Contenido Revista Judicial Edicion 2 - Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Palacio de Justicia, Bogotá.
Despachos Judiciales. Mompós.
Edición 2 Bogotá, D.C., Colombia Noviembre de 2006
Palacio de Justicia, Cúcuta.
Tribunales Salitre, Bogotá
Centro Cívico Rodrigo Lara Bonilla,
Barranquilla
Despachos Judiciales, Granada.
Palacio de Justicia, Tunja.
Despachos judiciales, Rionegro.
Nueva arquitectura
judicial
Casación laboral

Fachada restaurada del Edifi cio Calamari, Cartagena.

Editorial
Dramática Situación
Resulta altamente preocupante que
las medidas de austeridad del gasto
público o de techo fi scal incidan
de manera tan directa y desfavorable en el
desarrollo de la Rama Judicial que, salvo el
esfuerzo realizado el año anterior por el Gobierno
Nacional, ha venido siendo relegada
en materia de gasto público, hasta el punto
que hoy a duras penas alcanza a cubrir sus
necesidades más apremiantes. Se olvida con
ello que, aun priorizando las demás necesidades
que el país requiere, la sociedad no
puede prescindir del servicio esencial de justicia,
sobre el cual se edifi ca el concepto de
Estado Social de Derecho.
El presupuesto de la Rama Judicial en el período
1994-2006 ha venido reduciéndose
gradualmente tanto en términos porcentuales
como reales, pasando de ser el 1.88%
(1994) del PGN al 1.34% (2006), mientras
que en ese mismo lapso el PGN ha aumentado
sostenidamente. Al mismo tiempo los
estándares internacionales (no propiamente
de las naciones que pertenecen al mundo
desarrollado) indican que la participación
promedio del presupuesto de la Rama Judicial
en el PGN en los diferentes países oscila
entre el 2 y el 6%.
Para la vigencia fi scal del año 2006, la Rama
Judicial solicitó una asignación presupuestal
por valor de 1,19 billones para funcionamiento
y de 0,18 billones para inversión, para un
total de 1,378 billones, que comportaba la
atención básica de la justicia. Sin embargo, el
presupuesto asignado fue sólo de 1.07 billones
para funcionamiento y de 0.08 billones
para inversión, para un total de 1.16 billones.
Es decir, a pesar del esfuerzo del Gobierno
Nacional, el défi cit acumulado sólo en este
año (2006) ascendió a 0.03 billones, incluyendo
funcionamiento e inversión.
“ El incremento de los
recursos asignados para
atender la prestación de la
función pública de justicia
tendrá, como contraparti-
da, la eliminación de las
onerosas condenas
internacionales por mora
judicial y, por lo tanto,
redundará en un
signifi cativo ahorro dentro
del presupuesto de gastos
generales” .
JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO
Tal situación nos impone a las claras adoptar
una estrategia integral que incluya reformas
a los procedimientos para hacerlos
más expeditos y menos formalistas; extender
la oralidad en todos los procesos y descongestionar
totalmente la justicia, por un
lado; pero reformas estructurales al monto y
la forma como el Estado defi ne y maneja el
presupuesto de la Rama Judicial. Cualquiera
de los componentes de la estrategia ejecutado
singularmente, esto es, sin el concurso
y complemento del otro, sugiere situaciones
de alto riesgo.
Lo cierto es que la precariedad de los recursos
con que cuenta el Poder Judicial hace imposible
desarrollar programas de descongestión
sólidos, como el de “Justicia al Día” acordado
con el Ministerio del Interior y de Justicia, y
apenas alcanza para atender con prioridad
algunos problemas endémicos identifi cados,
sin que – por lo mismo – se esté en capacidad
de afrontar la situación puntual de congestión
de forma realmente efi ciente.
El diseño y puesta en ejecución de un programa
especial de descongestión que pretende
resolver con prontitud los procesos
administrativos ya identifi cados que cursan
simultáneamente ante los Tribunales Internacionales,
no tendría recursos para ser
atendidos con el actual presupuesto, así
como tampoco contempla la continuidad
del programa de presencia institucional del
Estado en zonas recuperadas por problemas
de orden público, con la creación, hasta la
Noviembre 2006 Revista Judicial 3

Constitucional Editorial
JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO
Magistrado Sala Administrativa
“ Es relevante, de primer
orden, concienciar
al Gobierno Nacional
sobre la importancia
de reconocer un
presupuesto acorde
con las necesidades
de la Rama Judicial” .
hora presente de once Juzgados. Igualmente
sacrifi ca la ejecución de las nuevas
responsabilidades asignadas a las distintas
Jurisdicciones, como la oralidad en materia
penal y Justicia y Paz, al tiempo que no prevé
recursos para la extensión e implementación
de la oralidad en materia laboral,
ni para la implementación de la Ley de la
Infancia y la Adolescencia, recientemente
aprobada por el Congreso de la República,
que requiere la creación de 175 juzgados
penales de menores, con un costo aproximado
de $48.333’150.600 y una Sala de
asuntos para Adolescentes, en cada Tribunal
Superior de Distrito Judicial, calculados
en la suma de $36.651’099.000.
4 Revista Judicial Noviembre 2006
Esta situación se vuelve aun más dramática,
para la administración de justicia, porque
las restricciones afectan directamente los
principios de calidad, efi ciencia y prontitud,
y – por lo mismo – deslegitima al Estado,
a pesar del enorme y comprobado esfuerzo
de quienes integran la Rama Judicial y sus
reconocidas calidades, permitiendo cuantiosas
condenas de las Cortes Internacionales
contra Colombia, las cuales a la postre resultan
más onerosas que el esfuerzo que ahora
se demanda. El aumento del gasto público
en Justicia es, sin duda, una inversión si se
analiza este solo aspecto.
Pero, además, sobre dicha circunstancia es
imperativo hoy prender las alarmas: el Estado
colombiano es partícipe activo del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y,
en correspondencia, desde hace veinte años
aceptó la competencia contenciosa de Tribunales
Internacionales, para evaluar el respeto
por parte del mismo Estado de los DD.HH.
Con todo, como es sabido, esa jurisdicción
sólo opera de manera subsidiaria y no tiene
vocación de desplazar las vías judiciales
de nuestro ordenamiento, ni de sustituir o
reemplazar a los jueces y tribunales internos.
Sin embargo, hoy estamos ante el inminente
riesgo de que esa situación ocurra,
bajo el serio planteamiento establecido en
pronunciamientos de los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos,
según los cuales se pone de presente que en
Colombia esas vías no son efi caces (porque,
por ejemplo, no conducen a que se conozca
la verdad, ni a la identifi cación y castigo de
los autores materiales e intelectuales, ni al
resarcimiento integral de las víctimas y sus
familiares), ni tales mecanismos se resuelven
en plazos razonables, como ocurrió con la
condena por US$8.000 millones en el caso
de la masacre de Mapiripán y podría suceder
con la Rochela, o con el conocido caso
“Giaccomo Turra”, entre otros. Esto podría
convertirse en una renuncia de carácter permanente
de la soberanía judicial.
Lo anterior, con la agravante de que en los
Tribunales Internacionales las condenas al
Estado colombiano se imponen en cifras
elevadas, de acuerdo con parámetros preestablecidos
que (en contraste con lo que
podría signifi car un ajuste razonable del
presupuesto de la rama judicial) sí tienen la
posibilidad real de afectar gravemente las
fi nanzas públicas.
En virtud de lo anterior, es relevante, de primer
orden, concienciar al Gobierno Nacional
sobre la importancia de reconocer un presupuesto
acorde con las necesidades de la Rama
Judicial. Las condenas internaciones al Estado
Colombiano, impuestas como consecuencia
de la mora judicial, se podrían evitar con el
hecho de destinar esos mismos recursos en el
fortalecimiento de la dispensa de justicia.
La austeridad en justicia tiene como inevitable
consecuencia la deslegitimación del Estado
como proveedor de la misma. De igual
manera, es menester indicar que el incremento
de los recursos asignados para atender la
prestación de la función pública de justicia
tendrá, como contrapartida, la eliminación
de las onerosas condenas internacionales por
mora judicial y, por lo tanto, redundará en un
signifi cativo ahorro dentro del presupuesto
de gastos generales. Esa debiera ser toda una
política de Estado para garantizar una justicia
efectiva, efi caz y efi ciente, acorde con los
estándares internacionales, que nos legitime
como garantes de los derechos humanos
ante el concierto de las demás naciones civilizadas
del mundo .

Comite Editorial
Sala Administrativa
Presidente Francisco Escobar Henríquez
Vicepresidente Jesael Giraldo Castaño
Magistrados Carlos Enrique Marín Vélez
José Alfredo Escobar Araújo
Lucía Arbeláez de Tobón
Hernando Torres Corredor
Comité Técnico
Presidente Sala Administrativa
Francisco Escobar Henríquez
Magistrado Coordinador
José Alfredo Escobar Araújo
Director Cendoj
Jaime Zárate Saab
Jefe de Comunicaciones
Reinel Beleño Quiroz
Consejo de Redacción
Director de Publicaciones Cendoj
Óscar Osorio Isaza
Periodista
Jainne Esmeralda Rozo Guerrero
Caricaturista
José Manuel Sarralde
Correctora de Estilo
Lucero Sánchez Reyes
Fotografía
Ofi cina de Comunicaciones
Consejo Superior de la Judicatura
Diseño e Impresión
Imprenta Nacional de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia
Conmutador 5658500
www.ramajudicial.gov.co
Las afi rmaciones y opiniones expresadas en los
artículos fi rmados son de exclusiva responsabilidad
de sus autores y no comprometen el pensamiento del
Consejo Superior de la Judicatura.
En esta edición
Editorial 3
Análisis
Casación laboral: una técnica para construir dignidad humana 6
Informe especial
Jornada de trabajo judicial 14
Consulta
Biblioteca Enrique Low Murtra 21
Avances
Pueblos indígenas: protección de derechos 24
Penal
Audiencias públicas 27
Justicia
El nudo gordiano entre justicia y paz 28
Al día
Consejo de Estado Relatoría 34
Portada
Nueva Arquitectura Judicial 36
Capacitación
Esquema de aprendizaje 40
Salud
Salud ocupacional 44
Carrera Judicial
Profesionalización de los empleados 46
Opinión
La voz de Cervantes al oído de los jueces de marmol 50
Encuentro
Jurisdicción de menores: Proceso de integración 52
Regional
Clínica del afecto: Córdoba, un ejemplo de convivencia pacífi ca 54
Humor 57
Breves 59
Noviembre 2006 Revista Judicial 5

Análisis
Casación laboral:
Una técnica para construir
dignidad humana
La casación no surge como una entronización de un simple recurso o de una
formalidad sin sentido, sino como una necesidad jurídica de velar por la
unidad en la interpretación de la ley sustancial.
ISAURA VARGAS DÍAZ
Magistrada Sala Laboral
Corte Suprema de Justicia
“ Importa resaltar parte
de esa evidencia que
recupera y refuerza la
razón de ser de la casación
como instrumento
generador de habitabilidad
humana y convivencia
social con justicia y no,
simplemente como un fi n
en sí misma ” .
6 Revista Judicial Noviembre 2006
En este momento, cuando hemos escuchado
disertaciones tan brillantes y
enriquecedoras, y ad portas de clausurar
la conmemoración de los 50 años de la
Sala de Casación Laboral de la C.S.J., les invito
a que hagamos un alto en el camino, refl exionemos
y obtengamos un balance sobre si la
“técnica de casación ha sido fructífera o no en
torno a construir dignidad humana”.
Después del recorrido conceptual que hemos
realizado en estas sesiones académicas
por el mundo de la casación del trabajo, la
respuesta afi rmativa a esta inquietud surge
incontrastable de la evidencia de los análisis
fundamentales en la riqueza de los aportes
a la vida humana en lo laboral que, a propósito
de la casación, ha realizado la jurisprudencia
en esta rama de la ciencia jurídica.
Por tal motivo importa resaltar parte de esa
evidencia que recupera y refuerza la razón
de ser de la casación como instrumento generador
de habitabilidad humana y convivencia
social con justicia y, no, simplemente
como un fi n en sí misma.
Para ello, considero indispensable abordar
brevemente la respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Históricamente para qué se creó la casación?
¿Cómo se percibe esta institución y su
técnica frente al discurrir de la vida humana
en el campo laboral? ¿Constituye
la casación un ejercicio de lógica formal a
espaldas de la vida cotidiana del trabajo?
¿Qué ha hecho la casación para dignifi -
car al hombre?
1. En cuanto a la primera inquietud: Sin perjuicio
de los múltiples estudios que se han
elaborado al respecto por ilustres tratadistas
como Chiovenda, Carnelutti y otros, la
razón de ser de la casación está vinculada
con la creación de derecho a partir de la interpretación
de la ley sustancial en el caso
concreto por parte de la jurisprudencia.
De las múltiples referencias a esta causa
esencial me remito a citar, por razones de
tiempo, la expresada por Piero Calamandrei,
que resume lo que en diferentes estudios y
tratados se reitera:
La casación constituye ”un instituto judicial,
consistente en un órgano único en el Estado
(Corte de Casación) que, a fi n de mantener la
exactitud y la uniformidad de la interpretación
jurisprudencial dada por los Tribunales al Derecho
Objetivo, examina, solo en cuanto a la decisión
de las cuestiones de derecho, las sentencias
de los jueces inferiores cuando las mismas
son impugnadas por los interesados mediante
un remedio judicial (Recurso de Casación)”…
En suma, la casación no surge como una
entronización de un simple recurso o de
una formalidad sin sentido, sino como una
necesidad jurídica de velar por la unidad en
la interpretación de la ley sustancial, a fi n
de orientarla adecuadamente a la construcción
del derecho en la vida cotidiana, a través
de una mejor decisión judicial.
La Corte Suprema de Jus
los recursos de casación;

Justicia es el máximo tribunal de la Jurisdicción ordinaria y está encargado de tramitar
ión; en la foto Palacio de Justicia, Bogotá.
De esta manera, se entiende por qué nuestra
Constitución Política, como la de la mayoría
de países, consagra la Corte Suprema de
Justicia como máximo Tribunal de la Jurisdicción
Ordinaria (Art. 234) y establece como
la primera de sus atribuciones la de actuar
como Tribunal de Casación (Art. 235).
También explica que desde los albores del
desarrollo de la casación laboral, se afi rmara
que, acorde con los preceptos legales y
la doctrina ”… el recurso de casación es
un medio extraordinario de impugnación
de las sentencias, sometido en su formulación
a una técnica especial, sin cuya observancia
no resulta estimable …” , tendiente
a lograr su objetivo principal y sustancial,
que no podría ser otro que el de obtener
el reinado constante de la ley y de su espíritu,
donde su actuación plasma en toda
la extensión como derrotero la unidad y
rectitud de sus aplicaciones, o sea, unifi car
la jurisprudencia nacional del trabajo (G.J.
LXXXVII nums. 2192 a 2193, de febrero
20 de 1958).
Hoy no escapa al mundo jurídico que la
casación sigue velando por que la ley se
cumpla dentro del marco de la Constitución
Política, y por que la supremacía de principios,
valores y derechos subjetivos que esta
consagra, tomen vida o lo que es lo mismo
se materialicen en cada decisión judicial.
Desde esta perspectiva, la presencia de la
casación en el universo del Derecho y concretamente,
en la realidad del trabajo del
hombre, constituye un instrumento de ran-
go constitucional para hacer efectiva la justicia,
en el que la técnica es el vehículo para
garantizar la igualdad de los ciudadanos y
orientar a los jueces en su espléndido trabajo
de armonizar los contenidos axiológicos
del derecho con las situaciones concretas y
específi cas de la cotidianeidad laboral.
Hablar de dignidad humana es hablar del reconocimiento
del ser humano y del respeto
que merece como un fi n en sí mismo y no
como una mercancía que pueda ser instrumentalizable.
Es por eso que esa formulación teórica requiere
mecanismos concretos que permitan
que esa aspiración fundante del Estado Social
de Derecho, consagrada en el Art. 1º de
la Constitución Política, tenga caminos específi
cos que permitan hacerla efectiva.
De lo refl exionado a propósito de este primer
interrogante, se recupera la razón de ser de
la casación con sus requisitos habilitantes, y
la función de la Corte Suprema de Justicia
como Tribunal de Casación, como instituciones
jurídicas que al evitar soluciones notoriamente
injustas permiten recuperar para la
interpretación judicial el respeto, y la ayuda
al ser humano como fi n en sí mismo.
2. En cuanto al segundo de los interrogantes
planteados:
El pensamiento de la Corte en 1958, rememorado
anteriormente, me conduce a
ocuparme del segundo interrogante, al que
ya hice referencia y atañe con la percepción
del mundo jurídico y del usuario en general
en torno al concepto de la “técnica de casación”.
Para ello, es oportuno hacer referencia al signifi
cado etimológico de la palabra “técnica”,
que proviene del latín “technicus”, y este a
su vez del griego “techne”. El Diccionario de
la Real Academia de la Lengua cataloga la
técnica como “Perteneciente o relativo a las
ciencias y las artes”.
Es decir, la técnica en su signifi cación semántica
literal se asocia a un conjunto de
procedimientos para lograr unos objetivos o
propósitos. En el arte se hace referencia a la
“técnica de pintura al óleo”, en la docencia
a “técnica de aprendizaje” y en la ciencia,
en sentido moderno, a la tecnología, entendida
esta como la acción orientada científi
camente, con reglas y datos relevantes,
enderezada a la satisfacción de necesidades
humanas.
José Ortega y Gasset, en su obra “Meditación
sobre la técnica y otros ensayos”, anota
que “… un hombre sin técnica, es decir, sin
reacción contra el medio, no es un hombre”
y luego dice “… el hombre es hombre porque
para él existir signifi ca desde luego y
siempre bienestar”, para terminar afi rmando:
“el hombre, técnica y bienestar son, en
última instancia, sinónimos”…
Recapitulando: de lo anterior se sigue que la
técnica se caracteriza por ser acción racional
que deriva en reglas útiles para alcanzar fi -
nes efi caces, justifi cándose en la medida en
Noviembre 2006 Revista Judicial 7

Análisis
“ Hablar de dignidad
humana es hablar del
reconocimiento del ser
humano y del respeto que
merece como un fi n en sí
mismo y no como
una mercancía que pueda
ser instrumentalizable ” .
8 Revista Judicial Noviembre 2006
que proporcionan al hombre bienestar con ese esfuerzo. En
otros términos, se trata de un esfuerzo racional para obtener
lo razonable en términos de calidad de buen vivir o,
dicho de otra manera, en términos de calidad de vida.
Ahora bien, desde el punto de vista de la técnica jurídica,
cabría preguntarnos si ella constituye una fría regulación de
prerrequisitos o reglas tendientes a un propósito a espaldas
de la vida, esto es, como un festival de malabarismos formales
sin corazón, sin razonabilidad y sin humanidad, o por
el contrario, es un conjunto de procedimientos sustentados
en la lógica que envuelven una metodología necesaria para
abordar con objetividad la construcción del derecho, cuando
este se ve amenazado en su esencia normativa, permitiendo
que la fría letra de la ley se convierta en precepto de vida, –y
allí radica para mí su verdadera misión social.
Lo afi rmo porque conforme se necesitan particulares reglas
y conocimientos para la solución de un confl icto colectivo de
trabajo, para la elaboración de un reglamento interno de trabajo
o la emisión de un concepto de invalidez, acá igualmente
se requiere un procedimiento de especial naturaleza que es
construido por el legislador y que se conoce como técnica de
casación; la cual cada vez que el interesado la utiliza y la Corte
Suprema de Justicia como Tribunal de Casación la aplica, se
convierte en un instrumento para construir justicia efectiva.
Por tanto, el sujeto que considera que ha sufrido agravio
con la decisión de instancia debe edifi car un juicio coherente
con argumentación lógica en la demanda, cuya fi nalidad
esté encaminada a crear las condiciones de objetividad científi
ca, que permitan evaluar con racionalidad sufi ciente la
razonabilidad de las decisiones judiciales, en su misión de
aplicar la ley sustancial a la vida en concreto y, particularmente,
en materia laboral, para que sea posible hacer valer
el trabajo del ser humano como principio fundante del Estado
Social de Derecho.
Se entiende entonces por qué tiene que plantearse
así: una proposición jurídica que corresponde al
enunciado de los preceptos sustantivos que el ciudadano
considera quebrantados; un petitum –que
indica cuál es el alcance de la impugnación–; y una
“causa petendi” que demuestre la infracción del
derecho objetivo por parte de la sentencia impugnada;
demostración esta en la que debe aparecer
una necesaria actividad lógico-jurídica que permita
a la parte interesada acreditar con argumentos en
derecho o de censura probatoria el quebranto de
las normas que estima violadas.
Así es como puede afi rmarse que dicha técnica
no es un asunto de formalidad vacía; que
no es el imperio del rigor a espaldas de la vida,
sino la aplicación científi ca de una institución
jurídica para hacer brillar el sentido profundo
de la ley, que no puede ser otro que permitirle
al hombre desarrollar su naturaleza de fi n en
sí mismo y de no ser instrumentalizado o manipulado
porque se pierde en tales circunstancias
la razón de ser de esta que no puede ser
otra que “la búsqueda de la justicia”.
Desde luego que se afecta la dignidad humana
cuando se olvida el sentido instrumental
de la técnica y se la convierte en un fi n en sí
misma. Cuando se convierte en un juego de
formas en las que los ciudadanos o los Jueces
pierden de vista su propia naturaleza humana
y con ello, terminan olvidando, que la razón
del derecho es la propia imperfección.
Pero en tal eventualidad, no es culpa de la
institución jurídica sino de la manera de
asumirla lo cual no solo puede ocurrir en el
mundo de la casación, sino también en otros
universos procesales, incluidos entre estos los
igualmente valiosos pero, a veces, mal utilizados
procedimientos constitucionales. Por lo
mismo, la técnica está siempre abierta y debe
estarlo a su depuración, a su evaluación, a su
ponderación y a su actualización.
Una hojeada a los 50 años de vida de la casación
laboral refl eja esta realidad, pues se
observa un decantamiento en la técnica propugnando
porque no se desnaturalicen sus
objetivos y funciones. Paulatinamente dentro
de ese espíritu se han hecho menos rígidas
tales previsiones para atender la prevalencia
del derecho sustancial y con ello lograr reparar
las injusticias y en buena medida obtener
la unifi cación de la jurisprudencia nacional,
sin que ello signifi que que la casación ha
perdido su horizonte metodológico o que se
haya convertido en una instancia más.
Por vía de ejemplo destaco de manera sumaria
y puntual algunos de estos esfuerzos
por su decantación:

