con el trámite del juicio
para efectos de responsabilidad penal, en
cuanto en la primera audiencia se formulan
las pretensiones –responsabilidad en la
comisión de determinada conducta punible
y cuya consecuencia es la pena (penal) y
responsabilidad civil derivada de la declaratoria
de responsabilidad penal (civil) – con la
enunciación o “descubrimiento” de las pruebas
que se harán valer para demostrar el petitum,
como ocurre en la audiencia de formulación
de acusación, modificando la figura de ente
27 Cfr. sentencia del 1° de julio de 2009, Rad. 30800,
CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. José Leonidas
Bustos Martínez
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Norberto
Hernández Jiménez
Primera audiencia Formulación de la pretensión y forma de reparación a la que
(Apoderado de la aspira el incidentante
Víctima) - Indicación de las pruebas que se pretenden hacer valer
Se ofrecen por parte del declarado penalmente responsable
Segunda audiencia los medios de prueba que hará valer para desvirtuar la
(Defensor) ocurrencia de los perjuicios
Práctica de pruebas
Tercera audiencia
(Apoderado de Alegaciones
la Víctima Vs.
Defensor)
acusador por la de apoderado de las víctimas
dentro del incidente.
El parangón con la audiencia preparatoria se
refleja con la segunda audiencia incidental,
donde la defensa ofrece los elementos materiales
probatorios para enervar la pretensión
de su contraparte y el Juez decida la práctica
de pruebas dentro del juicio o la tercera
audiencia del incidente, diligencias estas
últimas que se ciñen bajo las mismas reglas
y culminan, luego de las alegaciones de las
partes, con la declaratoria de responsabilidad
penal y civil.
Clases de perjuicios. Como anticipamos con
anterioridad y recurriendo a los criterios de
interpretación gramatical establecidos en el
artículo 28 del Código Civil 28 , el perjuicio
debe ser entendido como el “detrimento patrimonial
que debe ser indemnizado por quien lo causa” 29
y se divide en material e inmaterial.
Los de índole material 30 se traducen en daño
emergente y lucro cesante.
28 “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural
y obvio, según el uso general de la mismas palabras; pero
cuando el legislador las haya definido expresamente para
ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”
29 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima
segunda edición, disponible en el siguiente link:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=perjuicios
30 “74. (…) supone la pérdida o detrimento de los ingresos de
la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y
las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo
Tabla 1.
Corresponden a la categoría del perjuicio
emergente, aquellos gastos o erogaciones que
necesariamente una persona debe hacer, con
ocasión o en razón de una conducta punible
para atender las consecuencias del daño.
Por su parte, el lucro cesante es la ganancia o
provecho económico que para la fecha del hecho
dañoso - cuando se produjo la conducta
punible -, no había ingresado al patrimonio
de la víctima, pero que la misma esperaba
recaudar y los ingresos que recibiría de ahí en
adelante, es decir, la potencial productividad
que tiene o tenía la víctima directa, de acuerdo
a su actividad, capacidad de producción,
experiencia, etc.
A su vez, los perjuicios inmateriales 31 o extrapatrimoniales
se dividen en daños morales y
daño a la vida de relación.
causal con los hechos del caso sub judice” (Caso Acosta
Calderón, supra nota 3, párr. 158; Caso YATAMA,
supra nota 3, párr. 243; y Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa, supra nota 7, párr. 199) citado en la
Sentencia del 12 de septiembre de 2005 (Fondo,
reparaciones y costas), Caso Gutiérrez Soler Vs.
Colombia, Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
31 “82. El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y
las aflicciones, el menoscabo de valores muy significativos para
las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en
las condiciones de existencia de la víctima. No siendo posible
asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso,
para fines de la reparación integral a las víctimas, sólo puede
ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar,
mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de
bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
El daño moral es
“(...) la lesión del patrimonio moral propiamente
dicho o del patrimonio afectivo; de la parte social del
patrimonio moral, en los atentados contra el honor,
la reputación, las consideraciones sociales; de la parte
afectiva, en los que hieren los sentimientos de amor
en la familia. La injuria al honor o al sentimiento
del amor filial puede ocasionar perjuicios morales
inestimables por su naturaleza y repercusiones
objetivas del daño moral.” 32
Los perjuicios que nacen de él se dividen
en objetivados y subjetivos 33 , emanando los
primeros del daño moral en forma concreta,
determinada o determinable y los segundos
indeterminados o indeterminables, inasibles
y abstractos, es decir, perjuicios morales no
susceptibles de objetivación.
Empero, los perjuicios morales objetivados,
son aquellos que “repercuten en la capacidad
productiva o laboral de la persona agraviada, y que
por consiguiente son cuantificables pecuniariamente” 34 .
determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y
en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la
realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos,
que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la
dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones
de derechos humanos” Ib.
32 Sentencia del 23 de abril de 1941, CSJ, Sala
de Casación Civil, citada por Jorge Santos
Ballesteros en la conferencia titulada ExAMEN
JURISPRUDENCIAL DEL DAñO Y SU
VALORACIóN. JURISDICCIóN CIVIL. Pág. 8
33 “Por su parte, en torno a los perjuicios morales la
jurisprudencia desde antiguo viene en aceptar la concurrencia
de dos tipos de daños: los objetivados y los subjetivos. Los
primeros repercuten sobre la capacidad productiva o laboral
de la persona agraviada y, por consiguiente, son cuantificables
pecuniariamente; mientras que los segundos lesionan el fuero
interno de las víctimas y se traducen en la tristeza, el dolor,
la congoja o la aflicción que sienten las personas y, por lo
mismo, no son cuantificables económicamente –artículo 56
del código de procedimiento penal-.” Sentencia del 11 de
agosto de 2004, Rad. 20139, CSJ, Sala de Casación
Penal, M.P. Mauro Solarte Portilla. Sobre el mismo
tema se pueden consultar, entre otras, la sentencia
de la misma Corporación datada 12 de diciembre de
2005, Rad. 24011, M.P. Alfredo Gómez Quintero y
sentencias del 13 de octubre de 2005, Rad. 50-2005-
01736-01, M.P. Lucas Quevedo Díaz y del 29 de
agosto de 2006, Rad. 110013104046200500227 01,
M.P. Fabio David Bernal Suárez (Tribunal Superior
de Bogotá – Sala Penal).
34 Cfr. auto segunda instancia, Rad. 19.464, CSJ, Sala
de Casación Penal, M. P. Édgar Lombana Trujillo,
citado en la sentencia de la misma Corporación
Tanto estos 35 como los subjetivos 36 , deben
demostrarse dentro del trámite del incidente.
Finalmente, el daño a la vida de relación se
traduce en un perjuicio cuantificable en dinero
con ocasión del detrimento a la capacidad
personal que influye en aspectos que hacen
agradable la vida.
Recientemente la Jurisprudencia Contencioso
Administrativa ha denominado esta clase
de daño como “alteración a las condiciones de
existencia” 37 , premisa que abarca los conceptos
de perjuicio fisiológico y daño a la vida de
relación indistintamente.
En contravía de esta posición, el Consejero
de Estado Enrique Gil Botero, en aclaración
de voto a la sentencia del 1° de octubre de
2008 (anteriormente relacionada –cita No.
38-) considera errada la nueva denominación,
tras haber resultada desechada y declarada
obsoleta por la doctrina y jurisprudencia
italianas, ya que se ha
“reconocido independencia entre el perjuicio biológico
o fisiológico-relacionado con la órbita psicofísica del
individuo-y otros perjuicios que afectan valores, derechos
o intereses de la persona que, en la actualidad,
en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica
del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser
humano, la seguridad, las condiciones de existencia,
entre otros)”
datada 23 de febrero de 2005, Rad. 17722, M.P.
Yesid Ramírez Bastidas. En el mismo sentido se
pueden consultar las sentencias datadas 27 de abril
de 2005, Rad. 11001310401420030034901, M.P.
Alberto González Gómez y 27 de julio de 2004,
M.P. Alberto González Gómez y Marco Antonio
Rueda Soto (Tribunal Superior de Bogotá – Sala
Penal)
35 Cfr. sentencias del 24 de septiembre de 2003, Rad. S
4965-0289-01, Tribunal Superior de Bogotá – Sala
Penal, M.P. María del Rosario González de Lemos
y del 4 de octubre de 2006, (misma Corporación),
Rad. 11001 07 04004 2005 00076 01 (P-031/06),
M.P. Javier Armando Fletscher P.
36 Cfr sentencia del 19 de mayo de 2009, Rad.
110016000019200880451 01 [418], Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Penal , M.P. Marlenne
Orjuela Rodríguez
37 Cfr sentencias datadas 15 de agosto de 2007, Exp.
AG 2003-385 M.P. Mauricio Fajardo y 1° de octubre
de 2008, Exp. 25000-23-26-000-1999-01145-01
(27268), M.P. Enrique Gil Botero
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Norberto
Hernández Jiménez
Por su parte, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia 38 consideró inadecuada
la denominación de esta clase de daño
bajo el adjetivo fisiológico y adoptó el rotulo
de daño a la vida de relación, acorde con la
doctrina francesa del préjudice d’ agrement.
Con independencia de la controversia
anteriormente reseñada y acudiendo a los
puntos en común entre la tesis mayoritaria del
Consejo de Estado 39 y la jurisprudencia de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 40 , se
pueden extractar las siguientes características,
respecto de este tipo de daño:
• Es un perjuicio de naturaleza inmaterial o
extrapatrimonial
• Se refleja en la esfera externa del individuo,
aspecto que lo distingue del daño moral
• Tiene múltiples manifestaciones en el
entorno personal, social y familiar del
afectado
• Puede originarse de lesiones de tipo físico,
y también de otros bienes intangibles de la
personalidad o derechos fundamentales
• Puede ser sufrido tanto por la víctima
como por terceros, familiares o amigos
• Su reconocimiento patrimonial busca aminorar
los efectos negativos del daño
• Es un daño autónomo, que se refleja en la
vida social de la persona, lo cual no excluye
la posibilidad de que sean reconocidos otro
tipo de perjuicios
Esta clase de perjuicio no ha sido estudiado in
extenso por parte de la Jurisdicción Penal 41 , sin
embargo ello no es óbice para que sea tenido
38 Cfr. sentencia del 20 de enero de 2009, Exp.
170013103005 1993 00215 01, M.P. Pedro Octavio
Munar Cadena
39 Regentada desde la Sentencia del 19 de Julio de 2000.
Exp. 11842. M.P. Alier Hernández Henríquez
40 Cfr Sentencias datadas 13 de mayo de 2008. MP
César Julio Valencia Copete y 20 de enero de 2009
(ya relacionada)
41 En la sentencia proferida por la Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior de Bogotá, datada 19 de
marzo de 2009, Rad. 11001600253200680526, Rad.
Interno 0197, M.P. Eduardo Castellanos Roso, se
hace una breve mención a esta clase de daño, con
base en lo expresado por el Consejo de Estado y el
derecho italiano.
en cuenta con miras a edificar una condena en
perjuicios en contra del declarado penalmente
responsable.
Casos prácticos:
1. Demostración de los perjuicios ocasionados por
un sujeto declarado penalmente responsable del
delito de Lesiones Personales Culposas.
Supongamos que x fue declarado penalmente
responsable del delito de lesiones personales
culposas (accidente de tránsito ocurrido el
2 de febrero de 2008), habiéndose dictaminado
por los galenos del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una
incapacidad para trabajar de 90 días.
Y (víctima reconocida desde la audiencia de
acusación) se desempeñaba como operaria
de la empresa Z en donde percibía una suma
equivalente al salario mínimo legal mensual
vigente y permaneció incapacitada, efectivamente,
90 días.
Adicionalmente tenemos que Y, con ocasión
del accidente tuvo que ser hospitalizada y
debió sufragar con su peculio (x no había
suscrito póliza para amparar los siniestros
por accidentes de tránsito), una cuenta que
ascendía a la suma de dos millones de pesos
($2´000.000,00). No obstante haber sido dada
de alta, según lo manifestado por la víctima,
con el transcurso del tiempo ha venido
perdiendo la capacidad gustativa, ya que en
el insuceso se alcanzó a impactar su cavidad
bucal, y adicionalmente como consecuencia
de aquel, evita salir a la calle.
El problema jurídico, en materia de responsabilidad
civil se centra en resolver los siguientes
interrogantes:
¿Qué daños padeció Y con ocasión de la
conducta punible desplegada por x?
¿Qué perjuicios se ocasionaron con dichos
daños y cómo los demuestro?
Con base en lo enunciando en el acápite anterior,
huelga concluir que la incapacidad para
trabajar generada con el delito, se reflejó en
la pérdida del salario que la víctima esperaba
percibir durante ese lapso, denotándose así la
ocurrencia de un lucro cesante.

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
Por su parte, la erogación realizada para
cancelar los gastos médicos se traduce en un
daño emergente que obviamente la víctima
no está en la obligación de soportar, toda
vez que el mismo fue consecuencia del actuar
desplegado por x y que al hacer abstracción
del mismo, no hubiera tenido que cancelar
la víctima.
Tal vez la situación fáctica que más puede
causar dubitación de encuadramiento, es la
inherente a la pérdida del gusto, ya que podría
pensarse que ésta se refleja en una eventual
tristeza o congoja presentada por la víctima;
sin embargo, por tratarse de una actividad
vital que se exterioriza en el comportamiento
de aquella y que radica en una percepción del
mundo que indudablemente hace agradable la
vida, debemos catalogar el mismo como un
daño a la vida de relación.
Por último, deberá el apoderado de la víctima,
demostrar que el accidente ocasionó alguna
fluctuación emocional con ocasión del insuceso,
con miras a obtener una condena por
daño moral, que especialmente se refleja en el
supuesto fáctico planteado, por el recelo de Y
para salir a la calle, lo que a la postre degenera
en su falta de interacción con la sociedad y el
acceso a elementos que se ofrecen al público
con exclusividad en dicho entorno.
Se activa entonces aquí, la función demostrativa
del apoderado de las víctimas, quien
para efectos de probar el lucro cesante, deberá
allegar al proceso, la prueba correspondiente
al vínculo laboral existente, para la fecha de
los hechos, entre Y y Z.
Las opciones probatorias se encaminan primordial,
aunque no exclusivamente, hacia la
prueba documental, por ejemplo el contrato
de trabajo o una certificación laboral, ésta
última en donde conste que Y no prestó su
fuerza de trabajo durante los días en que
permaneció incapacitada y que igualmente no
recibió la correspondiente contraprestación
dineraria.
Oportuno advertir que el legislador del
año 2004, mantuvo el principio de libertad
probatoria - artículo 373 del Código de
Procedimiento Penal- consagrado igualmente
en el ordenamiento procesal precedente 42 ,
habilitándose la posibilidad de conllevar al
juez hacia un convencimiento en cuanto a
la reconstrucción histórica de los hechos y
la demostración de los perjuicios a través de
cualquier medio que no viole los derechos
humanos.
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia ha reconocido que
incluso pueden utilizarse como instrumentos
de prueba las fotocopias, careciendo de
exclusividad probatoria la presentación del
documento original:
“La regla de la mejor evidencia no puede ser
confundida con algo así como una regla de la única
evidencia. Para comprobar lo que dice un escrito
la mejor evidencia es el original mismo documento
(sic); pero nada obsta para que lo dicho en ese escrito
pueda demostrarse a través de otros medios, como
fotocopias, fotografías o por vía testimonial.” 43
Por ello, en lo sucesivo cuando se haga mención
a la prueba documental, nos estaremos
refiriendo indistintamente al original como
a las reproducciones que de este existan
y que igualmente lo representen en su
autenticidad.
Teniendo en cuenta que el dictamen de
Medicina Legal debió haberse adjuntado
dentro de la audiencia de juicio oral, no
sobraría tener como prueba este para efectos
de responsabilidad civil, respecto del tiempo
no laborado, de conformidad con la incapacidad
diagnosticada y deberá solicitarse
como prueba autónoma dentro del incidente,
incorporada por supuesto, a través del galeno
que realizó la valoración, ostentando aquel la
calidad de órgano de prueba.
En lo que atañe a los gastos médicos resultará
indispensable allegar los recibos en donde
consten las erogaciones sufragadas por concepto
de hospitalización e incluso, facturas
de pago por concepto de medicamentos
recetados para la sanación de la patología.
42 Artículo 237 de la Ley 600 de 2000.
43 Sentencia del 21 de febrero de 2007, Rad. 25920,
CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. Javier de Jesús
Zapata Ortiz.
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Norberto
Hernández Jiménez
No debe olvidarse que en el incidente de
reparación integral deben seguirse las mismas
reglas de introducción de documentos que
regulan el juicio oral, resultando igualmente
admisibles los medios de prueba que tengan
referencia con la responsabilidad civil derivada
de la conducta punible (pertinencia 44 ), siempre
y cuando (i) no exista peligro de causar
grave perjuicio indebido 45 , (ii) pueda generar
confusión en vez de mayor claridad al asunto
o exhiba escaso valor probatorio o (iii) sea
injustamente dilatoria del procedimiento 46 .
Empero, para la incorporación del informe
de Medicina Legal, deberá comparecer el
médico legista, con base en el cual, una vez
se acredite su idoneidad, respetando las reglas
del interrogatorio propias del sistema adversarial,
se deberá incorporar dicho documento
al incidente, procediendo a dar lectura del
mismo para lograr que los intervinientes en
la audiencia de pruebas y alegaciones, tengan
conocimiento de su forma y contenido 47 .
Respecto al daño a la vida de relación, aún
cuando podría recurrirse a la declaración de
la víctima para acreditar la aludida pérdida del
gusto, esta resultaría insuficiente, ya que por
tratarse de un concepto de entidad médica
que por contera requiere de conocimientos
44 “Hay dos componentes fundamentales en noción de
pertinencia de evidencia, a saber: materialidad y valor
probatorio. El proponente de determinada evidencia pretende
con ello probar algo, algún hecho o proposición. Digamos que
A es la evidencia ofrecida y B es lo que pretende probar el
proponente mediante A. La noción de valor probatorio se
refiere al valor inferencial de A para deducir B, lo que se
quiere probar. Por otro lado, la “materialidad” se refiere
a la relación de B con los hechos y cuestiones de derecho en
controversia.” Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho
Probatorio, Tomo I, 2005, p. 15.
45 “En la doctrina de Puerto Rico, se afirma: “Se le concede
discreción al Tribunal para no admitir evidencia pertinente
cuando su valor probatorio es de poca significación en relación
con el “peligro de causar perjuicio indebido”. Se trata de
evidencia con gran potencial de apelar a las emociones o
pasiones del juzgador, particularmente al jurado, lo que hace
probable que se juzgue el caso sobre bases impropias” Jairo
Parra Quijano, Manual de Derecho Probatorio, Bogotá,
2009, p. 373
46 Se sigue lo normado en el artículo 376 del Código
de Procedimiento Penal
47 De conformidad con lo establecido en el artículo
431 Ib.
especializados que certifiquen su ocurrencia,
deberá acudirse a un dictamen del Instituto
de Medicina Legal o de cualquier otro centro
médico acreditado, certificando igualmente,
previa confrontación con la Historia Clínica,
que con anterioridad al accidente no había padecido
ninguna falencia al respecto y que con
ocasión del mismo fue que se desencadenó el
resultado lesivo. Su incorporación igualmente
deberá respetar las técnicas implantadas para
la oralidad procesal.
Por último, la prueba idónea para demostrar
la ocurrencia del daño moral, radicará en la
declaración de la víctima y en la de terceros
que tengan conocimiento y hayan podido
observar la variación de la actitud sentimental
y/o emocional de aquella, certificando su
miedo de salir a la calle y cómo ha repercutido
esta situación en el normal desarrollo de su
cotidianidad.
No debe excluirse dentro de las posibilidades
probatorias tendientes a la demostración de
este daño, un eventual dictamen psiquiátrico
al respecto 48 .
48 En el Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia, que
se viene citando, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, presentó demanda ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
allegando peritajes de la señora María Cristina Nunes
de Mendonça, profesora de Medicina Legal en la
Universidad de Coimbra, Portugal y de la señora
Ana Deutsch, psicóloga, así como testimonios y
otras declaraciones, declarando dicha Corporación
como hecho probado (capítulo VII) que “48.5.
(…) las torturas causaron al señor Gutiérrez
Soler perturbaciones psíquicas permanentes que
fueron evaluadas en el peritaje practicado el 8
de agosto de 1996 por el Grupo de Psiquiatría
y Psicología forense de la Regional Bogotá”,
(resaltado fuera del texto), citando en el pie de
página No. 13, el informe emitido el 8 de agosto
de 1996 por el Grupo de Psiquiatría y Psicología
Forense de la Regional Bogotá (expediente de
anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folios 215 a
217; y expediente de anexos al escrito de solicitudes
y argumentos, tomo II, anexo 33, folios 1000 a
1002.
También, con base en los testimonios de Wilson
y Ricardo Gutiérrez Soler rendidos ante la
Corte Interamericana el 10 de marzo de 2005;
declaración de la perito Ana Deutsch rendida ante
la Corte Interamericana el 10 de marzo de 2005;
y declaraciones juradas escritas del menor Kevin
Gutiérrez y de los señores Yaqueline Reyes, Luisa

