Exámen Derecho Civil. Bienes.

Como según las normas procesales, si un deudor no paga lo que debe, puede
el acreedor, disponiendo de un título ejecutivo, embargarle bienes, rematarlos
y pagarse con el producto, podrían surgir dudas acerca de la legalidad de la
tradición por la cual el subastador adquiere el objeto que se adjudicó en el
remate, ya que el deudor propietario estaría lejos de consentir en efectuar la
tradición de lo que se le remata. Para tal situación, se dispone que en esas
ventas forzadas el juez es el representante legal de la persona cuyo dominio
se transfiere. Así, el consentimiento lo otorga en su nombre el juez (art 671,
inc. 3 º ). Siendo una situación excepcional, para que esta representación legal
proceda, deben darse las condiciones que determinadamente prescribe el
precepto. Concretamente, debe tratarse de ventas forzadas y no simplemente
de ventas de las que se hacen "por el ministerio de la justicia" (como las que
se hacen de bienes de ciertos incapaces; art. 394). En éstos casos se siguen las
reglas generales (lo confirma el art. 894 del CPC); los tribunales han debido
insistir en ello (RDJ.,t. 34, secc. 2ª, p 70).
Se ha planteado que el precepto referido no soluciona definitivamente
un problema de fondo en estos casos de ventas forzadas, cual es el de falta de
consentimiento del deudor cuyo dominio transfiere el juez. Este sería el
representante legal, pero en todo caso no podría desentenderse de una
manifiesta negativa del representado, por quien actúa. Este no está dispuesto
a consentir. El problema se puede solucionar aceptando la teoría de la
representación modalidad de los actos jurídicos, que entiende que no es la
voluntad del representado la que contrata, sino la del representante. Se ha
dado solución también a esta cuestión teórica, recordando el llamado derecho
de prenda general de los acreedores (art. 2465), con el cual el deudor, al
contraer una obligación, sabe que ha de responder de ella con todos sus
bienes, actuales y futuros, y entonces al contraerla estaría consintiendo en una
eventual enajenación forzada posterior para pagar su deuda (así, Claro Solar,
Luis, ob. cit, t. VII, p. 259; RDJ., t 6, p. 266). Esta explicación, aceptable para
ejecuciones fundadas en obligaciones surgidas de contratos, es insuficiente
para las que resultan de obligaciones no contractuales (como las destinadas al
pago de indemnización por un hecho ilícito). Debe señalarse también que si
bien el precepto citado establece la representación legal para la tradición, no
lo hace directamente para el título, la venta; pero el CPC. lo dispone
claramente, al menos refiriéndose específicamente a la subasta de inmuebles
(arts. 495 y 497; ver también arts. 482, 483, 532 y 894 del mismo Código) (F.
del M. Nº 328, p. 21: Nº 333, p. 486; RDJ., t. 82, secc. 2 a , p. 58).
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