La Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo ordenado ...

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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
c:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Santa Marta, Miércoles Tres (03) de Agosto del Año Dos Mil Once
(2011).
MAGISTRADO PONENTE DR. ADONAY FERRARI PADILLA.
PROCESO : REPARACIÓN DIRECTA
ACCIONANTE : WILFRIDO CANTILLO OROZCO
ACCIONADO : NACIÓN - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
RADICACIÓN 47-001-2331-002-2004-00493-00
Eseñor WILFRIDO ALBERTO CANTILLO OROZCO actuando en
nombre propio y por intermedio de mandatario judicial formuló demanda de
reparación directa en contra de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO, tendiente a obtener de ésta Jurisdicción las declaraciones y condenas
que seguidamente se transcriben.
L PETITUM.
Primero: Que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
es administrativamente responsable de los peijuicios materiales y
morales causados al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por la
privación injusta de su libertad como consecuencia de una condena
por once años por homonimia.
Segundo: Condenar, en consecuencia a la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL a pagar al actor o a quien represente sus derechos como
reparación o indemnización del daño ocasionado los perjuicios de
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orden material o moral los cuales se estiman como mínimo en la suma
de $100.000.000...
11. CAUSA PETENDL
11.1. FUNDAMENTOS DE HECHO.
El apoderado judicial del extremo demandante, a efecto de sustentar
fácticamente las pretensiones de la demanda, esbozó los siguientes hechos, as:
O
La Fiscalía 25 Seccional radicada en Ciénaga el día 30 de marzo
de 1993 inició investigación por la muerte violenta del señor JAIRO
ACEVEDO GONZÁLEZ contra la persona identificada corno WILMAN
CANTILLO a quien se ordenó vincularla.
2° La Fiscalía 6ta Seccional de Ciénaga citó y emplazó al señor
WILMAN CANTILLO a quien se le designó corno defensor de oficio al
finado JOSE GARCÍA ANTEQUERA siendo procesado en
contumacia.
3° La Fiscalía 6ta Seccional de Ciénaga le dicta el día 20 de junio de
1995 medida de aseguramiento con detención preventiva por el delito
de homicidio al señor WILMAN CANTILLO OROZCO.
4 °La Fiscalía 6ta Seccional radicada en Ciénaga por resolución de
agosto 22 de 1995 califica el sumario y dispone resolución acusatoria
por el delito de homicidio contra el procesado en contumacia WIL MAN
CANTILLO OROZCO.
5° El Juzgado 2° Penal del Circuito de Fundación juez de la
competencia dicta providencia en octubre 29 de 1996 decretando la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto de abril 19 de 1995,
inclusive, estimando el Juez ALFONSO SAADE que se viola el debido
proceso porque si bien es cierto que fue vinculado el señor WILMAN
CANTILLO, sin embargo, no se le dejó identificado y de esa manera
"evitar que homónimos sufran los rigores de tina sanción penal por un
hecho que no han cometido".
6° La Fiscalía 6ta Seccional de Ciénaga obedeciendo lo ordenado por
el señor Juez Penal del Circuito de Fundación ordena iniciar
diligencias previas para identificar e individualizar a WILMAN
CANTILLO OROZCO para lo cual comisiona al CTI.
7° El CTI de la Fiscalía mediante oficio de febrero 24 de 1997 (informe
No. 113) informa a la Fiscalía 6ta Seccional de que en la Registraduría
de Ciénaga y Aracataca no aparece registrado el señor WILLIAM o
WILMAN CANTILLO OROZCO pero anotan que en la Registradurla
de Aracataca aparece registrado WILFRIDO CANTILLO OROZCO con
cédula de ciudadanía No. 19.613.449 de Aracataca, nacido el día 27
de octubre de 1966, con estatura 1.68 mts., natural de Aracataca,
profesión obrero, señales visibles ninguna y sigue diciendo el CTI.'
"según ésta información que'' 3fti' tarjeta de preparación
concuerda con las caracterisY alan en la declaración
jurada a folio 22 de fecha 2 99.3. Lo suscriben los
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técnicos judiciales YOLANDA MOZO BOCANEGRA y JUDITH
ÁL VAREZ HERNÁNDEZ.
8 0 La Fiscalía Sexta Seccional de Ciénaga dispone abrir la
correspondiente investigación penal contra WILFRIDO CANTILLO
OROZCO soportada en el informe del CTI que cambia el nombre de
WILMAN por el de WILFRIDO.
9° La Fiscalía 6ta Seccional de Ciénaga mediante orden de captura
No. 1907 dispone la captura de WILFRIDO CANTILLO OROZCO...
10° La Fiscalía 6ta Seccional cita y emplaza el día 11 de agosto de
1997 al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO sin más datos.
11° El Fiscal 6to Seccional de Ciénaga declara reo ausente al señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO y le designa como defensor de oficio
al abogado WILLIAM PEÑA DEL VALLE. Le deja vigente las órdenes
de captura libradas.
. 120 La Fiscalía 6ta Seccional de Ciénaga mediante resolución de
noviembre 25 de 1997 le dicta medida de aseguramiento con
detención preventiva al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por el
delito de HOMICIDIO AGRAVADO en concurso con el punible de
PORTE ILEGAL DE ARMAS de defensa personal... se reiteran las
órdenes de captura libradas.
13° La misma Fiscalía 6ta Seccional califica el mérito del sumario el
día 11 de febrero de 1998 por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO
y PORTE ILEGAL DE ARMAS por los hechos del 22 de febrero de
1993...
14° El día 23 de febrero de 1999 se celebró la audiencia pública y la
Fiscalía de conocimiento llevó a cabo la acusación de WILFRIDO
CANTILLO OROZCO pidiendo su condena ante las "pruebas" por él
aludidas.
. 15° El Juzgado Penal del Circuito de Fundación mediante sentencia
de abril 14 de 1999 condena al señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO a la pena de once años de prisión como autor del delito de
HOMICIDIO... ordena librar las órdenes de captura...
16° El señor WILFRIDO CANTILLO fue capturado el día 26 de
diciembre de 2001 y puesto a disposición del Juzgado 1° Penal del
Circuito de Fundación para efectos del cumplimiento de la pena.
17° El Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación lo pone el 18 de
enero de 2002 a disposición del señor Juez de Penas y Medidas de
Seguridad de la ciudad de Santa Marta por estar en firme la sentencia.
18° Se pidió por el suscrito la revisión por ante la Sala Penal del
Tribunal Superior de Santa Marta y este colegiado mediante proveído
de abril 04 de 203 dispuso la revisión del proceso respecto del señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO por haber homonimia con el
verdadero autor WILMAN CANTILLO OROZCO con quien se ordenó
proseguir la investigación y disponiendo la libertad provisional del
demandante..
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11.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
El apoderado judicial del extremo actor cita como aplicables a la contención
las normas contenidas en los artículos 2, 13 y 90 de la Constitución Política; 6€ de la
Ley 270 de 1996.
111. ACTUACIÓN PROCESAL.
Al proceso se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario surtiéndose las
etapas que se indican seguidamente, así: admisión (fi. 190 cdno. ppal.);
notificaciones y fijación en lista (fis. 192, 193, 208 y 209 cdno. ppal.); llamamierto en
garantía (fis. 210 y 211 cdno. ppal.); notificaciones del llamado en garantía (fi. 212
cdno. ppal.); período probatorio (fI. 253 cdno. ppal.), conciliación judicial (fIs. 314 y
322 cdno. ppal.); alegatos de conclusión (fi. 324 cdno. ppaL).
IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
Conforme se infiere del petitum y causa petendi del libelo, impetra la )arte
accionante, señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, la declaratoria de
responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO como consecuencia de la privación injusta de la libertad a que se
vio sometido durante los años 2001 a 2003 por la presunta comisión de los reatos de
HOMICIDIO AGRAVADO y PORTE ILEGAL DE ARMA, para resultar posteriorrr ente
absuelto de todo cargo penal. Impetra además a título de reparación direca la
indemnización correspondiente por daños y perjuicios materiales y morales.
En concepto de violación visible a folios 6 a 8 del cdno. ppal. asevera este
extremo procesal que de la actividad procesal desplegada por la administraciói de
justicia y relatada en los hechos de la demanda se desprende la responsabiiidad
administrativa de la Nación de conformidad al artículo 90 de la Constitución Política.
Arguye que la RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO en ejercicio del pDder
de administrar justicia incurrió en responsabilidad directa por haber privado de la
libertad injustamente al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO para que purgara una
pena de más de diez años por un delito de homicidio que nunca cometió sino qu€ fue
perpetrado por el señor WILMAN CANTILLO OROZCO, su homónimo, de suerte,
pues, que se predica el hecho dañoso de la administración en tanto basó la decisión
arbitraria e injusta en un informe de Policía Judicial que carece absoIutament de
valor probatorio.
A su turno, el ente oficial RAMA pçusioJUDICIAL
DEL PODER
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PUBLICO, representada por la DIreGp+ jJia Seccional de Administración
Judicial, en la oportunidad para desco
demanda presentó escrito
contestatario de la misma argumenta
que, no le consta que la
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investigación penal efectuada por la administración en contra del señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO hubiere sido omisiva como se afirma en la demanda; en
cambio, lo que si es cierto es que una de las funciones de la Fiscalía General de la
Nación, ente investigador en este caso, tiene el deber constitucional y legal de
asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal a los
procesos que en su contra se adelanten adoptando las medidas de aseguramiento
del caso, de guisa, pues, que no podía faltarse a tal contenido obligacional respecto
del aquí accionante quien fue sindicado de los delitos de homicidio y porte ilegal de
arma de fuego.
Señala asimismo que el Juzgado de conocimiento de la investigación penal
seguida en contra del señor CANTILLO OROZCO fundamentó su decisión
condenatoria en pruebas válida y oportunamente recaudadas por la Fiscalía General
de la Nación durante la etapa instructiva del proceso, de tal suerte, que resulta
imposible imputársele responsabilidad alguna a la RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO por haber obrado conforme a la Ley.
Finalmente, solícita se llame en\garantía a la entidad FISCALIA GENERAL DE
LA NACIÓN por haber participado de manera directa en la investigación adelantada
en contra del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO y no haber sido vinculada por el
demandante en el libelo genitor.
En este orden de ideas, aceptado el llamamiento en garantía solicitado por el
demandado, a través de auto adiado 16 de septiembre del año 2004, visible a folios
210 y 211 del cdno. ppal., y notificada la entidad estatal, FISCALIA GENERAL DE LA
NACIÓN, de la decisión predicha (ver fI. 212 cdno. ppal.) se abstuvo de radicar
escrito a través del cual se diera contestación a la demanda de la referencia.
Adentrándose en el examen de las varias pretensiones relacionadas en el
escrito demandatorio se permite acotar la colegiatura que en el plenario aparecen
. acreditados los hechos siguientes:
Cuaderno principal:
1. Certificación expedida por el propietario del Almacén y Taller Torni
Accesorios del Municipio de Ciénaga hace constar que el señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO para el mes de diciembre del año 2001 prestaba sus servicios
como contratista en el área de soldadura, instalaciones y montajes de riego de los
cuales devengaba ingresos promedio mensuales por $1.500.000 (fI. 31).
Cuaderno anexo No. 1:
2. Escrito de acción de revisión presentada por el apoderado judicial del señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta - Sala Penal, en calenda julio 16 de 2002 respecto de la sentencia de
primera instancia de abril 14 de 1999 proferida por el Juzgado Único Penal del
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Circuito de Fundación (proceso 3000) que condena al por el delito de HOMICIDIO al
señor CANTILLO OROZCO (fis. 1 a 9).
3. Acta de levantamiento del cadáver del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO
GONZÁLEZ practicada por la Inspección Central de Policía del Municipio de
Aracataca en la calenda del 22 de febrero del año 1993 a las 7:00 p.m. en la cual se
anota que según versiones de testigos presenciales de los hechos el homicida
corresponde al nombre de WILMAN CANTILLO OROZCO (fI. 12).
4. Certificado Individual de Defunción del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO
GONZÁLEZ (fI. 13).
5. Informe de Policía No. 072 suscrito en calenda 25 de febrero de 1993 por el
Comandante de la Sub - estación de Policía de Aracataca dirigido a la Fiscalía
Regional No. 25 de Ciénaga, (Magd.) en el cual se da cuenta del homicidio cometido
en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ y se señala que por
declaraciones rendidas por testigos de los hechos el presunto responsable del delito
es el señor WILMAN CANTILLO OROZCO (fI. 15).
6. Denuncia penal formulada por el señor NICOLAS ACEVEDO TORRES en
calenda 23 de febrero de 1993 ante el Juez Único Promiscuo Municipal de Aracataca
(Magd.) en contra del señor WILMAN CANTILLO OROZCO por el homicidio de su
hijo el señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ (fI. 16).
7. Informe de necropsia practicada al cadáver del señor JAIRO RAFAEL
ACEVEDO GONZÁLEZ (fi. 19).
8. Resolución de calenda 30 (sin mes señalado) del año 1993 a través de la
cual la Unidad Fiscal de Ciénaga - Fiscalía 25 declara abierta la instrucción por el
homicidio del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, vinculando como
presunto autor material del reato al señor WILMAN CANTILLO OROZCO, librándose
orden de captura en su contra (fI. 13).
9. Declaración jurada que rinde el señor NICOLÁS ACEVEDO TORRES ante la
Unidad Fiscal de Ciénaga - Fiscalía 25 en la calenda del 22 de abril del año 193 y
en la cual se ratifica sobre la denuncia presentada en calenda pasada en contra del
señor WILMAN CANTILLO OROZCO (fI. 23).
10. Declaración jurada que rinde el señor ORLANDO MARTRES DE LA -IOZ
CORONADO ante la Unidad Fiscal de Ciénaga - Fiscalía 25 en la calenda del 27 de
abril del año 1993 y en la cual manifiesta haber sido testigo presencial del homioidio
del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ señalando como presunto
responsable al señor WILMAN CANTILLO OROZCO (fI. 24).
11. Declaración jurada que PÉREZ PÁEZ ante la Unidad
Fiscal de Ciénaga - Fiscalía 25 en 1 27 de abril del año 1993 y €n la
cual manifiesta haber sido testigo de
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12. Orden de captura dictada en contra del señor WILMAN CANTILLO
OROZCO por el delito de HOMICIDIO en la persona del señor JAIRO RAFAEL
ACEVEDO GONZÁLEZ con fines de ser recibido en indagatoria (fI. 35).
13. Informe secretaria¡ suscrito por la Técnica Judicial II de la Fiscalía Sexta
Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.) a
través de la cual se pone en conocimiento del funcionario que ha sido imposible
vincular al señor WILMAN CANTILLO OROZCO por alguno de los medios previstos
en la Ley; que el informe rendido por el CTI respecto de la captura del procesado
hace referencia a un señor de nombre WILLIAM CANTILLO OROZCO cuando el
sindicado es el señor WILMAN CANTILLO OROZCO (fI. 41).
14. Citación y emplazamiento efectuado al señor WILMAN CANTILLO
OROZCO por parte de la Fiscalía 6ta Seccional delegada ante el Juzgado Único
Penal del Circuito de Ciénaga (Magd.) en calenda 23 de marzo del año 199 (fI. 42).
15. Resolución de fecha 19 de abril de 1995 proferida por la Fiscalía General
de la Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgados Penales
del Circuito de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se declara persona ausente al
sindicado WILMAN CANTILLO OROZCO por no haber sido posible lograr su
comparecencia al proceso para recibirle en injurada (fI. 44).
16. Resolución de fecha 20 de junio de 1995 proferida por la Fiscalía General
de la Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgados Penales
del Circuito de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se resuelve la situación jurídica
del señor WILMAN CANTILLO OROZCO imponiendo medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva (fI. 46).
17. Orden de captura dictada en contra del señor WILMAN CANTILLO
OROZCO por el delito de HOMICIDIO en la persona del señor JAIRO RAFAEL
ACEVEDO GONZÁLEZ con fines de materializar medida de aseguramiento (fI. 49).;..'j
18.Resolución de fecha 22 de agosto de 1995 por medio de la cual la Fiscá(í ii
General de la Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgadds, , J
Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.) califica el mérito del sumario adelantado -
contra el señor WILMAN CANTILLO OROZCO por el delito de homicidio profiriendo
acusación (fI. 57).
19. Auto adiado 29 de octubre de 1996 por medio del cual el Juzgado 2° Penal
del Circuito de Fundación, al cual por reparto le correspondió el conocimiento del
juicio adelantado en contra del señor WILMAN CANTILLO OROZCO por el delito de
homicidio, resuelve decretar la nulidad de toda la actuación, inclusive desde la
resolución de fecha 19 de abril de 1995 proferida por la Fiscalía General de la Nación
- Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgados Penales del Circuito
de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se declara persona ausente al sindicado
WILMAN CANTILLO OROZCO por no haber sido posible lograr su comparecencia al
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proceso para recibirle en injurada, por encontrar el juzgador que al sindicado se le
vinculó a un proceso penal a través de la declaratoria de persona ausente sin que
hubiere sido debidamente identificado como ordena la Ley (fI. 68).
20. Resolución de fecha 31 de enero de 1997 por medio de la cual la Unidad
Seccional de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito - FiscElía 6ta
de Ciénaga (Magd.) resuelve, obedeciendo lo ordenado por el Juez 2 0 Penal del
Circuito de Fundación (Magd.), comisionar al C.T.I. de la Fiscalía a efecto de que
realice las pesquisas tendientes a la individualización e identificación del presunto
autor del hecho punible de homicidio en la persona del señor JAIRO RAFAEL
ACEVEDO GONZÁLEZ, señor WILIMAN CANTILLO OROZCO (fI. 71).
21. Oficio No. 200 de fecha 03 de febrero de 1997 signado por la Secetaria
Común de la Fiscalía General de la Nación '- Fiscalía 6ta Seccional Delegada de
Ciénaga (Magd,), dirigido al Jefe del Cuerpo Técnico de Investigación de Ciénaga
(Magd.) a través del cual le informa de la comisión conferida por e! Fiscal de
conocimiento tendiente a obtener la individualización e identificación del señor
WILLIAN CANTILLO OROZCO sindicado del delito de homicidio (fI. 72).
22. Oficio DSCTI - U. LC de fecha 25 de febrero de 1997 por medio del cual el
Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Ciénaga (Magd.) remite a la Fiscala 6ta
Seccional las diligencias adelantadas en cumplimiento de la comisión conferida en
calenda 31 de enero del mismo año tendiente a la individualización e identificación
del señor WILMAN CANTILLO OROZCO sindicado del delito de homicidio (fI. 73).
23.Oficio No. 139 ULC+CTI de fecha 07 de febrero de 1997 por medio d€I cual
el CTI de Ciénaga (Magd.), en cumplimiento de la comisión conferida por la Fiscalía
Sexta Seccional, solicita a la Registraduría del Estado Civil Municipal envíe al
despacho que oficia la tarjeta de preparación correspondiente al nombre de WILIAN
CANTILLO OROZCO (fI. 76).
24.Oficio No. 163 de fecha 17 de febrero de 1997 por medio del cual el CTI de
Ciénaga (Magd.), en cumplimiento de la comisión conferida por la Fiscalía Sexta
Seccional, solícita a la Registraduría del Estado Civil Municipal de Aracataca (Magd.)
envíe al despacho que oficia la tarjeta de preparación correspondiente al nombre de
WILIAM, WILMAR o WILFRIDO CANTILLO OROZCO (fi. 77).
25. Informe No. 113 de 24 de febrero de 1997 signado por el Técnico JudiiaI 1,
investigador Judicial 1 y el visto bueno del Jefe de Unidad Local del CTI de Ciénaga
(Magd.) dirigido a la Fiscalía 6ta Seccional a través del cual se pone en su
conocimiento que oficiadas las registradurías de la localidad a efecto de obtener
información que permitiese identificar e individualizar a un señor de nombre WLIAM
o WILMAN CANTILLO OROZCO, se encontró que ninguna de las personas
reseñadas aparecen registradas o cec _çsas localidades: empero, se tiene
nota de un señor de nombre WILFRID 1 OROZCO, identificado con C.C.
No. 19.613.449 de Aracataca (Magd.) de octubre de 1966, de estatura
1.68 mts., natural de Aracataca (Mago obrero, señales visibles ninciuna,
¿