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
Una vez acreditado lo anterior, el Juez deberá
tasar los perjuicios con base en el siguiente
orden metodológico, mismo que deberá
realizar con anterioridad el apoderado de
la víctima –directamente o con ayuda de
un tercero- para establecer el monto de la
reclamación:
Daño emergente
Del caso se desprende que los perjuicios por
este ascienden a la suma de $2´000.000,00.
Sin embargo no podemos omitir que el poder
adquisitivo de dicha suma, no es el mismo
en el momento del suceso y la fecha de la
sentencia, por lo que deberá actualizarse con
base en la siguiente fórmula:
Ra= R I.Final
I.Inicial
En donde:
Ra: corresponde a la renta actualizada
o base de liquidación actualizada
R: renta o valor objeto de
actualización
I.Final: índice de precios al consumidor
para la fecha de la sentencia
I.Inicial: índice de precios al consumidor
para la fecha del suceso
Estos dos últimos rubros se obtienen de la
certificación realizada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), los cuales tienen vigencia en todo
el territorio nacional, por lo que atendiendo
a lo dispuesto en el artículo 188 del Código
de Procedimiento Civil, al cual se acude por
remisión, no son objeto de actividad probatoria,
es decir, el apoderado de las víctimas
no tiene ninguna carga al respecto.
Entonces reemplazando tenemos:
Fernanda Gutiérrez Reyes, Leydi Caterin Gutiérrez
Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Carlos
Andrés Gutiérrez Rubiano, Leonardo Gutiérrez
Rubiano y Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano
rendidas el 15 y 16 de febrero de 2005 (expediente
de excepciones preliminares, fondo y reparaciones,
tomo III, folios 563 a 610) -pie de página No. 21-,
concluyó que “ 48.16. (…) se han sufrido temor
constante y daños psicológicos” (Ib.)
Ra= $2´000.000,00 (102,00) 49
(95.27) 50
Ra= $2´141.282,67
Como quiera que solo se allegó la factura
expedida por el Hospital en la que constaba
el valor sufragado por la víctima por concepto
de hospitalización, el daño emergente que
deberá pagar el declarado penalmente responsable
será de dos millones, ciento cuarenta y
un mil, doscientos ochenta y dos mil punto
sesenta y siete pesos ($2´141.282,67)
Lucro cesante
Este valor se obtiene con base en los siguientes
factores y fórmulas de liquidación:
Base de liquidación actualizada: cuatrocientos
noventa y cuatro mil, cien punto noventa y
siete pesos ($494.100,97)
Se acude a la misma fórmula empleada para
actualizar el daño emergente (supra I.), tomando
el valor establecido en el decreto 4565
de 2007 como salario mínimo legal mensual
vigente para el año 2008 y los respectivos
índices de precios al consumidor de febrero
de 2008 y diciembre de 2009.
Ra= $461.500,00 (102.00)
(95.27)
Ra= $494.100,97
2. Causación del daño: 2 de febrero de
2008
3. Período consolidado: 3 meses, que equivale
a los 90 días dictaminados como
incapacidad para laborar.
4. Interés puro o técnico: 0.00486751 49 Suponiendo que el incidente de reparación integral
se estaba surtiendo en el mes de diciembre de 2009
y que en esa misma mensualidad se adoptaría la
sentencia.
50 IPC correspondiente al mes de febrero de 2008,
fecha en que ocurrió el accidente de tránsito.
51 Se recurre al monto establecido por este concepto
en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Al respecto se pueden consultar las sentencias de
reparación directa del veintiuno (21) de febrero
de dos mil dos (2002), Radicación número:
52001-23-31-000-1995-7010-01(13653), C. de E.,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, M. P. Ricardo Hoyos Duque, del 12 de
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Norberto
Hernández Jiménez
5. Fórmula de liquidación histórica:
Donde:
S = Ra (1 + i) n -1
i
Ra = base de liquidación actualizada
i = interés técnico
n = período
Entonces reemplazando tenemos:
S= $494.100,97 (1 + 0,004867) 3 - 1
0,004867
S= $1´489.528.98
En conclusión, por concepto de daños
materiales, x deberá cancelar a Y el resultado
de sumar los rubros por daño
emergente ($2´141.282,67) y lucro cesante
($1´489.528.98) que arroja un resultado de
tres millones, seiscientos treinta y cuatro
mil, setecientos veintinueve punto cuarenta
y cuatro pesos ($3´630.811,65).
Por otra parte y una vez demostrado –se insiste-
la ocurrencia de los daños inmateriales,
corresponde al Juez, basado en los principios
de reparación integral y equidad (artículo 16
de la Ley 446 de 1998), tasar los perjuicios
de este tipo, originados con la comisión de la
conducta punible, lo que no obsta para que
el apoderado de las víctimas formule una
pretensión al respecto, haciendo el mismo
ejercicio intelectivo que haría el fallador, para
concluir un monto específico.
En este sentido, si se solicita por este concepto
el tope de 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, muy seguramente esta
pretensión no tendrá eco en el Juez y procederá
a una evaluación individual aleatoria y con
independencia de dicha argumentación.
Pero si por el contrario, dentro de las alegaciones
se manifiesta cómo las pruebas
febrero de 2004, Radicación número: 68001-23-
15-000-1994-08908-01(13952), C. de E., Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.
P. Ramiro Saavedra Becerra y del 10 de junio de
2009, Radicación número: 73001-23-31-000-1998-
01406-01(18108), C. de E., Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, M. P. Ruth Stella
Correa Palacio
demostraron tanto el pretium doloris padecido
por la víctima, como la afectación relacionada
con el sentido del gusto y cómo eventualmente
podría resarcirse este dinerariamente,
el primero con una suma equivalente a 5
salarios mínimos legales mensuales vigentes,
atendiendo a que con el transcurso del tiempo
podría recobrar el valor para enfrentar las vicisitudes
de la sociedad, mientras que el daño
a la vida de relación se observa permanente
y deberá suplir la satisfacción del gusto con
otras actividades, para lo cual sería muy útil el
dinero, estimando que 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes serían suficientes
por este concepto (independientemente del
discurso retórico empleado y haciendo énfasis
en la labor probatoria desplegada), muy
seguramente ubicaríamos al funcionario en
un interregno loable para la consecución de
las pretensiones, sin desbordar los criterios
de racionalidad.
2. Demostración de los perjuicios ocasionados por
un sujeto declarado penalmente responsable del
delito de Homicidio.
Nuevamente supongamos que x fue declarado
penalmente responsable, en esta ocasión,
del delito de homicidio.
V, W y Y esposo e hijos, respectivamente, de
Z (obitada) se constituyeron como víctimas
dentro del proceso penal.
Z contaba para la fecha de los hechos (2
de febrero del 2007) con 45 años de edad
y se desempeñaba en el sector privado con
una remuneración equivalente a 20 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Los gastos funerarios ascendieron a la suma
de $5´000.000,00 pesos.
Igualmente para desplazarse a las diferentes
diligencias judiciales, por concepto de
transporte erogaron una suma de $200.000
pesos.
En procura de resolver los problemas jurídicos
propuestos en el anterior caso (supra
1.-), diremos que el daño emergente estará
constituido por los gastos funerarios que
los dolientes tuvieron que sufragar para la
cristiana sepultura de su familiar, junto con
los gastos de transporte.

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
Igualmente se percibe la configuración de un
lucro cesante, correspondiente a los ingresos
que ingresarían al patrimonio de la occisa
con ocasión de su fuerza laboral y que se
interrumpieron por la ocurrencia del delito.
Por último, se podrán reclamar perjuicios por
concepto de daño moral, los que se presumen
en este caso por el parentesco, con las aclaraciones
que se harán más adelante.
El apoderado de las víctimas deberá aportar
los recibos en donde consten los gastos
funerarios mediante la respectiva prueba documental,
así como los gastos de transporte,
los cuales podrán demostrarse mediante la
declaración de la persona que los pagó.
En lo que respecta al lucro cesante, igualmente
deberá aportarse el contrato de trabajo,
una certificación laboral o incluso el certificado
de ingresos y retenciones expedido
por la DIAN52 , así como el registro civil de
nacimiento de Z o el acta de defunción, en
donde conste la edad que tenía para la fecha
del insuceso.
Recogiendo la argumentación consagrada
en el caso No. 1.-, para la demostración del
daño moral, aún cuando este se presume en
el sub examine, será oportuno que las víctimas
declaren sobre la unión y la congoja por la
pérdida de ese ser querido, siendo imperante
demostrar la consanguinidad entre W, Y y
Z, con los respectivos registros civiles de
nacimiento y el registro de matrimonio (V
y Z), documentos que de conformidad con
el artículo 105 del Decreto 1260 de 197053 se erigen como la prueba conducente para
estos efectos54 , atendiendo a que “La ley quiere
52 Cfr sentencia del 25 de febrero de 2009. Exp. 18001-
23-31-000-1997-00007-01 (18.106), C.de E., Sala de
lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera,
M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En este supuesto
no se incrementa el 25% por prestaciones sociales
comoquiera que dicho documento comprende tanto
el salario como el factor prestacional.
53 Por el cual se expide el estatuto del registro del
estado civil de las personas. “Los hechos y actos
relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos
con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se
probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o
con certificados expedidos con base en los mismos”
54 Cfr sentencia del 22 de abril de 2009. Exp. 76001-
23-31-000-1995-02097-01 (16694). M.P. Myriam
que el estado de los hombres sea hecho constar por
documentos públicos” 55 .
Sobre la presunción del pretium doloris – perjuicios
morales subjetivos - respecto de los
padres, hermanos, hijos o cónyuges, ha expresado
el máximo órgano de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa lo siguiente:
“La Sala ha reiterado que en los procesos de
responsabilidad se indemniza a los damnificados de
la persona fallecida, no en su carácter de herederos
sino por el perjuicio que les causó la muerte o
porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones
normales de subsistencia, bien sea en su esfera
patrimonial o moral. Sólo que en los eventos en los
cuales se demuestra que el demandante es padre,
hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio
moral se infiere de las reglas de la experiencia, en
tanto que en los demás eventos deberá probarse
dicho perjuicio” 56 .
Sin embargo la presunción de existencia de
perjuicios morales en los parientes próximos
no surge del simple parentesco 57 , debiéndose
en todo caso acreditar la convivencia “es
decir, vivían en el mismo hogar, que conformaban un
grupo familiar unido, que aun viviendo en lugares
distantes conservaban un grupo familiar unido, que
aun viviendo en lugares distantes conservaban una
unión afectiva, etc. Que permita deducir, como lo hace
la presunción, que realmente se lesionó una relación
afectiva” 58 , de ahí la importancia de robustecer
la presunción con las declaraciones de los
dolientes.
Siguiendo el mismo orden metodológico, la
condena en perjuicios será la siguiente:
Guerrero de Escobar - acción de reparación directa
- y T-264/09, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
55 Portalis, Ob. Cit. p. 82.
56 Sentencia del 24 de junio de 2004, Sección 3ª, M.P.
Ricardo Hoyos Duque, Radicado No. Exp. 13108,
reiterado en sentencia de la misma Corporación
del 1° de octubre de 2008 (ya relacionada).
Adicionalmente y sobre la misma temática se puede
consultar la Sentencia del 31 de enero de 2001,
Rad. 6593, CSJ, Sala de Casación Penal, M.P. Mario
Mantilla Nouges.
57 Se sigue lo enunciado por el tratadista Gilberto
Martínez Ravé en su obra Responsabilidad Civil
Extracontractual En Colombia, Aspectos sustanciales y
procesales, 1996, p.498
58 Ib.
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Daño emergente
Los perjuicios por este concepto ascienden
a la suma de $5´200.000,00 de pesos. Al
ser actualizados de la misma manera que se
realizó en el caso anterior, tenemos:
Ra= $5´200.000,00 (102,00) 59
(89.58) 60
Ra= $5´920.964,50
Atendiendo a que se allegaron tanto los
recibos de los gastos funerarios, aunado a la
declaración del cónyuge supérstite acerca de
los gastos de transporte, el daño emergente
que deberá pagar el declarado penalmente responsable
será de cinco millones, novecientos
veinte mil, novecientos sesenta y cuatro punto
cincuenta pesos ($5´920.964,50)
Lucro cesante
Este valor se obtiene con base en los siguientes
factores y fórmulas de liquidación:
Base de liquidación actualizada: doce millones,
trescientos cuarenta y cinco mil,
doscientos diez punto noventa y ocho pesos
($12´345.210,98)
Este dato surge de dos operaciones. La primera
de agregarle un 25% a los 20 salarios mínimos
mensuales legales vigentes percibidos
por la occisa para el año 2007 ($8.674.000)
por concepto de prestaciones sociales 61 y la
segunda operación actualizando $10.842.500
- resultado de la operación anterior - con
los índices del DANE para el momento en
que murió Z – febrero de 2007 - y el mes de
diciembre de 2009, (fecha en que se estimó
adoptada la decisión de primera instancia).
59 Suponiendo igualmente que el incidente de
reparación integral se estaba surtiendo en el mes
de diciembre de 2009 (ver cita No. 50).
60 IPC correspondiente al mes de febrero de 2007,
fecha en que ocurrió el delito.
61 $8.674.000 + $2.168.500 (que corresponde al 25%
de la primera suma) = $10.842.500. Ha sido pacífica
la Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este
incremento porcentual en virtud de las prestaciones
sociales. (Al respecto se puede consultar la sentencia
del 26 de febrero de 2009, C.de E., Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp.
68001-23-15-000-1996-02381-01(16727). M.P.
Enrique Gil Botero
Se utiliza la misma fórmula: Valor histórico
x (índice final / índice inicial).
2. Causación del daño: 2 de febrero de
2007
3. Fecha de nacimiento de la víctima: 15 de
febrero de 1962
4. Edad de causación del daño material: 45
años de edad
5. Vida probable de la obitada: 404.28
meses
Correspondientes a 33.69 años, según
las tablas de supervivencia de la
Superintendencia Bancaria, fijadas en la
resolución 0497 del 20 de mayo de 1997.
6. Tiempo restante para el cumplimiento de
la mayoría de edad por W: 57.72 meses.
Correspondientes a 4.81 años, toda vez
que su fecha de nacimiento fue el 13 de
abril del 1994, por lo que para la fecha de
los hechos contaba con 13.19 años.
Tiempo restante para el cumplimiento de
la mayoría de edad por Y: 90.72 meses.
Correspondientes a 7.56 años, toda vez
que su fecha de nacimiento fue el 15 de
julio del 1997, por lo que para la fecha de
los hechos contaba con 10.44 años.
8. Fecha estimada de la sentencia de primera
instancia: 18 de diciembre de 2009.
7. Período vencido (desde 2 de febrero de
2007 cuando sucedieron los hechos hasta
el 18 de diciembre de 2009, fecha en la que
se estimó dictada la sentencia de primera
instancia): 34.33 meses.
8. Período futuro (desde el 18 de diciembre
de 2009, cuando se estimó concretada
la liquidación histórica hasta a.) la edad
probable de vida de la occisa, para liquidar
el lucro cesante futuro a favor de V –esposo-,
b.) El cumplimiento de la mayoría
de edad de W y c.) El cumplimiento de la
mayoría de edad de Y): a.) 369.95 meses 62 ,
b.), 23.39 63 y c.) 56.39 64
62 Resulta de restar 404.28 (vida probable de la obitada)
con 34.33 que corresponde al período vencido.
63 Resulta de restar 57.72 (tiempo restante para el
cumplimiento de la mayoría de edad de W) con
34.33 que corresponde al período vencido.
64 Resulta de restar 90.72 (tiempo restante para el
cumplimiento de la mayoría de edad de Y) con 34.33
que corresponde al período vencido.

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
9. índice inicial (para fecha en que ocurrieron
los hechos, febrero de 2007): 89.58
10. Índice final (para la fecha en que se estimó
adoptada la decisión de primera instancia
– diciembre de 2009): 102.00
11. Interés puro o técnico: 0,004867
12. Fórmula de liquidación histórica:
S = Ra (1 + i) n -1
i
13. Fórmula para la liquidación futura:
S = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i) n
LIQUIDACIÓN HISTÓRICA O CAUSADA
A FAVOR DE V, W y Y:
Partiendo de la fórmula y reemplazando los
factores de liquidación, se tiene:
S =$12´345.210,98 (1+0,004867) 34.33 - 1
0,004867
= $ 460´059.561.2
Suma que se reparte de la siguiente
manera 65 :
1. Cincuenta por ciento (50%) para V, (esposo):
$ 230´029.780.6
Veinticinco por ciento (25%) para W (hijo):
$ 115´014.890.3
Veinticinco por ciento (25%) para Y (hijo):
$ 115´014.890.3
LIQUIDACIÓN FUTURA A FAVOR DE
V (ESPOSO):
Se liquida con el cincuenta por ciento
(50%) 66 de la base de liquidación actualizada:
$12´345.210,98, que corresponde a:
$6´172.605,49 y hasta el período futuro, es
decir, desde el 18 de diciembre de 2009,
cuando se concretó la liquidación histórica
hasta la edad probable de vida de la obitada:
369.25 meses.
S =$6´172.605,49 (1+0,004867) 369.25 - 1
0,004867 (1+0,004867) 369.25
= $1.057´096.356
65 Siguiendo las pautas sucesorales que permiten
dividir entre los hijos la mitad de los bienes, luego
de adjudicar la otra mitad a la sociedad conyugal.
66 Ib.
En suma, por concepto de lucro cesante
(consolidado 67 y futuro 68 ) se dejó de percibir
por parte de V (esposo) la suma de
$1.287´126.137, resultado al que se le resta
una cuarta parte (1/4), que correspondería
a los gastos de carácter personal que la hoy
occisa hubiese realizado en vida sobre esa
suma, quedando un total de novecientos
sesenta y cinco millones, trescientos cuarenta
y cuatro mil, seiscientos dos punto ocho
pesos ($965´344.602,8) como acreencia a
favor de V.
LIQUIDACIÓN FUTURA A FAVOR DE
W (HIJO):
Se liquida con el veinticinco por ciento
(25%) de la base de liquidación actualizada,
que corresponde a: $3´086.302,74 y hasta el
período en que cumpla la mayoría de edad
(18 años de edad) 69 , es decir, desde el 18 de
diciembre de 2009, cuando se concretó la
liquidación histórica, hasta el 13 de abril del
2012, teniendo en cuenta que registra como
fecha de nacimiento 13 de abril del 1994:
23.59 meses
S =$3´086.302,74 (1+0,004867) 23.59 - 1
0,004867 (1+0,004867) 23.59
= $68.624.366,7
En suma, por concepto de lucro cesante (consolidado
70 y futuro 71 ) se dejó de percibir por
parte de W (hijo) la suma de $183´639.257,
resultado al que igualmente se le resta una
cuarta parte (1/4), quedando un total de ciento
treinta y siete millones, setecientos veintinueve
mil, cuatrocientos cuarenta y dos punto
siete pesos ($137´729.442,7), como acreencia
a favor del representante legal de W.
Liquidación futura a favor de y (hijo):
Se liquida igualmente con el veinticinco
por ciento (25%) de la base de liquidación
actualizada y hasta el período en que cumpla
67 $230´029.780.6
68 $1.057´096.356
69 Edad en la que culmina la obligación alimentaria de
los padres hacia los hijos
70 $115´014.890.3
71 $68.624.366,7
Colaborador Nacional
281

Colaborador Nacional
282
Norberto
Hernández Jiménez
la mayoría de edad, es decir, desde el 18 de
diciembre de 2009, cuando se concretó la
liquidación histórica, hasta el 15 de julio del
2015, teniendo en cuenta que registra como
fecha de nacimiento 15 de julio del 1997:
56.39 meses
S =$3´086.302,74 (1+0,004867) 56.39 - 1
0,004867 (1+0,004867) 56.39
= $138´898.849,5
En suma, por concepto de lucro cesante (consolidado
72 y futuro 73 ) se dejó de percibir por
parte de Y (hijo) la suma de $253´913.739,8,
resultado al que igualmente se le resta una
cuarta parte (1/4), quedando un total de
ciento noventa y cuatro millones, ciento
noventa y un mil, seiscientos sesenta y cuatro
punto ochenta y dos pesos ($190´435.304,9),
como acreencia a favor del representante
legal de Y.
Por último, en lo que atañe al daño moral
y atendiendo a que el mismo se refleja en
la perdida de un ser querido - fundamental
en la estructura familiar -, resulta razonable
solicitar por este concepto 333 salarios
mínimos legales mensuales vigentes para
cada integrante familiar, sin sobrepasar así
el límite establecido en el artículo 97 del
Código Penal.
Recapitulación y conclusiones. Para efectos de
obtener una condena en perjuicios es indispensable
demostrar la ocurrencia de los
daños, a través de los distintos medios de
prueba reconocidos por el legislador.
El arbitrio judicim radicado en cabeza del Juez
de Conocimiento en materia de daño moral
se limita a la tasación de los perjuicios y no
a la declaración infundada probatoriamente
respecto a la ocurrencia del mismo.
La labor probatoria desplegada por el apoderado
de las víctimas, posee una significancia
especial, tendiente a la prosperidad de sus
pretensiones. Igualmente, se observa la importancia
de realizar un cálculo indemnizatorio
e incluso, la presentación de un dictamen
72 $115´014.890.3
73 $138´898.849,5
contable sobre los perjuicios ocasionados, lo
que permite a su vez, formular el petitum ante
el Juez de conocimiento, con base en criterios
definidos y susceptibles de demostración.
Todo lo anterior atendiendo a la preponderancia
que dentro del espectro constitucional
se ha pretendido otorgar a las víctimas, en
procura de su resarcimiento integral y por
contera la satisfacción de sus pretensiones,
las cuales son objeto de debate dentro del
incidente de reparación integral y que para
efectos de tasación dineraria requieren sumo
cuidado y diligencia por parte del profesional
del derecho, en cumplimiento de la función
encomendada.
Ahora bien, el hecho de encontrarse fusionada
la reparación integral de las víctimas
–cuya competencia tiene como escenario
natural la Jurisdicción Civil en virtud de la
responsabilidad civil extracontractual consagrada
en los artículos 2341 y subsiguientes
del Código Civil- dentro del procedimiento
penal, implica una preparación adicional del
profesional del derecho que generalmente se
especializa en el ámbito penal y hace a un lado
estos tópicos, que en igual medida pueden ser
desconocidos al detalle por el Juzgador Penal,
ante quien se debe demostrar con suficiencia
la ocurrencia de los perjuicios para evitar una
exoneración del condenado respecto a este
ítem fundamental.
Resulta acertado manifestar que esta mixtura
de pretensiones –la penal (pública) y la civil
(privada)- redunda en provecho de la víctima
ya que en términos de eficacia, puede ostentar
mayor celeridad la tramitación de ambas
bajo el mismo proceso y resulta acorde con
criterios de economía procesal.
Igualmente debe desecharse la idea errada
que el abogado no requiere conocimientos
de ciencias exactas, como las matemáticas,
ya que del análisis práctico de los casos se
puede observar que es imprescindible realizar
las operaciones tendientes a establecer
la pretensión que se va formular dentro del
incidente de reparación integral, razón por
la cual se debe incentivar la práctica de estas
técnicas, para lo cual indudablemente nos
podemos apoyar de medios tecnológicos que
faciliten esta labor.