En cuanto a la proposición jurídica,
en sus inicios la Corte asentó:
”En el cargo se expresó que
‘el tribunal seccional violó los arts
199 y siguientes y concordantes
del C.S.T.’ por los motivos que allí
se determinaron; sobre esta forma
irregular, la jurisprudencia ha
sostenido que no es admisible en
casación citar el precepto de una
ley como infringido y sus concordantes,
sino que es indispensable
concretar el texto de cada norma
que se considere violada para que el
cargo sea estimable”. (Casación ,15 de noviembre de 1958,
G.J.LXXXIX, nums. 2203 a 2205).
Hoy, con la morigeración introducida en el artículo 51 del
Decreto 2651 de 1991, no se necesita la “proposición jurídica
completa”, sino basta “señalar al menos una norma que hubiese
sido la base esencial del fallo” que permita a la Corporación
su labor interpretativa en la confrontación de lo regulado en el
precepto que consagra el derecho sustancial y lo dicho por el
Tribunal; sobre este tópico son infi nidades los pronunciamientos
reiterativos.
En lo que concierne con el alcance de la impugnación,
conocido como el petitum de la demanda, por su trascendencia
en la defi nición de las controversias se ha reclamado
claridad y precisión de lo que se pretende. Fue así como
hace 50 años la Corte expresó al respecto ”El escrito del
impugnador no determina el alcance de su acusación, esto
es, si persigue el quebrantamiento total del fallo recurrido,
o su casación parcial y, en este caso, cuál o cuáles de los
ordenamientos del ad quem son violatorios de la ley y en
qué forma deben reemplazarse. Este requisito del libelo de
casación constituye el petitum de la demanda extraordinaria
y su omisión hace inestimable el recurso,“. (Casación, de
octubre 22 de 1956. G.J. LXXXIII, nums. 2171 a 2173).
Con el transcurrir del tiempo y dada la necesidad, en lo posible,
de abordar el estudio de fondo del recurso extraordinario,
ha entendido la Sala que la exigencia en comento no
se cumple bajo el ritual de fórmulas sacramentales y que se
acomete la tarea propia del recurso extraordinario siempre
y cuando sea entendible la aspiración del impugnante. Así
se ha expresado: ”A pesar de la defi ciencia del alcance de la
impugnación por cuanto el recurrente no le dice a la Corte
qué debe hacer con la sentencia de primer grado una vez
“ No queda duda que la
casación y su técnica tienen
vida con entidad propia, que
esta Institución Jurídica,
manteniendo la imperfección
propia de las instituciones
humanas, ha sido dúctil a las
circunstancias y a los nuevos
signos de los tiempos ” .
casada la del Tribunal, lo cierto es
que ello es entendible en la manera
en que se pide absolución
de la demandada, pues tal petición
solo operaría en la medida
en que revocara la condenatoria
del a quo”.(Casación No.
20975, de 12 de diciembre de
2003). En igual sentido se han
formulado otros innumerables
pronunciamientos.
Así las cosas, no queda duda
que la casación y su técnica tienen
vida con entidad propia, que esta Institución Jurídica,
manteniendo la imperfección propia de las instituciones
humanas, ha sido dúctil a las circunstancias y a los nuevos
signos de los tiempos y conserva intactos sus objetivos y
fi nalidades, eminentemente vinculados con la justicia en el
caso concreto. Como lo aceptara la propia Corte Constitucional
en su Sentencia C-215/94: “no puede entenderse
que la casación se haya convertido en una tercera instancia,
ni que se eliminaron los requisitos de forma propios de la
demanda de casación”.
Se afi rma lo anterior, porque la técnica se creó para facilitar
el acceso correctivo a la violación del derecho sustancial y no
como un pretexto o talanquera que impida llegar al mecanismo
idóneo para solucionar la injusticia que puedan producir
los fallos del Tribunal y, por ende, su fi nalidad que lo justifi ca es
“la justicia en la solución de confl ictos que atañen a la dignidad
del hombre”.
Por esta razón, puede afi rmarse que desde el universo de
la casación y su técnica, la jurisprudencia se ha encargado
de construir altura humana mediante pronunciamientos
que llevan implícita la protección de derechos esenciales
inherentes al ser humano, puesto que, al decidir el recurso
extraordinario y con él avalar o anular las decisiones de
instancia, allí, implícitamente, se cristalizan los derechos
de defensa, del debido proceso y la protección al trabajo
y se formulan criterios orientadores importantes para
guiar la aplicación de los derechos subjetivos mediante
una razonable interpretación del derecho objetivo.
Por lo discurrido, no es dable aceptar la confusión de la razón
de ser de la institución “técnica de la casación laboral”,
por parte de algunos, con la importancia de los métodos ló-
Noviembre 2006 Revista Judicial 9

Análisis
10 Revista Judicial Noviembre 2006
gicos para la construcción de la ciencia jurídica; pues estos,
como puede observarse históricamente, en el caso puntual
de la casación, constituyen garantía de la igualdad en el criterio
de análisis y evaluación para la solución de confl ictos,
previniendo el riesgo de la injusticia que pudiere derivarse
de una peligrosa subjetividad, de la disparidad de interpretaciones
sin control, de las posiciones coyunturales que, en
ocasiones, terminan afectando por confusión la dignidad
humana que se pretende proteger.
Por el contrario, el abrumador aporte orientador de la jurisprudencia
laboral a partir de la casación, en ese caminar de
50 años, pone en evidencia un trabajo de construcción de
criterio altamente benéfi co para la comunidad en pro del
trabajo como riqueza del ser humano.
3. Continuando nuestras refl exiones, la respuesta a la última
inquietud –¿qué ha hecho la técnica de casación para dignifi
car el hombre?–, ya ha sido puesta en evidencia.
“ El abrumador aporte
orientador de la
jurisprudencia laboral a
partir de la casación, en ese
caminar de 50 años, pone
en evidencia un trabajo de
construcción de criterio
altamente benéfi co para la
comunidad en pro del
trabajo como riqueza
del ser humano ” .
Quienes me han antecedido
brillantemente en el
uso de la palabra tocaron
temas de vital trascendencia
en el mundo jurídico
laboral y ello me releva
de ser más explícita en
estas ilustraciones, pues
con sus exposiciones han
instruido acerca del indudable
aporte de la técnica
de casación como medio
para dignifi car al hombre
en el trabajo.
No obstante, para abundar
en ilustración y, recogiendo
a modo de simples
referencias que, intencionalmente he tomado en su gran mayoría
de años anteriores a 1991 a modo de consideración
contrastante con aquellos que afi rman que sólo se empezó a
generar derecho del trabajo desde la Constitución de dicho
año y, desde luego, solicitando la comprensión de ustedes,
por la sumaria recopilación que tiene su causa en los alcances
limitados de esta exposición, presento a continuación algunos
ejemplos ilustrativos del profuso pensamiento plasmado por
quienes desde los albores del Derecho del Trabajo, cuando en
el país se daban profundos cambios de diferente índole, animados
por el amor a esta especialidad del derecho que nos
convoca a los acá presentes, sentaron pilares jurisprudenciales
a la par de la dinámica propia de la realidad nacional.
La función creadora del juez tiene consagración positiva
desde el Art. 8º de la Ley 153 de 1887, que constituyó soporte
de riquísima jurisprudencia, en temas como el abuso del
derecho y el enriquecimiento sin causa; a su turno el Art.19
del C.S.T. de manera específi ca en materia laboral regula la
aplicación supletoria cuando no haya norma exactamente
aplicable al caso controvertido disponiendo de qué manera
debe proceder su solución, y el Art. 18 ibídem, de manera
contundente señala que la interpretación del Estatuto Sustantivo
del Trabajo debe hacerse tomando en cuenta la fi nalidad
u objeto del mismo, esto es, “la de lograr la justicia en las
relaciones que surjan entre patronos y trabajadores, dentro
de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”,
marco normativo que ha sido constante referente del enorme
abanico de obligaciones que surgen para las partes del contrato
de trabajo y de la seguridad social, objeto de interpretaciones
jurisprudenciales por la C.S.J., sopesando siempre que
ellas giran en torno a su eje y motivo que es el hombre.
Los temas jurisprudenciales objeto de recuento –como cosecha
del pensamiento de la Sala de Casación Laboral–, lo
abordaré principalmente desde el ángulo de las obligaciones;
precisando que la génesis del contrato de trabajo es
el negocio jurídico mediante el cual se produce libremente
un acuerdo de voluntades para prestar un servicio personal
y recibir a cambio un salario, constituyéndose como tal en
fuente de las obligaciones, las que emanan de poner en
actividad aquello que el acuerdo de voluntades ha fi jado en
potencia, al entrar en la dinámica de la relación jurídica. Es
así como siendo el de trabajo –“un contrato consensual’’ dice
Cabanellas– “es evidente que la relación jurídica se iniciará
tan pronto como el concierto de voluntades se produzca por
la manifestación del consentimiento”.
Surge de allí, entonces, en ese discurrir cotidiano, toda clase
de obligaciones anexas o consecutivas de las atrás citadas,
tales como las circunstancias y variables de lo convenido,
que es obligación dentro del contexto social del trabajo, la
asistencia al trabajador en la salud, los riesgos profesionales,
la seguridad industrial, etc.; las cuales constituyen en el
fondo la realización de garantías en pro del ser humano en
las diferentes facetas de su dignidad, tales como la ética, el
respeto a la altura humana, los topes de razonabilidad en la
subordinación y las reglas del entendimiento humano sobre
el incumplimiento.

Sala de audiencia, Cartagena.
Permítanme, como lo expresé anteriormente,
recordar con tan selecto auditorio, a vía
de ejemplo complementario, una breve reseña
que, con los alcances y criterios antes
explicados he desentrañado de la enorme
labor de la Sala de Casación Laboral, así:
A. Ius Variandi
Es una realidad que nadie pone en duda, la
constante presencia de las varias contingencias
que rodean la marcha de una empresa
tanto en el siglo pasado como en este, las
cuales para afrontar su existencia como tal y
mantener el empleo le exigen al empleador
desplegar movimientos locativos, económicos,
reordenamientos de personal y otros.
Para ello, en la mayoría de las veces se requiere
afectar a quienes despliegan la actividad
laboral, y es allí donde entra en juego el
campo viviente de las obligaciones de las partes
y surgen los interrogantes acerca de lo qué
está permitido para el empleador y de a qué
está obligado el trabajador; todo, dentro del
respeto de los intereses de quien brinda empleo
y a la vez del servidor como ser humano.
La Corporación al tocar el tema de la
facultad del empleador respecto de la
movilidad geográfi ca de sus servidores,
reiteradamente ha sentado la diferencia
entre los componentes materiales de la
empresa y lo que signifi ca la dignidad del
hombre, al adoctrinar de antaño que “la
movilidad del personal no es una facultad
del empleador, unilateral y omnímo-
da, puesto que no se puede disponer del
trabajador como si fuese una máquina o
una mercancía, ya que él ‘echa, como las
plantas, sus propias raíces’”. (Casación
No. 1839, de noviembre 9 de 1989).
Igualmente como el salario se torna
en la mayoría de los casos en vital para
la supervivencia en condiciones dignas,
ante la conducta del empleador de disminuir
el salario –la rechazó–, al asentar
hace más de 25 años el siguiente criterio:
“Pero el ius variandi no puede considerarse
como una facultad del patrono que
pueda ejercitarse unilateralmente para
alterar, modifi car o extinguir conforme
a su propio capricho, las obligaciones
que personalmente haya contraído en
el contrato individual, en la ley, en los reglamentos
o en la contratación colectiva.
(…) Por eso en el caso concreto que es
materia de decisión, el banco no podía
invocar el ius variandi para disminuir o
rebajar el salario de Buitrago a cuyo favor
los pagos periódicos y habituales de un
subsidio de almuerzo,(…)” (Casación No.
6199, 11 de diciembre de 1980).
No sobra precisar que, de manera constante
y de vieja data igualmente ha protegido el
salario cuando se ha pretendido desconocerle
su calidad, so pretexto de dispensarle
nombres distractores como “premios”, “bonifi
caciones” , “incentivos” y otros (Radicaciones
26077, julio 2006, 20914 noviembre
2003, 19475 de 2003.
Finalmente, en cuanto al entendimiento
de la obligación del trabajador de obrar
con lealtad y obediencia ha entendido
la Sala que el marco de esa subordinación
debe ser entendida “como expresión
de una dependencia jurídico-procesal,
no exige que el trabajador esté
siempre y en todo de acuerdo con sus
superiores. Estos se pueden equivocar,
como humanos que son, y es deber del
inferior llamar la atención en tales casos.
La dignidad del trabajador le impide
alquilar su conciencia y renunciar a
su personalidad propia”. (Casación de
septiembre 21 de 1982).
B. Obligaciones de las partes
Ahora bien, al tener como norte que el trato,
condiciones de trabajo y dinámica del mismo
se desenvuelven frente a un ser humano que
merece ser respetado en su naturaleza, resulta
de especial importancia discurrir por el
pensamiento de la Sala respecto al tema obligacional,
en consideración a la “razonabilidad”,
en contraste con “el abuso o maltrato”.
Ello implica abordar variadas facetas como la
buena fe, el entendimiento de la consagración
legal al expresar como obligación “todas
las cosas” que emanen del vínculo laboral, y
cómo se conjugan las obligaciones del artículo
56 que dejan en cabeza del empleador
las de “protección y seguridad”; y a su turno
para el trabajador, las de ”obediencia y
fi delidad”. En tan variado tema, me limitaré a
enunciar algunos apartes de pronunciamientos
de honda repercusión, así:
Al respecto llaman la atención los siguientes
supuestos fácticos: Una trabajadora
con más de 11 años de servicio
y sin antecedentes fue despedida aduciendo
justa causa –consistente en haber
intentado agredir a una compañera
con arma blanca, encontrándose bajo
efectos de enajenación mental–; sobre
ellos razonó la Corte, de la siguiente
manera: ”La ley no es un acopio de textos
rígidos, fríos e inertes que aplica un
Noviembre 2006 Revista Judicial 11

Análisis
juez hierático sumido en la abstracción.
Es, al contrario, una fuente dinámica
siempre antigua y siempre nueva, de
progreso social y de cultura, de equidad
y armonía que, a través de su recto
y equilibrado entendimiento, promueve
la solidaridad entre los hombres,
mediante el recíproco de su dignidad
y sus derechos (…) El demandante es
un inválido que merece protección y
no castigo. Sus actos pueden ser objetivamente
iguales a los del lúcido, pero
su intencionalidad real no existe”. (…)
En tales circunstancias, aquel acto de
la señora Córdoba no puede califi carse
como justo motivo para despedirla”.
(Casación de 5 de agosto de 1980).
Como quiera que el juego recíproco
del actuar de las partes en el contrato
de trabajo ha de estar precedida por
la buena fe, la Sala Laboral desde sus
inicios se ocupó de su defi nición y trato
judicial, cuando expresó: “La noción
de buena fe está opuesta a la falta de
sinceridad y a la malicia. El criterio del
fallador, en su fuero interno es la única
pauta existente para hacer la distinción
en un caso concreto. La buena fe,
por regla general se presume, y solo
puede desvirtuarse mediante pruebas
fehacientes. De allí que el sentenciador
deba fundamentar siempre la mala
fe en hechos que estén perfectamente
esclarecidos dentro del proceso,
capaces de infundir en su ánimo ese
concepto”.(Casación, septiembre 29
de 1959.G.J.XCI, nums. 2215-2216),
criterio que se ha mantenido vigente.
La ausencia de buena fe por no obrar
de manera transparente y afectar el respeto
debido al trabajador, fue fi jada desde
el universo de la casación hace más de
50 años, cuando el empleador abusivamente
elaboró el documento contentivo
del período de prueba el 27 de febrero
de 1954, un día después de acaecido el
despido, al señalar “…dicho actuar aten-
12 Revista Judicial Noviembre 2006
ta contra la transparencia en las reglas
que se supone conocen ambas partes
para la ejecución del contrato y quedaría
de aceptarse facultado el empleador al
indefi nido para variar las condiciones del
contrato en perjuicio del equilibrio social
y justicia que inspiran las leyes laborales”.
(Casación del 22 de octubre de 1956.
G.J. LXXXIII, núms. 2171 a 2173).
Con ocasión de dirimir un confl icto
originado por la revelación de secretos
por el trabajador, al hacer uso y trasmitir
a sus socios “las mismas estrategias
de mercado en las que fue adiestrado
durante la vinculación laboral dependiente”,
luego de hacer referencia al
deber de fi delidad tanto en las obligaciones
de hacer como de no hacer y de
evidenciar la inobservancia de singulares
obligaciones propias del cargo del
actor, ilustró sobre la reciprocidad de
buena fe y ética en el desarrollo de la
bilateralidad de relaciones, así: “De vieja
data se tiene declarado que la relación
de trabajo entraña vínculos que no
se contraen o condensan exclusivamente
a sus efectos económicos, sino que
también se extienden a los de orden
moral y ético, los cuales a su vez, imponen
el cumplimiento de las recíprocas
obligaciones de manera fi el y de forma
que de plano excluyan la posibilidad del
daño, entorpecimiento o concurrencia
desleal con la otra parte”. (Casación
No. 3416, 8 de noviembre de 1989).
En igual sentido ya había tenido la
Corte oportunidad de pronunciarse en
septiembre de 1982, radicación 8650,
cuando al ventilarse la califi cación de
un despido de quien simultáneamente
–actuó como asesor del implicado y representaba
a la empresa–.
Al haber encontrado la Sala Laboral de
la Corte que el empleador incumplía su
obligación de brindar los mínimos requisitos
de seguridad, al no suministrar a sus
trabajadores los elementos necesarios
para protegerse del intenso polvo y ante
la carencia de equipo que liberara el ambiente
contaminado, como la ausencia de
sistemas de control del ambiente y formuló
el siguiente criterio orientador: “Frente
a los planteamientos esbozados conviene
recordar que corresponde al patrono precisamente,
el cumplimiento de las obligaciones
de protección y seguridad para con
los trabajadores (art. 56 CST) y, además,
es obligación especial suya “procurar a los
trabajadores locales apropiados y elementos
adecuados de protección contra los
accidentes y enfermedades profesionales
en forma que se garanticen razonablemente
la seguridad y la salud”. (Casación
No. 2242, 21 de julio de 1988).
Lo anterior signifi ca que este propósito
siempre actual de velar por la integridad
de la condición del hombre, no es un descubrimiento
posterior a la expedición de
la Constitución de 1991 y ha sido desarrollado
con diferentes perspectivas y en
diferentes situaciones desde hace muchos
años y con un prioritario carácter inspirador
desde que se estableció la institución
jurídica de la casación.
En lo relacionado con la integridad personal
del trabajador, indispensable se torna
tocar lo inherente con la plenitud de su
vida en las diferentes facetas, ya sean intelectuales,
mentales o físicas, las cuales por
el desarrollo normal de las labores quedan
expuestas a afectaciones, que indiscutiblemente
deben tener reparaciones, cuya
magnitud y responsabilidad dependen
según las variantes de sus orígenes y de
quien quebrante las obligaciones.
Antes de la expedición de la Ley 6ª de
1945, se consideraba que los accidentes
de trabajo se trataban de “culpa aquiliana
o extracontractual” y se asumió que se
regulaba por las reglas del Código Civil,
así se plasmó en Sentencias de junio 17 y
octubre 19 de 1948.
Posteriormente, la Sala precisó que constituye
una regla fundamental para el em-

pleador no solamente el pago de los salarios
pactados con el trabajador, sino el
deber de tomar conciencia que entre la
empresa y los servidores se produce una
comunidad de vida que genera obligaciones
de “protección y de seguridad”, las
cuales deben traducirse en conductas de
garantía para una calidad de vida profesional
y social, pues de no actuar el empleador
con esa diligencia asume costos
de responsabilidad, así lo ha asentado la
Sala Laboral de la Corte, como en sucinto
recuento se ilustra.
–“Para la indemnización total ordinaria de
perjuicios por responsabilidad contractual,
se exige como se ha expresado, la existencia
de culpa comprobada por el patrono, o sea,
aquella que le corresponda, aun cuando el
patrono no haya sido el autor directo del siniestro,
o aun cuando el accidente se produzca
por el hecho de uno de sus trabajadores o
por la defi ciencia en las máquinas o elementos
de la empresa, todo por causa o con ocasión
del trabajo, culpa cuya comprobación le
corresponde al demandante”. (Casación 13
de septiembre de 1957,G.J.T.LXXXVI, núms.
2186, 2187); criterio reiterado en Casación
No. 0562, 8 de abril de 1987.
Hoy, con la especial importancia que se le
concede a la seguridad social, y frente a la
necesidad de distinguir entre las obligaciones
y reparaciones cubiertas por ella, de las
que incumben al empleador directamente
por indemnización plena de perjuicios en
desarrollo de los artículos 249 y s.s. de la
Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002, Decreto
1295 de 1994 y Código Sustantivo del Trabajo
Art. 216, ha precisado tal diferencia en
Casación No. 22656, junio 30 de 2005.
Ahora bien, de antaño y hasta hoy se
mantienen las exigencias para el reconocimiento
de los perjuicios regulados en el
artículo 216 del C.S.T., el artículo 9º del
Decreto 1295 de 1994 y demás normas
concordantes, desarrollando criterios jurisprudenciales
sobre enunciado de ele-
mentos, su contenido, carga de la prueba,
clase de culpa y diversas situaciones.
Así lo ha expresado la Corporación entre
otros pronunciamientos No. 23489, 16
de marzo de 2005, No. 23656, 10 de
marzo de 2005, No. 6137, 28 de septiembre
de 1993, No. 6143, 27 de enero
de 1994, No. 11541, No. 0562, de 8 de
abril de 1988, No. 11541, 10 de octubre
de 1985, Sentencia del 16 de febrero de
1959.
“ No sobra precisar que,
de manera constante y de
vieja data, igualmente ha
protegido el salario
cuando se ha pretendido
desconocerle su calidad,
so pretexto de dispensarle
nombres distractores
como “premios”,
“bonifi caciones”,
“incentivos” y otros” .
Consideración fi nal
Por lo dicho, el discurrir en la historia de la
jurisprudencia laboral conduce a la satisfactoria
conclusión de que el espíritu de las
decisiones de casación, a través del medio
conductor –la técnica– han estado desde
siempre impregnadas por el reconocimiento
del derecho sustancial, haciendo ver su
materialidad, con criterios que han tenido
como norte –el carácter social que entraña
el trabajo como nutriente de la dignidad y
calidad de vida del hombre–.
Refl ejo de ello, además de lo escuchado en
estos dos días como cosecha de 50 años, el
riquísimo y profundo aporte en la búsqueda
de un respeto a la dignidad del hombre en
el trabajo a través de la innumerable orientación
doctrinal expresada desde el universo
de la casación, lo cual contraría la equivocada
creencia u opinión de que esta institución
jurídica es la entronización de la
técnica a espaldas de la calidad de vida del
hombre y de que el esfuerzo por generar
una adecuada materialización de la coordinación
económica y el equilibrio social
que desarrolla la justicia como propósito
expresamente consagrado en el artículo 1º
del Código Sustantivo del Trabajo, –sólo
constituye pensamiento y quehacer judicial
a partir de la década del 90–.
Es verdad que no son los hechos ni la técnica
per se las que dan sustento a la presencia
de la casación como instrumento para
dignifi car al hombre. Es verdad también
que todo procedimiento o técnica ausente
del sentido humano se desnaturaliza. Pero
también lo es que, sin un adecuado procedimiento
y sin una técnica que oriente los
buenos propósitos axiológicos de respeto
por el hombre, la aspiración de protección
por el ejercicio de su libertad en igualdad
quedaría sumida y, de hecho, puede quedarlo
en una dispersión subjetiva que termina,
muchas veces, afectando seriamente
la protección humana pretendida.
Finalmente, debo expresar el reconocimiento
a quienes han sembrado pensamiento de
justicia social con sus decisiones y nos han
dejado como legado el persistir en la transformación
de la sociedad ambicionado para
las actuales y futuras generaciones, como
tejedores de justicia en pro de la dignidad
humana, tal como lo expresa Aristóteles en
la Etica a Nicómaco ”la justicia es la más alta
de todas las virtudes, no habiendo estrella ni
matutina ni vespertina que se compare”.
Igualmente, sinceros agradecimientos y congratulaciones
a quienes hicieron posible la
excelente conmemoración de este aniversario,
el cual nos ha permitido hacer un reconocimiento
a los gestores de la juridicidad
laboral del país, a la vez que refl exionar sobre
el reto del mañana de la casación del trabajo
como fuente de dignidad del hombre .
Noviembre 2006 Revista Judicial 13