e
reidente'en el Barrio La Marujita en Aracataca (Magd.); asimismo, se indica en tal
informe que según los datos que aparecen en la tarjeta de preparación aportada, las
características físicas del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO concuerdan con las
que se señalan en la declaración jurada visible a folio 23, de fecha 28 de abril de
- 1993 (fI. 79).
26. Resolución de fecha 30 de mayo de 1997 proferida por la Fiscalía 6ta
Seccional de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se ordena dar inicio a una
instrucción para los fines del artículo 334 del CPP dentro de ¡a investigación previa
seguida contra el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO sindicado del delito de
HOMICIDIO en contra del señor JAIRO ACEVEDO GONZÁLEZ, denunciado por el
señor NICOLAS ACEVEDO TORRES, ordenando en consecuencia su captura con
fines de ser escuchado en indagatoria (fI. 81).
27. Orden de captura dictada en contra del señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO en contra del señor
• JAIRO ACEVEDO GONZÁLEZ, con fines de ser escuchado en indagatoria (fI. 82).
28. Resolución de fecha 08 de agosto de 1997 dictada por la Fiscalía 6ta
Seccional de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se ordena el emplazamiento del
señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por haber sido imposible su localización para
los fines pertinentes (fI. 85).
29. Resolución de fecha 10 de septiembre de 1997 proferida por la Fiscalía
General de la Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgados
Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se declara persona
ausente al sindicado WILFRIDO CANTILLO OROZCO por no haber sido posible
lograr su comparecencia al proceso para recibirle en injurada (fI. 90).
30. Resolución de fecha 25 de noviembre de 1997 proferida por la Fiscalía
. General de ¡a Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante ¡os Juzgado.s,
Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.) por medio de la cual se resuelve la situació
jurídica del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO dictando medida cf SCCF.,rÇ
aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad
provisional (fI. 93). -
31. Resolución de 24 de diciembre de 1997 por medio de la cual la Fiscalía
General de la Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgados
Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.), por encontrar que están recaudadas las
pruebas suficientes para la calificación del sumario, declara cerrada la investigación ir -
en contra del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO (fI. 104),
32. Resolución de fecha 11 de febrero de 1998 por medio de la cual la Fiscalía
General de la Nación - Unidad Sexta Delegada de Descongestión ante los Juzgados
Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.) califica el mérito del sumario adelantado
contra el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por el delito de homicidio profiriendo
acusación (fi. 110).
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33. Sentencia de fecha 14 de abril de 1999 dictada por el Juzgado Peral del
Circuito de Fundación dentro del proceso seguido en contra de WILFRIDO
CANTILLO OROZCO por ser el autor del delito de homicidio en la persona del señor
JAIRO ACEVEDO GONZÁLEZ en la cual se resolvió condenar al acusado e
imponerle una pena de prisión de once años (fi. 130).
34. Orden de captura dictada en contra del señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO en calenda 28 de abril de 1999 para hacer efectiva la sentencia
condenatoria dictada en su contra en calenda 14 de abril de 1999 (fi. 140).
35. Informe No. 117 DAS. MAG. POF. de fecha 08 de junio de 1999 por nedio
del cual el Jefe del Puesto Operativo de Seguridad Rural del DAS - Fund3ción
(Magd.) pone en conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magd.)
que ha sido imposible localizar al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO par-la dar
con su captura (fI. 141).
36. Poder debidamente conferido por el señor WILFRIDO CANTILLO ORCZCO
al abogado EDUARDO REMÓN MORÁN en calenda 16 de enero del año 2002 para
efecto de que ejerza su representación judicial en el proceso penal que culmiró en
su contra con sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada (fI, 143).
37. Oficio 716 de 26 de diciembre de 2001 signado por la Fiscalía Sexta
Seccional de Ciénaga (Magd.) dirigido al Director de la Cárcel Judicial de Ciénaga
(Magd.) a efecto de solicitarle reciba en ese centro carcelario al señor WILFRIDO
OROZCO CANTILLO sindicado del delito de HOMICIDIO quedando a disposición de
los Juzgados Penales de los Circuitos de Fundación y Ciénaga (Magd.) (fI. 146).
38. Declaración jurada que rinde el señor LUIS GONZAGA PÉREZ PÁEZ ante
la Notarla Única de Aracataca (Magd.) en la calenda del 13 de junio de 2002 en la
cual señala que el señor WILFRIDO ALBERTO CANTILLO OROZCO no es la
persona que él vio que cometió el crimen que ocurrió en Aracataca (Magd.) el día 21
de febrero de 1993 y no es la persona que asesinó en ese momento; que el asesino
es el señor WILMAN CANTILLO OROZCO de físico: cara fileña, con una cicatriz en
la ceja, tiene dentadura postiza, de color moreno, ojos grandes, de estatura media,
de cabellos lisos, de color negro ondulado largo (fI. 153).
39. Declaración jurada que rinde el señor ORLANDO DE LA HOZ CORONADO
ante la Notaría Única de Aracataca (Magd.) en la calenda del 13 de junio de 2002 en
la cual señala que el día 21 de febrero de 1993 presenció un homicidio en Aracataca
(Magd.) y el día 18 de febrero de 2002 se trasladó a la cárcel municipal de Ciénaga
(Magd.) y se dio cuenta de que la persona que tienen allí retenida por el homicidio
del cual fue testigo presencial no es el asesino, sino que lo es el señor WILMAN
CANTILLO OROZCO cuyas caracterís f1 , ,J 1siguientes: tez morena, cabellos
lacios, estatura aproximada de 1.67 m1,-prja, contextura delgada, con na
cicatriz que le cubre toda una ceja, argas, sin bigotes, oriundo de
1
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Sabanas Magd.), tiene un apodo espanta pájaro'. Declara también que al homicida
lo trató cierto tiempo porque trabajaban en fincas vecinas (fI. 154).
40. Declaración jurada que rinde el señor JOSE ALFONSO RIVERA
GONZÁLEZ ante la Notaría Única de Ciénaga (Magd.) en la calenda de¡ 17 de junio
de 2002 en la cual señala que el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO no fue la
persona que asesinó a su primo JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ en razón a
que los rasgos físicos que se encuentran en el expediente de la persona que lo
asesinó no coinciden con los del retenido; que el verdadero asesino es el señor
WILMAN CANTILLO OROZCO (fI. 155).
41. Certificado expedido por la Notaría Única del Municipio de El Piñón (Magd.)
en la cual se hace constar que en el folio 14261493 de 1990 del libro de registros de
nacimientos aparece inscrito el de WILMAN ENRIQUE CANTILLO OROZCO, de
sexo masculino, ocurrido el día 07 de septiembre de 1956 en el corregimiento de
Sabanas - El Piñón, departamento del Magdalena, siendo sus padres los señores
ADALBERTO CANTILLO y PETRONA OROZCO (fi. 157).
42. Cartilla decadactilar del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO remitida al
proceso penal por la Registraduria Nacional del Estado Civil (fI. 181).
43. Cartilla decadactilar del señor WILMAN CANTILLO OROZCO remitida al
proceso penal por la Registraduría Nacional del Estado Civil (fI. 182).
44. Escrito de pruebas en acción de revisión presentado por el abogado
ALFONSO LÓPEZ CARRASCAL en representación del señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO en calenda 17, de septiembre del año 2002 (fI. 191).
45. Escrito de alegación de instancia en acción de revisión presentado por el
abogado ALFONSO LÓPEZ CARRASCAL en representación del señor WILFRIDO
. CANTILLO OROZCO en calenda 16 de diciembre de 2002 (fI. 196),
46. .
Providencia de calenda 04 de abril de 2003 proferida por el Tribunar
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal dentro de la acción de \,
revisión incoada por el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO en contra de la
sentencia del 14 de abril de 1999 proferida por el Juzgado penal del Circuito de
Fundación que resolvió condenarle por el delito de HOMICIDIO en la persona del
señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, por medio de la cual el Magistrado
Ponente resuelve ordenar la revisión del proceso penal respecto del señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO y, en consecuencia, ordenar su libertad provisional
siendo cancelada la orden de captura vigente en su contra. La decisión dictada en
este sentido es del siguiente tenor:
El demandante alega como causal de revisión la establecida en el
numeral 3 del artículo 220 del Código de procedimiento Penal...
11
CCFf
:'
5w

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho
que prueba nueva es aquella que por cualquier causa no se incorporó
al proceso y que ya en él tiene tal valor que modificaría
sustancialmente el juicio de responsabilidad penal concretado en la
condena.
Para saber si la prueba allegada es verdaderamente novedosa o
simplemente se encamina a revivir debates de la instancia, es
imprescindible recordar cuales fueron las bases que sirvieron para
edificar el fallo condenatorio.
Este tomó como uno de sus fundamentos los testimonios de Orlando
Martínez De La Hoz, Luis Gonzaga Pérez y José Hernández Cantillo,
testigos que nuevamente declararon en la presente acción para
acreditar que la persona privada de la libertad no fue quien realizó la
conducta típica.
En otras palabras, esos testimonios fueron tenidos en cuenta dentro
del plenario en su debida oportunidad, por lo que en principio se
puede decir que no son pruebas nuevas, circunstancia que no se
compagina con la naturaleza excepcional de la acción de revisión.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ha dicho que no
puede prosperar la transcrita causal de revisión cuando el
demandante se limita a enfocar de manera distinta pruebas ya
aportadas y examinadas en su oportunidad porque ya lo nuevo sería
el criterio con que el demandante las examina.
Lo anterior no obsta para que la Sala señale las fallas cometidas en el
proceso en el cual se condenó a WILFRIDO CANTILLO OROZCO
debido a que éstas se detectan al comparar las pruebas allá
practicadas con las que ahora se tienen en la actuación desarrollada
por la Sala, la que también se referirá, porque es de justicia hacerlo, a
circunstancias narradas en esos testimonios que indican que el
condenado no fue quien dio muerte a Acevedo González.
No es el demandante el que está analizando con nuevo criterio las
pruebas practicadas con antelación sino que es la Sala la que ahora
advierte que los soportes de la sentencia no corresponden a la
realidad, lo que antes no pudo observar por la sencilla razón que
jamás conoció el proceso ya que la sentencia condenatoria la dictó el
Juzgado Penal del Circuito de Fundación el 14 de abril de 1999 y no
fue apelada; quedó ejecutoriada en abril del mismo año. El señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO fue capturado en el año 2001, lo que
por lo menos indica que no tuvo conocimiento que en su contra
cursaba un proceso por homicidio.
Además de lo anterior, es innegable que actualmente hay pruebas
nuevas de gran importancia, como son las copias de los registros
civiles de nacimiento de W1LFRIDO CANTILLO OROZCO y WILMAN
CANTILLO OROZCO, folios 156 y 157; las cartillas decadactilares de
ambos; los testimonios de Modesta María González y José Alfonso
Rivera González Son pruebas_eiiy testimoniales que no
fueron objeto de debate porqu fjíe proceso y que tienen
incidencia sustancial en la con_iüpuso al primero de los
mencionados señores... -
1
12
¼
)

1
Obsérvese que en el acta de inspección de cadáver, folio 12, dice que
quien dio muerte a Jairo Rafael Acevedo González fue "WILMAN
CANTILLO, quien se desempeña como obrero de la finca LAS DOS
FUENTES, de propiedad del señor Alberto Villareal, la que colinda con
la finca La Andrea..."
El comandante de la Subdirección de policía de Araca faca. folio 15,
informó el 25 de febrero de 1993 a la Fiscalía 25 de Cienaga que "se
sindica del hecho al sujeto WILMAN CANTILLO, 24 años
aproximadamente, obrero, residente finca 'Las Fuentes"..."
El 23 de febrero de 1993 Nicolás Acevedo Torres, folio 16, padre de la
victima, denunció a Willian Cantillo como el autor del homicidio. Y la
Fiscalía 25 Seccional de Cienaga dictó resolución de apertura de
instrucción contra WILMAN CANTILLO.
Orlando De la Hoz Coronado, folios 24 y 25, manifestó que quien dio
muerte a Jairo Acevedo González fue "WILMAN CANTILLO, creo que
' es OROZCO ... él tenía como de un año a año y medio de estar
laborando en la finca ('Las dos fuentes'), él era de la Sabana
(Magdalena)
José Aquilino Hernández Cantillo declaró, folios 26 a 28: "Yo le digo lo
que yo sé, cuando el señor WILMAR CANTILLO OROZCO , hizo el
hecho de haber, dado muerte al señor JA/RO RAFAEL ACEVEDO
GONZÁLEZ..."
LUIS GONZAGA PÉREZ PAÉZ, folios 29 a 32, dijó bajo juramento:
.ya no se podía hacer nada ya que se encontraba desangrado (Jairo
Acevedo González), yo quise correr detrás de WILMAR pero ya era
tarde ya que él iba en una bestia y yo estaba a pie"...
Regresó el proceso a la Fiscalía 6 Seccional, la que decidió iniciar
investigación previa: comisionó al C. T. 1. para que individualizara e
identificara a W/LMAN CANTILLO OROZCO. . -. . .
W Dicho organismo el 24 de febrero de 1997 rindió el informe N° 113,
folios 79 y 80, y dijo: O.'
"Se ofició mediante N° 139 a la Registraduría del Estado Civil
Municipal de esta localidad (Cienaga), con el objeto de que se nos
informara si aparece en los archivos la tarjeta de preparación a
nombre del señor W/LIAN CANTILLO OROZCO o WILMAN, los
cuales (sic) respondieron que este señor no aparece registrado o
cedulado en esta localidad.-
'',f\
.
.
"También se ofició a la Registraduría del Estado civil Municipal de
Aracataca Magdalena, mediante oficio N° 163, solicitando siel señor
WILLIAN, WILMAN o WILFRIDO CANTILLO OROZCO , aparece
cedulado en esa localidad, los cuales (sic) su respuesta índica que
uj
-
aparece el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, identificado con
C.0 N° 19.613.449 de Aracataca ...dentro de las labores también se
conoció que aparece registrado el señor WILMAN RAFAEL
CANTILLO MERCADO, pero este señor presenta problemas de
po//orne/it is los cuales (sic) se descarte y también aparece registrado
0-
13
.,
74\
i2 11\
Z Ó0

el señor WILMAN ENRIQUE CANTILLO GARCÍA, se descarte porque
las características que da el declarante no coinciden CO!? las de la
tarjeta de preparación anotados (Sic) en los archivos de la
Registra dtiría de Aracataca-Magdalena".
iY como para Kafkal. Lo que quena evitar el Juez Penal del Circuito
de Fundación —que una persona homónima sufriera una sanción penal
por una conducta que no cometió- sucedió. Debido a que el C. T./.
informó a la Fiscalía 6 0 Seccional que la Registraduría del Estado Civil
de ese municipio le comunicó que en la misma no aparecí cedulado
WILLIAM O WILMAN CANTILLO OROZCO, pero que su similar de
Aracataca dijo que lo estaba WILFRIDO CANTILLO OROZCO,
inmediatamente se inició proceso contra éste, sin tomarse el trabajo
de oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, olvidándose de
que todos los testigos habían dicho que el autor del homicidio de Jairo
Rafael Acevedo González fue W/LMAN CANTILLO OROZCO, y que
uno de esos testigos - Orlando De La Hoz Coronado- manifestó que
el homicida era natural de Sabanas —Magdalena, como exactamente
consta en la taijeta decadactílar del mencionado señor que reposa en
el folio 181.
Pero como ya se tenía una persona CO!? el nombre WILFRIDO, que
tiene cierta semejanza con WILMAN, y con los apellidos CANTILLO
OROZCO, se le emplazó, se le declaró persona ausente, se le dictó
detención preventiva, resolución de acusación y sentencia
condenatoria. Y todo por lo anotado en un informe del C. T. L, cuando
todas las pruebas decían que él no fue el autor de la muerte del
señor Acevedo González...
En el trámite de la revisión se ha demostrado plenamente que existe
WILMAN CANTILLO OROZCO, natural de Sabanas, identificado con
la cedula de ciudadanía N° 19.591.446. Nuevamente se remite la Sala
al folio 181, como también al 156, que es la copia del registro civil de
nacimiento del mentado señor.
Las pruebas documentales, como son las copias de los registros
civiles de nacimiento y de las cartillas decadactilares, demuestran que
WILFRIDO y WILMAN, así tengan los mismos apellidos, son personas
distintas, lo que es confirmado por el técnico criminalístico, perito en
lofoscopia, del C.T.l., al concluir en el informe N° 2031 de 21 de
noviembre de 2002, folios 182 y 183....
Se suma a lo anterior el testimonio de Modesta María González
Sandoval, madre de la víctima, folios 207 y 208, quien sin ambages
manifestó que quien está privado de la libertad no es el homicida de
Jairo Rafael Acevedo González, lo que fue corroborado por José
Alfonso Rivera González, folios 211 y 212.
Ambas personas dijeron que fueron a la cárcel de Cienaga para
cerciorarse si quien estaba privado de la libertad - WILFRIDO
CANTILLO OROZCO- era quien había dado muerte a Jairo Acevedo
González, cerciorándose que no era él ya que no lo habían visto
anteriormente, como sí conocí ANTILLO OROZCO, el
verdadero homicida. VflVDSLI
14
1