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
Anexo I. Tabla indice de precios al consumidor de enero de 2005 a mayo de 2009
Mes 2005 2006 2007 2008 2009
Enero 80,87 84,56 88,54 93,85 100,59
Febrero 81,70 85,11 89,58 95,27 101,43
Marzo 82,33 85,71 90,67 96,04 101,94
Abril 82,69 86,10 91,48 96,72 102,26
Mayo 83,03 86,38 91,76 97,62 102,28
Junio 83,36 86,64 91,87 98,47 102,22
Julio 83,40 87,00 92,02 98,94 102,18
Agosto 83,40 87,34 91,90 99,13 102,23
Septiembre 83,76 87,59 91,97 98,94 102,11
Octubre 83,95 87,46 91,98 99,28 101.98
Noviembre 84,05 87,67 92,42 99,56 101.91
Diciembre 84,10 87,87 92,87 100,00 102,00
Anexo II. Tablas de mortalidad - resolución 497 de 1997 (superbancaria)
Tabla de mortalidad rentista Tabla de mortalidad rentista
Esperiencia iss 1980-1989 Esperiencia iss 1980-1989
Sexo masculino Sexo femenino
Esperanza de vida Esperanza de vida
x eºx y eºy
15 60.76 15 62.29
16 59.78 16 61.31
17 58.80 17 60.33
18 57.82 18 59.36
19 56.85 19 58.38
20 55.87 20 57.41
21 54.90 21 56.44
22 53.94 22 55.47
23 52.97 23 54.50
24 52.01 24 53.53
25 51.04 25 52.57
26 50.08 26 51.60
27 49.12 27 50.64
28 48.16 28 49.68
29 47.20 29 48.72
30 46.24 30 47.76
31 45.29 31 46.80
32 44.33 32 45.85
33 43.38 33 44.89
34 42.42 34 43.94
35 41.47 35 42.99
36 40.53 36 42.05
37 39.58 37 41.10
38 38.64 38 40.16
39 37.70 39 39.23
40 36.77 40 38.29
41 35.83 41 37.36
42 34.91 42 36.44
43 33.99 43 35.52
44 33.07 44 34.60
Colaborador Nacional
283

Colaborador Nacional
284
Norberto
Hernández Jiménez
45 32.16 45 33.69
46 31.25 46 32.79
47 30.35 47 31.89
48 29.46 48 30.99
49 28.58 49 30.10
50 27.70 50 29.22
51 26.83 51 28.34
52 25.97 52 27.46
53 25.12 53 26.60
54 24.28 54 25.74
55 23.46 55 24.89
56 22.64 56 24.05
57 21.84 57 23.22
58 21.05 58 22.39
59 20.27 59 21.58
60 19.51 60 20.78
61 18.04 61 19.99
62 18.04 62 19.20
63 17.32 63 18.44
64 16.62 64 17.69
65 15.94 65 16.95
66 15.27 66 16.24
67 14.61 67 15.55
68 13.98 68 14.88
69 13.35 69 14.23
70 12.75 70 13.59
71 12.16 71 12.97
72 11.58 72 12.37
73 11.02 73 11.78
74 10.48 74 11.20
75 9.96 75 10.63
76 9.45 76 10.09
77 8.96 77 9.56
78 8.48 78 9.06
79 8.03 79 8.57
80 7.59 80 8.10
81 7.16 81 7.64
82 6.76 82 7.21
83 6.37 83 6.79
84 5.99 84 6.39
85 5.64 85 6.00
86 5.30 86 5.63
87 4.97 87 5.29
88 4.66 88 4.95
89 4.37 89 4.64
90 4.09 90 4.34
91 3.83 91 4.05
92 3.58 92 3.78
93 3.34 93 3.53
94 3.12 94 3.29
95 2.91 95 3.06
96 2.71 96 2.85
97 2.53 97 2.65

Rol probatorio
del apoderado
de las víctimas
dentro del
incidente de
reparación
integral
98 2.35 98 2.47
99 2.19 99 2.30
100 2.04 100 2.15
101 1.91 101 2.01
102 1.78 102 1.89
103 1.68 103 1.74
104 1.60 104 1.67
105 1.50 105 1.55
106 1.40 106 1.44
107 1.23 107 1.29
108 1.07 108 1.07
109 0.83 109 0.83
110 0.50 110 0.50
Anexo III. Tablas de salarios mínimos legales desde 2005 hasta 2009
Bibilografía
Año Norma Salario
2005 D.4360/04 $381.500,00
2006 D.4686/05 $408.000,00
2007 D.4580/06 $433.700,00
2008 D.4565/07 $461.500,00
2009 D.4868/08 $496.900,00
CHIESA, Ernesto L., Tratado de Derecho
Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS,
Luigi Abraham – Editor, Primera Edición,
reimpresión 2005.
CONSEJO DE ESTADO, Sentencias
datadas 19 de Julio de 2000. Exp. 11842,
21 de febrero de 2002, Radicación número:
52001-23-31-000-1995-7010-01(13653), 12
de febrero de 2004, Radicación número:
68001-23-15-000-1994-08908-01(13952), 24
de junio de 2004, Radicado No. Exp. 13108,
15 de agosto de 2007, Exp. AG 2003-385,
1° de octubre de 2008, Exp. 25000-23-26-
000-1999-01145-01 (27268), 25 de febrero
de 2009. Exp. 18001-23-31-000-1997-
00007-01 (18.106), 10 de junio de 2009, Exp.
73001-23-31-000-1998-01406-01(18108).
Constitución Pólitica de Colombia, Ed. Legis,
2008.
Convención Americana de Derechos
Humanos.
Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.
Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas.
Convención Contra la Tortura y otros tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias
T-406/92, C-293/95, T-694/00, C-740/01,
C-1149/01, SU-1184/01, T-1267/01,
C-228/02, C-916/02, C-451/03,C-004/03,
C-451/03, C-570/03, C-775/03, C-871/03,
C-899/03, T-114/04, C-591/05, C-823/05,
C-979/05, C-209/07, T-821/07, T-1057/07
y T-264/09.
CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, Sentencias
datadas 14 de marzo de 2001 (Fondo), Caso
Barrios Altos Vs. Perú y 12 de septiembre de
2005 (Fondo, reparaciones y costas), Caso
Gutiérrez Soler Vs. Colombia.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACIóN CIVIL, Sentencias datadas
23 de abril de 1941, 13 de mayo de 2008 y 20
de enero de 2009, Exp. 170013103005 1993
00215 01.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACIóN PENAL, Sentencias datadas
29 de mayo de 2000, Rad. 16441, 31 de
enero de 2001, Rad. 6593, 11 de agosto de
Colaborador Nacional
285

Colaborador Nacional
286
Norberto
Hernández Jiménez
2004, Rad. 20139, 23 de febrero de 2005,
Rad. 17722, 12 de diciembre de 2005, Rad.
24011, 16 de marzo de 2006, Rad. 24530, 21
de febrero de 2007, Rad. 25920, 18 de julio
de 2007, Rad. 26255, 5 de diciembre de 2007,
Rad. 28432, 15 de diciembre de 2008, Rad.
30665, 19 de febrero de 2009, Rad. 30237, 11
de marzo de 2009, Rad. 30242, 17 de marzo
de 2009, Rad. 30978, 1° de julio de 2009, Rad.
30800, 21 de octubre de 2009, Rad. 31342.
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BOLíVAR JAIME, Aura Patricia, Mecanismos
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Joinet en aplicación de la decisión 1996/119
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PORTALIS, Jean Etienne Marie, Discurso
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y L. GUTIERREZ-MASSON, Ed. Civitas,
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PRIETO VERA, Alvaro José, La Defensa
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Pueblo en el procedimiento penal colombiano.
Documento elaborado para su discusión
al interior de la Oficina Especial de Apoyo de
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de 2004, 27 de abril de 2005, Rad.
11001310401420030034901, 13 de octubre de
2005, Rad. 50-2005-01736-01, 29 de agosto
de 2006, Rad. 110013104046200500227 01,
4 de octubre de 2006, Rad. 11001 07 04004
2005 00076 01 (P-031/06), 19 de marzo de
2009, Rad. 11001600253200680526, Rad.
Interno 0197, 19 de mayo de 2009, Rad.
110016000019200880451 01 [418]
VELÀSQUEZ V., Fernando. Derecho Penal,
Parte General, Librería Jurídica Comlibros,
Cuarta edición, 2009.

Revista Las Diálogos
complicidades
de Saberes
ISSN del 0124-0021 saber-
Julio-Diciembre
poder en el
de 2010
mainstream de
Págs. 287-299
las relaciones
internacionales:
una
aproximación
para abrir el
debate
Resumen
La producción del conocimiento por parte
del pensamiento dominante de las relaciones
internacionales (racionalismo) ha estado
controlado, seleccionado y redistribuido por
ciertos procedimientos que han tenido como
objetivo crear y consolidar una plataforma de
observación y decisión en favor de los actores
hegemónicos a nivel mundial. En este sentido,
se torna necesario develar los vínculos entre
saber y poder para marcar nuevos caminos
teóricos y políticos, y así comprender los
fenómenos mundiales y superar las relaciones
hegemónicas surgidas en el sistema mundial.
Palabras Clave
Racionalismo, saber/ poder, dominación,
relaciones internacionales, neorrealismo,
neoliberalismo.
Abstract
Las complicidades del
saber-poder en el mainstream
de las relaciones internacionales:
una aproximación para abrir el debate
As far as the mainstream of international
relations is concerned (i. e. rationalism), production
of knowledge has been controlled,
selected and redistributed to help create and
consolidate a decision-making and observation
platform in favour of hegemonic actors
at a global scale. In that respect, to unveil
the relationship between knowledge and
power becomes necessary so as to outline new
theoretical and political paths. This way we
will be able to understand global phenomena
and overcome the hegemonic relationships
emerged at par with World-System.
Key words
Racionalism, power/knowledge, domination,
international relations, neorealism,
neoliberalism
Introducción
G. Andrés Arévalo Robles
andresano007@hotmail.com
Cada día se hace más evidente que las teorías
del pensamiento dominante racionalista (neorrealismo
– neoliberalismo) en la disciplina de las
Relaciones Internacionales son insuficientes
para explicar los fenómenos mundiales.
Su cerrado ángulo de estudio centrado en
la herencia del pensamiento moderno y la
paranoia del mundo anglosajón por defender
intereses nacionales ha imposibilitado crear
teorías alternativas para explicar los cambios
planetarios.
La posición cerrada del racionalismo obedece
a que la producción del conocimiento ha estado
controlada, seleccionada y redistribuida
por ciertos procedimientos que tienen como
objetivo crear y consolidar una plataforma
de observación y decisión en favor de los
Fecha de recepción del artículo: Agosto 9 de 2010
Fecha de aceptación del artículo: Septiembre 30 de 2010
* Abogado y sociólogo. Candidato a Doctor en Estudios Internacionales, Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.
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G. Andrés
Arévalo Robles
actores hegemónicos del sistema mundial y
en contraposición de toda acción que afecte
los intereses nacionales de las potencias
mundiales. Éste vínculo entre saber y poder
en la postura dominante de las relaciones
internacionales muestra la consecuente complicidad
existente a lo largo del siglo xx y en
particular, en la corriente racionalista de final
de siglo y principio del milenio.
La complicidad entre saber y poder puede
ponerse en juego al preguntar al pensamiento
racionalista por la intencionalidad del conocimiento
que produce ¿Para quién y para qué se
produce el conocimiento? ¿Quién establece
lo que debe investigarse y por tanto, lo que
debe financiarse? ¿Quién define la agenda
de investigación, las áreas importantes y
prioritarias que debe ser investigadas? ¿Qué
implicaciones tiene el establecimiento de
prioridades en las plataformas investigativas?
¿Qué temas quedan sin ser integrados a las
agendas investigativas, sin financiación y sin
aval institucional? O quizás más sencillo y
básico: ¿Por qué y con qué objetivo se investigan
determinados temas en una determinada
corriente del pensamiento?
Con el objetivo de develar estas preguntas
avanzaremos en tres niveles. En primer término
mostraremos que el neorrealismo y neoliberalismo
(los racionalistas o mainstream) de
las Relaciones Internacionales no sólo comparten
una agenda de investigación sino que
contribuyen a consolidar las mismas complicidades
con el poder sistémico. Posteriormente
mostraremos la relación saber-poder existente
en las posturas racionalistas. Finalmente,
mostraremos puntos detallados de su teoría
que muestran su insuficiencia para explicar
la realidad mundial y que ponen en evidencia
ciertos matices de la ‘realidad’ e invisibilizan
aquellos que les resultan menos apropiados
para sostener sus intereses.
1. El racionalismo y la Sociedad
Internacional: una lectura
compartida
El neoliberalismo y el neorrealismo aunque se
mostraron en algún momento de la historia
como distantes, en realidad son dos corrientes
que comparten agenda de investigación agru-
padas bajo el rótulo de racionalistas. Ambas
posturas se han constituido en el mainstream
de las relaciones internacionales, influyendo
y dirigiendo los temas de la política internacional
y las relaciones entre los Estados bajo
complicidades de saber-poder en el escenario
mundial. Veamos sus posturas, cercanías y
matizadas diferencias.
El neorrealismo tiene como foco analítico
la estructura del sistema internacional el
cual determina los elementos permanentes
que definen su invariancia o perdurabilidad
en el tiempo. Waltz define el sistema como
“un conjunto de unidades interactuantes.
En un nivel, un sistema consiste en una
estructura, y la estructura es el componente
de nivel sistémico que posibilita pensar en
las unidades como un conjunto diferente de
una mera reunión. En otro nivel, el sistema
consiste en unidades interactuantes… Un
sistema está compuesto por una estructura
y por unidades interactuantes. La estructura
es el componente sistémico que hace posible
pensar en el sistema como un todo” 1 .
Para Waltz, los Estados o unidades políticas
son elementos centrales de su teoría y son su
referencia básica de la estructura internacional.
De la coexistencia de las unidades o Estados
en el sistema emergen sus estructuras. Las
estructuras son un producto, es decir que no
existen antes de los Estados, pero formadas
jugarán un papel determinante. De allí, que
éste sea el foco analítico del neorrealismo.
La estructura remite a la forma en que las
unidades políticas o Estados están ubicados,
a su disposición y su ordenamiento del
sistema. Las estructuras son fijas frente a la
mutabilidad de otros factores, son singulares
y sirven para ser aplicadas a diferentes contextos
y cuando la disposición de las partes
sea similar, es decir, como modelo abstracto
de aplicación universal.
La estructura según Waltz puede comprenderse
a partir de algunas concreciones. La
primera, es que la estructura se define por el
1 WALTZ, Kenneth. Teoría de la Política Internacional.
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano,
1988, P. 63, 119.

