AMPARO DIRECTO: DT - Consejo de la Judicatura Federal

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R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
AMPARO EN REVISIÓN: R.A. **********.
(R.A. **********DEL ÍNDICE DEL
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO).
QUEJOSA Y RECURRENTE: **********
MAGISTRADO PONENTE:
GASPAR PAULÍN CARMONA.
SECRETARIA: NORMA MARÍA
GONZÁLEZ VALENCIA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tercer Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región;
correspondiente a la sesión de **********VISTOS para resolver,
los autos del recurso de revisión R.A. ********** (R.A.
**********del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito), interpuesto por
**********, por su propio derecho; contra la sentencia dictada el
**********, por la Juez Quinto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de
amparo indirecto **********, promovido contra actos del Director
General Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina
y otra autoridad; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito
presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito

**********
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Federal el **********, **********, por su propio derecho,
promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades
y los actos que se transcriben a continuación:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
En carácter de ordenadora: El Director General
Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina […]
En carácter de ejecutora: El Director del Hospital
General Naval de Alta Especialidad de la Secretaría de
Marina.
IV. ACTOS RECLAMADOS:
De la autoridad ordenadora:
La omisión de dar respuesta a la petición que
hiciera por escrito de manera pacífica y respetuosa la hoy
quejosa, con fecha **********.
De la autoridad ejecutora:
El oficio número **********, de fecha ********** del año
en curso, suscrito por el Director del Hospital General
Naval de Alta Especialidad de la Secretaría de Marina
(diversa autoridad a quien se le formuló la petición), y que
refiere contestar mi escrito de fecha **********, escrito que
carece de la debida fundamentación y motivación
negándome copia certificada de mi expediente clínico de
la cual soy titular”.

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R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
SEGUNDO. Garantías que se estiman violadas,
antecedentes de los actos reclamados y agravios. La parte
quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio los
artículos 1, 6, fracción III, 8 y 16, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del
caso e hizo valer los agravios que estimó pertinentes.
TERCERO. Trámite del juzgado de origen. Por razón
de turno, tocó conocer de la demanda al Juzgado Quinto de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que
mediante auto de **********, la admitió a trámite, radicándola
con el número de expediente**********, y ordenó emplazar a
las autoridades responsables y al Agente del Ministerio
Público de la Federación de esa adscripción.
Seguido el procedimiento, el **********, la juez federal
celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en el
expediente **********, de su índice, en la que determinó
sobreseer en el juicio de amparo.
CUARTO. Trámite del recurso de revisión en el
tribunal auxiliado y remisión del expediente al tribunal
auxiliar. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso
recurso de revisión, el cual fue admitido por el Décimo Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, mediante acuerdo de **********, originándose así la
formación del R.A. **********. Una vez que se tramitó conforme
a la ley, y contándose con el cuaderno de amparo se notificó al
Agente del Ministerio Público de la Federación de esa
adscripción quien no formuló pedimento.

**********
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Mediante auto de **********, por encontrarse el presente
asunto en estado de resolución, se turnó a ponencia para
efectos del dictado de la sentencia respectiva.
El Pleno del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió acuerdo de
********** siguiente, en cumplimiento al oficio
STCCNO/3095/2011 de **********, signado por el Secretario
Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se remitió el
expediente de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común
de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de
la Primera Región en el Distrito Federal, para que por su
conducto lo enviara a este órgano colegiado, para el dictado
del fallo respectivo.
QUINTO. Trámite en este tribunal. La Magistrada
Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Primera Región, emitió acuerdo el **********
siguiente, en el que tuvo por recibido el presente expediente, ordenó
su registro bajo el número R.A. ********** y lo turnó al Magistrado
Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de
resolución correspondiente.**********
El **********, se incluyó en la lista el presente asunto
para resolverse en sesión de ********** siguiente, en la que se
determinó aplazar su estudio, en términos del artículo 34 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que
nuevamente el **********del año en curso, se listó para
resolverse en la próxima sesión ordinaria; y,

C O N S I D E R A N D O:
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del tribunal auxiliado).
PRIMERO. Competencia. Este tribunal colegiado es
legalmente competente para conocer y resolver el presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107,
fracción VIII, inciso b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en relación con los preceptos 83,
fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción
IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, y el contenido del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal 11/2011, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los circuitos
en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al
número, a la jurisdicción territorial y especialización por
materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y
de los Juzgados de Distrito.
Además, se surte la competencia para conocer del
recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo
General 13/2011, del H. Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que modifica el Acuerdo General 20/2009 que crea el
Centro Auxiliar de la Primera Región; el diverso Acuerdo
General 19/2010 que lo reforma y que establece los órganos
jurisdiccionales que lo integrarán; el Acuerdo General 20/2010
del Pleno del propio Consejo, que señala el inicio de funciones
de este órgano colegiado; además, de conformidad con el
oficio STCCNO/3094/2011 de catorce de noviembre de dos mil
once, suscrito por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial,
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la
Judicatura Federal, por el que informa que este órgano
jurisdiccional apoyará en el dictado de sentencias al Décimo

**********
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Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito; en virtud de que se interpuso contra una sentencia
emitida por un juzgado de distrito especializado en materia
administrativa y con residencia en el Distrito Federal, lugar en
el cual ejerce jurisdicción éste órgano de control constitucional.
SEGUNDO. Oportunidad. La promoción de este medio
de defensa fue realizada oportunamente, en razón de que la
sentencia dictada el **********, fue notificada a la quejosa por
lista el **********de ese mes y año (foja 61 vuelta del juicio de
origen), dicha notificación surtió efectos el **********siguiente; y
el recurso fue presentado el **********del referido mes y año,
esto es, al décimo día hábil posterior, dado que el término de
diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo,
transcurrió del **********del mes y anualidad en comento.
Descontándose de dicho cómputo el**********y**********
del mes citado por haber sido sábados y domingos, conforme
a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo y el
diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; tampoco debe considerarse el **********del mes
en comento**********por disposición expresa del artículo 74,
fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo.
TERCERO. Sentencia recurrida y agravios. En el
presente asunto, no se transcriben las consideraciones que
rigen el fallo recurrido ni los agravios, por no exigirlo el artículo
77 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que
deben contener las sentencias dictadas en los juicios de
amparo, ni existir precepto legal alguno que establezca dicha