Sabido es que una progenitora es capaz de los mayores sacrificios por
un hijo y cuando pierde violentamente a uno no la detiene nadie ni
siquiera las amenazas para señalar al homicida. Así que si la
mencionada señora aseveró que WILFRIDO CANTILLO OROZCO no
es el homicida merece plena credibilidad su testimonio, amén de estar
respaldado por la pruebas documentales ya mencionadas, todo esto
relacionado con el dislate, ya anotado, de la etapa instructiva...
Plenamente establecido mediante las pruebas practicadas en la
actuación iniciada con base en la demanda de revisión que WIL MAN y
WILFRIDO, así tengan nombres parecidos e idénticos apellidos, son
personas distintas, queda sin piso jurídico la imputación jurídica del
delito a WILFRIDO CANTILLO OROZCO, quedando configurada la
causal 30 de revisión, en los términos señalados por la Sala Penal de
la Corte suprema de justicia en sentencia de 6 de diciembre de 2001.
ponencia del doctor Fernando Arboleda Ripoil.
(f 1. 202).
47. Declaración jurada que rinde la señora MODESTA MARÍA GONZÁLEZ
SANDOVAL ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala
Penal dentro de la acción de revisión incoada por el señor WLFRIDO CANTILLO
OROZCO en contra de la sentencia del 14 de abril de 1999 proferida por el Juzgado
penal del Circuito de Fundación que resolvió condenarle por el delito de HOMICIDIO
en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, de la cual se
destaca lo siguiente:
PREGUNTADO: Qué sabe Ud. En razón de la muerte violenta de
su hijo JA 1RO RAFAEL ACEVEDO, producida por arma de fuego
(escopeta), en zona rural del municipio de Aracataca, el 22 de febrero
de 199. ?CONTESTO: 'Yo le diré que ellos parrandeaban junto, el hijo
mío con el asesino llamado WILMAN CANTILLO OROZCO, eran
amigos, tanto así que parrandeando si sentían hambre llevaba al
asesino WILMAN CANTILLO OROZCO para que comiera. El vivía en
su casa, pero yo conozco o conocí, porque no se si vive al amigo de
mi hijo WILMAN CANTILLO OROZCO, yo lo conocí porque lo vi dos
veces en casa de mi hijo y tanto es así que le prestaba su bicicleta
para que WILMAN CANTILLO pudiera cumplir con sus labores de
ordeñador de ALBERTO VILLARREAL, mi esposo NICOLAS
ACEVEDO TORRES, también conoció bien a WILMAN CANTILLO
OROZCO, porque también parrandeaba con él. PREGUNTADA:
Luego de la muerte de su hijo Ud. ha visto al señor WILMAN
CANTILLO OROZCO? Contesto: Mas nunca lo he visto.
PREGUNTADA: Sírvase hace (sic) una descripción física o
morfológica del señor WILMAN CANTILLO OROZCO. CONTESTO:
"El era alto, delgado, moreno oscuro, mas joven que mi hijo que tenía
en esa época 30 años, el cabello era engajado y usaba colita, él tenía
una cicatriz en el ojo izquierdo, y tenía el ojo caído o gacho, tal vez por
un golpe - una pedrada, no sé porque él no era de por ahí, él era de
Sabana. En todo caso era muy notorio como tenla el ojo izquierdo.
PREGUNTADO.' Conoce Ud. al señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO, por qué lo conoce, desde cuando lo conoce y por qué lo
conoce? CONTESTO: "Lo conozco porque dijeron que él había sido
detenido porque había matado a mi ho y estaba detenido en
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Ciénaga, lo capturaron en Santa Marta y yo fui a verlo y reconocerlo?
CONTESTO: "Yo lo vi porque a mi me llamaron a reconocerlo o hacer
un reconocimiento y lo hice porque a mi casa fué la esposa y la mamá
del detenido, eso porque había duda de que él fuese el asesino de mi
hijo y por eso fue que fueron, para que yo reconociera al detenido,
el/os fueron 4 veces para que yo fuera a la Fiscalía en Ciénaga a
hacer el reconocimiento. El muchacho que está preso es muy distinto
al que mató a mi hijo, porque éste es muy simpático, blanco, bajo,
grueso y el otro era moreno, cara de pajarito, con el ojo izquierdo
caído era ordeñador, trabajador de finca y éste no tiene pinta de
ordeñador y así se lo dije al señor fiscal que ese señor no era el que
habla matado a mi hijo. Dejo claro que yo no vi cuando mataron a mi
hijo y me dieron que había sido WILMAN COfl quien andaba mi hijo y la
muerte fué en la finca del señor GARCIA y lo cogió a traición.
PREGUNTADO. Sírvase decir quien le comunicó a Ud. que el autor de
las heridas fué WILMAN CANTILLO OROZCO CONTESTO: A mi me
lo dijo ORLANDO, creo que de apellido de la HOZ, porque mi hijo
tomaba los alimentos donde la mujer de Orlando quienes vivían en
esa finca y mi hijo trabajaba en esa finca. Dejo claro que WIMAN no
trabajaba en esa finca. PREGUNTADO: Díganos la declarante si
conoció (sic) con anterioridad al señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO, en caso afirmativo donde lo conoció y por qué?
CONTESTO.' Nunca lo había visto, lo conocí fué en Ciénaga cuando lo
capturaron por razón de la muerte de mi hijo y es la única vez que lo vi
y hablé con él. PREGUNTADO: Diga si Ud. ha recibido amenazas a
raíz de la muerte de JA/RO RAFAEL ACEVEDO GONZALEZo desde
cuándo WIIFRIDO CANTILLO OROZCO está preso? CONTESTO:
"NO señor, no he recibido ninguna amenaza. PREGUNTADA: Diga si
a Ud. le han ofrecjdo dinero u otro beneficio para declarar que
WILFRIDO CANTILLO OROZCO no fiué quien dió muerte a su hijo
JA/RO RAFAEL ACEVEDO GONZALEZ? CONTESTO: "No señor,
nunca...
(fi. 235)
48. Declaración jurada que rinde e! señor ORLANDO DE LA HOZ
CORONADO ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -- Sala
Pena! dentro de la acción de revisión incoada por el señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO en contra de la sentencia del 14 de abril de 1999 proferida por el Juzgado
penal del Circuito de Fundación que resolvió condenarle por el delito de HOMICIDIO
en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, de la cual se
destaca lo siguiente:
PREGUNTADO: Sabe Ud. Quien mató al señor JA/RO RAFAEL
ACEVEDPO (Sic) en caso afirmativo por qué sabe y si conoce a su
agresor?. CONTESTO: 'Si sé, porque yo estaba presente en la finca
cuando el tipo llegó a matarlo y el matador lo conocí con el nombre de
W/LMAN CANTILLO OROZCO: PREGUNTADO: Conoció ud. A
WILMAN CANTILLO OROZCO, en caso afirmativo diga por que lo
conoció, que vínculos tuvo con dicho señor. CONTESTO.' "Lo conocí
porque trabajaba en la finca WttW uno pasa o pasan por la
finca donde yo trabajo, pueJo ZIÇra a dicho señor y las
relaciones no más era de sal veía veía con él después fue
que supe el nombre. PREGU decir los rasgos físicos
16

de WILMAN CANTILLO OROZCO. CONTESTO: El era no muy alto, ni
bajito, fileño, de tez moreno, delgado, tenía como unos 30 años mas o
menos, tenía cara larga, cabellos con gajos en la nuca, y según
comentarios era de Sabana. PREGUNTADO: Sírvase decir donde se
encontraba Ud. El día en que dice que WILMAN CANTILLO OROZCO
fue quien le dio muerte a JA/RO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ y si
es posible háganos un relato como ocurrieron tales hechos?.
CONTESTO: "Yo estaba en casa, en la finca donde trabajo,
estábamos sentados en la cocina, el muchacho muerto y LUIS
PEREZ, que llegó de pesca u también presenció el caso, el agresor
entró en una bestia y cuya arma traía escondida en la pierna derecha,
vimos que fue así, porque cuando lo vimos entrar no le vimos nada y
cuando disparó fue que le vimos que sacó el arma, y era una escopeta
12, escuché el tiro y cuando vimos que el muerto cayó hacía atrás,
salimos detrás de él para cogerlo, pero el tenía en las manos mas
cartuchos y trata de cargar nuevamente la escopeta, la dobló para
cargarla, pero el tiro vacío no lo votó (sic) y ahí aprovecho y se fue y
desde entonces no lo he vuelto a ver. PREGUNTADO: Sírvase decir,
qué tiempo tenía de conocer a WILMAN CANTILLO y si sabe, díganos
• que relaciones mantenía con la víctima JAIRO RAFAEL ACEVEDO
GONZÁLEZ? CONTESTO.' Tenía como un año de conocerlo, ellos
siempre andaban juntos en el pueblo en parranda. PREGUNTADO:
Conoce ud. Al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, en caso
afirmativo diga por qué lo conoce y si conserva algún vínculo con el.
CON TESNTO: "Si lo conocí, pero en la Cárcel, porque unos familiares
de él lo buscaron para ver si en realidad era la persona que había
matado a ACEVEDO, antes no lo había visto, y cuando lo vi me di
cuenta que no era el mismo que había matado a JA/RO ACEVEDO,
inclusive le que esta detenido es de mejor presencia que el agresor,
este muchacho grueso, de tez moreno claro, tiene coiho UROS 1.67 de
estatura, yo /e pongo como unos 27 a 28 años. PREGUNTADO:
Sírvase decir si en ocasión anterior había tratado con el señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO, silo conocía antes de haberlo visto
detenido, por razón de su primor JOSE ALFONSO RIVERA
GONZALEZ. CONTESTO: "Nunca lo había visto antes de la vez en
S
que lo vi en la cárcel de Ciénaga, era la primera vez que lo veía.
PREGUNTADO: Diga si Ud. Le han ofrecido dinero u otro beneficio
para declarar que WILFRIDO CANTILLO OROZCO no fue quien dio
muerte a JA/RO RAFAEL ACEVEDO GONZALEZ. CONTESTO.' "No
señor nunca he recibido dinero por esa circunstancia. PREGUNTADO:
Conoce Ud. A algún miembro de la familia de WILFRIDO CANTILLO
OROZCO. CONTESTO.' "No señor, no he conocido a ningún miembro
de la familia de WILFRIDO y a la esposa y a la mamá del muchacho
que está detenido los conocí en el día que viene a la bárcel a mirar a
ver si era el mismo...
(fi, 237)
49, Declaración jurada que rinde el señor JOSE ALFONSO IVERA
GONZALÉZ ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala
Penal dentro de la acción de revisión incoada por el señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO en contra de la sentencia del 14 de abril de 1999 proferida por el Juzgado
penal del Circuito de Fundación que resolvió condenarle por el delito de HOMICIDIO
en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, de la cual se
destaca lo siguiente:
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PREGUNTADO: Sabe Ud. Quien mató a su primo JA/RO RAFAEL
ACEVEDO GONZALEZ. en caso afirmativo por qué sabe y conoce al
agresor? CONTESTO: "Si lo conozco, porque yo me iba con mi primo
los sábados a la finca y el agresor era ordeñador de la finca de/lado y
el agresor era amigo de mi primo y parrandeaban juntos, y no sé por
qué lo mató. PREGUNTADO: Como sabe Ud. Quien fue el agresor de
primo JA/RO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ? CONTESTO: 'Se que
el agresor es de nombre EILMER, pero no le se el apellido y lo
conozco físicamente porque parrandeaban con el primo mío y sé que
fue el que disparó contra el primo mío, porque las personas donde el
almorzaba vieron cuando el agresor hizo el tiro, pero no se el nombre
de esas personas, peto si se que tanto el esposo como la señora
vieron cuando WILMER disparó. PREGUNTADO: Conoce Ud. Al
señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, en caso afirmativo diga por
qué o conoce y si conserva algún vínculo con el. CONTESTO: 'Conocí
al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO en la Cárcel de Ciénaga,
porque a mí tía le dijeron que al que habían capturado era un señor
blanco, grueso, pelo liso, bajito, y así no es físico del matón WILMER,
porque el matón era un muchacho grueso, moreno, pelito engajaito,
usaba pelo corto bajito, es decir se i'notilaba bastante bajito a los
lados, es decir con bastante cabello, tenía una cicatriz en la ceja
izquierdo y el ojo izquierdo lo tenía caído como consecuencia de la
cicatriz. A raíz de eso vine con mi tía a ver al muchacho detenido
porque el aspecto físico no correspondí al matador, a raíz de lo que
vimos fuimos a declarar a la Fiscalía de Ciénaga, que ese no era el
agresor, pero en todo caso fue en este año que hicimos la
declaración, hace unos 3 meses. PREGUNTADO: Sírvase decir si en
ocasión anterior había tratado con el señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO, silo conocía antes de haberlo visto detenido, por razón de
su primor JOSE ALFONSO RIVERA GONZALEZ, CONTESTO:
"Nunca lo había visto antes de la vez en que lo vi en la cárcel de
Ciénaga, era la primera vez que lo veía. PREGUNTADO.' Diga si a Ud.
Le han ofrecido dinero u otro beneficio para declarar que WILFRIDO
CANTILLO OROZCO no fue quien dio muerte a su hijo JA/RO
RAFAEL ACEVEDO GONZALEZ? CONTESTO: "No señor, nunca he
recibido dinero por esa circunstancia. PREGUNTADO: Conoce Ud. A
algún miembro de la familia WILFRIDO CANTILLO OROZCO?
CONTESTO: "No señor, no he conocido a ningún miembro de la
familia de WILFRIDO y a la esposa y a la mamá del muchacho que
está detenido los conocí en la Cárcel, el día que vinimos a hacer el
reconocimiento.....
(fI. 239)
50, Declaración jurada que rinde el señor LUIS PÉREZ PÁEZ ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal dentro de la accion de
revisión incoada por el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO en contra Je la
sentencia del 14 de abril de 1999 proferida por el Juzgado penal del Circuito de
Fundación que resolvió condenarle por el delito de HOMICIDIO en la persona del
señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GO 1 a cual se destaca lo siguiente:
VflV3SIJ
PREGUNTADO,' sabe Ur / señor JA/RO RAFAEL
ACEVEDO GONZÁLEZ, en c airra or qué sabe y si conoce
18

a su agresor? CONTESTO: "Si sé, porque yo estaba presente en una
reunión en Ja finca donde trabajamos, en ese momento, uno de ellos
se levantó y se dirigió a la otra finca que está ha! mismo al lado y paso
como 15 o 20 minutos el muchacho volvió, de hecho trajo el arma
* oculta en una bestia, se le colocó de lado atrás, saco el arma y le
disparó y el muchacho que le disparo se llama WILMAN CANTILLO
OROZCO, y éramos amigos entre si, con el matador y el muerto:
PREGUNTADO: Conoció Ud. a WILMAN CANTILLO OROZCO, en
caso afirmativo diga por qué lo conoció, qué vínculos tuvo con dicho
señor CONTESTO: "Lo conocí porque trabajaba al lado de la finca
donde yo trabajaba, eran vecinos, él era ordeñador en la finca de al
lado. PREGUNTADO: Sírvase decir los rasgos físicos de WILMAN
CANTILLO OROZCO: CONTESTO: El era moreno, bastante negro
digamos así, delgado, cara fileña, bastante larga la cara, la dentadura
era postiza, tenia un defecto en el ojo izquierdo, era corno de 1.70 a
1. 75 de alto, corno Linos 37 años mas o menos, de cabello crespo, él
era de Sabana Magdalena. PREGUNTADO.' Sírvase decir donde se
encontraba Ud. el día en que JA/RO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ
fue asesinado y si es posible háganos Un re/ato como ocurrieron ta/es
. hechos? CONTESTO: "Yo estaba con él en la finca en la Andrea.
estaba con el señor Orlando de la Hoz, conmigo, estaba la esposa del
señor Orlando y los hijos del señor Orlando y el matón, estábamos
sentados en el corredor de la casa, y fue cuando llegó el muchacho en
una bestia y le tiró con una escopeta... PREGUNTADO: Sírvase decir,
que tiempo tenía de conocer a WILMAN CANTILLO y silo sabe,
digamos que relaciones mantenía con la víctima JA 1RO RAFAEL
ACEVEDO GONZÁLEZ? CONTESTO: tenía como un año y medio de
conocer/o, trabajaba al lado, no se que relaciones tenían, ellos
siempre andaban juntos en el pueblo porque bebían juntos.
PREGUNTADO.' Conoce Ud. al señor WILFR/DO CANTILLO
OROZCO, en caso afirmativo diga por qué lo conoce y si conserva
algún vínculo con el. CONTESTO: "No lo conozco PREGUNTADO:
Sírvase decir si ha tenido conocimiento que el agresor de JA 1RO
RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ está detenido, en caso afirmativo,
díganos los comentarios que ha tenido alrededor de su captura. "No
se. naca al respecto. ,,.y.
(fi. 241)
51. Informe No, 2031 de 21 de noviembre de 2002 rendido por el Perito Jr4,.
ocasión de la solicitud de cotejo dactilar elevada en relación con las cartillas
decadactilares de los señores WILFRIDO CANTILLO OROZCO y WILMAN
CANTILLO OROZCO, dirigido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta - Sala Penal dentro de la acción de revisión incoada por el señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO en contra de la sentencia del 14 de abril de 1999 proferida por
el Juzgado penal del Circuito de Fundación que resolvió condenarle por el delito de
HOMICIDIO en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, en el
cual se indica que efectuado el cotejo dactilar entre la fotocopia de la tarjeta
decadactilar de preparación de cédula expedida a nombre de CANTILLO OROZCO .
WILMAN ENRIQUE con las impresiones dactilares que aparecen en la fotocopia de
la tarjeta decadactilar de preparación de cédula expedida a nombre de CANTILLO
OROZCO WILFR IDO se pudo determinar que las impresiones dactilares no se
19
••
3 0 N
^
c.
Lofoscopia - Técnico Criminalístico del CTI de la Fiscalía General de la Nación co40

identifican entre si. De igual modo, se indica que cotejadas las imágenes fotográficas
en las fotocopias de las tarjetas relacionadas, se pudo determinar que las misnas no
coinciden en sus características morfológicas generales ni específicas, indicando que
se trata de personas diferentes.
Efectuada la precedente relación probatoria, resulta procedente determinar en
primer lugar el régimen de responsabilidad aplicable al Estado en el caso concreto a
fin de establecer bajo cual título de imputación se evaluarán los presupuestos
fácticos que en el sub judice se debaten.
Sea dable acotar en primer lugar que, conforme se desprende del artículo 90
de la Constitución, el Estado tiene el deber de responder patrimonia¡mente por los
daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. Ahora bien, para hacer efectivo ese mandato constitucional, el
artículo 86 del CCA consagra la acción de reparación directa, por cuya virtud el
interesado puede demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho,
una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
A pesar de que el artículo 90 precitado pone el acento en la existencia de un
daño antijurídico como fuente generadora del derecho a obtener la reparaci3n de
perjuicios, éste siempre debe ser imputable a una entidad estatal, dejando de lado el
examen de la conducta productora del "hecho dañoso" y su calificación como
culposa; empero, ello no implica que la responsabilidad patrimonial del Estado sea
en todos los casos objetiva, ya que la disposición dejó vigentes los diferentes
regímenes de imputación de la responsabilidad del Estado, elaborados por la
doctrina y la jurisprudencia.
Entre los varios regímenes de los cuales puede surgir la responsabilidad de la
administración, se distinguen:
1. La falla en el servicio.
2. El riesgo excepcional.
3. Los daños ocasionados por trabajos públicos.
4. El daño especial.
S. La expropiación y ocupación de inmuebles en caso de conflicto bélico.
6. El rompimiento de la igualdad de los administrados frente a las cargas
públicas.
7. El enriquecimiento injusto.
8. El error judicial.
9. La privación injusta de la libertad, y,
10.El defectuoso funcionamiento de la administración justicia.
Pues bien, descendiendo al aflxmine, resulta pertinente señalar
que el inciso 10 del artículo 28 de l jica, en relación con el derecho
inalienable a la libertad, previene ad p
20