Informe Especial
Jornada de trabajo
judicial
Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento
se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario
judicial establecido ofi cialmente.
FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ
Magistrado Sala Administrativa
“ Aunque el CST
no defi ne la jornada
de trabajo, dentro del contexto
de sus normas
podría defi nirse como
el tiempo durante el cual
el empleado
se compromete
a prestar el servicio
convenido, bajo la
subordinación y
dependencia del
empleador” .
14 Revista Judicial Noviembre 2006
Planteamiento del problema
La ley 906 de 2004, por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal, en
su artículo 157, defi nió lo siguiente
“La persecución penal y las indagaciones
pertinentes podrán adelantarse en cualquier
momento. En consecuencia, todos los días y
horas son hábiles para ese efecto.
Las actuaciones que se desarrollen ante los
jueces que cumplan la función de control
de garantías serán concentradas. Todos los
días y horas son hábiles para el ejercicio de
esta función.
Las actuaciones que se surtan ante el juez de
conocimiento se adelantarán en días y horas
hábiles, de acuerdo con el horario judicial
establecido ofi cialmente.
Sin embargo, cuando las circunstancias particulares
de un caso lo ameriten, previa decisión
motivada del juez competente, podrán habilitarse
otros días con el fi n de asegurar el derecho
a un juicio sin dilaciones injustifi cadas”
Según puede desprenderse de ésta disposición,
para los efectos de las atribuciones
que corresponde cumplir a los jueces de
garantías, sus actuaciones no están sujetos
al horario convencional que para los demás
despachos judiciales establezca la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la
La jornada laboral esta establecida po
Judicatura, de conformidad con el artículo
85-26 de la Ley 270 de 1996, en cuanto atribuye
a la Sala:
“Fijar los días y horas de servicio de los despachos
judiciales.”
Entonces, dado que puede ser indispensable,
en atención a las necesidades del
servicio, asegurar el despacho de jugados
de garantías en horas nocturnas y en días
domingos y festivos, ello trae implícita una
organización de horarios de trabajo de los
empleados y funcionarios, que supondría el
trabajo efectivo en esos tiempos o disponibilidad
mediata o inmediata. Se plantea, por
ende, la inquietud de determinar el régimen
laboral aplicable a raíz del trabajo o de la
disponibilidad en días y horas en principio
inhábiles o de descanso obligatorio.
Para responder ésta inquietud, quizás sea
importante efectuar desde ahora una distinción,
así: una cosa son los horarios de
despacho al público de tribunales, juzgados
y ofi cinas judiciales, en general, y otra la jornada
de trabajo de los servidores judiciales,
pues naturalmente aquella situación tiene
que ver con la atención a los usuarios de la
justicia y ésta con el régimen interno de horas
de trabajo. En efecto, lo normal es que la
jornada de los servidores no coincida exactamente
con los horarios atención al público
pues obviamente hay actividades propias e

por normas para el sector público y privado.
indispensables de la función judicial, relativas,
por ejemplo, a la organización de las ofi cinas
o del estudio y trabajo interno, que resultan
incompatibles con el despacho público.
En éste orden de ideas resulta claro que la
atribución que tiene la Sala Administrativa
defi nida en el artículo 85-26, alude más propiamente
“a los días y horas de servicio de
los despachos judiciales”, esto es, al horario
de atención al público o de despacho de las
autoridades judiciales, mas no dice referencia
a la jornada de trabajo de los servidores,
que es un tema de regulación legal. Es pertinente,
por tanto, estudiar la normatividad
concerniente a ésta materia en Colombia.
Normas internacionales
Colombia ratifi có los Convenios 1,14 y 30
de la OIT, que prácticamente establecieron
un régimen mínimo mundial de garantías en
torno a la jornada laboral y al descanso remunerado
semanal, mediante las leyes 129
de 1931 y 23 de 1967.
De las disposiciones contenidas en los convenios,
es pertinente destacar que ellos prevén
fundamentalmente la jornada máxima de 8
horas al día y 48 a la semana así como también
el derecho a disfrutar semanalmente de
un descanso que comprenda como mínimo
24 horas consecutivas, periodo que, en lo
posible, coincidirá con el día de la semana
consagrado al descanso por la tradición o las
costumbres del país o de la región.
Se prevé que las horas de trabajo por semana
podrán ser distribuidas de suerte que el
trabajo de cada día no exceda de diez horas,
por ejemplo, para no acudir al trabajo
un determinado día. Así mismo, en lo que
hace al día de descanso semanal, pueden
ser exceptuados del régimen general determinados
trabajadores por razón de su
función, siempre que se produzca la debida
compensación.
También ratifi có Colombia los convenios 4,
relativo al trabajo nocturno de las mujeres,
y 20, atinente al trabajo nocturno en las panaderías.
El primero defi ne el término noche
como un periodo de once horas consecutivas,
por lo menos, que comprenderá el intervalo
que media entre las 10 de la noche y
las 5 de la mañana. El segundo defi ne el término
noche como un periodo de siete horas
consecutivas, por lo menos y dicho periodo
comprenderá el intervalo que media entre
las 11 de la noche y las 5 de la mañana.
El convenio 171 de 1990, que no fi gura en
la lista de ratifi cados por Colombia, defi ne el
trabajo nocturno como todo trabajo que se
realice durante un período de por lo menos
siete horas consecutivas, que abarque el intervalo
comprendido entre medianoche y las
cinco de la mañana y que será determinado
por la autoridad competente previa consulta
con las organizaciones más representativas
de empleadores y de trabajadores o por medio
de convenios colectivos.
Normas del sector privado-codigo sustantivo
del trabajo
Jornada de trabajo
Aunque el CST no defi ne la jornada de trabajo,
dentro del contexto de sus normas
podría defi nirse como el tiempo durante el
cual el empleado se compromete a prestar
el servicio convenido, bajo la subordinación
y dependencia del empleador.
El estatuto comienza por referirse específi camente
a los conceptos de jornada ordinaria,
como la convenida por las partes y la jornada
máxima legal de 8 horas al día y 48 a
la semana., salvo las excepciones legalmente
defi nidas. Establece así mismo la noción
de trabajo nocturno como el que se cumple
entre las 10 p.m y las 6 a.m. y se remunera
con un recargo del 35% y la de trabajo suplementario
o de horas extras como el que
excede de la jornada ordinaria, y en todo
caso el que excede de la máxima legal. Se
remunera con un recargo del 75% en horas
nocturnas y del 25% en horas diurnas.
Como jornadas máximas especiales, se consagran
las siguientes:
Las jornadas máximas para menores de
edad:
El nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia
(Ley 1098 de 2006, Artículo 114)
defi nió que los adolescentes mayores de 15
y menores de 17, sólo podrán trabajar en
Noviembre 2006 Revista Judicial 15

Informe Especial
jornada diurna máxima de seis horas al día y
treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de
la tarde; y los adolescentes mayores de 17
años, sólo podrán trabajar en una jornada
máxima de 8 horas al día y cuarenta horas a
la semana y hasta las 8:00 de la noche.
En las labores que sean especialmente
insalubres o peligrosas:
El gobierno puede ordenar la reducción de
la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes
al respecto.
Jornadas Especiales en Turnos Sucesivos:
El empleador y el trabajador pueden acordar
temporal o indefi nidamente la organización
de turnos de trabajo sucesivos, que permitan
operar a la empresa o secciones de la
misma sin solución de continuidad durante
todos los días de la semana, siempre y cuando
el respectivo turno no exceda de seis (6)
horas al día y treinta y seis (36) a la semana,
sin ningún recargo por trabajo nocturno y
en dominicales y festivos.
Jornada Flexible
El empleador y el trabajador podrán acordar
que la jornada semanal de cuarenta y ocho
(48) horas se realice mediante jornadas diarias
fl exibles de trabajo, distribuidas en máximo
seis días a la semana con un día de descanso
obligatorio, que podrá coincidir con el domingo.
El número de horas de trabajo diario
podrá repartirse de manera variable durante
la respectiva semana y podrá ser de mínimo
cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10)
horas diarias sin lugar a ningún recargo por
trabajo suplementario, cuando el número de
horas de trabajo no exceda el promedio de
cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro
de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.
Extensión de la Jornada por Autorización
Administrativa
El Ministerio puede autorizar excesos de jornada.
En las autorizaciones que se concedan
16 Revista Judicial Noviembre 2006
El descanso es una obligación del empleador.
se determinará el número máximo de horas
extraordinarias que pueden ser trabajadas, las
que no podrán pasar de doce (12) semanales.
Extensión de la Jornada por Fuerza Mayor
El límite máximo de horas de trabajo previsto
puede ser elevado por orden del empleador
y sin permiso del Ministerio del Trabajo,
por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de
amenazar u ocurrir algún accidente o cuando
sean indispensables trabajos de urgencia
que deban efectuarse en las máquinas o en
la dotación de la empresa; pero únicamente
se permite el trabajo en la medida necesaria
para evitar que la marcha normal del establecimiento
sufra una perturbación grave.
Extensión de la Jornada para descansar
el sábado.
Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48)
horas semanales de trabajo ampliando la
jornada ordinaria hasta por dos (2) horas,
por acuerdo entre las partes, pero con el fi n
exclusivo de permitir a los trabajadores el
descanso durante todo el sábado.
Ampliación de la jornada por trabajo
desarrollado por turnos.
Cuando la naturaleza de la labor no exija
actividad continuada y se lleve a cabo por
turnos de trabajadores, la duración de la
jornada puede ampliarse en más de ocho
(8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48)
semanales, siempre que el promedio de las
horas de trabajo calculado para un período
que no exceda de tres (3) semanas, no pase
de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y
ocho (48) a la semana.
Ampliación de jornada por labores que
no tienen solución de continuidad
También puede elevarse el límite máximo de
horas de trabajo establecido, en aquellas labores
que por razón de su misma naturaleza necesiten
ser atendidas sin solución de continuidad,
por turnos sucesivos de trabajadores, pero
en tales casos las horas de trabajo no pueden
exceder de cincuenta y seis (56) por semana.
Trabajo suplementario en los eventos
precedentes:
En general puede decirse que en los casos
de ampliación de la jornada máxima antes
descritos, constituyen trabajos suplementarios
los excesos a la jornada que dentro del
respectivo sistema, no tienen posibilidad de
compensación.
Trabajos exceptuados del régimen de
jornada máxima legal
El C. S. T., contempla algunos tipos de trabajo
excluidos del régimen de jornada, a saber:
a). Los que desempeñan cargos de dirección,
de confi anza o de manejo;
b). Los servicios domésticos ya se trate de
labores en los centros urbanos o en el
campo;
c). Los que ejerciten labores discontinuas o
intermitentes y los de simple vigilancia,
cuando residan en el lugar o sitio de
trabajo;
Descanso semanal
El empleador está obligado a dar descanso
dominical remunerado a todos sus trabajadores
con una duración mínima de veinticuatro
(24) horas (art 172), pero éstos po-

drán convenir con aquel su día de descanso
obligatorio de forma que corresponda los
días sábado o domingo, de modo que el día
seleccionado será reconocido en todos sus
aspectos como descanso dominical obligatorio.
Consecuentemente con lo anterior,
el legislador interpretó con autoridad la expresión
dominical contenida en el régimen
laboral como sinónimo de descanso obligatorio,
no necesariamente de día domingo.
Adicionalmente, como días de descanso obligatorio
deben recordarse los días festivos previstos
por la ley 51 de 1983, tanto para el sector
público como para el sector privado, así:
“Todos los trabajadores, tanto del sector público
como del sector privado, tienen derecho
al descanso remunerado en los siguientes
días de fi esta de carácter civil o religioso: Primero
de enero, seis de enero, diecinueve de
marzo, primero de mayo, veintinueve de junio,
veinte de julio, siete de agosto, quince de
agosto, doce de octubre, primero de noviembre,
once de noviembre, ocho de diciembre y
veinticinco de diciembre, además de los días
jueves y viernes santos, Ascensión del Señor,
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
Pero el descanso remunerado del seis de
enero, diecinueve de marzo, veintinueve de
junio, quince de agosto, doce de octubre,
primero de noviembre, Ascensión del Señor,
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús
cuando no caigan en día lunes se trasladarán
al lunes siguiente a dicho día.
Cuando las mencionadas festividades caigan
en domingo, el descanso remunerado,
igualmente se trasladará al lunes”.
El trabajo durante los días de descanso obligatorio
solamente se permite legalmente:
a). En aquellas labores que no sean susceptibles
de interrupción por su naturaleza
o por motivos de carácter técnico;
b). En las labores destinadas a satisfacer
necesidades inaplazables, como los ser-
vicios públicos, el expendio y la preparación
de drogas y alimentos;
c). En las labores del servicio doméstico y
de chóferes particulares, y
d). En el caso de la jornada de treinta y seis
(36) horas semanales en el cual el trabajador
sólo tendrá derecho a un descanso
compensatorio remunerado.
En éstas hipótesis en que el trabajo dominical
se permite debe ser retribuido o compensado
con otro día de descanso. El trabajo en domingos
y festivos se remunerará con un recargo
del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el
salario ordinario en proporción a las horas laboradas,
pero si con el domingo coincide otro
día de descanso remunerado solo tendrá derecho
el trabajador, si trabaja, a un solo recargo.
Esta sobrerremuneración no procede para el
caso de la jornada de 36 horas.
El trabajador que labore excepcionalmente el
día de descanso obligatorio, tiene derecho a
elegir entre un descanso compensatorio remunerado
o a la retribución recargada con el
75% y la ley entiende que el trabajo dominical
es ocasional cuando el trabajador labora hasta
dos domingos durante el mes calendario.
El trabajador que labore habitualmente en
día de descanso obligatorio tiene derecho a
un descanso compensatorio remunerado y
a la retribución recargada en un 75%. Se
entiende que el trabajo dominical es habitual
cuando el trabajador labore tres o más
domingos durante el mes calendario.
Sector público- rama administrativa- decreto
1042 de 1978
Jornada de trabajo
Este estatuto dispone que las asignaciones
mensuales fi jadas en las escalas de remuneración,
corresponden a una jornada de
44 horas semanales y a los empleos cuyas
funciones implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia podrá señalárseles una jornada
“ Este estatuto dispone que
las asignaciones mensuales
fi jadas en las escalas de
remuneración, corresponden
a una jornada de 44 horas
semanales y a los empleos
cuyas funciones implican
el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes
o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de
trabajo de doce horas diarias,
sin que en la semana excedan
un límite de 66 horas” .
de trabajo de doce horas diarias, sin que en
la semana excedan un límite de 66 horas.
Dentro de estos límites el jefe del respectivo
organismo podrá establecer el horario de
trabajo y compensar la jornada del sábado
con tiempo diario adicional de labor, sin que
en ningún caso dicho tiempo compensatorio
constituya trabajo suplementario o de
horas extras (art 33)
Defi nió también el decreto la jornada ordinaria
nocturna como la que de manera habitual
empieza y termina entre las 6:00 p.m.
y las 6:00 a. m. del día siguiente y previó
que sin perjuicio de lo que dispongan normas
especiales para quienes trabajan por el
sistema de turnos, los empleados que ordinaria
o permanentemente deban trabajar en
jornada nocturna tendrán derecho a recibir
un recargo del treinta y cinco por ciento sobre
el valor de la asignación mensual.
Igualmente se estableció que cuando las
labores se desarrollen ordinaria o permanentemente
en jornadas que incluyan ho-
Noviembre 2006 Revista Judicial 17

Informe Especial
ras diurnas y horas nocturnas, la parte del
tiempo trabajado durante estas últimas se
remunerará con el recargo del treinta y cinco
por ciento, pero podrá compensarse con
períodos de descanso.
Así mismo fue objeto de regulación el trabajo
suplementario o de horas extras en el sentido
de que cuando por razones especiales
del servicio fuere necesario realizar trabajos
en horas distintas de la jornada ordinaria de
labor, el jefe del respectivo organismo o las
personas en quienes éste hubiere delegado
tal atribución, autorizarán descanso compensatorio
o pago de horas extras.
Descanso semanal
Otro aspecto regulado es el trabajo en días
dominicales y festivos de forma que los empleados
públicos que en razón de la naturaleza
de su trabajo deban laborar habitual y
permanentemente los días dominicales o festivos,
tendrán derecho a una remuneración
equivalente al doble del valor de un día de
trabajo por cada dominical o festivo laborado,
más el disfrute de un día de descanso compensatorio,
sin perjuicio de la remuneración
ordinaria a que tenga derecho el funcionario
por haber laborado el mes completo.
El trabajo ocasional en días dominicales o
festivos se compensará con un día de descanso
remunerado o con una retribución
en dinero, a elección del funcionario. Dicha
retribución será igual al doble de la remuneración
correspondiente a un día ordinario
de trabajo, o proporcionalmente al tiempo
laborado si éste fuere menor.
El pago de horas extras o el reconocimiento
del descanso compensatorio se deben sujetar
a diversos requisitos así:
El empleo deberá pertenecer al nivel operativo,
hasta el grado 16 del nivel administrativo
y hasta el grado 09 del nivel técnico.
El trabajo suplementario deberá ser autorizado
previamente, mediante comunicación
escrita, en la cual se especifi quen las actividades
que hayan de desarrollarse.
18 Revista Judicial Noviembre 2006
El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario
se hará por resolución motivada
y se liquidará con un recargo del veinticinco
por ciento sobre la remuneración básica fi jada
por la ley para el respectivo empleo.
Sector público- Rama Administratva-trabajadores
ofi ciales
Para los llamados trabajadores ofi ciales, esto
es, servidores públicos vinculados mediante
contrato de trabajo, sigue siendo aplicable
como norma básica general, la ley 6 de 1945
que, en lo pertinente dispuso lo que sigue:
“ Con relación al descanso
semanal la Ley 6a lo
estableció como obligatorio
y remunerado por el
patrono a los asalariados
que, habiéndose obligado a
prestar sus servicios en
todos los días laborables
de la semana, no falten
al trabajo” .
Las horas de trabajo no podrán exceder de
ocho (8) al día, ni de cuarenta y ocho (48) a la
semana, salvo las excepciones legales. (art 3)
y defi nió como exceptuados de éste régimen:
los casos de grave peligro; el servicio doméstico;
la recolección de cosechas, o al acarreo y
benefi cio de frutos; los trabajadores que ocupen
puestos de dirección o confi anza; ni a las
demás labores que, a juicio del Gobierno, no
sean susceptibles de limitación de la jornada
o deban regirse por normas especiales.
En lo que hace al trabajo nocturno y al suplementario
la ley 6 defi nió: cuando el trabajo se
realice entre las ocho y las doce de la noche,
deberá ser remunerado con un veinticinco
por ciento (25%) sobre el valor del trabajo
diurno; y cuando se realice entre las doce de
la noche y las cuatro de la mañana siguiente,
será remunerado con un cincuenta por ciento
(50%) sobre el mismo valor. La remuneración
del trabajo suplementario implicará un recargo
del veinticinco por ciento (25%) sobre la
jornada diurna, y del cincuenta por ciento
(50%) sobre la jornada nocturna; a menos
que se trate de labores discontinuas o intermitentes,
o de las actividades exceptuadas,
cuya remuneración adicional será estipulada
equitativamente por las partes.
En relación al descanso semanal la Ley 6a lo
estableció como obligatorio y remunerado
por el patrono a los asalariados que, habiéndose
obligado a prestar sus servicios en
todos los días laborables de la semana, no
falten al trabajo. Con todo, si la falta no excediere
de dos días, y, además, ocurriere por
justa causa comprobada o por culpa o disposición
del patrono, éste deberá también al
asalariado la remuneración dominical.
El trabajo durante los días de descanso obligatorio
se permite pagándolo o dando un
descanso compensatorio remunerado, en
aquellas labores que no son susceptibles de
interrupción por su naturaleza, o por motivos
de carácter técnico, o por satisfacer
necesidades inaplazables, como los servicios
públicos y el expendio y la preparación de
drogas y alimentos, el servicio doméstico y
los chóferes de automóviles particulares.
Rama judicial
La rama judicial presenta características muy
especiales en lo que hace a la naturaleza y
contenido de la actividad que deben cumplir
sus servidores, de suerte que pueden no ser
aceptables para ella algunos de los criterios
específi cos adoptados para el sector privado
y para la rama ejecutiva.
En lo que hace al personal dedicado a la función
estrictamente judicial, para la defi nición
del régimen aplicable sobre jornadas laborales,
en particular al personal de las Corporaciones
Judiciales y Juzgados, no puede perder-

se de vista que los jueces y magistrados, son
empleados directivos de altísima confi anza
y con un elevado grado de autonomía en el
desempeño de sus atribuciones. En efecto, se
trata de delegados directos del poder jurisdiccional
del estado y, fuera de ello, ejercen con
bastante autonomía importantes funciones en
el manejo administrativo, pues muchas veces
son nominadores que detentan también potestades
directivas y disciplinarias..
Sin duda éste tipo de personal, bastante auto
responsable y con características más propias
de un empleador que de un operario, en
principio no debe entenderse regido por un
régimen estricto de jornada máxima legal y,
dada la naturaleza de su función, mal podrían
aplicársele específi camente normas como las
que se consagran el del decreto 1042 para el
personal meramente operativo de la rama ejecutiva,
a propósito de los conceptos de trabajo
extra, en dominical y festivo o nocturno. Más
bien su situación debe entenderse como exceptuada
del régimen general, como lo hacen
el CST y la ley 6 de 1945, a propósito de los
empleados de directivos o el propio decreto
1042 que, conforme acaba de decirse, centra
su régimen especial de trabajo extra y en días
de descanso, en el nivel operativo.
Los antecedentes normativos propios de la
rama judicial aluden más a la determinación
del horario de atención al público que a la
jornada laboral de los servidores, según pasa
a verse a continuación:
1. El Decreto 250 de 1970 en su artículo
127 dispuso lo siguiente:
“En las ofi cinas Judiciales y del Ministerio
Público debe haber despacho de lunes a
viernes de 8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6
p.m. y los sábados de 8. a.m. a 12 m”.
2. El Decreto 1888 de 1989, por el cual se
modifi ca el régimen disciplinario de los
funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdicciona,l en su artículo 52 estableció:
“En las ofi cinas judiciales debe haber
despacho permanente al público de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
El magistrado o juez autorizará los turnos
necesarios en la hora de almuerzo,
preservando el normal funcionamiento
de la ofi cina.
PARAGRAFO: Los Tribunales Superiores
del Distrito Judicial podrán autorizar la
atención al público de los despachos
judiciales el día sábado o domingo, de
acuerdo con las necesidades del servicio
en el respectivo municipio. En este
caso, se tendrá por compensatorio el
siguiente día hábil.”
3. El decreto 1975 de 1989 por el cual se
modifi ca y adiciona el decreto 1888 de
1989 en su artículo 4º expresa:
“El artículo 52 del Decreto –ley 1888 de
1989, quedará así:
Artículo 52.- En las ofi cias judiciales
debe haber despacho al público de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a las 12:00
m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.”.
4. Por último, ya se dijo que, conforme a
la ley 270 de 1996, artículo 85-26, en
la actualidad corresponde a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la
Judicatura fi jar los días y horas de servicio
en los despachos judiciales.
No obstante, aparte de la atención al público
que determina cuales son los días hábiles
para efectos verbigracia del computo de
términos, en relación con el régimen de jornada,
a falta de una disposición específi ca,
corresponde aplicar la norma general establecida
desde los convenios internacionales
esto es la que contempla la jornada máxima
de 8 horas al día y 48 horas a la semana, reiterada
en la ley 6 de 1945 y el Código Sustantivo
del Trabajo, con derecho a un día semanal
de descanso que normalmente debe
ser el día domingo o, si en éste se trabaja,
otro día hábil de la semana. De otra parte,
las 48 horas de la semana se pueden repartir
de tal manera que se extienda el horario
diario hasta por 10 horas al día, evento en
el que se puede dejar de trabajar otro día de
la semana fuera del de descanso obligatorio.
Cosa que suele ocurrir en el medio nacional
a propósito del día sábado.
En efecto, como el día de descanso semanal
ofi cial en Colombia es el domingo, salvo
lo que recientemente dispuso la ley 789 de
2003 para el sector privado, conforme atrás
se mencionó, el sábado es un día laborable
que en la práctica queda libre en amplios
sectores, por razón de compensaciones generadas
en virtud del trabajo cumplido hasta
por diez horas diarias, los demás días de la
semana. En éstos términos el trabajo que se
cumpla el sábado no es compensable para
los jueces, en cuanto no están sujetos a un
límite de jornada semanal, y sería compensable
para los empleados, solo en cuanto estos
hayan colmado, entre el lunes y el viernes de
la respectiva semana, el cupo máximo de las
48 horas semanales.
Este es sin duda el régimen para los empleados
de la rama judicial, bajo la administración
del nominador o jefe respectivo, pero
según antes se dijo, no sería aplicable estrictamente
a los funcionarios judiciales que
ejercen jurisdicción, verbigracia magistrados
y jueces, o quienes se asimilen a éstos, entre
otros los magistrados auxiliares de altas
corporaciones, ni a los directivos del orden
administrativo de la justicia. Ya quedó dicho
que el régimen de trabajo de éstos servidores,
en su condición de directivos de especial
confi anza, no puede entenderse limitado
por una jornada máxima, sino que deben
Tiempo fi jado, jornada laboral.
Noviembre 2006 Revista Judicial 19