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obligación, además de que con esa omisión, no se deja en
estado de indefensión a las partes.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010,
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de
2010, página 830, cuyo rubro y texto dicen:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título
primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo
en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos
de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad en las
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la
demanda de amparo o del escrito de expresión de
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar
vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados
en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no
existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando
al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no,
atendiendo a las características especiales del caso, sin
demérito de que para satisfacer los principios de

**********
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exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.”
CUARTO. Consideración previa. Antes de abordar el
estudio de los motivos de agravio que formuló la parte
recurrente, es necesario establecer lo siguiente.
Del escrito de demanda se advierte que la parte
quejosa, señaló como actos reclamados los siguientes.
“De la autoridad ordenadora:
La omisión de dar respuesta a la petición que
hiciera por escrito de manera pacífica y respetuosa la hoy
quejosa, con fecha **********.
De la autoridad ejecutora:
El oficio número **********, de fecha ********** del año
en curso, suscrito por el Director del Hospital General
Naval de Alta Especialidad de la Secretaría de Marina
(diversa autoridad a quien se le formuló la petición), y que
refiere contestar mi escrito de fecha **********, escrito que
carece de la debida fundamentación y motivación
negándome copia certificada de mi expediente clínico de
la cual soy titular”.
Por su parte, la A quo al fijar la existencia de los actos
reclamados en el considerando tercero de la sentencia que se
revisa determinó que son ciertos.

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del tribunal auxiliado).
Lo anterior, porque con relación al Director General
Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina tomó
en consideración que la quejosa exhibió adjunto a su libelo de
amparo un escrito de petición, que fue recibido por esa
autoridad desde el **********, por lo que desde esa fecha se
encontraba obligada a darle respuesta y sin embargo no lo
hizo.
Mientras que con relación al Director del Hospital
General de Alta Especialidad de la Secretaría de Marina,
también lo tuvo por cierto, porque así lo manifestó al rendir su
informe con justificación.
No obstante las determinaciones que preceden, este
cuerpo colegiado destaca que en relación a la autoridad citada
en un primer término, si bien es cierto que la parte quejosa en
la fecha que indicó le elevó una petición, no menos exacto lo
es que le fue contestada mediante el oficio **********, de
********** **********, por el Director del Hospital General Naval
de Alta Especialidad de la Secretaría de Marina; de ahí que no
pueda considerarse desvirtuada la negativa del acto
reclamado que hizo el Director General Adjunto de Sanidad
Naval de la Secretaría de Marina, y por ende, procedía
sobreseer en el juicio respecto de la aludida autoridad, en
términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la
Ley de Amparo.
Sin embargo, al no existir agravio específico que se
encuentre encaminado a controvertir dicha decisión, no se
hace pronunciamiento especial al respecto.

**********
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QUINTO. Estudio del sobreseimiento. A continuación
se realizará el estudio del sobreseimiento decretado por la A
quo.
Los agravios que se hacen valer, serán suplidos en su
deficiencia por este tribunal colegiado, en términos del artículo
76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, ante la ausencia de
argumento específico en el que, se haga valer que para
determinar si la participación de un ente de gobierno, es acto
de autoridad o no, se requiere analizar el acto reclamado
concreto, a la luz de su naturaleza, de la génesis de los
derechos que se deben salvaguardar y las particularidades
específicas relativas a la obligación que se tiene que velar por
el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Justifica lo anterior, el hecho que la vida jurídica del
país se encuentra inmersa en un nuevo paradigma en el que,
como lo establece el artículo uno constitucional, debe de regir
el principio pro homine, que implica que la interpretación
jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el
hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o
a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos
protegidos; de manera tal que en todo momento se deberá de
velar porque sea respetado.
En esa línea de pensamiento, son sustancialmente
fundados los motivos de agravio expuestos por la
impugnante, y suficientes para revocar la sentencia
impugnada, por los siguientes motivos.

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del tribunal auxiliado).
Como una cuestión preliminar es pertinente señalar que
las consideraciones que rigen la sentencia impugnada son
fundamentalmente las siguientes:
Que en el caso, se surte la causa de improcedencia
prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11,
ambos de la Ley de Amparo, toda vez que las autoridades que
señaló como responsables no lo son para efectos del juicio de
amparo, pues se trata de personal perteneciente a los
servicios de salud de la Secretaría de Marina.
Que por tal motivo, no existe entre la quejosa y tales
funcionarios del ramo de la salud una relación de supra-
subordinación, ya que se encuentran vinculados con motivo de
un contrato del que deriva la prestación de servicios médicos y
hospitalarios.
Concluyó que la omisión de respuesta a la solicitud de
que le fuera expedida copia certificada de su expediente
clínico, o en su caso, la negativa de proporcionársela, no
reviste el carácter de acto de autoridad y por ende se surte la
causa de inejercitabilidad que invocó.
A efecto de estudiar la causa petendi de la recurrente,
es imprescindible considerar, en primer término, que
previamente a resolver si un acto es impugnable en el juicio de
amparo indirecto, se necesita determinar si es una actuación
de autoridad, para lo cual, habrá que analizar:
a. la naturaleza del acto que se reclama,