S
0
1
"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni Su
domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidadés legales y por
motivo previamente definido en la Ley" (Subrayas fuera del texto
original).
Concordante con la anterior preceptiva se tiene que el artículo 56 del
Decreto Ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía) previene:
"Nadie puede ser privado de la libertad sino:
Por previo mandamiento escrito de la autoridad competente; y
En el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de
policía" (Subrayas fuera del texto original).
Del tenor literal del texto contentivo de las preceptivas normativas indicadas
precedentemente surge al rompe la inferencia que dentro del ordenamiento jurídico
vigente sólo son admisibles dos excepciones a la reserva judicial dispuesta en
favor de la libertad personal del individuo, cuales son la detención preventiva
derivada de la aprehensión material y el caso de flagrancia. Amén de lo anterior,
sea dable acotar que el derecho fundamental a la libertad personal deviene por
demás en relativo en el sentido de que su ejercicio pleno se encuentra subordinado
a la observancia de su acreedor de las obligaciones legales impuestas por la
sociedad a efecto de lograr la mejor y más lícita convivencia de los ciudadanos.
Una vez delineado el tópico atinente a la condición de la libertad como
derecho no absoluto a favor del individuo y decantado lo relacionado con los
eventos en los cuales procede la limitación de éste derecho fundamental, es
pertinente avocar el conocimiento del tema concerniente a la privación de la
libertad como génesis de una posible responsabilidad extracontractual y patrimonial
del Estado.
Pues bien, tiénese que el régimen de responsabilidad extra contractu al , cl
Estado por la privación de la libertad de un individuo, fue consagrado porprina
vez en la Legislación colombiana a través del artículo 414 del Decreto 2700\
1991, Código de Procedimiento Penal, el cual disponía, ad peddem litterae:
'h
"Artículo 414. Decreto 2700 de 1991. Indemnización por privación
injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la
libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien
t
haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su
equivalen te. porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o
la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser
indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta
siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave".
9
N
En concordancia con esta normativa fueron proferidas un sinnúmero de
providencias, tanto por Tribunales Administrativos como por el H. Consejo de Estado,
en las cuales se decantó suficientemente la tesis de responsabilidad objetiva por
21

privación injusta de la libertad que indicaba que siempre que un ciudadano hjbiere
sido privado de su libertad, sin perjuicio de la justicia o injusticia de la medida de
detención, tendría derecho a reclamar del Estado la correspondiente indemnización
al proferirse en su favor sentencia absolutoria o su equivalente, esto es, resolución
de preclusión en los términos del precitado artículo 414.
Esta tesis de responsabilidad objetiva, la cual por supuesto no atendía para
efecto de la condena en perjuicios al ente estatal razones de justicia, legalidad o
procedencia de la medida de detención, se mantuvo vigente hasta que el Decreto
2700 de 1991 fue derogado con la expedición de la Ley 600 de 2000, la cual entró a
regir en julio del año 2001, puesto que con tal derogatoria desapareció del mundo
jurídico la condición per se establecida en el artículo 414, plurimentado, referente al
derecho del administrado de ser indemnizado en tales términos. A partir entonces de
la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal,
se impuso un régimen de responsabilidad subjetiva que atendía las circunstancias
particulares de cada caso concreto, es decir, sin perjuicio de que hubiere sido dictado
fallo a favor del sindicado se estudiaría el caso en punto a establecer la injusticia real
de la medida de aseguramiento dictada enmarcada dentro de los límites de legalidad
que dictan la jurisprudencia, la Ley y las reglas de la experiencia y de la justa y sana
crítica.
No obstante en el interregno transcurrido entre 1991 a 2001 - vigenca del
Decreto 2700 de 1991 - se dio traslado a un régimen de responsabilidad, s bien
objetivo, atenuado según el despliegue procesal que hubiere observado el privado de
la libertad durante la investigación adelantada en su contra. En efecto, cn el
proferimiento de la Ley 270 de 1996 - LEAJ - se dispuso que el administrado no
tendría derecho a recibir indemnización si aún habiendo sido declarado inocerte de
todo delito, o habiéndose proferido a su favor resolución de preclusión, es:e no
hubiere formulado los recursos ordinarios de Ley contra las decisiones qe le
hubieren resultado adversas en el decurso de la investigación y del juicio, verbi
gratia: contra la resolución que dispone dictar la medida de aseguramiento, o contra
la resolución de acusación o contra la sentencia condenatoria dictada en prrnera
instancia, lo anterior según la preceptiva del artículo 70, ibídem. Éste régimen de
responsabilidad objetiva atenuado rigió a partir del mes de marzo del año 1996
cuando fue promulgada la Ley en cita, en términos de lo dispuesto en su artículc 210.
A título de mera ilustración, seguidamente esta Colegiatura transcribirá sendos
apartes o extractos de providencias dictadas por el H. Consejo de Estado en casos
de privación de la libertad, en análisis de las cuales resulta dable observar el tránsito
jurisprudencial que se ha dado desde la vigencia del Decreto 2700 de 1991, pasando
por la promulgación de la LEAJ y las modificaciones que ésta introdujo en el tema
concreto, hasta la derogatoria del Decreto 2700, precitado, con la promulgación del
nuevo código de procedimiento penal la Ley 600 de 2000 - huelga acotar en todo
caso, que a la fecha de ésta sentenccpna no se encuentra vigente por
derogatoria expresa de la Ley 905 d4 %.jCódigo de Procedimiento Penal
actual -.
22

E'n este orden de ideas, se tiene que realizando una abstracción de ¡a
jurisprudencia que al respecto ha proferido el máximo tribunal de lo contencioso, se
observan cuatro etapas o momentos clave en lo atinente a la posición o línea
decantada por la Corporación, a saber: En un primer momento el H. Consejo de
Estado, mantuvo una posición que podría denominarse subjetiva en la cual se
asimiló el régimen de privación injusta de la libertad con la responsabilidad del
Estado por error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, habida consideración de que en esa primera etapa se consideró que a
efecto de imputar responsabilidad al Estado, uno o varios de sus agentes hubieren
incurrido en una conducta fallida de la administración de justicia o hubieren
proferido una decisión judicial abiertamente contraria a derecho. En concordancia
con lo anterior, se estableció que la conducta subjetiva del funcionario judicial, es
decir, el despliegue de su actuación con culpa o con dolo, carecía de absoluta
relevancia a la hora de imputar responsabilidad a la administración. En esta
primera etapa jurisprudencial no se aplicaba lo contenido en la norma del artículo
414 del Decreto 2700 de 1991, por la potísima razón de que dicha preceptiva no
estaba en vigencia, sumado al hecho de que no se concebía el régimen de
responsabilidad de la privación injusta de la libertad como un título de imputación
independiente precisamente por no existir consagración legal al respecto.
En efecto, en sentencia proferida por tan altísima Corporación en calenda
25 de julio de 1984, expediente No. 8666, se previeron las consideraciones que
pasan a transcribirse en lo pertinente, así:
• .de éste modo se condicionó la procedencia de la declaratoria de
responsabilidad del Estado por el hecho de la privación de la libertad,
a la demostración de un error jurisdiccional, porque - según se afirmó
- cuando mediaren indicios serios en contra del sindicado, la
detención se tenía como una carga que todas las personas debían
soportar por igual y que, por tanto, debía probarse de modo específico
y suficiente el error o ilegalidad de la decisión que dispuso la medida
de aseguramiento..."
Posteriormente, se presentó una etapa que podría denominarse como de
responsabilidad objetiva por privación de la libertad, teniendo en cuenta que se
daba estricta aplicabilidad a los eventos previstos en la norma contenida en el
artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, y en tal virtud, cuando la persona
hubiere sido privada de la libertad y posteriormente liberada como consecuencia de
una decisión de autoridad competente, bien sea porque el hecho no ocurrió, o no ¡e
es imputable o no constituyó conducta punible, sin que se valorare la conducta del
funcionario judicial siempre habría lugar a condenar por la privación de la libertad.
Frente a tal posición, el H. Consejo de Estado, en sentencia proferida en
calenda 4 de abril de 2001, Expediente No. 13606, con providencia del siguiente
tenor:
La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27
de septiembre de 2000 porque considera que en estos eventos la
responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño
23
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antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto
porque nada tuvo que ver con el delito investigado, o porque el
supuesto delito nunca fue cometido, o porque no existe antijuridicidad
respecto de la conducta desplegada por el individuo, esto es, que no
se encuentra tal accionar tipificado en la Ley penal como conducta
punible, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta
o las providencias de las autoridades encargadas de administrar
justicia...".
Igualmente, el H. Consejo de Estado se pronunció respecto de la
necesidad imperante de reiterar que no todos los daños que se irroguen al
administrado, deben ser indemnizados por la entidad estatal responsable de tales,
habida consideración que sólo los que tengan el carácter de antijurídicos po no
tener el perjudicado el deber legal o constitucional de soportarlos, deberán ser
reparados en consecuencia. Para ello basta examinar diversos pronunciamientos
jurisprudenciales, tales como la sentencia de 27 de septiembre de 2000,
expediente No. 11601 y la sentencia de fecha 25 de enero de 2001, expediente No.
11413, entre otros.
La tercera posición iurisprudencial de la altísima Corporación, fundamenta la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en lo reglado por el
artículo 90 de la Constitución Política, esto es, que el Estado es patrimoníalrnente
responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un
sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y
posteriormente es liberado mediante providencia judicial en la que se resuelve
desvincularlo del proceso penal, los daños que demuestre y que se deriven de la
detención deben serle indemnizados, toda vez que no estaba en el deber de
soportarlos. En este sentido, la posición No. 3 del H. Consejo de Estado guarda
bastante similitud con la descrita anteriormente en cuanto para sustentar tal tesis, el
máximo tribunal de lo contencioso consideró que las hipótesis descritas en la norma
del artículo 414, pre citado, eran por si mismas lo suficientemente injustas como para
entrar a dilucidar si además de la ocurrencia de éstas, el funcionario había incurrido
en error jurisdiccional, de tal suerte que bastaba sólo con acreditar su configuración
efectiva para que fuera posible la condena en perjuicios en contra cíe la
administración. No obstante, en esta oportunidad se hizo alusión a la atenuacicn del
régimen objetivo haciendo acopio de la preceptiva de la Ley 270 de 1996 contanida
en su artículo 70.
Se presentó entonces, una cuarta etapa jurisprudencia¡ en relación a la
responsabilidad de la administración por la privación de la libertad de un individuo,
amparada bajo la égida de la ocurrencia de las hipótesis previstas en el pluricitado
artículo 414 de¡ Decreto Ley 2700 de 1991. En efecto, en ésta última etapa se
consideró que la responsabilidad del Estado, puede darse tanto por la aplicación de
la norma precitada como por la aplicación de principio de derecho penal "in dubio
pro reo". Amén de lo anterior se dijo que no obstante la detención y privación de la
libertad del administrado hubiere sido ocasión de una investigación
formal y con el lleno de los requisitos_Ç-í el efecto, por el hecho de no
haber sido condenado en aplicación "in dubio pro reo" era procedente
IE

F
la rparacón de perjuicios a cargo de la administración. Al punto, el H. Consejo de
Estado, en providencia adiada 2 de mayo de 2007, Expediente No. 15463,
Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, precisó:
Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad
de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho
de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad
competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un
daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro
del proceso penal respectivo, del principio ¡ti dubio pro reo —de
manera tal que no obstante haberse producido la privación de la
libertad como resultado de la investigación e incluso habiendo sido
proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias
legales, el imputado no llega a ser condenado—, circunstancia que
hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del
Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre
que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos...'.
• Esta posición jurisprudencia¡, si bien, fue adoptada por parte del foro del H.
Consejo de Estado, no ató en ningún modo a los jueces de la jurisdicción
contenciosa a aplicarla sin detenerse sobre el análisis del principio de la autonomía
del Juez, habida consideración de que muchos Tribunales del país, entre esos, la
Colegiatura aquí ponente, adoptó el régimen de responsabilidad subjetiva que
estudiaba la ilegalidad e injusticia de la medida de detención a efecto de proceder al
decreto de una condena, amparada tal posición en la derogatoria del Decreto 2700
de 1991 que sobrevino con el proferimiento de la Ley 600 de 2000 y que se mantuvo
incólume con la vigencia de la Ley 905 de 2004.
Finalmente, no obstante, la última etapa jurisprudencia¡ decantada por el
máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en la cual se adoptó la posición
encaminada a establecer responsabilidad al Estado siempre que se hubiere
producido uno cualquiera de los eventos señalados en la norma contenida en el
. artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en reciente pronunciamiento proferido por la'
.
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se adoptó el enfoqu1e
primigenio que había tenido en cuenta dicha Corporación para juzgar este tipo d'
asuntos, cual es, la responsabilidad subjetiva del Estado por los daños irrogados
administrado con ocasión de la privación de su libertad, tesis ésta que, comó ________
reiteradamente lo ha asumido así ésta Colegiatura, se limita a analizar de fondo y
concienzudamente la injusticia de la medida de aseguramiento impuesta de
conformidad a las probanzas que oportuna y debidamente sean aportadas al
plenario. En efecto, el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, en sentencia de 14
de abril de 2010, Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00595-01(18960),
Actor: ROGELIO AGUIRRE LOPEZ Y OTROS, Demandado: NACION - FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, señaló ad Iitteram:
U.
... El alcance y contenido de la libertad como valor fundante del
ordenamiento jurídico.
25
-
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F-.
O

)
La Constitución política en varias de sus disposiciones reconoce que
la Libertad en su triple condición de valor, principio y derecho debe ser
protegida y respetada tanto por los poderes públicos como por
cualquier individuo. Esta premisa se desprende del preámbulo en
donde se señala que el Estado colombiano debe propender por
asegurar a sus integrantes la libertad dentro de un marco jurídico,
democrático y pailicipatívo, y de los artículos 13 y 28 que consagran el
derecho a la libertad, el primero al señalar que todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley" y el segundo al preceptuar que
"toda persona es libre" y no podrá ser molestada en su ámbito
personal o familiar.
Como ya se expuso, la libertad es el basamento mismo de la
declaración de derechos fundamentales que se consigna en la
carta política; cada derecho constituye un ámbito de decisión del
individuo y por ende un espacio de no intromisión por parte de
otros sujetos públicos o privados. La libertad, entonces, es un
bien primario y en ese sentido sólo puede llegar a ser objeto de
limitación si con ello se asegura alguna de sus manifestaciones.
Adicionalmente, y de los artículos referenciados, se desprende
que la libertad es reconocida como derecho; en el artículo 13 se
concibe como una condición inherente al hombre que sólo se
garantiza con un trato igualitario y no discriminatorio; en el
artículo 28 constituye una garantía de no ser perturbado en los
espacios en los que el individuo se desarrolla, así como no ser
reducido a prisión sin el cumplimiento de los requisitos legales y
sin la existencia de un motivo previamente determinado por el
legislador. Esta connotación pone de presente las dos
dimensiones clásicas de todo derecho fundamental: 1. una
dimensión de carácter objetivo, que se manifiesta en la
obligación de la autoridad pública cuando crea, interpreta y
aplica el derecho de tener presente la garantía de libertad
reconocida, y; 2. Una dimensión subjetiva, que se traduce en el
reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace en favor del
individuo para que este exija mediante el aparato judicial la
protección de su libertad cuando sienta que ha sido vulnerada
con la acción u omisión de un sujeto público o privado. Es decir,
la consagración de un poder de reacción que acrantiza la
efectividad del derecho reconocido...
Salta a la vista el carácter jurídico de la libertad, ya que el gran desafío
de las sociedades actuales es precisamente la instrumentalización de
medios de defensa para que el hombre no terna a otros hombres y
menos a los poderes públicos. Cada persona debe estar sometida
nada más que a su voluntad y esta posibilidad encuentra SU ambiente
más propicio en los regímenes democráticos que finalmente son
aquellos "...en que las voluntades individuales ocupan la mayor parte
en la adopción de las instituciones estatales. Es así como los límites
que las concretas manifestaciones de la libertad hallan en la vida
social, resultan ser el fruto de la propia libertad de los ciudadanos."
2.3. La detención preventiva como límite de la libertad
personal.
y V :71 !7! _i
26

S
"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona
o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su
domicilio registrado, sino en virtud de ,nandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley. La persona detenida
preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por
deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles."
(Subraya fuera de texto).
El derecho regulado en la disposición transcrita representa una
de las facetas de la libertad, entendida ésta, según quedó
indicado en líneas precedentes, como el bien jurídico más
preciado del hombre. No se trata de una garantía carente de
importancia pues de ella depende el ejercicio de otros derechos,
por eso puede asignársele los calificativos de princinal e
instrumental. Como puede observarse, se caracteriza por ser un
derecho que posee una connotación física, toda vez que su
objetivo es proteger al individuo de una detención que no
encuentre justificación en el ordenamiento jurídico y que por lo
tanto afecte la cualidad genérica de libre actuación que le es
consustancial. Por lo tanto, se busca tener una certeza: la
existencia de capacidad de reacción contra una agresión externa
que afecta la propia disposición...
Por otra parte, para comprender el alcance de la libertad personal
es necesario precisar dos cosas: su titularidad y su contenido
esencial. Respecto del pri,ner elemento, puede señalarse que
este derecho se atribuye directamente a personas físicas (no se
debe olvidar su carácter corporal), como quiera que se antepone
a condenas, detenciones e internamientos que resultan injustos y
arbitrarios. Aunque la titularidad siempre este presente, el
carácter reactivo que es intrínseco al derecho puede ocasionar
. que ésta no tenga que manifestarse nunca en la vida de un
individuo, y ello es posible si éste no ha sido objeto de agresión
alguna por parte de los poderes públicos. Por tanto, en aquellos
casos en los cuales se cumplan los presupuestos exigidos
constitucional y legalmente para proceder a la privación de la
libertad no se disfrute del derecho porque en este supuesto el _f
ejercicio del ius puniendi del estado es estrictamente necesario
yse acompasa con el carácter no absoluto de la libertad.
En cuanto a su contenido esencial, este puede entenderse en los
eventos en que la libertad decae por la intervención de la
autoridad pública cuando esta no tiene "...causa para accionar
contra ella." De modo tal que, al ser su intervención injusta o
ilegal, "...se genera unos mecanismos para la restitución del bien
protegido.
De ahí que pueda afírmarse que la detención
preventiva también conforme el derecho, ya que a través de su
regulación y, especialmente, mediante la fijación de las causas
por las cuales procede, se fija un limite a la actuación del
individuo, porque si su comportamiento se encuentra
previamente tipificado y afecta o perturbe los derechos de otros
27
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lo

en un grado tal que impida su libre desarrollo, se activa el poder
de coerción del Estado y se puede generar como respuesta una
restricción que afecte la capacidad de movilidad física o
geográfica del individuo.
Por consiguiente, la privación de la libertad (y dentro de ella la
medida de detención preventiva) debe ser adecuada, ésto es,
cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la
norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho
fundamental a la libertad personal. Los condicionamientos a los
que se hace referencia son:
1. Debe fundamentarse en un causa que esté previamente
prevista en la ley. En otras palabras, la autoridad que asume la
medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de
legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y
medios orobatorios que desde un punto de vista racional arrojen
una posible responsabilidad penal de/individuo inculpado.
2. No puede ser indefinida, debe tener un límite temporal que
se relaciona directamente con el tiempo indispensable para la
averiguación de los hechos que dieron lugar a la asunción de la
medida.
3. Al ser una medida cautelar su finalidad no es represiva, se
encamina principalmente a prevenir diferentes circunstancias: la
fuga del sindicado, su presencia en el proceso, la efectividad de
la sentencia o im pedir la continuación de su actividad delictiva.
4. La medida tiene una naturaleza jurisdiccional en sus
diferentes fases: en la toma de decisión, en su control y en su
finalización.
S. Una vez asumida la medida y afectada la libertad de una
persona se activa un conjunto de garantías de orden
procedimental y sustancial que hacen parte del derecho
fundamental del debido proceso, principalmente la presunción de
inocencia, el derecho de contradicción, el desplazamiento de la
carga de la prueba en cabeza del Estado, entre otros.
6. La medida debe responder al criterio de excepcionalidad.
En otros términos, la detención preventiva debe asumirse cuando
no existe otra forma de asegurar los objetivos señalados en el
numeral 3.
7. La detención preventiva siempre debe responder al
principio de proporcionalidad, es decir que debe constituir un
medio adecuado para la finalidad que se pretende alcanzar.
Aún cuando los anteriores presupuestos se cumplan, la detención
provisional sigue constituyendo la intervención más delicada en el
derecho de libertad personal, argumento que se encuentra
plenamente demostrado se desprende de la
incertidumbre, como quiera W4-1 N#051 o+iste en el proceso una
sentencia en la cual se de penal.
t
28