Las
complicidades
del saberpoder
en el
mainstream de
las relaciones
internacionales:
una
aproximación
para abrir el
debate
principio que ordena el sistema, y esto no es
otro que la anarquía, ya que como sabemos
la política internacional es ausente de un
gobierno superior que logre el orden, de la
misma manera que los Estados lo hacen a su
interior. Esto le llevará a afirmar que “cada
hombre persigue sus propios fines, al hacerlo,
produce un resultado que no formaba parte
de sus intensiones. A partir de la mezquina
ambición de sus miembros se produce el
mayor bien de la sociedad” 2 .
La segunda característica de la definición de la
estructura tiene que ver con el carácter de las
unidades. El Estado es la unidad principal en
la teoría de Waltz. Aunque no desconoce que
existen otros actores estima que los Estados
son los más importantes en la medida que son
quienes definen la estructura. Los Estados
son unidades semejantes a otras en la medida
que comparten una unidad política autónoma
o soberanos. La soberanía no reside en que
los Estados hagan lo que deseen, ya que no
están aislados de las acciones que ejercen
otros. Los Estados pueden estar constreñidos
pero no significa que no sean soberanos. Para
Waltz que “un Estado sea soberano significa
que decide por sí solo cuál es la forma de
enfrentarse con sus problemas internos y
externos, incluyendo la de buscar o no la
ayuda de otros, y al hacerlo limita su libertad
estableciendo compromisos con ellos”
(Waltz, 1988; pág. 143).
En este sentido, los Estados son soberanos y
son unidades semejantes aunque la forma, el
tamaño, la riqueza y el poder varíen. En esto
tenemos que los Estados son semejantes en
relación a sus tareas o funciones que realizan,
que no son otras que los fines similares que
persiguen, la diferencia radica en sus capacidades.
He aquí el tercer término de la definición
de la estructura.
Las capacidades de los Estados pueden ser
mayores o menores. Aunque Waltz afirmó
que las unidades debería ser despojadas de sus
atributos, asume que las capacidades pueden
ser ese mínimo de concreción de una formula
2 Ibíd. P. 135
abstracta, lo que permite establecer la relación
en que se hallan las unidades.
Las unidades se diferencian, no por el carácter
funcional sino por sus capacidades, y esto
es precisamente lo que puede cambiar la
estructura de un sistema, y a su vez, los cambios
de estructura cambian las expectativas
acerca del comportamiento de las unidades y
acerca de los resultados que sus interacciones
producirán. En general, podremos decir que
las capacidades son atributos de las unidades,
pero no su distribución que es en realidad un
concepto sistémico. Concluye Waltz (1988;
pág. 146): “las variaciones de la estructura no
se introducen por medio de las diferencias
de carácter y función de las unidades, sino
solamente por medio de la distinción que
hacemos ellas según sus capacidades”.
Tenemos tres características de la teoría de
Waltz: un sistema que es anárquico porque
carece de un ‘gobierno superior’, al Estado
como el actor principal y las capacidades
de las unidades políticas que aunque son
sus atributos su distribución dependen del
sistema. La pregunta surge por el poder,
que fue un elemento central en el realismo.
El concepto clave en el neorrealismo será el
equilibrio de poder.
Para Waltz, la teoría del equilibrio de poder
tiene que ver con los resultados producidos
por las acciones no coordinadas de los
Estados. De manera tal que, dicha teoría
explica por qué es esperable una cierta
semejanza de conductas de ciertos Estados
es semejante (no idéntica) cuya situación es
semejante. A esta teoría la acompañan algunos
presupuestos que la explican: como mínimo
la autoconservación de los Estados y como
máxima el dominio universal y; los Estados
tratan de usar medios internos y externos disponibles
para lograr sus fines propuestos 3 .
El equilibrio de poder se conecta con la idea
de auto-ayuda, en la medida que los Estados
que no se ayudan o que lo hacen con menores
resultados no prosperan. El riesgo de no ser
efectivo lleva a las demás unidades políticas
3 Ibídem.
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G. Andrés
Arévalo Robles
a imitar a quienes son efectivos o tiene que
desaparecer. La teoría del equilibrio de poder
es sistémica pero sus resultados afectan a las
unidades. Cuando no hay un líder aparecen las
coaliciones para impedir el progreso de otros,
pero esto no es lo habitual, en el momento
que alguno emerge como ganador casi todos
se alinean y cesan las coaliciones. Al final dirá
Waltz: “todos quieren que alguien gane”. Los
grandes poderes se equilibran en entre sí, ya
que su principal objetivo es la seguridad.
Resumiendo diríamos siguiendo a Esther
Barbé que, el foco de análisis del neorrealismo
es la estructura del sistema internacional, su
problemática de estudio es la lucha por la posición
del poder en el sistema, la motivación
de los actores son las ganancias relativas y
los mecanismos de regulación la distribución
del poder en la estructura del sistema
internacional 4 .
En el caso del neoliberalismo su base de
estudio son los regímenes internacionales.
La obra Robert O. Keohane Después de la
Hegemonía. Cooperación y discordia en la política
económica mundial (1984) representa un tópico
teórico fundamental para estudiar el presente
apartado. Ésta obra posibilitó un giro decisivo
en el debate transnacionalista, pero en
relación con el realismo político dirá Picazo
“tampoco asumió un corpus sustantivo de
proposiciones debatibles, puesto que implicaba
una reformulación de principios básicos
del realismo político mediante una adaptación
de esos presupuestos esenciales de la realidad
cambiante” 5 . Ese mundo cambiante era el
declive de Estados Unidos como potencia
hegemónica que, dicho cuerpo teórico respondió
inflando el papel de las instancias
organizativas mundiales.
El tema de fondo que acompaña su texto
es por la cooperación dentro de la política
mundial en ausencia de la hegemonía. La
cooperación surge cuando las políticas
4 BARBÉ, Esther. Relaciones Internacionales. Madrid:
Editorial Tecnos. 2007 (1ªEdición 1995), P.79
5 GARCíA, Paloma. Las relaciones internacionales en
el siglo XX: la contienda teórica. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Lerko Print.
S.A, P. 197.
seguidas por un Estado son consideradas
por sus asociados como medio para facilitar
sus propios objetivos y como proceso de
coordinación de políticas. La cooperación
no implica ausencia de conflicto, sino que se
encuentra unida a éste y refleja los esfuerzos
parcialmente exitosos de superar el conflicto
real o potencial. La cooperación resulta
altamente política y, no tiene que ver con
la armonía que es considerada apolítica, de
modo tal que deben alterarse los esquemas
de conducta, que puede llevarse a cabo por
inducciones negativas o positivas 6 .
La teoría de Keohane se fundamenta en la
economía política internacional, mantiene al
Estado como el actor principal del sistema
internacional, asume que la hegemonía no
es siempre necesaria o que constituye un
requisito sine qua non para la cooperación de
los Estados, sino que puede seguir existiendo
después de ella. La cooperación internacional
es un proceso donde las políticas seguidas
por los gobiernos llegan a ser consideradas
por los asociados como acciones que facilitan
sus propios objetivos como resultado de la
coordinación de políticas. La ambientación
de la coordinación de políticas se da en los
regímenes internacionales, entendidos como
normas, principios, reglas y procedimientos
de toma de decisiones donde converge la
expectativa de los actores en un área determinada
de las relaciones internacionales. Dicha
cooperación implica adaptación mutua y
surge del conflicto real o potencial que estimula
las demandas de adaptación de políticas,
que o bien puede derivar en la cooperación
o continuar la discordia.
La razón por la que los Estados aceptarían
dichos regímenes es por los beneficios que
les pueden aportar. La denominada teoría
funcional de los regímenes internacionales
supone la existencia de intereses comunes
o complementarios que los hacen deseables
porque les ofrecen ventajas mutuas: la idea
de incrementar las ganancias absolutas. En
6 KEOHANE, Robert. Después de la Hegemonía:
Cooperación y Discordia en la Política Económica Mundial.
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
1988.

Las
complicidades
del saberpoder
en el
mainstream de
las relaciones
internacionales:
una
aproximación
para abrir el
debate
palabras de Kepa Sodupe: “según los autores
neoliberales, los Estados, actores egoístas con
intereses prefijados, deciden crear y mantener
regímenes internacionales por su utilidad en
resolución de los problemas de fracaso en el
mercado político…Los regímenes internacionales
son útiles para los Estados en tanto
en cuento cumplen funciones correctora
de los defectos institucionales de la política
mundial” 7 . La relación costo y beneficio es
lo que permite que los Estados acepten los
regímenes y vean en ellos una oportunidad y
una cierta garantía de actuación para perseguir
sus fines egoístas.
En detalle, las convergencias, acercamientos
o diálogos entre neorrealistas y neoliberales
pueden verse de la siguiente manera:
El primero de ellos tiene que nivel epistemológico,
precisamente porque se suman al
positivismo o naturalismo. La obra de Waltz
descansa sobre la obra de Karl Popper,
mientras la de Keohane, en la de Lakatos. La
postura de Lakatos representa una respuesta
a los desafíos planteados por Thomas Kuhn y
constituye una reformulación de la teoría del
conocimiento de Popper. En este sentido los
neoliberales podrán verse como neopositivistas.
En general lo que les une, es la concepción
naturalista de la ciencia 8 .
Los neorrealistas y neoliberales beben de las
teorías de la microeconomía. En particular el
neoliberalismo tendrá un trabajo más refinado
de las mismas y rechazará, en consecuencia
las posturas pesimistas de los neorrealistas
sobre la cooperación 9 .
El neoliberalismo contiene al neorrealismo.
Asumen que no basta con estudiar los comportamientos
conflictivos sino los comportamientos
cooperativos entre las unidades
políticas. El neoliberalismo partiendo de las
premisas del neorrealismo explica las relaciones
de cooperación entre los Estados 10 .
7 SODUPE, Kepa. La teoría de las Relaciones
Internacionales a comienzos del siglo XXI. Servicio
Editorial Universidad del País Vasco, 2003. P. 130.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
Comparten la premisa de la inexistencia de
una autoridad central que tenga la capacidad
de elaborar y hacer cumplir las normas. Esta
situación crea oportunidades para que los
Estados impulsen sus intereses de modo
unilateral haciendo importante y difícil la
cooperación 11 .
El producto del debate neoliberalismo
–neorrealismo ha producido el concepto de
régimen internacional, lo que precisamente
fue uno de los primeros acuerdos a que se
llegó. Este diálogo ha llevado una agenda de
investigación que se centra en el análisis de
las incidencias de las reglas y de las instituciones
internacionales en el comportamiento
de los Estados en medio de la anarquía
internacional. En esta agenda unos optará
por los temas de seguridad –neorrealismo- y
otros por la economía política internacional
–neoliberales 12 .
La agenda compartida y las perspectivas
compartidas hacen del diálogo neorrealismoneoliberalismo
un bloque fuerte en las
relaciones internacionales. Ésta perspectiva
de las relaciones internacionales, su sistema,
su estructura, sus actores, sus capacidades,
sus intensiones, sus relaciones e intereses,
hacen que sea una teoría con bastante nivel
de estructuración. Sin embargo, las voces
disonantes, las voces alternativas, intentarán
señalar algunas impresiones, complicidades y
falsas premisas a la hora de estudiar el sistema
internacional.
2. Las complicidades del Saber-
Poder en el Racionalismo
La teoría no es una producción neutral sino
que está asociada al contexto social y político
donde se construye, es decir, a un espacio
geocultural que por demás se ocupa de definir
el tiempo en que es producida dicha teoría,
que en este caso es la teoría moderna. Para
Robert W. Cox “la teoría actúa a favor de
alguien y a favor de un propósito específico.
Toda teoría posee una perspectiva. Las
perspectivas provienen de una posición en el
11 BARBÉ, Op. Cit. P. 47.
12 BARBÉ, Op. Cit. P. 47.
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G. Andrés
Arévalo Robles
tiempo y en el espacio, particularmente, en el
tiempo y en el espacio social y político” 13 .
Las teorías producidas por los racionalistas
(neorrealismo y neoliberalismo), al definir
y explicar la realidad internacional se encuentran
directamente relacionadas con la
transformación del orden mundial y con
un lugar político y militar hegemónico. El
espacio oficial del estudio de las Relaciones
Internacionales tuvo su centro en Estados
Unidos que se erigió como la potencia mundial
posterior a la segunda guerra mundial.
El auge de la disciplina de las Relaciones
Internacionales se dio en función de las
necesidades concretas de la política exterior
de Estados Unidos, o como “iniciativa de
un gobierno interesado en el estudio de
una nueva política exterior para su país,
producto de su tradición histórica y de una
nueva realidad internacional; en su nacimiento
hubo un objetivo interesado para ejercer un
control del cambio que se podría producir
en el pensamiento internacionalista” 14 . En
síntesis, la oficialización de la disciplina de
las relaciones internacionales sirvió como
plataforma de observación de la realidad
mundial cambiante y como guía de la política
exterior norteamericana.
La relación saber-poder se manifestó en el
ámbito Estatal y en la preocupación de las
élites norteamericanas, que necesitaban una
plataforma de observación, para incidir en la
realidad internacional. Dicha complicidad se
sustenta en la concepción misma de la ciencia,
en los principios ontológicos y epistemológicos
que la guían. Allí existen serios procesos
en que el poder y el saber se entrelazan
fuertemente, como una relación simbiótica.
Aunque el concepto de poder abarca muchos
más aspectos, el poder necesita del conoci-
13 COx, Robert. “Fuerzas sociales, estados y órdenes
mundiales: más allá de la teoría de las relaciones
internacionales”, en: Relaciones Internacionales.
El Pensamiento de los clásicos. VÁSQUEZ, John.
Barcelona: Limusa, 1994, P. 150.
14 PALOMARES, Lerma. Teoría y concepto de las relaciones
internacionales. Relaciones internacionales I. Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
1999. P. 24.
miento y por ende, lo produce, lo consolida
y lo mantiene.
En su trabajo, Michel Foucault, se propone
demostrar que las condiciones políticas no
obstaculizan a que el sujeto alcance el conocimiento,
sino que dichas condiciones forman
el conocimiento y se imbrican con la idea de
verdad. El conocimiento se imparte por un
filtro y por lo tanto se erige como el único
y/o legítimo saber. El saber al ser ‘acordado’
se produce por medio de una cuidadosa selección
del saber histórico que, visibiliza algunos
aspectos e invisibiliza otros. Para Foucault, la
relación del saber y el poder puede verse por
medio del saber institucionalizado y acordado
políticamente, en el que se presenta una dinámica
de represión y exclusión del llamado
“circuito del saber reservado” que forma
parte de los aparatos de producción.
Al decir de Esther Díaz, los saberes que
en una época se consideran verdaderos se
imponen sólo en la medida en que coincidan
con los objetivos de los dispositivos de poder
vigentes. Estos saberes validan teóricamente
las prácticas sociales que sustentan tales
dispositivos, constituyendo los imaginarios
sociales que regulan los valores y las conductas
de las personas. Esto no siempre
resulta evidente, pues se generan formas de
ocultamiento que presentan al conocimiento
como neutral, como si se buscara la verdad
por la verdad misma, pretendiendo no estar
comprometidos con los intereses corporativos,
ni con el poder 15 .
Amalia Quevedo, leyendo a Foucault afirma
que “ningún poder se ejerce sin la extracción,
apropiación, distribución o retención del
saber” 16 . Es decir que, la sociedad y el saber,
la ciencia y el Estado se encuentran interrelacionados
bajo la fórmula saber-poder. No
15 DÍAZ, Esther. “La filosofía de la ciencia como
tecnología de poder político social”, en Lema, F.
(editor), Pensar la ciencia: los desafíos éticos y políticos del
conocimiento en la posmodernidad. Caracas: UNESCO/
CRESALC, 2000.
16 QUEVEDO, Amalia. De Foucault a Derrida. Pasando
fugazmente por Deleuze y Guattari, Lyotard, Braudrillar.
Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, 2001.
P. 89

Las
complicidades
del saberpoder
en el
mainstream de
las relaciones
internacionales:
una
aproximación
para abrir el
debate
puede verse una división entre lo político
y lo denominado científico (Weber), por el
contrario, muchas veces puede confundirse.
Concluyendo podemos decir que “la verdad
está centrada sobre la forma del discurso
científico y sobre las instituciones que lo
producen, está sometida a una constante incitación
económica y política… es producida y
transmitida bajo el control no exclusivo pero
dominante de algunos aparatos políticos o
económicos” 17 .
Al seguir la pista de la relación entre saber y
poder topamos con el concepto de epísteme.
La epísteme es parte de una red base o tejido
que permite al pensamiento organizarse.
Cada época tiene un tipo de epísteme (o
epístemes) que explica, delimita y enuncia la
historia. Esto hace que se produzcan formas
de comprender la realidad social, de explicarla
y enunciarla.
Esta idea de la epísteme moderna es un
cuadro bastante apropiado para abordar el
pensamiento racionalista. El neorrealista,
Kenneth Waltz, le dedica especial atención a
la producción del conocimiento, a la metodología,
a la teoría y a las leyes. La postura de
Waltz es el resultado no sólo de su reflexión
sino el producto de las discusiones al interior
de la epísteme moderna.
Kenneth Waltz en su explicación sobre ‘Leyes
y Teorías’, afirma que la urgencia de la ciencia
y el papel de la teoría no se basa en la sola
curiosidad que sigue al intelectual, sino en
la necesidad por controlar y superar la mera
observación de los hechos. Para que dicha
realidad pueda ser controlable, explicable y
predecible parte de una premisa heredada
de la adecuación de las ciencias sociales a las
ciencias naturales, que es, la existencia ‘natural
de la realidad’. De esta afirmación deriva que
la realidad está regida por diferentes leyes que
pueden ser descubiertas por la teoría. De allí
el papel principal de la teoría: descubrir y
explicar las leyes.
Waltz entiende que la ciencia puede descubrir
leyes y la teoría explicarlas. Ésta definición
17 FOUCAULT, Michel. 1997. La Arqueología del saber.
México: Siglo xxI, P. 55.
corresponde a la definición en ciencias naturales
y en especial, a la economía. Así, las leyes
establecen relaciones entre variables, mientras
la variables pueden adquirir diferentes valores:
“Una ley no se basa simplemente en el descubrimiento
de una relación, sino en una relación que ha sido
descubierta repetidamente” 18 .
En todo caso, una ley no puede explicar la
razón de las asociaciones y para ello, la teoría
se hace necesaria, caracterizándose por un
máximo poder explicativo. La ley y la teoría
son diferentes, de la teoría se deducen hipótesis
que al ser concluyentemente confirmada
se les llama leyes.
La teoría para Waltz opera como un cuadro
mental de un dominio y de las conexiones
entre sus partes. Éste aislamiento de un reino
para explicar las partes tiene como objetivo
no que sea realista sino útil, es decir, por la
capacidad explicativa y predictiva para que la
teoría pueda ser elaborada. La cuestión de la
verdad no radica en la teoría, ya que la teoría
no explica conclusivamente los hechos, si
se trata de la verdad éste es el campo de la
ley 19 .
La exposición de Waltz o su lugar de enunciación
tiene dos elementos centrales. El
primero, la preconcepcion de la existencia
de la realidad y la segunda, la necesidad de
un observador privilegiado que se enfrenta a
la realidad o externalidad, para descubrir sus
leyes. Para los racionalistas el observador y el
mundo externo pueden ser diferenciados. El
sujeto elabora teorías o explicaciones sobre
ese mundo para luego verificarlas.
La premisa que acompaña esta misión científica
de Waltz tiene que ver con la existencia
de la realidad y el lugar donde se ubica el
investigador para descubrir sus leyes. Esta
pretensión de neutralidad y objetividad es
lo que Santiago Castro-Gómez 20 denomina
18 WALTZ, Op. Cit. P. 9 (cursiva mía)
19 Ibídem.
20 Documento trabajado de los textos: CASTRO
Gómez, Santiago. La Hybris del punto cero. Ciencia, raza
e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana, 2005 y CASTRO,
Santiago. “Transdiciplinariedad y diálogo de
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G. Andrés
Arévalo Robles
la Hybris del Punto Cero. Su más conocido
expositor es René Descartes quien afirmó
que el conocimiento sólo es posible en la
medida que se produce una distancia entre
el sujeto que conoce y el objeto conocido;
es decir, que el conocimiento es posible
cuando encuentra un punto arquidémico de
conocimiento que le posibilita quedar libre de
toda duda en la medida que ‘los sentidos nos
engañan’. Éste punto que no tiene un lugar
empírico es el punto cero, lugar que permite
observar la realidad sin pertenecer a ella. La
certeza del conocimiento se fundamenta
en un fundamento infundamentado. Según
Castro-Gómez, el punto cero es una ficción
pero fue ésta ficción la que sirvió como base
en la conformación de las ciencias sociales
hacia 1800.
La ficción del punto cero es el deus abs conditus
de la Edad Media, que significa que Dios
observa pero no puede ser observado por
nadie. El deus abs conditus perfila la epistemología
de la ciencia moderna, que es la hybris
del punto cero. La hybris para los griegos
es el pecado de la desmesura, del querer ser
como los dioses. Si los mortales desean ser
como los dioses incurren en la hybris, que
es precisamente el lugar donde se ubica el
sujeto que observa. Éste lugar privilegiado
permite establecer la división entre un lugar
de conocimiento válido y científico, de otro
inválido y mítico, hecho que atravesará a
la ciencia moderna 21 . Así concluye nuestro
autor diciendo que: “Ubicarse en el punto
cero equivale a tener el poder de instituir, de
representar, de construir una visión sobre
el mundo social y natural reconocida como
legítima y avalada por el Estado. Se trata de
una representación en la que los “varones
ilustrados” se definen a sí mismos como
observadores de la realidad” 22 .
El racionalismo toma al mundo como lo encuentra
sin cuestionarse por la construcción
saberes”. Revista de Estudiantes de Sociología SIGMA,
No 5, Universidad Nacional de Colombia, 2005.
21 CASTRO Gómez, Santiago. La Hybris del punto cero.
Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-
1816). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana,
2005.
22 Ibídem, P. 25.
de la teoría, la producción histórica de ésta
y el cambio histórico de la realidad social.
Asume que es posible encontrar un punto
cero de observación para el descubrimiento
de las leyes y la explicación por la vía de la
teoría. Su tarea es buscar la reducción de la
realidad y su parcelación, tal como lo entiende
Descartes, estableciendo parámetros en un
área problemática y reduciendo el problema a
un número limitado de variables susceptibles
de examen. Este fragmentación de su objeto
de estudio crea desconexiones y por supuesto,
selecciones que inevitablemente tienden a
invisibilizar actores y relaciones.
Esto tiene que ver con el denominado ceteris
paribus, que etimológicamente es una locución
latina que significa permaneciendo el resto
constante. El ceteris paribus contribuye a que la
hybris del punto cero pueda tener éxito en
la enunciación de leyes con validez universal
(para la ciencia positivista, ley y universal,
llegarían a ser una tautología). Este enunciado
se convierte en un método que asume la
constancia de las variables de una situación,
menos aquella que se estudia. El objetivo es
la simplificación del análisis, haciendo que
sea posible llegar a la comprensión de los
fenómenos complejos.
De esta postulado se deriva otra falsedad, su
carácter ahistórico. El racionalismo es asume
ahistórico puesto que postula un presente
continuo donde las instituciones y las relaciones
de poder tienen un grado de permanencia.
Kepa Sodupe en su presentación del “cuarto
debate” señala que una de las críticas hechas
por el reflectivismo al racionalismo es el
carácter inmutable de su conocimiento, el
que prestando escasa atención al tiempo y
al lugar pretende crear verdades universalistas.
En contraste, señala Sodupe, “cuando
desde posturas antinaturalistas se estudian
expresiones de experiencias vividas por los
seres humanos, es necesario proceder a dicho
estudio teniendo en cuenta el mundo histórico
en el que se produjeron y los valores y
prácticas sociales vigentes en él” 23 . El carácter
23 SODUPE, Kepa. “Del tercer al Cuarto debate en
las Relaciones internacionales”. En: Revista Española
de Derecho Internacional, Vol. LIV, nº 1, 2002, P. 82.

