Sementera: 312 litros de grano - citaREA

CRI — 364 — CRI
que yo señale, según previene la Real instrucción
que se me ha remitido por dicho Supremo
Tribunal, y de que instruiré á los interesados.
Y para que llegue á noticia del público
he dispuesto se fije el presente en los sitios
acostumbrados de esta ciudad y se inserte en
el Diario.
sSevilla 9 de Febrero de 1828.—Mariano
Mantilla.—Por mandado de S. S., Francisco
Miguel de Eguilar, secretario.»
Como se ve, las leyes protectoras de la cría
caballar han sido numerosas, pero todas ineficaces,
porque otras neutralizaban sus efectos
, como vamos á demostrar.
II. DISPOSICIONES LEGALES CONTRARIAS AL
FOMENTO B E LA CRIA CABALLAR.—Que todos
deseaban el fomento de este ramo de producción,
es indudable; pero que los errores económicos
á que rendían culto eran causa de que
jamás se realizasen sus buenos propósitos, es
no menos evidente. ¡Qué absurda centralización!'¡Qué
ingerencia administrativa tan desastrosa!
¡Qué desacierto tan continuo sobre
los fines de la reforma! Hubo leyes de fiscalización
que la hacían molesta y odiosa por
todo extremo; las hubo que destruían el germen
del estímulo, poniendo trabas absurdas
al tráfico, y las hubo que convertían la cría
de caballos en un verdadero castigo. Citaremos
algunas leyes por vía de ejemplo, para
-que no se tengan por exagerados nuestros
juicios.
Leyes fiscales.—Al vender los potros, que
no podía ser antes de cumplir tres años, era
preciso al ganadero participarlo á la justicia,
bajo la pena de 50 ducados. El comprador, si
era forastero, estaba obligado á tomar una
guía y afianzar de presentar la tornaguía de
donde iba á parar el potro; de no hacerlo era
tratado como extractor á provincia con las
cuales la contratación de caballos no era permitida.
Si el potro fallecía, debía dar cuenta, manifestando
la piel en fresco. En caso de no hacerlo
se le imponían las penas de extractor.
Bajo la pena de 100 ducados estaba obligado
á marcar los potros al tiempo del destete
y cortar dos dedos de la oreja derecha de las
potrancas.
Si los potros estaban un día más de los dos
años de edad con las yeguas, se imponía 50
ducados de pena al ganadero, y otros 50 si
permanecían en la dehesa más de cuatro años.
Otras muchas disposiciones de carácter fiscal
podríamos citar parecidas á éstas, pero no
las juzgamos necesarias, para probar que los
legisladores hacían imposible la cría después
de las dos indicadas en último lugar.
No puede, en efecto, llegar á mayor grado
el absurdo económico que obligar á los ganaderos
á sacar en época fija los potros de las
dehesas, sin darles los medios necesarios para
•el amarre.
Leyes contra el tráfico.—La ley 1. a
, libro
XXX del Ordenamiento de Alcalá, con-
'firmada por varios monarcas, y últimamente
por D. Fernando y Doña Isabel, pragmática
de 15 de Octubre de 1499, es como sigue:
«Tenemos por bien que cualquiera que sacare
caballos, ó rocin., ó yegua, ó potro fuera
de nuestros reinos, quier sea Alcayde ó
Merino ó otro Oficial, ó otra qualquier persona
de qualquier cualidad ó condición que sea,
pierda lo que de lo susodicho sacare, y todos
sus bienes, y muera por ello; y lo mismo
haya lugar sacando muía ó mulo, ó muletos
ó muletas, grandes ó pequeñas, asi de freno
como de albarda y cerriles: y que la dicha
pena haya lugar contra el que sacare, aunque
sea caballero, ó escudero hijodalgo. Y" mandamos
que si los dichos Alcaydes y personas susodichas
sacaren los dichos caballos y bestias
ágenos para los poner en salvo, á los que los
sacan y á los sacadores, que hayan la misma
pena de muerte y perdimiento de sus bienes.»
Otra ley prohibía vender, trocar, dar ni
mandar á extranjero del reino bestias caballares
y mulares.
Yéase otra disposición de fecha más reciente:
«Igualmente prohibe S. M. la saca de potros
para el reino de Valencia, á menos que tengan
cinco años y se reconozcan defectuosos al
real servicio, con la misma pena que queda
expresada á los extractores. Participólo
á V. S. de su Real orden para que se halle en
esta inteligencia. Dios guarde á V. S. muchos
años. El Pardo 24 de Febrero de 1766.—El
Marqués de Squilace.D
Don Enrique II, en 1377, dictó leyes que
fueron confirmadas por varios monarcas, y últimamente
por D. Carlos I, en 1534, del tenor
siguiente:
«Tenemos por bien que ninguno de nuestro
Señorío ni fuera del, dentro de las 12 leguas
de los mojones no pueda vender, ni dar,
ni trocar, ni mandar en su testamento bestias
caballares y mulares á otro hombre fuera
de nuestro Señorío, y defendemos á todos los
de fuera de nuestro Señorío, que los no compren,
truequen ni resciban por donación, ni
por testamento, ni por otra manera, y cualquier
de los de nuestro Señorío que contra
esto hiciere, que pierda el caballo, ó rocin, ó
yegua ó potros, ó bestias mulares que desta
guisa enajenare, y la mitad de sus bienes, y
muera por justicia, y los de fuera de nuestro
Señorío que contra esto ficieren hayan y les
den la misma pena de muerte, y les tomen
quanto tuvieren.»
Excusado es que nos esforcemos en hacer
patente lo absurdo de estas disposiciones, tanto
en lo que ordenaban, como en las penas que
imponían, bastando la simple lectura para
comprender la imposibilidad que había de
que la cría caballar prosperase. Pero aún había
otras más censurables bajo este concepto.
Leyes arbitrarias.—Don Carlos II, por resolución
de 30 de Abril de 1669, disponía lo
siguiente:
«De aqui adelante se echen á las yeguas
buenos caballos, escogidos avista de las justi-