Si esto es así, ¿cual será el fundamento de la detención
Preventiva? Respecto de este punto, la doctrina ha señalado dos
respuestas: de un lado, se busca una administración de justicia
eficiente, que asegure la obtención de resultados concretos ante
la ciudadanía en cuanto a la persecución del delito; del otro, se
señala que se trata de una verdadera pena, porque conlleva la
alteración de un derecho, la producción de un sufrimiento a un
individuo como si se tratara de un condenado. Se señalan así dos
agravantes: 1. al no sustentarse la detención preventiva en
pruebas definitivas que sean indicativas de la responsabilidad,
las posibilidades de error se incrementan y su carácter
injustificado se hace latente; 2. al no existir condena, no es
Posible hablar de vulneración al principio de presunción de
inocencia.
Así, el cuestionamiento que debe hacerse es el de cómo
mantener un equilibrio entre los dos fundamentos expuestos en
un Estado Social de Derecho, si sólo se opta por el eficientismo,
se desconoce la libertad como valor y principIo fundante de la
democracia, se exagera la importancia del interés estatal y se da
un acercamiento peligroso a un régimen de caráctér totalitario. Y
es precisamente esta necesidad de ponderación la que posibilita
la implantación de mecanismos resarcitorjos cuando la actividad
del Estado se ha desplegado afectando el interés subjetivo de un
individuo, restringiendo su capacidad de autodeterminación y
limitando sus opciones de movilidad, para después hacer un
pronunciamiento exonerándolo de responsabilidad. Esta
declaración no es suficiente frente al derecho a la libertad
personal y por ello deben operar mecanismos indemnizatorios
toda vez que el daño ya se ha infligido, es imputable
jurídicamente a la administración de justicia y el sujeto que lo
sufrió no tenía el deber jurídico de soportarlo.
Argumentación que se a plica perfectamente al caso objeto de
estudio, porque la absolución o preclusión de la investigación
que emana de falencias probatorias en la instrucción o Juicio
. penal, se traduce en una falla del servicio. Por consiquiente, al
demandante en este evento, le corresponde demostrar en el
proceso contencioso administrativo de reparación, de manera
clara, que la privación de la libertad se produjo a partir del error
del funcionario, o del sistema, derivado éste de una ausencia
Probatoria que sustentara la detención preventiva.
Arribar a una conclusión diferente implica desconocer el carácter
reactivo del derecho a la libertad personal, y el Estado se
convertiría para los ciudadanos en aquel falso ídolo del que
hablaba Zaratustra, en un monstruo que miente abiertamente
porque en el plano formal garantiza un derecho mientras que en
el plano de los hechos lo desconoce abiertamente, porque crea
una situación de incertidumbre en un escenario en el que la
capacidad de libre autodeterminación del individuo debe
Prevalecer, desvirtuándose el modelo en el que los derechos
reconocidos no se corresponden con las garantías que aseguran
su efectividad...
3.2. Ahora bien, constatada la existencia del daño antijurídico,
( "
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29
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esto es, la lesión, afectación o aminoración a un derecho, bien o
interés le gítimo que la persona no estaba obligada a soportar,
aborda la Sala el estudio de la imputación con miras a establecer
si el Estado es responsable pat rimonialmente de las
consecuencias que se desprenden de aquél.
En el caso concreto, al sindicado se le impuso una medida de
aseguramiento en cuanto se le sindicaba del delito de
conformación de grupos armados ile gales. No obstante, en la
acusación, el Fiscal del caso precluyó la investigación respecto
de este delito, pero acusó a Ro gelio Aguirre López de /os
siguientes punibles: 1) lesiones personales a servidor público; ji)
homicidio a gravado y iii) porte ¡legal de armas y municiones de
defensa personal, todos en concurso.
Apelada la anterior decisión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Nacional absolvió al sindicado y ordenó su inmediata liberación,
y para arribar a esta conclusión examinó de manera específica
cada conducta punible para concluir, en síntesis, lo siguiente: 1)
en relación con la muerte de la señora María Antonia Castaño, se
determinó que el sindicado no cometió el hecho, ya que para el
momento en que disparó, las lesiones a esta última ya se habían
producido, y ji) respecto de los delitos de lesiones personales a
servidores públicos y porte ilegal de armas, la determinó que el
señor Ro qelio Aguirre López actuó en estado de necesidad y, por
lo tanto, operaba la causal eximente de responsabilidad penal
contenida en el numeral 4 del artículo 29 del Decreto 100 de 1980.
3.3. Así las cosas, en el caso sub examine, concurren dos
circunstancias que conllevaron a que se declarara la preclusión
de la investigación a favor de Rogelio Aguirre, consistente la
primera en que el sindicado no cometió el delito de homicidio
agravado que se le endilgaba y, la se gunda, que a la hora de
portar un arma particular sin el correspondiente salvoconducto y
ocasionar las lesiones a al gunos de los funcionarios públicos
que practicaron el allanamiento, actuó en estado de necesidad, lo
que excluía la antijuricidad en esos dos comportamientos y, por
lo tanto, no se confi guraba uno de los elementos para que la
conducta fuera catalogada como delito.
En esa línea de pensamiento, y en armonía con lo expuesto en el
acápite anterior de esta providencia, para la Sala existen en el
caso concreto dos títulos jurídicos de imputación desde los
cuales puede ser analizada o valorada la posible atribución de los
efectos del daño antijurídico en cabeza de la Fiscalía General de
la Nación. Por un lado, la absolución de la primera conducta da
lugar a que se analice la imputación del daño antijurídico al
Estado desde la perspectiva objetiva y, por lo tanto, el aspecto
subjetivo de la entidad pública, esto es, si actuó con diligencia y
cuidado a la hora de privar la libertad al procesado carece de
relevancia. De otra parte, la preclusión de la investigación
respecto de las conductas punibles de lesiones personales en
servidor público y de porte jis 44na al tener origen en una
causal que excluye la significar que los
hechos no se hubieran "'ificados y se haya
tor contenido
30

iS
en los respectivos tipos penales; por consiguiente, esta última
absolución, a diferencia de la primera, no se enmarca en ninguno
de las tres supuestos del artículo 414 del C.P.P. de 1991.
3.4. Y si bien, la anterior circunstancia supondría analizar la
imputación de conformidad con cada una de las conductas que le
fue atribuida a A guirre López, para determinar si el Estado debe o
no responder pat rimonialmente de los perjuicios causados con la
privación de la libertad, lo cierto es que, en el caso concreto, la
falle del servicio se encuentra acreditada respecto de toda la
investigación penal, incluida la decisión que le impuso medida de
aseguramiento, circunstancia que se infiere del análisis
efectuado por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional,
unidad que al interior de la Fiscalía General de la Nación era la
máxima instancia respecto de la denominada "jurisdicción
regional o especializada"...
En el caso concreto, al margen de que al ciudadano Aguirre
López se le haya impuesto una medida de aseczuramiento.
• proferida en principio, con arreglo a las disposiciones legales,
esa circunstancia no permite albergar hesitación alguna respecto
a que el proceso penal fue amañado, sustentado en testigos sin
rostro y en las declaraciones de los propios agentes armados
que intervinieron en el operativo nefasto que terminó con la
muerte de María Antonia Castaño en su propio hogar y delante de
sus hijos.
En ese orden de ideas, la Sala acoge las conclusiones
desarrolladas por el Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional,
superior jerárquico del funcionario judicial que decretó la
privación de la libertad del señor Aguirre López y, por
consiguiente, declarará la fa/la del servicio por encontrarse
acreditada.
Enconsecuencia, las circunstancias fácticas descritas
desconocieron otros derechos de Rogelio A guirre López y de su
núcleofamiliar, como la honra y dignidad al haber sido acusado
de ser el autor material de la muerte de su cónyuge, así como la
inviolabilidad del domicilio, la protección a la familia y los
derechos de los niños, _garantías todas contenidas en los
artículos 15, 21, 42 y 44 de la Constitución Política,
respectivamente, y que tienen un referente internacional en los
artículos 11, 17, 19 de la Convención americana sobre Derechos
Humanos.
Según lo expuesto, no se puede desconocer aue la orivación de
la libertad del ciudadano A guirre López fue el producto de la
connivencia entre un grupo de agentes del DAS y la Fiscalía
General de la Nación, en donde un Fiscal Regional de Medellín,
prevalido de su condición de agente judicial "sin rostro", acusó a
Rogelio Aguirre López de varios delitos que no cometió, incluido
el señalamiento protervo de haber sido el autor material de la
muerte de su cónyuge. Es precisamente esta la circunstancia que
evidencia la fa/la del servicio, pues, los agentes públicos bajo el
argumento de la peligrosidad del sector sometieron a la familia
A guirre Castaño a toda clase de vejámenes para lue go, de
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31
1
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manera aparentemente cohonestada con la Fiscalía incriminar a
Ro gelio A guirre López.
Expuestos los anteriores planteamientos, se torna en apodíctica
verdad que la Fiscalía General de la Nación, al privar de la
libertad a Rogelio A guirre López ignoró no sólo el ordenamiento
jurídico interno, sino que, desde la perspectiva internacional,
desencadenó diversas vulneraciones a la normatividad sobre los
derechos humanos (DDHH), lo que claramente significa un grave
desconocimiento al principio de dignidad humana y al derecho
fundamental de la libertad...
Por consiguiente, fue el principio de di gnidad humana el que se
desconoció en el caso concreto, entendido éste como el núcleo
natural, histórico y ético de los derechos fundamentales, en
tanto, el mismo encuentra su existencia en la propia naturaleza
racional de la humanidad, lo que permite, en términos del filósofo
de Kónigsberg, fijar imperativos categóricos que no pueden ser
soslayados en los que el hombre sea visto como un medio o
instrumento para alcanzar un fin, puesto que esta circunstancia
desconoce que el ser humano siempre será un fin en sí mismo y,
por lo tanto, las garantias que se desprenden de esa máxima
revisten la connotación de inviolabilidad, in derogabilidad,
imprescriptibilidad e inalienabilidad... ". (Subrayas y negrillas fuera
del texto original).
Decantado lo anterior, observa la Sala que el asunto sub ¡¡te corresponde ser
analizado bajo la égida de la tesis objetiva de responsabilidad del Estado por
privación de la libertad; en efecto, si bien es cierto, & señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO sólo fue capturado en el mes de diciembre del año 2001 y fue en dicha
calenda cuando, efectivamente, pasó a ser privado de su libertad como
consecuencia de una sentencia condenatoria proferida en su contra, no lo es menos
el hecho de que su vinculación al proceso penal - en calidad de persona ausente -,
el surtimiento de toda la investigación y la sentencia dictada en su contra fueron
actuaciones que se dieron en vigencia del Decreto - Ley 2700 de 1991, puesto que
la resolución por medio de la cual se ordena dar inicio a una instrucción para los fines
del artículo 334 del CPP dentro de la investigación previa seguida en con:ra del
señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, fue proferida en calenda 30 de mayo de
1997 (fI. 81 cdno. anexo No. 1), siendo ésta la primer vez que se nombra al aquí
accionante como vinculado al proceso penal, prosiguiéndose a dictar orden de
captura en su contra; asimismo, con el proferimiento de la resolución de fecha 08 de
agosto de 1997 se ordena su emplazamiento, se continúa adelante toda la
investigación y juicio, para finalmente, dictarse sentencia condenatoria en la c;alenda
del 14 de abril de 1999, todo ello en vigencia de la norma procedimental penal
contenida en el Decreto 2700 de 1991, precitada.
Baste para arribar a tal aserto la consideración de que la Ley 600 de 2000, por
medio de la cual se expidió el nuevo QQdi9 çocedimiento Penal que derogó el
Decreto 2700 de 1991, dispuso en ad peddem litterae:
32

"CAPITULO V. Disposiciones finales.
Articulo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre
30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal,
sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean
contrarias a la presente ley".
Artículo 536. Vigencia.Este Código entrará en vigencia un año
después de su promulgación... . . (Subrayas y negrillas fuera del texto
original).
Al tenor literal de la norma precitada, y teniendo en cuenta que la
promulgación de la referida Ley se produjo en la calenda del 24 de julio del año 2000,
según la publicación que de dicha norma se hizo en el diario oficial No. 44097, año
CXXXVI, el Decreto Ley 2700 de 1991, derogado por la normativa precitada, tendría
vigencia hasta el día 25 de julio del año 2001, de lo cual se infiere que si la
providencia que dio origen a que se materializara la privación de la libertad del señor
• WILFRIDO CANTILLO OROZCO - sentencia condenatoria de 14 de abril de 1999 -
fue proferida previo a la entrada en vigencia de la plurimentada Ley 600, aún
habiéndose materializado con posterioridad a su promulgación, la sucesión de
hechos que dieron origen al daño aquí demandado se ocasionaron cuando aún no
había sido derogado el Decreto 2700 de 1991, y en tal virtud, resulta aplicable al
caso concreto el estudio de fondo a la luz de los presupuestos indicados en el
artículo 414, ibídem, a efecto de imputar responsabilidad a la FISCALIA GENERAL
DE LA NACION y a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO por la privación de la
libertad del referido accionante.
Ahora bien, sea dable acotar que el régimen objetivo de responsabilidad que
ha de aplicarse en el caso concreto debe ser el que resulta atenuado con la
expedición y entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, la cual, como se anotó en acápite precedente dispuso en
su articulo 70 que podría demandar la indemnización de perjuicios por la privación de/ .7
su libertad, el individuo que habiendo resultado absuelto de toda imputación por
sentencia absolutoria o resolución de preclusión, hubiere hecho uso de los recursds Sccrezç
ordinarios dispuestos en la Ley a su favor para atacar las decisiones que en
decurso de la investigación, e inclusive del juicio, le resultaren adversas al disfrute deL
su derecho inalienable a la libertad. Amén de que, de acreditarse en la contención
que el sujeto privado de la libertad no desplegó las actuaciones procesales H
tendientes a propugnar por su defensa técnica y material - utilización de los recursos
de Ley - tendríase que concluir forzosamente que opera entonces la causal eximente
de responsabilidad de "culpa exclusiva de la víctima".
Decantado lo anterior, sea dable acotar que en tratándose de la
responsabilidad de la administración por privación de la libertad en relación con los
supuestos del artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, se destaca el hecho de
que el H. Consejo de Estado dirige su línea jurisprudencial a considerar que la
responsabilidad imputable al Estado por el hecho de mantener privado de la libertad
a un individuo no descansa en la legalidad o ilegalidad de la orden de captura previa
33
1-

1
o en el operativo en el cual haya sido capturada la persona en estado de flagrancia,
sino que, contrario sensu, la imputabilidad se sostiene en la configuración ce una
cualquiera de las causales del prementado artículo 414, estas son, a saber: dictarse
sentencia definitiva que absuelva de todo cargo al administrado o, su equivalente, es
decir, proferirse resolución de preclusián en su favor porque el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió o la conducta no es punible o es atípica.
En este orden de ideas, huelga acotar que la esencia de este título de
imputación es precisamente el hecho de que la responsabilidad del Estado es
meramente objetiva y no tiene en cuenta la naturaleza de la conducta esgrimida por
el funcionario encargado de hacer efectiva la materialización de la medida de
privación de la libertad, por lo que no interesa en absoluto si existió o no una falla en
el servicio por error judicial o defectuoso funcionamiento de la administracón de
justicia, de suerte, pues, que para condenar al Estado simplemente basta ccn que
haya existido un daño antijurídico por la privación de la libertad del individuo que no
se encontraba en deber de soportarlo y una posterior absolución de los cargos
penales que le fueren imputados, soslayando cualesquier otra circunstancia de facto
o de derecho que se desarrolle en el asunto particular, con excepción, por expresa
disposición normativa - Ley 270 de 1996, artículo 70 - del caso en el cual obre la
culpa exclusiva de la víctima en los términos indicados en acápite anterior.
Ahora bien, lo anterior no avala en modo alguno el hecho de que el Estado
deba responder administrativa y patrimonia¡mente siempre que en desarrollo de su
función de administrar justicia, se generen daños a los particulares. En efecto, la Ley
permite a los Fiscales y Jueces adoptar determinadas decisiones en el curso de los
respectivos procesos en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y en tal
virtud los ciudadanos deberán soportar jurídicamente algunas de las cargas que tales
decisiones les ocasionen. Empero, en desarrollo de la tesis de responsabilidad
objetiva, que es la que resulta aplicable al caso concreto conforme se explicitó
precedentemente, el H. Consejo de Estado decantó en su oportunidad y en forma
reiterada que no era dable suponer que el daño antijurídico resulta inexistente
simplemente porque los órganos estatales actúan en ejercicio de sus funciones y en
cumplimiento de las mismas es que profieren decisiones que van en detrimento del
uso y goce del derecho a la libertad del individuo, habida consideración de que se
está frente a un derecho de carácter fundamental, cuya injusticia, al margen de la
licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente
con la simple decisión definitiva de carácter absolutorio.
En efecto, en sentencia calendada 30 de junio de 1994, Exp. No. 9734, el
máximo tribunal de lo contencioso administrativo, consideró:
Para la Sala, la orden legal de indemnizar los perjuicios es una
respuesta adecuada al FACILISMO con el cual los jueces suelen
disponer de la libertad del hombre, con olvido de que ella es una
cualidad fundamental del ser la que le permite la
realización de su propia vocacióIlV3SId
El 34

fl
No se puede seguir jugando con la honra de las personas con la
orientación dañina que predica que una medida de aseguramiento,
como la detención preventiva, no se le niega a nadie...".
De igual forma, en sentencia de fecha 04 de diciembre de 2006, expediente
No. 13168, consejero ponente doctor MAURICIO FAJARDO GOMEZ, el H. Consejo
de Estado, sección tercera, sala de lo contencioso administrativo, consideró:
Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde
soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la
autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera
oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores
de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que
el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública
que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no
puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de
valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un
lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y
democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar
la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo
proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal,
inherente al hecho de vivir dentro de tina comunidad jurídicamente
organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario.
Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en
un Estado Social y Democrático de Derecho la persona —junto con
todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de
la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones
que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico
sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios,
sin compensación alguna, por la única razón de que resultan
necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por
las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el
seno de una organización estatal en la que la persona —con todos
sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable,
reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras
de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de
convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva,
mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado
sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos
fundamentales del individuo—sin ningún tipo de compensación.
Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano
la prevalencia del interés general constituye uno de los principios
fundantes del Estado —a voces del artículo l in fine de la
Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2 0 de la propia
Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la
protección de todas las personas residentes en Colombia en sus
derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización
de/interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e
irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que
la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido
teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y
limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección
35
L.
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de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte
del interés general..
Así pues, del estudio realizado precedentemente se permite anotar la Sala que
la responsabilidad patrimonial del Estado por privación, de la libertad, en los casos en
los cuales, como en el sub iuris, se acoge la tesis objetiva de responsabilidad
estatal, procede siempre que se encuentren configurados en concurrencia los
siguientes presupuestos, a saber:
1.Que una persona sea detenida en forma preventiva privándole de estE modo
de su derecho a la libertad personal.
2.Que el detenido resulte exonerado de los cargos que condujeron a su captura
previa, a través de! proferimiento por autoridad competente de sentencia absolutoria
definitiva o mediante su equivalente (resolución de preclusión fundada en que el hecho
no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta era atípica);
3.Que el sindicado no haya determinado su detención con el despliegue de una
conducta abiertamente dolosa o gravemente culposa, caso que de presentarse
hipotéticamente daría lugar a la configuración de la causal eximente de
responsabilidad de "culpa exclusiva de la víctima', en términos de la Ley 270 d€ 1996;
Y.
4. Que quien o quienes figuren como demandantes en acción de reparación
directa hayan padecido algún tipo de daño antijurídico como consecuencia de la
privación injusta de la libertad.
Examinado el expediente en punto a establecer la configuración en el caso
sub ¡¡te de los presupuestos arriba indicados para la imputación a las entidades
demandadas de la responsabilidad por la privación de la, libertad del señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO, encuentra el Colegiado que, en efecto, le asiste
razón al apoderado judicial de los actores en los presupuestos fáctico - juridicDs que
expone en la demanda, de guisa, pues, que procede acceder a las súplicas de libelo,
previas las consideraciones que pasarán a exponerse seguidamente.
Pues bien, sea lo primero anotar que en relación con el requisito nor]brado
como "que una persona sea detenida en forma preventiva privándole ae este
modo de su derecho a la libertad personal", a efecto de deprecar responsabilidad
administrativa y patrimonial de la administración, si bien, la detención del señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO en la contención no se puede denominar literalmente
como "detención preventiva" en tanto no lo fue para efecto de ser recibido en injurada
o para que e! Fiscal de conocimiento se asegurase de su comparecencia a la
investigación; todo lo contrario, la privación de su libertad se originó a posteriori de la
culminación de la investigación, e inclusive del propio juicio y con el único objeto de
hacer cumplir la condena a él impueY misión del delito de homicidio -
ejecución de la pena -, lo cierto es que 4reventiva o no, estuvo privado de
su libertad en establecimiento carcela r injusta - puesto que, como se
36