Las
complicidades
del saberpoder
en el
mainstream de
las relaciones
internacionales:
una
aproximación
para abrir el
debate
ahistórico contribuye a naturalizar la realidad,
principalmente al no tomar en cuenta los
cambios del orden social, mostrando que la
realidad debe asumirse tal como es, bien por el
lado del negativismo antropológico o como la
mera búsqueda de cooperación. Esto niega la
posibilidad de la transformación social, de la
lucha por cambiar las estructuras, los valores
y las desigualdades sociales. Para Robert Cox,
esta premisa de estabilidad, no solo puede
verse como una conveniencia metodológica,
sino como un sesgo ideológico que sirve a
intereses nacionales o clasistas, que por demás
gozan de una posición cómoda dentro del
orden social.
Para Edgardo Lander, estos procesos de
naturalización y universalización de dicha
cosmovisión liberal, en particular, la naturaleza
humana ahistórica y universal, asume a
la sociedad del mercado como el único orden
social posible, negando la posibilidad de
imaginar modalidades de vida colectiva por
fuera de éste modelo. Así, el racionalismo al
desprenderse de la historia y como portador
de la verdad científica, desempeña un papel
de legitimación, tal como lo jugó la teología
cristiana en la legitimación del dominio
colonial 24 .
Una falsedad adicional del racionalismo tiene
que ver con su falsa ausencia de valores. Locke,
Hume y Kant, redujeron la racionalidad de la
ciencia a una racionalidad pura, separando la
ciencia de la axiología. Esta concepción toma
relevancia en el pensamiento de Weber, quien
concibe que la ciencia natural o social tiene
como fin decir la verdad, por medio de la
descripción y explicación de los fenómenos
y alejándose de los juicios de valor 25 . Es lo
que mencionábamos al exponer la hybris
del punto cero, la separación del deseo en la
producción del conocimiento, el mecanismo
por el cual el sujeto que conoce no se deja
permear por la realidad que estudia. Para Cox,
24 LANDER, Edgardo. “¿Conocimiento para qué?
¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la
geopolítica de los saberes hegemónicos”. En: Revista
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 6 nº 2,
Caracas, Mayo-agosto, 2000.
25 PRADA, Blanca. Filosofía de la Ciencia y Valores.
Organización de Estados Iberoamericanos. Sala de
lectura. www.oei.es/ 2001.
el neorrealismo busca estar en aquella premisa
metodológica, que en parte es consecuente,
en el sentido que trata a las varibles que estudia
como un objeto, tratándolas como trata
el físico a la fuerza y el movimiento. Sin embargo,
es altamente valorativo porque acepta
de manera implícita el orden que estudia. Su
ausencia de cuestionamiento se traduce a su
vez en la naturalización de la realidad, que es
una ficción de estabilidad sobre el cambio
social y que se conecta con la legitimidad del
orden imperante.
3. Breves críticas al Paradigma
Dominante Racionalista
La forma de develar la relación saber-poder
en el planteamiento racionalista pasa por
el contraste con otros modelos, con otras
imágenes, que permitan revisar su postura,
en esencia, si éstos son críticos y reflexivos.
La llamada realidad internacional no puede
verse bajo una forma clásica porque impide
ver las diferentes fragmentaciones y reconfiguraciones
de la soberanía, las relaciones y
los emergentes actores mundiales. Aceptar
esta visión, es en realidad, aceptar una visión
cerrada e interesada del mundo. Es necesario
trascender las categorías que explican dicha
visión: el Estado, la anarquía, la soberanía,
el conflicto, la seguridad, los intereses, las
ganancias relativas o absolutas, la distribución
del poder, las capacidades. Es de suma importancia
tratar de dialogar con otras posturas
teóricas que explican dimensiones ocultas de
la vida planetaria bajo otras categorías como
género, raza u otras que intenta poner bajo el
lente crítico la idea ahistórica del sistema o la
preeminencia de los Estados como actor privilegiado.
Veamos algunas de las debilidades
del racionalismo.
Las falencias de las estructura neorrealista.
Retomemos resumidamente el pensamiento
de Waltz. Nuestro autor considera que el
sistema político internacional es anárquico,
el Estado es el actor principal, la motivación
de los actores son las ganancias relativas,
sus funciones son siempre iguales pero sus
capacidades son desiguales, y el mecanismo
central del sistema internacional es el equilibrio
poder.
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G. Andrés
Arévalo Robles
Para Fred Halliday este enfoque tiene como
problemas su carácter ahistórico y la confusión
sobre la historia y la definición del concepto
de Estado. Primero, Halliday entiende que es
una equivocación dar un carácter permanente
a ciertos rasgos del sistema que son producto
de la historia. Al basarse en Tucídides y algunos
otros ejemplos, Waltz sostiene que las
estructuras del sistema internacional se han
sostenido iguales por miles de años. Es decir,
que hubo un sistema internacional antes de
que existieran los Estados modernos o del
surgimiento del mercado internacional. Esta
posición obvia el hecho de las transformaciones
y particularidades acontecidas entre
la Grecia antigua y el periodo después de la
Segunda Guerra Mundial, por medio de una
abstracción de los Estados modernos y su
formación. De tal manera que, descuida el
concepto de capitalismo y la relación entre
el surgimiento de Estados diferenciados y la
expansión internacional moderno/capitalista.
Este desprendimiento de la historia conduce
a la afirmación del mito del nacimiento de
los Estados como entidades individuales y la
gradual interrelación 26 . Esto además conlleva
a un tipo de naturalización del Estado, como
una entidad permanente y digamos, lógica en
el desarrollo de las sociedades.
El segundo problema derivado del carácter
histórico tiene que ver con la definición de
los Estados. Según Waltz, las regularidades en
las relaciones internacionales nos permiten
prescindir del estudio del funcionamiento
interno del Estado. El argumento de Waltz
se basa en que el funcionamiento interno
se encuentra condensado en el concepto
de Estado. Esta postura comete un error al
devaluar que los procesos internos pueden
incidir en los internacionales. Recogiendo
el pensamiento de Ruggie, señala Halliday
que, el surgimiento de los Estados modernos
estuvo basado en la relación Estado-Sociedad
que tuvo un considerable impacto en la forma
de operar de las relaciones internacionales. El
Estado no condensa las relaciones internas,
es más, puede afirmarse que el Estado es el
26 HALLIDAY, Fred. Las relaciones internacionales en un
mundo en transformación. Madrid: Catarata, 2002. P.
59-61.
triunfo interno de un grupo (liberal, heterosexual,
patriarcal y económico) en disputa
por el control de la sociedad y la exclusión
de otros grupos.
Además, no es acertado descartar el estudio
de las dimensiones internacionales sobre los
procesos internos y a la vez, los impactos
que dichos procesos internos tienen en la
dimensión internacional. En particular, se
refiere Halliday a los procesos revolucionarios
o cambios sociales que afectan el medio
internacional. Aunque Waltz disminuye la importancia
de las revoluciones, al mostrar que
la revolución bolchevique aceptó las normas
del comportamiento internacional, resulta
claro que, éste hecho empezó un conflicto que
se renovó en la segunda mitad del siglo xx y
fijó los parámetros internacionales.
4. La problemática aceptación del
Estado como unidad básica de
las Relaciones Internacionales
El Estado no constituye una realidad natural,
objetiva y universal, sino que es el producto
de la historia occidental que justificó su existencia
como una consecuencia humana y lo
naturalizó por una serie de discursos que al
calor de los procedimientos ofrecía la ciencia
moderna. Así, el Estado es un producto de
la cultura occidental que se asienta en una
pequeña experiencia mundial que luego se
hizo expansiva por medio de la conquista, el
saqueo y la dominación. La visión que señala
al Estado como el máximo progreso humano
demuestra la naturalización del fenómeno
estatal y traslada su propia visión al campo
internacional pero negativamente, es decir,
mostrando los Estados como personas que
buscan su propio interés en medio de un
ambiente hostil y peligroso. Visión que favorece
a las potencias, a los actores fuertes y
que legitima y mantiene un orden desigual del
mundo. Este discurso hunde sus raíces en el
pensamiento de Maquiavelo y Hobbes hasta
llegar al siglo xx:
“Desde Maquiavelo a Hobbes, se ha desarrollado
una amplia línea de pensamiento
que considera que no existe una ‘sociedad’
internacional, en base al estado de anarquía en

Las
complicidades
del saberpoder
en el
mainstream de
las relaciones
internacionales:
una
aproximación
para abrir el
debate
que se encuentran las relaciones internacionales.
La base de esta concepción reside en la
consideración de que el Estado es la suprema
unidad política, el punto de referencia de todo
fenómeno social. De esta forma, frente a la
sociedad estatal en la que a través del pacto
social reina el orden, aparecen las relaciones
internacionales dominadas por la lucha, el
conflicto, y, en consecuencia, alejadas de la
noción de una sociedad que ha tomado el
Estado como modelo” 27 .
El Estado no puede mostrarse como una entidad
dada sino que en realidad es un concepto
conflictivo. Su conflictividad no sólo deriva
de sus definiciones, sino de la explicación
que los mismos autores modernos dan a su
formación histórica. El Estado, sin análisis,
desdibuja los impactos de las relaciones internacionales
y por tanto, imposibilita hacer una
lectura aproximada del medio internacional.
El Estado no es un punto de llegada como
lo pretende la teoría del progreso sino que
es una estrategia que privilegia a un grupo al
interior de la sociedad. Las discusiones desde
Maquiavelo hasta Gramsci, muestran que el
Estado es una categoría discutible, y que por
tanto, resulta discutible su objetividad en el
ámbito internacional.
El racionalismo, en su vertiente neorrealista o
neoliberal, dejan de lado el estudio del Estado
como tal, precisamente porque (y de forma
ficticia) dejan de lado los procesos internos.
El problema del lente de observación de la
‘visión dominante’ es que las relaciones internacionales
han sido vistas como derivativas
del Estado, o “como una extensión de los
argumentos sobre la naturaleza del Estado”
y no ven en el Estado mismo y sus procesos
internos un lente favorable para comprender
el medio internacional. Como señala
Celestino del Arenal: “‘La teoría clásica’ de
las relaciones internacionales tiene en común
con la teoría del Estado una íntima conexión
con la evolución de la filosofía política y con
el desarrollo e historia del Estado”, y en
particular con lo que queremos señalar: “Las
27 ARENAL, Celestino del. Introducción a las relaciones
internacionales. Madrid: Editorial Tecnos., 1987, P.
398.
relaciones internacionales son vistas como
una consecuencia de la naturaleza del Estado,
y la teoría internacional como una simple
extensión de la teoría política” 28 .
El racionalismo acepta que el Estado no
existe empíricamente sino que es una abstracción
derivada de la política y del derecho
internacional apropiada para explicar las
relaciones internacionales. Sin embargo, la
cuestión no es que sirva para explicar la realidad
internacional, como de hecho se hace,
sino si conduce a una explicación adecuada.
Esta postura no sólo resulta una conveniencia
analítica sino que está cargada de supuestos
legales y valorativos, es decir, que es una
postura ‘realista’ poco real.
5. La razón patriarcal del
racionalismo
Cuando las relaciones internacionales son
vistas como neutrales y objetivas, resultan
asexudas. El feminismo intentando romper
esta visión del mundo y de las relaciones
internacionales “critica al positivismo mostrando
su rechazo a criterios trascendentes,
descontextualizados, para valorar epistemológicamente
el conocimiento” 29 . El debate del
feminismo en las relaciones internacionales
ha tenido una importante repercusión sobre
las categorías que explican el ambiente internacional,
al menos aplicable al descuido,
miopía o interés de las posturas racionalistas
sobre la variable de género.
El feminismo liberal ha criticado la evidente
subrepresentación de la mujer en los ámbitos
clásicos de las relaciones internacionales:
fuerzas armadas, la conducción del Estado,
órganos de representación. Entre tanto, el
feminismo-radical considera que las relaciones
internacionales son un fenómeno y
un producto de la cosmovisión masculina,
expresión de ello son la política exterior y
las relaciones internacionales guerristas y
anárquicas.
28 Ibídem. P. 27.
29 SODUPE, Op. Cit., 2003, P. 203
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G. Andrés
Arévalo Robles
La vertiente del feminismo crítico que inserta
la postura de género estudiando las conexiones
y funcionalidades entre el ‘género’ y la
política internacional han mostrado cómo la
relación entre lo público y lo privado han legitimado
lo público a lo masculino y lo privado
a lo femenino. Así, ha mostrado que el Estado
y su política exterior se han formulado como
lo público/masculino frente a la nación como
madre/privado, creando una lógica de las
relaciones internacionales basadas en la razón
patriarcal y falocéntrica del conflicto global.
En el caso de la economía global se ve la
estructura sexista del trabajo retribuido, que
le adjudica roles diferentes a las mujeres y
hombres basado en estereotipos sexuales. El
empleo es manipulado por consorciones internacionales
que buscan mano de obra barata
basada en las desigualdades sexuales y raciales
que les resulta beneficiosa. Incluso, ámbitos
laborales feminizados, que por ser tratados
de livianos son menos remunerados. Dichas
dinámicas afectan a la mujer, a sus familias, y
al desarrollo del país, y por supuesto, sumado,
tiene un impacto mundial.
El feminismo ha logrado mostrar cómo el
mainstream de las relaciones internacionales
es insuficiente para dar cuenta de fenómenos
que tienen implicaciones en diferentes
regiones del planeta y que se encuentran
interconectados por una lógica sistémica.
Los impactos de la perspectiva de género
han sido valorados por otras líneas teóricas,
pero poco en la agenda racionalista, quien
ha fijado su temática en patrones patriarcales
que le importan para defender la posición
dominante de Estados Unidos, abordando
temas como patriarcales como la seguridad,
las instituciones, los regímenes, la guerra y la
paz, desde una postura fundamentalmente
masculina.
5. Institucionalidad y Disciplina
La formación y expansión de la disciplina
de las relaciones internacionales ha servido
como plataforma de observación de la
realidad mundial con el objeto de proveer
de datos, discursos y programas a la política
exterior norteamericana y en general, a las
potencias a nivel mundial. Su desarrollo ha
estado sujeto a la financiación del Estado
y de Organizaciones privadas (Ford, Mellon,
Lilly y Rockefeller reunidas en el Council of
Foreign Relations, CFR, y la CIA basada
en Fundaciones filantrópicas) que tienen
seriamente comprometido sus intereses
económicos y políticos en diferentes
lugares del mundo; han financiado proyectos
de investigación, revistas y procesos
organizativos en torno de las agendas
mundiales de los Estados Unidos o del
Reino Unido, principalmente. Las Revistas
(International Organization, Foreign Affairs,
World Politics e International Studies Quarterly)
y las Asociaciones (International Studies
Association, ISA), académicas han jugado un
papel determinante en el sostenimiento de la
postura dominante, operando como centros
de control de los debates y la legitimación
de los saberes ‘científicos’.
Este conocimiento ha sido legitimado como
el único válido, y ha sido vehiculado por
medio de las lenguas de origen europeo. Las
relaciones internacionales, tanto racionalistas
como reflectivistas han sido producidas
en lenguas dominantes, es decir, desde las
cosmovisiones dominantes que delimitan el
mundo, lo explican, lo describe y lo controlan.
Las implicaciones de la lengua son geopolíticas
y tiene un componente de tensión pues el
lenguaje es producto social que por un lado
ha reproducido una visión del mundo y por
otro, lo ha hecho en detrimentos de las demás
cosmovisiones por medio del exterminio de
otras lenguas y de su colonización.
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Colaborador Nacional
299

Diálogo

Instrucciones
302

Diálogo Revista Diálogos sostenido
por de los Saberes editores
ISSN de la 0124-0021 Revista
Dialogo
Julio-Diciembre
de Saberes
de 2010
con
Págs. 303
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
En honor a su nombre, esta sección debió ser
la primera de la revista número 1 de Diálogos de
Saberes. Hoy tendríamos casi tantos diálogos
como los de Platón, que son 36. Sin embargo,
no es tarde aún. Y, en la simbología de los
números, el 33 es perfecto para inaugurar con
él este nuevo apartado.
Seguramente antes de que Platón hubiese
inmortalizado este método que aproxima a
los hombres, hubo muchos diálogos entre
sofistas, príncipes y guerreros. De las muchas
experiencias de la historia, quedan dos
diálogos de antología: uno sobre la guerra
propiamente dicha y otro de pura política. El
primero, conmovedor por el desprendimiento
de bienes materiales, celebrado entre Aquiles
y Agamenón en el momento de la reconciliación
de estos dos combatientes de la guerra
de Troya. El segundo admirable en astucia. Es
el célebre diálogo sostenido entre los persas
Otanes, Megabyzo y Darío a la muerte de
Cambises, pues cada uno defendía un sistema
de gobierno distinto.
Sin embargo, es Sócrates quien hace de
preguntas y respuestas el camino clave para
examinar la consistencia intelectual de su
adversario. Y es Platón quien inmortaliza
el método dialéctico, en su extensa y
siempre renovada obra. El diálogo, es un
procedimiento que responde a una forma
no dogmática de pensar, a un procedimiento
racional de llegar a la verdad. Pero, es
preciso distinguir entre diálogo auténtico y
el monólogo o discurso de la imposición. El
primero, es aquel mediante el cual se establece
una relación viva entre dos o más personas
o entre los diversos sectores de una misma
sociedad. Es el diálogo productivo, el que más
aproxima a la verdad, el socrático: aquel cuya
narración bilateral o plurilateral, se matiza con
preguntas y contra preguntas. El diálogo falso,
La razón del diálogo
es un simple monólogo, una mera coacción.
Es lo que hacen los tiranos, los gobernantes
autoritarios y guerreristas, para hacerle creer
al pueblo que lo consultan, lo escuchan o se
comunican con él. Monólogos de esta laya,
sólo producen temor y desesperanza.
En una sociedad en conflicto, como la
nuestra, y cuando la dignidad humana se ha
degradado hasta el extremo de que la vida de
una perra –sí, la vida de cuadrúpedo–, en el
discurso oficial tiene mayor valor afectivo y
simbólico que la de un soldado o que la de un
insurgente, dialogar no es un camino alternativo,
sino el único. Si antes que le disparen,
la víctima pudiera conversar con el sicario o
con quien le dio la orden, muchas verdades
conocería el mundo. Así de todas maneras la
víctima esté condenada a muerte, siempre será
más digno beber la cicuta en plena discusión
dialéctica, como Sócrates, que morir en medio
de la felonía, con un tiro a mansalva como
Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán,
Carlos Pizarro, y tantos periodistas, líderes
sindicales, indigenistas, intelectuales e investigadores
y todo un partido como tal.
Seguramente en esta deshumanización de
la sociedad, en el desierto y en la soledad
de las grandes ciudades de nuestro país,
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y en otras menos pobladas pero
más propicias para el cultivo del espíritu, haya
personas y pequeños o grandes colectivos
–ecologistas, de género, indígenas, artesanos,
vivanderos, intelectuales– sinceramente preocupados
por el bien común y por la suerte de
la sociedad, que quisieran sentarse a dialogar
con la nobleza socrático-platónica, porque no
los mueve el canje de intereses sórdidos. Para
dialogar con esas personas y colectivos, así
como con los protagonistas de la vida pública
de Colombia y de Latinoamérica, Diálogos de
Saberes abre sus páginas.
Rafael Antonio Ballén Molina
Editor.
La razón del diálogo
303