Informe Especial
estar dispuestos a laborar según lo requiera
el servicio judicial hasta un límite razonable,
pero desde luego sin perjuicio de derechos
laborales básicos como el descanso semanal
y las vacaciones.
E importa insistir en que no es pertinente
aplicar el Decreto 1042 de 1978 a la rama
judicial, en lo atinente al régimen de jornada,
por razones jurídicas varias, como que la
rama judicial debe ajustarse de preferencia a
los preceptos defi nidos por los convenios internacionales
ratifi cados por Colombia que
constituyen norma general aplicable, a falta
de una regulación específi ca para el sector,
valga decir, no hay un vacío normativo que
autorice una aplicación analógica. Pero la
razón primordial de inaplicabilidad radica en
que un régimen concebido para un sector
operativo de la administración en la rama
ejecutiva, no concuerda con las particularidades
ya señaladas del servicio judicial, que
incluso han justifi cado un trato salarial y
también prestacional bastante diferente.
Desde luego, corresponderá evaluar si a raíz
de las nuevas modalidades de trabajo judicial
o por simple ejercicio de defi nir y aclarar
aspectos que puedan generar dudas jurídicas,
es pertinente propiciar la expedición de
un régimen legal de jornada para la rama
judicial o una modifi cación gubernamental
al sistema de remuneración que contemple,
en determinados casos, los recargos por trabajo
suplementario o en dominicales.
Conclusiones frente a los jueces de control
de garantías
La modalidad de trabajo de esta clase de
juzgados, concebidos a propósito del nuevo
sistema acusatorio penal es especial frente
a otros tipos de juzgados, en cuanto la propia
ley los habilita para desarrollar su función
cualquier día u hora, sin sujeción a los
horarios normales y generales de atención
o despecho público. Corresponde, por tan-
20 Revista Judicial Noviembre 2006
to, a la Sala Administrativa, defi nir según las
necesidades ordinarias del servicio en cada
lugar unos horarios de atención pública
compatibles con el propósito de la ley, sin
que por lo común, como lo ha demostrado
la experiencia, sea indispensable mantener
jueces de garantías radicados en sus despachos
las 24 horas del día, ya que sin duda no
se afectará el servicio, ni su continuidad si se
cierran por un tiempo razonable, según los
lugares y circunstancias particulares.
Desde un punto de vista administrativo, en
lo posible debería evitarse en consideración
al aspecto humano del personal afectado,
imponer a los juzgados de garantías horarios
nocturnos de despacho o en días domingos
y festivos. Pero si es necesario que trabajen
en la noche, esto es, entre las 10 de la noche
y las 6 de la mañana, conforme al criterio internacional
más reiterado, deberían hacerlo
en jornadas más breves, por ejemplo, hasta
por 6 horas ya que su régimen no prevé recargos
especiales, y cuando les corresponda
trabajar un dominical o festivo después de
haber laborado todos los días laborales de la
semana, otorgarles un día de descanso compensatorio
como lo previó el Decreto 1888
de 1989, sin recargos especiales.
No se puede descartar tampoco que en determinados
lugares, los jueces y empleados,
sin que deban permanecer en la sede de la
respectiva ofi cina judicial, se coloquen en
disponibilidad de ser llamados para atender
un evento judicial de control de garantías
que no de espera a la apertura ordinaria de
la ofi cina. Es lo que se denomina, en la jerga
de la OIT trabajo sobre llamada, o lo que podía
describirse como una disponibilidad mediata
del servidor. La Ley colombiana no ha
defi nido lo que ha de entenderse por “disponibilidad”
y en cuales casos se considera
o no trabajo para efectos laborales.
La Corte Suprema de Justicia en sentencia
de Casación del 11 de mayo de 1968 defi nió
el tema así : “... no toda “disponibilidad”
o “vocación” permanente, por un periodo
más o menos largo a prestar el servicio
efectivo puede califi carse como trabajo enmarcado
dentro de la jornada ordinaria o
la suplementaria delimitadas en la ley, pues
esta llamada “disponibilidad” tiene tales
matices de servicio más o menos frecuentes,
y de descansos, tiempo para tomar
alimentos, oportunidades de ocuparse en
actividad diferente del servicio objeto del
compromiso y aún, en ocasiones, de servir
a personas diferentes o trabajar en forma
autónoma, que no es posible encasillar
toda “disponibilidad” dentro de la jornada
“No pudiendo adoptarse, por lo anotado,
el criterio general de “disponibilidad”
como trabajo, es necesario establecer
cuándo y en que medida el no cumplir la
actividad concreta laboral sino mantenerse
a ordenes del patrono, signifi ca servicio y
se incluye en la jornada de trabajo. Porque
si esta modalidad de mantenerse a ordenes
del patrono, se cumplen el lugar de
servicio, sin posibilidad de retirarse de él
y sin ocasión de destinar tiempo para tomar
alimentos, dormir o cumplir ninguna
actividad lucrativa propia, es indudable que
tal “disponibilidad” si encaja dentro de la
asimilación al servicio para enmarcarla en
la jornada laboral. Y lo propio ocurre si el
trabajador debe radicarse, con las modalidades
anotadas en determinado lugar. Pero
si la disponibilidad permite al subordinado
emplear tiempo para alimentarse, dormir,
salir del sitio de trabajo y permanecer en
su propia casa, sólo dispuesto a atender el
llamado del trabajo efectivo cuando este se
presente, no puede considerarse dentro de
la jornada laboral...”
Estos criterios podrían aplicarse a los jueces
en el Sistema Penal Acusatorio, pues puede
darse que la disponibilidad que se requiera
de ellos no suponga siquiera la apertura de
la ofi cina y puedan dedicarse en gran parte a
desarrollar su actividad personal ordinaria .

Consulta
Biblioteca
Enrique
Low Murtra
Su origen
FRANCISCO SERRATO
Director de la Biblioteca Enrique Low Murtra
Mediante La Ley 46 de 1993, en su artículo 4º, se
ordena que la Biblioteca del Palacio de Justicia llevará
el nombre del ilustre jurista, catedrático y ex
Ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, rindiendo así un
homenaje a su memoria.
La Biblioteca es el resultado de la incorporación de los recursos
humanos y documentales, de las Bibliotecas que pertenecían
a cada una de las Altas Corporaciones Judiciales
(Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura).
Mediante Acuerdo 1717 de 2003, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, se llevó a cabo
el proceso de fusión y creación de la Biblioteca, adscribiéndola
al Centro de Documentación Sociojurídica –Cendoj–. En dicho
acuerdo se señalan sus funciones, estructura y planta de personal.
Su ubicación
Desde el inicio del diseño y construcción del nuevo Palacio
de Justicia, se concibió el área destinada a las instalaciones
de la Biblioteca Enrique Low Murtra. En su diseño se tuvo
presente el importante papel que esta cumple en el suministro
de apoyo y soporte para la investigación de los Magistrados
de las Altas Corporaciones Judiciales, y de todos los
administradores de justicia del país. Por lo tanto, sus espa-
cios se caracterizan por la comodidad y ambiente propicio
para el estudio y la investigación.
Sus instalaciones se encuentran ubicadas en el primer piso
del costado oriental del Palacio de Justicia, donde funcionan
las Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
Quiénes somos
Escultura del Dr. Enrique Low Murtra, que se encuentra
en el Palacio de Justicia de Bogotá.
La Biblioteca Enrique Low Murtra tiene como objetivo principal,
atender todas las solicitudes y consultas de información
doctrinaria y normativa que requieran los despachos de
la Altas Corporaciones Judiciales, y demás servidores de la
Rama Judicial. Para ello se cuenta con un fondo bibliográfi co
propio, se acude a fondos documentales de entidades públicas
o privadas, y se hace uso de herramientas informáticas
como la Internet o Bases de Datos que se tienen en CD.
Mediante la creación de la Red Nacional de Biblioteca Judiciales,
se proyecta integrar en un solo catálogo, todos los
recursos bibliográfi cos de la Rama Judicial.
Como fi rme propósito, buscamos apoyar la actividad de
investigación jurídica que realicen los servidores judiciales,
facilitando el acceso a las diferentes fuentes del derecho.
Para el logro de los objetivos propuestos, la Biblioteca cuenta
con un equipo de trabajo, integrado por profesionales y
auxiliares, apoyados por los ingenieros del Cendoj, todos
comprometidos en brindar soporte a la Rama Judicial.
Noviembre 2006 Revista Judicial 21

Consulta
A quiénes servimos
La Biblioteca presta sus servicios a Magistrados de la Altas
Corporaciones Judiciales, Magistrados Auxiliares, Magistrados
de Tribunales, Jueces y servidores de la rama judicial
Organización de la Biblioteca
La Biblioteca cuenta con las siguientes áreas:
1. SALA DE LECTURA
2. CUBÍCULOS DE ESTUDIO INDIVIDUAL
3. SALA DE CONSULTA INTERNA
Colecciones
22 Revista Judicial Noviembre 2006
Se han integrado y organizado varias colecciones, algunas
de ellas muy especializadas, que facilitan a los usuarios la
consulta de las diferentes fuentes del derecho, doctrinarias,
normativas y jurisprudenciales
1. Colección Normativa: Esta colección es de las más
completas que puede existir en el país, tomando como
punto cronológico de partida el año 1810 hasta la fecha.
En ella se puede encontrar de forma ininterrumpida toda
la legislación nacional que ha regulado el ordenamiento
jurídico de nuestro país: Constituciones Políticas, Actos
Legislativos, Códigos, leyes, decretos, etc.
Integran la colección entre otras las siguientes obras:
1.1 Colección de Diario Ofi cial 1855 – 2004
1.2 Leyes de Colombia 1810 – 2003
1.3 Decretos Legislativos 1819 - 1983
1.4 Historia de la Leyes 1925-1993
1.5 Antecedentes de Leyes. 1992-2004
1.6 Anales del Congreso
1.7 Gaceta del Congreso 1992-2004
1.8 Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente
1.9 Gaceta Legislativa 1992
2. Colección de Códigos Nacionales: La colección reúne
si no todos, la mayoría de los diferentes códigos que han
tenido vigencia en el ordenamiento jurídico del país.
3. Colección de Obras Valiosas: Es una colección que
está en proceso de creación, con aquellas publicaciones
que por presentar características especiales, como ser
únicas en su género, tener un evidente valor histórico y
jurídico, ameritan un tratamiento especial. Actualmen-
te reposan en las vitrinas de exhibición, localizadas en
la sala interna de estudio de la Biblioteca. Entre otras,
se han reunido las siguientes obras:
Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio. 5 Tomos.
Edición 1847.
Los Doce Códigos del Estado de Cundinamarca. 3 Tomos.
Edición de 1859.
Código Civil de la Unión. Por Manuel J. Angarita Edición
de 1888.
Código Judicial Colombia. Edición Especial de 1932, Ordenada
por el Gobierno del Departamento de Bolívar.
Código Judicial de la República de Colombia. Ley 147
de 1888. Edición de 1897.
Código de Instrucción Pública de Colombia 1911.
4. Colección Institucional: Esta colección la integran las
diferentes obras publicadas por las Altas Corporaciones
Judiciales, Tribunales, Escuela Judicial Rodrigo Lara,
etc., las cuales conforman la memoria y patrimonio bibliográfi
co de la Rama Judicial.
Del Fondo Bibliográfi co Institucional destacamos las siguientes
colecciones
Gaceta Judicial (1887-1999).
Anales del Consejo de Estado (1911-2002).
Gaceta de la Corte Constitucional (1992-2000).
Gaceta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Gaceta de la Sala Administrativa.
Módulos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Plan Nacional de Formación y Capacitación.
Informes al Congreso de la República.
Publicaciones varias del Consejo Superior de la Judicatura
5. Colección de Hemeroteca: La conforman todas aquellas
publicaciones seriadas (Revistas, periódicos) que llegan a la Biblioteca,
y que contienen información especializada y relacionada
con temas de interés para la administración de justicia.
Servicios de información que presta
1. Atención a usuarios
1.1 Atención telefónica: Es el servicio mediante el cual se atienden
las solicitudes de información de los usuarios, sean internos
(Palacio de Justicia) o externos (Tribunales, Juzgados, etc.).

1.2 Atención presencial: Es la atención directa
que se presta a los usuarios que acuden
a la Biblioteca, en busca de información,
orientación o investigación.
1.3 Préstamo de documentos: Es el servicio
mediante el cual los usuarios pueden retirar
de la Biblioteca los documentos (libros, normas,
jurisprudencia, CD, videos, etc.), que
sean de su interés, previo control y registro.
1.4 Préstamo interbibliotecario: Es la
posibilidad que se brinda a los usuarios de
obtener información y documentos, sean
libros, artículos de revista, investigaciones
realizadas por entidades, etc., y que se encuentran
en otras bibliotecas, previo convenio
o acuerdo entre las bibliotecas.
Sistema de información doctrinario y
normativo
En el proceso de modernización y sistematización
que se desarrolla en el sector jus-
ticia, la Biblioteca no ha sido ajena a esta
realidad, y mediante una cuidadosa planeación
se inició el proceso de sistematización
a través del diseño y conformación de las
Bases de datos necesarias, para que sus
usuarios puedan acceder a la información y
otros servicios informáticos que se diseñarán.
El Proyecto se ha denominado Sistema
de Información Doctrinario y Normativo,
que como su nombre lo indica, busca cubrir
las necesidades de información de las
áreas doctrinaria y normativa necesarias,
para apoyar la labor de administración de
justicia por parte de los Magistrados y jueces
de la República.
El Sistema de Información está dividido en
dos subsistemas: El Subsistema Doctrinario
y el Subsistema Normativo. Cada uno
cuenta con una base de datos especializada,
diseñada y construida para administrar
información jurídica.
Biblioteca Enrique Low Murtra, Palacio de Justicia.
1. Subsistema Doctrinario: Es una base de
datos, referencial, donde los usuarios podrán
consultar por diferentes tópicos (autor,
título, materia, etc.,) la información
requerida para sus investigaciones. En esta
ubicará la información referencial de los libros,
revistas y demás literatura jurídica y
doctrinaria que posea la biblioteca.
2. Subsistema Normativo: Es una Base de
Datos especializada en información normativa
nacional, expedida por las respectivas
autoridades en sus diferentes niveles: nacional,
departamental y municipal. En esta se
podrán consultar textos completos de Códigos,
Actos Legislativos, Leyes, Decretos,
Resoluciones, Acuerdos, Circulares, etc.
El subsistema contará con diferentes alternativas
para la consulta y recuperación de
información, ya sea por Título de la norma,
número de la norma, año de expedición,
palabra dentro de la norma, etc .
Noviembre 2006 Revista Judicial 23

Avances
Pueblos indígenas:
Protección de derechos
En nuestro continente, donde el tema es particularmente importante,
por fortuna ha logrado sobrevivir en estos territorios una multitud
de comunidades indígenas.
DOUGLAS E. LORDUY MONTAÑEZ
Magistrado Auxiliar
“ Ya la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos había
contenido elementos
inequívocos alusivos a las
comunidades indígenas,
y los intérpretes de dichas
normas no han vacilado en
reconocer allí dichos
elementos y aplicarlos” .
24 Revista Judicial Noviembre 2006
El ordenamiento jurídico universal viene
transitando desde hace tiempo,
con paso fi rme, el camino del reconocimiento
integral de los Derechos de las
Comunidades Indígenas.
Hace unos pocos días, el 29 de junio, en
Ginebra, Suiza, y después de más de diez
años de trabajo, el recientemente creado
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas reemplazó a la antigua comisión.
Este consejo aprobó la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, cuyo texto será
presentado a la Asamblea próximamente,
pero cuyo contenido conocemos porque
ha sido el producto de una larga labor,
para establecer el derecho de los pueblos
indígenas, como colectividades o como
individuos, a todos los derechos humanos
y a las libertades fundamentales reconocidas
por la ONU.
Además reconoce el derecho de estos pueblos
a su autodeterminación y a preservar y
fortalecer sus diferentes instituciones políticas,
legales, económicas, sociales y culturales,
al tiempo que conservan sus derechos
a participar de manera plena -si así lo deciden-
en la vida económica, social y cultural
de los países de los cuales hacen parte.
Con todo y la enorme importancia de esta
declaración universal adoptada en el seno
En la foto observamos el hábitat propio de los indígenas
del organismo competente de las Naciones
Unidas, es lo cierto que no es propiamente
una novedad desde el punto de vista normativo
el reconocimiento de estos derechos
a los pueblos indígenas.
Ya la Declaración Universal de los Derechos
Humanos había contenido elementos inequívocos
alusivos a las comunidades indígenas,
y los intérpretes de dichas normas no han
vacilado en reconocer allí dichos elementos
y aplicarlos.
Posteriormente, en el ámbito de la OIT, se
expidió el Convenio 169 de 1989 que se
convirtió en la carta de navegación de los
pueblos indígenas en materia de derechos,
convenio que fue introducido al ordenamiento
nacional con la ley 21 de 1991.
En lo que respecta a nuestro continente,
donde el tema es particularmente importante
porque por fortuna ha logrado sobrevivir
en estos territorios una multitud
de comunidades indígenas, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conocida
como el Pacto de San José suscrito
en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
por supuesto con la participación de Colombia,
“reiterando que, con arreglo a
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sólo puede realizarse el ideal
del ser humano libre, exento del temor
y de la miseria, si se crean condiciones

nas construido en madera y palma.
que permitan a cada persona gozar de
sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles
y políticos”, estableció sin ambages el
compromiso exigible de los Estados parte
de “respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”.
A renglón seguido señala el artículo 1°:
“Para los efectos de esta Convención, persona
es todo ser humano”.
En virtud de lo anterior, se conformó lo que
llamamos el “Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos”, dentro
del cual la participación de Colombia ha
sido particularmente activa. El país ratifi có la
Convención Americana y, por lo mismo, ella
integra nuestro ordenamiento jurídico interno
dentro del llamado “Bloque de Constitucionalidad”;
y, así mismo, desde hace más de
veinte años aceptó la jurisdicción contenciosa
del órgano jurisdiccional que hace parte
del sistema, esto es, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Así pues, esta Corte Interamericana, con
vocación de ser el máximo intérprete de
la Convención, ha cumplido su tarea y, en
relación con diferentes pueblos indígenas
de América, ha emitido trascendentales
pronunciamientos reconociendo sin ambigüedades
la plena y total aplicación a los
pueblos indígenas de los derechos allí consagrados.
Sólo para ver cómo, para el caso particular
de los pueblos indígenas de América, los
derechos reconocidos en la Convención se
han materializado, bien vale la pena echar
un breve vistazo a algunos de los más importantes
pronunciamientos que la Corte
Interamericana ha emitido en los últimos
cinco años:
1. Uno de los casos paradigmáticos ocurrió
en Nicaragua con la denominada
etnia Mayagna, que signifi ca “hijo del
sol”, particularmente dentro de la comunidad
Awas Tingni, frente a la cual
la Corte Interamericana, en sentencia
del 31 de agosto de 2001, reconoció
sus derechos a la protección judicial.
Lo anterior al considerar esa Corte que
los recursos de amparo a los que la comunidad
indígena había acudido para la
protección de sus derechos fundamentales
resultaron ilusorios e inefectivos.
Igualmente se protegió allí a esa comunidad
el derecho a la propiedad
privada (art 21) “en un sentido que
comprende, entre otros, los derechos
de los miembros de las comunidades
indígenas en el marco de la propiedad
comunal, la cual también está reconocida
en la Constitución Política de
Nicaragua”.
2. Otro caso importante es el del Pueblo
Indígena Kankuamo de Colombia, integrado
por aproximadamente 6.000
personas, constituido en comunidades
organizadas, ubicadas en lugar
geográfi co determinado cuyos centros
poblacionales son Atánquez, Chemesquemena,
Guatapurí, Las Flores, Pontón,
Mojado, Ramalito, Rancho de la
Goya, Los Háticos, La Mina, Murillo
y Rioseco, en la vertiente suroriental
de la Sierra Nevada de Santa Marta,
en el cual la Corte Interamericana
-sin todavía haber emitido sentencia-
el 5 de julio de 2004 dictó medidas
provisionales de protección de
los derechos a la vida, su integridad
personal, su identidad cultural y su
especial relación con el territorio
ancestral, atendiendo a uno de los
más graves problemas que hoy sufren
algunas comunidades indígenas
de Colombia por causa del conflicto
Noviembre 2006 Revista Judicial 25

Avances
“ No hemos terminado de
descubrir esa riqueza
inmensa, porque no hemos
sido lo sufi cientemente
capaces de asomarnos,
mutuamente, con respeto y
con visión generosa,
para observar y obtener
provecho y crecimiento
conjunto del cosmos
diferente que cada uno
concebimos” .
armado y el narcotráfico, como es el
desplazamiento forzado.
3. Una circunstancia similar ocurre con
las Comunidades constituidas por el
Consejo Comunitario del Jiguamiandó
y las familias del Curbaradó, integradas
por aproximadamente 2.125
personas que conforman 515 familias,
que constituyen una comunidad organizada
ubicada en el municipio de
Carmen del Darién, Departamento del
Chocó, frente a la cual la Corte Interamericana
dictó medidas provisionales
el 7 de febrero de 2006.
4. La última sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos del
29 de marzo de 2006 dictaminó la
protección del derecho de propiedad
ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa,
del Paraguay, al encontrar que
la imposibilidad, de la Comunidad y
sus miembros, de acceder a la propiedad
y posesión de sus tierras ha im-
26 Revista Judicial Noviembre 2006
plicado mantenerla en un estado de
vulnerabilidad alimenticia, médica y
sanitaria que amenaza, en forma continua,
su supervivencia e integridad.
En Colombia el compromiso del Estado con
los Derechos de los Pueblos Indígenas no
tiene quiebre, y por eso la suscripción de
estos trascendentales instrumentos internacionales;
por eso la vinculación con los
sistemas de protección de esos derechos;
por eso la incorporación al ordenamiento
jurídico nacional de las distintas normas
que así lo procuran.
A no dudarlo, el más grande y rico tesoro
nacional, es la diversidad étnica y cultural que
poseemos, que conjuga maravillosamente con
nuestra espectacular biodiversidad. No hemos
terminado de descubrir esa riqueza inmensa,
porque no hemos sido lo sufi cientemente
capaces de asomarnos, mutuamente, con
respeto y con visión generosa, para observar y
obtener provecho y crecimiento conjunto del
cosmos diferente que cada uno concebimos,
para darnos cuenta de que es allí –en esa mezcla
de elementos comunes y diversidad– don-
Visita de algunos dirigentes indígenas
al Consejo Superior de la Judicatura.
de se funde nuestra nacionalidad y donde está
el material básico de la solidifi cación de nuestra
estructura como nación.
Pero los avances han sido enormes y un
ejemplo clarísimo de los resultados que
pueden obtenerse cuando existe esta mutua
visión generosa y respetuosa, lo constituye
sin duda la propia Constitución Política de
Colombia, de la más pura estirpe pluralista,
fruto de la diversidad y el consenso, fundada
sobre el principio de diversidad étnica y
cultural, sobre el principio de la dignidad
humana en condiciones de igualdad, sobre
el principio de no discriminación, los que ha
desarrollado con tino la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de derechos
fundamentales, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura,
en lo que se refi ere al reconocimiento y
respeto de la jurisdicción especial indígena.
Otro ejemplo no menos claro e importante
es este empeño conjunto de las comunidades
indígenas y de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, en la
construcción de formas funcionales y estables
de coordinación entre las autoridades
indígenas y el sistema judicial nacional.
Bienvenida, entonces, toda la gran diversidad
de sistemas de resolución de confl ictos
que las comunidades indígenas colombianas
ancestralmente han aplicado y desarrollado,
y que se avienen a la Carta Política, porque
ellos hacen parte integral del sistema jurídico
nacional y lo enriquece, y porque su
propia existencia contribuye en forma vital
al mantenimiento de las condiciones de convivencia
que, a pesar del confl icto que padecemos,
conservan capacidad y legitimidad, y
son elemento sustancial hacia la búsqueda y
consecución de los fi nes esenciales del Estado,
función que nos compromete a todos,
incluidas –por supuesto– las autoridades de
los pueblos indígenas .