1
:
aceditó fectivamente en el curso de la acción de revisión respectiva, el señor
CANTILLO OROZCO fue vinculado erradamente a las sumarias por el delito de
homicidio en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ - y con tal
circunstancia se acredita la configuración de éste primer presupuesto de la
responsabilidad de la administración.
En efecto, existe plena prueba de que una vez dictada la condena en contra del
señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO y ejecutoriada la misma se dio con la captura
del accionante para efecto de ejecutar la pena a él impuesta; ello se acredita con el
oficio que obra en a folio 146 del cdno. anexo No. 1 por medio del cual la Fiscalía
Sexta Seccional de Ciénaga (Magd.), en calenda 26 de diciembre del año 2001
solicita al Director de la Cárcel Municipal de Ciénaga (Magd.) se sirva recibir en ese
centro carcelario al señor WILFRIDO OROZCO CANTILLO sindicado del delito de
HOMICIDIO; asimismo, si bien no se aportó la certificación debidamente expedida
por la autoridad carcelaria en la cual se hiciera constar el tiempo que permaneció
recluido el aquí accionante purgando la condena impuesta por el delito de homicidio,
lo cierto es que habrá de entenderse que tal lapso transcurrió entre la calenda del 26
de diciembre del año 2001 — fecha en la cual se puso a disposición del Director del
centro penitenciario — hasta el día 04 de abril del año 2003, calenda en la cual fue
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal
dentro de la acción de revisión incoada en contra de la sentencia del 14 de abril de
1999 proferida por el Juzgado penal del Circuito de Fundación la providencia que
resuelve ordenar la revisión del proceso penal respecto del señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO y, en consecuencia, ordenar su libertad provisional siendo
cancelada la orden de captura vigente en su contra.
En este orden de ideas, tiénese que en el plenario si se produjo una privación
de la libertad del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO — no como medida de
detención preventiva, empero, como medida de ejecución de una condena -, la cual
se prolongó por un lapso de 1 año, 3 meses y 9 días, hasta el proferimiento de la
decisión del Tribunal que conoció de la acción de revisión plurimentada.
De otra parte, en relación con el presupuesto que se nombra como "que,7
detenido resulte exonerado de los cargos que condujeron a su captura previa1'
través del pro ferimjento por autoridad competente de sentencia absolutoriá'
definitiva o mediante su equivalente (resolución de preclusión fundada en que el
hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta era atípica)", conviene
detenerse en el examen del mismo, puesto que, en principio, habría de considerarse
que este no se configura en tanto en la contención no se profirió ninguna de las
decisiones que se nombran en este requisito - sentencia absolutoria o preclusión de la .
investigación —.
< !
Sea dable acotar que si bien el contenido de la norma del artículo 414 del
Decreto - Ley 2700 de 1991, posibilita al administrado demandar en indemnización de
perjuicios al Estado cuando por su arbitraria actuación resulte privado injustamente de
la libertad, demarcando la injusticia de la medida privativa en el hecho de que se dicte
sentencia absolutoria o su equivalente, esto es, prectusión de la investigación a su
37
1-
0<
o
o

favor, no puede soslayarse asimismo la preceptiva contenida en el artículo 242,
ibídem, la cual, en tratándose de la acción de revisión, dispone ad peddem litterae:
"ARTICULO 242. Consecuencias de la decisión que exonera de
responsabilidad.
Si la decisión que se dictare en la actuación fuere cesación de
procedimiento o sentencia absolutoria, el sindicado o sus herederos
podrán demandar la restitución de lo pagado, sin perjuicio de las
demás acciones que se deriven del acto injusto. Habrá lugar a
solicitar responsabilidad del Estado". (Subrayas y negrillas fuera
del texto original).
Pues bien, al tenor literal de las normativas precitadas, se infiere a todas luces
que siempre que exista una sentencia absolutoria - o su equivalente - a favor del
administrado que hubiere estado privado de la libertad, se entiende como injusta la
medida privativa impuesta por el Estado en cabeza de sus instituciones - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO - sin
detenerse en un estudio exhaustivo de las razones de hecho y de derecho que la
adopción de dicha medida conllevaron.
Descendiendo al asunto sub lite, si bien es cierto, en sede de instancia, el
Juez Penal de conocimiento consideró que debía proferirse sentencia condenatoria
en contra del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por la comisión del delito de
HOMICIDIO en la persona del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ,
quedando debidamente ejecutoriada dicha decisión, y en tal virtud cabría inferir que
no se configura en el plenario el presupuesto analizado, no lo es menos el que, el
aquí accionante - quien sobra reiterar fue vinculado a la investigación e inclusive,
enjuiciado como reo ausente -, una vez fue apresado, casi dos años después de la
imposición de la pena en su contra, incoó la correspondiente acción de revisión por
ante el Tribunal Superior de éste Distrito a efecto de ejercer la defensa judicia l que le
fue negada en el decurso del proceso penal que finalizare con una decisión
perjudicial a sus intereses, precisamente, aquella contra la cual se dirigió la
prementada acción de revisión.
Así las cosas, tiénese que una vez avocado su conocimiento por parte del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal y surtido el trámite
de Ley, esta Corporación profirió la sentencia adiada 04 de abril del año 2003, de la
cual su texto fue transcrito literalmente en acápite anterior, y en cuyE parte
considerativa se hizo un análisis in extensum del recaudo probatorio que labíase
efectuado en trámite de la investigación penal adelantada, de manera arbitraria,
injusta e injustificada, en contra del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO,
arribándose a la conclusión de que, como consecuencia del error garrafal cometido
por la Fiscalía General de la Nación en contubernio con el Juzgado que conoció del
juicio penal en contra del aquí accionante, el administrado debía de purgar una
condena de once años de prisión, quJ1 Ml ejercicio de su defensa través
de la plurimentada acción de
materializó efectivam€nte a
aproximadamente dos años, por un n
ir, según las probanzas aportadas
a la contención correspondía a per_ di2e y que pudo ser identificada e
38
1

individualizada plenamente, sólo por obra del actuar diligente, acucioso y expedito
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de santa marta.
En este orden de ideas, del análisis efectuado al plenario no existe duda para
ta Sala de que, sin perjuicio de que la parte resolutiva del fallo proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal en calenda 04 de
abril del año 2003, no contenga expresa y literalmente una decisión absolutoria a
favor del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, la parte motiva de la misma se
acompasa con el sentido de ésta resolución, es decir, no puede considerarse como
inferior a un fallo completamente absolutorio si se tiene en consideración el hecho de
que de manera clara, concreta y evidente alude a la absoluta ausencia de
responsabilidad del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO en el reato del cual
resultare víctima el señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ, máxime si se
tiene en cuenta que, en todo caso, existe una justificación razonable para que se
hubiere abstenido el Tribunal que conoció de la acción de revisión plurimentada de
citar literalmente las expresiones "absuélvase" o "absolver" o "exonerar" al aquí
demandante de los cargos por los cuales fuere condenado, y es, la potísima razón de
que en tal decisión se ordenó, asimismo, "remitir el proceso a la Unidad Seccional
de Fiscalías de Fundación Delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito
para que rehaga la actuación a partir de la resolución mencionada
recordándole que ya WILMAN CANTILLO OROZCO está plenamente
identificado".
En este sentido, aparece diáfana la inferencia de que el presupuesto de "que
el detenido resulte exonerado de los cargos que condujeron a su captura previa, a
través del proferimiento por autoridad competente de sentencia absolutoria definitiva o
mediante su equivalente (resolución de preclusión fundada en que el hecho no existió,
el sindicado no lo cometió o la conducta era atípica)", se configuró en el plenario en
tanto, el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO, finalmente, pudo recuperar su
libertad y ser desvinculado del proceso penal que irregular y arbitrariamente había sido
• adelantado en su contra a través del proferimiento de una decisión que si bien, en sut,
parte resolutiva no discriminó de manera literal la expresión "absolución", hace las,
veces de una sentencia exonerativa de toda responsabilidad penal, como en efecto as * Q
se explicitó en acápites precedente.
(y..
Ahora bien, conviene precisar la Sala que pese a que se está aplicando al caso
sub examine un régimen de responsabilidad de tipo objetivo que analiza única y
exclusivamente el resultado final de la investigación y juicio penales, es decir, que
atiende el hecho de que el administrado que hubiere sido privado de su libertad resulte
exonerado de toda responsabilidad penal por virtud del proferimiento de una sentencia
absolutoria o su equivalente, sin atender la injusticia o ilegalidad de la medida
adoptada por el Fiscal de conocimiento en un primer momento y con la cual se da
génesis a la materialización de la detención, como ocurrió efectivamente en el caso
sub lite, lo cierto es que en el asunto de la contención bien vale la pena detenerse en
el análisis de los motivos de hecho y de derecho que conllevaron a establecer por
parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en sede
de revisión, que la privación de la libertad del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO
39
o g
6J

había sobrepasado todo límite de justicia y legalidad, habida consideración de que
esta Colegiatura comparte en integridad los argumentos esbozados por tEn alta
Corporación y, en atención a ello, considera pertinente hacer acopio de los misrios en
esta sentencia, máxime si se tiene en cuenta que no sólo habrá de proferir;e una
condena patrimonial en contra del Estado por los daños que le fueron causados al
señor CANTILLO OROZCO, aquí accionante, sino que a más de ello, se impondrá una
condena simbólica de reparación integral dentro del marco de la justicia restaiirativa,
tan necesaria como imprescindible en el caso de la referencia y que propence a la
indemnización o reparación integral del daño irrogado.
Pues bien, innumerables y reprochables irregularidades se evidencian de
manera palmar en el trámite de la investigación y juicio penal que fue adelantado en
contra del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por parte de la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN - Cuerpo Técnico de Investigación y Fiscalía de
conocimiento - y de la RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO - Juzgado de
conocimiento -, los cuales resultan acreditados con el solo examen de las probanzas
aportadas al plenario; precisamente, el sinnúmero de arbitrariedades que fueron
cometidas por las autoridades del Estado en detrimento de los derechos e intereses
del aquí actor, degeneraron en el daño que hoy se demanda y que, con justa razón,
merece una indemnización de perjuicios tasada en los límites máximos permitidcs.
En efecto, haciendo un recuento de la investigación que fue adelantada por el
homicidio del señor JAIRO RAFAEL ACEVEDO GONZÁLEZ en el mes de febrero del
año 1993, tiénese que todas las pruebas tendían a señalar como presunto autor del
punible a un individuo de nombre WILMAN CANTILLO OROZCO, en tal virtud, fue
abierto el sumario en su contra, empero, la Fiscalía de conocimiento en amplia
inobservancia de las normas procesales tramitó una instrucción, inclusive, hasta
proferir resolución de acusación, sin haber identificado e individualizado previamente
a quien era señalado como autor material del hecho delictuoso; en este orden de
ideas, al decretarse por el Juez de instancia la nulidad de la actuación per este
motivo, se devolvió el expediente a la Fiscalía para que se proveyera lo pertinente,
iniciando en este momento procesal el calvario que sería para el señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO su vinculación a un proceso penal sin que hubiere siquiera un
indicio grave de su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.
De la lectura del expediente penal aportado al plenario se desprende diáfano -
como lo vio así el Juez de revisión - que sin explicación alguna, y desbordando una
arbitrariedad evidente, la entidad investigadora, Fiscalía General de la Nación, por
conducto del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., al aceptar la comisión que le
fue conferida para que procediera a la individualización e identificación del señor
WILMAN CANTILLO OROZCO como presunto autor del delito de HOMICIDIO, en el
oficio No. 163 de fecha 17 de febrero de 1997 solicita a la Registraduría del Estado
Civil Municipal de Aracataca (Magd.) envíe al despacho que oficia la tarjeta de
preparación correspondiente al no çri\lLlAM, WILMAR o WILFRIDO
CANTILLO OROZCO (fI. 77 del cdno. actuación primigenia ésta en la
cual se cita o nombra al aquí accionan riismo hubiere sido vinculado a la
contención penal por orden dictada poioriuIicial competente; de igual modo,
40

lo
El
persistiendo en el grave yerro en que incurriere el CTI de la Fiscalía de Ciénaga
(Magd.), el Fiscal 6to Seccional, con base en el informe No. 113 de 24 de febrero de
1997 por el cual se puso en su conocimiento el hecho de que se encontró nota en la
Registraduría Especial de Aracataca (Magd.) de la existencia de un señor de nombre
WILFRIDO CANTILLO OROZCO, quien, a juicio de los investigadores del cuerpo
técnico concuerda en su individualización con las características físicas del imputado
WILMAN ENRIQUE CANTILLO OROZCO, dictó resolución de fecha 30 de mayo de
1997 por medio de la cual, sin sustento probatorio alguno ordenó dar inicio a una
instrucción para los fines del artículo 334 del CPP dentro de la investigación previa
seguida contra el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO sindicado del delito de
HOMICIDIO en contra del señor JAIRO ACEVEDO GONZÁLEZ, aduciendo, inclusive
que fue denunciado por el señor NICOLAS ACEVEDO TORRES, pasando por alto el
hecho de que el referido señor, al denunciar la muerte de su hijo y al ratificarse en su
declaración fue explícito en señalar como autor del punible al señor WILMAN
ENRIQUE CANTILLO OROZCO, nunca al aquí accionante.
Huelga acotar, en una sucesión de errores altamente cuestionables y que
degeneraron en la violación del derecho inalienable a la libertad del actor, señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO, evidenciándose con ello la negligencia con que la
Fiscalía General de la Nación y posteriormente, el Juez de conocimiento adelantaron
la investigación y juicio en su contra sin que existiere mérito para ello, tiénese que en
la calenda del 25 de noviembre de 1997, y habiéndose declarado como persona
ausente al demandante, la Fiscalía General de la Nación - Unidad Sexta Delegada
de Descongestión ante los Juzgados Penales del Circuito de Ciénaga (Magd.)
resolvió la situación jurídica del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO dictando
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de
libertad provisional; posteriormente, en una actuación abiertamente injusta y que a
todas luces denota la deficiente actividad procesal desplegada por la entidad
demandada, el día 11 de febrero de 1998 se calificó el mérito del sumario adelantado
contrae¡ señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por el delito de homicidio profiriendo
resolución de acusación, para luego, en la etapa de juicio, el Juez de conocimiento.
diera plena credibilidad al examen deficiente y apresurado efectuado por la Fiscalías'
General de la Nación y con base en ello dictara sentencia condenatoria en contra d
señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO en la calenda del 14 de abril de 1999, sin que
hubiere una sola prueba contundente que permitiera inferir su responsabilidad en
punible por el cual se te inculpaba.
t - -
Ahora bien, conviene precisar en todo caso que en el presente asunto, ni
siquiera se configuró la eventual homonimia, que en principio, podría haberse
entendido, puesto que, como magistralmente buscó acreditarlo así el Tribunal que
conoció en sede de revisión la actuación penal adelantada contra el señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO, quien fue señalado desde el momento mismo en
que se interpuso la denuncia por la muerte del señor JAIRO ACEVEDO GONZÁLEZ
no llevaba el mismo nombre del aquí accionante, y por ello resulta altamente
reprochable que se les haya confundido al punto de privar de la liberad a una
persona inocente, máxime si se considera que, en todo caso, la entidad que avocó la
investigación sobre la individualización e identificación del señor WILMAN CANTILLO
41
1-.
Z2
14 '.