**********
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b. la génesis de los derechos que se deben de
salvaguardar en torno al mismo; y,
c. las particularidades específicas relativas a la
obligación que tiene de velar por el respeto irrestricto de tales
derechos.
Ello porque, atento al nuevo paradigma que rige a
nuestro sistema jurídico desde la reforma del **********, en la
que se introdujeron sensibles reformas al artículo 1
constitucional, no es posible situarnos en una postura rigorista
en la procedencia del juicio de amparo, pues ésta tiene
implícita una mayor apertura y visión sobre lo que realmente
desea pedir el quejoso así como un vislumbramiento respecto
al derecho humano que puede envolver su queja.
En ese sentido, este cuerpo colegiado no coincide con
lo resuelto en la sentencia que se revisa, pues, en este caso el
Director General Adjunto de Sanidad Naval y el Director
Hospital General de Alta Especialidad, ambos de la
Secretaría de Marina, son servidores públicos pertenecientes
a una Secretaría de Estado, por lo que, cuando se les reclama
la omisión de contestar una petición formulada en términos del
artículo 8 de nuestra Carta Magna y su respuesta, las mismas
se tornan en una afectación a la esfera jurídica del gobernado,
y por tanto, se traducirán siempre en un acto de autoridad.
En el caso, el acto de autoridad de que se trata
envuelve la negativa a concederle la copia certificada del
expediente clínico que obra en la institución de salud que
dirigen las autoridades señaladas como responsables; y, por

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ende dicho acto tiene inmersas disposiciones relativas al
derecho humano a la salud.
Asimismo, se advierte que en su emisión no participó la
voluntad de la impugnante y sí en cambio le produce una
afectación que no puede ser reparada por un medio ordinario
de defensa.
En ese contexto, es inconcuso que el acto de que se
trata sí es un acto de autoridad.
Ahora, por lo que hace a la calidad de los funcionarios
que son responsables de su emisión y omisión, debe de
decirse que, en este caso, sí son autoridades responsables
para efectos del juicio de amparo.
Ello es así pues, como se estableció, la negativa a
conceder la copia del expediente clínico que le solicitó la
amparista y que obra bajo su resguardo es un acto de
autoridad, pues es incuestionable que con él está produciendo
una afectación directa a los derechos humanos que tiene la
quejosa y, en consecuencia sus emisores son autoridades
responsables.
A mayores razones, la administración pública ha
crecido tanto que ha nacido la necesidad de que particulares
realicen actos de autoridad y, por ende, al revestir éstos las
características propias de su genésis, en juicio de amparo se
torna procedente en contra de los mismos.

**********
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Considerar lo contrario, dejaría inaudita a la parte
quejosa ante una violación de tal magnitud, pues en el caso no
existe vía idónea a la cual pudiera acudir a deducir sus
derechos, precisamente por no existir regulación que prevea
algún medio de defensa a través del que pudiera combatir el
acto reclamado.
En esa misma línea de pensamiento, el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la ejecutoria
**********, estableció que para determinar la procedencia del
juicio de amparo, se deberá de atender lo siguiente.
a) Establecer qué tipo de pretensiones pueden
estudiarse en la vía biinstancial.
b) Atender al elemento referente a la invocación de
un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas
subjetivas; y,
c) Que el tipo de invasión al derecho que se denuncia
adopte la forma de vulneración tal que sea posible dar efectos
al amparo.
Asimismo, ponderó que el juicio biinstancial es un
medio de control de constitucionalidad de actos y normas con
efectos únicamente para el caso concreto, como establece el
artículo 103 fracción II de la Constitución Federal y 76 de la
Ley de Amparo.
Consideró que lo anterior no permite descartar que, en
ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique o

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del tribunal auxiliado).
requiera la adopción de medidas que, colateral y fácticamente,
tengan efectos para más personas que las que actuaron como
partes en el caso concreto, pero este tipo de efectos, que
podríamos denominar ultra partes, tienen que ser colaterales y
estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional
con los efectos inter partes: no pueden ser efectos central o
preliminarmente colectivos. Y ello es así porque la
Constitución Federal reserva la posibilidad de impugnar las
normas de manera tal que puedan ser declaradas inválidas
con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos
legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o
las acciones de inconstitucionalidad.
Concluyó que lo importante, entonces, es ver que,
cuando en un caso se dan las condiciones para establecer la
procedencia para impugnar una norma o un acto de autoridad
potencialmente violatorio de un derecho fundamental de los
individuos, es también necesario que la pretensión sea de una
naturaleza tal que permita decretar un remedio individualizado.
Ahora, para estar en aptitud de determinar si, se surten
las hipótesis anteriormente enumeradas, se hace necesario
invocar los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero,
así como 103 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
“ARTÍCULO 1. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo

**********
92-00920000112442650007003.doc16
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
[…]”
“ARTÍCULO 103. Los Tribunales de la Federación
resolverán toda controversia que se suscite
I. Por normas generales, actos u omisiones
de la autoridad que violen los derechos humanos
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección
por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II. Por normas generales o actos de la
autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de

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del tribunal auxiliado).
los estados o la esfera de competencia del Distrito
Federal, y
III. Por normas generales o actos de las
autoridades de los Estados o del Distrito Federal que
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.”
Del texto de los preceptos transcritos con antelación se
logra advertir que el juicio de amparo tiene como objeto central
el resolver cuestiones atinentes a los derechos humanos
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por
la Constitución, así como por los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que, si en el
caso la quejosa se duele de que, a su parecer el acto
reclamado violenta su derecho humano a la salud; entonces
se satisface el primer requisito.
Continuando con el estudio de las aludidas hipótesis,
debe decirse que del libelo de amparo se advierte que la
aspirante a la protección constitucional manifestó que el acto
del que se duele violó su derecho de acceso a la salud, y
atento a las pretensiones que formula, se aprecia que se
encuentran encaminadas a obtener la protección
constitucional con la finalidad de que cese esa violación y se le
restituya en el goce del mismo; en consecuencia, la quejosa
invocó el derecho fundamental que incorpora pretensiones
jurídicas subjetivas.
Finalmente, también se encuentra satisfecho el tercer
presupuesto referido por nuestro Máximo Tribunal, relativo a
que el tipo de invasión al derecho que se denuncia adopte la