Penal
Una Sala de Audiencia típica del Consejo Superior de la Judicatura de las construidas
por la Sala Administrativa en el Complejo de Paloquemao.
Audiencias Públicas
El juez define las reglas y condiciones del debate que se adelantará en el juicio.
El Sistema Penal Acusatorio se desarrolla
a través de audiencias públicas y
orales. Durante la etapa de investigación
se adelantan las audiencias preliminares
ante el juez de control de garantías, dirigidas
a velar por el respeto de los derechos
fundamentales respecto a las acciones de
investigación adelantadas por la Fiscalía.
Estas audiencias preliminares están enfocadas
a autorizar actividades como el registro
y allanamiento de bienes, consecución de
elementos probatorios o evidencias, interceptación
de comunicaciones, intervenciones
corporales y capturas, entre otras; tales
diligencias buscan fundamentar la investigación;
pero en la medida en que afectan derechos
fundamentales, deben ser autorizadas
por el juez sólo si la restricción es necesaria
para los fi nes del proceso, es razonable y
proporcional.
En las audiencias preliminares, el juez de control
de garantías también adopta las decisiones
sobre la imputación, es decir, poner en
conocimiento del implicado los hechos por
los cuales se encuentra vinculado al proceso,
las medidas de aseguramiento, orientadas a
que el imputado se presente en el proceso
o a proteger a las víctimas, en cuanto sea
necesario, razonable y proporcionado, y las
medidas cautelares, dirigidas especialmente
a asegurar los bienes que fueron usados o
son producto de la actividad ilícita o los bienes
que servirán para reparar a las víctimas.
La etapa del juicio, ante el juez de conocimiento,
quien adoptará la decisión sobre
la responsabilidad del implicado, se desarrolla
a través de las siguientes audiencias
públicas: (i) Formulación de acusación, en
la cual la fi scalía indica los hechos por los
cuales se adelantará el juicio e indica las
pruebas que hará valer, es decir, se defi ne
de qué se acusa al implicado y por qué.
(ii) Audiencia preparatoria, en ella el juez
defi ne las reglas y condiciones del debate
que se adelantará en el juicio, se depuran
las pruebas que se llevarán a juicio y se
aceptan los acuerdos sobre hechos que
acepten las partes. (iii) Juicio oral, en él se
practican las pruebas ante el juez y ante el
público, se desarrollan los alegatos o argumentaciones
de las partes y el juez señala
el sentido de su sentencia, es decir, si la
persona es responsable o no. (iv) Individualización
de sentencia, el juez señala el
tipo de pena y su duración.
De otra parte, a través de la audiencia de
incidente de reparación, se busca que las
víctimas sean reparadas integralmente por
el responsable del daño, lo cual incluye la indemnización
económica, la rehabilitación .
Noviembre 2006 Revista Judicial 27

Justicia
El nudo gordiano entre
justicia y paz
Nadie está en capacidad de postular, hoy por hoy, que el desarrollo,
el crecimiento económico, la justicia y la paz son conceptos
que pueden disociarse.
JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO
Magistrado Sala Administrativa
“ De no robustecer las
instituciones jurídicas,
será nugatoria cualquier
estrategia que pretenda
reabrir mayores espacios en
el desarrollo
socioeconómico del país,
en la consolidación de la
paz, en la resolución de
confl ictos, en el respeto y
promoción de los derechos
humanos y en los valores
de la democracia” .
28 Revista Judicial Noviembre 2006
En los últimos años en Colombia, hemos
dedicado todos los esfuerzos a
preparar nuestro Estado para enfrentar
el reto del desarrollo y la globalización,
mediante la estabilización y modernización
macroeconómica.
No obstante, y a pesar de elogiar dicho propósito,
tenemos que ser concientes de la necesidad
de avanzar paralelamente, y con igual
intensidad, en el fortalecimiento del marco
institucional de nuestro Estado Social de Derecho.
En este aspecto, es importante resaltar
que, de no robustecer las instituciones jurídicas,
será nugatoria cualquier estrategia que
pretenda reabrir mayores espacios en el desarrollo
socioeconómico del país, en la consolidación
de la paz, en la resolución de confl ictos,
en el respeto y promoción de los derechos
humanos y en los valores de la democracia.
Dicha modernización es la que ha abierto
campo al cuestionamiento de varios aspectos
de la gobernabilidad en el Estado contemporáneo:
la planeación y la formulación
de políticas públicas; las prácticas de gestión
y evaluación en la función gubernamental; la
capacidad regulatoria del gobierno en presencia
de sistemas de economía abierta y
privatización de servicios públicos; la desconcentración
y descentralización de las decisio-
En la gráfi ca: el Alto Comisionado para la
nes del gobierno; la fi scalización y el control
de las mismas; la transparencia y responsabilidad
en el ejercicio de la función pública
y la capacidad del Estado para proveer a la
sociedad toda, un sistema jurídico confi able,
previsible, independiente, efi caz y accesible.
Es precisamente este último asunto, visto de
cara a una compleja realidad social, caracterizada
por el relajamiento de los valores colectivos,
el marcado individualismo e insolidaridad
ciudadanos y la convivencia de distintas formas
de violencia, el que reclama la existencia
de un aparato de justicia fuerte y competente
y de un orden jurídico claro y pertinente.
Nadie está en capacidad de postular, hoy
por hoy, que el desarrollo, el crecimiento
económico, la justicia y la paz son conceptos
que pueden disociarse. Así, por ejemplo,
un reciente estudio del Banco Mundial
sobre 28 naciones, entre las cuales se encuentra
Colombia, concluyó que el grado
de credibilidad y estabilidad en las reglas
y los procedimientos de los distintos sistemas
jurídicos puede explicar el 23% de la
variación del crecimiento per cápita de los
países. Tan contundente resultado habla
a las claras de la necesidad de contar con
sistemas legales confi ables, en los cuales se
cumplan las normas y sean predecibles los

la Paz, Luis Carlos Restrepo, en ceremonia de desmovilización de grupos armados ilegales.
fallos de los jueces. Y esto es así, porque en
presencia de marcos legales complejos, inefi
cientes u obsoletos o sistemas judiciales
débiles, se retrae la inversión, se resiente el
ahorro, se generan distorsiones en los mercados
que terminan por afectar la efi ciencia
de la economía, el relacionamiento social en
su conjunto y se agudizan los confl ictos sociales
hasta fomentar la creación de grupos
armados ilegales que intentan suplantar la
justicia, la autoridad y el mismo Estado.
Estos argumentos son sufi cientes para afi rmar,
sin vacilaciones, que la paz y el desarrollo,
ineludiblemente, requieren un marco jurídico
que los favorezca, a partir de un clima
de armonía social como resultado de él.
Por lo anterior se hace impostergable centrar
la atención de las autoridades y los ciudadanos
en el fortalecimiento de nuestro
Estado Social de Derecho. En la coyuntura
actual, el desarrollo y el logro de la paz social
dependen en extremo de la existencia de un
sistema jurídico preventivo, simple, efi caz y
digno de crédito. La ausencia de un sistema
preventivo aumenta la litigiosidad; la proliferación
de normas y la complejidad de los
sistemas procesales crean barreras entre el
particular y el derecho, debido a la infl ación
legislativa que es tan profusa y pocos son
quienes saben cuál es el derecho vigente.
Cuando el papel del Estado en la solución
de los distintos problemas que surgen en el
seno de las relaciones familiares o comunitarias
no se juzga oportuno, ágil y próximo,
de hecho se crean fi suras en la sociedad por
las cuales penetran las distintas formas de
violencia a que da lugar la justicia privada.
La paz, como la vida y la libertad, no debe ser
un simple compromiso normativo o conceptual,
porque evidentemente nadie imagina
una ley que atente contra la vida o la libertad
o que imposibilite la paz. En absoluto. Debe
entenderse y reconocerse como la realización
positiva, sincera, leal y entusiasta de nuestra
identidad nacional, sobre la base insustituible
e inmodifi cable de conciliar el deseo de paz
con la justicia, la verdad y la reparación.
Se trata de un cambio de pensamiento, el
cual debe partir necesariamente de la concepción
de que para obtener la paz y el
desarrollo no se requiere solo aumentar las
estadísticas de productividad o de empleo, o
que no pueden concebirse estos logros aislados
de los procesos de modernización política
y social. No basta con aumentar la producción
de bienes y servicios, no basta con
abrir y modernizar la infraestructura económica
de una Nación, no basta con mejorar
la distribución del ingreso o con ampliar la
cobertura en materia de prestación de servicios,
no basta con aumentar los niveles de
productividad, ni generar índices de crecimiento
satisfactorios; no basta con brindar
condiciones confi ables al capital extranjero;
es necesario obtener la efi cacia del sistema
jurídico, erradicar la impunidad, contar con
instituciones fuertes y con un Estado capaz
de cohesionar las distintas fuerzas sociales
hacia la consecución de unos fi nes esenciales
y comunes. El verdadero nudo gordiano
consiste en encontrar el justo medio entre
paz e impunidad o entre justicia y solución
del confl icto. Pero lo que realmente debe
importar es que deseemos vivir en paz; no
es sólo cuánto delinquieron, sino que no
vuelvan a hacerlo.
De otra parte, la Justicia es un tema permanente
y prioritario en la agenda de las democracias.
Casi pudría afi rmarse que todas
las iniciativas orientadas a fortalecer la democracia
como una forma de vida, se nutren
de la condición polisémica de la justicia;
posición que le permite fi gurar, unas veces
como justicia social; otras como justicia con
equidad; otras como verdad, justicia y reparación;
otras como justicia transicional y las
demás como simplemente justicia. No existe
un término que se use más, ni alguno que se
Noviembre 2006 Revista Judicial 29

Justicia
conozca menos. En la agenda del Congreso
y en las políticas del Gobierno, el asunto de
la administración de justicia es preferente,
tan prioritario que la mayoría de las reformas
apunta a modifi car la estructura de la
dispensa de justicia y a variar las leyes que
componen nuestro derecho.
Para el caso colombiano, justo es reconocer
que nadie antes se preocupó por la justicia
como salida de un confl icto armado.
La cuestión era sencilla: quien ganaba la
guerra imponía la ley y condenaba a los criminales
de guerra e incluso se ordenaron
fusilamientos sin fórmulas de juicio. Asunto
concluido. El confl icto y la violencia entre
liberales y conservadores se mantuvo por
más de cuarenta años, y el Pacto del Frente
Nacional que los superó conllevó impunidad.
Las amnistías al M-19, EPL y otros
grupos ilegales implicaron también impunidad
sobre delitos atroces. Durante las
negociaciones en el Caguán con las FARC
el tema no se planteó ni una sola vez. Y
la paz lograda con los actores del confl icto
entre los partidos, con el M-19 y el EPL ha
sido duradera. No se conoce que por haber
gozado de impunidad hayan regresado a la
guerra o hayan vuelto a delinquir; por el
contrario, se incorporaron al proceso democrático
y fungieron uno como Ministro
de Estado, candidato presidencial, alcalde
y constituyente y otros fungen hoy activamente
como parlamentarios.
30 Revista Judicial Noviembre 2006
Pero cuando la guerra no se gana sino que
se negocia, se produce el armisticio y partes
sustanciales de este son el perdón, el olvido,
la impunidad. Durante siglos, en la historia
de la humanidad, la justicia no se asoció con
procesos de paz. No obstante, hoy la comunidad
nacional e internacional se rasgan las
vestiduras y exigen que la justicia funcione
para sancionar a los criminales. “No puede
haber impunidad. Con impunidad, la paz no
es duradera”, se dogmatiza, y mucho más
aun, ante el terrorismo, el crimen transnacional,
los abusos de poder de las dictaduras,
el narcotráfi co y el lavado de activos. En
nuestro concepto, el enfoque del tema tiene
que ser realista, sin hipocresías, ni falsas expectativas,
para evitar nuevas frustraciones.
Por eso el enfoque debe apuntar sencilla y
llanamente a conseguir la paz.
Por todo lo anterior, no dudamos en afi rmar
que llegó la hora de perseguir incansablemente
la paz hasta encontrarla; también de
invertir y fortalecer la justicia, como legitimador
de nuestro Estado Social y Democrático
de Derecho. Los grandes debates en el
país no deben estar centrados en el modelo
económico o en la modernización política, o
en el Tratado de Libre Comercio, en lo cual
hemos tenido avances sustanciales. Los principales
temas de debate en Colombia se deben
circunscribir a enfrentar el grave problema
de violencia que nos aqueja, a redefi nir
“ Es apenas lógico, natural y obvio que la ley de Justicia y
Paz suscitara un gran debate nacional e internacionalmente,
por cuanto modifi có algunos aspectos relativos
a las competencias en materia penal y creó, dentro de la
jurisdicción ordinaria, unas Salas Especializadas de Justicia
y Paz dentro de los Tribunales Superiores” .
la respuesta, pronta y cumplida del Estado,
en la solución de los confl ictos judiciales que
se presenten entre los particulares o entre
estos y la administración y a permitir que la
justicia tenga la oportunidad de funcionar y
pronunciarse. Y es que para seguir creciendo
y consolidar nuestro sistema político no
es cierto que solo se requiera derrotar la impunidad;
también es imperativo y forzoso
disminuir la criminalidad, superar la violencia
política, eliminar la pobreza, conseguir
la efi cacia y efi ciencia del sistema judicial y
lograr, principalmente, la reconciliación tan
anhelada entre los colombianos.
Un país como el nuestro, que desde la independencia
se acostumbró a convivir con las
guerras civiles; que aceptó numerosísimas
Constituciones impuestas por quien ganaba
la batalla; que durante lustros ha sido testigo
de los más crueles y ensañados enfrentamientos
entre grupos fuertemente armados
de la sociedad, cuya fi nanciación es realizada
con recursos del narcotráfi co; que argumentan
como banderas “ideológicas”, unos el
derrocamiento de las instituciones que han
propiciado injusticia social y otros a defensa
de esas mismas instituciones, es sin lugar a
duda alguna contradictorio, ingobernable y
propenso al confl icto. Y si a lo anterior se le
agrega la pobreza que se ve refl ejada en el
64.2% de la población, es así mismo un país
invivible y casi inviable.
Juez en Audiencia.

Por eso, un postulado que hoy proclamamos consiste en
que nuestra democracia debe garantizar el funcionamiento
independiente, accesible y efi caz de la justicia, con lo cual
indiscutiblemente se le introduce uno de los más fuertes
factores de legitimidad al sistema político.
De otra parte, bueno es recordar que el tema de la paz en
nuestro país constituye un fi n primordial que incorpora la
Carta Política desde su preámbulo y se encuentra reconocido
como derecho fundamental. Siempre ha estado presente
en las discusiones sostenidas en las esferas más elevadas y
ha sido el detonante de las guerras políticas y jurídicas más
recias que recuerdan los anales de nuestra historia.
En lo relacionado con Justicia y Paz , Rama Judicial del Poder
Público, a través de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional,
jugó un trascendental papel, reiterando la necesidad de que
los integrantes de estos grupos armados, al margen de la
ley, sean enjuiciados y juzgados, con la legitimidad que ofrecen
las instituciones constitucionalmente creadas para tal
fi n y bajo el procedimiento penal oral vigente ya en más de
la mitad de los Distritos Judiciales del país que resulta ágil y
expedito, de gran claridad jurídica y genera confi anza ante
la opinión pública, nacional e internacional.
Es apenas lógico, natural y obvio que la ley de Justicia y Paz
suscitara un gran debate nacional e internacionalmente, por
cuanto modifi có algunos aspectos relativos a las competencias
en materia penal y creó, dentro de la jurisdicción ordinaria,
unas Salas Especializadas para los Tribunales Superiores.
No obstante lo anterior, el hecho de que dichas variaciones
se hayan realizado acudiendo a un consenso nacional, con
la previa aquiescencia de la misma Corte Suprema de Justi-
Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo,
recibe armas de grupos armados ilegales.
“ Durante siglos, en la historia
de la humanidad, la justicia no se asoció
con procesos de paz.
No obstante, hoy la comunidad nacional
e internacional se rasgan
las vestiduras y exigen que la justicia
funcione para sancionar a los criminales” .
cia, cuya Sala de Casación Penal actúa como juez de segunda
instancia, hace que estas se vean fortalecidas y legitimadas.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
desempeñó un papel preponderante, en atención a las
competencias que le corresponden según la mencionada
Ley 975 de 2005. Esta Ley le asignó funciones tan relevantes,
que en su desarrollo se crearon las Salas de Justicia y
Paz en los Distritos Judiciales de Bogotá y Barranquilla y se
les fi jó su competencia territorial, a la primera en el centro
y sur del país, y a la segunda en la región norte. También se
determinó el número de Magistrados de dichas Salas, integradas
respectivamente por cuatro juristas, uno para que
ejerza la función de control de garantías y tres para el juzgamiento.
Además, después de una convocatoria pública y
transparente, evaluó las hojas de vida de los 840 aspirantes
a ocupar las Magistraturas y seleccionó 96 ciudadanos que
conformaron 8 listas de elegibles de 12 miembros cada una,
las cuales se remitieron a la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia, que eligió democráticamente ocho Magistrados
para las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores
Armas entregadas por desmovilizados Noviembre de las Autodefensas.
2006 Revista Judicial 31

Justicia
de Distrito Judicial antes mencionados, los
cuales se encargan de adelantar la primera
instancia de esos procesos, incluyendo
delitos atroces. Pero, además, la Judicatura
consiguió que se apropiaran los recursos
sufi cientes e indispensables para el normal
funcionamiento de estas Salas, les adecuó
sus despachos en las sedes de dichos Tribunales
y les creó su secretaría independiente,
con los grupos de apoyo administrativo,
psicológico y social, ofi cina de sistemas y
comunicaciones, entre otras y les proporcionó
todas las condiciones de seguridad,
incluyendo vehículos blindados.
La normatividad penal colombiana y la misma
jurisprudencia de la Corte Constitucional,
señalan que no es acertado concebir
la pena o el castigo como la única fi nalidad
del derecho penal moderno, sino que
este también debe cumplir con funciones
de tanta importancia como las de verdad,
justicia y reparación, o las de prevención y
resocialización. Por ende, cuando se habla
de justicia, no solo se debe pensar en condenas
altas, sino en una retribución justa
a la sociedad, en una reparación a las víctimas
y, ante todo, en una pena efi ciente
y efi caz. Lo que indica que esta debe ser
acorde no solamente con la conducta, sino
además con las circunstancias sociales, económicas
y políticas que la rodean.
En este punto, es bueno advertir que la ley
975 de 2005 consagró el mecanismo idóneo
para la conformación de la jurisdicción
especial de Justicia y Paz, el cual se implementó
con plena independencia y autonomía
del poder ejecutivo, lo que resalta
aún más la transparencia de este proceso
de cara al país y a la comunidad internacional.
Como es de amplio conocimiento, muchos
de los integrantes de los grupos al margen
32 Revista Judicial Noviembre 2006
de la ley para los cuales se consagró este
mecanismo de reinserción a la vida civil,
bajo los postulados de verdad, justicia y
reparación, han tenido alguna relación con
delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra, motivo por el cual se hizo necesario
encontrar un modelo jurídico-político que
permitiera la búsqueda real y defi nitiva de
una convivencia pacífi ca. Es precisamente
por ello que se exige la confesión plena
y efi caz, o mejor aún, completa y veraz,
de todos los hechos delictivos en los que
participó o de los que tenga conocimiento
cierto; la entrega de los bienes adquiridos
ilícitamente para reparar a las víctimas y de
los lícitos cuando haya lugar, pero si ello
no es sufi ciente el bloque al que perteneció
tendrá que aportarlos; la cesación de toda
interferencia en el libre ejercicio de los ciudadanos
a sus derechos políticos y la imposibilidad
de ser elegidos en cargos de elección
popular, porque no se les reconoció el
status de delito político a los paramilitares;
la desmovilización y desmantelamiento del
grupo armado ilegal, y la eventual condena
entre 5 y 8 años, para que sus miembros
puedan acceder a este benefi cio jurídico,
de acuerdo obviamente con los esfuerzos y
la colaboración que realizaron para la consecución
de la paz nacional.
Estos postulados de verdad, justicia y reparación,
sobre los cuales se funda la Ley y su
Decreto Reglamentario No. 3391 de 2006,
expedido por el Gobierno el 29 de septiembre
pasado, el cual allana defi nitivamente
el camino para juzgar a los paramilitares
responsables de delitos atroces, porque al
parecer se ajusta a la sentencia de exequibilidad
de la Corte Constitucional, buscan
asegurar la comparecencia de los responsables
ante los jueces de la República, incluyendo
a los ex-jefes de las autodefensas
que se encuentran en el Centro de Reclusión
de la Ceja (Antioquia) a disposición de
las autoridades y la fi jación de su condena,
activando además un mecanismo de control
por parte del Estado y la sociedad, de
manera que su conducta ulterior puede ser
supervisada, con lo cual los desmovilizados
podrían perder los benefi cios de la Ley, incluso
hasta el último día en que estén pagando
la pena. Estos son precisamente los
fundamentos de la Ley de “Justicia y Paz”,
en relación con los miembros de grupos
armados ilegales que, estando comprometidos
en delitos no indultables, avancen de
manera seria por los senderos de la paz,
dentro de los principios de la Universalidad,
Equilibrio y Efi cacia. Por otra parte, las víctimas
pueden participar en todas las etapas
del proceso y controvertir las decisiones
judiciales. ¡Qué más se le puede pedir al
proceso de paz en Colombia!. Si el Estado
no los ha vencido, ni los ha reducido, pues
fueron estos los que se desmovilizaron fru-
“ Es necesario liberar a la sociedad y a la
democracia de semejantes yugos. Pero si la totalidad
de esos bienes no son lo requerido o lo apropiado, ¿no
será que al fi nal el paganini resultará siendo el Estado
colombiano y lo que se pretende es meternos en un
agujero negro fi scal insondable para hacer todavía
menos viable la República?”

to de las conversaciones de paz. Se entregan con las armas
que sirvieran para desestabilizar el régimen democrático;
deben confesar plenamente, con veracidad y con efi cacia,
tanta que sirva para desmantelar la organización; deben
entregar todos los bienes, los licita o ilícitamente obtenidos;
no podrán ser elegidos en cargos de elección popular;
serán juzgados y seguramente condenados de 5 a 8 años
de prisión en primera instancia por Magistrados con categoría
de Tribunal Superior, con trayectoria promedio de
más de doce años en la Rama Judicial y con experiencia
sufi ciente en justicia especializada.
En consecuencia, resulta ilustrativo pensando en los lectores,
formular los siguientes interrogantes: ¿La verdad, la
confesión –dicen otros- debe ser plena según unos o debe
ser fehaciente, o debe ser completa y veraz? ¿Cuándo y
quién defi nirá esas calidades tan subjetivas que implicarán
juicios de valor? ¿Será este un expediente para mantener
el confl icto vivo en búsqueda de la verdad, que también
es un valor superior pero lleno de consideraciones subjetivas,
y no de la Paz?. La reparación. Por supuesto, deben
entregar todos los bienes, los bien o mal habidos, para
reparar a sus víctimas y si no son sufi cientes debe suministrarlos
el bloque al que perteneció. Hay que desmontarles
la esencia de su poder económico, fi nanciero y político. Es
necesario liberar a la sociedad y a la democracia de semejantes
yugos. ¿Pero si la totalidad de esos bienes no son lo
requerido o lo apropiado, no será que al fi nal el paganini
resultará siendo el Estado colombiano y lo que se pretende
es meternos en un agujero negro fi scal insondable para
hacer todavía menos viable la República? ¿Será posible con
la entrega de bienes, la extinción de dominio, la confesión
Jefes paramilitares que se encuentran recluidos en La Ceja, Antioquia.
de enriquecimiento ilícito, la redistribución de los bienes o
la reposición de los mismos a los legítimos propietarios encontrar
saldada la deuda o quedarán hipotecadas las generaciones
del porvenir ad infi nitum pagando la reparación?.
Y la Justicia. Claro, permitamos que investigue y resuelva.
Que se pronuncie autónoma e independientemente, señalando
a cada quien lo que le corresponda. Y después, solo
respeto y acatamiento a las decisiones judiciales. ¿Qué más
se le puede pedir al proceso de paz en Colombia?. Porque
ha de saberse que en pleno Siglo XX procesos de paz han
existido, como en Sudáfrica, avalados por la comunidad
internacional, donde después de la desmovilización, cada
quien se va para su casa y tema resuelto.
Por todo lo anterior, podemos concluir, que la Ley 975
de 2005 y su decreto reglamentario No. 3391 de 2006,
son mecanismos idóneos para recobrar la legitimidad del
Estado colombiano, el cual debe propender por el logró
de la Paz como un fundamento del Estado Social y Democrático
de Derecho, consagrado en la Constitución Política
y con sujeción a los postulados de verdad, justicia y
reparación.
De nada sirve una nación opulenta y desarrollada sino
existe una paz duradera y estable, con cohesión social y
con un sistema político que asegure la participación democrática
y equitativa de todos los ciudadanos, dentro de
un funcionamiento independiente, accesible, y efi caz de la
justicia. Ya lo dijo Mijail Gorvachov: “hay que liberarse de
las ataduras ideológicas y vivir en el mundo real. Pensemos
en eso y no en acusarnos mutuamente en vano. Somos
realistas. Queremos vivir en paz con Occidente” .
Noviembre 2006 Revista Judicial 33