OROZCO, se presume, se encuentra altamente capacitada profesional y
técnicamente como para haber cometido tamaño yerro en detrimento de los
derechos del administrado.
En concordancia con lo anterior, se refuerza entonces la tesis objetiva
adoptada por este Tribunal para el estudio del caso concreto, habida consideración
de que no sólo resulta procedente imputar responsabilidad a la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, por el hecho de que
el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO fue privado injustamente de la libertad
teniendo en cuenta que se le retuvo por espacio de dos años para luego dejarle en
libertad por sentencia absolutoria proferida a su favor, sino que, asimismo, se torna
evidente la injusticia de la medida si se analiza, palmo a palmo, como se hzo, la
actuación deficiente, indecorosa, desordenada, negligente, arbitraria y apresurada
que desplegaren las entidades demandadas en torno al caso concreto de , ¡ aquí
accionante, como en un afán desmedido por descongestionar los despachos E1n que
el trabajo judicial hubiere sido efectuado con eficiencia demostrada por profesi3nales
en la investigación penal, como si lo hizo el Tribunal en acción de revisión, que con
las pruebas pertinentes logró establecer la injusticia de mantener privado de la
libertad al accionante.
Decantado lo anterior, y suficientemente claro el punto atinente a la inexcusable
causación de un daño antijurídico al accionante, señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO, por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, teniendo en cuenta que se violentó su drecho
inalienable a la libertad manteniéndole privado de ella de manera injusta e
injustificada por espacio aproximado de dos años, resulta menester avocar el estudio
del requisito cuya configuración deviene necesaria para la imputación de
responsabilidad en cabeza de las entidades accionadas, este es, "que el sindicado
no ha ya determinado su detención con el despliegue de una conducta
abiertamente dolosa o gravemente culposa, caso que de presentarse
hipotéticamente daría lugar a la configuración de la causal eximente de
-responsabilidad de "culpa exclusiva de la víctima", en términos de la Ley 270 de
1996", para lo cual se permitirá este Tribunal exponer unas brevísimas
consideraciones, seguidamente.
En efecto, resulta apenas obvio inferir que el accionante en la contención estuvo
imposibilitado de ejercer una correcta y eficiente defensa por conducto de un
apoderado judicial de confianza designado por él mismo para materializar su defensa
penal durante las etapas de investigación y juicio que arbitrariamente se siguieron en
su contra; no a otro corolario puede arribarse si se tiene en consideración que el señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO fue acusado y condenado en contumacia, es decir,
habiendo sido declarado persona ausente.
I.J.k
No obstante lo anterior, convenci jncia e interesado fervientemente
en obtener su libertad, una vez fue ca1_osterioridad a la ejecutoria de la
sentencia de condena proferida en su Id, uó apoderado judicial para que en
42
de
.

la
Su' n'ornl3re y representación incoara la acción extraordinaria de revisión ante el
Tribunal Superior de este Distrito Judicial en contra de la sentencia calendada 14 de
abril de 1999, obteniendo finalmente pronunciamiento favorable a sus intereses, de
guisa, pues, que mal podría afirmarse que el requisito prementado no se configura en
¡a contención cuando el aquí accionante actuó dentro de los límites de la Ley
desplegando una conducta abiertamente diligente en procura de la defensa de sus
derechos, razón por demás suficiente para afirmar que en la contención noO se
configura desde ningún punto de vista la causal eximente de responsabilidad de
"culpa exclusiva de la víctima", y por ello existe mérito suficiente para declarar la
responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas en los
hecho del libelo, tal como en efecto así se hará constar más adelante.
LOS PERJUICIOS.
Se solicitó en la demanda en el acápite correspondiente lo que seguidamente
se transcribe:
La /fldeJl?nización causada:
Por perjuicios materiales:
Daño emergente:
teniendo en cuenta el tiempo dejado de obtener ingresos laborales
independientemente desde el 26 de diciembre de 2011 hasta la fecha
de la ejecutoria de la sentencia definitiva, aproximadamente
$45.000.000...
Pago de honorarios profesionales $30.000.000...
Perjuicios morales: 50 SMLMV.
• Así las cosas, se procederá en primer término a examinar la liquidación de los
perjuicios materiales que reclama el apoderado judicial se causaron a su poderdante j7
como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor WILFRIDq Sec,
CANTILLO OROZCO, así:
"-
1. Perjuicios patrimoniales: .
1.1. Daño emergente:
Con respecto al daño emergente el artículo 1614 del CCC enseña que este
perjuicio viene a ser "la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o
de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento". La
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido
reiteradamente que el daño emergente es la "pérdida económica que se causa
II\
LUZ^ N
C:E--:5 5
con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa
imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación. En
otras palabras y en consideración con el principio de reparación integral del
daño consagrado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, solamente puede
43
24

indemnizarse a título de daño emergente los valores que empobrecieron a la
víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del
hecho generador del daño"
En este orden de ideas, se tiene que, de conformidad a las reglas de la sana
crítica y de la experiencia, es obvio que cuando un ciudadano se encuentra
involucrado en un asunto jurídico que compromete ampliamente sus intereses
personales, como es del caso, si no está investido de la profesión de la abogacía o
estándolo, se haya impedido para ejercer su propia defensa, procurará hacerse a la
asesoría de un profesional del Derecho que le asista y que represente sus intereses
en procura, como en el asunto sub iuris, de obtener su libertad.
Así las cosas, se tiene plenamente acreditado en la contención que e señor
WILFRIDO CANTILLO OROZCO al momento en que fue privado injustamente de su
libertad, se asesoró de un profesional del derecho para que le defendiera ante la
justicia penal en sede de acción de revisión ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta.
Baste para arribar a tal aserto las probanzas que afloran en a folios 1 a 9; 143;
191 y 196 del cdno. anexo No. 1 en los cuales se observa, respectivamente, escrito
de acción de revisión presentada por el apoderado judicial del señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -
Sala Penal, en calenda julio 16 de 2002 respecto de la sentencia de primera
instancia de abril 14 de 1999 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de
Fundación (proceso 3000) que condena al por el delito de HOMICIDIO a: señor
CANTILLO OROZCO; poder debidamente conferido por el señor WILFRIDO
CANTILLO OROZCO al abogado EDUARDO REMÓN MORAN en calenda 16 de
enero del año 2002 para efecto de que ejerza su representación judicia' en el
proceso penal que culminó en su contra con sentencia condenatoria debidamente
ejecutoriada; escrito de pruebas en acción de revisión presentado por el aogado .
ALFONSO LÓPEZ CARRASCAL en representación del señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO en calenda 17 de septiembre del año 2002 y escrito de alegación de
instancia en acción de revisión presentado por el abogado ALFONSO LÓPEZ
CARRASCAL en representación del señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO en
calenda 16 de diciembre de 2002.
Ahora bien, claro el punto referente a la actuación desplegada por el
accionante en el sentido de conferir poder a varios abogados para el ejercicio de su
defensa, tiénese que no se observa en el plenario documental o testimonial alguna
que permita inferir, a juicio de verdad, que el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO
canceló a sus abogados en sede de revisión la suma de $30.000.000 - indicada en
el acápite de pretensiones patrimoniales - como honorarios a profesionales del
derecho, verbi gratia: un contrato de prestación de servicios profesionales y/o
facturas o comprobantes de pago de
En este orden de ideas,
honorarios profesionales fijadas po
Vn VDSLJ
es remitirse a las tarifas de
IÓN COLEGIO NACIONAL DE
44

ABbCADOS "CONALBOS', de conformidad a lo preceptuado en el artículo 393 del
Código de Procedimiento Civil que señala que para la fijación de agencias en
derecho se tendrán en cuenta los honorarios establecidos por los colegios de
abogados con aprobación del Ministerio de Justicia, siendo dable acotar que, para el
caso de la referida Corporación CONALBOS el Ministerio de Justicia mediante
Resolución No. 20 de enero 20 de 1992 aprobó las tarifas profesionales que regirán
la actividad de la abogacía en sus más distintas facetas, actualizadas conforme a la
actual situación económica del país, decantándose respecto de las tarifas de
honorarios fijadas para abogados litigantes en el área del derecho penal, ad peddem
litterae:
"... 18. Derecho penal.
18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.
18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales
vigentes.
18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Dos salarios mínimos
legales vigentes.
18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos
salarios mínimos legales vigentes.
18.6. Asistencia a indagatoria.
18.6. 1. Ante juez penal municipal. Un salario mínimo legal vigente.
18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.
18.7 Etapa instructiva,
18.7.1. Ante juez penal municipal. Tres salarios mínimos legales
vigentes. .
18.7.2. Ante fiscalía local o seccional. Cinco salarios mínimos legales
vigentes.
18.7.3. Ante los jueces del circuito especializados. Diez salarios
mínimos legales vigentes.
18.7.4. Ante la Corte Suprema de Justicia. Veinte salarios mínimos
legales vigentes.
Etapa del juicio.
7"e 1
18.7.5. Ante los juzgados penales municipales. Cinco salarios .
mínimos legales vigentes.
I .J
18.7.6. Procesos de competencia ante los juzgados del circuito. Diez .
salarios mínimos legales vigentes.
45
z
1-.

18.7.7. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios
mínimos legales vigentes.
18.7.8. Competencia ante los tribunales superiores. Veinte salarios
mínimos legales vigentes.
18.7.9. Procesos de competencia ante la Corte Suprema de Justicia.
Treinta salarios mínimos legales vigentes.
18.7. 10. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Dos
salarios mínimos legales vigentes y un porcentaje del 30% sobre las
sumas recaudadas.
18.7.11. Recursos extraordinarios
18.7.11.1. Casación. Diez salarios mínimos legales vigentes.
18.7.11.2. Revisión. Diez salarios mínimos legales vigentes.
18.12. Vocería en audiencia pública
18,12.1. Ante juzgados penales municipales. Tres salarios mínimos
legales vigentes.
18. 12.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos
legales vigentes.
18.12.3. Ante juzgados del circuito especializados. Diez salarios
mínimos legales vigentes.
18.13. Extinción de dominio sobre bienes (L. 333196)
18.13. 1. En representación de un tercero. Cinco salarios mínimos
legales vigentes más el 20% del valor del bien definido en el juicio.
18.13.2. En representación de quien figure en calidad de titular del
dominio. Diez salarios mínimos legales vigentes más el 30% del valor
de los bienes según avalúen el juicio.
De conformidad a lo anterior, este Tribunal considere pertinente condenar a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO, a pagar en forma solidaria al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO lo
equivalente a la fecha de ésta sentencia a diez (10) salarios mínimos mensuales por
concepto de daño emergente, teniendo en cuenta que, presuntamente, puco haber
sido esta la suma que hubo de cancelar el referido accionante a los profesionales del
derecho que ejercieron su defensa penal en sede de revisión.
Así las cosas, la suma que habrán de cancelar las entidades demandadas por
concepto de perjuicios materiales del orden del daño emergente a favor del
accionante corresponde a CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA SEIS
MIL PESOS ($5.356.000) y en este sentido se proferirá decisión condenatoria.
iR1
VflVDSIJ
1.2. Lucro cesante:
46

Ll
Et relación con este tópico atinente a la indemnización, se anota que según el
artículo 1614 del 000, el lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de
reportarse esto es, la pérdida de un interés futuro a un bien que todavía no
corresponde a una persona.
Pues bien, descendiendo al asunto concreto, afirma el accionante que con
ocasión de su actividad laboral como obrero devengaba un salario mínimo mensual;
no obstante, aparece en a folio 31 del cdno. ppal. certificación expedida por el
propietario del Almacén y Taller Torni - Accesorios del Municipio de Ciénaga en la
cual se hace constar que el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO para el mes de
diciembre del año 2001 prestaba sus servicios como contratista en el área de
soldadura, instalaciones y montajes de riego de los cuales devengaba ingresos
promedio mensuales por $1.500.000.
Pues bien, sea dable acotar que pese a que respecto de tal certificación no se
formuló tacha de falsedad alguna por la contraparte, inclusive, ni a ella se hizo
lo mención en los escritos de contestación de la demanda y alegatos presentados en la
contención, lo cierto es que a la misma no puede dársele valor de prueba fehaciente
en el sub lite por la potísima razón de que no fueron acompañados los documentos
contables que soportan las afirmaciones allí contenidas, verbi gratia: comprobantes
de pago por parte del propietario o administrador del almacén al aquí accionante.
En este orden de ideas, a efecto de garantizar al actor una correcta y eficiente
administración de justicia en aras de que le sean reparados integralmente los daños
a él ocasionados, y teniendo en cuenta que no puede soslayarse el hecho de que
una persona capaz laboral y productivamente ejerce algún tipo de actividad que le
permite hacerse a unos ingresos para solventar sus necesidades básicas y las de su
núcleo familiar, este Tribunal en términos de la Ley 446 de 1998, artículo 16,
resolverá condenar a las entidades demandadas en perjuicios materiales por el lapso
que permaneció privado de la libertad el señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO
. tomando como ingreso base de liquidación el salario mínimo mensual legal vigento'; 'LIs;
para la época de los hechos (años 2001 a 2003) debidamente actualizado,
í
conformidad a la consabida fórmula, así:
Donde:
Vh: es la renta a actualizar
Vp = Vh
IF: es el índice final o índice de precios al consumidor vigente al momento de
proferirse la sentencia
II: es el índice inicial o índice de precios al consumidor vigente al momento en
que ocurrió la privación de la libertad
1 . F.
47
c
o
fi
\
c5
Z 2C
r

Entonces,
Por el lapso comprendido entre el 26 al 31 de diciembre de 2001.
$95331 X 62 = $57.200
Actualización de esta suma:
107.90
Vp = $57.200 = $92.490
66.73
• Por el lapso comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2002.
$309. 0003 X 12 4
Actualización de esta suma:
107.90
Vp $3.708.000 = $5.743.596
69.659
= $ 3.708.000
Por el lapso comprendido entre el 01 de enero al 04 de abril de
2003.
$332000 6 X
107.90
Vp =$996:000 = $1.471.766
37
73.028
= $996.000
1 Salario mínimo diario vigente al año 2001
2 No. de días que permaneció privado de la libertad el accionante durante el año 2001.
3 Salario mínimo mensual vigente al año 2002,
4 No. de meses que permaneció privado de la libert p d elaçjçpnante durante el año 2002.
Promedio ponderado del PC vigente al nte de sumar los índices de precios al
consumidor vigentes cada mes del año
entre 12, es decir, el número d
meses que tiene un año.
6 Salario mínimo mensual vigente al año 200
7 No. de meses que permaneció privado de 1d nante durante el año 2003.
Actualización de esta suma:
48
•
'e

.
9
$11 . 066 9 X 410 =
Actualización de esta suma:
107.90
Vp = $44.264 $63.979
$44.264
74.6511
Así las cosas, por concepto de perjuicios materiales del orden del lucro
cesante consolidado, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO deberán cancelar en forma solidaria al accionante la suma
de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($7.371.831).
Ahora bien, en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona
en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en
Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y
Ocupacional Colombiano, a cargo del SENA, de acuerdo a Lo cual dicho período
equivale a 35 semanas (8.75 meses), de guisa, pues, que por este concepto habrá
de reconocer los perjuicios materiales correspondientes con base en el salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha en que recuperó su libertad (año 2003),
debidamente actualizado a la fecha de esta sentencia, así:
$332.000 x 8.75 = $2.905.000
Actualización de esta suma-
107.90
Vp = $2.905.000 = $4.198.921
74.6512
Total de perjuicios materiales del orden del lucro cesante a favor del
señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO:
ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS ($11.570.752).
Promedio ponderado del IPC vigente durante los meses de enero a marzo del año 2003 resultante
de sumar los indices de precios al consumidor vigentes en cada mes y dividir este guarismo entre 03.
Salario mínimo diario vigente al año 2003.
10 No. de días que permaneció privado de fa libertad el accionante durante el mes de abril del año
2003.
¡PC vigente durante el mes de abril del año 2003.
12 PC vigente durante el mes de abril del año 2003.
49
> 2291 {
rHL 1
o
F-
-
Z
O

GRAN TOTAL DE PERJUICIOS MATERIALES:
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($16.926.752)
2. Perjuicios extra patri moniales:
2.1. Perjuicios morales:
De acuerdo con el criterio que la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido como pauta de referencia para indemnizar este rubro del daño, en línea
de principio y, salvo lo que en casos específicos resulte demostrado en el proceso, la
cuantificación del dolor o la tristeza de la mayor intensidad se hace operar en los
eventos de muerte, en el entendido de que se trata del supuesto que da ligar al
máximo perjuicio y, por ende, a la mayor indemnización.
No obstante lo anterior, este límite que se ha impuesto por vía jurisprudencia¡
no resulta ser una camisa de fuerza que deba ser acatada en la totalidad de los
casos, so pena de incurrir en la adopción de una decisión ilegal o desajw;tada a
derecho, puesto que, en todo caso, la tasación de los perjuicios morales en asuntos
como el del sub ¡¡te, sólo está demarcada por el principio del "arbitrio judices", que
permite al Juzgador, en ejercicio de las potestades conferidas por Ley y aplicando
parámetros de justicia, equidad, reparación integral, entre otros, cuantificar en
términos económicos el daño causado a un ciudadano como consecuencia de una
actuación irregular desplegada por la administración.
En efecto, en sentencia proferida por el H. Consejo de Estado en calenda 14
de abril del año 2010, Consejero ponente, doctor ENRIQUE GIL BOTERO,
expediente No. 960649, se consideró ad peddem litterae:
4.1. Morales.'
Se deprecaron, por este concepto, 2.000 gramos de oro fino para
Rogelio Aguirre López y para Julia Rosa López, así como 1.000
gramos de oro para Maricela, Andrés, Roel, Yesenia, Olga, Nancy y
Carolina Aguirre Castaño; Gerardo, Octavio y José Darío Aguirre
López.
Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de
2001, esta Sala ha abandonado el criterio según e) cual se
consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del
Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por
concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la
valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada
caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de
condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos
legales mensuales, en los se presente en su
mayor grado. VflVDSIJ
En el presente caso, se dec s morales tasados en
salarios mínimos legales mens Fl ral mandantes58, excepto
50
1 g

