Sementera: 312 litros de grano - citaREA

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que es la ocupación, aprehensión ó retención
de bienes hecha con mandamiento de juez
competente , por razón de deuda ó delito; definición
que, como se ve, se concreta al embargo
en lo civil y criminal. Puesto que administrativamente
también se verifican embargos,
ejemplo los que se ejecutan por el no
pago de contribuciones é impuestos, para que
fuera completa la definición debía añadir que
ia retención no sólo podía ser hecha en virtud
de mandamiento de juez, sino de autoridad
competente, teniendo en cuenta el significado
restrictivo de la palabra juez.
En vano Escriche recomienda, inspirado en
la equidad y en la justicia, que se tenga cuidado
de incluir solamente los bienes propios
del reo y no los de la mujer, si ésta acreditase
con su carta de dote que son suyos, ni los
de sus hijos, ni mucho menos los de un extraño,
permitiendo, en cambio, que habiendo
fundamento para creer que alguna finca ó alhaja
es del deudor ó reo, se embargue, aunque
no se sepa de cierto que lo sea. Con tanta
ley baldía, con tanto artículo inútil, el legislador
no ha tratado de poner coto, ni los tribunales
tampoco se han cuidado de remediar
un mal de todos los días y que á todas horas
se causa: el de que se embarguen bienes cono-*
cidamente ajenos y cuyo dominio á favor de
distinta persona que la del deudor consta de
documentos fehacientes en muchas ocasiones
y que en algunas se exhiben en el acto del
embargo. En buen hora, y es mucho admitir,
que se embargaran aquellos bienes que con
fundamento se presumiesen del deudor, á pesar
de que aparezcan de otro en virtud de
esas ventas simuladas ó fraudulentas que suelen
hacerse para eludir responsabilidades; pero
cuando la parte actora, y aun el propio escribano,
saben que no son del demandado, ¿por
qué se han de sujetar á embargo, causando un
perjuicio cierto á su dueño, que entonces no
tiene más que dos caminos que tomar, ó el
más llano de dejarlos perder, ó salir á su defensa
con los gastos crecidos consiguientes?
Y lo que decimos no es hipotético; lo hemos
visto en nuestra ya larga carrera forense, y
el remedio ni siquiera le vislumbramos, porque
no se ha intentado atajar el mal.
En lo civil el embargo puede ser preventivo,
cuando éste procede, conforme á los artículos
1.399, 1.400 y 1.401 de la vigente Ley
de Enjuiciamiento civil, ó sea cuando realmente
se teme por el actor que los bienes del
demandado corren peligro, y en cuya concesión
es preciso que los jueces sean en extremo
cautos, para no irrogar daños considerables á
los deudores. En caso contrario, el embargo
se decreta y lleva á efecto sin el carácter de
preventivo ó provisional, concurriendo los
requisitos prevenidos en diversos artículos de
Ja citada ley. Son dignos de mención: El 1.448,
que prohibe embargar las vías férreas, etc. EÍ
siguiente, que establece igual prohibición respecto
al lecho cuotidiano del deudor, su mujer
é hijos, las ropas del preciso uso de los
mismos, y los instrumentos necesarios para el
arte ú oficio á que el primero pueda estar dedicado.
Y los artículos 1.451 y 1.452, que sólo
autorizan el embargo de la cuarta parte de
los sueldos ó pensiones si no llegaren á 2.000
pesetas cada año; desde 2.000 á 4.500 pesetas
por la tercera parte, y desde 4.500 pesetas en
adelante por la mitad, sirviendo de tipo para
regular el embargo, la cantidad líquida, cuando
la ley grave los sueldos ó pensiones con algún
descuento.
Las prohibiciones de los artículos 1.448 y .
1.449 se han hecho extensivas en lo criminal
por la vigente Ley de Enjuiciamiento criminal,
artículo 598. Y este embargo en las causas
sí que está pidiendo también reforma.
Porque, según el artículo 589, basta que del
sumario resulten indicios de criminalidad contra
una persona, para que por el juez se la
mande que preste fianza suficiente á asegurarlas
responsabilidades pecuniarias que en definitiva
puedan declararse procedentes, decretándose
en el mismo auto el embargo de bienes
bastantes para cubrir dichas responsabilidades
si no prestase la fianza. Justo, justísimo
que el verdadero autor de un delito sufra las
consecuencias de sus actos. Mas la experiencia
nos enseña que, sin excepciones numerosas,
todo procesado, por el mero hecho de serlo
, ve en primer lugar amenazada su preciosa
libertad, no obstante las importantes reformas
introducidas recientemente, y á seguida,
mejor dicho, coincidiendo con aquella pérdida,
puestos sus bienes en entredicho; y áveces
deteriorados y poco menos que perdidos,
resultando en definitiva que, ó el procesado es
absuelto, y entonces la ley aparece severísima
y la sociedad no le indemniza, ó si es culpable
recibe grave daño en su fortuna. En
suma, una verdadera ruina, por regla general,
para el sujeto á la acción de los tribunales,
reo con frecuencia, y esto es lo más notable,
de uno de esos .delitos de tan poca
cuantía que jamás debieran llevar aparejada
esa larga serie de vejaciones.
La Instrucción para el procedimiento contra
deudores á la Hacienda pública de 20 de
Mayo de 1884, aplicable también á los débitos
que resultan á favor de las Diputaciones provinciales
y Ayuntamientos, en su artículo 28,
dice que pueden ser embargados todos los
bienes muebles y semovientes del deudor, incluso
los ganados y todos los frutos agrícolas
ya recolectados, y además, pero sólo á falta
de aquéllos, los frutos á la vista próximos á
la recolección, las rentas, los alquileres y las
pensiones ó sueldos de cualquier especie, exceptuándose
sólo del embargo los bienes siguientes:
1.° Los ganados destinados á la labor
y al acarreo de frutos de las tierras
cultivadas por el deudor, según resulte del
amillaramiento.—2.° Los carros, arados y demás
instrumentos y aperos de labranza.—
3.° Los libros, instrumentos y herramientas
que el deudor necesite para el ejercicio personal
de su profesión, arte ó industria.—