Al día
Consejo de Estado:
Relatoría
La Relatoría es la dependencia que suministra la información
jurisprudencial solicitada mediante consultas internas
Noción
Es frecuente escuchar referirse al término
RELATOR como la persona que
suministra información o da cuenta del
contenido de un evento académico o cultural.
Pues bien, tal concepción está conforme a la
defi nición gramatical que señala que: “... es
quien relata (refi ere un hecho). Persona que
en un congreso o asamblea hace relación de
los asuntos tratados, así como de las deliberaciones
y acuerdos correspondientes. En los
tribunales superiores, letrado cuyo ofi cio es
hacer relación de los autos o expedientes1 .
En el Consejo de Estado, tales funciones son
desempeñadas en la actualidad por cinco (5)
Relatores y un equipo de auxiliares, quienes
tienen a su cargo el procesamiento, sistematización
y difusión de la Jurisprudencia de la
Corporación a los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial y en general a toda la comunidad
interesada en los asuntos que conoce
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Reseña Histórica
El primer Relator que aparece en los Anales
del Consejo de Estado es el doctor Luis J. Sanmiguel
(Relator y Director de Anales) según
consta en el Tomo XXVII Año XVII, mayo a
junio de 1934, números 219 a 221, siendo
Presidente el doctor Román Gómez y Vicepresidente
doctor Pedro A. Gómez Naranjo.
El Consejo de Estado tuvo por un lapso de 33
años un solo relator quien se encargaba de
organizar, incorporar y publicar en los Anales
del Consejo de Estado los Conceptos emitidos
por la Sala de Negocios Generales (hoy
de Consulta y Servicio Civil) y la jurisprudencia
de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Tal situación se mantuvo hasta el año 1967
cuando el número de relatores se aumentó a
dos, siendo nombrados los Doctores Camilo
Vargas Ayala y Antonio José Arciniegas A. Finalmente,
con motivo de la implementación
de la Carrera Judicial, mediante la Ley 270
de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia), la cantidad de Relatores fue ampliada
a cinco, que es el número actual, y cuyos
integrantes son los abogados: Ómar Édgar
Borja Soto, Paola Zuluaga Montaña, Juan Pablo
Hinestrosa Vélez, Myriam Cecilia Viracachá
Sandoval y John Alirio Pinzón Pinzón.
Ubicación Jerárquica
Dentro de la Estructura Administrativa del
Consejo de Estado, la Relatoría hace parte
de la Ofi cina de Información, conjuntamente
con el Archivo, y depende jerárquicamente
1 Tomado del DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Tomo 9,
página 1314.
34 Revista Judicial Noviembre 2006
Relatores del Consejo de Estado (de izq. a der.): Paola Zuluaga Monta
Juan Pablo Hinestrosa Vélez, John Alirio Pinzón Pinzón y Ómar Borja
“ La Relatoría, inspirada
en mejorar cada día los
servicios prestados
a Magistrados,
funcionarios, empleados
y al público en general,
se propone llevar
a cabo labores que
optimicen su función
en el país” .
de la Presidencia (Reglamento del Consejo
de Estado - Acuerdo 58 de 1999 artículos 42
y 43). Los nombramientos son efectuados
por la Sala Plena, comoquiera que tanto Relatores
como sus respectivos auxiliares son
empleados de carrera Judicial.
Servicios que presta
La Relatoría es la dependencia que suministra la
información jurisprudencial solicitada mediante
consultas internas (a funcionarios y empleados
del Consejo de Estado) y externas (Entidades
Públicas y Privadas de todos los órdenes y público
en general), sistematiza la jurisprudencia y,
en general, absuelve los requerimientos que a
nivel jurídico le son planteados.
La Relatoría presta los mencionados servicios
en forma personal en la Sala de Lectura,

ntaña, Myriam C. Viracachá Sandoval,
rja Soto:
por medio de uno de sus empleados y con la ayuda de las
terminales de computador allí instaladas; telefónicamente
respondiendo las consultas formuladas por los funcionarios
del propio Consejo de Estado, los Tribunales, demás entidades
públicas y privadas, y de todo el público en general utilizando
medios electrónicos como el e-mail y enviando excepcionalmente
la información en fotocopia o editada en CD.
Los soportes informáticos, que constituyen el fundamento
para absolver los requerimientos informativos anotados y
que a la vez están disponibles para los usuarios, son básicamente
los siguientes:
Una base de datos denominada ISIS que trabaja bajo
el Sistema Operativo DOS implementada desde hace
aproximadamente 20 años y que en la actualidad cuenta
con cerca de 85.000 registros o extractos jurisprudenciales.
Libros de Anales que contienen las providencias más
sobresalientes proferidas por el Consejo y que fueron
publicadas hasta el año 1999.
Archivos en medios magnéticos desde 1984 hasta
2006.
Índice de Normas Demandadas, Suspendidas y Anuladas
desde 1968 hasta el 2006.
Consulta en la página de Internet de la Rama Judicial.
Acceso al servicio
Los usuarios internos y externos de los servicios informáticos
y jurisprudenciales de la Relatoría pueden acceder a los mismos,
a través de los siguientes medios:
Consultas personales en la Sala de Lectura ubicada en
el primer piso del Palacio de Justicia.
Consultas telefónicas, cuyas preguntas e inquietudes son
respondidas vía e-mail, y en casos excepcionales en CD.
Suministro del CD a los Tribunales y Jueces Administrativos
del país. Asimismo, en casos especiales se hace
entrega del mismo a entidades y personas públicas y
privadas. Tal CD contiene actualmente la Jurisprudencia
y los conceptos autorizados del Consejo de Estado
desde 1996 y hasta junio de 2006.
Información Jurisprudencial a través de la página web institucional
www.ramajudicial.gov.co y se está implementando
una nueva página que pronto entrará a operar.
Perspectivas
La Relatoría inspirada en mejorar cada día los servicios prestados
a Magistrados, funcionarios, empleados y al público
en general, se propone llevar a cabo las siguientes labores
en los próximos meses:
Obtener el apoyo institucional del Consejo Superior de
la Judicatura para contar con una base de datos integral
que cuente con tecnología de punta y con un nodo de
Internet que haga realizable el contacto oportuno con el
usuario.
Poner a disposición de toda la comunidad, en forma
defi nitiva, la página web cuya dirección por ahora es
200.21.19.201/consejoestado, la cual puede ser consultada
a partir de la fecha.
Continuar produciendo el CD con la Jurisprudencia y
Conceptos, enriquecido con los Índices Temáticos, de
Normas Demandadas y normas de mayor uso en esta
jurisdicción.
Lograr la implementación de Manuales de Funciones
y de Capacitación, con el apoyo de la Sala Plena, la
Ofi cina de Sistemas y el CENDOJ.
Buscar canales de capacitación en materia de informática
documental para mejorar el servicio .
Noviembre 2006 Revista Judicial 35

Portada
Nueva Arquitectura
Judicial
Con muy pocos recursos asignados inicialmente y sin un plan de inversiones
defi nido comenzó la titánica tarea de recuperar el atraso en materia
de infraestructura física para la Rama Judicial.
RAUL MARTÍNEZ
Director Unidad de Recursos Físicos
“ Por parte del Fondo
Rotatorio del Ministerio de
Justicia se recibieron
veintiún obras iniciadas, las
cuales fueron terminadas
por el Consejo Superior de
la Judicatura, que a su vez
ha iniciado y terminado
72 proyectos de
infraestructura física” .
36 Revista Judicial Noviembre 2006
Dentro del marco de competencia
que le fi jan la Constitución Política
del 91 y la Ley 270 de 1996, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura ha encauzado sus esfuerzos al
mejoramiento de la infraestructura física judicial,
para lo que estableció unos lineamientos
de arquitectura judicial; dando prioridad
a la terminación de las obras en incipiente
estado de desarrollo recibidas del Fondo Rotatorio
del Ministerio de Justicia. Con dicha
estrategia se han logrado fi nalizar obras inconclusas;
incrementar las labores de mantenimiento
y rehabilitación de los inmuebles
de propiedad de la Rama, e igualmente, se
han obtenido importantes avances en la adquisición,
construcción y adecuación de inmuebles
de acuerdo con las exigencias que
impone una gestión judicial efi ciente.
La URFI inició su funcionamiento en el año
1993, con el recibo de las obras suspendidas,
construcciones en curso, construcciones
abandonadas en alto estado de deterioro,
lotes desocupados e inmuebles en
funcionamiento a lo largo y ancho del país,
por parte del desaparecido Fondo Rotatorio
a el Ministerio de Justicia.
Con muy pocos recursos asignados inicialmente
y sin un plan de inversiones defi nido
comenzó la titánica tarea de recuperar
el atraso en materia de infraestructura física
para la Rama Judicial que ya alcanzaba grandes
proporciones y el cual aún hoy después
de 14 años ininterrumpidos de labores no
ha sido posible superar.
Es de resaltar la importante gestión realizada
por la URFI y el Consejo Superior de la Judicatura
en todos los proyectos que propenden
por la modernización de la justicia que han
facilitado el acceso a los servicios judiciales
de justicia, así como el mejoramiento en la
efi ciencia y efi cacia, que ha transformado la
imagen de la justicia en las más importantes
ciudades del país.
Por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio
de Justicia se recibieron veintiún obras iniciadas,
las cuales fueron terminadas por el
Consejo Superior de la Judicatura, que a su
vez ha iniciado y terminado 72 proyectos de
infraestructura física.
Uno de los objetivos específi cos de los Planes
Sectoriales de la Rama Judicial ha sido
la adecuación y el mejoramiento de la Infraestructura
Física Judicial como mecanismo
de apoyo a la gestión judicial; por eso los
diseños arquitectónicos judiciales se han
adaptado a los roles de la administración de
justicia en cada especialidad, y al entorno
regional y ambiental donde se encuentra
ubicado el despacho judicial, posibilitando
un escenario armónico para la prestación de
los servicios judiciales.
Con la implantación de la oralidad que se
hará extensiva a todas las especialidades, las
Salas de Audiencia permiten garantizar el
principio de la oralidad en el trámite procesal
con la construcción y dotación de Salas
en todo el país.

Despachos Judiciales, Fresno. Palacio de Justicia, Armenia.
Despachos Judiciales, Mompós. Edifi cio Calamarí, Cartagena.
A pesar de la limitación de recursos presupuestales el Consejo
Superior de la Judicatura hoy puede mostrar que bajo
una dirección transparente y con criterios de racionalización
de recursos y efi ciencia en su manejo, es posible reducir los
costos de construcción y mejorar la cobertura de benefi ciarios
de los nuevos proyectos de arquitectura judicial.
La modernizacion de la arquitectura judicial
Es de resaltar la importancia que ha adquirido la arquitectura
judicial como pilar de la modernización de la justicia,
gracias a la constante y silenciosa labor asesora de la Unidad
de Recursos Físicos e Inmuebles y a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo Sistema Acusatorio
Penal se intensifi có la intervención integral de viejas
estructuras a los nuevos requerimientos de la justicia en el
siglo veintiuno, es así como hoy, en las ciudades y regiones
donde se encuentra funcionando el nuevo Sistema, los
Palacios de Justicia y las sedes de despachos judiciales han
sido transformados en su interior en modernas instalaciones
que ofrecen confort, seguridad, amplitud, organización
para usuarios y empleados que ahora asisten a las Salas de
Audiencias y Juzgados Penales.
En un constante buscar la mejor alternativa para adaptar
las sedes judiciales al nuevo sistema oral que extenderá a
sus especialidades como laboral, civil, familia y menores. Los
arquitectos e ingenieros de la URFI han logrado racionalizar
los espacios de forma tal que además de servir para la función
que deben cumplir tienen un valor agregado que los
hace agradables de visitar, confortables y con un contenido
estético que perciben los usuarios y que han logrado mejorar
el ambiente de trabajo de los servidores judiciales.
Teniendo en cuenta el atraso en este proceso de modernización
de la arquitectura judicial hemos sólo avanzado una
porción de todo ese gran paquete que son los inmuebles
de la Rama Judicial en todo el país y es por eso que seguiremos
de la mano de la Sala Administrativa transformando
la viejas edifi caciones en modernos edifi cios con despachos,
salas de audiencias, áreas de atención al público y centros
de servicios a lo largo y ancho del país, construyendo nuevas
estructuras donde sea necesario, hasta completar ese largo
camino hacia la modernización y la excelencia.
Como ejemplo de lo anterior tenemos dos importantes proyectos,
la Rehabilitación de los Despachos Judiciales de Barranquilla,
en funcionamiento y la Adecuación de los Despachos
Judiciales de Paloquemao en Bogotá, que se encuentra
en ejecución.
Barranquilla, restauracion: despachos judiciales de barranquilla
– atlántico
Este es uno de los proyectos más importantes de la Rama
Judicial y por eso desde la creación del Consejo Superior
de la Judicatura, la Sala Administrativa lo incluyó como una
de las obras prioritarias para restaurar, rehabilitar, adecuar
y modernizar.
Los inmuebles fueron recibidos del extinto Fondo Rotario
del Ministerio de Justicia, el cual los traspasó en junio de
1993, al Consejo Superior de la Judicatura. Son conocidos
en la ciudad como los edifi cios: Centro Cívico y Lara Bonilla,
están localizados en el centro de la ciudad.
El edifi cio Centro Cívico fue diseñado en 1944 por el Arquitecto
Leopoldo Rather, Director de Edifi cios Nacionales del
Ministerio de Obras Públicas, en la época de creación más
atrevida de nuestra arquitectura. Rother ideó un edifi cio que
tenía una plataforma de estacionamiento en el segundo
piso, al cual ascendían los vehículos por una rampa con una
proyección ligeramente oblicua. El edifi cio fue construido
por la Nación, entre los años 1946 y 1952.
Noviembre 2006 Revista Judicial 37

Portada
Instalaciones Despachos Judiciales, Rionegro, Antioquia.
38 Revista Judicial Noviembre 2006
Edifi cio Centro Civico, Medellín.
Sala de audiencia.
El edifi cio durante los diferentes años de su
funcionamiento y con el traspaso al Fondo
Rotatorio del Ministerio de Justicia, sufrió
una serie de adecuaciones y reformas con el
fi n de acomodarlo a las nuevas necesidades,
que afectaron negativamente su diseño original.
Sin embargo, en general su volumetría
y fachadas se mantuvieron.
El Edifi cio Centro Cívico, está considerado
patrimonio Arquitectónico e Histórico de la
Nación, es una joya arquitectónica de la ciudad
de Barranquilla, consta de 8 pisos con
estructura en concreto, pisos en baldosa,
ventanería en aluminio, mampostería revestida
de pañete, estuco y pintura.
El Edifi cio Lara Bonilla tiene 13 pisos, sótano
y terraza, estructura en concreto y una fachada
semifl otante con ventanería en aluminio y
vidrio. Los acabados interiores en pintura de
vinilo y pisos en baldosa de granito pulido.
El área de infl uencia inmediata del Circuito
Judicial de Barranquilla, alcanza un radio de
48 Km y cubre la totalidad de las cabeceras
municipales de su jurisdicción Baranoa,
Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Polonuevo,
Puerto Colombia, Tubará y Usiacurí.
Del Edifi cio Centro Cívico, El Consejo Superior
de la Judicatura ocupa sus 8 pisos, compartiendo
el 5° piso con la Procuraduría y del
Edifi cio Lara Bonilla posee los pisos del 4 al
11, en los otros funciona la Fiscalía.
Los edifi cios habían adolecido de falta de
mantenimiento, adecuaciones y rehabilitaciones
durante muchos años. Los funcionarios
laboraban en áreas bastante estrechas
e incómodas, en condiciones locativas de
trabajo muy deprimentes y de penumbra.
Las condiciones negativas de trabajo causadas
por la defi ciencia en las instalaciones
locativas no suplían de manera efi caz las necesidades
de los funcionarios y usuarios, adicionalmente
lo vetusto de las edifi caciones y
la falta de mantenimiento había generado
un deterioro palpable de los mismos, lo que
con la creciente demanda de servicios judiciales
conlleva a la congestión y caos en los
despachos.
Se organizaron los accesos al edifi cio, defi -
niendo tres entradas de las cuales dos son
para funcionarios y la principal para el público,
con rampas para minusválidos, controlada
con caseta de vigilancia, cámaras,
equipos de RX y arcos detectores de metales
para la seguridad de los funcionarios y usuarios
de los edifi cios.
El apoyo de la Sala Administrativa del consejo
Superior de la Judicatura, fue decisivo
para la terminación y entrega de las obras
que permitieron la recuperación del centro
histórico de Barranquilla, para benefi cio de
toda la ciudadanía.
En los dos edifi cios quedaron funcionando
los 83 juzgados de la ciudad de Barranquilla,
56 despachos judiciales en el edifi co Centro
Cívico y 27 despachos judiciales en el edifi -
cio Lara Bonilla.
En el primer piso del edifi cio Centro Cívico
se ubicó la sede de la Dirección Seccional de
Administración Judicial y en el segundo piso
se construyó una moderna sala de audiencia
para la justicia oral, dejando disponible los
espacios para la construcción de otras salas.
El área total del proyecto es de 26.383. M2 y la inversión en pesos corrientes fue de
$24.000.000.000, aquí laboran diariamente
600 personas y circula una población fl otante
del orden de 3.000 a 4.000 personas.
Adecuación y ampliación del Complejo
Judicial Paloquemao
Los recursos asignados para la adecuación
de la infraestructura física necesaria para el
funcionamiento del Sistema Penal Acusato-

Ubicación
rio en la ciudad de Bogotá se han destinado
principalmente para realizar las actividades
contempladas en las etapas de transición,
estudios y parte de las actividades de la etapa
de ejecución de obras, como se describe
a continuación:
Elaboración de estudios
Se ejecutaron los estudios técnicos para el
reforzamiento estructural, adecuación del
sistema eléctrico, hidrosanitario y red de incendio
en los bloques “C”, “B” y “E”, así
como la evaluación de costos para la ejecución
del proyecto, así:
Patología estructural.
Salas de
Audiencias
tipo “A”
Estudio de Suelos.
Diseño estructural y cálculo del reforzamiento.
Diseño y cálculo para la ampliación de
las redes hidráulicas y sanitarias.
Diseño y cálculo para la ampliación del
sistema eléctrico del Complejo, abarcando
red de fuerza y corriente regulada,
subestación, planta eléctrica de
emergencia, UPS, etc.
Diseño y cálculo para la ampliación del
sistema de cableado estructurado de
voz y datos, abarcando la red pasiva y
los equipos activos necesarios para la
correcta operación del sistema.
Ejecución de Obras: La adecuación física de
los pisos 2° y 3° del Bloque “C”, compren-
Salas de
Audiencias
tipo “B”
Número Total de Salas de Audiencias y Despachos construidos
hasta la fecha en el Complejo Judicial de Paloquemao
Salas de
Audiencias
tipo “C”
Total Salas
por bloque
dió un total de 17 Despachos para los Jueces
Penales con funciones de Control de Garantías,
17 Salas de Audiencias tipo C anexas a
los Despachos, Sala de Jueces y se acondicionó
en forma provisional un área para el
Centro de Servicios Judiciales.
Posteriormente se ejecutó la adecuación física
de los pisos 4° y 5° del bloque “C” en un
área aproximada de 1.800.00 m2 , entregándose
al servicio un total de ocho (8) Salas de
Audiencias Tipo “B” cada una con un área
de 70.00 m2 , dieciséis (16) Despachos para
Juzgados de conocimiento municipales y de
circuito, cada uno de estos Despachos se
desarrolló en un área aproximada de 35.00
m2 . En los quinto y cuarto pisos se construyeron
y dotaron dos (2) salas tipo “A” con
un área construida de 125.00 m2 y 158.00
m2 respectivamente. Con la puesta en funcionamiento
de estas Salas de Audiencias se
completa un total de cinco (5) de este tipo
distribuidas a partir del piso segundo en la
unión de los Bloques A, B, C y las áreas com-
Despachos
Garantías
Despachos
Conocimiento
Total
Despachos
por Bloque
I Bloque C - 8 17 25 17 16 33
II Bloque B - 6 - 6 - 12 12
II Unión Bloques A-B-C 2 - - 2 - - -
Numero total de salas 2 14 17 33 17 28 45
plementarias para fi scales, defensores y testigos,
Obras que se concluyeron en el mes
de enero del presente año.
Entre los meses de junio y julio del presente
año se concluyó la adecuación física de los pisos
4° y 5° del Bloque “B” con un área aproximada
de 1.800 m2 , el alcance de esta intervención
comprende (12) Despachos para los
Juzgados Penales de Circuito y Municipales
con funciones de Control de Garantías y seis
(6) Salas de Audiencias Tipo “B”. También se
entregaron al servicio totalmente remodeladas
las baterías de baños para estos pisos, las
cuales se remodelaron en su totalidad.
Actualmente, se encuentra en ejecución el
reforzamiento estructural de la cimentación
y primer piso del bloque “E”, obras que
permitirán realizar la remodelación física de
esta área para el funcionamiento defi nitivo
en ellas del Centro de Servicios Judiciales, el
cual funciona en forma provisional en el piso
segundo del bloque “C” .
Estas son las Nuevas Salas de Audiencias en Paloquemao construidas
por el Consejo Superior de la Judicatura.
Noviembre 2006 Revista Judicial 39

Capacitación
Esquema
de aprendizaje
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha propiciado espacios
de discusión académica en donde se presentan las diferentes posturas
frente a un tema determinado.
EMELY MAILING SALCEDO
Juez 43 Penal Municipal
“ El desarrollo científi co
y tecnológico recae sobre
la actividad laboral e
intelectual del hombre,
generando la constante
y acelerada necesidad de
mantenerse actualizado
informativa
y formativamente” .
40 Revista Judicial Noviembre 2006
Para refl exionar
La educación no está apartada de los
procesos dialécticos de la sociedad,
sino que hace parte de los mismos,
como una necesidad de renovación constante
del ser humano de acuerdo con el
entorno en el que se desenvuelve.
El desarrollo científi co y tecnológico recae
sobre la actividad laboral e intelectual del
hombre, generando la constante y acelerada
necesidad de mantenerse actualizado
informativa y formativamente, por lo que
la educación del ser humano no termina en
una etapa determinada de su vida, sino que
hace parte de su propia existencia como
condición necesaria para la productividad
económica y social.
En esa vía, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla ha venido realizando su misión institucional
a través de la ciencia denominada
andragogía, la cual se ocupa de estudiar
el carácter singular de aprendizaje de los
adultos que laboran en una determinada
especialidad, como es el caso de los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial. En
desarrollo de los esquemas andragógicos,
fundados en los principios democráticos de
En la fotografía se observan jueces en capacitación Escue
participación y horizontalidad, se tiene la
fi gura del facilitador no como el tradicional
profesor catedrático, sino como la persona
que orienta, motiva y apoya al discente en
su proceso de autoaprendizaje.
Programas metodológicos
Para el desarrollo de los programas metodológicos
la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, ha diseñado 3 módulos, así:
“Aprender a aprender”, el “Módulo del
facilitador” y el módulo sobre la “Metodología
para elaborar módulos de autoaprendizaje”.
Adicionalmente ha propiciado espacios
de discusión académica en donde
se presentan las diferentes posturas frente
a un tema determinado, desarrollando de
esta forma la creatividad, destreza y habilidades
en las argumentaciones orales, bajo
expresas reglas de respeto por la opinión
ajena.
Módulo del discente “aprender a aprender”.
Contiene un curso de inducción al
sistema de autoaprendizaje. De este módulo
es importante destacar la metodología
de autoestudio y del trabajo en grupo,
lo que redunda en el mejoramiento de la
autodisciplina para el estudio y desarrolla

cuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
el compromiso de los discentes hacia la
institución y sus compañeros.
Este módulo contiene el plan de estudio
para las diferentes temáticas que incluye
actividades presenciales (P) y no presenciales
(NP):
Módulo del Facilitador. Lo primero que hay
que decir es que la Escuela Judicial rescata
los principios de la andragogía en el sistema
educativo, sirviéndose de los mismos
Magistrados, Jueces y empleados con los
cuales se extiende la formación de los servidores
judiciales entre pares; es así que este
módulo constituye el material didáctico
para la formación de los facilitadores que
vayan a orientar a los discentes en desarrollo
de los planes anuales de formación diseñados
por la Escuela Judicial. Se resaltan de
este módulo los aportes en entrenamiento
teórico-práctico, la motivación a la investigación,
el liderazgo, la responsabilidad y
el compromiso que desarrolla en los facilitadores
en aras a estimular el proceso de
autoformación de sus pares.
Los cursos de formación de formadores se
hacen con la participación de los autores
de los módulos y están orientados a brin-
dar conocimientos didácticos, afi anzar los
conocimientos jurídicos y profundizar en
el estudio de contenidos constitucionales,
legales y jurisprudenciales.
Módulos de aprendizaje autodirigido. Los
módulos de aprendizaje autodirigido son
el material didáctico que brinda la Escuela
Judicial a todos los servidores judiciales, cuyos
temas son seleccionados con la participación
de Magistrados, Jueces y Empleados
de acuerdo con las necesidades concretas
del servicio. En la elaboración de los módulos
contribuye un grupo de profesionales
tratadistas especializados en cada área
del derecho, para lo cual se debe tener en
cuenta un instructivo que contiene la metodología
integral unifi cada para la formación
de servidores de la Rama Judicial y las
estratégicas metodológicas para estructurar
los módulos.
La actualización de los módulos responde
a la identifi cación de las necesidades más
sentidas por los funcionarios y empleados
en función del mejoramiento de la calidad
del servicio de administración de justicia, y
la profesionalización de los servidores de la
Rama Judicial, quienes participan en los talleres
programados para ese fi n.
P
No Presencial
Presencial
No presencial
P
NP
NP
P
P
NP
Reunión Inicial
Análisis individual
Informe individual
Análisis en Subgrupo de Estudio
Preparación Presentación
Resumen Ejecutivo
Mesa de Estudio
Análisis de casos
Simulaciones
Aplicación a la Práctica Judicial
Informe de Aplicación
Intercambio de Experiencias en
Subgrupo
Conversatorios
Monitorías
Seguimiento
Refuerzo (según necesidades)
Reunión de Evaluación Impacto
Retroalimentación del Programa
Noviembre 2006 Revista Judicial 41

Capacitación
Programa de formación especializada
para la implementación del Sistema
Acusatorio Penal
Con la introducción del Sistema Acusatorio
Penal en Colombia mediante el Acto Legislativo
03 de 2002, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura a través
de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
elaboró el Plan Integral de Formación sobre
el Sistema Acusatorio Penal, con la visión
de alcanzar una transformación jurídico
cultural de los servidores judiciales, de cara
a la sociedad en un nuevo esquema jurídico
procesal que rompe con los paradigmas
42 Revista Judicial Noviembre 2006
tradicionales del proceso penal, sin olvidar
los principios constitucionales y legales.
El Plan incluye programas de actualización y
formación especializada, foros de discusión
permanente a través de conversatorios, pasantías
y publicaciones en la página web de
la Rama Judicial, observatorio jurídico y de
gestión, cursos de técnicas del juicio oral y
visitas de observación.
Los programas de formación para el SAP
están dirigidos a Magistrados, Jueces y empleados
de la Jurisdicción Penal, con objeto
de desarrollar una competencia técnica y
profesional de alto nivel, así como la com-
prensión de los problemas jurídicos, la interpretación
del texto jurídico y la lógica del
razonamiento para la solución de los asuntos
penales, lo que brinda seguridad jurídica
a las partes intervinientes en el proceso y
la toma de decisiones oportunas.
Pero no sólo en este ámbito se ha quedado
el plan educativo, sino que se ha extendido
a los funcionarios de los demás organismos
estatales que interactúan en el proceso penal,
esto se debe a la amplitud estructural
de los componentes programáticos y la dinámica
de la praxis judicial dentro del nuevo
esquema procesal penal .
Capacitación Tribunales Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Plumillas: Luis Humberto Duque G.