Diálogo Revista Diálogos sostenido
por de los Saberes editores
ISSN de la 0124-0021 Revista
Diálogos Julio-Diciembre de Saberes
de 2010
con
Págs. 305-318
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
Diálogo sostenido por los editores de
la Revista diálogos de saberes con
Carlos Antonio Aguirre Rojas
en la ciudad de México, en la universidad de la UnAM,
el día 10 de septiembre del 2010*
VÍCTOR ÁVILA.- Los fenómenos internacionales,
y la teoría de sus relaciones son
hechos que deben abordarse con un carácter
crítico, para entender espacios locales y globales.
Dentro de este contexto es prioritario
conocer las discusiones y análisis que se
desarrollan sobre la incidencia de la política
exterior Norteamericana en relación a la integración
Latinoamericana. La escuela clásica,
el realismo, el neorrealismo y otros sistemas
del pensamiento nos deben permitir entender
la vida internacional en la cual se mueve
hoy America Latina, ya que sus propuestas
son diversas y requieren análisis tanto para
comprender la alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA), Como la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR).
CARLOS AGUIRRE.- Bueno, a ver, el
punto es que, el término mismo está muy
cargado de sentido.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿Cual término?
CARLOS AGUIRRE.- El término de la
integración latinoamericana.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿Debido a que el término
se halla cargado de sentido?
CARLOS AGUIRRE.- Creo fue un poco
una propuesta justamente que Estados
Unido comenzó como a madurar y a procesar
después del fin de la Segunda Guerra
Mundial, y entonces la idea era justamente
integrar a los pueblos de América Latina,
pero creo que no era integrar a los pueblos
de América Latina entre sí, sino integrar a los
pueblos de América Latina a la hegemonía
norteamericana, que entonces además era
una hegemonía muy fuerte. Resultado de
la Segunda Guerra Mundial, como todos
sabemos, es la derrota de Alemania y la
emergencia de Estados Unidos como potencia
hegemónica mundial.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿Y esto dentro de que
análisis teórico de hegemonía?
CARLOS AGUIRRE.- Yo sigo digamos, la
perspectiva de Immanuel Wallerstein 1 , que
yo sé que es un autor leído en relaciones
internacionales, entonces, yo creo que esa
ideología de la integración latinoamericana
ha sido propagada más bien por las clases
dominantes, olvidando lo fundamental,
como tu lo señalabas las relaciones
internacionales.
* En esta ocasión (primer dialogo en su genero) se presentan como dialogantes el profesor Carlos Antonio Aguirre Rojas, científico
social, teórico e investigador mexicano. Doctor en economía por la UNAM y posdoctor por la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales de París. Actualmente es investigador por la UNAM en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en
la Escuela Nacional de Antropología e Historia y los miembros del comité editorial de la revista Dialogo de Saberes: Rafael
Ballén Molina, Doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, Abogado especializado en Derecho Administrativo
en la Universidad Libre, Director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Libre, Sede Principal; Víctor
Manuel Ávila Pacheco, Sociólogo, Abogado, Especializado en Ciencias Penales y Penitenciarias Universidad Nacional, Magister
en Filosofía, Candidato a Doctor Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea, Docente Investigador Universidad
Libre y Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Wilson Libardo Peña Meléndez, Sociólogo, Magister en Filosofía,
Docente Investigador Universidad Libre y Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1 Se refiere al sociólogo y científico social histórico estadunidense, Principal teórico del análisis de sistemamundo,
quien ha aportado a la ciencia histórica un nuevo modelo teórico-interpretativo que apareció en tres
volúmenes en 1974, 1980 y 1989.
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
305

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
306
VÍCTOR ÁVILA.- ¿Y qué implicaciones
tendría en las relaciones internacionales?
CARLOS AGUIRRE.- Las relaciones internacionales
siempre han sido asimétricas, decir
relaciones entre naciones, y la nación es una
construcción capitalista, las naciones tiene
dos siglos, tres siglos, cuatro cinco cuanto
mucho seis o siete siglos de existencia, y yo
creo que el desarrollo propiamente de las
estructuras nacionales es una creación del
mundo burgués, pero lo que tendríamos que
reconocer que me parece que es importante,
es que estas relaciones esenciales siempre e
inevitablemente son asimétricas.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿Como se podría explicar
lo asimétrico?
CARLOS AGUIRRE .- Hay potencias que
por su fuerza económica, por su papel dentro
del mercado mundial, por el desarrollo de
su industria juegan dentro de la geopolítica
mundial y las relaciones internacionales un
papel preponderante. Mientras otras naciones
tienen un papel débil, subordinado, un papel
dependiente y entonces se ven obligadas a
seguir las directrices o un poco las imposiciones
de estas relaciones internacionales,
pienso que de ahí deberíamos partir para
evaluar estos problemas de la integración
latinoamericana.
VÍCTOR ÁVILA.- Dentro de este contexto
internacional el profesor Wallerstein se refería
a centro, periferia, y arenas movedizas. Es por
ello necesario mirar la relación internacional
en el sistema mundo moderno 2 , con el fin
de mirar posibles coberturas diferentes de
esa integración latinoamericana teniendo
en cuenta la política exterior de dominio de
Estados Unidos.
CARLOS AGUIRRE: Claro, sí, comparto
bastante para el análisis de las relaciones internacionales
este esquema de Wallerstein de
2 El dialogante hace relación a la perspectiva del
sistema mundo, conocida como economía mundo o
enfoque analítico de los sistemas-mundo, expresión
original en inglés World-systems approach). Es un
desarrollo de la de la crítica postmarxista que intenta
explicar el funcionamiento de las relaciones sociales,
políticas e internacionales en el mundo.
centro, semi-periferia y periferia, en realidad
lo que era un poco el esquema Cepalino de
Raul Prebisch y de todos los Cepalinos, que
sí era efectivamente solo dicotómico, centroperiferia;
Wallerstein, él mismo lo reconoce
además en sus textos y entrevistas, él dice
“yo retomé este esquema” pero diríamos, “lo
sofistique o lo complejicé un poco, y agregué
un segundo o tercer nivel más bien, un
tercer elemento que sería la semi-periferia”,
entonces él habla de centro, semi-periferia y
periferia, es desde este punto de vista cómo
vemos a América Latina.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿América latina se ajustaría
al análisis del sistema mundo?
CARLOS AGUIRRE.- Yo creo que América
Latina desde su origen, desde la conquista
española se integro al sistema mundo en
condición periférica y yo creo que en líneas
gruesas en términos generales, el conjunto de
las veinte naciones de América Latina en los
cinco siglos de existencia del capitalismo han
sido siempre periféricas, entonces, creo que
efectivamente si queremos hacer un diagnóstico
crítico un poco de la historia de América
Latina y del rol que América Latina puede
jugar en la geopolítica mundial, tenemos que
partir de que somos un conjunto de naciones
periféricas. Este es un proceso muy interesante,
creo que efectivamente en los últimos
treinta, treinta y cinco años Estados Unidos
está viviendo el proceso de su decadencia hegemónica
y esta repercute directamente en el
estatuto de América Latina, porque América
Latina ha sido durante los dos últimos siglos,
como lo dijo Monroe a principios del siglo
xIx: América Latina ha sido el traspatio de
los Estados Unidos, la Doctrina Monroe era
América Latina para los norteamericanos y
por norteamericanos se entendía más bien
para los estadounidenses, aunque oficialmente
dijera: “ América para los americanos” lo que
en los hechos era que “América Latina es de
dominio exclusivo de los Estados Unidos”.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿Y cómo observar esa
realidad de los Estados Unidos?
CARLOS AGUIRRE.- Efectivamente
Estados Unidos, se ha conducido y se ha

Diálogo sostenido
por los editores
de la Revista
Diálogos de Saberes
con
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
manejado durante dos siglos bajo esa perspectiva,
en los hechos reales, toda la economía
de América Latina durante todo el siglo xx
y sobre todo a partir de fin de la Segunda
Guerra Mundial en que Estados Unidos se
vuelve hegemónico a nivel mundial.
VÍCTOR ÁVILA.- ¿A qué se debe que el
mundo dependa de los Estados Unidos?
CARLOS AGUIRRE.- Yo creo que justo
a partir de la Crisis de 1972-73 la fuerza
económica, la fuerza financiera, la fuerza
tecnológica, la fuerza comercial de Estados
Unidos se presenta como una especie de
piel de zapa, cada vez que va pasando más
tiempo se va encogiendo, se va encogiendo,
y eso es algo que Emmanuel Wallerstein ha
estudiado, hay libros publicados por él donde
se pueden ver las cifras, por decir algo, si en
1970 Estados Unidos dominaba el 80% de
los flujos del comercio mundial, diez años
después ese 80% decrece a 70%, otros diez
años después decrece a 60%, otros diez años
después decrece a 50% y hoy Estados Unidos
domina un poco menos de la mitad de los
flujos del comercio mundial. Pero sucede lo
mismo a nivel financiero: por ejemplo todavía
en 1970-80 de los diez grupos financieros más
importantes ocho eran norteamericanos, había
uno que era europeo y otro que era japonés,
ahora existe exactamente la situación inversa,
de los grupos financieros más importantes en
el mundo dos son norteamericanos y todos
los demás son europeos o japoneses.
VÍCTOR ÁVILA.- Yo estoy convencido de
que la revolución tecnológica ha incidido en
la hegemonía de los Estados Unidos, en su
dominación, y en general en la crisis.
CARLOS AGUIRRE.- A nivel tecnológico
sucede lo mismo, uno ve el número de
patentes que se producían en el mundo en
1970-80 y el 90% se producían en Estados
Unidos o el 80% y el resto en Europa y un
poquito en el resto del mundo, ahora es al
revés, ahora las grandes patentes tecnológicas
de las nuevas tecnologías se producen en
Holanda, en Alemania, en Japón, en Francia.
Entonces, se está dando un proceso en el cual
Estados Unidos está perdiendo su fuerza, esto
es interesante porque al debilitarse Estados
Unidos eso abre un espacio, diríamos, de
una relativa mayor libertad para América
Latina, que América Latina de todas maneras,
México, ustedes saben, el 80% del comercio
mexicano es con Estados Unidos, el 80% de
las importaciones y creo que el 90% de las
exportaciones mexicanas van para Estados
Unidos. Nuestra economía está totalmente
atada a Estados Unidos. Sudamérica tiene un
poquito más de libertad, no demasiado creo
Colombia, aunque ustedes ahí me corregirán,
pero digamos, hay economías que están muy
integradas y muy en la lógica justamente de la
firma de estos Tratados de Libre Comercio,
y yo creo que pues México hizo esa fallida y,
en mi opinión, catastrófica apuesta, como lo
está haciendo Chile, como lo hizo Colombia,
como lo hicieron muchos países de Centro
América.
VÍCTOR ÁVILA.- La dependencia continua
siendo una categoría que se sigue aplicando,
sin embargo hay países que intentan otro
marco de relaciones y de desarrollo.
CARLOS AGUIRRE.- Si es interesante el
ejemplo de Brasil que ha hecho una política
consciente de diversificar sus relaciones
económicas, entonces, tiene grandes vínculos
ahora con China, le vende efectivamente
materias primas a China, etc, importa muchos
bienes de China, ha diversificado su comercio,
por ejemplo, con Europa. Y entonces, quizás
en términos de esa terminología de centrosemiperiferia-periferia
diríamos, América
Latina, hay un país en América Latina, que es,
la mitad casi de América Latina, es como decía
Fernand Braudel 3 : un semi-continente por él
mismo, que es Brasil, que ahora yo creo que
está pasando de ser un país periférico a ser un
país quizás semi-periférico, esa yo creo que
es su apuesta, ¿sí lo logrará o no lo logrará?
¿Pero cuál es el precio que se paga por eso?
3 Historiador francés, que formo parte de la dirección
de la prestigiosa e influyente revista Annales, Braudel
puso de manifiesto las limitaciones de esta escuela
al desarrollar su metodología y promover el estudio
de los fenómenos de larga duración, sobre todo del
medio geográfico y de los aspectos económicos y
sociales, con el objetivo de una “historia total”,
capaz de integrar todos los elementos de las demás
ciencias sociales.
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
307

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
308
Que Brasil está empezando a hegemonizar
esto que se llama el Merco Sur latinoamericano,
y está empezando a hegemonizar el
UNASUR, entonces, bajo un régimen que se
dice progresista lo que se está construyendo
es una tesis que desarrollo Roig Mauro Marini
desde los años sesentas y setentas, que es la
tesis del sub-imperialismo brasileño. Si uno
se da cuenta de las inversiones de empresas
brasileñas transnacionales en Argentina, en
Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador,
en Venezuela, han crecido de una manera
espectacular justamente durante los dos regímenes
de Lula. Entonces fíjense que curioso,
de un lado es cierto, América Latina está
independizándose sobretodo Sudamérica,
México no, ni Centro América, pero América
del Sur está independizándose en términos
económicos del vínculo tan directo y de la
dependencia tan grande respecto de Estados
Unidos, pero para construir un espacio donde
quien esta re-hegemonizando, y de ahí la tesis
del sub-imperialismo que decía justamente
Roig Mauro Marini, es Brasil, y en los hechos
Brasil está empezando a dominar económicamente
a todos los otros países, de esto que
habíamos mencionado.
VÍCTOR ÁVILA.- Se tendría que evaluar
nuevamente esa forma de relaciones, que
pueden ser negativas.
CARLOS AGUIRRE. Ciertamente es algo
positivo o algo negativo y la respuesta es, es
positivo y negativo a la vez. Es positivo en
la medida en que rompe con la dependencia
directa de Estados Unidos, pero creo que no
es muy positivo o es más bien negativo en
el sentido de que no es para que Bolivia si
sea una nación soberana y autosuficiente, o
Ecuador o Venezuela, sino que están perdiendo
la dependencia todos estos países respecto
de Estados Unidos para caer en una especie
dependencia respecto de Brasil. Claro, para
los brasileños esto es súper positivo y, por eso
van a reelegir a Dilma que, como dicen los
analistas políticos pues es el tercer periodo de
gobierno de Lula, al que seguirán un cuarto
y un quinto quizás porque después de que
Dilma sea cuatro años presidenta Lula se
puede volver a reelegir otros ocho años.
RAFAEL BALLÉN.- A propósito de los
doscientos años de la independencia de estos
países, me parece que lo que ha sucedido es
que, la élite criolla de este continente latinoamericano
realmente nunca se preocupo por
la independencia y la soberanía de los pueblos.
La élite criolla centró su atención y toda su
lucha por alcanzar el poder y afianzarse en
él, y en el mejor de los casos, en buscar los
mecanismos para distribuirse ese poder entre
los “beneméritos”, como dice Ignacio Torres
Giraldo 4 . Durante estos doscientos años esa
pequeña minoría o élite criolla sólo se ha
preocupado por sus propios intereses, por su
riqueza, por concentrar el poder y consolidar
la hegemonía dentro de cada país. Por eso,
durante estos doscientos años, el pueblo, cada
vez, ha ido empeorando y la élite concentrando
poder y riqueza. Y ante esta realidad surge
una pregunta: ¿qué hacer?, ¿cómo podemos
detener el caudillismo de la élite criolla que
durante estos doscientos años ha sometido a
nuestros pueblos?
CARLOS AGUIRRE.- A ver, bueno, yo lo
que creo es que para comenzar tendríamos
que matizar o relativizar el propio termino de
independencia, porque es un término acuñado
y que se acepta como si fuera real, en el
sentido de que se dice, bueno si, en principios
del siglo xIx toda América Latina conquisto
su independencia, pero fíjense que curioso, en
el tomo tres del libro del Moderno Sistema
Mundo cuando Wallerstein analiza estos procesos
que nosotros llamamos nuestras guerras
o nuestras revoluciones de independencia él
no acepta ponerle ese término, él no dice que
son proceso de independencia, él dice son
procesos de descolonización, y entonces él
dice, claro, se dio una independencia jurídica
formal, es decir, perdimos el estatuto de ser
colonias formales de la monarquía española
y algunas décadas después de la monarquía
portuguesa, pero en los hechos la dependencia
económica, la dependencia social, la
4 TORRES GIRALDO, Ignacio. Los inconformes.
Bogotá, Latina, 1978. El autor dedicó su vida a
luchar contra la injusticia social, y en cinco tomos
hizo una síntesis de la historia política de Colombia,
desde la colonia hasta la década de los sesenta del
siglo xx.

Diálogo sostenido
por los editores
de la Revista
Diálogos de Saberes
con
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
dependencia política y la dependencia cultural
se mantuvieron, simplemente cambiando de
centro, diríamos los tres siglos de la colonia
dependíamos de España y Portugal, esto
empezó a ser socavado ya en el siglo xVIII
porque ustedes saben que, cuando las cifras
del comercio del contrabando superaban a las
cifras del comercio legal cambia la correlación
hegemonica.
RAFAEL BALLÉN.- Querría decir esto
que, el comercio va a incidir de manera fundamental
en esos procesos, y que no se puede
desconocer el papel que jugó tanto España
como toda Europa.
CARLOS AGUIRRE.- Querría decir que
Europa comerciaba más con América Latina
que España. El comercio legal era el comercio
con España y todo el comercio ilegal que superaba
a veces en dos tercios contra un tercio
al comercio legal eran las potencias europeas,
Fernand Braudel dice: ¿a quién a finales del
siglo xVIII le interesaba que América Latina
siguiera perteneciéndole a España? y él responde:
a nadie! Excepto a la propia España.
Por eso se dio la independencia digamos
jurídico formal, dejamos de depender de
España y Portugal para empezar a depender
en el siglo xIx de Europa, de distintos países
europeos, de los capitales europeos diríamos,
y en el siglo xx de los Estados Unidos.
RAFAEL BALLÉN.- Y, en tu concepto
Carlos, ¿mediante qué instrumentos podríamos
romper con esta dependencia?
CARLOS AGUIRRE.- Yo honradamente
creo que dentro del horizonte del capitalismo
no hay posibilidad alguna, o lo que hay es un
poco lo que se está dando ahora, esto es interesante
porque sí efectivamente, quién triunfa
en las guerras de independencia, triunfan los
sectores diríamos nacionales, justo las élites
criollas, sustituyen efectivamente a las élites
venidas de España y de Portugal y se apoderan
efectivamente de estos países, yo creo
que sin romper la dependencia estructural y
la condición periférica de nuestras economías
y de nuestros países, pero si empieza a desarrollarse
una débil burguesía nacional, por
qué es importante subrayar esto, porque yo
creo que por ejemplo el gobierno de Hugo
Chávez lo que expresa es los intereses de la
burguesía nacional venezolana. Qué expresa
Rafael Correa, Rafael Correa expresa ese
sector nacionalista de la burguesía ecuatoriana
que si está opuesto a ciertas transnacionales,
que si quiere desarrollar el mercado interno
ecuatoriano, que si le preocupa que suban un
poquito las condiciones de vida del propio
pueblo ecuatoriano, no porque sean muy
benéficos o porque sean muy generosos, sino
porque si se vulnera el poder de compra el
mercado interno se comprime y las burguesías
nacionales viven del mercado interno no del
comercio transnacional.
En México les diría, lo que López Obrador
representa o representó y representa todavía
ahora, y el proyecto que él plantea y que
efectivamente había ganado la presidencia de
2006, fue víctima de un fraude monumental,
era los intereses de esta burguesía nacional
que si produce para el mercado interno,
diríamos mexicano.
Digo esto porque, esa élite criolla, conforme
fue pasando el tiempo, se fue tornando
nacionalista, que ahora en estas condiciones
de aflojamiento y de debilitamiento progresivo
aunque lento de Estados Unidos, de su
decadencia, empiezan a emerger y empiezan
a poder hacer regímenes como el de Hugo
Chávez en Venezuela, el de Evo Morales en
Bolivia, todos ellos representan a sus burguesías
nacionales, no representan al pueblo,
no representan a los movimientos sociales.
Bueno, cómo podemos romper esto, yo creo
que mientras se mantengan los horizontes
del capitalismo no vamos a poder romper
esta situación, yo creo que la condición para
que efectivamente cualquiera de los países de
América Latina fuera una –entre comillas-
“nación soberana” sería que efectivamente
rompiera con los marcos capitalistas e instaurara
una sociedad no capitalista, pero aquí
hay que decirlo claramente, al mismo tiempo
nuestro objetivo ya no podría ser hacer naciones
soberanas, el nacionalismo, yo sí creo que
fundamentalmente es una construcción burguesa
como lo había dicho antes, entonces yo
creo que nosotros en términos de el mediano
y el largo plazo no podemos ser nacionalistas,
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
309