**********
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forma de vulneración tal que sea posible dar efectos al
amparo.
Ello, porque, de estimarse violado el derecho
fundamental que aduce la aspirante a la protección
constitucional, es decir de resolverse que la negativa a
expedirle la copia del expediente clínico que solicita violenta
en su agravio el derecho humano a la salud, tendrá que
concederse el amparo solicitado para el efecto de que le sea
respetado dicho derecho.
Lo expuesto, es revelador de que el caso a estudio sí
se ajusta a los requisitos mínimos necesarios para que se
vuelva procedente un juicio de amparo cuando el acto que se
reclame involucre la violación de un derecho fundamental; por
ende, el juicio de amparo se torna procedente.
En mérito de lo expuesto, no se surte la causa de
improcedencia que invocó la juez de distrito; y, al no existir de
oficio otro motivo de inejercitabilidad del juicio de amparo que
se estudia, lo procedente es revocar la sentencia revisada y
analizar los conceptos de violación planteados por la aspirante
a la protección constitucional en términos del artículo 91,
fracción I de la Ley de Amparo.
SEXTO. Estudio. El estudio de los conceptos de
violación nos conducen a lo siguiente.
En el numeral dos del capítulo de antecedentes del acto
reclamado, de forma toral argumenta la quejosa que fue
incorrecto que el Director Hospital General de Alta

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del tribunal auxiliado).
Especialidad de la Secretaría de Marina diera contestación a
la solicitud que le elevó al Director General Adjunto de
Sanidad Naval de la misma Secretaría de Estado, pues éste
último es el que debía de atender a su escrito.
Lo anterior es infundado.
La consideración alcanzada radica en que si bien es
cierto que la solicitud de que le fuera expedida copia
certificada de su expediente clínico o del magnético fue
elevada al Director General Adjunto de Sanidad Naval,
también es que, como se desprende de su informe con
justificación, el resguardo del citado documento lo tiene el
Director Hospital General de Alta Especialidad de la Secretaría
de Marina, de manera tal que es precisamente él quien se
encuentra en posibilidad de dar la orden de que se expida la
copia que solicita.
En efecto, si como se lo dijo en su informe con
justificación a él le corresponde lo relativo al expediente
clínico, tanto integración como resguardo en los archivos del
hospital que dirige, es incuestionable que se encuentra dentro
de su ámbito de disponibilidad el resolver lo relativo a dicho
documento, sin que por ello se desconozca que el Director
General Adjunto de mérito, como su superior también pueda
resolver lo que le fue planteado.
Al efecto cita la tesis de rubro “DERECHO DE
PETICIÓN. SUS ELEMENTOS” cuyo contenido expone en
qué consiste el derecho de petición, el precepto constitucional
que la prevé y los elementos que la integran, aspectos que en

**********
92-00920000112442650007003.doc20
el caso, no son objeto de estudio; de ahí que no sea aplicable
al caso.
En esa línea de estudio es de concluirse que no le
asiste la razón en el aspecto analizado a la parte quejosa.
Sirve de apoyo a lo anterior, por la temática que
expone, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2006, sustentada
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006,
visible en la página 279, que dice.
“INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE
POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL
AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN,
CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR
JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS
FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO
CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la
protección federal por violación al derecho de petición
contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida
la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio
contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque
provenga de una autoridad diversa de la responsable,
siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas
funciones se vinculen con la petición.”
En otro orden, en su segundo concepto de violación
aduce que el acto reclamado adolece de la debida

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del tribunal auxiliado).
fundamentación, sin embargo se estima innecesario su estudio
atento a lo que ha de resolverse.
Como una cuestión preliminar, es de precisarse que el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
la solicitud de modificación de tesis **********dijo que tomando
en cuenta que conforme al nuevo contexto constitucional
derivado del decreto por el que se modifica la denominación
del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********** para
lograr la eficaz tutela del orden constitucional y sentar las
bases para un sistema de administración de justicia más
eficiente, debe reconocerse a todos los Tribunales del Estado
Mexicano la atribución para inaplicar disposiciones de
observancia general ordinarias contrarias a los derechos
humanos garantizados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
en que el Estado Mexicano sea parte.
Dijo que el “Control de convencionalidad ex officio
en un modelo de control difuso de la constitucionalidad”
fue adoptado acorde a lo decidido en el expediente varios
********** relativo al mecanismo procesal a través del cual ese
Alto Tribunal decidió recepcionar al seno del orden jurídico
nacional la sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos al resolver el caso “********** **********”.
Ponderó que en la determinación adoptada por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente
varios **********, específicamente en su considerando séptimo,

**********
92-00920000112442650007003.doc22
se arribó a la conclusión de que conforme al nuevo modelo de
control de la constitucionalidad todos los jueces del Estado
Mexicano deben, en los asuntos de su competencia, inaplicar
las normas que infrinjan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y/o los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, que reconozcan derechos
humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una
declaración de invalidez de las disposiciones respectivas.
En ese sentido, el estado de derecho fue sensiblemente
variado con la entrada en vigor del Decreto por el que se
modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la
Federación el **********, específicamente con lo establecido en
los párrafos segundo y tercero del artículo 1 constitucional,
transcrito en páginas precedentes.
En ese tenor, con motivo de la entrada en vigor del
aludido Decreto, por una parte, todas las disposiciones
relacionadas con los derechos humanos, como es el caso, de
las que rigen el acceso a la justicia, deben interpretarse
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los
sujetos de derecho que se someten al orden jurídico del
Estado Mexicano y, por otra parte, que todas las autoridades,
sin excepción alguna, en ejercicio de sus competencias tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.
Con motivo de la aludida ejecutoria fue dictada la tesis
aislada P. I/2011 (10a.), por el Pleno de la Suprema Corte de