Salud
Salud ocupacional
Las políticas de Salud Ocupacional de la Rama Judicial fueron establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 2333 del 17 de marzo de 2004.
“ Es así como, a partir
de la identifi cación
actualizada de los riesgos
laborales prioritarios, se han
diseñado programas para
prevenir e intervenir los
efectos de las condiciones
laborales sobre la salud
de los servidores judiciales
del orden nacional” .
44 Revista Judicial Noviembre 2006
Simulacro de Desastre
En cumplimiento de la legislación actual
vigente en materia de riesgos
profesionales y de las Políticas de
Salud Ocupacional de la Rama Judicial, establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura
– Sala Administrativa a través del
Acuerdo 2333 del 17 de marzo de 2004, la
alta gerencia de la Rama Judicial establece
su compromiso con la salud ocupacional, la
cual es concebida como herramienta principal
para elevar el nivel de calidad de vida
laboral de los servidores judiciales, constituyéndose
así en uno de los lineamientos
estratégicos para la obtención de sus objetivos
misionales.
Es así como, a partir de la identifi cación actualizada
de los riesgos laborales prioritarios,
se han diseñado programas para prevenir e
intervenir los efectos de las condiciones laborales
sobre la salud de los servidores judiciales
del orden nacional. Por tal razón se
desarrollan los siguientes programas:
Programa plan de emergencias
Con el fi n de minimizar las consecuencias
que se deriven de los posibles eventos de
emergencia social, natural y tecnológico,
que afecten los recursos materiales y humanos
de las edifi caciones de la Rama Judicial,
se cuenta con un plan sistemático de evaluación
y control de estas situaciones y con
un grupo de brigadistas conocedores de las
acciones que se deben emprender antes,
durante y después de una emergencia.
Programa riesgo psicosocial
Teniendo en cuenta las condiciones de las
actividades judiciales y administrativas de la
Rama Judicial, tales como la responsabilidad
social, la atención al público, la concentración
continua, la repetitividad, la presión
de los términos judiciales, la alta carga
laboral y el acelerado ritmo de trabajo, se
ejecutan en asocio con la ARP programas
que buscan desarrollar habilidades en los
servidores judiciales para facilitar el manejo
y la prevención de alteraciones de la salud
derivadas de este riesgo. A través de diferentes
actividades de capacitación, relajación
y trabajo en equipo se logra integrar
a todos los niveles jerárquicos de la Rama
Judicial en el esfuerzo conjunto para detectar
factores de riesgo y diseñar estrategias
para minimizar su efecto.
Programa riesgo ergonómico
El desarrollo permanente de las actividades
y tareas administrativas que acompañan la
gestión judicial, hace que la labor del servidor
judicial se convierta en un trabajo sedentario
que le involucra escasa actividad
física y le predispone a realizar movimientos
repetitivos y en algunas ocasiones erróneos.
Por tal razón y ante la aparición de
enfermedades osteomusculares en la po-

lación judicial se vienen desarrollando programas de prevención
con la población en general, a través de la práctica
de pausas activas y ejercicios cortos de estiramiento dentro
de la jornada laboral y de intervención de condiciones ergonómicas
a través del desarrollo de sistemas de vigilancia
epidemiológica con las áreas que tienen identifi cado un
servidor sintomático en este tipo de patologías.
Programa de estilos de vida saludables
Con el fi n de promover un desarrollo personal armónico en
los lugares de trabajo y lograr la disminución del ausentismo
laboral derivado de las incapacidades por enfermedad
común, la Sala Administrativa con el apoyo de las Cajas
de Compensación y la Administradora de Riesgos Profesionales,
aliados estratégicos de la Rama Judicial, han implementado
acciones tendientes a estimular la autoestima
de los servidores judiciales y el control de su propia salud,
mediante el fomento del espacio laboral como fuente de
bienestar.
En razón a ello se realizan diferentes actividades recreativas
(semana cultural, feria artesanal, vacaciones recreativas,
celebración de fechas especiales, programa de prepensionados),
actividades de promoción y prevención de la salud
(semana de la salud judicial, programa antitabaquismo,
programa cardiovascular) y deportivas (juegos zonales de
la Rama Judicial) dirigidas a todos los servidores judiciales y
sus familias, teniendo en cuenta el perfi l sociodemográfi co
de la población, la caracterización de la enfermedad general
y de accidentalidad de la misma.
De manera complementaria, a través de las Direcciones
Seccionales y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
desde el año 2004 se vienen implementando sistemas
de gestión administrativa que favorecen el desarrollo de
la salud ocupacional en la Rama, asegurando los medios
para obtener mejores resultados en la administración de
los riesgos laborales.
Dentro de estas estrategias, se encuentra la participación
de la totalidad de las Seccionales en el Premio Excelencia
de Suratep, tanto en su versión pública como en la mo-
dalidad creada por iniciativa del Director Ejecutivo, doctor
Juan Carlos Yepes Alzate, a partir del año 2005 exclusivamente
para la Rama Judicial, en la que se resaltan los
resultados de las mejores seccionales en el tema de salud
ocupacional, siendo la Dirección Seccional de Pereira la ganadora
en esta primera versión del concurso.
También se encuentra la implementación del modelo normativo
NTC-OHSAS 18001, sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional, con el cual se gestionará la utilización
de herramientas administrativas que favorezcan el
desempeño de responsabilidades y compromisos en salud
ocupacional de todos los niveles jerárquicos de la Rama
Judicial.
Así mismo, se ha logrado consolidar una cultura de participación
activa de los servidores judiciales y compromiso
enérgico de los mismos en el perfeccionamiento del Programa
de salud ocupacional, mediante la conformación y
trabajo efi caz de los 25 Comités Paritarios de Salud Ocupacional
del nivel nacional, quienes anualmente reciben formación
técnica y desarrollo de habilidades en el Encuentro
Nacional de Copasos de la Rama Judicial, evento en el que
se involucran a los agentes territoriales y nacionales del
sistema de riesgos profesionales del país y se demuestra a
la comunidad en general el compromiso de la Rama con la
salud de los servidores judiciales .
Brigada de Salud Ocupacional realizada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Noviembre 2006 Revista Judicial 45

Carrera Judicial
Profesionalización
de los empleados
La profesionalización se comprende y justifi ca en el contexto
de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
JORGE MARIO RIVADENEIRA MORA
Director Unidad de Administración
de la Carrera Judicial
“ Dentro de ese tejido, la
administración de justicia
debe ser efi ciente; donde,
no solo los funcionarios
sino también los empleados
judiciales deben
ser diligentes en la
sustanciación de los
asuntos a su cargo, sin
perjuicio de la calidad de
los fallos que
deban proferir”
46 Revista Judicial Noviembre 2006
Realizar un ensayo sobre la carrera judicial
exige abordar la función pública,
tanto en su sentido amplio como
en el restringido. En ese contexto, es sabido
que la función jurisdiccional, se ejerce como
propia y habitual de la Rama Judicial, donde
existe diferencia entre los órganos, funcionarios
o personas que pueden administrar
justicia y los órganos, funcionarios o personas
que hacen parte de la Rama Judicial.
Dicha función se ejerce, entre otros, por la
jurisdicción constitucional, el Consejo Superior
de la Judicatura, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y la jurisdicción
ordinaria (Art. 12 L. 270/96).
Por su parte, el régimen administrativo laboral
se estructura a partir de la institución del
empleo o cargo público, entendido como el
conjunto de funciones, deberes y responsabilidades
que han de ser atendidos por una
persona natural, para satisfacer necesidades
permanentes de la administración pública,
las cuales deben ser establecidas por la
Constitución, la ley o el reglamento, o asignados
por autoridad competente.
Siguiendo un criterio funcional, los servidores
públicos al servicio de la Rama Judicial
se clasifi can en: (i) Funcionarios, que son los
magistrados de las corporaciones judiciales
y los jueces de la República y (ii) Empleados,
las demás personas que ocupen cargos en:
(a) las corporaciones y despachos judiciales y
(b) en los órganos y entidades administrati-
Jueces de conocimiento de Paloquemao (de izq. a
Victoria Hernández Sánchez, Juez 6ta. Garantías; H
Servicios Judiciales; Cecilia Rodríguez, Juez 1ra. M
Carmen Vallejo, Juez 3ra. de Garantías y María de
vas de la Rama Judicial (Art. 125 LEAJ). Unos
y otros deben responder a los dictados del
artículo 122 Constitucional; esto es: han de
tener sus funciones detalladas en ley o reglamento;
estar contemplados en la respectiva
planta de personal y estar previstos sus
emolumentos en el presupuesto.
Así, se advierte una correlación entre la FUN-
CIÓN PÚBLICA DE ADMINISTRAR JUSTICIA
– LA ESTRUCTURA DE LA RAMA JUDICIAL
– LA PLANTA DE PERSONAL – LOS EMPLEOS
O CARGOS– SUS FUNCIONES –SUS REQUISI-
TOS Y PERFILES, todo cubierto por un manto
de principios, como el de celeridad (art. 4° L.
270/96); autonomía e independencia de la
Rama (Art. 5° Id.); efi ciencia (Art. 7°); mérito
e igualdad (Art. 164 Id.), entre otros, sobre
lo cual el sistema de carrera judicial se fundamenta
y encuentra su razón de ser.
Para cumplir con la trascendental misión
de administrar justicia y estar a la altura del
compromiso social, Constituyente y legislador
estatutario diseñaron tanto la estructura
de la Rama Judicial como un adecuado sistema
de administración de personal para el
cabal desarrollo del valor justicia, denominado
CARRERA JUDICIAL, basada, entre otros,
en el carácter profesional de funcionarios
y empleados (Art. 156 Id.).
La profesionalización de unos y otros, se
comprende y justifi ca en el contexto de la

. a der.): Dra. Teresa Castillo Cabas, Juez 28 del Circuito; Carlos Héctor Tamayo Medina, Juez 2do. del Circuito; Ana
s; Hernando Torres Corredor, Magistrado Sala Administrativa CSJ; Martha Yenira Sánchez Vargas, Coordinadora Centro
. Municipal de Conocimiento; José Alfredo Escobar Araújo, Presidente Consejo Superior de la Judicatura; María del
de Jesús Méndez Molina, Juez 26 Municipal de Garantías.
Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
En efecto, uno de los presupuestos esenciales
del Estado social de derecho, es el de
contar con una debida administración de
justicia. A través de ella, se protegen y se
hacen efectivos los derechos, las libertades
y las garantías de la población entera, y se
defi nen igualmente las obligaciones y los
deberes que les asisten a la administración
y a los asociados. Se trata, del compromiso
general en alcanzar la convivencia social y
pacífi ca, de mantener la concordia nacional
y de asegurar la integridad de un orden político,
económico y social justo. Cada vez se
reclama con mayor ahínco una justicia seria,
efi ciente y efi caz donde el juez abandone
su papel estático, como simple observador
y mediador dentro del tráfi co jurídico, y se
convierta en un partícipe más de las relaciones
diarias de forma tal que sus fallos no
sólo sean debidamente sustentados desde
una perspectiva jurídica, sino que, además,
respondan a un conocimiento real de las situaciones
que le corresponde resolver. Ello
implica, un mayor dinamismo judicial, pues
sin lugar a dudas es el juez el primer llamado
a hacer valer el imperio de la Constitución y
de la ley en benefi cio de quienes, con razones
justifi cadas, reclaman su protección. Así,
la justicia ha pasado de ser un servicio público
más a convertirse en una verdadera función
pública, como bien la defi ne el artículo
228 del Estatuto Fundamental. Signifi cando
que tanto en cabeza de los más altos tribu-
nales como en la de cada uno de los juzgados
de la República, en todas las instancias,
radica una responsabilidad similar, cual es la
de hacer realidad los propósitos que inspiran
la Constitución en materia de justicia, y
se resumen en que el Estado debe asegurar
su pronta y cumplida administración a todos
los asociados.
Dentro de ese tejido, la administración de
justicia debe ser efi ciente; donde, no solo
los funcionarios sino también los empleados
judiciales deben ser diligentes en
la sustanciación de los asuntos a su cargo,
sin perjuicio de la calidad de los fallos
que deban proferir (Art. 7° LEAJ). Signifi ca
lo anterior que los despachos judiciales no
solo deben atender en forma diligente sus
responsabilidades, sino que además el juez
debe fallar haciendo gala de su seriedad, su
conocimiento del derecho y su verdadero
sentido de justicia; pues la administración
de justicia no puede sino reclamar que sus
pronunciamientos estén enmarcados por la
excelencia.
En la organización básica de la Rama Judicial
(Art. 11° Id.), se encuentra la célula básica
de la organización judicial como se
denomina al Juzgado, cualquiera sea su
categoría y especialidad. Se integrará por (i),
el juez titular (ii), el secretario (iii), los asistentes
que la especialidad demande y (iv)
por el personal auxiliar califi cado que de-
termine el Consejo Superior de la Judicatura
(Art. 21 LEAJ). La expresión “los asistentes
que la especialidad demande”, debe interpretarse
de conformidad con las reglas y determinaciones
que sobre el particular adopte
el Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257
C.P.), pues de lo contrario se permitiría a cada
juzgado determinar libremente su propia
planta de personal, ocasionando graves trastornos
logísticos y laborales y entrabando el
funcionamiento mismo de la administración
de justicia. Entonces, uno de los órganos que
con mayor responsabilidad debe cumplir su
deber de prestar una administración de justicia
pronta, seria, diligente y efi caz es precisamente
el juzgado. Por ello, resulta ilustrativa
la denominación utilizada por el legislador estatutario,
con lo cual resalta la importancia y
la trascendencia de este tipo de instituciones.
En esa medida, es al titular de ese despacho
judicial –y a través de él a los demás funcionarios–
a quien le corresponde velar por
el debido funcionamiento de su dependencia,
por el cumplimiento estricto de los términos
procesales y, lo que es más importante,
por el respeto permanente de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, a través
de una cabal impartición de justicia.
Congruente con lo anterior, la organización
básica interna de cada despacho judicial
será establecida por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, con
sujeción a las necesidades que existan en
Noviembre 2006 Revista Judicial 47

Carrera Judicial
materia de asistencia y asesoría en distintas
disciplinas y los requerimientos reales
de personal auxiliar califi cado, entre otros
(Art. 51).
Como punto de enlace entre la organización
judicial y el sistema de carrera judicial
y, a manera de preámbulo de la misma, se
encuentra el artículo 161 de la Ley 270/96,
según el cual para ejercer los cargos de empleado
de la Rama Judicial en carrera deben
reunirse, entre otros, los requisitos señalados
en las disposiciones generales (Arts. 127
y 129 Ley 270/96) y aquellos que fi je la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
sobre: (i) experiencia (ii), capacitación
y (iii) especialidad para el acceso y ejercicio
de cada cargo en particular de acuerdo
con la clasifi cación que establezca y las necesidades
del servicio (Acuerdo 3560/06).
Los requisitos mínimos se precisan por
niveles, así: 1. administrativo y asistencial:
TÍTULO DE ABOGADO o terminación y
aprobación de estudios de derecho. 2. profesional:
TÍTULO PROFESIONAL o terminación
y aprobación de estudios superiores. 3.
técnico: Preparación técnica o tecnológica
y 4. Nivel auxiliar y operativo: Estudios
de educación media y capacitación técnica
o tecnológica.
Al respecto precisó la Corte Constitucional:
“La Carta Política le asigna plena competencia
al legislador para determinar los requisitos
mínimos necesarios para que los
empleados de la Rama Judicial vinculados al
sistema de carrera puedan aspirar a ciertos
cargos (Arts. 125 y 150-23 C.P.). Así, pues,
la preparación y el esfuerzo del trabajador,
junto con su experiencia profesional
–que para estos casos se constituye en
elemento de gran trascendencia– son criterios
válidos y razonables que fundamentan
las decisiones que las autoridades competentes
deban tomar al respecto, en particular
en lo que atañe a los ascensos dentro de
la Rama Judicial. En igual sentido, no sobra
48 Revista Judicial Noviembre 2006
agregar que resulta ajustado a la Constitución,
y a la fi losofía misma de la carrera,
el que la ley fi je diferentes requisitos para
acceder a cargos que se han catalogado en
diferentes niveles, como el administrativo, el
profesional, el técnico, etc.”.
“ No sobra agregar que
resulta ajustado a la
Constitución, y a la fi losofía
misma de la carrera, el que
la ley fi je diferentes requisitos
para acceder a cargos que se
han catalogado en diferentes
niveles, como el
administrativo,
el profesional, el técnico.”
De otro lado, en la estructura básica de un
juzgado se hace referencia expresa al secretario
por encima de los asistentes y auxiliares
califi cados. La importancia de su desarrollo
educativo se realza cuando de medidas de
redistribución funcional se trata, donde su
preparación profesional y especialidad le
otorgan el derecho preferencial de conservarla
(Art. 90 Id.). Otro tanto acontece con
el ofi cial mayor o sustanciador. Entonces,
por su denominación, naturaleza, funciones
y requisitos, estos cargos se ubican, sin
mayores esfuerzos, dentro de los niveles administrativo
y asistencial, respectivamente,
donde, por expresos mandatos legales, es
indispensable su formación superior.
Puestas así las cosas, se advierte, con facilidad,
cómo el Legislador Estatutario estableció
y dio valor preponderante a la preparación
profesional de aquellos empleados que
acompañan al Juez en la ardua y difícil función
pública esencial de administrar justicia.
Todo lo anterior pone de presente que la
carrera judicial debe estar orientada a
atraer y retener el personal necesario e
idóneo para desarrollar la función judicial;
llámese funcionario o empleado, quienes
por regla general son de carrera, conforme
lo disponen los artículos 125 Superior
y 158 de la LEAJ.
Dentro del marco descrito, la profesionalización
se materializa a través del concurso de
méritos, al ser el proceso mediante el cual,
a través de la evaluación de (i), conocimientos
(ii), destrezas (iii), aptitud (iv), experiencia
(v), idoneidad moral y (vi) condiciones
de personalidad de los aspirantes a ocupar
cargos en la carrera judicial, se determina
su inclusión en el Registro de Elegibles y se
fi ja su ubicación en el mismo (Art. 164 Id.).
El procedimiento administrativo complejo a
que da lugar el concurso, comprende una
serie de etapas (convocatoria, reclutamiento,
aplicación de pruebas o instrumentos de
selección), conformadas por actos jurídicos
y materiales que tienden a una fi nalidad,
como es la conformación de una lista de
elegibles, con base en la cual se produce el
nombramiento.
Congruente con lo expuesto, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura,
previo concepto de la Comisión Interinstitucional,
profi rió el Acuerdo 3560/06,
“Por el cual se adecuan y modifi can los
requisitos para los cargos de empleados
de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios”,
y acto seguido instruyó a las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura, para que en ejercicio
de sus competencias contenidas en los artículos
101, 164 y 165 de la Ley 270 de
1996, abrieran sendas convocatorias para
proveer los cargos de EMPLEADOS de los
tribunales, juzgados y centro de servicios
de sus correspondientes distritos.

Convocatoria en la cual se inscribieron
73.968 ciudadanos de los cuales se admitieron
55.076 que presentaran la prueba de
conocimientos y aptitudes el 3 de diciembre
de 2006 y su registro se conformará en la
siguiente anualidad. Con relación a la convocatoria
de jueces administrativos se inscribieron
11.820 ciudadanos y se admitieron
10.710. Dichos procesos se resumen en el
siguiente cuadro:
En desarrollo de las facultades que le son
propias, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, desde el año de
1994, hasta la fecha, ha adelantado 16 convocatorias,
contando con la participación
de 212.044 ciudadanos, siendo admitidos
173.617. De los referidos procesos están
en trámite 5 convocatorias, respecto de las
cuales no se ha conformado el registro de
elegibles, estando en diversas fases v./ gr.,
Curso de formación judicial; aplicación de la
prueba de conocimientos y determinación
del registro de elegibles.
Un comparativo de los procesos terminados
se observa en el siguiente gráfi co.
Es de aclarar que el rubro de nombrados se
verá incrementado en los próximos años,
por cuanto existen 6 registros vigentes con
los cuales se atenderán nombramientos hasta
el año 2010 .
150.000
100.000
50.000
0
103.034
SEDE
EMPLEADOS
INSCRITOS ADMITIDOS
JUECES ADMINISTRATIVOS
INSCRITOS ADMITIDOS
ARAUCA 124 97 17 17
ARMENIA 1.746 1.424 206 197
BARRANQUILLA 4.659 3.491 746 645
BOGOTÁ, D. C. 9.781 7.416 3.708 3.307
BUCARAMANGA 4.364 3.354 723 661
BUGA 3.225 1.712 155 146
CALI 3.178 1.835 794 731
CARTAGENA 2.815 2.038 317 284
CÚCUTA 2.515 1.851 341 315
FLORENCIA 899 722 70 66
IBAGUÉ 3.486 2.677 360 342
LETICIA 60 51 N.A. N.A.
MANIZALES 2.825 1.925 210 199
MEDELLÍN 6.566 4.473 1.103 1.000
MONTERÍA 1.970 1.581 274 254
NEIVA 3.179 2.421 278 261
OCAÑA 376 211 13 13
PASTO 4.866 4.058 365 327
PEREIRA 1.423 1.254 219 205
POPAYÁN 3.223 2.526 310 278
QUIBDÓ 814 660 100 97
RIOHACHA 574 464 76 70
SAN ANDRÉS 91 70 12 11
SANTA MARTA 2.205 1.732 216 200
SINCELEJO 1.228 879 169 147
TUNJA 4.200 3.182 565 508
VALLEDUPAR 1.549 1.323 189 167
VILLAVICENCIO 1.735 1.418 204 185
YOPAL 292 231 80 77
TOTAL 73.968 55.076 11.820 10.710
88.479
24.176 21.893
8.861
Comparativo de procesos terminados
Inscritos
Admitidos
Aprobaron prueba
de conocimientos
Registro
Nombrados
Noviembre 2006 Revista Judicial 49