para Carolina Andrea Aguirre López, quien como se indicó en los
antecedentes de esta providencia no otorgó poder y, por consiguiente,
no es posible decretar reparación a su favor precisamente por no ser
parte en el proceso.
• Ahora bien, en la demanda se solicitó a título de perjuicio moral
unas sumas que superan el valor de 1.000 gramos de oro; en
esas condiciones, habrá lugar a reconocer, por este concepto y
con fundamento en el arbitrio judicial, las sumas de dinero
establecidas en el cuadro señalado a continuación, para cada
uno de los actores, con la salvedad de que la Sala, en el caso
concreto, encontró acreditada una grave y si gnificativa violación
a los derechos humanos de Rogelio A guirre López:...
ROGELIO AGUIRRE LÓPEZ 150 SMMLV... ".
Descendiendo al asunto sub lite, no puede soslayar la Sala el hecho de que la
privación de la libertad del aquí accionante se haya revestida de un tinte de injusticia
tal que no puede ser pasado por alto so pena de beneficiar los intereses de las
entidades estatales encausadas; en efecto, diversos factores de tiempo, modo y
lugar confluyen para colegir que el caso concreto del señor WILFRIDO CANTILLO
OROZCO se caracterizó por una flagrante vulneración de derechos humanos
reconocidos, inclusive, en jurisprudencia y doctrina internacional; no a inferior
corolario puede arribarse si se tiene en consideración que el demandante fue
vinculado a una actuación penal sin que existiere mérito probatorio para ello, sin que
se hubiere presentando un eventual caso de homonimia, y habiendo sido procesado
en contumacia fue condenado para ser aprehendido con posterioridad en el apogeo
de la época decembrina (26 de diciembre de 2001) permaneciendo recluido en una
penitenciaría por espacio aproximado de dos años sin que se hubiere podido
acreditar, a fa postre, su participación en el reato por el cual se le acusó,
ocasionándose sentimientos de tristeza y congoja producto del padecimiento y dolor
de verse detenido injustamente.
En este orden de ideas, este Colegiado atendiendo las circunstancias .•
. especiales que rodearon el caso en examen, tasará el "pretium doloris" del señora,
WILFRIDO CANTILLO OROZCO por la privación injusta de la libertad de que f
objeto en cuantía de 200 SMLMV, equivalentes a la suma de CIENTO SIETE
MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($107.120.000), que deberán 'ser
cancelados en forma solidaria por las entidades FISCALÍA GENERAL DE LIÇ,
NACIÓN y RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, tal como así se hará constar en
la parte resolutiva de ésta sentencia.
2.2. Reparación integral por concepto de Justicia restaurativa:
En relación con éste tópico, sea dable acotar que ha sido tendencia
recientemente adoptada por los Tribunales Administrativos del país, e inclusive, por
el H. Consejo de Estado, el reconocer en asuntos en los cuales se demande al
Estado por violación de derechos fundamentales, que la administración además de
indemnizar al ciudadano por conceptos meramente económicos o patrimoniales,
deberá hacerlo también de manera simbólica como especie de justicia restaurativa
por los daños ocasionados.
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51
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En efecto, en una sociedad inclinada hacia la vulneración constante, abierta y
flagrantemente arbitraria e injustificada de los mínimos derechos del ser humano,
resulta inconstitucional que no se proceda a la reparación integral de los perjuicios
causados al administrado y a su entorno familiar, indemnización que no solamente
debe comprender aspectos puramente económicos — pago en dinero rara el
afectado - sino que debe ampliarse hacia un concepto de justicia restaurativa
entendiendo esta como aquella que busca amparar al ciudadano del común a quien
le han sido vulneradas garantías fundamentales, verbi gratia: el derecho inalienable a
su libertad personal, endilgándosele toda clase de inculpaciones y mostrándole al
público como un vil delincuente para luego resultar absuelto de todo cargo por falta
absoluta de pruebas, como efectivamente sucedió en el sub iuris. En este sertido, el
H. Consejo de Estado en sentencia hito proferida dentro del radicado No. 18.860,
consejero ponente doctor ENRIQUE GIL BOTERO, adiada 14 de abril de 2010,
consideró ad peddem litterae:
4.3. Medidas de justicia restaurativa o correctiva
Como se precisó, el daño antijurídico considerado como lesión de un
derecho, bien o interés legítimo supone la alteración o afectación de
un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfe ra interna
y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo
comprende la órbita patrimonial.
Asilas cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en
reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su
vida, integridad, bienes, razón por la que a la hora de valorar la
misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la
restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas
deprecadas en la demanda —o que, dependiendo del caso concreto
puedan ser decretadas de oficio por el juez— tendientes a que se
restablezca el statu qt;o o estado de cosas anterior a su producción.
Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como
si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos
negativos que el mismo desencadena.
Sobre el particular, la Corte Permanente de Justicia Internacional
(ONU), acerca del concepto de reparación integral, puntualizó:
"Constituye un principio del derecho internacional que la infracción de
un compromiso entraña la obligación de reparación en forma debida.
Por lo tanto, la reparación es el complemento indispensable del
incumplimiento de tina convención y no es necesario expresar esto en
la propia convención. Las diferencias relativas a la reparación, que
puedan obedecer al incumplimiento de una convención, son en
consecuencia diferencias relativas a su aplicación.
'(...) El principio esencial que consagra el concepto real de hecho
ilícito (principio que parece establecido por la práctica internacional y
en particular por los latidos wIiws arbitrales) es que la
reparación debe, en toda la mYJj 1VóJc,Jihle, hacer desaparecer
las consecuencias del hecho ¡_er la situación que, con
toda probabilidad, habría existi no cometido el hecho."
52

.
.
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• ' .
No obstante, silo anterior deviene imposible en términos materiales,
resulta imprescindible establecer cuál es la magnitud del daño
antijurídico y qué medidas de reparación pueden ser decretadas para
resarcir las consecuencias de aquél, como por ejemplo la
indemnización por equivalente. Así las cosas, la reparación no se
asimila a indemnización, ya que esta última constituye uno de los
varios componentes que integran a la primera y, por ende, la relación
que existe entre uno y otro concepto es de género y especie, motivo
por el cual el daño antijurídico desde el paradigma actual de la
reparación desborda el que impone el concepto de patrimonio.
La Sala ha delimitado el principio de reparación integral, así como su
contenido y alcance frente a otros principios de índole procesal, en los
siguientes términos:
"i,) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial
del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con
miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción
del daño.
"En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de
reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o
encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso
reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez
estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de
la no reformatio ¡/1 pejus.
"u) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el
juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de
justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y
el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las
cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no
puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales
antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico
que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una
reparación integral del perjuicio.
Este importante avance de la jurisprudencia nacional, ha sido
reconocido expresamente en un reciente pronunciamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al puntualizar:
"(...) El Tribunal reconoce tales esfuerzos efectuados por Colombia en
cuanto a su deber de reparar y los valora positivamente. Asimismo, el
Tribunal valora lo señalado por el perito Aher Hernández en la
audiencia pública, en el sentido de que el Consejo de Estado ha
señalado desde el 2007 que "el resarcimiento económico no es
suficiente, [lo cual] abre la posibilidad para las víctimas en sus
demandas [en procesos contencioso administrativos] formulen unas
peticiones de reparación distintas del simple resarcimiento económico.
La Corte considera que de darse dicho desarrollo jurisprudencia!
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo colombiana,
podría llegar a complementar las otras formas de reparación
disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a
nivel interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la
reparación integral de violaciones de derechos humanos. Al
53
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especto, el Tribunal reitera que tina reparación integral y adecuada,
en el marco de la Convención, exige medidas de rehabilitación,
satisfacción, y garantías de no repetición..
"Asimismo, la Corte Observa, tal y como lo ha hecho en otros casos
contra el Estado colombiano, que si bien la reparación integral de una
violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser
reducida al pago de una compensación, las indemnizaciones
dispuestas en los procesos contencioso administrativos pueden ser
consideradas al momento de fijar las reparaciones pertinentes, "a
condición de que lo resuelto en esos proceso haya hecho tránsito a
cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del
caso. "(Negrillas y subrayado adicionales).
De otra parte, en pronunciamiento más reciente la Sala desarrolló el
principio de reparación integral en eventos en que se constata la
afectación de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, a
partir del siguiente razonamiento:
"En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo
aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho,
puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea
reestablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente
protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado
jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación
único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in
pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso
sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de
reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la Corporación ha
precisado que si existe tina colisión entre el principio de reparación
integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción
rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto
concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de
no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el
reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está
amparado por los citados principios del proceso que tienden a
garantizar el derecho de defensa del demandado."
Los anteriores lineamientos se acompasan con las posturas y
tendencias modernas de la responsabilidad que desbordan el
concepto de "responsabilidad patrimonial", para adoptar la categoría
de "derecho de daños", en el que el eje central lo constituye la
persona que padece la afectación y, por consiguiente, la principal
función de la responsabilidad en el mundo moderno consiste no tanto
en sancionar conductas como en restablecer los derechos, bienes o
intereses legítimos que se afectan con la producción de un daño.
En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos en el
caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones
que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los
demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e
inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron
determinados en los acápites adicionalmente, por las
graves y significativas derechos humanos -
fundamentales— de los deman
i
, (

Por consiguiente, resulta perfectamente viable que en aplicación del
principio de "reparación integral", como .se ha visto, el juez de lo
contencioso administrativo adopte medidas de diversa índole, entre
las cuales encontramos.
¡) La indemnización o compensación por los perjuicios materiales
sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño
material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial.
fi) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y
psicológica o siquiatrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra
índole.
iii) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y
colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por
ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad,
actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.
iv) Garantias de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de
• carácter administrativo, legislativo o judicial, tendientes a que las
víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre
las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los
grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre
otras.
4.3.1. Medidas de satisfacción
i) En el caso concreto como medida de satisfacción se dispondrá que
el Director Seccional de Fiscalías de Medellín, en una ceremonia que
se llevará a cabo en las instalaciones administrativas de esa entidad
en esa ciudad, pida excusas públicas a Rogelio Aguirre López y a sus
hijos por haber trasgredido los derechos a la dignidad, la libertad
personal, y la honra del primero.
La ceremonia pública se deberá realizar dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, y una vez
llevada a cabo se enviará constancia de su realización al Tribunal
Administrativo de Antio quia, para que anexe el correspondiente oficio
o certificado al proceso.
ii) La misma Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de su
autonomía institucional y funcional, iniciará las respectivas
investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal de los
presuntos responsables de los hechos que terminaron con la muerte
de la señora María Antonia Castaño, ocurrida el 6 de octubre de 1994,
en la ciudad de Medellín.
Lo anterior, como quiera que la verdad hace parte inescindible del
principio de reparación integral, máxime en aquellas situaciones en
que la violación de derechos humanos lleva aparejada un
desconocimiento de la realidad de los acontecimientos y de los
responsables.
De abrirse investigación, los familiares de la señora Castaño deberán
ser citados al proceso.
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y,

iii) La Fiscalía General de la Nación establecerá un link con i.rn
encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido
magnético de esta providencia.
Por lo tanto, la entidad demandada, en el término de 3 meses
contados a partir de la ejecutoria de este fallo subirá a la red el archivo
que contenga esta decisión, y mantendrá el acceso al público del
respectivo link durante un lapso de 6 meses que se contarán desde la
fecha en que se realice la respectiva carga de ¡a información en la
página web.
4.3.2. Garantías de no repetición
La Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Director Nacional
de Fiscalías, remitirá a todas y cada tina de las Unidades de Fiscalías
Especializadas del país, copia íntegra de esta providencia, con miras
a que sirva como medio de capacitación y prevención de este tipo de
circunstancias, para lo cual tendrá como plazo el término de 6 meses
contados a partir de la fecha de ejecutoria de este proveído, y en aras
de verificar el cumplimiento el mencionado funcionario certificará lo
pertinente ante el Tribunal Administrativo de Antio quia, documento
que se anexará a este proceso...".
Pues bien, de conformidad a lo anterior, tiénese que guardando en la
contención el principio de congruencia de la sentencia - según el cual, lo declarado
en la parte resolutiva del fallo debe observar absoluta conexión con lo solicitado en la
demanda por el extremo actor - este Tribunal proferirá decisión en el sen ido de
condenar a los entes encausados, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, además de pagar al accionante las sumas
arriba señaladas en las proporciones y términos entonces indicados, a rejizar, por
intermedio del Director Seccional de Fiscalías de ésta ciudad y del Director Ejecutivo
Seccional de la Administración Judicial, una ceremonia en la cual se ofiecerán
excusas públicas al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por haberle transgredido
los derechos a la dignidad, la libertad personal, y la honra. La ceremonia pública
habrá de realizarse dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de ejecutoria
de esta providencia.
Aunado a lo anterior, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL establecerán un link en sus correspondientes páginas Web institucionales
con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético
de esta providencia; por lo tanto, las entidades demandadas, en el término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo subirán a la red el archivo
que contenga esta decisión, y mantendrán el acceso al público del respectivo link
durante un lapso de seis (06) meses que se contarán desde la fecha en que se
realice la respectiva carga de la información en la página Web.
Asimismo, la FISCALÍA GEN NACIÓN, por intermedio del
Director Nacional de Fiscalías, y LA FW$IAL DEL PODER PÚBLICO, por
conducto del Director Nacional de Ad r- Judicial remitirán a todas y cada
una de las Unidades Seccionales de F i a s i ís y de los Juzgados Perales de
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Cicuio, a su costa, copia íntegra de esta providencia, con miras a que sirva como
medio de capacitación y prevención de este tipo de circunstancias, para lo cual
tendrá como plazo el término de seis (06) meses contados a partir de la fecha de
ejecutoria de este proveído; en aras de verificar el cumplimiento de esta ordenación,
los mencionados funcionarios certificarán lo pertinente ante la Secretaría de este
Tribunal.
GRAN TOTAL INDEMNIZACIÓN:
(perjuicios materiales + perjuicios morales)
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($124.046.752).
EL ARANCEL JUDICIAL.
Dispone la Ley 1394 del año 2010 'Por la cual se regula un Arancel Judicial", en
sus artículos 3ro y ss. ad peddem litterae:
"Artículo 3°.. Hecho generador. El Arancel Judicial se genera en
todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso
administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado
en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales y en los siguientes casos:
"Artículo 5 0. Sujeto Pasivo. El Arancel Judicial está a cargo del demandante
inicial o del demandante en reconvención beneficiado con
las condenas o pagos, o sus causahabientes a título universal o singular".
"Artículo V. Base gravable. El Arancel Judicial se calculará sobre
los siguientes valores:
a) Condenas por suma de dinero. Del valor total efectivamente recaudado
por parte de/demandante...
Parágrafo. Para afectos de la liquidación se tendrán en cuenta las
adiciones, aclaraciones o correcciones que se hagan conforme a lo
establecido en los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento
Civil". - -
-Secreta'.
"Artículo 70 Tarifa La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento
(2%) de la base gravable. En los casos de terminación anticipada de
procesos ejecutivos, la tarifa será del uno por ciento (1%) de la base
gravable. En los casos en que se requiera reconocimiento o
refrendación del laudo arbitral ante el funcionario judicial, la tarifa será
del uno por ciento (1%) de la base gravable. En caso de pagos .
parciales, la tarifa se liquidará separadamente para cada uno de ellos, 2
independientemente de su monto",
d
"Artículo 8 0. Liquidación. El Arancel Judicial se liquidará por el juez,
con base en las condenas impuestas y de conformidad en la presente z
ley. En todo caso, la parte demandante deberá reajustar el pago de -
arancel a la fecha en que se efectúe el pago definitivo.
°
57
1,9

FISCALÍA
Cuando el arancel se de la terminación
anticipada de los procesos ejecutivos, Ja Jiquidación se hará en el auto
que admita la transacción o la conciliación'l
De conformidad a las normas precitadas, tiénese que procede fijar el Erancel
judicial en el presente asunto comoquiera que el accionante no sólo estimó la cuantía
de sus pretensiones en una suma superior a los 200 SMLMV, sino que a su vez
obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones.
Así las cosas, tiénese a la fecha de ésta sentencia equivalen en pesos a los
siguientes valores:
$124.046.752 X 2% = $2.481935
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($2.480.935).
LAS COSTAS.
Finalmente como se advierte que la entidad demandada no obró con temeridad
o mala fe en el desarrollo del proceso, ésta Sala se abstendrá de condenarla en
costas.
En mérito de las consideraciones que anteceden el Tribunal Administrativo del
Magdalena administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBL CO de
los daños y perjuicios ocasionados al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO como •
consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fuere víctima en el año
2001 de conformidad a las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONDÉNESE a la FISCAIJA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, a título de reparación directa, a pagar er, forma
solidaria al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO los perjuicios mater ales y
morales que le fueron causados con la falla de la administración en las cuantías y en
la forma como fue indicada en la parte motiva de ésta providencia.
TERCERO: A título de medidas de justicia restaurativa CONDÉNESE a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBJCO a
cumplir las siguientes obligaciones de hacer y no hacer:
(1) La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO, por intermedio del Director Seccional de F scalías
de ésta ciudad y del Director Ejecutivo Seccional de la Administración
Judicial, realizarán una ceremonia en la cual se ofrecerán Excusas
1
58
a
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Ir
1 ,
públicas al señor WILFRIDO CANTILLO OROZCO por haberle
trasgredido los derechos a la dignidad, la libertad personal, y la honra.
La ceremonia pública referida habrá de realizarse dentro de los seis
(06) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
(ii) La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL establecerán un link en sus correspondientes páginas Web
institucionales con un encabezado apropiado en el que se pueda
acceder al contenido magnético de esta providencia; por lo tanto, las
entidades demandadas, en el término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria de este fallo subirán a la red el archivo que
contenga esta decisión, y mantendrán el acceso al público del
respectivo link . durante un lapso de seis (06) meses que se contarán
desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información
en la página Web.
(iii) La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por intermedio del Director
Nacional de Fiscalías, y LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO,
por conducto del Director Nacional de Administración Judicial remitirán
a todas y cada una de las Unidades Seccionales de Fiscalías del país y
de los Juzgados Penales de Circuito, a su costa, copia íntegra de esta
providencia, con miras a que sirva como medio de capacitación y
prevención de este tipo de circunstancias, para lo cual tendrá como
plazo el término de seis (06) meses contados a partir de la fecha de
ejecutoria de este proveído; en aras de verificar el cumplimiento de
esta ordenación, los mencionados funcionarios certificarán lo pertinente
ante la Secretaría de este Tribunal.
CUARTO: FÍJESE como arancel judicial la suma de DOS MILLONES
• CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESO,19-'
($2.480.935).
QUINTO: DÉSELE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 d

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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
Santa Marta, veintinueve (29) de agosto de 2011.
CONSTANCIA DE DESFIJA ClON DE EDICTO. Siendo las SEIS
(6:00) p.m., del día de hoy, se procede a DESFIJAR el presente
EDICTO, CONSTE. Art. 323 y 324 C. de P.C.
JAIME O
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
7JAIME
EDICTO
RADICACION: 47-001-2331-002-2004-00493-00
DEMANDANTES: WILFRIDO CANTILLO OROZCC
DEMANDADO: NACION- RAMA JUIDICIAL DEL
PODER PUBLICO
ACCIÓN: REPARACION DIRECTA
ASUNTO: SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
MAGISTRADO PONENTE: ADONAY FERRARI PADILLA
FECHA PROVIDENCIA: TRES (3) DE AGOSTO DE 2011
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO PARA NOTIFICAR A LA PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS DEL CONTENIDO DEL FALLO ANTERIOR,
EN UN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO POR EL TÉRMINO LEGAL DE TRES (3) DÍÁS,
HOY VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011);
SIENDO LAS OCHO (8:00) A.M.VENCE EL DÍA VEINTINUEVE (29)
DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011) A LAS 6:00 P.M., HORA EN
QUE SE DESFIJA.
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FISCALIA
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33

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARIA GENERAL
Santa Marta, veinticinco (25) de agosto de 2011.
CONSTANCIA DE FIJA ClON DE EDICTO. Siendo las ochc (8:00)
a.m., del día de hoy, y con el fin de notificar a las partes se ha fijado
EDICTO, por el término legal de TRES (3) DÍAS, en lugar visible de
esta Secretaría. CONSTE. Art. 323 y 324 C. de P.C.
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RAMA JUDICIAL DEL PODES PÚ3 LICO
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CONSTANCIA VE PRIMERAS COPIAS 'Y EJECUTORIA
Santa Marta, octubre diez (10) de dos mil once (2011)
Se deja constancia que las presentes fotocopias en veintiocho (28)
folios; corresponden a la sentencia de primera instancia; emitida por
el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena de fecha
agosto tres (3) de dos mil once (2011); emitida dentro del proceso:
REPARACION DIRECTA; radicado bajo el No .470012331002-2004-
00493-00; PROMOVIDO por WILFRIDO CANTILLO OROZCO; en
contra de la NACION- RAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL. la
sentencia se notificó mediante publicación en edicto fijado el día
veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) y desfijado el
veintinueve (29) del mismo mes y año; adquiriendo ejecutoria la
decisión adoptada a partir del día doce (12) de septiembre de dos mil
once (2011) a las seis (6:00) p.m., así mismo se deja constancia, que son
reproducciones del original y fiel y primeras copias que de ella se
expiden con destino al señor apoderado judicial de la parte actora Dr.
ALFONSO LOPEZ CARRASCAL que prestan mérito ejecutivo en
los términos de ley.
i4.
34

FISCALIA
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