23
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1,
diciembre de 2011, consultable en la página 549, de epígrafe y
texto siguientes.
“CONTROL DIFUSO. Con motivo de la entrada en
vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o.
constitucional modificados mediante Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos
mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las
tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros:
“CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN” y “CONTROL DIFUSO DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO
LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA
CONSTITUCIÓN”.”
También apoya a lo anterior la tesis aislada P.
LXIX/2011(9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1,
diciembre de 2011, consultable en la página 552, que dice.
“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La
posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del
país, en ningún momento supone la eliminación o el
desconocimiento de la presunción de constitucionalidad
de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción

**********
92-00920000112442650007003.doc24
al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En
ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control
de convencionalidad ex officio en materia de derechos
humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a)
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que
significa que los jueces del país -al igual que todas las
demás autoridades del Estado Mexicano-, deben
interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los tratados internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las
personas con la protección más amplia; b) Interpretación
conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando
hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los
jueces deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a
la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los que
el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar
el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación
de la ley cuando las alternativas anteriores no son
posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de
los principios de división de poderes y de federalismo,
sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último
recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de
los derechos humanos establecidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano es parte.”
Lo anterior, es concordante con lo resuelto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la sentencia

25
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
que resolvió el caso ********** seguido en contra del Estado
Mexicano, en la que de forma sustancial estableció que los
jueces domésticos se encuentran obligados a ejercer un
control de convencionalidad respecto de los ordenamientos
internos a la luz de todo tratado internacional en el que se
tutele un derecho humano, de forma oficiosa.
En ese sentido, este cuerpo colegiado al advertir que
en el caso, el acto reclamado se encuentra sustentado en una
norma que atenta en contra de los derechos humanos, se
hace necesario que se ejerza ese control al que se ha venido
haciendo referencia.
Para ello es menester precisar los siguientes
antecedentes relevantes al caso.
Mediante escrito de **********, ********** solicitó al
Director General de Sanidad Naval de la Secretaría de la
Marina Nacional, le expidiera copia certificada del expediente
clínico y/o electrónico completo que obra aperturado a su
nombre en el Hospital General de Alta Especialidad Naval de
la Secretaría de Marina, a partir del ********** **********.
A consecuencia de ello, por ocurso de **********, el
Director del Hospital Naval de Alta Especialidad, contestó su
solicitud en sentido negativo, al considerar, de forma
sustancial, que la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-
1998, no permite la expedición del expediente clínico sino sólo
un resumen, siempre y cuando se haya solicitado por escrito y
especificándose con toda claridad el motivo de la solicitud.

**********
92-00920000112442650007003.doc26
De la reseña anterior, se puede advertir que en el caso,
el derecho humano de que se trata es el relativo a la salud, el
que se encuentra positivisado en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
establecer lo siguiente.
“ARTÍCULO 4. […] Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. […]”
Así, el análisis jurídico en el presente caso debe
empezar por subrayar que de la consagración del derecho a la
salud en el artículo 4 constitucional —”toda persona tiene
derecho a la protección de la salud”— derivan una serie de
estándares jurídicos de gran relevancia, como se verá.
Es ilustrativa, la tesis aislada 1a. LXV/2008, sustentada
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, visible
en la página 457, que dice.
“DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL
ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho
a la protección de la salud previsto en el citado precepto
constitucional tiene, entre otras finalidades, la de
garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia
social que satisfagan las necesidades de la población, y
que por servicios de salud se entienden las acciones

27
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la
persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible
con varios instrumentos internacionales de derechos
humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, y refiere que los
Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena
efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Protocolo de San Salvador”, según el cual
toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y
social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud
debe entenderse como una garantía fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el
derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las
primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con
inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a
no padecer injerencias, torturas, tratamientos o
experimentos médicos no consensuales; y entre los

**********
92-00920000112442650007003.doc28
derechos, el relativo a un sistema de protección de la
salud que brinde a las personas oportunidades iguales
para disfrutar del más alto nivel posible de salud.
Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye,
entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras
medidas para velar por el acceso igual a la atención de la
salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la
privatización del sector de la salud no represente una
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la
comercialización de equipo médico y medicamentos por
terceros, y asegurar que los facultativos y otros
profesionales de la salud reúnan las condiciones
necesarias de educación y experiencia; de ahí que el
derecho a la salud debe entenderse como un derecho al
disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios
y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel
posible de salud.”
El Estado Mexicano ha suscrito convenios
supranacionales que muestran el consenso internacional en
torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas
pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y
existen documentos que desarrollan esos estándares, en
términos de contenido y alcance jurídico mínimo consensuado.
Así tenemos que el texto del artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual
México es parte, es concordante con el ordinal 4 de la
Constitución Federal, el que señala.

“Artículo 25.
29
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social.”
Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala lo
siguiente.
“Artículo 12.
1. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

**********
92-00920000112442650007003.doc30
a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de
otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.”
De forma más detallada la Observación General No. 14:
El derecho a disfrute del más alto nivel de salud (artículo 12)
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado
de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos
por los estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, establece en lo que
interesa lo que sigue.
“OBSERVACIÓN GENERAL Nº 14: EL DERECHO AL
DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD
(ARTÍCULO 12).
1. La salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud que le permita vivir
dignamente. La efectividad del derecho a la salud se

31
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
puede alcanzar mediante numerosos procedimientos
complementarios, como la formulación de políticas en
materia de salud, la aplicación de los programas de salud
elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.
Además, el derecho a la salud abarca determinados
componentes aplicables en virtud de la ley.
[…]
4. Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
no adoptó la definición de la salud que figura en el
preámbulo de la Constitución de la OMS, que concibe la
salud como “un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente como ausencia de
afecciones o enfermedades”. Sin embargo, la referencia
que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al
“más alto nivel posible de salud física y mental” no se
limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario,
el historial de la elaboración y la redacción expresa del
párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la
salud abarca una amplia gama de factores
socioeconómicos que promueven las condiciones merced
a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y
hace ese derecho extensivo a los factores determinantes
básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la
vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y
sanas y un medio ambiente sano.
1. Contenido normativo del artículo 12.
[…]