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
310
yo no lo soy, Marx decía claramente: los obreros
no tienen patria, Marx decía claramente:
el capital actúa a nivel transnacional y lo
que nosotros queremos es que las naciones
se abolan porque efectivamente yo no me
siento especialmente feliz de ser mexicano
distinto de un colombiano, yo al contrario, yo
me siento mejor de decir ni siquiera que soy
latinoamericano, y si lo soy y no reniego soy
mexicano, soy latinoamericano sin duda, pero
yo más bien aspiro y creo que toda la gente
que somos de izquierda debemos aspirar a
un mundo donde ya no haya naciones, donde
nuestras identidades sean basadas en otras
cosas, claro es lógico, la gente que habita en
Colombia no será igual que en México, porque
no es lo mismo vivir en un país que tiene
por decir algo montañas y muchas costas, que
en otro país que está más bien metido tierra
adentro, bueno elegí mal los ejemplos, pero
lo que quiero decir es un mexicano nunca
bailará como un colombiano esas identidades
que se mantengan y reproduzcan me parece
fantástico, pero las identidades nacionales
son falsas, son ficticias, son construidas desde
arriba. ¿Qué quiere decir ser mexicano? Eso
yo creo que deberíamos tender a abolirlo, yo
creo que dentro del horizonte capitalista no
hay salida y cuando pasemos del horizonte
capitalista entre las cosas que queremos abolir
esta también la nacionalidad.
RAFAEL BALLÉN.- Sí, bueno, hay varias
cosas en el discurso que acabas de pronunciar
en este diálogo, y yo quisiera referirme
solamente a dos. La primera, es en relación
con la independencia de España. Hubo una
guerra de independencia y una declaración de
soberanía, sin embargo, no existió un rompimiento
ni con la cultura ni con los preceptos
jurídicos del régimen español. No conozco en
detalle lo que haya sucedido aquí en México,
pero en el caso de Colombia, la normatividad
jurídica se siguió repitiendo durante setenta
años después de la batalla de Boyacá, que fue
el hecho que selló nuestra independencia.
Efectivamente, entre España y Colombia
hubo una relación socio-antropológica de
transculturación de metrópoli a colonia por la
cual esta heredó idioma, religión costumbres,
adagios, comida, fiestas patronales, pasa-
tiempos y régimen jurídico. Así que, desde el
punto de vista formal y material, el derecho
español –y, más exactamente, el derecho castellano–
tuvo aplicación directa en Colombia
hasta 1825. A partir de ese año continuó en
vigor, aunque con apariencia de subsidiario:
sólo cuando se restableció la República unitaria
mediante la Constitución de 1886, fue
adoptado el Código Civil de Andrés Bello,
de 1873, mediante la ley 153 de 1887, en
cuyo texto se dijo que ya no se aplicaría más
el derecho español. La segunda cosa a la que
quiero hacer mención es a la independencia,
o mejor, a la construcción de sociedades
nacionales. Es verdad, nosotros podríamos
ser en Latinoamérica una sola nación, y el
mundo podría ser una sola nación: la nación
del pueblo latinoamericano, en el primer caso,
o del pueblo mundial, en el segundo caso. Ese
es, pues, un principio, es un ideal, esa es una
manera de ver las cosas, así como tú, Carlos,
las ves. Sin embargo, desde el punto de vista
de la estructura y organización del Estado,
cómo sería la operatividad de estos pueblos,
de esas comunidades, las comunidades se
organizarían por localidades muy pequeñas,
cómo podrían esos pueblos mantener su cultura,
mantener sus costumbres, mantener su
unidad local. Entendiendo por local, ya no la
nación en sí, sino un determinado municipio,
una determinada zona con una agrupación
humana pequeña, cómo ves tú eso, si no
existiese la organización del Estado-nación
sino la organización de la población mundial
en una estructura de Estado-mundo, en que
todos fuésemos ciudadanos del mundo, que
todos perteneciéramos a ese gran pueblo que
es la humanidad total, entonces, ¿cómo sería
la organización de las pequeñas culturas, de
las culturas locales, cómo verías tú eso?
CARLOS AGUIRRE.- Si, a ver, la cuestión
es que yo no estoy seguro de que necesariamente
se quisiera seguir, a ver, cómo podríamos
decir, o cultivando o manteniendo unas
culturas o identidades locales, yo creo, claro,
la identidad local brota de la configuración
específica de un tipo de relación del hombre
con la naturaleza, de un tipo de relación entre
los hombres en un medio determinado, etc.,
estamos hablando un poco de una sociedad

Diálogo sostenido
por los editores
de la Revista
Diálogos de Saberes
con
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
que se construía sobre la base de la generalización
de los desarrollos tecnológicos de lo
que hoy existe, vamos a poner, por qué hoy
solo unos poquitos miembros de cada país
tienen el privilegio de poder viajar a otros
países, estamos pensando en una sociedad
donde por ejemplo, la movilidad también fuera
planetaria, que cualquier persona pudiera
moverse de cualquier lugar a otro, de un solo
planeta, y que los medios diríamos, técnicos,
que hoy existen estuvieran al servicio de esto,
yo creo que lo que eso produciría es un poco
una cosa que Walter Benjamin soñaba.
RAFAEL BALLÉN.- De verdad, no podemos
olvidar las enseñanzas académicas y de
vida del profesor Walter Benjamín.
CARLOS AGUIRRE.- Sí, Walter Benjamin
jugaba con esta fantasía y la idea de la Torre
de Babel, no?, él decía ¿qué va a pasar más
bien cuando todas las culturas del mundo dialoguen
entre sí? Va a comenzar un mestizaje
cultural riquísimo e interesantísimo donde yo
creo que se dará un doble proceso, como en
todos los procesos de mestizaje, se van a crear
muchas nuevas formas resultado justo de esta
interacción entre muchas culturas locales y al
mismo tiempo habrá muchos elementos sí locales,
que se mantendrán efectivamente, digamos,
por parte de la gente incluso pienso que
la configuración de los territorios en ciudad
y campo desaparecería también. Marx decía
claramente cuando se acaben las sociedades
divididas en clases sociales y el antagonismo
con clases se acaba la división entre campo y
ciudad. ¿Por qué la gente tiene que instalarse
en los territorios apeñuscándose ahora sí que
como si fueran qué, hormigas o palomas así
millones y millones y millones? Bueno estoy
hablando desde la ciudad de México que es
la ciudad más grande del planeta, por qué
tenemos todos que vivir aquí apeñuscados y
luego tenemos espacios vacios en el norte de
México. Por qué la mitad de un país que se
llama Argentina, la mitad literalmente, vive en
lo que es el gran Buenos Aires y en cambio
tiene territorios y territorios y territorios vacios,
y esas cosas tendrían que cambiar, pero
por ejemplo tendría que eliminarse la división
entre trabajo manual e intelectual. Por qué
efectivamente mantener esta jerarquía que las
estructuras universitarias reproducen, decir
hay unos que saben porque tienen grados,
porque hicieron maestrías y doctorados, y hay
otros que son ignorantes. Estaba platicando
el otro día con un alumno boliviano, yo no
sé si eso ha llegado a Colombia pero se me
hacia fantástico con lo que él decía, porque
nosotros en México por ejemplo decimos
profesores y alumnos, y él decía, profesor
usted sabe que en Bolivia ya eliminamos y
borramos el término “alumno”, ¿ustedes
sabían eso? Dice, por qué alumno qué quiere
decir, quiere decir “sin luces” ah? Que es el
prefijo negativo que dice “lumni” osea “sin
luces”, entonces, supuestamente el profesor
es el que sabe, el iluminado, el depositario
del saber, bueno, lo digo porque entonces,
estas jerarquías del saber-poder que Michel
Foucault estudio tendrían que eliminarse,
entonces, estamos hablando de un mundo
muy distinto del actual, ¿cómo se daría
este? Entonces, yo creo que esas, digamos,
identidades locales seguirían existiendo pero
entrarían en un proceso de diálogo planetario
que produciría cosas fantásticas, que no
podemos, yo creo que, imaginarnos o que
solo tenuemente podemos imaginar, pero va
a ser un mundo donde todo va a cambiar, la
distribución de la gente en el territorio, las
relaciones de género por ejemplo, qué va a
producir el hecho de que efectivamente se
eliminen estas jerarquías, digamos, de género,
qué va a producir el hecho de que por ejemplo
se dé un mestizaje planetario también
racial, no? Osea, efectivamente que todos los
pueblos se mezclen con absolutamente todos
los pueblos, que todas las culturas dialoguen
entre sí, qué va a producir ese hecho y yo creo
que bueno, va a producir cosas maravillosas y
fantásticas, soy muy optimista, pero digamos,
eh bueno esa sería mi respuesta.
RAFAEL BALLÉN.- Sí, son varios los
escenarios que uno puede prever, que uno
puede observar, pero en tu discurso, hay algo,
se nota algo que hoy estamos viviendo y que
lo vivimos todas las mañanas y todas las tardes
en las grandes ciudades. Se podría decir que
uno de los grandes problemas que hoy tiene
la humanidad es la gran ciudad y la soledad
del hombre. Aquí en medio de veinticinco
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
311

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
312
millones de habitantes como tiene Ciudad de
México, si uno se va a las estaciones del metro
está en medio de miles de personas pero está
solo, y si va a un centro comercial está uno en
medio de miles de consumidores o visitantes
y también está solo. Y aquí en Ciudad de
México, en este espacio donde estamos ahora,
estamos entre amigos, estamos seis personas
dialogando, conversando, pero si salimos allí
a la calle estamos en medio de veinticinco millones
y estamos absolutamente solos. Eso es
un hecho indiscutible, es un hecho que no se
puede negar: el hombre –incluyendo los dos
géneros– hoy vive, en medio de millones y en
una gran soledad, como tú decías parecemos
hormigas, parecemos abejas. Efectivamente,
cuando se abren las puertas de los vagones
del metro salen disparados los seres humanos
y da la sensación de que uno haya picado
una colmena y se escaparan hambrientas y
rabiosas todas las abejas a picar en su mundo,
a buscar su floresta, su alimento, su trabajo,
eso es lo que uno observa. Y tu discurso me
hace reflexionar, y pregunto la razón por
cual la gente tiene que apeñuscarse tanto en
las grandes ciudades, y por qué haber y esa
división entre el campo y la ciudad. Pero
esos son los hechos, esas son las realidades y
surgen muchos interrogantes, y entre esos interrogantes
este: ¿cómo sería la organización
de la sociedad si ese es un hecho tozudo, un
presupuesto fáctico que no se puede desconocer,
cómo lograríamos modificarlo tan
fácilmente? ¿Y qué escenarios se proponen a
la vez para mirar un escenario estratégico muy
lejano, donde no haya diferencia entre campo
y ciudad, donde no esté apeñuscada la gente
sino que toda esté trabajando, haciendo sus
actividades, donde no haya diferencia entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual, cómo
serían esos escenarios?, es mi pregunta.
VÍCTOR ÁVILA.- Hay una inquietud que
me atrevo a compartir para darle mayor rigor a
los comentarios del profesor Rafael. Nosotros
hablábamos dentro de la teoría económica
y la revolución tecnológica precisamente la
tercera revolución industrial partiendo desde
la primera clásica, en esa tercera revolución
la sociedad cambio, imagínese, aparecimiento
de la tecnología nano, la organización ya de
los átomos, dentro de otros niveles, y ahora
un profesor vasco ubica la sociedad del siglo
xxI en lo que el llama “teoría del tercer
entorno”, el tercer entorno es la sociedad en
red, porque indudablemente, queramos o no,
la sociedad empezó a generar estructuras de
redes, el Profesor Rafael hablaba de la relación
con la soledad, y yo diría es que los conceptos
empiezan a cambiar, cambia todo, porque la
soledad que teníamos nosotros, decimos, somos
una generación formada del 68, con todo
lo del 68 internamente, es diferente. Hoy los
jóvenes, tienen otra concepción de soledad,
el joven dura enfrentado al computador todo
el día y no está solo, la soledad es otra, esta en
red con el mundo. Nuestros hijos, esta generación
joven del tercer entorno, no están solos,
están en autopistas virtuales, con sus nuevos
amigos. Lo interesante es comprender cómo
los conceptos cambian, la soledad ya no es la
soledad, que nosotros teníamos reflejada, y tal
vez por eso escribíamos poemas en relación
a la soledad o éramos existencialistas, y todas
esas cosas. El amor lo percibíamos de otra
forma, ahora los muchachos lo perciben en
ese tercer entorno, en otro contexto en redes.
Eso nos lo había dicho el profesor español
Manuel Castells, habló de la sociedad en
redes y Barbero también, entonces decimos
que apareció la sociedad electrónica. Mi
inquietud era en relación a la posibilidad
de analizar el siglo xxI, miramos que aparecieron
en las relaciones internacionales,
y en la teoría internacional apareció lo que
se llamo el “Quinto Debate Internacional”,
y el quinto debate dónde está, pues claro
lógico, las teorías postcoloniales, la teoría de
Foucault metidas, y entonces aparecen todas
esas escuelas para decir todo cambió, y las
relaciones van a cambiar, indudablemente,
desde la presión del capital ahí metido, mi
inquietud ya para finalizar y darle la palabra
al Profesor Aguirre y a los compañeros es sí
el análisis de la teoría económica aplicada en
darle prelación a la estructura económica y en
derivar de ellas la superestructura, dentro de
un dogmatismos marxista fue desconociendo,
desconoció la superestructura, bueno, decimos
que Wallerstein habló de “Geocultura”,
la Geocultura para meter ese fenómeno ahí,
porque se acuerda todas las críticas que le
hicieron a Wallerstein, y entonces él dijo,

Diálogo sostenido
por los editores
de la Revista
Diálogos de Saberes
con
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
no, ahí está ese fenómeno, era para mirar sí
no caemos mucho en un economicismo, en
relación a mirar lo local que hablábamos de
otras sociedades en relación a la percepción
de lo que viene, cierto, sociedad en redes.
Entonces, ¿cómo se dialogaría eso?
CARLOS AGUIRRE.- Claro, si, bueno
tendría obviamente, de los dos comentarios
que acaban de hacer, muchos comentarios
que hacer, pero, bueno, quizá me concentro
en dos ideas, así, que me parece que a lo mejor
permiten como atar también varios de los
comentarios que ustedes hicieron. Una cosa
primera, a ver, yo creo que de todas maneras
no debemos olvidar, como yo creo un poco
como Marx lo explicó y como lo ha desarrollado
un poco la Escuela de Frankfurt sobre
todo, yo creo que en este especifico sentido
que voy a mencionar, los más agudos pensadores
son justo los miembros de la Escuela de
Frankfurt que parten un poco además de una
frase que Engels dijo y que a mí me parece
brillantísima y genial, Engels alguna vez dijo:
dado que vivimos en una sociedad desgarrada
por una contradicción de origen, es decir,
dado que la sociedad capitalista se construye
negando el mundo de la forma natural y el
mundo del valor de uso, que es un poco lo que
Bolívar Echavarría ha desarrollado, e instaurando
un sujeto sustituto, que es el sujeto del
valor y tal, y entonces Engels dice “aquí todo
progreso es al mismo tiempo una forma de
retroceso y todo retroceso implica sin embargo
elementos de avance”, y es un poco una de
las tesis centrales de la Escuela de Frankfurt,
aquí digamos, lo que es civilización está todo
el tiempo entremezclado con barbarie, lo que
es avance y progreso todo el tiempo lleva
también elementos negativos reforzadores del
dominio, lo que se supone que sería una cosa
maravillosa que es la razón, que debería ser
emancipatoria, liberadora, que debería ser el
fundamento de construir la sociedad, etc., se
vuelve razón instrumental, que a la vez que
efectivamente implica grandes avances sirve
como mecanismo de opresión, de reforzamiento
de la explotación, de reforzamiento de
los vínculos de despotismo político, etc. Por
qué insisto en este punto, porque yo creo que
en todo esto que estamos mencionando, por
ejemplo la cuestión de la soledad, es cierto, los
jóvenes viven ahora la soledad de una manera
más extrema y más aguda que la vivimos
nosotros, porque yo creo que el egoísmo, el
individualismo posesivo, todos estos rasgos se
siguen acentuando mientras vivimos en el capitalismo,
y sin embargo somos nosotros los
que construimos todo esto, entonces, claro,
yo podría decir en el metro estamos rodeados
de mucha gente y al mismo tiempo solos, pero
cuando llegan a darse situaciones de que por
ejemplo alguien en el metro se desmaya o se
siente mal, o de repente por decir cualquier
cosa, una pareja de muchachos se empiezan
a pelear y el muchacho se pone violento y
empieza medio a agredir verbalmente y hasta
amenaza a una muchacha, es muy curioso
porque ahí como que reinstaura un poco el
sentido de comunidad.
VÍCTOR ÁVILA.- entonces se despierta
lo social.
CARLOS AGUIRRE.- Si y entonces la
gente generalmente interviene, y entonces le
dice al muchacho: oye no!, cálmate, tú estás
muy exaltado la buscas luego y protegen a la
muchacha. O ven que alguien se desvaneció,
nunca faltan dos o tres personas y dicen a ver
háganle aire, vamos a ayudar, lo bajamos en la
siguiente estación y llamamos un médico, es
decir, estamos muy solos, pero sin embargo,
no se ha perdido, felizmente, y no se puede
perder, porque somos individuos sociales, el
sentido de comunidad, entonces, todo eso
se despliega de esa manera contradictoria,
entonces los niños actuales exacto, los adolescentes,
están claro, están muy solos y les
arden los ojos de estar cinco horas, seis horas
frente a las pantallas, pero de otro lado es
cierto, por eso adquieren una información por
ejemplo que nosotros no teníamos, por medio
del internet ellos si pueden conectarse y estar
platicando con un niño chino, y de repente
empiezan a dialogar, y ver que los chinos se
parecen en no sé que a los mexicanos o a los
colombianos y que de repente, pero que a
la vez son súper distintos en tal otro punto,
es exactamente muy contradictorio porque
refuerza la soledad real, es una relación puramente
virtual y sin embargo es una relación
virtual que también enriquece la consciencia
y que también de alguna manera le aporta
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
313

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
314
elementos que nosotros no tuvimos, o que
teníamos más lentamente o que teníamos
de maneras mucho más indirectas, yo creo
que un poco todos los procesos se dan,
digamos en este sentido, pero yo, ¿por qué
soy optimista? Porque yo digo, bueno, aquí
si hay que pensar un poco en términos de
larga duración como decía Fernand Braudel,
todas estas cosas, diríamos, las construimos
nosotros mismos, la humanidad pudo vivir
muchos siglos y milenios sin construir naciones,
la humanidad pudo vivir en ciudades muy
razonables, diríamos, inteligentemente más o
menos funcionando durante mucho tiempo,
este fenómeno de las megalópolis, de la gran
ciudad loca, descontrolada, caótica, es un
fenómeno solo del puro siglo xx, entonces lo
digo, porque todos esos procesos se pueden
revertir, no me parece tan difícil, claro no estoy
diciendo que se va a hacer en un día ni que
sea sencillo, pero cuando la humanidad esté
liberada y sus problemas sean esos, cómo nos
distribuimos racionalmente en el territorio,
cómo le damos acceso a toda la gente a que
pueda viajar a que pueda conocerse y dialogar
entre sí, cómo resolvemos el problema de la
soledad, cómo recreamos tejido comunitario,
cómo construimos una nueva forma de familia,
porque yo creo que la familia monógama
si está ya efectivamente súper limitada, me
parece incluso hasta criminal, bueno en fin,
eso lo digo pero de veras, le dicen a dos seres
humanos, le dicen: mira de ti depende que tu
hijo fracase en la vida o triunfe, y uno con
esa culpa y con esa angustia de decir: si mi
hijo fracasa la culpa la tengo yo, y si mi hijo
triunfa supuestamente el merito es mío, y en la
vida real, que construyan ese micro-universo
súper viciado que son las familias nucleares
donde dos personas sienten todo el fardo
de decir mis dos o mis tres o los que tenga
hijos dependen en su existencia completa
de que si yo lo hago bien o lo hago mal y
todos estamos impreparados para ser padres
me parece que es un crimen total, si eso se
socializará, si hubiera familias comunitarias y
uno dijera el destino de una persona depende
de otras cuarenta y depende de la sociedad en
su conjunto, la propia relación entre padres e
hijos podría ser mucho más libre, mucho más
sana, mucho menos tensa, los hijos tendrían
muchos caminos para elegir, no estarían
también concentrando todas sus angustias
en una sola persona, desaparecería incluso el
Complejo de Edipo, yo lo creo realmente, y
el Complejo de Elektra, bueno, yo creo que
efectivamente todo eso se podría construir.
VÍCTOR ÁVILA.- Es necesario por
ello reitero, ser pertinente en la relación
económica.
CARLOS AGUIRRE.- Me parece muy importante,
ese riesgo de economicismo, sí, yo
creo siempre ha existido desde el origen del
propio Marx, yo creo que cuando el propio
Marx postula la centralidad de los hechos económicos,
pues ya Engels tiene cartas famosas
sobre ese punto, diciendo se mal interpreto,
no es correcto porque él dice, la situación que
estabas viviendo hoy, es una situación curiosa,
porque es una situación de crisis, que nos hizo
perder el optimismo de que la humanidad
progresaba, de lo simple a lo complejo, de
lo peor a lo mejor y de que entonces todo
futuro tenía que ser mejor que todo presente?
Todo hoy es mejor que ayer y todo mañana
es mejor que todo hoy, esa ilusión se rompió
después de 1968, entonces Wallerstein dice,
puede ser que haya una sociedad peor que la
capitalista, pero lo que él pronostica es que
capitalismo ya no va a haber, pero a la vez
él afirma, mientras vivimos esta decadencia
y crisis terminal del capitalismo al mismo
tiempo siguen vigentes todos los patrones de
su funcionamiento hasta que el capitalismo no
colapse y en la idea de él, y yo creo que eso
explica el punto que tu planteas, la próxima
nación hegemónica dentro del capitalismo,
si el capitalismo sobreviviera un siglo más, la
siguiente nación hegemónica que va a sustituir
a Estados Unidos, sería Japón, esa es la
hipótesis digamos, de Wallerstein, entonces,
eso es lo que explica que cada vez China
tenga un papel más grande, que Taiwán, que
toda el Asia, y eso es lo que explica no solo
que están haciendo crecer su papel en el
comercio mundial, en la economía mundial,
simplemente se pueden pensar en términos
hasta de anécdotas de vida cotidiana, en
México, supongo que en Colombia era lo
mismo, cuantas marcas de coches circulaban
en 1970 u 80, y uno diría de diez marcas que