Opinión
Cervantes
al oído de los jueces
de mármol
HIPÓLITO LATORRE GAMBOA
Abogado
“La libertad, Sancho, es
uno de los más preciosos
dones que a los hombres
dieron los cielos;
por la libertad así como
por la honra se puede y
debe dar la vida, y por el
contrario, el cautiverio es
el mayor mal que puede
venir a los hombres”
50 Revista Judicial Noviembre 2006
Desde 1713, cuando empezó su importantísima
labor la Academia Española
de la Lengua, los analistas
del “Quijote de La Mancha” no han alcanzado
a sacar a fl ote todas las ideas y mensajes
del principal protagonista de la novela,
pero han destacado el ingenio de su autor
para valorar al hombre y determinar las categorías
del comportamiento humano: honor,
valor, honestidad, lealtad, altruismo y muchas
más que proyectó a través del “hidalgo de La
Mancha” quien no obstante su inefable locura
expresó el anhelo de que algún día se haga
realidad el imperio de la justicia y se logre el
respeto de los valores y derechos humanos,
como presupuesto de armonía y de paz.
Cervantes soportó azarosas situaciones durante
su vida: pobreza, prisión, enfermedades;
fue herido cuando peleó en la Batalla de
Lepanto, y vivió las angustias de un desempleado
acosado por ingentes necesidades. Y
entre los muchos avatares soportó enojosas
situaciones y problemas en el seno de su
propio hogar. Pero al mismo tiempo fue un
valiente guerrero y esforzado luchador por
la justicia para los pobres y desvalidos y se
distinguió por su hidalguía, por el respeto a
la libertad y a los derechos del hombre como
ser humano, todo lo cual marcó su vida y la
vida fi cticia de su “Caballero andante”.
Un día Don Quijote le dijo a su escudero:
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los
cielos; por la libertad así como por la honra
se puede y debe dar la vida, y por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que puede
venir a los hombres”. Por este mensaje Mario
Vargas Llosa escribió: “Al mismo tiempo
que una novela sobre fi cción, el Quijote es
un canto a la libertad”. Es que el concepto
de libertad de Cervantes no era el mismo de
los detentadores del poder en ese momento
histórico de su vida, y ello determinó el ánimo
justiciero del “Ingenioso Hidalgo” en su
recorrido por las llanuras de la Mancha.
Los humildes y menesterosos del mundo
conocido por Cervantes, no conocían las
bondades de la justicia ni de la libertad, ni el
derecho a la igualdad. Y a muchos les tocó
vivir “una dolorosa sucesión de fracasos, de
penurias y de vergüenzas públicas, incluida
la cárcel”. Y como Cervantes no fue ajeno a
esa situación, optó por la mejor alternativa,
que fue la de emprender la lucha, para, de
algún modo, lograr “reivindicaciones sociales”
y el respeto por los derechos humanos
conculcados.
Pero como no tenía la menor posibilidad,
siquiera, de portar sobre sus hombros una

pancarta de protesta contra el Soberano, ni
contra la autoridad ejercida por los demás
miembros de la nobleza ni podía liderar alzamiento
popular alguno contra el gobierno
para reivindicar derechos de los pobres, porque
no era ningún insurrecto, en el sentido
“lato” del vocablo, ni en la comunidad conformada
por los menesterosos había conciencia
de clase como para apoyar con éxito
sus propósitos de cambio y mejoramiento
de vida, es razonable inferir que si lo quiso,
de corazón, como se explica por las protestas
de Don Quijote cuando constató las torturas
y tormentos a que estaban sometidos
unos presuntos delincuentes que una vez
encontró en su camino, encadenados por el
cuello, y recibiendo azotes y maltratos que
les infl igían los guardias que los custodiaban
y conducían.
Todas las experiencias y vicisitudes de Cervantes
lo inspiraron para idear el modus
operandi de su protesta contra las causas
generadoras de esa deplorable situación,
y sus sentimientos de inconformidad buscaron
un medio de expresión, y apareció,
entonces, en su rica fantasía “Don Quijote
de la Mancha”, labrado por su ingenio y su
prodigiosa pluma. Pero opinar sobre tópicos
a que no alude la ortodoxia cervantista resulta
aventurado. No obstante se sucumbe
ante la necesidad de decir que ese imaginario
protagonista de aventuras y de luchas
que también relató historias llenas de
mensajes; que ilustró con refranes de la más
pura sabiduría popular y dio sabios consejos
para lograr su designio que gravitó en el
ámbito de la equidad y de la justicia, tuvo
muchos otros matices que hicieron parte
del contexto de su grandiosa existencia: «su
porte galante con las damas y su actitud de
respetable, equilibrado y ecuánime administrador
de justicia sin que importaran, para
nada, los altibajos de su cordura, que le permitieron
a Gaspar Garrote Bernal decir que
Don Quijote era “un entreverado loco, lleno
de lúcidos intervalos”».
En fi n: Don Quijote ha vivido 400 años, y
sin embargo “se halla en la fl or de su juventud”,
haciendo gala aún de sus hazañas que
no parecen tener fi n, y describiéndonos en
las páginas del gran libro que nutre su vida,
sus contiendas, sus actos de valor, sus victorias
y derrotas, y mostrándonos la dimensión
de su fortaleza espiritual ante los fracasos y
adversidades, y ante las incomprensiones de
los hombres cuando anduvo por los caminos
de La Mancha protegiendo a los menesterosos.
Entonces no se amilanó ante las burlas
y denuestos de la gente que presenció sus
batallas. Por esto hay que creer que Cervantes
se proyectó en su combatiente personaje
para darnos ejemplo, y para enseñarnos que
no se debe ser indiferente ni apático ante el
dolor ajeno, ni pusilánime ante las injusticias
y vulneración de nuestros propios derechos.
Los frutos de este ejemplo están registrados
en los anales de la historia.
Es preciso anotar que las opiniones
que aparecen en estos
acápites corresponden al discernimiento
sobre varios de los
mensajes que afl oran en las páginas
de la imponderable obra
de Cervantes, independientemente
del inmenso valor literario
que se evidencia en esas
mismas páginas, “apasionadas
y deschavetadas, fecundas y
delirantes”, como las califi ca
el periodista y académico Don
Juan Gossaín.
Cómo no exaltar el querer de
Cervantes, de darle la mano
amiga a los menesterosos para
levantarlos del nivel en que
los tenía postrados la voluntad de una clase
opulenta y egoísta, si ese querer se puso
«Su porte galante con
las damas y su actitud de
respetable, equilibrado y
ecuánime administrador de
justicia sin que importaran,
para nada, los altibajos de
su cordura, que le permitieron
a Gaspar Garrote Bernal
decir que Don Quijote
era “un entreverado loco,
lleno de lúcidos intervalos”»
Noviembre 2006 Revista Judicial 51

Opinión
52 Revista Judicial Noviembre 2006
de manifi esto en las páginas de
su monumental obra. Y cómo
no entender que Don Quijote
ponderó sin ambages el derecho
a la libertad, el derecho
a la defensa y el derecho a la
igualdad y a la justicia. Fue
por esto que Francisco Ayala
escribió: “En el Quijote, Cervantes
recoge las experiencias
de los recuerdos de su vida“.
Don Quijote ofi ció como juez
en improvisados estrados judiciales, como el que levantó
frente a los guardias y comisarios que conducían encadenados
y atados por el cuello, como eslabones humanos, a
sus prisioneros destinados a trabajos forzados en las “galeras”
del Rey, y repudió el tormento y la tortura como
métodos para obtener la confesión de los sindicados
de delitos. Por eso refl exiono “Aquí encaja la ejecución
de mi ofi cio: desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los
miserables”… “No es bien que hombres honrados sean
verdugos de los otros hombres”. “Me parece duro caso
hacer esclavos a quienes Dios y la naturaleza hizo libres”.
En otra de sus refl exiones su mente se remontó al primer
estadio de la humanidad y expresó: “Dichosa edad” y “siglos
dichosos” que los antiguos “pusieron nombre de dorados”,
porque en esa “edad venturosa” los que en ella vivían
ignoraban las palabras “tuyo y mío”, y todas las cosas
eran comunes y “todo era paz, todo amistad, todo concordia”.
En esta añoranza enmarcó la verdadera dimensión de
la justicia, con la recóndita esperanza de lograr lo mismo
en el remoto futuro por la acción de la justicia. Por ello
expresó que para “profesar la ciencia de la caballería se
requiere ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva,
y conmutativa para dar a cada uno lo que es suyo
y lo que le conviene”. Y tuvo como su imperativo docente
enseñarle a Sancho Panza cómo debía administrar justicia,
para lo cual le impartió las siguientes reglas, que hoy,
transcurridos 400 años, siguen teniendo vigencia y constituyen
un signifi cativo mensaje para los administradores de
justicia que Andrés Fernando Nanclares Arango denomina
“jueces de Mármol”:
“Mira, Sancho: si tomas por medio la virtud y te precias
de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener
envidia a los que padres y abuelos tienen príncipes
y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se
conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre
no vale.
Nunca te guíes por la ley del encaje (=nunca juzgues
con arbitrariedad) que suele tener mucha cabida en
los ignorantes que presumen de agudos.
Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre,
pero no más justicia que las informaciones del rico.
Procura descubrir la verdad por entre las promesas y
dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades
del pobre.
Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad,
no cargues todo el rigor de la ley al delincuente,
que no es mejor la fama del juez riguroso que la del
compasivo.
Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el
peso de la dádiva sino con el de la misericordia.
Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu
enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en
la verdad del caso.
Al que has de castigar con obras no trates mal con
palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio,
sin la añadidura de las malas razones.
Al culpado que cayere bajo tu jurisdicción considérale
hombre miserable (digno de misericordia), sujeto a las
condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en
todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la
contraria, muéstrate piadoso y clemente, porque aunque
los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece
y campea a nuestro ver el de la misericordia
que el de la justicia.
Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita
los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos,
y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no
quieres que se anegue tu corazón en su llanto y tu
bondad en sus suspiros” .

Encuentro
Jurisdicción de menores:
Proceso de integración
Villa de Leyva, Boyacá.-Terminó en
esta ciudad el primer encuentro de la
jurisdicción de menores, convocado
por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
“Se trata de implementar el nuevo Sistema
de responsabilidad penal para adolescentes,
que entra en vigencia a partir del primero de
enero del 2007, para efectos de traer una
respuesta adecuada a este nuevo reto”, explicó
el Magistrado de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando
Torres Corredor.
Este nuevo reto para la jurisdicción requiere
de una respuesta decidida y planeada y en tal
sentido, en el taller se abordó la planifi cación
de la implementación del nuevo sistema de
responsabilidad penal para adolescentes.
“Se inicia un proceso de integración de la
jurisdicción de menores, que pronto será de
Magistrado Hernando Torres Corredor en apertura del Primer Encuentro de Jurisdicción de Menores, llevado a cabo en Villa de Leyva.
jueces penales para adolescentes”, insistió
el Magistrado Torres Corredor.
El evento fue instalado por el Presidente de
la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, Magistrado Francisco
Escobar Henriquez, y en el intervinieron
los Magistrados Margarita Cabello Blanco
y Eduardo Castellanos y los Jueces Mireya
Gonzalez, Rosa Irene Veloza, Martha Yenira
Sánchez y Juan Carlos Arias.
También asistieron los jueces de menores,
fi scales delegados, policía de menores, procuradores
y defensores de menores.
El taller permitió abordar la ley de infancia
y del adolescente, en lo referente al sistema
penal para adolescentes; la problemática en
el sistema jurídico y de gestión para iniciar
su aplicación y el plan de soluciones e implementación
.
Primer Encuentro de Jurisdicción de Menores,
Villa de Leyva.
Noviembre 2006 Revista Judicial 53

Regional
Clínica del Afecto:
Córdoba, un ejemplo
de convivencia pacífi ca
Está dotada de la estructura necesaria para garantizar a las personas involucradas en un
confl icto familiar asumir la resolución de su propia situación a través de la intervención
de un equipo interdisciplinario e integral, altamente califi cado.
Ejercicios de convivencia de usuarios de la justicia.
“ Esta idea se concretó el
16 de diciembre de 2002.
Desde entonces, contamos
con un centro piloto en el
país, por iniciativa de un
grupo de abnegados
servidores judiciales e
instituciones universitarias,
como el lugar ideal para
eliminar toda forma de
violencia” .
54 Revista Judicial Noviembre 2006
Córdoba, no es la excepción ante los
diarios y comúnmente llamados problemas
y/o confl ictos intrafamiliares,
que en los últimos años se han recrudecido
en todo el territorio nacional.
Ante la necesidad y la falta de conocimiento
que tienen las personas con evidentes problemas
intrafamiliares, y los innumerables
confl ictos de carácter familiar que se presentan
en nuestro medio, se hizo prioritario el
hecho de conformar un grupo idóneo capaz
de brindar asesorías, acompañamientos, capacitaciones
y tratamientos con una eventual
ilustración legal, jurídica, con proyección
social en todo el territorio cordobés.
Origen: Para dar salida a los confl ictos socialmente
relevantes que llegan a los Juzgados
de Familia y de Menores de la ciudad
de Montería y extender su resolución más
allá de la simple composición jurídico-legal,
en alianza interinstitucional de la Procuraduría
Judicial-Familia y los juzgados de Familia,
con el aval de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura y la
vinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial, se planteó la
ÁLVARO DÍAZ BRIEVA
PAMELA GANEM BUELVAS
necesidad de robustecer las relaciones intrafamiliares
de los usuarios de la justicia de familia
y de la comunidad en general a través
de la creación de una CLÍNICA DEL AFECTO
dotada de la estructura necesaria para garantizar
a las personas involucradas en un
confl icto familiar asumir la resolución de su
propia situación a través de la intervención
de un equipo de carácter interdisciplinario e
integral, altamente califi cado, bajo la orientación
y el empuje permanente de las Trabajadoras
Sociales. Esta idea se concretó el
16 de diciembre de 2002 y desde entonces
contamos con un centro piloto en el país,
por iniciativa de un grupo de abnegados
servidores judiciales e instituciones universitarias,
como el lugar ideal para eliminar toda
forma de violencia, para convocar al sentimiento
capaz de depredar la intolerancia,
para hacer un llamado urgente a la ternura.
Es así como celebramos convenios con las
universidades: Pontifi cia Bolivariana, Luis
Amigó, Cooperativa de Colombia y la del
Sinú, para que sus estudiantes de último
año de las Facultades de Derecho, Trabajo
Social, Desarrollo Familia y Sicología realicen
sus prácticas en este Centro Piloto. De ma-

nera que el funcionamiento de la Clínica no ha generado
ningún costo para la Rama Judicial.
MISIÓN: La CLÍNICA DEL AFECTO es una institución sin
ánimo de lucro que presta servicios sociales y comunitarios
a todas aquellas personas que tienen desaveniencias
intrafamiliares, a las cuales se les brinda asesorías,
orientación, acompañamiento, evaluación, tratamiento,
capacitaciones, programas preventivos y salud mental a
través de un equipo interdisciplinario.
VISIÓN: La CLÍNICA DEL AFECTO será en un lustro una
institución legal, jurídica y socialmente reconocida a
título nacional con proyección a todo el territorio nacional.
Será un ente que trabajará en procura del afecto,
amor, cariño, comprensión y protección familiar en
donde no existe presión de ninguna índole sino la libre
voluntad. Nos vemos brindando PROTECCIÓN SOCIAL a
toda la comunidad, lo cual abarca el bienestar y la tranquilidad
familiar.
Objetivos: GENERAL: Brindar protección social a toda la
comunidad monteriana que la necesite a través de métodos
que incentiven a convivir en un ambiente armonioso
donde reine el amor y la paz o por el contrario ayudar a
todos estos en la elaboración de duelo.
Específi cos:
Ayudar a las personas que tengan problemas intrafamiliares.
Brindar apoyo sicológico a todas aquellas personas que
tengan difi cultades y que lo ameriten.
Ofrecer el servicio de abogados para hacer valer los derechos
a la comunidad en cuanto al área de familia.
Orientar a los usuarios para que mejoren y solucionen
sus problemas intrafamiliares.
Capacitar a los usuarios de la Clínica de Afecto en temas
de protección social, familia, entre otros.
Realizar trabajos de campo a través de los profesionales
en desarrollo familiar y trabajo social que propendan
por buscar la paz familiar.
Utilizar metodología, técnicas, estrategias, abordajes y
habilidades para la intervención en el ámbito familiar y
social, desarrollando planes de prevención y promoción
para el bienestar de la familia.
Determinar causas que originen la violencia intrafamiliar
en la ciudad de Montería con el fi n de trazar acciones
reeducativas que lleven a las familias a su integración,
sana convivencia y armonía interior.
Realizar un seguimiento constante al Ente, que permita
ir corrigiendo las diferencias y determinando los logros,
para el mejor desarrollo de este.
Funciones y actividades
1. Socialización del portafolio de servicios a instituciones
educativas, Asilo, Hospitales, medios de comunicación
y comunidad en general.
2. Detección de casos de violencia intrafamiliar y búsqueda
de solución.
3. Campañas y acciones para el reconocimiento de hijos
no reconocidos.
4. Charlas y asesorías.
5. Seguimiento a los menores infractores
6. Acciones conjuntas con instituciones públicas y privadas
(ICBF, Secretarías de Salud, Universidades, entre otros).
7. Capacitaciones a los Multiplicadores de la sana convivencia
familiar.
8. Celebración de fechas especiales (día de la secretaria,
de la mujer, de la madre, del padre, de la reclusa, del
amor y amistad, mes del regocijo y la unión familiar en
diciembre).
Consultorio jurídico – derecho
A los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico de la Universidad
Pontifi cia Bolivariana se les adjudican los procesos
que deben haberse iniciado en los Juzgados de Familia de
la ciudad y prestan:
Asesoría Jurídica permanentemente
Elaboración de memoriales de reconocimiento
Elaboración de solicitudes de prejudiciales
Elaboración de acuerdos asistiendo como moderadores
o conciliadores para lograr la aprobación en los centros
de conciliación
Noviembre 2006 Revista Judicial 55

Regional
Elaboración de denuncias sobre inasistencia alimentaria
y violencia intrafamiliar
Elaboración de las medidas de protección a la Comisaría
de Familia.
Trabajo social
Asesorías
Visitas domiciliarias
Capacitación mensual a usuarios
Terapias de familia
Terapias de parejas
Acompañamiento de seguimiento a familia en difi cultad.
Sicología
Asesorías psicológicas
Evaluación psicológica
Capacitación mensual a usuarios
Entrevista y evaluación a menores infractores
Terapias individuales
Terapias de pareja
Estímulo al amor de la familia a los usuarios
Tratamiento patológico
Desarrollo familiar:
Asesorías a las familias
Capacitación mensual a usuarios
Trabajo comunitario
Propagación de la Clínica del Afecto a la comunidad
Visitas domiciliarias
Intervención de parejas
Orientación en la dinámica interna y externa de la familia
Asistencia y acompañamiento a los menores infractores
Se les capacitó a través del SENA en un curso de 4 meses
sobre “Técnicas de Mesa Bar” con un grupo de 16
a 18 jóvenes.
El equipo interdisciplinario los miércoles se reúne con
el grupo de menores infractores y se les capacita en
56 Revista Judicial Noviembre 2006
temas de interés a través de mesas redondas, charlas y
demás.
Se les practican visitas domiciliarias permanentes.
Acompañamiento de la sicóloga con las señoras en estado
de embarazo que rechazan a los hijos.
Con las señoras que se oponen al nacimiento de sus
hijos se les hace un seguimiento con charlas, terapias
individuales y grupales, capacitación durante 6
meses con el fin de lograr el objetivo de aceptar a
sus hijos.
Capacitación madres comunitarias de los programas
tradicionales y familiares del ICBF del barrio Cantaclaro
sector Islas.
Semanalmente se capacitan 28 madres comunitarias a
través de un ciclo de charlas con programación detallada
con el fi n de hacerlas multiplicadoras de la Clínica
del Afecto, y a las que culminen se les entregan las
certifi caciones.
Otras actividades:
Taller de capacitación a prejubilados de justicia “una
nueva vida”
Taller a estudiantes de la Universidad Pontifi cia Bolivariana.
Foro sobre Prevención del Maltrato a las madres comunitarias
y a los usuarios.
Formación en valores a los jóvenes del Hogar VIVERO
NAVIDAD.
Se realizan TOMAS AFECTIVAS a los medios de comunicación
televisados y escritos con el fi n de divulgar
la Clínica del Afecto y la programación a la comunidad;
igualmente se realizaron Tomas al Pabellón Infantil
del Hospital Pediátrico y al Asilo del Perpetuo
Socorro.
Proceso formativo para evitar las crisis que se presentan
en las familias con hijos adolescentes, en los colegios
General Santander y el Dorado .

Humor
Noviembre 2006 Revista Judicial 57

58 Revista Judicial Noviembre 2006
Breves
Breves
Cámara de Representantes
condecora al Presidente de la Judicatura
Los Presidentes entrante y saliente de la Cámara de Representantes, Alfredo
Baute Cuello y Julio Gallardo Archbold, impusieron la máxima condecoración
que otorga esa corporación al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
Magistrado José Alfredo Escobar Araújo.
El Representante a la Cámara doctor Julio Gallardo Archbold, luego de destacar
las calidades personales y profesionales del doctor Escobar Araújo y recordar
anécdotas de su paso por el Congreso de República, donde se destacó como gran
conciliador, impuso la medalla Orden de la Democracia “SIMÓN BOLÍVAR” en el
Grado “GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA CON PLACA DE ORO”.
Gallardo Archbold hizo un recuento de la vida profesional del Presidente de la Judicatura
y los altos cargos que ha asumido el doctor José Alfredo Escobar Araújo,
quien ahora dirige los destinos
de la Rama Judicial.
Derecho del control fi scal
El ex presidente del Consejo de Estado, Diego Younes
Moreno, con el aval de la Academia Colombiana de la
Abogacía y de la Asociación Mundial de Transparencia con
sede en Washington, D.C., ha lanzado la quinta edición de
su obra “Derecho del Control Fiscal”. Younes fue también
asesor de Naciones Unidas durante tres años en este dominio
y actualmente es consultor de la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica, en el proyecto para el fortalecimiento
del Estado de Derecho en nuestro país, y ha sido Ministro,
Director de la Función Pública y catedrático universitario.
La obra notablemente actualizada, trata entre otros los
siguientes temas: Teoría del control; El control fi scal ante
la Asamblea Constituyente; El Contralor General de la Re-
Por su parte el galardonado
agradeció el reconocimiento
y dijo que no será inferior a
tan importante compromiso
que adquiere con Colombia.
La sede del despacho judicial de Bojayá
– Chocó, fue diseñada por los
arquitectos Martha Patricia Castaño y
Julián Callejas R. de la Unidad de Recursos
Físicos e Inmuebles. Es una edifi
cación en madera de la región donde
funciona el juzgado, en una arquitectura
que se adapta muy bien a la región.
Esta obra obtuvo una mención de honor
en la XV Bienal Colombiana de Arquitectura
en el año 1995.
Esta construcción se mantiene aún en
funcionamiento, después de las tomas
por parte de grupos al margen de la
ley a esta lejana población sobre el río
Atrato.
El Edifi cio de la II Etapa del Palacio de
Justicia de Cúcuta, recientemente inaugurado
fue objeto de una reseña en la
revista Habitar que circula con El Tiempo
en el primer semestre del presente año,
en la cual resalta su moderna arquitectura
e imagen para un edifi cio institucional.
Fue diseñado por Luis Calderón
y Enrique Gómez Grau.
Arquitectura judicial
pública; La Auditoría General de la República; El Contador
General de la Nación y la Contabilidad Pública; Principios y
sistemas del control fi scal; Entidades sujetas a la vigilancia
fi scal; La responsabilidad fi scal; Acción de repetición, llamamiento
en garantía y transparencia fi scal; La jurisdicción coactiva;
El control fi scal territorial; Participación ciudadana en
el control fi scal; La ecología, el medio ambiente y el control
fi scal; La vigilancia fi scal en el derecho comparado; Principios
constitucionales y legales del control interno; Campo
de aplicación, responsabilidades y características del control
interno; Organización institucional del control interno; El
control interno en el derecho comparado; El modelo Estándar
de Control Interno MECI 1000:2005.

HORIZONTALES
1) Funcionario al que le encanta el “bis”.
2) Antídoto contra la “terquedad” del juez.
3) Arriesgados./Inspirador del yo-yo.
4) Medio bobo./Cabalgata infantil.
5) Referir.
6) Tiene a las cortes estrelladas./Transcribo la “embarrada”.
7) Sí en lengua provenzal./Siempre está encima de nosotros.
8) Río cortico./En antaño se decía “enchiqueró”.
9) Átomo muy optimista./Hacer un nudo ni el más hijuemíchica.
10) Vale un jurgo./Vive con el sol en la espalda.
VERTICALES
1) Los hechos, sin este respaldo, no sirven pa’nada.
2) Hermana de la mitad del decreto y la circular.
3) ¡Ea!/La vieja Do./El mismito neón.
4) Indumentaria poco elegante y que nos saca el jugo.
5) Igualitico./“Malchal honolable cluciglamista”/El que
está enchiquerado.
6) Despistar.
Jurisgrama
7) Consejo de Estado. (Inv)./Quedó frío.
8) Juguetes para los adultos de la tercera edad./Expresión
que hace nacer la sociedad conyugal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9) “Aunque con ella se vista, de juez se queda”./Esposo
de fulanita.
10) Al revés, número que añora Bush./La parte que demanda.
Verticales: 1º) Probatorio. 2º) Resolución. 3º) Epa. Ut. Ne. 4º) Sudadera. 5º)
Iso. Il. Reo. 6º) Distraer. 7º) C. E. Lelo. 8º) Nietos. Sí. 9º) Toga. Tal. 10º) One.
Actora.
Horizontales: 1º) Presidente. 2º) Reposición. 3º) Osados. Ego. 4º) Bo. Tuta.
5º) Aludir. 6º) Tutela. Sic. 7º) Oc. El. 8º) Ri. Arrestó. 9º) Ión. Liar. 10º) Oneroso.
La.
Por: Germán Navas Navas
SOLUCIONES
Noviembre 2006 Revista Judicial 59

Aspecto del nuevo Palacio de Justicia de Cúcuta “Francisco de Paula Santander”
contruido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y entregado
ofi cialmente a la comunidad en el 2006.
60 Revista Judicial Noviembre 2006