**********
92-00920000112442650007003.doc32
7. El párrafo 1 del artículo 12 define el derecho a la
salud, y el párrafo 2 del artículo 12 da algunos ejemplos
de las obligaciones contraídas por los Estados Partes.
8. El derecho a la salud no debe entenderse como
un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña
libertades y derechos. Entre las libertades figura el
derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión
de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer
injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas
ni a tratamientos y experimentos médicos no
consensuales. En cambio, entre los derechos figura el
relativo a un sistema de protección de la salud que brinde
a las personas oportunidades iguales para disfrutar del
más alto nivel posible de salud.
[…]
12. El derecho a la salud en todas sus formas y a
todos los niveles abarca los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá
de las condiciones prevalecientes en un determinado
Estado Parte:
a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar
con un número suficiente de establecimientos, bienes y
servicios públicos de salud y centros de atención de la
salud, así como de programas. La naturaleza precisa de
los establecimientos, bienes y servicios dependerá de
diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del
Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los
factores determinantes básicos de la salud, como agua
limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas,

33
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
hospitales, clínicas y demás establecimientos
relacionados con la salud, personal médico y profesional
capacitado y bien remunerado habida cuenta de las
condiciones que existen en el país, así como los
medicamentos esenciales definidos en el Programa de
Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.
b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin
discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del
Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro
dimensiones superpuestas:
No discriminación: los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de
derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de
la población, sin discriminación alguna por cualquiera de
los motivos prohibidos.
Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de
todos los sectores de la población, en especial los grupos
vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y
poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los
adolescentes, las personas mayores, las personas con
discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La
accesibilidad también implica que los servicios médicos y
los factores determinantes básicos de la salud, como el
agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados,
se encuentran a una distancia geográfica razonable,
incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la

**********
92-00920000112442650007003.doc34
accesibilidad comprende el acceso adecuado a los
edificios para las personas con discapacidades.
Accesibilidad económica (asequibilidad): los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán
estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de
atención de la salud y servicios relacionados con los
factores determinantes básicos de la salud deberán
basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar
que esos servicios, sean públicos o privados, estén al
alcance de todos, incluidos los grupos socialmente
desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares
más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo
que se refiere a los gastos de salud, en comparación con
los hogares más ricos.
Acceso a la información: ese acceso comprende el
derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas
acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con
todo, el acceso a la información no debe menoscabar el
derecho de que los datos personales relativos a la salud
sean tratados con confidencialidad.
c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos,
bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la
ética médica y culturalmente apropiados, es decir
respetuosos de la cultura de las personas, las minorías,
los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a
los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán
estar concebidos para respetar la confidencialidad y

35
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
mejorar el estado de salud de las personas de que se
trate.
d) Calidad. Además de aceptables desde el punto
de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán ser también apropiados desde el punto
de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello
requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado,
medicamentos y equipo hospitalario científicamente
aprobados y en buen estado, agua limpia potable y
condiciones sanitarias adecuadas.
13. La lista incompleta de ejemplos que figura en el
párrafo 2 del artículo 12 sirve de orientación para definir
las medidas que deben adoptar los Estados. En dicho
párrafo se dan algunos ejemplos genésicos de las
medidas que se pueden adoptar a partir de la definición
amplia del derecho a la salud que figura en el párrafo 1 del
artículo 12, con la consiguiente ilustración del contenido
de ese derecho, según se señala en los párrafos
siguientes.
Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho
a la salud materna, infantil y reproductiva.
[…]
32. Al igual que en el caso de los demás derechos
enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de
que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas
en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan
cualesquiera medidas deliberadamente regresivas,
corresponde al Estado Parte demostrar que se han

**********
92-00920000112442650007003.doc36
aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las
alternativas posibles y que esas medidas están
debidamente justificadas por referencia a la totalidad de
los derechos enunciados en el Pacto en relación con la
plena utilización de los recursos máximos disponibles del
Estado Parte.
33. Al igual que todos los derechos humanos, el
derecho a la salud impone tres tipos o niveles de
obligaciones a los Estados Partes: la obligación de
respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de
cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar
y promover. La obligación de respetar exige que los
Estados se abstengan de injerirse directa o
indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La
obligación de proteger requiere que los Estados adopten
medidas para impedir que terceros interfieran en la
aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por
último, la obligación de cumplir requiere que los Estados
adopten medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole
para dar plena efectividad al derecho a la salud.
Obligaciones legales específicas
[…]
35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre
otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u
otras medidas para velar por el acceso igual a la atención
de la salud y los servicios relacionados con la salud
proporcionados por terceros; velar por que la
privatización del sector de la salud no represente una

37
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la
salud; controlar la comercialización de equipo médico y
medicamentos por terceros, y asegurar que los
facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las
condiciones necesarias de educación, experiencia y
deontología.
Los Estados también tienen la obligación de velar
por que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no
afecten al acceso a la atención anterior y posterior al parto
ni a la planificación de la familia; impedir que terceros
induzcan a la mujer a someterse a prácticas tradicionales,
por ejemplo a la mutilación de los órganos genitales
femeninos; y de adoptar medidas para proteger a todos
los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en
particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las
personas mayores, teniendo en cuenta los actos de
violencia desde la perspectiva de género. Los Estados
deben velar asimismo por que terceros no limiten el
acceso de las personas a la información y los servicios
relacionados con la salud.
[…]
37. La obligación de cumplir (facilitar) requiere en
particular que los Estados adopten medidas positivas que
permitan y ayuden a los particulares y las comunidades
disfrutar del derecho a la salud. Los Estados Partes
también tienen la obligación de cumplir (facilitar) un
derecho específico enunciado en el Pacto en los casos en
que los particulares o los grupos no están en condiciones,
por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí

**********
92-00920000112442650007003.doc38
mismos ese derecho con ayuda de los medios a su
disposición.
La obligación de cumplir (promover) el derecho a la
salud requiere que los Estados emprendan actividades
para promover, mantener y restablecer la salud de la
población. Entre esas obligaciones figuran las siguientes:
i) fomentar el reconocimiento de los factores que
contribuyen al logro resultados positivos en materia de
salud, por ejemplo la realización de investigaciones y el
suministro de información; ii) velar por que los servicios
de salud sean apropiados desde el punto de vista cultural
y el personal sanitario sea formado de manera que
reconozca y responda a las necesidades concretas de los
grupos vulnerables o marginados; iii) velar por que el
Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la
difusión de información apropiada acerca de la forma de
vivir y la alimentación sanas, así como acerca de las
prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de
servicios; iv) apoyar a las personas a adoptar, con
conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a
su salud.
Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y el
UNICEF, así como también las ONG y las asociaciones
médicas nacionales, reviste especial importancia en
relación con la prestación de socorros en casos de
desastre y la ayuda humanitaria en situaciones de
emergencia, en particular la asistencia prestada a los
refugiados y los desplazados dentro del país. En la

39
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
prestación de ayuda médica internacional y la distribución
y gestión de recursos tales como el agua potable, los
alimentos y los suministros médicos, así como de ayuda
financiera, debe concederse prioridad a los grupos más
vulnerables o marginados de la población.”
Atento a lo que se consagra en las disposiciones
supracitadas podemos decir que el derecho a la salud es un
derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio
de los demás derechos, que se encuentran reconocidos en los
pactos internacionales de forma no limitativa sino enunciativa
ya que no se puede circunscribir al simple significado del
vocablo, pues es el continente de un sin número de derechos
y obligaciones tanto internos como externos, es decir inter país
como a nivel internacional.
Dentro de ese universo de obligaciones para el caso
que nos ocupa, cobra especial importancia, la relativa a la de
facilitar la salud, que no es otra cosa que el deber de
proporcionar los medios necesarios para que el ser humano
tenga acceso a la salud en los términos que detalla la
Observación General No. 14 en su artículo 12.
Es innegable la interconexión que tienen los deberes y
derechos en materia de salud, pues, específicamente
encontramos una conjunción entre la obligación de facilitar los
medios para la salud, con el derecho que tiene el humano a
ser informado en todo momento, sin mayores requisitos, sobre
su estado de salud.

**********
92-00920000112442650007003.doc40
Ahora, en el caso que nos ocupa, la incógnita a
despejar es: si el ser humano tiene el derecho a que se le
conceda copia de su expediente clínico, cuando así lo solicite.
Tomando en consideración los razonamientos
anteriores es de concluirse que el hombre tiene derecho a la
expedición de una copia íntegra de su expediente clínico, pues
en éste se contiene la información necesaria para que se
tenga pleno conocimiento de su estado de salud.
Por ello, no debe existir condicionante alguna para su
emisión, pues bastará con la expresión de su deseo de hacer
efectivo el ejercicio de ese derecho para que surja la
obligación de otorgárselo.
En ese sentido se pronunció la Corte Interamericana de
Derechos Humanos al resolver el caso **********seguido en
contra del Estado de Ecuador, en la que precisó, en lo que
interesa, lo siguiente.
“[…]
El Tribunal entiende que el expediente médico
contiene información personal, cuyo manejo es en general
de carácter reservado. La custodia del expediente médico
se encuentra regulada en la normativa interna de cada
Estado, que generalmente la encomienda al médico
tratante o a los centros de salud públicos o privados en
los que se atiende el paciente. Esto no impide que en caso
de fallecimiento del paciente e incluso en otros casos,
conforme a la regulación respectiva se proporcione el
expediente a los familiares directos o a terceros
responsables que demuestren un interés legítimo.

41
R.A. 86/2012.
(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
En términos generales, es evidente la relevancia del
expediente médico, adecuadamente integrado, como
instrumento guía para el tratamiento médico y fuente
razonable de conocimiento acerca de la situación del
enfermo, las medidas adoptadas para controlarla y, en su
caso, las consecuentes responsabilidades. La falta de
expediente o la deficiente integración de éste, así como la
ausencia de normas que regulen esta materia al amparo
de normas éticas y reglas de buena práctica, constituyen
omisiones que deben ser analizadas y valoradas, en
atención a sus consecuencias, para establecer la posible
existencia de responsabilidades de diversa naturaleza.
[…]”
No pasa inadvertido que, aún cuando la sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no
constituye jurisprudencia dado que México no es parte en el
conflicto que dirime, lo cierto es que, es un criterio orientador a
la resolución de la temática que en esta ejecutoria se aborda.
Lo anterior encuentra sustento, en lo decidido en la
tesis aislada P. LXVI/2011 (9a.), por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III,
Tomo 1, diciembre de 2011, consultable en la página 550, que
dice:
“CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO
EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON

**********
92-00920000112442650007003.doc42
ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS
SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde
el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio
son orientadores para todas las decisiones de los jueces
mexicanos, siempre que sean más favorables a la
persona, de conformidad con el artículo 1o.
constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben
observar los derechos humanos establecidos en la
Constitución Mexicana y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al
interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la
Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que
resulte más favorable y procure una protección más
amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no
prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos
los que se cumplan de mejor manera con lo establecido
por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual
tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar
siempre la mayor protección de los derechos humanos.”
A manera de corolario, es de decirse que atento al
principio pro homine así como a las consideraciones
expuestas, la persona humana es portadora del derecho a la
salud relativo a que le sea expedida copia de su expediente
clínico.