Diálogo sostenido
por los editores
de la Revista
Diálogos de Saberes
con
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
habían, ocho eran norteamericanas, una era
japonesa, que era el Dahiatsu yo creo, bueno
en México habían, no sé si así les llamaban en
Colombia, y había una o dos europeas; vean
ahora el mercado automotriz de América
Latina, uno tiene cuatro o cinco marcas
japonesas, de empresas que están creciendo
además, tiene tres marcas nada más norteamericanas,
que además todos sabemos que
están a punto de colapsar. Obama tuvo que
darle dinero a la Ford y a la General Motor
para que sobrevivieran, y además las empresas
automotrices japonesas se están fusionando
con las norteamericanas pero donde el papel
hegemónico es japonés, y luego hay unas
marcas europeas, lo digo porque yo creo que
Japón y un poco bueno todo el resto del Asia,
pero dependiendo de Japón, yo por ejemplo
no creo eso de que se dice “China va a ser la
potencia hegemónica mundial del siglo xxI”,
yo no lo creo, es una economía demasiado frágil
en sí misma, en sus propias bases y es una
economía de ese tamaño que es, uno de cada
cinco habitantes del planeta es chino, eso no
es fácil de, digamos, China crece rapidísimo,
pero es que empezó un crecimiento desde
muy abajo, entonces el punto, yo creo que
Japón es el que está hegemonizando un poco
a la economía china, yo he estado dos veces en
China en los últimos años y me impresionaba
porque uno llega a Pekín y claro, ve millones
literalmente, de bicicletas, todos los chinos
andan en bicicleta o en unos camioncitos ahí,
que van al ritmo de las bicicletas, las bicicletas
son las que marcan el ritmo de la circulación
en todas las pequeñas calles, y en las grandes
avenidas, las bicicletas sí tienen prohibido
meterse, ahí si va uno rápido y circulan y tal,
y de repente ve todo el mundo en bicicleta
y luego ve llegar una limosina, entonces yo
de repente andaba caminando por la calle y
veo una limosina, y digo, ¡una limosina en
Pekín!, entonces dije, pues a ver, me voy a
parar aquí para ver, y pues se para frente a
un gran hotel, frente a una gran avenida, y se
bajan naturalmente funcionarios japoneses, y
después eso lo vi ya otras tres o cuatro veces,
Japón está invirtiendo en China en una escala
verdaderamente enorme, igual que lo están
haciendo digamos ,los alemanes, pero lo digo
porque entonces, todo este incremento de
flujos e interés por América Latina yo creo
que se está dando por ese papel creciente
que está teniendo Japón, y que va a terminar
sustituyendo un poco a Estados Unidos
mientras exista capitalismo, creo yo.
RAFAEL BALLÉN.- Quisiera hacer otra
reflexión acerca del capitalismo y de la soledad
de la niñez y la juventud de hoy, y en general
de todos los miembros de la sociedad: es
posible que de acuerdo con Wallerstein, el
capitalismo se acabe en el año 2050, ese es
un escenario. Sin embargo para el año 50’
estamos a cuarenta años, y lo que hoy estamos
viendo en el mundo es que los siete mil millones
de seres humanos, desde los niños hasta
los hombres y las mujeres de ochenta años
están trabajando para ese capitalismo y para
las grandes multinacionales, ¿cuáles grandes
multinacionales? las grandes multinacionales
de la comunicación. La realidad es que el niño
desde el momento en que entra al ordenador
está trabajando para una gran multinacional,
fabricante de computadores, lo mismo de
celulares y lo mismo de televisores. Pero ya,
ni siquiera el niño mira televisión sino que ya
está con su ordenador en la mano, porque el
celular es un pequeño ordenador, entonces, si
esa población toda, niños y adultos estamos
trabajando para las grandes multinacionales
de la informática, de las telecomunicaciones,
¿cómo será posible acabar tan fácilmente con
los regímenes capitalistas? Es un interrogante,
cuya respuesta, yo no sé si Carlos quiera
compartir con nosotros ¿o lo dejamos para
una conversación futura?
CARLOS AGUIRRE.- Si quieren puedo
tratar de compartirla brevemente, porque
entiendo que estamos llegando al final de esta
conversación, pero a ver, una aclaración, no es
que Wallerstein diga que en el exacto año 2050
se va a acabar el capitalismo, obviamente,
ninguno de nosotros tiene bola de cristal y
es pitoniso para decirlo, su pronóstico es más
bien en términos aproximativos, como los ciclos
contratiempo que duran entre cincuenta
y sesenta años yo creo, esa es mi hipótesis
personal, mía, de Carlos Aguirre, el nuevo
siglo contratiempo recién acaba de comenzar
en 2005, el 2008 además es la evidenciación de
un nuevo giro, etc., él dice, aproximadamente
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
315

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
316
hacia 2050 más tardar, pero él dice, quizá eso
suceda en el 2015, 2030 o dos mil etc., pero es
importante efectivamente aclarar esto porque,
y ahí un poco voy al segundo punto, yo creo,
qué expresa la fuerza creciente de los movimientos
sociales en el mundo, y subrayaría
una cosa que me parece muy importante en
especial en América Latina, yo creo que nosotros,
sucede que cuando uno tiene demasiado
cerca alguna cosa tiende a no ser capaz de
medirla, de valorarla en sus justos términos, la
idea es, la convivencia cotidiana con cualquier
realidad, con una persona, con un objeto, o
con una situación, tiende necesariamente a
banalizarla y a vaciarla de sentido, bueno saca
esto un poco de los formalistas rusos y de la
teoría del arte, y él dice, por eso la función del
arte es reinstaurar el extrañamiento respecto
de las cosas y devolvernos otra vez el sentido
profundo que tienen, entonces, por ejemplo,
bueno, eso en miles de películas aparece, nos
comemos los duraznos y sin embargo nunca
nos preguntamos a qué sabe el durazno, entonces,
hay un película muy curiosa, en la que
de repente un sujeto que es un ángel, bueno
en fin, esto es banal pero interesante.
RAFAEL BALLÉN.- ¿De qué película
hablas?
CARLOS AGUIRRE.- Se llama justo La
Ciudad de los Ángeles 5 , un ángel que se vuelve
humano porque se enamora de una mujer,
le dice, explícame con palabras a qué sabe el
durazno, y a mí me parece muy interesante
porque en ese momento, por primera vez, la
persona se plantea la duda, cómo explico a
qué sabe el durazno o una pera o una fruta,
es muy interesante como pregunta, la trama
de la película es banal.
VÍCTOR ÁVILA.- Sí, estoy de acuerdo, la
trama es en efecto muy banal, pero nos deja
sin argumentos la pregunta e inquieta el no
tener una respuesta desde la razón para lo
sensorial a partir del sentido del gusto.
5 Adaptación de la película del alemán Wim Wenders,
El cielo sobre Berlín, en la que un ángel llamado
Seth se enamora de una cirujana que atraviesa por
una crisis profesional, lo que le obligará a adoptar
una forma para hacerse visible ante sus ojos.
CARLOS AGUIRRE.- Claro, a mi me impacto
la pregunta, porque yo relacionándolo,
por ejemplo, también en el amor se ve eso,
hay un cantante que ustedes conocen que se
llama José José y que dice “porque nada es
para siempre que hasta la belleza cansa, el
amor acaba porque llega a ser rutina, la caricia
más divina el amor acaba” entonces, qué
quiere decir eso, cuando tenemos algo muy
cerca tendemos a no apreciarlo bien; bueno
con estas metáforas solo explicativas, a lo
que iba es al hecho de que como convivimos
con estos movimientos anti-sistémicos no nos
damos cuenta de que son los movimientos
anti-sistémicos más avanzados de todo el
planeta, los latinoamericanos, el neo-zapatismo
mexicano, los Sin Tierra de Brasil, el movimiento
indígena colombiano es parte de una
familia de movimientos indígenas que están en
toda América Latina, que yo creo, que están
devolviéndonos una serie de planteamientos
fundamentales, maravillosos, que pueden ser
salidas a las crisis actuales del capitalismo.
VÍCTOR ÁVILA.- Pero bueno en realidad
los movimientos anti-sistémicos en América
Latina, son una crítica que construye una
salida a la crisis del capitalismo desde sus
prácticas ancestrales.
CARLOS AGUIRRE.- Creo que cuando se
pregunta, bueno y cómo vamos a construir
todo, yo diría, en parte las pistas concretas
reales que existen, están en esos movimientos
latinoamericanos, cuando ellos nos dicen
por ejemplo, “la tierra no es un simple instrumento
de trabajo”, los zapatistas dicen
“la tierra no se compra ni se vende, se ama
y se defiende” y la pregunta es por qué, y la
respuesta es, “porque es nuestra madre tierra”
“la tierra es la madre y la fuente de toda vida
posible” y ellos empiezan a desarrollar y dicen
“la tierra nos da el alimento del que comemos,
las plantas con las que nos curamos,
la materia con la que construimos nuestras
casas, las cosas con las que nos cubrimos”
pero incluso ellos dice “ nos da los colores,
nos da las palabras, nos da las figuras con las
que hacemos nuestro arte, nos da los números
para construir las matemáticas, la naturaleza
nos da todo es la fuente de la vida, debemos
tratarla como tal” entonces, volver a la noción

Diálogo sostenido
por los editores
de la Revista
Diálogos de Saberes
con
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
de madre tierra, me parece que es justo una
salida a esta depredación ecológica bárbara,
brutal, capitalista que se instauro a partir de
que el hombre dijo “yo soy amo y señor de la
naturaleza, la naturaleza está para servirme y
yo hago con ella lo que quiera, es mi sierva”,
claro, cinco siglos después de haber dicho eso,
la naturaleza se está cobrando la factura, y está
diciendo, tú puedes ser lo que quieras, pero
entonces se empiezan a derretir los polos,
tú haces lo que quieras, entonces los ríos se
contaminan, tú haces lo que quieras, entonces
hay tornados y hay tormentas y hay tsunamis
en todo el planeta, entonces, tú haces lo que
quieras, y ahí viene el cambio climático y a
ver si sobrevives a él.
VÍCTOR ÁVILA.- Sí, las comunidades
indígenas del Abya Yala o América defienden
el concepto de el buen vivir, en oposición
al “vivir mejor”, como un modelo de vida
o de desarrollo más justo, menos capitalista
y mas ecológico o en mayor armonía con la
naturaleza.
CARLOS AGUIRRE.- Lo digo, porque entonces,
en los pueblos, por ejemplo, esta idea
de los indígenas ecuatorianos, que lo tienen
también los indígenas del Cauca, la idea del
sumak qamaña6 Ushay7 , la idea de que, a ver,
la humanidad no vino aquí al mundo para
acumular más y más y más bienes, y tener
más y más mercancía, más y más coches cada
vez más grandes por dentro y que rujan más
fuerte, vinimos aquí para vivir bien, sustituir
las nociones de progreso, de crecimiento
económico , de desarrollo material, por la noción
de buen vivir, que es un vivir armónico
donde yo tengo solo lo que necesito, estoy en
armonía con la naturaleza y estoy en convivencia
con los otros seres humanos, eso me
parece que es una alternativa muy interesante,
lo digo porque entonces, en América Latina,
ya se están dando esos experimentos, en los
Caracoles zapatistas, se están dando justamente
en los asentamientos de los Sin Tierra,
en los indígenas del Cauca colombiano, en
Ciudad Bolívar por ejemplo, en estos lugares
que se desarrollan de manera anticapitalista
en germen se están dando ya efectivamente
6 Vivir bien.
7 Organización social y política comunitaria.
formas que rebasan y trascienden el capitalismo
y que son las pistas desde las cuales
vamos a poder construir las cosas nuevas, y
con eso yo creo que podemos enfrentar, con
movimientos sociales tan potentes como los
hay aquí, yo les digo a mis estudiantes, a ver
el movimiento indígena ecuatoriano en los
últimos diez años ha tirado tres presidentes,
el movimiento indígena boliviano o los
movimientos sociales bolivianos han tirado
también tres presidentes, en Argentina en
un solo año cayeron cinco presidentes por
movilizaciones puramente pacificas, qué será
que nosotros los mexicanos pues no podemos
hacer lo mismo, será que los colombianos no
pueden organizarse y hacer lo mismo, con
movilizaciones pacificas, con movimientos
absolutamente civiles derrocar a sus gobiernos
que son neoliberales, ultraconservadores,
que son militaristas, y poner un gobierno que
“mande obedeciendo” como dicen los compañeros
zapatistas, yo estoy absolutamente
convencido de que podemos, y cuando esa
creatividad social se desate podemos resolver
lo que quiera, y para usar esta metáfora que
a Althusser le gustaba mucho, que es una
metáfora bíblica, el día en que eliminemos el
capitalismo y desatemos la creatividad social
el mundo entero incluida la luna nos será dado
por añadidura.
RAFAEL BALLÉN.- A propósito de la
figura poética de la película, y a propósito
de nuestra cercanía permanente con todos
esos movimientos sociales de resistencia al
capitalismo, debido a que están entre nosotros
no los valoramos, no los apreciamos, no
estamos con ellos ni con su lucha, se podría
concluir con una figura que se utiliza en varias
canciones, incluso en corridos mexicanos,
y que dice: “Nadie sabe lo que tiene hasta
cuando lo pierde”.
CARLOS AGUIRRE.- Exacto, hasta que
lo ve perdido,
RAFAEL BALLÉN.- Sí, hasta cuando lo ve
perdido. Bueno, pues mil gracias.
VÍCTOR ÁVILA.- Bueno existe un mito en
nuestra cultura que traigo a colación en esta
despedida, el mito se llama Chiminigagua, es
un mito del fuego, de la luz, que hoy tejemos
Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
317

Diálogo con Carlos Antonio Aguirre Rojas
318
en metáforas para despedirnos de Carlos, si!
en coros de metáfora como diría Neruda:
“con nuestras manos untadas de arco iris
construiremos versos de esperanzas nos
levantaremos con el alba y unidos al coro de
los pájaros madrugadores alcanzaremos el
ocaso, rojo como el amanecer…” (Risas)
RAFAEL BALLÉN.- Gracias Carlos. Por
tu tiempo, por tu generosidad, por el espacio
que nos has brindado, y por haber inaugurado
la sección de “Diálogo” para nuestra revista,
que seguramente la vas a conocer, porque
te la vamos a hacer llegar físicamente, y te
esperamos en Colombia, hacemos un evento
cultural y académico para decir: ¡Aquí estamos
con Carlos Aguirre!.
CARLOS AGUIRRE.- Perfecto, pues yo les
agradezco mucho, yo encantado.

Diálogo Revista Diálogos sostenido
por de los Saberes editores
ISSN de la 0124-0021 Revista
Dialogo
Julio-Diciembre
de Saberes
de 2010
con
Págs. 319-320
Carlos Antonio
Aguirre Rojas
Instrucciones para la publicación de
artículos de investigación en la revista
diálogos de saberes
El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas
de la Universidad Libre, Sede Principal invita
a la comunidad académica nacional e internacional
a escribir para la revista Diálogos de
Saberes, artículos y ensayos de coyuntura o
a proponer diálogos, teniendo en cuenta las
siguientes reglas de juego:
I. Artículos
El artículo debe ser inédito y resultado de
investigación terminada o en proceso de
ejecución, de temas jurídicos o sociales,
cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Estructura formal:
A) Resumen en español
B) Palabras clave
C) Abstract
D) Key Words
E) Introducción
F) Problema
G) Metodología
H) Contenido
I) Conclusiones
J) Bibliografía
2. El artículo debe soportarlo en un mínimo
de 50 referencias bibliográficas, utilizando
cualquiera de los sistemas: el universal o el
de la Asociación Americana de Psicología
(APA por su sigla del inglés). Lo importante
es que el sistema que se escoja se utilice
técnicamente.
3. La revista Diálogos de Saberes tiene dos publicaciones
por año, para el primer semestre
de cada año se reciben artículos hasta el
15 de marzo y para el segundo, hasta el
15 de agosto. Si la fecha cae en festivo, la
entrega del artículo puede hacerse al día
hábil siguiente al feriado.
4. Para cumplir con los estándares nacionales
(COLCIENCIAS) e internacionales, la
recepción y aprobación de los artículos
se debe someter a un trámite: revisión
por parte del Comité Editorial y luego,
evaluación de par externo. Una vez que
el artículo llegue de par académico con la
recomendación de ser publicado, se fijará
en estricto orden de ingreso y aprobación
para ser incluido en la edición inmediata.
Si por razones de espacio, algunos artículos
aprobados por pares académicos no
alcanzan a ser incluidos en una edición se
reservarán para la siguiente.
5. Los artículos se pueden remitir a los
siguientes correos electrónicos:
mariateresaboterogomez@yahoo.es
dialogodesaberesulibre@gmail.com
II. Diálogo
En la sección Diálogo de esta edición 33,
hemos explicado la razón por la cual abrimos
este espacio. Aquí hacemos la siguiente
aclaración: un diálogo no es una entrevista,
en la que el entrevistado tiene toda la responsabilidad
intelectual y académica. En el
diálogo, cada uno de los dialogantes debe
tener dominio de los temas de los cuales
se piensa conversar. En consecuencia, los
miembros del Comité Editorial de la revista
y todos los docentes adscritos al Centro
de Investigaciones, deben identificar los
problemas que más afectan la sociedad
colombiana y preparar el tema a conciencia.
Luego, buscarán los posibles dialogantes,
conversarán previamente con el elegido para
indicarle el tema, y acordar con él la fecha, la
hora y el lugar del convite intelectual. Este es,
pues, un ejercicio más exigente que escribir
un artículo. En cada edición de la revista
solamente se publicará un diálogo.
Instrucciones
319

Instrucciones
320
III. Ensayo de coyuntura
Como la revista Diálogos de Saberes es de
carácter científico y está dedicada a divulgar
los resultados de las investigaciones jurídicas
y socio-jurídicas con tal rigor, que en
ocasiones sus páginas no alcanzan a mirar
lo que en materia política ocurre en nuestro
país, en el vecindario latinoamericano y en el
mundo. Por eso, su impacto es absolutamente
inexistente. Así que, nuestros lectores que se
hallen animados por una mayor sensibilidad
social se quedan sin conocer los debates que la
revista prohíja en un momento determinado.
Por lo anterior, a partir del No. 34 de Diálogos
de Saberes incluiremos una sección de coyuntura
de Colombia o de política internacional.
El objetivo de esta sección es por sobre todo
pedagógico: buscar que los jóvenes que se
acerquen a nuestras páginas, bien como
lectores generales o como noveles investigadores
encuentren unas herramientas que los
capaciten para escribir bien. La adquisición
del conocimiento nuevo necesariamente
tiene que apoyarse en una herramienta, cuyo
secreto descubrió y patentizó Platón hace
2350 años: lecto-escritura. Si se lee bien se
escribe bien. Si se lee mal se escribe mal. Por
eso, para lograr este objetivo tenemos que
invitar a nuestras páginas buenos ensayistas.
Esta sección no tiene por objeto buscarle
un espacio a quien no se atreva a escribir
un artículo científico, sino a aquel escritor,
pensador o analista que tenga la capacidad de
asimilar en su imaginario la situación social y
política de Colombia, de Latinoamérica y del
mundo. Y que además de tener esa capacidad
de asimilación, lo haga con la belleza literaria
propia del buen ensayo.
En relación con el ensayo como género literario
hay dos criterios. El primero, es el de su
padre fundador, Michel de Montaigne (Essais,
1589), para quien no es conocimiento nuevo
lo que ofrece sino sus fantasías personales:
“Yo soy el tema de mi libro” 1 . El segundo, es
el de Francis Bacon, opuesto radicalmente
al anterior: no son asuntos personales lo
que contiene el ensayo, sino “las grandes
cuestiones filosóficas de la humanidad” 2 .
A pesar de esa declaración tan subjetiva de
Montaigne al definir el ensayo, cualquiera que
se acerque a su obra, encontrará que no son
meras opiniones personales, sino “pequeñas
grandes” investigaciones sobre muchos temas
lo que nos dejó en tres tomos. Los grandes
ensayistas del habla hispana, como Ortega
y Gasset, Unamuno, Rubén Darío, José
Enrique Rodó, José Vasconcelos, José Martí,
Alfonso Reyes, Germán Arcinegas, Jorge Luis
Borges y Octavio Paz, siguen los criterios de
Bacon. Entre los colombianos de hoy, hay
varios muy buenos: Alfredo Molano, William
Ospina, Héctor Abab Facio-Lince, Antonio
Caballero y Daniel Samper Pizano, entre
otros. Se podría decir, que Ortega y Gasset
nos da la clave del buen ensayo: “El ensayo
es la ciencia, menos la prueba escrita”. A eso
queremos que lleguen nuestros estudiantes,
egresados y estudiosos de la Libre, cuando
aborden el ensayo.
1 MONTAIGNE. Ensayos. Barcelona, Iberia, 1985,
t. I, p.3.
2 SKIRIUS, John. El ensayo hispanoamericano del
siglo XX. México, Fondo de cultura Económica,
2006, p. 10.