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(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
Ahora, en el caso que nos ocupa, se advierte que
********** solicitó copia certificada de su expediente clínico (o
magnético) al Hospital General de Alta Especialidad Naval de
la Secretaría de Marina por sí misma, es decir, se trata de la
afectada directamente y no de un tercero desvinculado
consanguíneamente con la titular de dicha compilación de
documentos.
Asimismo que la emisión de las copias que solicitó la
quejosa, le fue negada en términos de la disposición 5.5
contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-
1998, la que establece.
“5.5. Los prestadores de servicios otorgarán la
información verbal y el resumen clínico deberá ser
solicitado por escrito, especificándose con claridad el
motivo de la salud, por el paciente, familiar tutor,
representante jurídico o autoridad competente”
Es de primordial relevancia referir que dicha norma
regula lo atinente al expediente clínico, su integración, manejo,
conservación y medidas generales.
Entre estas últimas se aprecia que es omiso en
contener una disposición en la que emita lineamientos
respecto al préstamo del expediente clínico, pues sólo dispone
que el resumen clínico deberá ser solicitado por escrito
especificándose con claridad el motivo por el que se requiere.
Así de la hermenéutica de la citada norma se aprecia
que no respeta el derecho humano a la salud, pues

**********
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únicamente dispone que se expedirá un resumen clínico,
cuando lo correcto es que se proporcione copia del expediente
clínico ya que en él se contienen los documentos escritos,
gráficos e imagenológicos o de cualquier índole en los que el
personal de la salud registra sus intervenciones, virtud a que
en ellos se contiene la información necesaria para que el
interesado pueda tener pleno conocimiento del estado de
salud del enfermo.
En esa línea de análisis, es de advertirse que no existe
un juicio razonable ni motivo lógico que impida que el
interesado (en el caso la propia paciente y derechohabiente, y
no una tercera persona desvinculada consanguíneamente)
pueda allegarse de aquéllos documentos que le han de
informar detalladamente lo atinente a su estado de salud.
Además, tampoco encuentra concordancia con los
lineamientos contenidos en los pactos internacionales citados,
el que imponga como condición para la expedición del
resumen clínico que se tenga que justificar el motivo por el que
lo pide, pues, como se dijo, ello es innecesario, en la medida
que al tratarse de un derecho reconocido para el hombre, el
que tenga acceso a la información exacta de su estado de
salud en relación con que se le deben de proporcionar las
facilidades necesarias para ello, es incuestionable que debe
de bastar la sola solicitud para que le sea expedido.
Sostener lo contrario conduciría a avalar una práctica
que va en contra de la efectividad del derecho a la salud, lo
que desde luego es adverso a lo establecido en el Pacto

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del tribunal auxiliado).
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, antes reseñado.
Es así como este ejercicio jurídico nos conduce a
determinar, atento al principio pro homine que la disposición
5.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-1998 deja
de observar el derecho humano a la salud; y, por tal motivo
debe de declararse su inaplicabilidad, para el caso concreto
que aquí se analiza, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1 de la Constitución Federal.
Apoya a lo anterior, la tesis P. LXX/2011 (9a.), emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página
557, que dice.
“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL
ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos
grandes vertientes dentro del modelo de control de
constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son
acordes con el modelo de control de convencionalidad ex
officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder
Judicial. En primer término, el control concentrado en los
órganos del Poder Judicial de la Federación con vías
directas de control: acciones de inconstitucionalidad,
controversias constitucionales y amparo directo e
indirecto; en segundo término, el control por parte del
resto de los jueces del país en forma incidental durante
los procesos ordinarios en los que son competentes, esto
es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda
separada. Ambas vertientes de control se ejercen de

**********
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manera independiente y la existencia de este modelo
general de control no requiere que todos los casos sean
revisables e impugnables en ambas. Es un sistema
concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite
que sean los criterios e interpretaciones constitucionales,
ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por
inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para
que determine cuál es la interpretación constitucional que
finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional.
Finalmente, debe señalarse que todas las demás
autoridades del país en el ámbito de sus competencias
tienen la obligación de aplicar las normas
correspondientes haciendo la interpretación más
favorable a la persona para lograr su protección más
amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su
incompatibilidad.”
Es ese contexto, lo procedente es revocar la sentencia
recurrida y conceder el amparo solicitado, para efecto de que
el Director General Adjunto de Sanidad Naval a través del
Director Hospital General de Alta Especialidad, ambos de la
Secretaría de Marina, deje sin efectos el oficio ********** de
**********, y en su lugar emita otro en el que no aplique la
disposición 5.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA1-
1998, al contestar la solicitud que le fue elevada, resolviendo
lo que en derecho corresponda.
Por lo expuesto y fundado; se
R E S U E L V E:

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(R.A. 435/2011 del índice
del tribunal auxiliado).
PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a la parte quejosa, contra los actos y autoridades
señalados en el resultando primero, por las razones
precisadas en el último considerando de esta resolución.
Publíquese y con fundamento en el punto quinto,
numerales 6 y 7 del Acuerdo General 20/2009, modificado por
el diverso 13/2011, ambos del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, previo cuaderno de antecedentes que se
forme, con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvanse
los autos al tribunal colegiado de origen, por conducto de la
Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar al que
pertenece este órgano colegiado, remitiéndose el archivo que
contenga, en su caso, la versión pública de la resolución que
antecede por cualquier medio de almacenamiento electrónico
de conformidad con el Acuerdo General 53/2011 del órgano
citado con antelación; háganse las anotaciones en el libro
electrónico que al efecto se lleva en este órgano jurisdiccional
y en su oportunidad, archívese el expediente auxiliar por estar
concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, María
Alejandra de León González, Presidenta; Gaspar Paulín
Carmona y Miguel de Jesús Alvarado Esquivel; lo resolvió el
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Primera Región con residencia en el Distrito Federal, siendo
ponente el citado en segundo término. Firman la Magistrada
Presidenta y el Magistrado Ponente, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del

**********
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Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe.
El licenciado(a) MOISES MANUEL ROMO CRUZ, hago constar
y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y
demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública
se suprime la información considerada legalmente como reservada o
confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.
Lic. MOISES MANUEL ROMO CRUZ
Secretario(a)